CONSIDERACIONES FINALES

Los comisionados para colectar los donativos de los empleados municipales de la ciudad de San Luis Potosí fueron el tesorero municipal, Valente Viramontes, y su secretario, Urbano Flores.(46) La cantidad colectada tanto de la Tesorería Municipal como de la Secretaría del Ayuntamiento, que ascendió a $84.00, se envió a la Junta a principios de julio. Para recibir los donativos de los profesores de instrucción primaria particular y pública, la Junta nombró otras dos comisiones colectoras auxiliares. Austasio Guerrero, Narciso Armenta y Cayetano Cardona, fueron los encargados de obtener la participación de los profesores particulares y prometieron "desempeñar con la mayor diligencia" la tarea que se les encomendó, aunque la cantidad que remitieron al iniciar julio no correspondió a sus promesas, pues sólo llegó a $24.00. En cambio, los integrantes de la comisión de profesores de instrucción primaria pública (Juan Ramos, Juan Rentería y Herculano Cortés), no contestaron las misivas que se les enviaron, pero remitieron un sustancioso donativo de $358.00 a principios de noviembre. Una sexta comisión quedó integrada por Blas Escontria, Felipe Muriedas y Matías Hernández Soberón,(47) quienes se encargaron de reunir los donativos provenientes de los sectores comercial y agrícola. Como comerciantes, Felipe Muriedas y Matías Hernández Soberón, pudieron conseguir no sólo los donativos de otros importantes comerciantes, sino que los dueños de los establecimientos pequeños reunieran fondos entre sus empleados. De esta forma, la cantidad de $2,505.75 obtenida por esta comisión fue la más alta de las colectadas a través de este medio.(48) Tres comisiones más estuvieron encargadas de obtener donativos: de los maiceros, Jesús Bustamante y Antonio C. Sánchez; del área de profesiones, artes y oficios, Teófilo Porras, Luis Aguerre y el Dr. Alejo Monsiváis; y del ramo de fincas urbanas, Juan Bustamante, Enrique Schroeder y Antonio Espinosa y Cervantes. El monto total de los donativos reunidos por estas tres comisiones auxiliares ascendió a $461.46. También se nombró una comisión de señoras, integrada por Luisa M. viuda de Cabrera, Emilia Cabrera de Salas, Francisca Othón de Muriedas y Catalina O. viuda de Tovar.(49) Aunque la documentación nos permite saber que la primera no aceptó y la segunda envió una carta accediendo a formar parte de dicha comisión, no es posible establecer cuál fue la labor desempeñada por este comité. Quizá su participación haya tenido que ver, al igual que la comisión de señoritas organizada en Ríoverde antes reseñada, con la organización de espectáculos públicos tales como conciertos, funciones teatrales o corridas de toros, pero no hay documentación que lo confirme.

Los donativos espontáneos

La organización de espectáculos públicos por parte de algunos ciudadanos potosinos fue otra fuente de obtención de donativos. El 18 de junio, el "aplaudido diestro potosino" Pedro Nolasco Acosta, ofreció al gobernador de San Luis Potosí "dar una corrida de toros cuyo producto líquido sirva para socorrer a los que sufren". Con el fin de que la función tuviera "los mayores productos que posibles sean", el gobernador instruyó a la Junta para que se pusiera de acuerdo con dicho torero; la Junta, a su vez, comisionó a los señores Marcelino Muriel, Juan Gutiérrez Castillo y Francisco Hernández

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Ceballos para que la organizaran. La corrida debía verificarse el 24 de junio, pero se pospuso en dos ocasiones, llevándose a cabo hasta el 3 de julio. El 8 de agosto los señores Muriel y Hernández Ceballos entregaron a la Junta el producto de este espectáculo, por un total de $221.03. Un segundo ofrecimiento fue el del regidor Diego Ramírez, quien manifestó haber organizado "una cuadrilla de jóvenes aficionados en tauromaquia", para dar una corrida posterior a la de Nolasco Acosta. Al mismo tiempo, el Sr. Eugenio Rojas ofreció hacer lo mismo con los empleados de los tranvías. Con el propósito de unir en una sola ambas propuestas, la Junta nombró un comité de siete personas que se encargaran de ello. A principios de octubre se solicitó a los comisionados que informaran si el espectáculo "podrá por fin verificarse, pues se quiere saber la cantidad líquida con que se puede contar para efectuar la reparación de fincas". Dos de los comisionados, Marcelino Muriel y Alberto López Hermosa, no contestaron; Juan Gutiérrez Castillo pidió se le eximiera "del cargo que me confirió" la Junta; uno más, Francisco Silva Monedero, respondió que la corrida de toros no podía verificarse porque "ya tuvo lugar en favor del fondo para las fiestas nacionales del 15 y 16 de septiembre y aunque se quisiera arreglar otra, no hay plaza disponible ni toros para ello"; los tres comisionados restantes, Diego Ramírez, Antonio Salazar y Lino Maldonado, declararon que iban "a dar principio al encargo que se nos confía", pero la Junta colectora debía conseguir plaza, reinas y hacer las invitaciones. Como cabe suponer, tantos inconvenientes impidieron que la corrida de toros, organizada por los aficionados para favorecer a los damnificados, se llevara a cabo. Otro evento organizado para favorecer a los inundados, consistió en un concierto celebrado el 1º de julio. Para darle mayor lucimiento, durante la función se distribuyeron los premios que los potosinos obtuvieron en la exposición industrial y comercial, celebrada en Nueva Orleans a principios de 1885. El producto de este espectáculo, por un total de $450.00, fue entregado a la Junta por Blas Escontria, quien fungió como tesorero del acto. Un ofrecimiento más fue el de la compañía dramática, la cual se comprometió a escenificar el 10 de julio una obra a beneficio de los inundados. Se pidió a Juan Bustamante, Jesús Monjarás e Ignacio Muriel que acordaran lo conveniente con el director de dicha compañía, encargo que aceptaron. La función se verificó el 14 de julio y el producto de $47.46, fue entregado cuatro días después al tesorero de la Junta. La entrega la efectuó Juan Bustamante, quien agradeció la cooperación de los otros dos comisionados y, quizá percatándose de los problemas por venir o harto de tantas comisiones, manifestó que tenía "urgente necesidad de salir de la ciudad" y pidió a la Junta "resolver de conformidad". Una última muestra de "filantropía" fue la de Manuel Gómez de la Casa, administrador y agente de la compañía dramática Solórzano y Galán Rivas. A través del vocal Teófilo Porras, Gómez de la Casa expresó a la Junta su deseo de "ceder la parte de los productos que le correspondían" de la representación celebrada el 28 de julio. En virtud de este ofrecimiento, el espectáculo contó con el apoyo de la Junta, lo cual fue convenientemente aprovechado por el agente, "pues el teatro se llenó como pocas veces a pesar de haber aumentado el precio de las principales localidades". Una vez realizado el evento, la Junta pidió al agente teatral en dos ocasiones, agosto 20 y septiembre 1º, que se sirviera cumplir con lo ofrecido, pero no obtuvo contestación. Ante este silencio, la Junta dirigió una carta al gobernador para ponerlo al tanto de la situación y "suplicarle tome las

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providencias conducentes a que la Junta no sea burlada, ni el público engañado, ni los inundados defraudados". El gobernador no respondió a la misiva de la Junta. A pesar de los numerosos problemas que tuvo que enfrentar en la organización y realización de estos espectáculos, la Junta reportó haber recaudado la cuantiosa cantidad de $732.48 a través de las diversiones públicas efectuadas en la ciudad de San Luis Potosí. Pero no sólo en los casos de diversiones públicas existieron dificultades en cuanto al cumplimiento de promesas. El Ayuntamiento de la ciudad acordó, el 21 de junio, erogar la suma de $200.00 "para socorrer a las personas que sufrieron con la inundación". Al principiar noviembre, se pidió al tesorero municipal "se sirva entregar la cantidad indicada que es lo único que falta para que esta Junta cierre sus cuentas", pero el funcionario nunca contestó.

EL REPARTO DE LOS DONATIVOS

El total de donativos recaudado en la ciudad de San Luis Potosí ascendió a $6,042.18, cantidad que sumada a las recibidas de las autoridades federales ($556.91), los estados ($5,664.58) y las Jefaturas Políticas potosinas ($2,470.80), hizo un total global de $14,734.47, reunidos a lo largo de cinco meses. Dicha cantidad debía ser distribuida entre los damnificados. La Junta nombrada por el gobernador a fin de colectar fondos para beneficiar a las víctimas de la inundación, no estuvo autorizada a distribuir los donativos que obtuviera. No obstante, la Junta recabó información sobre el número de familias alojadas en los improvisados albergues que se establecieron y se ocupó "de investigar minuciosamente las necesidades de las personas más urgidas". Con los datos obtenidos, la Junta solicitó y obtuvo la autorización del gobierno estatal para disponer de $500.00, con los cuales "socorrer a algunas familias [que carecían] del diario sustento y del indispensable vestido". En la petición, la Junta se comprometió a "proceder con la mayor reserva y justificación" en este reparto de fondos. Para distribuir entre los damnificados "más urgidos" los fondos autorizados por el gobierno, la Junta comisionó a su vocal Teófilo Porras, quien en cinco ocasiones (junio 18 y 25, julio 2, 7 y 15), recibió cantidades parciales de $100.00 cada una. Como la suma convenida en primera instancia resultó insuficiente, se pidió y obtuvo un nuevo consentimiento para disponer de $100.00 más, cantidad que fue entregada a mediados de agosto al mencionado vocal para su distribución. Al finalizar julio, la Junta acordó poner a disposición del Supremo Gobierno la cantidad de $7,012.36, producto líquido de lo colectado hasta ese momento. La relación de los donativos reunidos hasta el 2 de agosto, tanto de las cantidades entregadas "para ministraciones a inundados" como de gastos de papelería e impresión de volantes y recibos, fue enviada a los principales periódicos para su publicación.(50) Al publicarse esta relación, algún diario supuso, con razón, que ya se había iniciado la distribución de los fondos colectados. Ante esto, el periódico oficial se ocupó de aclarar que la comisión "encargada de tomar nota de los perjuicios originados por la inundación, no ha rendido aún su dictamen", pero en cuanto éste se tuviera, la junta distribuidora procedería al reparto "con la mayor justificación y equidad". A fines de julio, un sector de los damnificados hizo publicar una "manifestación de gratitud de los inundados de Tequisquiapan". En este escrito, catorce firmantes expresaron su

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