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Por los caminos del Perú
222 | FRANCISCO QUIROZ
empresarios y, de otro lado, las posibilidades de ahorro de los actores económicos. Sobre esto último, la constatación es la ausencia de instituciones de ahorro. La forma más común era guardar recursos en bienes. Es decir, la gente de algún poder económico mantenía sus recursos no usados en plata labrada (vajilla, joyas) y telas finas que guardaba celosamente en sus domicilios. La gente de menores recursos hacía lo mismo en ganado y piezas de vestir.
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La constatación de estudiosos es que la moneda no era asequible en tiempos de grandes remesas al exterior como parte de las exportaciones de numerario y de pago por artículos importados. Alfonso Quiroz constata que el siglo XVIII es un tiempo de escasez de numerario a partir del reformismo borbónico. Ya Margarita Suárez (1995), Nancy van Deusen (2007) y Kathryn Burns (2008) han establecido el papel que las instituciones religiosas (conventos, monasterios, cofradías), los llamados “bancos” (prestamistas particulares) la Caja de Censos de Indios tuvieron en el Perú colonial. Una de las grandes conclusiones se refiere a que los préstamos servían en mucho para cubrir necesidades de consumo más que para propósitos productivos.
En el siglo XVIII, se incrementa el crédito comercial, y con el Banco de San Carlos en 1782 se ingresa al mundo del crédito público, como sucedía ya en los países económicamente más adelantados de Europa. De hecho, entrando al siglo XIX, se observa que el crédito comercial desplaza al crédito eclesiástico (censos), y este proceso viene desde mediados del siglo anterior, cuando tras el terremoto de 1746 se decretan rebajas en los réditos censales del 5% al 2% en los censos redimibles y la condonación de censos irredimibles.48
En la segunda mitad del siglo XVIII, un grupo muy importante de hacendados limeños adeudaba más de un millón de pesos a la Caja de Censos de Indios. Sin embargo, era el Estado colonial el principal deudor, con más de dos millones de pesos producto de “préstamos” que de manera compulsiva realizó para cubrir urgencias fiscales desde el siglo XVII y que nunca cancelaba. Lo mismo pasó con los deudores privados. Con el advenimiento de la república independiente, la caja de censos de Lima tenía acreencias por 2.253.050 pesos de principales (1822), que pasaron a constituir parte de los fondos de crédito público republicano.49 La anulación de estas y otras deudas hacia 1804-1808 forma parte del proceso de secularización y de mercantilización de la propiedad rural y urbana, al eliminar parte importante de las trabas financieras (censos y capellanías) que hacían de las propiedades “manos muertas” (bienes no enajenables).
48. Quiroz 1993: 47-48. 49. Ibíd., pp. 66-67.