el eslabón 240

Esta edición incluye el Diario de los Juicios jueves 24 de marzo de 2016 año XVII n° 240 (los cuarenta) Edición especial

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MÁS QUE NUNCA El cuadragésimo aniversario del golpe de 1976 encuentra a la Argentina sumida en políticas oficiales que se emparentan con las de aquellos trágicos días. Todo un palo, la visita de Obama engalana el realineamiento con el imperio. El cuadro de situación reaviva el desafío de todo un pueblo frente al riesgo de perder lo recuperado en los últimos años. Con la persistencia de los juicios a los represores y la marcha de este 24, los organismos de defensa de los derechos humanos marcan otra vez un camino a seguir.

240 - 24/03/2016 FACUNDO VITIELLO

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página 2 | jueves 24 de marzo de 2016

A 40 AÑOS DEL GOLPE, DICTADURA Y CAMBIEMOS

Parecidos y diferentes ¿Cuáles son las rupturas y las continuidades que pueden observarse en el gobierno de derecha de Mauricio Macri respecto del que derrocó a María Estela Martínez de Perón? Una mirada sobre los parecidos que surgen en torno de la política comunicacional. La herencia recibida en el blanco de ambos relatos.

Por Horacio Çaró

L

AS CUATRO DÉCADAS QUE SEPAran al comienzo de la sangrienta y genocida dictadura cívico-militar del inicio del gobierno elegido democráticamente que encabeza Macri ofrecen la oportunidad de comparar ambos procesos, a partir del evidente parentesco entre muchas medidas políticas y económicas que tomaron ambas administraciones. En este artículo se abordará la notable similitud entre los discursos que dieron sostén a esas medidas en términos comunicacionales.

En ese sentido, dos grandes ítem aparecen como las principales coincidencias: la estrategia comunicacional y la orientación de la política económica. Las diferencias parecen impuestas por el cambio de época: un notorio esfuerzo por adoptar un discurso de progreso e inclusión y el relato en torno de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad separan al macrismo del feroz enfoque de la jerarquía empresarial y castrense que sitió a la Argentina entre 1976 y 1983.

Corrupción e inflación, ejes del mal Antes y después del golpe la revista Gente y otros medios de la misma calaña publicaban presuntos resonados casos de corrupción protagonizados por miembros del gobierno o legisladores vinculados a Isabel Martínez de Perón. Las corbatas de Alberto Lastiri fueron un clásico en una época en que se venía gestando un proceso político-económico que intentaría –y por cierto logró en gran proporción– desmontar el dispositivo de derechos laborales, sociales y gremiales heredados y sobrevivientes del primer peronismo.

De hecho, los dos grandes temas, que complementaban al gran tópico de época, que era el despliegue y accionar de la llamada “subversión”, fueron la corrupción y la inflación.

Los puntos de contacto de la estrategia político-comunicacional entre el gobierno de Macri y la dictadura cívico-militar que se adueñó del poder desde el 24 de marzo de 1976 son varios, pero el discurso de la “herencia recibida” es uno de los más ostensibles y, puesto en práctica en uno y otro período, de los más potentes en términos de penetración en un importante segmento de la llamada opinión pública.

De hecho, en los últimos años, los medios hegemónicos llevaron adelante una ponderable ofensiva para instalar la idea de que los gobiernos kirchneristas fueron un verdadero nido de corrupción, con ramificaciones empresariales “amigas” y una sofisticada articulación con personajes que, curiosamente, comenzaron a confesar su participación en supuestos hechos delictivos, autoinculpándose sugestivamente en programas decididamente opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Para comprobar que eso ya se vivió, la idea que pivoteó los primeros tiempos del gobierno del dictador genocida Jorge Videla fue que en los últimos meses de la administración de Isabel se vivía un clima de “caos, anarquía, inflación y corrupción” al que era necesario poner fin.

Periódico semanal fundado el 2 de septiembre de 1999 por Matías Ayastuy, Juan Emilio Basso Feresin, Julián Lafuente, Rodrigo Miró y Jerónimo Principiano.

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Aquella sanguinaria dictadura aportó a esta era un nuevo monstruo corporativo: el de los grupos mediáticos, que finalmente son los que cierran la ecuación más infame con que el poder se mueve en la actualidad.

El 8 de mayo de 1976, a sólo 44 días del golpe, el diario El País de España publicó un artículo titulado “Isabel Perón, procesada por malversación de fondos”. En el mismo, podía leerse: “La ex presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón, será procesada, a causa de presuntas irregularidades en la administración de fondos benéficos. También serán procesados el ex ministro de Bienestar Social, José López Rega; el ex presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, y la esposa de este último e hija de López Rega, Norma López Rega de Lastiri”.

La nota consignaba que “el magistrado Nino García Moritán, titular del Juzgado Criminal y Correccional número 4 de Buenos Aires, decretó a última hora del jueves el procesamiento de la ex mandataria en relación con presuntas irregularidades cometidas con los fondos de la Cruzada de Solidaridad, una institución benéfica presidida por María Estela de Perón”.

La forzada comparación entre las últimas hora s de Isabel y el largamente pregonado fin de ciclo de Cristina puede encontrarse, como huellas digitales en la escena de un asesinato, en la prensa hegemónica. Carlos Gabetta, el periodista socialista que se ufana de ser amigo de Hermes Binner, entre otros dirigentes antikirchneristas, publicó en el diario Perfil, el 13 de octubre de 2013, un artículo de opinión titulado “De Isabel Perón a Boudou”, en el que ensayaba las similitudes entre ambos procesos, cuidándose muy bien de promover la idea de que terminarían igual.

“A la muerte de Perón, en julio de 1974, asumió Isabel Martínez, un personaje que en términos de antecedentes y calificaciones políticas fue el Boudou de la época. Lastiri había empezado a limpiar el país de izquierdistas; Isabel prosiguió la tarea y se encargó

propietario: Asociación Civil Cadena Informativa RPI Nº 234.810 producción periodística: Cooperativa de Trabajo La Masa eleslabon@eleslabon.com.ar

además de sincerar la economía: en 1975, su ministro Celestino Rodrigo dispuso un ajuste y una devaluación. La inflación llegó a tres dígitos anuales y los precios nominales subieron 183 por ciento al finalizar 1975, con el consiguiente desabastecimiento de alimentos, combustibles y otros insumos”.

Gabetta no miente, sólo exagera consciente y descaradamente cuando pone a Amado Boudou en el mismo rol de cualquiera de los nombrados en ese párrafo. y arremete con otro: “El recordatorio sólo vale para subrayar la inescrupulosidad peronista, porque hoy (¡¡¡por 2013!!!) las cosas son a la vez iguales y muy distintas. Iguales en el desparpajo institucional. Iguales porque, entonces, la crisis del petróleo sacudía al mundo; ahora es la financiera y el desempleo. Iguales porque la factura energética, la corrupción y el desbocado manejo agravaban el déficit fiscal; la incontrolable inflación-emisión y un tipo de cambio artificialmente bajo carcomían las reservas internacionales, entre otros graves problemas”.

No muy diferente en sus objetivos es el armado de la estrategia oficial de Cambiemos respecto de un presunto esquema de corrupción, descalabro económico, inflación y manejo de los recursos del Estado para provecho partidario propio por parte del kirchnerismo, lo cual incluye un supuesto dispositivo de nombramiento masivo de militantes en áreas clave del aparato estatal, con la finalidad de financiar las actividades políticas de esos cuadros, allende la salida del poder.

Tampoco es novedosa la elección de ciertos personajes que el macrismo demoniza en estos días con notable intensidad. El lunes 26 de agosto de 2013, el diario La Nación publicó declaraciones de la diputada nacional Elisa Carrió que podrían estar en

director: Juan Emilio Basso Feresin editores: Manolo Robles, Luciano Couso y Ernesto Ávila. editor la bola: Santiago Garat www.eleslabon.com.ar

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cualquier edición de la última semana, incluso con referencias al gobierno depuesto por la junta de Videla, Eduardo Massera y Orlando Agosti.

“Cristina Kirchner es Isabel Perón”, fue el título de un artículo que derrochaba designios proféticos. “Ella es Isabel Perón. Es una persona abandonada por el PJ, por el sindicalismo”, opinó Lilita, que tenía mucho más por decir: “Cristóbal López nunca me va a perdonar que yo le evitara la compra de Petrobras. Tampoco C5N me va a perdonar. C5N es de Cristóbal López y es el que larga estas cosas, él es parte de todo esto”.

Las estrechas pero no muy divulgadas relaciones de Carrió con la embajada yanqui afloraron en aquellas declaraciones, con las que hoy puede comprobarse que estaba sembrando los que el gobierno de su aliado Macri está cosechando. “Deben estar preocupados (por Cristina y su gobierno). Que se sepa la verdad molesta.

Se está investigando en Suiza, se está investigando en Estados Unidos. Están rodeados”.

La persecución político-judicial de que es objeto la ex mandataria, bajo el halo de una supuesta corrupción generalizada durante sus gestiones y la de Néstor Kirchner supone un punto de confluencia con el discurso de la última experiencia cívico-militar, aunque no el único.

La inflación, como parte de la cantinela de la herencia recibida, es usada para justificar, como en 1976, un ajuste violento de las variables económicas en desmedro de los sectores más vulnerables. La transferencia de recursos desde esos segmentos a los más enriquecidos y concentrados de la economía son idénticos aunque difieren en la intensidad: pese a la brutal devaluación macrista, algunos detalles del ajuste podrían considerarse graduales en comparación con las primeras políticas de José Martínez de Hoz, pero el sentido de las medidas es el mismo.

La liberalización del mercado externo, la supresión de retenciones a las exportaciones agropecuarias, la desarticulación de los organismos de control para favorecer a los oligopolios formadores de precios y las operaciones financieras de la mano de una feroz reforma que aplicó el equipo de Martínez de Hoz son muy parecidas a las que viene instrumentando Alfonso de Prat Gay. Por último, cabe destacar que todo el andamiaje programático de ambas administraciones fue sostenido por un sistema judicial que trabaja en tándem con las corporaciones económicas. Hoy debería decirse que aquella sanguinaria dictadura aportó a esta era un nuevo monstruo corporativo: el de los grupos mediáticos, que finalmente son los que cierran la ecuación más infame con que el poder se mueve en la actualidad.

La herencia más pesada para el pueblo argentino, cabe reflexionar, ha sido la que la dictadura del 76 legó, con el aniquilamiento de toda una generación, el armado de un dispositivo judicial sumiso y criminalmente proclive a satisfacer a sus patrones, los poderes establecidos, y el mencionado aporte fundacional de una casta empresarial a la que se le permitió convertir a los medios en el ariete contra cualquier experiencia política contrahegemónica.

diseño gráfico: Aníbal Pérez, Facundo Vitiello y Javier García Alfaro corrección: Santiago Garat cierre de edición: Miércoles 23 de marzo de 2016. eleslabonciac

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PRENSA ACORRALADA

La libertad de expresión puede desaparecer A cuatro décadas del golpe, la censura y el descarado manejo de los grandes medios atacan otra vez los derechos a informarse y expresarse libremente. Ante los embates, la resistencia se reagrupa en torno a trabajadores en conflicto y autogestionados y a la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

Por Manolo Robles

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L DEL INFORME DE ROBERTO Navarro sobre el empresario amigo de Macri es el caso más reciente pero no el único, pese a que apenas van cien días de nuevo gobierno.

Toda una paradoja a 40 años del golpe del 76: la censura directa como herramienta de la manipulación y la desinformación se ha vuelto a instalar como nunca antes desde el retorno de la democracia. Están los ejemplos de Víctor Hugo Morales y Sandra Russo, por citar sólo los nombres más reconocidos de una lista más amplia de silenciados. Están los conflictos en medios de todo el país por el corte de las publicidades estatales y la defección de empresarios veletas que nunca arriesgan fondos propios. Está el desamparo de decenas de nuevos medios de distintos formatos surgidos al calor de la lucha por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Están los decretos que derogan esa Ley de Medios y consolidan a Clarín como el gran monopolio argentino de las comunicaciones.

Pero está también la resistencia.

Las trabajadoras y trabajadores de Tiempo Argentino llevan meses de lucha y ocupación de la redacción del matutino. Y este 24 de Marzo ponen a la venta lo que llaman la “primera edición autogestionada” del diario, con el apoyo de la también autogestionada imprenta de Gráfica Patricios. En Tiempo, igual que en Radio América, barajan cada vez más seriamente la posibilidad de emprender el camino de la autogestión y el cooperativismo de trabajo para sostener los empleos y a la vez un medio ajeno a los monopolios, embravecidos en la era macrista. Trabajadores del diario porteño ya tomaron contacto con sus pares de Fadiccra y la Red Colmena, federaciones de cooperativas del sector que confluyen en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), cuya sede visitaron en las horas previas a la aparición de la edición autogestionada.

No son pocas las cooperativas de trabajo que sostienen medios y productoras de comunicación. Sólo entre Fadiccra –de la que forma la parte la cooperativa La Masa, que produce este periódico– y Red Colmena, se cuenta medio

Con apoyos como el de Osvaldo Bayer, los trabajadores en conflicto de Tiempo Argentino presentan su “primera edición autogestinada”. centenar, entre muchas otras, con dispares realidades y fortalezas para afrontar esta nueva etapa, con un Estado que se ausenta. Además hay experiencias de medios comunitarios y populares organizados con otras formas jurídicas, como los agrupados en Farco; incluso pymes y empresas familiares igualmente afectados por la fuga estatal hacia los monopolios aliados y las políticas económicas recesivas, que deprimen las economías regionales y las carpetas publicitarias.

Junto con sindicatos, universidades, organismos de derechos humanos, organizaciones de género, sociales, culturales, estos medios conforman la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), que se apresta para ejercer otro acto de resistencia. El 8 de abril, en Was-

hington, se realizará la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el título “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”. Allí deberá comparecer el Estado argentino, interpelado por la CCD, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y la Defensoría del Público a raíz de los decretos contra la Ley de Medios, considerados una violación del derecho humano a la comunicación.

La audiencia en la CIDH amplificará los reclamos por la plena vigencia de la norma sobre los medios audiovisuales atacada por los decretos de Macri, que evocan aquel decreto de la dictadura al que se llamaba ley de radiodifusión, que tanto costó reemplazar por una nor-

ma de la democracia.

A la vez que se erigen como un doloroso signo del retroceso, los efectos de la angurria del macrismo, Clarín y otros grupos en el ámbito de los medios, la exacerbación de la concentración, la manipulación, el chupamedismo abyecto como el que se puede apreciar en las coberturas de la visita de Obama, abren un gran espacio para el crecimiento y la consolidación de las expresiones ligadas a los trabajadores y las organizaciones del campo nacional y popular. Hay un enorme vacío que llenar, una fuerte demanda que atender: la de un pueblo que sabe que el acceso a la información y la libertad de expresión son parte de los derechos que, a 40 años de la dictadura, quieren hacer desaparecer.

LOS SINDICATOS Y UNA COPADA AGENDA A 40 AÑOS DEL GOLPE

Los trabajadores por Memoria, Verdad y Justicia

E

l 40 aniversario del golpe de Estado cívico-militar copó las agendas de instituciones públicas y privadas del país. Los sindicatos locales no fueron la excepción. Proyección de documentales, placas conmemorativas, realización de murales y la convocatoria a marchar el 24 con los distintos gremios fueron algunas de las actividades organizadas por el sindicalismo rosarino.

La Asociación Bancaria realizó el 22 de marzo un acto homenaje en su sede sindical de San Lorenzo 1338. La actividad giró en torno a los trece trabajadores bancarios víctimas de la dictadura militar: se descubrieron placas recordatorias en su honor y se inauguró “El Mural de la Memoria”, todo a cargo de los dirigentes Matías Layús, Luis Ortega, Analía Ratner, Jorge Rodríguez y la Madre de la Plaza 25 de Mayo Norma de Vermeulen. También se proyectó un

video en el que se expuso el Plan Económico del ministro de economía de la dictadura, Martínez de Hoz.

Las escuelas tienen memoria Los gremios docentes provinciales tanto de escuelas públicas como privadas también se sumaron a las actividades por la Memoria, Verdad y Justicia. Amsafe provincial proyectó la mañana del martes 22 los documentales “Madres de la Plaza 25 de mayo” y “Sonia Beatríz González Ábalos”. La actividad se realizó en el salón teatro de la Asociación Empleados de Comercio, Corrientes 450.

Los trabajos documentales que se exhibieron relatan experiencias vividas en escuelas secundarias de la provincia en el proceso de elección del nombre de instituciones del nivel medio. En este caso, son las escuelas “Madres de

la Plaza 25 de mayo”, de la zona oeste de Rosario, y “Sonia Beatriz González Ábalos”, de barrio Tablada. “Quisimos poner en valor y darle visibilidad a esos procesos participativos en las escuelas públicas, que nos hablan de docentes y de padres de alumnos comprometidos y de alumnos que tuvieron la oportunidad de construir una escolaridad diferente”, señalaron desde el gremio. “La mayoría de nuestras escuelas tienen nombres impuestos por funcionarios (de gobiernos democráticos o dictaduras), algunos de ellos remiten a trágicos episodios de la historia, otros refieren a nefastos personajes de la historia política del país e incluso homenajean a presidentes de potencias extranjeras. En la última década, hemos vivido un proceso interesante, en el cual los sectores populares recuperaron la palabra, pudieron expresarse políticamente y construir desde una

perspectiva popular un relato político y un relato de la memoria”.

El mismo día, el sindicato de docentes de escuelas privadas – SADOP – y la comunidad educativa y religiosa del colegio Nuestra Señora de la Asunción (San Martín al 1700) homenajearon a la docente Graciela Lo Tufo, desaparecida en 1977, a los 26 años. El acto se realizó en el patio de la escuela. A pocos pasos, quedó una placa recordando a la docente, que reza: “24 de marzo 2016. Graciela Lo Tufo. Maestra, firme en sus convicciones, con vocación educadora que contagiaba con alegría la lucha por los derechos de los docentes". La firman la comunidad educativa y religiosa del Colegio Nuestra Señora de la Asunción y Sadop, en "Homenaje a docentes desaparecidos en el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia".

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página 6 | jueves 24 de marzo de 2016

ENTRE EL DISCURSO Y LOS NEGOCIOS

Los límites de la condena oficial El gobierno de Macri repudia el terrorismo de Estado y da continuidad a los juicios por delitos de lesa humanidad, mientras desmantela el área de Derechos Humanos del Banco Central que investigaba crímenes financieros durante la última dictadura. El crecimiento de Socma durante aquellos años y el actual retorno de las políticas económicas de entonces constituyen el techo de la postura macrista.

SANPEDROENELTIEMPO.BLOGSPOT/ HUGO BANEGAS

Por Luciano Couso

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L SECRETARIO DE DERECHOS Humanos de la Nación, Claudio Avruj, publicó en el diario La Nación –empresa periodística de inequívoca complicidad con la dictadura– una opinión sobre el cuadragésimo aniversario del Golpe de Estado de 1976, en la que traza los límites del gobierno de Mauricio Macri en relación a aquellos hechos. Condena al terrorismo de Estado; la descripción de su ilegal proceder; el avance del enjuiciamiento a los culpables de los crímenes contra la humanidad; reivindicación de la tarea de Madres y Abuelas. Todo forma parte del artículo. Y también un estruendoso silencio sobre las consecuencias económicas y el modelo de país forjado por las Fuerzas Armadas, puestas al servicio del capital financiero local y extranjero.

Dice Avruj en la edición del 22 de marzo de La Nación que “el 24 de marzo conmemoraremos 40 años del más dramático golpe de Estado que sufrió nuestro país, que instauró una serie de gobiernos que violaron todos los derechos y garantías, en un plan sistemático llevado a cabo por la Fuerzas Armadas con complicidades civiles que buscó el aniquilamiento de toda oposición, disenso, todo pensamiento crítico, materializado en detenciones ilegales, torturas, asesinatos, robos de bebés nacidos en cautiverio y la desaparición de personas por cuyo paradero se sigue reclamando”. Agrega que “aprender las lecciones de la historia exige más que un acto de recordación. Es recordar a las víctimas y repudiar y castigar a los victimarios”. También, sigue el secretario de Derechos Humanos, “es reconocer la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y de muchos otros organismos de derechos humanos”.

Las palabras de Avruj dibujan las fronteras de la cartografía macrista en relación a “lo aceptable” en cuanto a la crítica oficial a la última dictadura, cuyo repudio es mayoritario en la sociedad argentina desde hace varios años. No es poco. Y muestra que Macri es más inteligente –o pragmático, o las dos cosas– que los editorialistas del mismo diario La Nación, que un día después de que el empresario ganara las elecciones presidenciales en el balotaje le reclamaron la finalización de los juicios a los represores, que a pesar de respetar todas las garantías constitucionales consideran “venganza”.

Macri no aceptó esa invitación a proveer, otra vez, impunidad a los criminales de Estado.

El ex subdirector del mismo periódico, José Claudio Escribano, se la había hecho a Néstor Kirchner cuando ganó las elecciones de 2003, con estrepitosos resultados para el lobbista mediático. La sociedad argentina repudia con firmeza aquellos hechos y exige su sanción judicial. No hay márgenes políticos –y si los hay son muy estrechos– para extender otro manto de impunidad sobre los responsables penales del terrorismo de Estado. Un costo alto e inútil, que no posee recompensa política.

Avruj dice en La Nación que el golpe de 1976 “desestabilizó el sentido común: quien está destinado a cuidarnos, proteger nuestros derechos, se convirtió en un delincuente que torturó y asesinó en forma clandestina, callando y ocultando”. En sigilo, el 14 de enero había recibido a los integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), en un solapado intento por revivir la teoría de los dos demonios. Su superior, el mi-

Las consecuencias económicas de aquella aventura cívico-militar –que abrió el ciclo neoliberal y de endeudamiento externo luego profundizado durante el menemismo– representan el límite del discurso macrista en materia de repudio a la última dictadura. nistro de Justicia Germán Garavano, dijo que el Gobierno garantizará la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, aunque enseguida aclaró que en el orden de prelación oficial se ubica al tope la persecución penal de “la corrupción”.

Mientras tanto, el titular del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, despidió a los empleados de la Subgerencia de Derechos Humanos de la entidad, que colaboraban en las causas judiciales que investigan los crímenes de la última dictadura, y a empresas y bancos que participaron de ese proceso.

Como escribió Rodolfo Walsh en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, en referencia a los crímenes de la dictadura, “estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren”.

“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, puntualizó el periodista militante.

Las consecuencias económicas de aquella aventura cívico-militar –que abrió el ciclo neoliberal y de endeudamiento externo luego profundizado durante el menemismo– representan el límite del discurso macrista en materia de repudio a la última dictadura.

Son conocidos los beneficios obtenidos y el

crecimiento logrado por el Grupo Macri durante este período. Pasó de contar con siete empresas en 1975 a cuarenta y seis en 1983, parte de su deuda en el exterior fue estatizada en noviembre de 1982 por el Banco Central mediante un seguro de cambio, beneficio extendido a la cúpula empresarial argentina –tanto de firmas nacionales como extranjeras–. En 1979 el brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de la Capital Federal, le otorgó a través de Manliba la concesión para la recolección de residuos, que se prorrogó en varias oportunidades. En esos años, el holding Socma (Sociedades Macri) se constituyó como uno de los grupos locales que conformó la llamada patria contratista, que alimentó su crecimiento mediante contratos con el Estado.

Aun con sus particularidades, la historia del grupo no desentona con la de la “burguesía nacional” parasitaria, fundadora de un capitalismo prebendario como condición para su crecimiento sin riesgos.

En un programa de Bernardo Neustadt al que fueron invitados Franco y Mauricio Macri, el periodista le pregunta al hijo mayor del fundador del grupo: “Cuando yo digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal?”. Mauricio responde: “Me siento directamente involucrado porque soy parte de ese sector al cual se lo llama, mal llama, patria contratista. Nunca nadie es por sí solo culpable de lo que pasa, son un poco las reglas del juego en las cuales uno se tiene que desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas por ese exceso de

reglas que tienen huecos por donde alguien se puede filtrar se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas”. Pero todo tiene remedio, decía entonces el hoy presidente: “Al final, la mejor manera que se acabe es cuando no hay más plata. Ahora no hay más plata, así que se acaba”. El Estado estaba seco, como la Puna de Atacama.

Luego, adelantaba lo que el grupo tenía en la mira ante la llegada de Carlos Menem al poder público. Dice que para terminar con la patria contratista son necesarias “licitaciones, en el mayor caso posible, enfocadas para la concesión. O sea, el que hace la obra, a su riesgo le cobra el usuario”. Neustadt ríe y se tapa la cara. “Me hablan de riesgo empresario, son caraduras, ¿qué son, el riesgo empresario en la Argentina?”. “Por supuesto”, responden Franco y Mauricio. “El riesgo empresario pedido por ustedes, ¡por favor doctor, tómeme la fiebre!”, actúa el periodista frente a cámaras.

El secretario Avruj se desentiende de ese crucial eje de la última dictadura –el económico– en su artículo de opinión publicado por La Nación. Es comprensible. Miles de despidos, devaluación del 50 por ciento, aumento acelerado de precios de productos de la canasta básica, suba de medicamentos, represión de la protesta social. Todo se asemeja a la enumeración que hace 39 años realizaba Walsh en su Carta Abierta al describir las consecuencias del plan económico de Alfredo Martínez de Hoz. El pasado reciente del Grupo Macri, cuyo ex director ocupa actualmente la Presidencia de la Nación, impone un límite infranqueable en la condena al terrorismo de Estado, que se reduce entonces a los hechos aberrantes en la sala de torturas –imprescindible, por cierto– y destina al olvido el capítulo central de reformateo de la Argentina en vías de industrialización a la del negocio financiero, cuyas bases sentó la dictadura que hoy se repudia, y cuya continuidad asoma en el horizonte de esta nueva etapa.

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jueves 24 de marzo de 2016 | página 7

FÚTBOL Y TERRORISMO DE ESTADO

El día que apagaron la luz Armando Garrido, futbolista campeón con Newell’s en 1974, se encontraba jugando en Atlético Ledesma cuando las fuerzas armadas de la dictadura perpetraron el operativo que secuestró a unas 400 personas en esa ciudad jujeña. Por primera vez en su vida, habla del horror del que fue testigo.

FRANCO TROVATO FUOCO

Por Santiago Garat y Facundo Paredes

ñero nos hicimos los boludos y nos fuimos al vestuario”, añade el entrevistado, que lamenta no haber podido evitar esa situación.

“Nos llevaron de la oreja”, se ríe. Además, rememora que a pocos metros donde se concentraba el plantel, “había un casco de una estancia al que no nos dejaban acercarnos, y con el tiempo nos enteramos que era un centro clandestino de detención”.

Así como la pelota lo llevó a ese punto del norte argentino (“Si hubo un lugar donde se vivió fuerte el proceso, fue en Ledesma”, se encarga de remarcar), también fue la que le salvó la vida en varias oportunidades. “Nosotros teníamos ese plus de que éramos jugadores de fútbol y se daba por entendido que no íbamos a estar metidos en agrupaciones armadas. Por eso siempre tratábamos de andar con un buzo del club y no fueron pocas las veces que eso me salvó”.

A

RMANDO ES UN APASIONADO del fútbol desde que tiene uso de razón. Pero fue justamente la pelota la que lo llevó a la lejana localidad del norte argentino en la que padecería los peores momentos de su vida. “Fue monstruoso lo que pasó en aquella época. Vivir o morir era decisión de un hijo de puta al que no le gustaba tu cara, y si te querían limpiar te pegaban un tiro y listo”, dice este ex lateral que se inició futbolísticamente en Morning Star, y que vistió –además de la rojinegra de sus amores– las camisetas de Central Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata, antes de recalar en Atlético Ledesma de la mano de don Ángel Tulio Zof, técnico del equipo jujeño en aquel momento.

“Esos días fueron terribles. Yo charlo mucho con mis hijos sobre esto pero estuve casi 10 años sin poder hablar del tema. Tenía como una negación. De hecho estuve con tratamiento psicológico porque las cosas que vi allá fueron increíbles”, rememora Garrido, y añade: “Ledesma es la nobleza, son feudos totales, y mucho más en esa época. Por eso, decir que sólo los militares hicieron lo que hicieron durante la dictadura es una gran mentira, porque el poder civil económico jugó su papel importante”. Para este hombre amable y de hablar seguro, “el quilombo allá empezó en el 75”, y argumenta: “Yo me desperté una noche con el estampido de una bomba que fue monstruosa. Eso fue antes del golpe, y ya habían empezado a meter a gente presa por cuestiones políticas”.

El Ingenio al servicio del mal Ledesma, antiguo nombre de la actual Libertador General San Martín está situada a 106 kilómetros de San Salvador y es la puerta de entrada al parque nacional Calilegua. A esa localidad, cuna del Burrito Ariel Ortega, Armando emigró con mucha desconfianza en 1975. “Yo había vuelto de Mar del Plata, un día me tocan el timbre en mi casa y era don Ángel que me quería llevar a Ledesma”, recuerda este zurdo que también podía jugar por el sector derecho de la defensa, y acota: “Les pedí algo que era inalcanzable, para no ir, pero me lo dieron y no me quedó otra. Cuando llegué me quería morir, porque no me gustaba la ciudad y por el calor que hacía. Tengan en cuenta que es un valle y que encima está sobre el nivel del mar, por lo que había temperaturas mayores a 40 grados”. Aunque se encarga de rescatar “la calidez de la gente, que me trataron bárbaro”, Garrido no la pasaría nada bien en tierras jujeñas.

“Yo recuerdo la noche del apagón, que en realidad fueron varias noches –aclara–. En esa época se hablaba muy poco, había mucho temor y los diarios, obviamente, no decían nada. Pero uno se enteraba por el boca en boca que tal persona había desaparecido de su casa, que a aquella otra la habían metido en un baúl, que se escucharon frenadas y autos acelerando, y todo en medio de una oscuridad total”.

El Kichi, que así es como se lo conoce en el ambiente futbolístico, se refiere a los cortes del suministro eléctrico que se produjeron entre el 20 y el 27 de julio de 1976, ocasionados intencionalmente por quienes llevaban adelante el terrorismo de Estado.

Aprovechando la falta de luz y el desconcierto de la población, un operativo conjunto perpetrado por fuerzas del Ejército, Gendarmería y Policía provincial, secuestraron a unas 400 personas (55 de las cuales aún permanecen desaparecidas) que integraban

Cultura leprosa

“Subió un milico a revisar las valijas y cuando pasó al lado mío, se paró y me dijo: «Qué cara de zurdo que tenés vos». Y yo, con la inconsciencia de mis 22 años, le contesté: Sí, soy zurdo, porque le pego con la izquierda, juego de tres” la lista de “los enemigos del patrón”. El patrón, no era otro que Carlos Pedro Blaquier, dueño del 90 por ciento de las acciones del Ingenio Ledesma y que fuera procesado por la justicia federal de Jujuy por haber facilitado las camionetas para efectuar el traslado de los secuestrados a centros clandestinos de detención. Sin embargo, en marzo de 2015, la Justicia dictó la falta de mérito del empresario, uno de los hombres más ricos de la Argentina que siempre se las ingenió para estar cerca de los poderes de turno. Su esposa, Nelly Arrieta, fue designada por Mauricio Macri como embajadora cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en 2009; y su sobrino Luis María Blaquier, que además forma parte del directorio del Grupo Clarín, acaba de ser nombrado por el ahora Presidente como titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

El zurdito De las duras historias que le tocó atravesar durante su estadía en la ciudad norteña, existe una que hoy cuenta entre risas pero que en su momento le pudo haber traído más de un problema. “Yo me había dejado la barba y el bigote, y a pesar de que don Ángel me había pedido que me afeite, no lo hice y él respetó mi decisión”, arranca contando Garrido sobre su aspecto poco apropiado para la época. Cuando viajaban a disputar un partido a la vecina provincia de Tucumán, en el 76, el colectivo que llevaba a la delegación de Atlético Ledesma fue detenido. “Subió un milico a revisar las valijas y cuando pasó al lado mío, se paró y me dijo: «Qué cara de zurdo que tenés vos». Y yo, con la inconsciencia de mis 22 años, le contesté: Sí, soy zurdo, porque le pego con la izquierda, juego de tres”. “No te hagas el vivo”, fue la respuesta del ofendido hombre de verde, ante la atónita mirada del resto del plantel en uno de los tantos “controles en el medio de la ruta” que sufrieron, y en los que “caían los soldados y te apuntaban con fusiles FAL”.

Sin saberlo, Armando llegó a compartir aquel plantel con Juan Cruz Kairuz, otro lateral izquierdo que también había vestido la camiseta de Newell’s y que alternaba entre el fútbol y la represión. “El Turco fue compañero mío, nos sentábamos al lado, aunque yo con él sólo hablaba de fútbol porque sabía que era cana. Pero recién hace unos años me enteré que el tipo ya en aquella época batía gente y hasta participó en operativos de secuestro”.

De su admirable memoria, el Kichi también saca el recuerdo de cuando Alicia Hartridge, la esposa del por entonces dictador Jorge Videla, pisó suelo jujeño. Allí se reunió “todo el culorrotaje, en su máxima expresión”, según lo define el propio Garrido.

“Nos hicieron poner a todo el plantel en fila para saludar a la vieja pero con un compa-

Una rotura de ligamentos cruzados cuando apenas tenía 26 años sacó a Armando Garrido de las canchas, para siempre. “Yo quería seguir porque amaba el fútbol, nací con una pelota bajo el brazo”, admite entre lamentos. Pero esa dura lesión no lo alejó de uno de sus lugares más preciados, su segunda casa: Newell’s.

Hoy, a sus casi 65 años, la vida lo encuentra dando una mano en el Departamento de Cultura del club del Parque Independencia.

“Estoy cómodo, en un lugar donde me siento feliz y donde sé que le puedo dar más al club”, reconoce el ex jugador que, como si le faltara algo a su vida, también tuvo que dar batalla para terminar con la nefasta tiranía de Eduardo López: “Uno de los momentos más felices fue cuando entré al club después de mucho tiempo, porque luchamos mucho para echar a López. Fui amenazado, estuve casi procesado, aunque hubo otros compañeros que la pasaron mucho peor que yo. A mí me mostraron revólveres, a otros se los pusieron en la cabeza”.

Sobre la tarea que hoy le toca desempeñar, destaca “los quince talleres que se están dando en Cultura”, y cierra: “También le hemos dado un carnet honorario a todos los campeones para que puedan entrar a la cancha de por vida, más un protocolo por si vienen con alguien más; organizamos eventos que tengan que ver con la historia; y se hace una visita guiada por el club en la que se muestra en una hora y pico toda la historia de Newell’s”.

La sonrisa de la Flaca Por Hilo Negro (desde Cancha Rayada)

Y

o no sé, no. La imagino en su pueblo natal, alborotando las calles y las esquinas, cuando piba. Con su sonrisa, como cuando la conocí cerca del Superior y empezó a alborotar esas esquinas. Y también en otras esquinas en las que, con su compromiso y su sonrisa, junto a otros compañeros y compañeras, hacían posible que pensáramos que ahí se podía gestar el inicio de lo que llamábamos la “liberación nacional y popular”.

En esas esquinas, su alegría hacía que pensáramos que era posible.

También la vi en otras esquinas, medio preocupada, cerca del 24 de marzo del 76.

Algunos dicen que tuvo que haber llegado a una esquina y haber podido salir de ese

lugar con cierta seguridad, pero no fue así.

Hoy, sus huesos vuelven al pueblo donde pasó su infancia. Y su sonrisa, y su compromiso, y sus broncas, siguen estando en las esquinas donde la conocimos. Cuando pensamos en vos, Analía, esas esquinas cobran vida mucho más que nunca.

edición especial | el eslabón

página 8 | jueves 24 de marzo de 2016

UNA VICTORIA DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

No fue magia Primero fue el gobierno de EEUU, que pocos días antes de la visita del presidente Barack Obama prometió desclasificar documentos secretos sobre la dictadura cívico-militar argentina. Luego se sumó el Vaticano. Ambos dieron apoyo a los genocidas y fueron protagonistas fundamentales de la represión.

Por Pablo Bilsky

N

O FUE MAGIA. NADA DE ESO. Fue el resultado de la lucha colectiva, larga, paciente, de los organismos de derechos humanos de la Argentina. Madres y Abuelas vienen pidiendo, bregando, exigiendo, desde hace años, que se abran archivos secretos que podrían resultar fundamentales para avanzar en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

“Es un gesto de gran humanidad que en vísperas de su visita a nuestro país en el marco de los 40 años del último golpe de Estado cívico-militar –en el que el Estado norteamericano estuvo tan implicado– el gobierno estadounidense manifieste la voluntad de dar respuesta a los familiares y víctimas de los crímenes cometidos en aquella dictadura implantada entre 1976 y 1983”, sostuvo Abuelas de Plaza de Mayo en un comunicado.

El Vaticano y EEUU fueron actores fundamentales durante la dictadura. Fueron cómplices de los genocidas. Sus manos están manchadas de sangre. Sus archivos también. Por eso es bueno que los abran, que los ventilen, y que el hedor ferruginoso de la sangre pueda mezclarse al fin con los aires de la lucha popular.

Obama es un presidente que ya se retira y quiere pasar a la historia con algunos gestos y muchas fotos. Se va del cargo con la mayoría de las promesas incumplidas.

Su presidencia dejó en claro, por si hacía falta, dónde reside el poder real en EEUU En el caso del Vaticano, la actitud significa un cambio significativo con relación a la posición que la Iglesia mantuvo durante la dictadura y los años posteriores. A poco de asumir en 1978, Juan Pablo II se negó a recibir a las Madres que viajaron a pedirle ayuda. Francisco, que también estuvo detrás del acercamiento entre Cuba y EEUU, se desmarca así, una vez más, de los sectores más reaccionarios de la Iglesia.

Pero el proceso de apertura de archivos es largo y burocrático. Puede demorar un año o más. En el caso de EEUU, ya no va a estar la actual administración de la Casa Blanca en el gobierno.

El oportuno anuncio por parte de EEUU, y su utilización propagandística por parte de los gobiernos de Obama y de Mauricio Macri, hace necesario que la noticia se coloque en un contexto más amplio. Por un lado, Estados Unidos viola a diario, en todos los continentes, los más elementales derechos humanos. Obama, insólito premio Nobel de la Paz, es responsable directo de asesinatos selectivos (posee una lista negra) y lleva un triste, sangriento récord de ataques con aviones no tripulados que causaron la muerte de más de 150

niñas y niños.

Estados Unidos sigue arrasando países en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. Y dentro de su territorio, la policía fusila afroamericanos con total impunidad. Además, allí sigue Guantánamo, un campo de concentración y tortura al margen de los más elementales derechos y leyes internacionales. En una muestra más de cinismo y manipulación por parte de los medios hegemónicos, la visita de Obama a Cuba puso sobre el tapete la situación de los derechos humanos. Pero no en EEUU, sino en Cuba.

Al cierre de esta edición, Obama, como representante del Estado que apoyó las dictaduras genocidas que asolaron la región, no había pedido disculpas por las atrocidades cometidas, ni por las duraderas consecuencias políticas, sociales y económicas que dejaron esos gobiernos de facto. Si no lo hace en lo que resta de su visita a la Argentina, el valor de su presencia se relativiza y banaliza. Si no lo hace, deja al descubierto la vacuidad de todos sus gestos y palabras. Puro cinismo.

Y no es casual que el cinismo pacte con el cinismo. El gobierno de Obama acordó la apertura de archivos con el gobierno de

Macri, otra administración que afrenta a diario los derechos humanos de la población. “El curro de los derechos humanos”, fue mucho más que una frase despectiva en boca de Macri. Es un eje programático de una gestión que está en las antípodas de la lucha colectiva por los derechos humanos.

En el marco de los preparativos previos a la visita a la Argentina del presidente yanqui, la consejera para la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, anunció que su país desclasificará documentos militares y de inteligencia. En 2002, EEUU dio a conocer, aunque en forma parcial, con muchas tachaduras, el contenido de 4.700 documentos del Departamento de Estado. “Además de los más de cuatro mil documentos que ya liberó de ese período oscuro, el presidente Obama, por pedido del gobierno argentino, anunciará un esfuerzo para desclasificar documentos adicionales, incluyendo, por primera vez, documentos militares y de inteligencia”, señaló Rice.

“En este aniversario, y de ahora en más, tenemos la determinación de hacer nuestra parte para que Argentina continúe sanando y avanzando como una na-

ción. Así que creemos que este viaje será una histórica y poderosa demostración del acercamiento de nuestra nación a América Latina. El presidente está comprometido en apoyar los esfuerzos para enfrentar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia y remarcará ese compromiso durante su visita a la Argentina”, agregó la funcionaria.

La ex embajadora argentina en EEUU (entre 2013-2015), Cecilia Nahón, publicó una nota de opinión en la edición del viernes 18 del diario Página 12, titulada “Hacia un nuevo paso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia”, en la que ofrece datos precisos que dejan bien en claro que existió un largo proceso que precedió a las promesas de EEUU “En los últimos años, los pedidos de desclasificación de archivos de la dictadura a Estados Unidos no fueron solicitudes aisladas, sino acciones coherentes con un gobierno que, entre 2003 y 2015, colocó en su centro el fortalecimiento y la ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los argentinos. En la actualidad, imposible no decirlo, demasiados de estos derechos se encuentran amenazados”, señala Nahón.

“Esta solicitud permanente formó parte activa de la agenda bilateral con Estados Unidos en los últimos años, a través de numerosas gestiones realizadas ante su Congreso y Poder Ejecutivo, tanto por integrantes de los organismos de derechos humanos como por funcionarios del gobierno que finalizó el 10 de diciembre pasado, incluyendo a la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, explicó la ex embajadora argentina.

El Vaticano también El secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Carlos Humberto Malfa, anunció que la Iglesia también “está ordenando” sus archivos sobre la dictadura con el fin de darlos a publicidad. Malfa realizó el anuncio tras reunirse con Francisco. Este 23 de marzo, el pontífice iba a saludar durante la audiencia general a familiares de desaparecidos.

“El ordenamiento de los archivos lleva su tiempo porque implica la lectura y la clasificación de los documentos”, detalló el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina. “Algunos estaban más ordenados y otros necesitaban más atención”, explicó Malfa, que ofreció asimismo precisiones sobre el tipo de material. “En general, se trata de cartas que se recibían y contestaban solicitando conocer el paradero de detenidos desaparecidos o alguna gestión en ese sentido.

También hay recortes de periódicos de la época”.

FRANCO TROVATO FUOCO

Suplemento mensual del semanario el eslab贸n

Di a r i o d e l o s j ui c i o s

MARZO 2016

suplemento del periódico el eslabón |

página 2 | marzo de 2016

NÚMEROS Y DESAFÍOS DEL PROCESO DE JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS

Ni un paso atrás FRANCO TROVATO FUOCO

EL ALEGATO DE LAS QUERELLAS EN EL JUICIO POR OSVALDO CAMBIASO Y ED

Perpetua pa

El equipo jurídico de Hijos planteó que con los crímenes de los militantes pero

L

Por Juane Basso

C

on 16 sentencias en Santa Fe, siete de ellas en Rosario, y centenares de causas abiertas, el proceso de juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad que operaron durante la última dictadura cívico militar avanza sin pausa, aunque sin prisa, en el territorio provincial. Demoras, falta de confirmación de los fallos por los tribunales de alzada, una alta fragmentación de los expedientes y un poder judicial anquilosado, son algunos de los obstáculos que aún se deben sortear en el largo camino de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia; que no obstante mantuvo el mismo vigor, hasta ahora, –gracias al trabajo de los organismos de derechos humanos– desde que en 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, se rompió el sistema de impunidad construido por los militares golpistas y los primeros gobiernos de la democracia.

Con el cambio de gobierno de diciembre pasado se abre un interrogante sobre este proceso de condena al genocidio, aunque esa preocupación debería contrastarse con la varias veces manifestada voluntad de la Justicia Federal, que en boca del titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti aseguró que las causas por delitos de lesa humanidad “son políticas de Estado”.

Y a pesar de que hasta el presidente Mauricio Macri respondió que no iba a obstaculizar los juicios, cierto es que varios de los programas creados durante los últimos diez años por el ejecutivo saliente, para promover ese proceso de Memoria, Verdad y Justicia, están siendo vaciados en sus contenidos y personal, según denunciaron sus trabajadores y los organismos de derechos humanos.

Aún con esos interrogantes –que sólo podrá resolver, como siempre lo ha hecho, el colectivo social con las organizaciones de derechos humanos a la cabeza–, los secuestros, torturas, robos de bebés, asesinatos y desapariciones que el terrorismo de Estado perpetró para imponer el modelo económico de José Alfredo Martínez de Hoz, al servicio de los intereses concentrados y multinacionales, no fueron perdonados por el pueblo argentino. Más de treinta años pasaron desde que se cometieron esos crímenes hasta que sus responsables comenzaron a ser llevados al banquillo de los acusados. Pero si bien es cierto que la justicia cuando llega tan tarde, no es plena –cientos de familiares de las víctimas no llegaron a vivir este momento, muchos represores murieron sin ser juzgados–, la etapa de condena a los represores de la dictadura cobra una enorme dimensión política cuando se la observa en toda su magnitud.

Los números, puestos en ese contexto, son elocuentes. Según los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), de un total de 2765 acusados por delitos de lesa humanidad, 1132 se encuentran detenidos mientras

1200 sobrellevan procesos en libertad y 452 han fallecido.

De acuerdo a esos mismos registros, desde el reinicio de los juicios –en 2006– al 18 de marzo de este año, hay 615 condenados por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, de los cuales 293 están detenidos en unidades penitenciarias, 193 con arresto domiciliario y 111 se encuentran en libertad por no tener su sentencia firme. Si se incluyen los datos publicados por la Procuración General de la Nación, que contempla las sentencias previas a la actual etapa, la cifra de condenados asciende a 662.

El principal freno al proceso judicial en este sentido se encuentra al observar la falta de confirmación de las sentencias, así como la falta de avance sobre los responsables civiles de la dictadura, especialmente los grandes grupos beneficiarios tanto de las operaciones económicas del gobierno de facto, como de los operativos de desarticulación y desaparición de las comisiones internas de los trabajadores de sus empresas.

En la actualidad se están desarrollando 14 juicios orales y públicos en todo el país: tres en Ciudad de Buenos Aires, dos en Santa Fe (uno en Rosario y otro en la capital provincial), al igual que en Mendoza y Salta. En los tribunales federales de las ciudades de Córdoba, La Rioja, Jujuy, Mar del Plata y Neuquén se están realizando un juicio por jurisdicción. Si se suman los 119 casos de restitución de identidad de hijos de desaparecidos que fueron robados por los genocidas y recuperados gracias al trabajo de las Abuelas de Plaza de mayo, tenemos un mapa más completo en materia de construcción de justicia en nuestro país.

El nuevo panorama que se ha abierto tras el triunfo de Cambiemos no es auspicioso para esta lucha, ni para tantas otras que van de su mano. Al desmantelamiento de las políticas públicas de derechos humanos, se suma la persecusión a militantes sociales –con el caso emblemático de Milagro Sala–, la instauración de un protocolo antiprotesta, los despidos masivos, el alineamiento con el FMI y los fondos buitre y la lista continúa.

Detrás de este frente de gobierno se ha encolumnado el mismo bloque de poder que impulsó la última dictadura –y no sólo esa–, pero que en esta oportunidad lo hizo a través de las urnas, lo cual establece una diferencia significativa y no menor en el plano de las formas, aunque el programa económico se nutre de la misma vertiente neoliberal.

Que este proceso de condena al genocidio no retroceda, continúe y se profundice, dependerá en buena parte de cómo el conjunto del pueblo argentino, con su organizaciones, encuentre los canales para construir la fuerza y la unidad que le permita trazar una línea común por aquellas conquistas –logradas en la última década–, sobre las cuales no se esté dispuesto a dar ni un paso atrás. Que el juzgamiento a todos los responsables del terrorismo de Estado sea una de esas banderas, y no la única.

as querellas del juicio por el secuestro, las torturas y los asesinatos de los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, ocurridos sobre el final de la última dictadura, plantearon en su alegato que los objetivos de esos homicidios fueron “condicionar al peronismo en particular” y “a la democracia en general” ante las por entonces inminentes elecciones de diciembre de 1983. Los abogados Santiago Bereciartúa en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Eliana Masegosa por la misma área de Provincia de Buenos Aires; y Nadia Schujman por las hermanas de Cambiaso –los tres integrantes del equipo jurídico de la agrupación Hijos Rosario–, desarrollaron su acusación final el pasado miércoles 2 de marzo, en el marco del juicio oral que tiene al último presidente de facto, Reinaldo Benito Bignone, y al ex comisario bonaerense Luis Patti entre los principales acusados. Pidieron la pena de “prisión perpetua” para los once imputados.

Las querellas unificaron sus posiciones en un único alegato que fueron exponiendo de a turno entre los tres abogados ante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, integrado por los jueces Omar Digerónimo, Beatriz Caballero y Jorge Benegas Echagüe.

Cambiaso y Pereira Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983 del bar “Magnum” ubicado en el centro de Rosario por un grupo de PCI (Personal Civil de Inteligencia) y militares del II Cuerpo de Ejército, y luego torturados en un galpón de las afueras de esta ciudad, según la investigación judicial.

Más tarde fueron entregados a una patrulla del Comando Radioeléctrico de Tigre comandada por el entonces oficial Patti junto a dos suboficiales.

De acuerdo al expediente, sus cuerpos aparecieron baleados en un camino rural cercano a la localidad bonaerense de Lima.

Las pericias detectaron huellas de torturas en ambos y uno de ellos tenía un disparo a corta distancia, compatible con un disparo de “remate”, consigna la instrucción.

Los de Cambiaso y Pereira Rossi fueron los dos últimos crímenes de la última dictadura, luego de que el 30 de abril de 1983 fuera asesinado el jefe montonero Raúl “Roque” Yager.

Según señalaron los abogados querellantes durante las audiencias que les llevó desplegar su del alegato (los miércoles 2 y 9 de marzo) , el objetivo del secuestro y los asesinatos fueron “aislar de dentro de la comunidad y del Movimiento Peronista, mediante el terror y la estigmatización, a esa corriente militante (Intransigencia y Movilización, en la que las víctimas participaban) que al igual que el resto de las fuerzas políticas se aprestaba a ser parte del nuevo escenario” de retorno democrático.

“A mayo de 1983, que es el momento en que se inscriben los hechos que nos ocupan, la sangrienta faena desatada por el terrorismo de Estado hacía tiempo estaba cumplida. Y no solo nos referimos a la siniestra cacería de hombres y mujeres, especialmente delegados y dirigentes gremiales, militantes y referentes políticos, sociales,

El equipo jurídico de Hijos y las querellas en la insp estudiantiles, eclesiales; sino también al criminal proyecto económico impuesto por los genocidas”, refirieron en uno de los primeros pasajes de su alegato, que alude al contexto histórico en el que cometieron los homicidios.

“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, escribió a tan sólo un año del golpe, el periodista y militante montonero, Rodolfo Walsh, también víctima del terrorismo de Estado”, señaló Schujman citando al escritor desaparecido, y continuó: “En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40 por ciento, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30 por ciento, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”.

En pos de profundizar la puesta en contexto de los hechos, la representante legal de las hermanas Cambiaso destacó que “el 14 de mayo de 1983, seis años después de la investigación de Rodolfo Walsh, la miseria y el terror planificados ya habían agotado su cometido”, para luego plantear: “Pero un año antes de su finalización, se había producido un hecho relevante que

Confesiones de verano Antes de los alegatos de las querellas y la fiscalía, el miércoles 24 de febrero, cuando se reinició este año el juicio oral por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, dos represores realizaron una ampliación de indagatorias a los acusados. Uno de ellos admitió los hechos y remarcó: “No vamos a negar lo obvio” En primer lugar amplió la declaración Rodolfo Rodríguez, quien era jefe del Departamento III de Operaciones del Comando del II Cuerpo del Ejército al momento de los hechos.

En su defensa, Rodríguez explicó que por el lugar que ocupaba en la estructura del II Cuerpo no pudo haber participado del operativo en el que fueron secuestrados Cambiaso y Pereyra Rossi, porque los mismos estaban a cargo del Comando y el sector Inteligencia.

Señaló que distinto hubiese sido si el hecho hubiera ocurrido entre 1976 y 1978, cuando el Ejército llevaba adelante con mayor énfasis la “lucha contra la subversión”, y añadió que en 1983 él se ocupaba de otras tareas en esa fuerza, a la vez que distribuyó en la sala láminas con el

| diario de los juicios

marzo de 2016 | página 3

DUARDO PEREIRA ROSSI

ara todos

onistas la dictadura tuvo “un objetivo político y otro cultural”. Solicitaron la máxima pena y “carcel común” a los once imputados.

FRANCO TROVATO FUOCO

EL ALEGATO DE LA FISCALÍA

La teoría del “rebrote subversivo”

pección ocular al bar Magnum, de Córdoba y Ovidio Lagos. aporta otro elemento central del contexto de ese último tramo de la dictadura cívico-militar: La guerra de Malvinas”.

“En 1982, en un intento por permanecer en el poder, los comandantes que usurpaban el Estado utilizaron el legítimo reclamo por la soberanía de las islas Malvinas e iniciaron una guerra que a todas luces solo tendría consecuencias negativas para la nación y el pueblo argentino”, señaló Schujman.

La abogada de Hijos continuó: “Miles de argentinos muertos, incluso sometidos a tormentos por parte de sus propios superiores, fueron los nuevos mártires de la dictadura genocida, que con total cobardía envió a jóvenes colimbas sin la preparación adecuada, que por otra parte entregaron una prueba de valor y amor por su patria que bien merece el homenaje en este tribunal, ya que la Justicia argentina se ha negado hasta ahora a reconocer como delitos de lesa humanidad, las torturas que les cometieron sus jefes militares”.

“La realidad aplastante de la pérdida de la guerra, con ese terrible saldo, generó como efecto inverso al buscado el anuncio de la retirada militar del gobierno. En mayo de 1983 la dictadura había emitido su documento final. Pero para irse, había que dejar un último mensaje de terror”, apuntó la querellante.

Luego Schujman expresó: “El tremendo dispo-

organigrama del II Cuerpo.

Tras hacer una larga introducción en la que se refirió a los secuestros y homicidios de Cambiaso y Pereira Rossi por los que está acusado, el militar admitió que “los hechos no se pueden negar” e incluso remarcó: “No vamos a negar lo obvio”. Aunque después insistió que ese operativo que culminó con los asesinatos de los militantes peronistas, ocurrieron fuera de su esfera de responsabilidades y se los endilgó al área de inteligencia del Ejército.

Luego amplió su declaración el ex Persona Civil de Inteligencia (PCI), Carlos Sfulcini, quien realizó su descargo aunque sin revelar ni aportar datos valiosos sobre la causa ni en su defensa.

sitivo de disciplinamiento social que fue la dictadura, que utilizó la violencia estatal para reorganizar al país desde la perspectiva de los intereses de las grandes corporaciones económicas nacionales y multinacionales, cubrió su retirada con tres emblemáticos homicidios –dos de los cuales se juzgan en esta sala– y una ilegal autoamnistía con la que esperaban quedar a resguardo de los crímenes cometidos; la cual constituye una confesión de los delitos que luego, tanto en los juicios a las juntas como en estos procesos, pretendieron ocultar y negar”.

“Los secuestros, las torturas, la desaparición y los homicidios de Osvaldo Cambiaso y de Eduardo Pereira Rossi constituyen un último e inequívoco mensaje criminal de la dictadura, que apuntó a condicionar tanto la democracia en general, que volvería a dar sus primeros nuevos pasos unos meses después; como al peronismo en particular”, precisó la abogada.

Los abogados Bereciartúa y Masegosa, en tanto, avanzaron en algunos aspectos técnicos jurídicos del alegato como la frondosa evaluación de la prueba y el revelamiento de las numerosas pericias que permitieron dar por tierra con la versión que la dictadura quiso instalar de que Cambiaso y Pereira Rossi habían sido muertos en un enfrentamiento.

Además de Bignone y Patti, en el juicio oral hay otros diez imputados entre militares retirados y PCI que prestaron servicios en área de Inteligencia del Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario durante la última dictadura. Se trata del suboficial de la policía bonaerense, Juan Amadeo Spataro; y los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, Pascual Guerrieri, Luis Muñoz, Juan Andrés Cabrera, Walter Pagano, Carlos Sfulcini, Antonio López, Jorge Rodolfo Rodríguez y Carlos Alberto Lucena. En el banquillo de los acusados también se encontraba Ariel El Puma Zenón Porra, quien falleció tiempo atrás.

Perpetua para todos La querella solicitó prisión perpetua para Bignone como autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio agravado. Las mismas figuras penales escogió para acusar a

El fiscal federal Adolfo Villate, quien desarrolló su alegato conjunto con su par Federico Reynares Solari, consideró en su alegato desplegado los miércoles 16 y 23 de marzo que el gobierno de facto apuntó a “instalar la idea de un rebrote subversivo”.

Villate se refirió al intento de la dictadura por convertir el secuestro, las torturas y los asesinatos de los militantes justicialistas de Intransigencia y Movilización Peronista en un enfrentamiento entre “subversivos” y una patrulla policial.

Tras desandar las pruebas en contrario ventiladas a lo largo del debate oral, el fiscal consideró que el objetivo de la dictadura fue instalar en la opinión pública la idea de “un rebrote subversivo”.

“Los asesinatos de (Raúl Clemente) Yaguer, Cambiaso y Pereira Rossi permitieron las condiciones políticas para la ley de autoamnistía de Bignone”, sostuvo el fiscal.

Los tres integraban la organización Montoneros sobre el final de la dictadura y Yaguer fue asesinado en abril de 1983, mientras que Cambiaso y Pereira Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo en Rosario y asesinados ese mismo día, aunque la policía dio aviso recién el 17 de ese mes, según la investigación.

El fiscal recordó que la investigación que se inició tras la aparición de los cadáveres recayó en el entonces juez penal de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti, quien procesó a Patti y a los suboficiales Rodolfo Diéguez y

Juan Amadeo Spataro.

De acuerdo a la versión oficial de la dictadura, los tres se habían tiroteado con las víctimas, aunque los policías resultaron ilesos.

Pero Villate puntualizó que a partir de un informe de peritos de la Policía Bonaerense, el mismo juez les dictó el sobreseimiento el 18 de octubre de 1983, “sin prueba distinta” a la empleada para procesarlos.

El fiscal recordó que la autopsia realizada por forenses de la Corte Suprema encontró, en cambio, rastros de “pasaje de electricidad” en los cuerpos de las víctimas y escoriaciones en muñecas y tobillos, que representaban signos de tortura.

Dijo que antes del sobreseimiento de Marchetti, Bignone había dictado la ley de autoamnistía, por la cual las Fuerzas Armadas se perdonan a sí mismas los posibles delitos cometidos en “la lucha contra la subversión”.

“Si Patti, Diéguez y Spataro fueron el brazo ejecutor (de los asesinatos), es razonable que recibieran su protección garantizándoles la impunidad, atento a que la policía se encontraba bajo el control operaciones del Ejército”, resumió Villate.

En línea con el pedido de pena de las querellas, y mientras se terminaba de escribir esta nota, los fiscales continuaban desplegando su alegato en el que Villate y Reynarez Solari también exigieron prisión perpetua para los once imputados.

FRANCO TROVATO FUOCO

Patti, pero en calidad de coautor de esos delitos, al entender que participó directamente de los hechos ventilados durante el juicio, explicó Schujman.

Además de Patti y Bignone, las querellas pidieron prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común para los imputados Rodolfo Rodríguez, ex jefe del Departamento III de Operaciones del Comando del II Cuerpo del Ejército; el segundo del Destacamento de Inteligencia de Rosario, Luis Américo Muñoz; y el jefe del II Cuerpo, Carlos Lucena.

A Lucena y Rodríguez los acusó como autor mediato de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio, y a Muñoz como coautor de esos delitos.

La misma acusación recibieron de la querella

el ex jefe de Inteligencia Pascual Guerrieri; el ex policía bonaerense Juan Spataro y los entonces PCI Walter Pagano, Juan Andrés Cabrera, Ariel López y Carlos Sfulcini.

Murió Saint Amant. Tal cual confirmó la Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, el teniente general (re) Fernando Manuel Saint Amant, principal acusado por delitos de lesa humanidad de esa zona y jefe del Área Militar 132 durante la dictadura, falleció esta semana.

El represor tenía dos condenas a prisión perpetua dictadas en los tribunales federales de Rosario.

diario de los juicios | suplemento del periódico el eslabón

marzo de 2015 | página 4

MEMORIAS SONORAS

Un día vino Seba con un cassette y recordé tu voz Por Sabrina Gullino Valenzuela Negro

Melli, te estamos buscando

“

Es tan hermoso ver crecer al nene, ver cómo aprende cosas, cómo imita… cómo nos imita en todo y crece, crece… Por ahí me acuerdo lo que decías vos, mamá, que sería mejor que no creciera… y sí, tal vez sí… pero es… es muy lindo eso… Yo creo que no hay nada en el mundo tan hermoso como… como tener un hijo y criarlo, educarlo, tratar de hacerlo feliz aún dentro de las condiciones que no siempre son mejores. Darle permanentemente cosas y recibir de él todo eso que los chicos son capaces de dar…espontáneamente, con esa alegría que tienen… muchas veces de no entender a la perfección lo que pasa... Yo quiero que sepan que aún dentro de… de esta situación, yo soy feliz, y quiero decírselos a ustedes para que dentro de la desesperación que pueden vivir a veces, cuando yo no llamo o…. o en otras oportunidades, sepan que yo pude recuperarme…que bueno… si bien nunca uno es igual que antes, porque las cosas no se olvidan, porque uno tiene memoria y porque todo deja una huella; aún a pesar de eso… yo he vuelto y he podido, he tenido la suerte de poder ser feliz de nuevo. De poder volver a mirar… qué sé yo… desde… desde el río hasta… un árbol, ¡hasta la luna!... volver a mirarla con… con alguna esperanza o con… ¡Mirarla con ganas de vivir!”. (Raquel Negro.

O María Amarilla, agosto de 1977).

Cuántas cosas decirte, hermano. Me indicaron que escriba sobre los 40 años del golpe-cívico militar.

Pero me salió así, 38 años contundentes sin tenerte, sin tenernos.

Estas son palabras rescatadas de un cassette muy viejo que Raquel Negro, nuestra mamá, le envió a los abuelos cuando nosotros ya vivíamos en su panza. Casi 9 meses permanecimos en ese limbo afectuoso, pausa absoluta de amor, albergados bajo su

prenda preferida: el poncho rojo. Cuántas cosas decirte, hermano. Me indicaron que escriba sobre los 40 años del golpe-cívico militar. Pero me salió así, 38 años contundentes sin tenerte, sin tenernos.

Ella dice esas palabras a Sebastián, pero bien valen para nosotros también. En sus “ganas de vivir” está el Tucho, sus compañeros de militancia, el pueblo argentino y también nosotros. Hasta hoy a 40 años y para siempre.

Raquel Negro y Tulio Valenzuela (militantes montoneros desaparecidos), junto al pequeño Sebastián, fueron secuestrados el 2 de enero en Mar del Plata y trasladados, por el Segundo Cuerpo del Ejército, al Centro Clandestino Quinta de Funes. Raquel, que se encontraba embarazada, dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná entre el 3 y el 4 de marzo de 1978. Ambos niños fueron llevados el Instituto Privado de Pediatría (IPP) de Paraná y luego de una internación de alrededor de veinte días, fueron dados de alta el 27 de marzo de 1978. Sabrina pudo restituir su identidad, pero aún se desconoce el paradero del mellizo varón.

En 2011 tuvo lugar en Paraná, el primer juicio oral y público conocido como causa Hospital Militar. Allí se ventilaron los hechos producidos en el Hospital militar y se juzgó a los responsables militares y a un médico militar. Actualmente, existe otra causa abierta a donde convergen las pruebas necesarias que indican qué camino podría haber transitado el mellizo varón. El último avance en esta causa determinó que los médicos civiles y dueños del IPP: Miguel Torrealday, Damián Vainstub y Jorge Rossi quedaran procesados debido a su participación necesaria en el robo de ambos bebés.