La situación en los estados norteños

Como la ayuda pecuniaria habría de ser solicitada al país entero, "desde el primer Magistrado de la República [...] hasta el que lleva sobre sus hombros el capital de su industria", la Junta comenzó por solicitar la cooperación de los representantes de las distintas autoridades políticas locales, estatales y federales, así como de las comandancias militares y obispados.

LA RESPUESTA FEDERAL

El 22 de junio, la Junta elaboró una serie de cartas dirigidas al Presidente de la República, a los ministros del gabinete y a los senadores y diputados por San Luis Potosí en el Congreso de la Unión. En la carta que la Junta dirigió al diputado por el estado de México, Ángel Carpio, lo nombró su representante en la ciudad de México, encomendándole entregar personalmente las cartas correspondientes a cada una de las autoridades federales mencionadas y colectar los donativos que éstas hicieran, los cuales debían remitirse al tesorero de la Junta colectora. El Dr. Carpio manifestó a la Junta haber cumplido con el primer encargo e informó que había organizado, en unión de algunos de los diputados por San Luis Potosí, dos espectáculos públicos a beneficio de los damnificados por la inundación: una zarzuela en el Teatro Nacional de la ciudad de México, que estaba próxima a realizarse, y una corrida de toros que aún estaba negociándose. Dos meses después la Junta pidió al Dr. Carpio que tuviera la bondad de comunicar el resultado de sus gestiones, pues se planeaba proceder al reparto de los fondos colectados. La respuesta a esta última petición nos ofrece los resultados obtenidos en la acción emprendida para obtener donativos de parte de los representantes del gobierno federal. En primer lugar, de las misivas enviadas a las autoridades federales, sólo tres fueron contestadas, las dirigidas al senador Manuel Medina, al diputado Eduardo Dublán y la del propio Dr. Carpio. En segundo lugar, el Presidente de la República, tres de sus seis ministros (Relaciones, Gobernación y Hacienda), uno de los cuatro senadores y seis de los once diputados, contribuyeron con el valor de su respectiva localidad para la función en el Teatro Nacional.18 Tercero, de los seis diputados, tres enviaron donativos personales: Justino Fernández ($50.00), Alberto Palacios ($50.00) y Eduardo Dublán ($100.00); este último también cooperó costeando la impresión de invitaciones, programas y boletos para la función de zarzuela. Cuarto, la remesa por el producto líquido de dicho espectáculo, que ascendió a $356.91, fue enviada a principios de septiembre, ya que se "estaba en espera de ver si se arreglaba la corrida de toros, pero ésta no pudo tener verificativo". En síntesis, con 23 cartas enviadas a las autoridades federales, se obtuvieron $556.91 en un periodo de dos meses y medio. Lo interesante de estos hechos es que en ningún momento las autoridades federales respondieron como aparatos político-rectores, sino a título individual. Ni el presidente Porfirio Díaz, ni el ministro de Relaciones tomaron cartas en el asunto; tampoco respondieron de manera oficial a las solicitudes de la Junta, dando la impresión de no tomar en cuenta el desastre y conmoción sufrida por una parte de la población de la capital del estado. Una explicación posible es que las autoridades federales consideraron que la Junta no tenía ningún sustento jurídico-administrativo oficial, a pesar de que el gobernador potosino descargó esa función en dicho comité y no en el Ayuntamiento como instancia política, desplazándolo así de su papel de intermediario entre los poderes políticos y la sociedad.(19) Además, en ningún

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momento hubo cartas oficiales del gobierno potosino solicitando ayuda al gobierno central. Esto pudo haber ocasionado que la Junta haya tenido sólo una representatividad local, sustentada en un reconocimiento tácito de su corta existencia, la cual correspondía a una función específica dentro de un momento histórico dado: el momento de la emergencia, provocado por el impacto del fenómeno natural en la sociedad o en un sector de ella.

LA RESPUESTA ESTATAL

Para solicitar la ayuda de los estados de la federación (véase mapa 1), la Junta envió dos cartas a cada uno de los gobernadores, la primera el 21 de junio y la segunda el 20 de agosto; a los jefes de las zonas militares el 24 de junio y el 23 de agosto y a los obispos y arzobispos de la República en junio 27 y agosto 27. La correspondencia resultante de estas peticiones cubre de principios de julio a fines de noviembre de 1887 y ofrece una visión de la situación del resto de los estados durante el segundo semestre de ese año. Las respuestas explican, al mismo tiempo, la actitud que adoptaron tanto las diferentes instancias estatales, como la población que éstas gobernaban, frente a una demanda de auxilio ante un desastre de origen natural. Vinculándola con la actitud adoptada, dicha correspondencia puede distribuirse en cuatro tipos de respuesta: 1) estados de los que no se recibió contestación a las cartas, ni enviaron donativos:

Aguascalientes, Campeche, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz; 2) estados de los que no se recibió contestación a las cartas, pero que enviaron donativos:

Coahuila y Nuevo León; 3) estados de los que se recibió contestación, pero ningún donativo: Chiapas, Chihuahua,

Durango, Guerrero, México, Morelos, Tabasco y Tlaxcala; 4) estados de los que se recibió contestación de parte alguna de las autoridades, así como donativos: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Oaxaca,

Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.(20) Es de señalar que, en las respuestas dadas por los estados, influyó el hecho de que 1887 parecía presagiar grandes problemas para la sociedad, pues las poblaciones de la provincia mexicana apenas se recuperaban de un año anterior lleno de inundaciones, sequías, plagas, heladas y nevadas. Los habitantes estaban esperanzados que el nuevo año trajera menos calamidades para sus ya vacíos estómagos y bolsillos.

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