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24.Noviembre.2020
BOLIVIA · Año 1 · Mes 6 · Edición # 152· www.publiagro.com.bo
Arranca operativo para garantizar la inocuidad en la venta de pollo en mercados de Santa Cruz
AGRÍCOLA
Saipina amplía a 120 hectáreas la producción de uva en cuatro años
El promedio de producción ronda entre 25 y 30 toneladas de uva por hectárea. Son 70 vitivinicultores que venden su oferta en Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba
PECUARIO
Disminuye la población de ganado camélido en Tarija El SENASAG, la Alcaldía municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociación de Avicultores cruceños iniciaron un trabajo coordinado de fiscalización y control destinado a evitar que la población consuma este rubro alimenticio en mal estado.
Los mataderos registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) cumplen con las buenas prácticas de faena, cuidando la higiene, para ofrecer al consumidor final carnes de un producto libre de bacterias, es decir totalmente inocuo, sano y nutritivo.
Hasta el 2018, en Bolivia se registraron más de 3,1 millones de camélidos, entre llamas y alpacas. En el departamento de Tarija se contabilizó una producción de 15.913
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Bajo caudal de La Angostura afecta la siembra de maíz en Cochabamba El vicepresidente de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego de La Angostura, Vladimir de la Barra, indicó ayer que los productores se encuentran preocupados por el bajo nivel del embalse ante la falta de lluvias debido a que esto pone en riesgo la siembra de maíz choclero.
E
l agua ha disminuido mucho. Seguimos regando hasta llegar a la marca, esta semana más sacaremos y con eso hemos terminado con el riego. Antes, por unidad sacábamos cuatro turnos; ahora estamos con tres. Esta gestión, el almacenamiento no ha sido bueno”, subrayó.
déficit de recurso hídrico, la Gobernación convocó a una reunión a los regantes y a la Asociación de Recreación Náutica para evitar conflictos. Precisó que los más perjudicados con la disminución del caudal son lo productores de valle bajo y la zona sur de Cercado.
Al 100 por ciento, la laguna puede almacenar 100 millones de metros cúbicos del líquido vital. Esto equivale a siete metros de altura.
De la Barra comentó que, el pasado viernes, por el
“En la unidad sur no pudimos cubrir Cotapachi ha-
Actualmente, con el agua de la presa, 5 mil
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cia el lado de Quillacollo y la Maica en Cercado. En el Norte tampoco pudimos cubrir todo en Tiquipaya”, sostuvo.
agricultores riegan alrededor de 3.800 hectáreas de terreno productivos. El representante dijo que el límite para que los regantes retiren agua es de 75 centímetros, de acuerdo al último estudio de batimetría, y añadió que la situación es crítica porque esperaban que las precipitaciones empiecen en octubre.
/Los Tiempos
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Saipina amplía a 120 hectáreas la producción de uva en cuatro años El promedio de producción ronda entre 25 y 30 toneladas de uva por hectárea. Son 70 vitivinicultores que venden su oferta en Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba
E
l municipio de Saipina, segunda sección municipal de la provincia Manuel María Caballero, distante 250 km al suroeste de la capital de Santa Cruz, es el nuevo polo de producción de uva de mesa del departamento. Con datos de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación cruceña, la superficie cultivada de uva creció de 50 a 120 hectáreas en los últimos cuatro años. En la provincia Florida los viñedos abarcan 80 hectáreas, mientras que en Vallegrande suman 60 hectáreas. “Hace unos cinco años, junto a una comisión de agricultores y autoridades del pueblo, visitamos Tarija y recorrimos varias viñas donde producen uva de mesa y de vinos. Me entusiasmé, traje 500 plantas y los animé a mis hermanos a incursionar en la producción de uva.
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Hoy el área cultivada abarca 10,5 hectáreas y los resultados productivos y económicos obtenidos han sido atractivos”, afirmó Yamil Salazar, que se dedica a la vitivinicultura. Dio cuenta de que la uva desplazó en preferencia a otros cultivos y que hoy por hoy se ha convertido en la principal actividad y fuente de ingreso de los productores de la zona. Anotó que el precio estable de la uva -en la zona el clima favorece a la cosecha fuera de la época- motivó a muchos productores a apostar por el cultivo de la uva. Indicó que las variedades sembradas en las viñas de Saipina (Cardinal, Italia y Red Globe) se han adaptado muy bien al suelo de la zona. En su caso, dijo que, en pequeña escala, cultivó variedades de uvas para destilar vino y que los resultados obtenidos fueron muy buenos. “El otro paso será pro-
ducir vinos artesanales”, mencionó. Ariel Osinaga, presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Saipina, afirmó que en la cobertura sembrada de uva abarca 120 hectáreas (hace cuatro años eran 50 hectáreas), de las que un 60% está en fase plena de producción. Calcula que el otro 40% seguirá igual rumbo entre las gestiones 2021y 2022. Osinaga afirmó que si bien la inversión en la producción de uva es alta -estiman de $us 40.000 a 50.000 por hectárea- el retorno y las utilidades que se generan a partir del tercer año que la viña entra en producción condicionó la incursión de al menos 70 agricultores al cultivo de uva. Es más, comentó que muchas personas nacidas en Saipina que migraron a Europa, Asia y EEUU en busca de mejores condiciones de vida, se han
enterado de los resultados productivos y de la rentabilidad del cultivo de la uva, y han retornado para refugiar su dinero en la producción de uva. En el ámbito productivo, Osinaga refirió que cosechan, en promedio, de 25 a 30 toneladas de uva por hectárea. Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba son las tres principales plazas comerciales de la uva producida en Saipina. Asistencia de la Gobernación Desde Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa CRuz, el secretario Luis Alberto Alpire, manifestó que Saipina se ha convertido en un potencial productor de uva, cuyos agricultores de la zona son apoyados de forma consecutiva, mediante las estaciones meteorológicas y el pronóstico, como también asesoramiento técnico, para que planifiquen su producción y minimicen los riesgos de pérdidas de sembradíos por eventualidades climatológicas, heladas o nevadas. “Mediante el proyecto del JICA, Promoción de la Cadena Inclusiva de Valor Alimentaria (Prociva), vamos a promocionar la cadena productiva del durazno, miel, manzana, hortalizas agroecológicas e incluiremos la uva, para que el sector crezca más”, dijo Alpire. /El De-
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Ambientalistas: Empleo en el sector soyero, en la cuerda floja de la sostenibilidad
Hay desinformación sobre la población ocupada en la producción de soya, la precariedad del empleo y las necesidades para mejorar su calidad de vida.
E
s una nublada mañana de verano, la carretera que va de Santa Cruz a Cuatro Cañadas se llena de camiones que transitan libres en la etapa de posconfinamiento. Alrededor, el paisaje tiene un dominante color marrón característico después de la cosecha de invierno y el verde se atisba en las filas de árboles que delimitan el terreno como un gigante tablero de ajedrez, son los rompevientos que no se talaron para proteger a los cultivos de las fuerzas de la naturaleza. Esta es una zona destacada por la producción de soya para la exportación y la industria de aceites. Indagar sobre la cantidad de empleos que se generan no es tarea fácil. Lo visible es la falta de información que provoca falsas expectativas en el mercado laboral y políticas públicas débiles en la generación de empleo de calidad. “Se sabe muy poco, está casi todo automatizado y es un rubro que no requiere de mucha mano de obra. En empleos directos, no es elevado, y en los indirectos
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entran el transporte, los gomeros y mecánicos, las personas que venden comida afuera de las plantas, restaurantes, las empresas que venden semillas, equipos, repuestos, herramientas, empresas que tiene que ver con actividad agropecuaria en general”, advierte el director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo. El Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Anuario 2019 Digital, registra en el último trimestre del año pasado a 1.976.471 personas ocupadas en agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. De ese monto, el 71,48% corresponde a la población de 14 años o más de edad ocupada en esa categoría, cerca de un millón y medio de personas. Comparando con el último trimestre de 2015, ingresaron 202.443 personas en este sector económico. Sin embargo, la cifra de los empleos en el sector soyero no se divulga, a pesar de la solicitud respectiva conforme al decreto supremo vigente de acceso a la información pública.
Un estudio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas de 2010 detalla que había 14.000 productores de soya, de los cuales 280 eran grandes empresas, 2.800 medianas empresas y 10.920 pequeños productores. Datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ratifica esa cifra en 2019, enfatizando que el 80% son pequeños. Sin embargo, la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente registra a unos 45.000 pequeños productores de soya. “En la CAPPO somos 96.600 productores en Santa Cruz y cerca del 50% se dedica al cultivo de la soya y la otra mitad a hortalizas, otros granos, crían gallinas, producen queso, etc. Es hartísima gente, que se sacrifica para dar seguridad alimentaria”, precisa su presidente, Isidoro Barrientos. Para Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, la pregunta central es si realmente este sector emplea tanta gente de manera directa o indirecta como se dice. “Vemos que las zonas soyeras o agroindustriales, que corresponden a las zonas de expansión (norte y este de Santa Cruz) han absorbido alrededor de 5.000 trabajos o empleos agropecuarios. Otros 6.000 están en zona de colonización (San Julián o Yapacaní) y el resto están en la categoría ‘resto de Santa Cruz’ con 21.000 personas ocupadas. Estos datos están poniendo realmente en duda el argumento central de la narrativa sobre el empleo, que no se pone a debate. Estamos hablando de 5.000 empleos
frente a un millón. Reynaldo Díaz, de la CAO, ha dicho que la actividad agropecuaria genera un 32% del empleo directo-indirecto en el país y eso es hablar de millones”, cuestionó el investigador en el panel virtual Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia. “La desinformación es un problema para la democracia, es una herramienta para influir con mentiras y polarizar a la ciudadanía”, advierten en Maldita.es, un medio español dedicado a verificar información y formó parte del Grupo de Alto Nivel sobre fake news y desinformación nombrado por la Comisión Europea en 2018. En Bolivia, después de los incendios en la Chiquitania en 2019, al menos dos tendencias se observan en las redes sociales: los que destacan el aporte del sector soyero a la economía y quienes consideran que son destructores del medio ambiente. Grandes empresarios y pequeños productores son incluidos en ambos extremos. Debate con varias aristas y una es el empleo. “Llegué a Cuatro Cañadas cuando las carreteras eran de terraplén, había unas cuántas casas. Empecé a trabajar de jornalero, de guía. Luego comencé a sembrar media hectárea de frejol, después maíz y luego soya. Tenía una casita de maderita y calamina. Vivía solo, luego tuve mis trabajadores y gracias a Dios hasta el momento, seguimos. Nos caímos, nos levantamos por la sequía y los cambios climáticos”, recuerda Isidoro Barrientos. Han pasado más
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AGRÍCOLA · NACIONAL de 30 años desde que dejó su comunidad en el municipio Icla, provincia Jaime Zudáñez de Chuquisaca; hoy es un pequeño productor de soya en Cuatro Cañadas y presidente de la CAPPO. Sus mejores cosechas las obtuvo en los años 2003 y 2014. “Esos años cosechamos casi cuatro toneladas de soya y llegó a casi 400 dólares la tonelada. Los peores años fueron el 2008, 2016, 2017 y hasta el 2019 venimos perdiendo. Menos mal este invierno 2020 no fue tan malo y nos dejó para respirar de las deudas”, comenta con esperanza. Agricultores cruceños, migrantes, menonitas, extranjeros, comparten con sus diferencias, parte de esta historia: “No es malo, pero era complicado quitar la maleza y manejar la enfermedad de la roya, por esa razón hemos dejado la soya convencional y apareció la resistente al glifosato. Optamos por la transgénica, abarata los costos de producción, facilita la rotación de cultivos, da mayor cobertura y manejo del suelo y permite tener semilla de ciclo corto para escapar de las enfermedades y de la sequía”, detalla Barrientos. En abril de 2005, el gobierno de Carlos Mesa emitió la resolución para el uso de Soya RR, aunque un par de años antes ya se hacían pruebas sin permiso gubernamental. 15 años después, el 90% de los cultivos utiliza semilla transgénica. “Si llueve 30, 40, 80 mililitros hay que esperar a que penetre el suelo. La humedad te aguanta tres días y tienes ese tiempo para sembrar. En 50 hectáreas tienes que acabar en una noche sin parar”, detalla Barrientos. A los costo de personal, desde operarios hasta choferes e ingenieros se suman otros. El alquiler de una sembradora para una hectárea vale unos 100 dólares. El servicio de fumigación se realiza de cuatro a ocho veces mientras crece la planta y cuando están listas se les aplica secante para acele-
rar la cosecha. Pero si llueve y no llegó la cosechadora, pierden todo. En general, no hay registro de contratos, facturas o pago de beneficios. El empleo formal se da en la contratación de los técnicos. “Puede lograr un contrato fijo de 2.000 o 5.000 bolivianos en una campaña (un par de meses). Un ingeniero agrónomo se las está jugando y puede trabajar hasta 18 horas, son trabajos de explotación y autoexplotación, si no ha sido capaz de ganar a la plaga y tener rendimientos es despedido. Monitorean en el día bajo el sol y sigue durante la noche porque es cuando salen los insectos y el nivel de rocío y humedad facilita la fumigación”, detalla Crespo. Hace más de 40 años, los trabajadores asalariados del campo reclaman su incorporación a los beneficios de la Ley General del Trabajo. Una demanda que durante los gobiernos neoliberales fue sistemáticamente ignorada por gobiernos interesados en favorecer a los sectores agroexportadores y continuó en el de Evo Morales, enfatiza el investigador Enrique Ormachea, en la publicación “Tierras y Producción Agrícola: A 13 años del gobierno del MAS”. “En agricultura nunca recibimos un aguinaldo. El pequeño productor no tiene seguro social en un hospital, no percibe un sueldo, un seguro de vida, un seguro agrícola”, precisa Barrientos. “En realidad, el pequeño productor es solo un obrero que pone sus tierras y su mano de obra, si vale el término, pero el que se lleva la parte grande es la empresa. Si él quiere hacerse independiente y vender por su cuenta es muy difícil, para eso está el bróker que agarra cupos de 5.000 a 10.000 toneladas para entregar a las industrias”, explica Crespo. Cerca del 90% del financiamiento para los pequeños productores no es del sector formal, proviene de las empresas que financian la
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campaña con el objetivo de recibir el grano. Si obtiene 100 toneladas de soya y el precio está en 270 dólares la tonelada, podría obtener 27.000 dólares, pero le descuentan el valor de la semilla, de los agroquímicos, el alquiler del tractor, y suman descuentos por la calidad del grano. El ingreso promedio mensual para los ocupados en agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, subió a 1.359 bolivianos en el 2019, según el INE. Sin embargo, esta población es la que menos percibe en comparación con otros sectores de la economía. Varias voces de instituciones nacionales e internacionales impulsan la necesidad de cambiar el modelo extractivista de la soya por un modelo sostenible, agroecológico y responsable. Un sistema que, además de generar empleos de calidad, apunte a la consolidación de empresas formales y sostenibles. “Tiene que hacerse bajo otro modelo porque el actual es un explotador de mano de obra. Hay normas vigentes, pero no hay voluntad política de hacer los cambios porque es más fácil fomentar y promover el agronegocio y el agroextractivismo. Hay un mercado insatisfecho que pide soya orgánica, hay una demanda internacional de 50 millones de toneladas anuales, nosotros producimos dos millones de toneladas”, revela el director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo. “Para que no falte comida, la población necesita estar bien, los jóvenes necesitan nuevos empleos, nuevas creatividades”, plantea Isidoro Barrientos, productor de soya en Cuatro Cañadas y presidente de la Cappo. Y enumera cuatro acciones inmediatas. Una, los gobiernos nacional y subnacionales deben tomar más en cuenta al pequeño y mediano productor con políticas y normas bien cumplidas. Dos, el pro-
ductor tiene que aprender a convivir con los cambios climáticos y ser más coherente con el manejo del medio ambiente para evitar sufrimientos. Tres, se necesitan créditos accesibles que apalanquen y no aprieten. Cuatro, sin importar el color político los privados y públicos tienen que sentarse a definir las necesidades del sector soyero y el uso de biotecnología adecuada. El impacto de los monocultivos, la tenencia de la tierra y la ampliación de la frontera agrícola, también son parte del debate. El cultivo de la soya en Bolivia se inició en 1960 con la llegada de colonias extranjeras a Santa Cruz. El azadón era clave para eliminar las malezas. “Por ejemplo, para 50 hectáreas tenía que conseguir 100 personas por 10 días y se les pagaba 30 o 40 bolivianos por día, se les daba la comida y las herramientas. Los años pasan y la ciencia y la tecnología también van mejorando, vamos a la mecanización, se va ampliando la frontera agrícola y ahora la gente ya no quiere trabajar como antes, quieren todo lo facilito y rápido. Ya no hay sacrificio”, señala el pequeño productor Isidoro Barrientos. Hasta el 2004, las mujeres trabajaban haciendo el deshierbe. En la actualidad se necesita una sembradora, con dos personas como máximo. En el fumigado otro par o sólo la persona que maneja la avioneta. Para recoger el grano está la máquina cosechadora y el camión donde se deposita el grano, máximo tres personas. Hay trabajo para el chofer y su ayudante y los ingenieros agrónomos. En los silos hay un sistema computarizado para registrar el peso del camión y poco personal que hace el análisis del nivel de humedad y calidad de la soya para pagar al productor. Existen unas 30 empresas ligadas a la actividad soyera, la cantidad de empleo en las industrias y en la exportación aún no se divulga. /Página Siete
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PECUARIO · NACIONAL
Disminuye la población de ganado camélido en Tarija Hasta el 2018, en Bolivia se registraron más de 3,1 millones de camélidos, entre llamas y alpacas. En el departamento de Tarija se contabilizó una producción de 15.913
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on Osvaldo Fernández tenía 200 cabezas de ganado camélido que pastaban por la serranía de Yunchará durante las horas diurnas de las jornadas, sin embargo, este año los pastizales parecen haber perdido volumen y la reproducción de los animales no fue “bendecida” como años anteriores. Según los pronósticos y estudios que le dijeron, este 2020 Bolivia terminará con un decrecimiento de un 7,9 por ciento en el sector de la ganadería camélida, lo que significará la profundización de la crisis económica en las familias dedicadas a la cría de llamas en la región. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Camélidos, Alberto Cortez, explicó que a consecuencia de la pandemia, la sequía y la falta de alimento para el ganado la producción disminuyó sustancialmen-
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te, por lo que pensar en una exportación de los derivados de la carne de llama, que era un plan de reactivación, es apresurado, ya que no se cumplen estándares internacionales. Los ganaderos gestionaron ante el Gobierno ayuda, pero la misma no fue posible y se declararon en emergencia. “Nosotros hemos solicitado a nivel departamental que mediante el Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) se pueda ayudar con algo de forraje para el criado de llamas, pues la emergencia es grande y el problema no solo es en Tarija sino a nivel nacional”, expresó. La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) sancionó la Ley Departamental de Camélidos, que tiene el objetivo de promover el desarrollo de la producción de camélidos. El presidente de la ALDT;
Guillermo Vega, explicó que es importante fortalecer la producción local e intensificar la crianza de llama y alpaca en los municipios que tienen las características en su ecosistema para beneficiar el desarrollo de estos animales. “Es importante generar mecanismos legislativos para reactivar la economía y la producción regional, y de esta manera cubrir nuestro mercado local y en un futuro más cercano expandir al mercado nacional y exportar a mayor escala la carne de llama, trasformar el cuero y la lana en artesanías locales”, explicó. La norma establece las bases de la producción y promoción del camélido, además de garantizar la sostenibilidad en el tiempo, mediante políticas producción del forraje, capacitación técnica a nuestros productores. También permitirá garantizar la investigación y el mejoramiento genético, entre otros puntos que son importantes para la sostenibilidad de la comercialización de todos los productos derivados de los camélidos. Por su parte, el asambleísta proyectista de la Ley, Basilio Ramos, señaló que los beneficiarios de esta normativa serán los municipios de Yunchará, El Puente, San Lorenzo, Cercado, Uriondo, Padcaya y Entre Ríos. Hasta el 2018, en Bolivia se registraron más de 3,1 millones de camélidos,
entre llamas y alpacas. En Oruro 1,1 millones de cabezas; en La Paz, más de un millón; en Potosí, 798.281; en Cochabamba, 137.246; en Chuquisaca, 6.956 y en Tarija, 15.913 (sólo llamas), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mismo estudio se indicó que el ganado camélido en Suramérica alcanzó cerca de 10 millones, de los cuales aproximadamente el 60 por ciento se encontraba en preña y alrededor del 20 por ciento en mortandad al nacer por varias circunstancias. La sequía causa la muerte de llamas Durante la presente gestión, las lluvias no cayeron sobre el campo abierto de la zona alta para que los pastizales se desarrollen. El hambre y la sed son parte de las luchas diarias tanto de sus pobladores como de sus animales, y el ganado camélido fue principalmente afectado durante el 2020. Los pobladores pidieron a las autoridades proyectos de atajados de agua y forraje para alimentar a los animales. /El País
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POLÍTICA · NACIONAL
Planta de urea parará unos seis meses más y pérdidas alcanzarían a $us 364 millones El departamento deja de recibir 700 mil dólares por cada día de pausa. En 11 meses, no se generó casi 236 millones de dólares. A esa cifra, se sumará más de 128 millones en medio año que seguirá inactiva.
L
a planta de urea y amoniaco ubicada en Bulo Bulo, en la región del Trópico de Cochabamba, está paralizada desde noviembre de 2019. El departamento deja de generar más de 700 mil dólares cada día por inactividad. Se prevé que vuelva a operar en unos seis meses, cuando las pérdidas asciendan a unos 364 millones de dólares. El presidente de la Cámara Departamental de Hidrocarburos y Energía de Cochabamba, Cristian Torrico, informó que realizaron un cálculo parcial que prevé aproximadamente 350 mil dólares por el diagnóstico de la planta y su reactivación (diagnóstico, evaluación e inicio de operación) demandará más de un millón de dólares. Para ese trabajo, dijo que se necesita entre tres a seis meses.
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“La planta de amoniaco y urea está paralizada y su reactivación significa un monto económico que se considera pérdida para el estado boliviano. Se debe iniciar los procesos legales a las autoridades transitorias porque no es posible que Bolivia haya y esté perdiendo tanto dinero a raíz de una mala administración y con medidas equivocadas en la gestión de transición”, manifestó. PÉRDIDAS Según un reporte del director de Desarrollo Industrial, Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Cochabamba, Moisés Quispe, la planta, cuando aún funcionaba, producía 2.100 toneladas de urea al día. Cada medida se cotizaba en aproximadamente 340 dólares, es decir, que las pérdidas diarias son de 714 mil dólares. Haciendo cálculos, en los
11 meses de paralización se hubiese producido 693.000 toneladas de urea equivalentes económicamente a casi 236 millones de dólares perdidos. Ahora, su reactivación demorará entre tres a seis meses. Si su reapertura fuera en el tiempo menor la pérdida sería de más de 64 millones de dólares más. Si se da en seis meses será el doble de ese monto, es decir, más de 128 millones de dólares. El departamento perdería casi 300 millones de dólares si la planta se paraliza 14 meses, considerando los tres próximos meses. Si la inactividad llega a los 17 meses, seis meses más, la perdida alcanzará poco más de 364 millones de dólares. “Es vergonzoso, penoso y doloso para el Estado perder significante cantidad de dinero”, manifestó Torrico considerando los montos económicos que se han perdido y que aún se dejará de generar por la paralización de la planta de urea y amoniaco. PROBLEMAS Torrico manifestó la importancia de realizar el diagnóstico de la planta de Bulo Bulo debido a que hay varios instrumentos y máquinas que han estado paradas y que suponen requerirán cambio de piezas y otros aspectos. Al respecto, el asambleísta Freddy Gonzales, hace
unos días, manifestó que la falta de experiencia del personal de la planta provocó daños en la turbina 101JGT el pasado 5 de septiembre. “Esta turbina es el corazón de funcionamiento de la planta de urea y amoniaco. Lamentablemente, algunas personas han cambiado partes, abrieron equipos patentados sin criterio ni presencia del fabricante u otro asesor para evitar estos problemas”. Conoció que, desde los cargos de gerencia de Industrialización y dirección de la planta, los sueldos oscilaban entre 30 mil y 40 mil bolivianos, siendo una planta que ha estado paralizada desde noviembre de 2019. “Pedimos que se haga una auditoría a la gestión transitoria. Debemos saber qué ha pasado para establecer quiénes son los responsables de los daños en la planta y estamos solicitando al Ministro de Hidrocarburos que nos autorice una inspección al lugar para constatar y verificar los problemas causados”, manifestó. Añadió que se prevé que la planta inicie operaciones en 25 a 30 semanas, es decir, unos siete meses más de paralización, de acuerdo con el informe que recibió el asambleísta departamental. /Opinión
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Arranca operativo para garantizar la inocuidad en la venta de pollo en mercados de Santa Cruz El SENASAG, la Alcaldía municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociación de Avicultores cruceños iniciaron un trabajo coordinado de fiscalización y control destinado a evitar que la población consuma este rubro alimenticio en mal estado.
E
l SENASAG departamental, la Alcaldía de Santa Cruz y la Asociación de Avicultores iniciaron un trabajo en conjunto y coordinado para garantizar la inocuidad de la carne de pollo con la finalidad de cuidar la salud de la población. El referido trabajo tiene como uno de sus principales objetivos la prevención de las emergencias sanitarias en los consumidores, ofreciéndoles pollos criados en condi-
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ciones de alta seguridad sanitaria. Los mataderos registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) cumplen con las buenas prácticas de faena, cuidando la higiene, para ofrecer al consumidor final carnes de un producto libre de bacterias, es decir totalmente inocuo, sano y nutritivo. Esa carne de pollo, según el reporte enviado a nuestra redacción por el SENASAG, proviene de granjas
y mataderos registrados y controlados por ese organismo público, así como el gobierno autónomo municipal. En este sentido, SENASAG recomienda a los comerciantes que adquieran carne de pollos de los mataderos registrados por ese despacho oficial, en virtud a que estos cuentan con el respectivo registro sanitario. Asimismo, disponen de la guía de registro animal para el traslado correcto de ese rubro alimenticio
hasta el centro de comercialización. Los tres entes involucrados en este operativo formularon un llamado a los que comercializan la carne de pollo en forma ilegal para que se abstengan de hacerlo por cuanto los están controlando. /Publiagro
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