Los donativos espontáneos

algodón, a lo que se unieron fuertes vientos que destrozaron sementeras, plantíos de árboles y casas de techos de paja. En Nuevo León, el inicio de la temporada de lluvias, a mediados de junio, frenó la emigración que, debido a la falta de agua, iban a realizar algunas familias. Durante los siguientes meses, la continuidad de las lluvias llevó a pensar que las cosechas serían abundantes, pero las prometedoras expectativas se desvanecieron a fines de septiembre, cuando la intensidad de las mismas provocó inundaciones en muchos de los pueblos del norte y oriente del estado neoleonés. Estas inundaciones ocasionaron la pérdida de gran número de casas, fincas y ranchos, el deterioro de varias obras públicas, particularmente ferroviarias, la destrucción de sementeras de maíz, frijol y otras semillas, así como de algunos plantíos de caña de azúcar, uno de los más importantes productos de comercio para los pobladores del estado. A la apremiante situación que en términos económicos representaron las pérdidas ocasionadas por la sequía y más tarde por el exceso de lluvias, habría que agregar que en ese momento las autoridades y la población neoleonesas centraban su atención en las elecciones que, para renovar el aparato estatal, se llevaron a cabo en agosto y septiembre de 1887 y, con las cuales, se pretendió restablecer el orden constitucional en la entidad, alterado desde fines de 1885 a consecuencia de las elecciones municipales. Mientras tanto en Coahuila, las heladas y escarchas que se presentaron de noviembre de 1886 a mediados de junio de 1887, provocaron la pérdida de las cosechas de algodón, frijol y maíz. En octubre, las fuertes lluvias ocasionaron que los alrededores de varias poblaciones se inundaran, malográndose las cosechas y muriendo varios centenares de cabezas de ganado mayor y menor. A la vez, apareció una epidemia de viruela que disminuyó la población.(34) En cuanto a los estados de Chihuahua y Durango, los efectos de la prolongada sequía y la subsecuente abundancia de lluvias mantuvieron ocupada la atención de sus respectivas autoridades. Sobre todo en Chihuahua donde, además, desde principios de mayo se estaban reuniendo víveres, vestidos y donativos para auxiliar a los afectados por la erupción de un volcán, fenómeno que había provocado "levantamientos de tierra" y temblores que, a su vez, ocasionaron la destrucción de gran cantidad de casas habitación.(35) Adicionalmente, Chihuahua atravesaba por una situación política difícil provocada por la división entre los miembros de su legislatura, lo que incluso requirió el arbitraje del Presidente de la República. En Sinaloa se vivía una situación similar a la de todo el norte, debido a la penuria ocasionada por la presencia sucesiva de sequía, lluvias y plaga de langosta. Estos eventos, al destruir las cosechas, habían producido escasez, alza de precios y especulación de los artículos de primera necesidad.(36) Además, un ciclón que tuvo lugar entre el 6 y 8 de octubre en las costas del Pacífico, provocó el desbordamiento de ríos y graves perjuicios en las poblaciones sinaloenses. Nayarit se vio gravemente afectado por este mismo ciclón, que "redujo a escombros" varias poblaciones, dejando más de cuatro mil damnificados tan sólo en una de ellas. La población de Sonora, afectada por la prolongada sequía y por las plagas de langosta, vivía una situación semejante a la descrita para Chihuahua, ya que varios pueblos al oriente del estado resultaron gravemente dañados por los terremotos de principios de mayo.(37) Por otra parte, el ciclón de principios de octubre en las costas del Pacífico, ocasionó la destrucción de algunas

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casas habitación y la inundación de varios pueblos al suroeste del estado, los cuales quedaron "en la más completa miseria".(38) En Tamaulipas, la sequía de mediados de 1886 ocasionó la pérdida de cosechas. A ello se agregaron los daños originados por una inundación acaecida el 22 de septiembre de 1886, tan violenta y destructiva, que el propio Presidente de la República pidió a los gobiernos estatales del país se sirvieran "promover suscripciones entre los habitantes para favorecer a las víctimas de esta catástrofe".(39) A mediados de 1887, la abundancia de lluvias produjo el crecimiento de los ríos e inundaciones en varias poblaciones. Finalmente, un ciclón ocurrido el 21 de septiembre terminó por hacer "angustiosa la situación de estas comarcas".

Condiciones naturales y respuesta estatal

Resulta evidente que las autoridades de prácticamente todas las entidades federativas de la República Mexicana estaban sumamente ocupadas en solucionar los efectos de fenómenos naturales adversos ocurridos en sus respectivos territorios. Debido a ello, sólo algunos tuvieron ocasión de contestar las misivas enviadas por la Junta colectora de San Luis Potosí y, menos aún, se encargaron de reunir donativos para enviárselos. No obstante las condiciones vividas por la población mexicana, el total recaudado en los estados para socorrer a los damnificados por la inundación en San Luis ascendió a $5,664.58. Aunque sólo trece de las treinta entidades existentes en ese entonces se solidarizaron efectivamente con la causa de San Luis, sorprende el apoyo obtenido por ésta en un país que, eminentemente agrícola, se vio empobrecido por las pérdidas de cosechas y ganados que, ocasionadas por sequías, lluvias, inundaciones, plagas y epizootias, redundaron en una intermitente escasez de productos de primera necesidad. Si a ello se agregan las epidemias que diezmaron la población; las pérdidas materiales ocasionadas por fenómenos atmosféricos y geológicos como los temblores, que en ese año en particular fueron abundantes; que la Iglesia emprendió colectas para cumplir objetivos propios y del calendario religioso; y que el Estado, con un erario en permanente déficit, también llevó a cabo recaudaciones públicas para tener fondos con qué satisfacer tanto la construcción de monumentos conmemorativos como las festividades del calendario cívico, asombra aún más que las acciones emprendidas para obtener fondos con los cuales auxiliar a las víctimas de los desastres naturales, invariablemente contaran con el decidido apoyo económico de la población. Esto sucedió no sólo para San Luis Potosí, sino para todos los casos en que se solicitó y se recibió la colaboración de los estados de la federación para socorrer a las víctimas de eventos naturales de gran envergadura, tal como ocurrió durante 1886 a favor de Tamaulipas y Oaxaca, o durante 1887 para Nayarit. No obstante la respuesta obtenida de los gobiernos estatales, oficialmente sólo los de Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas enviaron dinero, siendo la aportación hidalguense la más sustanciosa, a pesar de los problemas que sus pobladores enfrentaban debido también, como se ha visto, a la presencia de fenómenos naturales destructivos. Muchas de las respuestas de los gobernadores se redujeron al cumplimiento de sus funciones, en términos de dar a los jefes políticos las órdenes pertinentes para que se avocaran a recolectar dinero entre los habitantes de sus respectivas jurisdicciones. Es

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