Periódico Digital A G R O P E C U A R I O 22.Septiembre.2020
BOLIVIA · Año 1 · Mes 4 · Edición # 99 · www.publiagro.com.bo
Productores de semillas advierten que solo un 45% de los campos usa variedades certificadas
PECUARIA
Bolivia triplica valor y volumen de exportación de carne bovina
De enero a julio de este año, el valor de las exportaciones de carne bovina boliviana alcanzó a $us 28,7 millones, es decir tres veces lo registrado en similar periodo de 2019 cuando llegó a $us 9,3 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recopilados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).PA.12 FIORESTAL
ABT confirma 26 incendios activos y anuncia diez nuevas denuncias ante Ministerio Público
La Asociación de Productores de Semillas (Asosemillas), se declaró en emergencia debido al menor uso de semillas legales y su progresivo descenso, desde hace varias campañas en cultivos de arroz, soya, maíz y trigo, llegando a tener un uso de semilla certificada que no supera el 45%, en promedio.
De acuerdo con los cálculos de Asosemillas alrededor de un 55% de los campos agrícolas de Santa Cruz, Beni y la provincia Gran Chaco de Tarija son sembrados con semillas ilegales que no cumplen las normas de certificación. PAG.6
El director de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) Víctor Hugo Añez informó este lunes que al momento se tienen 26 eventos de incendios activos, la mayor parte en el departamento de Santa Cruz y seis en el Beni a donde se enviaron refuerzos con cuadrillas de bomberos y apoyo logístico.PAG.26
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AGRÍCOLA · NACIONAL
Productores de San Julián exigen puesta en vigencia de +la biotecnología para soya, maíz, algodón, trigo y caña de azúcar Unas 15 organizaciones productivas rechazan la consulta popular para el uso de los transgénicos que mejorarían los rendimientos. Activistas alertan daños en la salud y el medioambiente
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nas 15 organizaciones del norte de San Julián (Santa Cruz) plantearon la necesidad de dar curso el Decreto Supremo 4232 que establece la evaluación de cultivos genéticamente modificados como las semillas de soya, maíz, algodón, trigo y caña de azúcar. Los productores consideran que esto permitirá el acceso a la biotecnología y que esta repercutirá en una mejora de los rendimientos, en una reducción de los costos de producción y en una mayor resistencia, de los cultivos, a las plagas, enfermedades y a los cambios climáticos, en especial el de la sequía. Tras mantener una reunión de emergencia dichas organizaciones determinaron: Primero. Ratificar la necesidad de usar y tener accesos a la biotecnología Segundo. Rechazan la acción popular interpuesta por grupos activistas, que a criterio de los productores perjudican al desarrollo del país. Tercero. Exigen a la Cámara de Diputados y Senadores elaborar a corto plazo un proyecto de ley sobre biotecnología. Cuarto. Apostar por la biotecnología en zonas productivas que necesitan potenciarse. Quinto. En caso de resultar
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un fallo en contra de la biotecnología las organizaciones productivas se verán a tomar medidas de acción. Cabe recordar que la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz difirió la audiencia, para el 25 de septiembre, de la acción popular que debía resolver la posibilidad de avanzar para adoptar nuevos eventos biotecnológicos en su sistema de producción agrícola. La medida jurídica fue planteada por organizaciones agroecológicas y activistas que exigen vetar la
tecnología. Rechazo a los transgénicos El colectivo Bolivia Libre de Transgénicos con el aporte de investigadores de distintos países informó que el uso de semillas transgénicas representa un grave riesgo para la salud humana, acelera la erosión de la biodiversidad y daña al medioambiente por el uso intensivo de plaguicidas. María Lohman, integrante de dicha plataforma, explicó que los decretos 4232/20 y 4238/20 son una amenaza para las semillas nativas de Bolivia, particularmente so-
bre variedades autóctonas de maíz. Lohman sostuvo que al optar por los transgénicos generará un aumento en el uso de plaguicidas que tendrá un efecto negativo en la salud pública y comunitaria, así como en la calidad ambiental. /El Deber
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AGRÍCOLA · NACIONAL
Productores de semillas advierten que solo un 45% de los campos usa variedades certificadas Asosemillas indicó que los cultivos de arroz, soya, maíz y trigo en un 55% usa semillas ilegales, situación que afecta al sector
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a Asociación de Productores de Semillas (Asosemillas), se declaró en emergencia debido al menor uso de semillas legales y su progresivo descenso, desde hace varias campañas en cultivos de arroz, soya, maíz y trigo, llegando a tener un uso de semilla certificada que no supera el 45%, en promedio. De acuerdo con los cálculos de Asosemillas alrededor de un 55% de los campos agrícolas de Santa Cruz, Beni y la provincia Gran Chaco de Tarija son sembrados con semillas ilegales
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que no cumplen las normas de certificación. “El semillerista, nunca dejó de abastecer al sector productivo con semilla, siempre mantuvo la cantidad, la innovación y el desarrollo de la misma, inclusive, con nuevas tecnologías, para satisfacer sus demandas”, precisaron desde Asosemillas. La entidad hizo notar que es el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), el ente regulador y la única autoridad competente por ley, en el control de comercio de se-
millas que en los últimos años muestra una curva descendente colocando el uso de semilla certificada en 2019, en los mismos volúmenes de la gestión de 2009. Esta situación, de acuerdo con los productores de semillas pone al sector (obtentores, multiplicadores, prestadores de servicios y comercializadores), en una situación insostenible, cerrando programas de investigación y desarrollo en los cultivos de soya y maíz. Asosemillas recalcó que la semilla es la base de la producción agrícola y el primer
y más importante insumo de la producción, por lo tanto, la crisis generada en este sector, pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria nacional, por lo que pidieron a las autoridades competentes tomar las respectivas acciones para revertir la situación. /El De-
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AGRÍCOLA · NACIONAL
Enólogos bolivianos destilan un singani que concentra de 67 kilos de uva en una sola botella Un grupo enólogos bolivianos logró producir un singani con una concentración de 67 kilos de uva por cada botella y 10 años de reposo, lo que representa un hito en la industria vitivinícola del país, explicaron a la ABI los responsables del proyecto.
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e trata de un producto innovador en cuanto a sus características técnicas y bases científicas", explicó este domingo el enólogo y gerente de producción de Bodegas Kuhlmann, Franz Molina Conzelmann, el principal responsable de la iniciativa. "El proyecto de singani Herencia nació en 2008, cuando comenzamos a realizar las primeras investigaciones con aval científico", contó el especialista. A lo largo de la investigación, los enólogos descu-
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brieron que se podía mejorar el tradicional proceso de producción del singani no solo gracias a la tecnología incorporada, sino a la forma de elaboración del vino base para el destilado. Para crear una botella de Herencia, se utilizaron 67 kilos de uva Moscatel de Alejandría, puesto que solamente se usa núcleo del corte del corazón de la destilación. "Esta característica lo posiciona como el producto más puro del mercado", precisó Molina. El producto boliviano es reconocido a escala mundial
por que posee nombre de origen, lo que significar que ningún país puede producir un producto igual ni parecido. El primer lote de Herencia cuenta únicamente con 3.000 botellas, pues se trata de un producto exclusivo que necesita reposar durante 10 años en tanques de acero inoxidable para lograr sus características organolépticas perfectas. La bodega genera empleos a más de 50 familias productoras de vid, además de tener políticas de inclusión de género, que impulsan
una contratación igualitaria de mujeres. "Con su visión amigable con el medio ambiente, la bodega es la única que cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas residuales, además de tener sistemas de eficiencia hídrica en toda su planta, logrando optimizar su consumo de agua en un 96%", finalizó Molina. /ABI
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AGRÍCOLA · INTERNACIONAL
Tras nevadas, proyectan abundantes cosechas agrícolas en las partes altas de Sacaba La nevada caída en la zona montañosa derivará en la provisión de agua y abundantes cosechas en las partes altas de Sacaba, durante el 2021, aseguró este domingo el encargado de Desarrollo Agrícola de la Alcaldía de ese municipio, Ever Cabezas Chávez.
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ste temporal de nevada en la zona montañosa de Sacaba, es un fenómeno natural y, en esta época del año, es beneficiosa para la recarga acuífera y favorable para el sector productivo agropecuario", enfatizó Cabezas. Los pasados días, una intensa y prolongada nevada
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cubrió la parte alta de distritos rurales como Palca, Larati, Chiñata y Ucuchi, pero lejos de ser un fenómeno natural contraproducente, beneficiará a los productores y población de Sacaba, informó. "La nieve caída permitirá la recarga de agua en las lagunas naturales, a fin de garantizar la producción
optima y buena cosecha de productos de la tierra", destacó. Zonas tradicionalmente productoras de papa y otros bienes de la tierra de altura, como Patati, darán abundante cosecha, porque con las nevadas, llegan también las lluvias, en el ciclo natural del agua, puntualizó la autoridad.
Cabezas dijo que, de acuerdo a los últimos reportes, se conoce que, en el distrito rural de Palca, la nieve caída afectó levemente al hato ganadero de camélidos, pero sin mayor incidencia. /ABI
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PECUARIO · NACIONAL
Bolivia triplica valor y volumen de exportación de carne bovina De enero a julio de este año, el valor de las exportaciones de carne bovina boliviana alcanzó a $us 28,7 millones, es decir tres veces lo registrado en similar periodo de 2019 cuando llegó a $us 9,3 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recopilados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
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e igual manera, el volumen de esas exportaciones crecieron de 2.073 toneladas (t) comercializadas entre enero y julio de 2019 a 6.606 t en el mismo período de este año, que representa un crecimiento de tres veces más. Entre enero y julio de 2020, Bolivia realizó ventas de carne de res a los mercados de China, Perú, Ecuador y Congo, siendo la República Popular de China el principal comprador con $us 22,7 millones (78,9%) en valor y 5.245 t (79,4%) en volumen. Las ventas de carne al gigante asiático se iniciaron en septiembre de 2019 y hasta diciembre del año pasado dichas compras alcanzaron las 2.063 t por un valor de $us 10,6 millones, señalan los indicadores oficiales. La apertura del mercado chino, el cual cuenta con cerca de 1.400 millones de habitantes, se realizó a través de arduas gestiones y protocolos desde 2017, durante la anterior administración gubernamental. En abril del año pasado, Bolivia y China firmaron el protocolo de requisitos sanitarios para la exportación de carne bovina. Ese acuerdo se concretó en el Foro de la Franja y la Ruta, realizado en Beijing, China, donde se determinó abrir ese mercado para la producción de carne res boliviana. El primer despacho se efectuó el 28 de agosto de ese año,
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cuando se enviaron las primeras 24 toneladas de diferentes cortes de carne vacuna al gigante asiático. Los frigoríficos habilitados para la exportación de carne bovina al gigante asiático son: Frigorífico del Oriente SA (Fridosa), Frigor SA y Frigorífico BFC SA. Además de China, la carne boliviana también es demandada por Perú, el cual adquirió entre enero y julio de este año 874,3 t y pagó $us 4,8 millones; Ecuador 437,4 t por un total de $us 1,9 millones; y el Congo con 49,1 t por $us 37.111. El mes pasado, el Gobierno anticipó que se ampliará la exportación de carne de res a Perú a Chile, Israel, Hong Kong y diversificar la exportación de carne y derivados hacia China, informó el 18 de agosto, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco. En esa oportunidad, la autoridad se reunió con los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), además de representantes de frigoríficos que exportan carne, con el fin de establecer acuerdos y abrir mercado de exportación para la carne bovina. /Bolivia
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POLÍTICA · NACIONAL
Central de Campesinos presentan denuncia contra Alcalde de Tarija El ejecutivo de la Central de Campesinos de Cercado, Daniel Flores Bautista informó que, la mañana de este lunes, presentaron ante la Fiscalía la denuncia formal en contra del alcalde Rodrigo Paz Pereira por el presunto delito de incumpliento de deberes.
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lores explicó que el Municipio no realizó la ejecución de los recursos del Fondo Indígena en la gestión del 2017. Asimismo se lo acusa de "conducta antieconómica" por presuntamente haber incumplido un contrato en obras destinadas a mejoramiento de la producción con cosecha de agua. "Aquí hay recursos que deberían haberse invertido y hay convenio firmado para hacer la cosecha de agua y el Alcalde no cumplió el contrato a la fecha, no hay nada con el Fondo Indígena, no hay una sola piedra que se puso", dijo.
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Es así que a través de la Justicia, la Central de Campesinos de Cercado exigen que se puedan llevar adelante los proyectos de micro riego, mejoramiento de maquinaria, entre otros, para ayudar a los productores de las diferentes comunidades de la capital tarijeña. "En ese marco vamos a seguir ejerciendo las acciones necesarias para que se de los proyectos de agua a nuestro hermanos campesinos y ante este mandato se investigue y solicite a la institución toda la documentación que fuera necesaria", mencionó Flores. /EL PAÍS
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POLÍTICA · NACIONAL
Movimiento Agroecológico exige al Gobierno que anule decretos a favor de transgénicos “No aceptamos que Bolivia se convierta en centro de experimentación y producción de cultivos transgénicos”, expresa el movimiento.
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a Paz, 20 de septiembre (ANF). - El Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB) exigió al Gobierno anular los decretos supremos 4232 y 4238, que ordenan abreviar los plazos para la autorización de nuevos cultivos transgénicos en Bolivia. Los decretos 4232 y 4238, aprobados por el Gobierno de Jeanine Áñez, hacen referencia a la autorización al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para el uso de semilla
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transgénicas en los cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya en sus diferentes eventos. “Exigimos al actual gobierno central la anulación de normativas y decretos atentatorios a la preservación de la base productiva y principalmente la semilla. Estaremos atentos para defender los principios de precaución, la vida, la salud humana, la salud ambiental y la biodiversidad de toda Bolivia”, se lee en un pronunciamiento del MAB. El movimiento expresa que
no está en contra de la biotecnología, pero prefiere, por ética, impulsar la conciencia ecológica “La agroecología propone un enfoque de la agricultura más ligado al medio ambiente y más sensible socialmente, centrado no sólo en la producción, sino en la estabilidad ecológica del sistema de producción”, señala el pronunciamiento. Con motivo de la actual crisis sanitaria, el MAB sostiene que el modelo que impulsan para el desarrollo agrícola -caracterizado por
la producción y el consumo de alimentos agroecológicos para una vida sana- ha sido reconocido por la población y más aún durante la cuarentena, prueba de ello es la elevada demanda de alimentos agroecológicos desde el ingreso del coronavirus al país. “No aceptamos que Bolivia se convierta en centro de experimentación y producción de cultivos transgénicos”, expresa el MAB. Son más de una treintena de organizaciones, instituciones, colectivos ciudadanos y de consumidores que conforman el MAB, con la finalidad de impulsar un nuevo modelo agroalimentario para el país, basado en el cuidado de los soportes de vida como el suelo, el agua, las plantas y las semillas; distinto al actual modelo que sienta las bases productivas hacia la agroindustria y los mercados de exportación de materias primas. /ANF
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POLÍTICA· NACIONAL
INRA entrega 189 títulos agrarios a familias productoras de la comunidad Sico en La Paz El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó 189 títulos agrarios a 83 familias productoras de la comunidad Sico en el municipio de Cairoma, provincia Loayza del departamento de La Paz.
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sta es una entrega histórica, emanada por orden estricta de la presidente Jeanine Áñez, de la ministra (de Desarrollo Rural y Tierras), Eliane Capobianco, así como del director nacional del INRA, Alejandro Machicao, con quienes se viene avanzando en el derecho que tienen todos ustedes, para proseguir cultivando sus tierras", sostuvo el director departamental del INRA en
La Paz, Julio Cesar Echeverria, citado en un boletín de prensa. Detalló que la superficie saneada alcanza a 3.575 hectáreas y se benefician con su título agrario 35 mujeres, 45 varones y tres personerías jurídicas. En la oportunidad, el asesor jurídico del Viceministerio de Tierras, Iván Roca, remarcó que con esa entrega las familias podrán acceder a créditos bancarios
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y financiamientos para emprender nuevos proyectos que les ayudarán a que sus terrenos tengan mayor calidad y mejores condiciones de producción. "Estamos satisfechos por recibir estos títulos ejecutoriales. Desde el año 2017 hemos estado tramitando estos documentos y hoy ha llegado el día, con el título ya nos sentimos dueños legítimos de nuestras tierras", expresó Betty Calci, bene-
ficiaría de la comunidad Sico. Cairoma se encuentra distante a 77 kilómetros de la sede de Gobierno, su principal actividad económica se centra en la agricultura, con productos como la papa Araca, oca, tomate, zapallo, pimentón y maíz, además de palta y frutas como la chirimoya y mangos, entre otras variedades.
/ABI
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ECONOMÍA · NACIONAL
Exportaciones cruceñas suman $us 1.310 millones hasta agosto Los productos cruceños más exportados (de un total de 443) en nueve meses de 2020 fueron: gas ($us 512 millones), torta de soya ($us 324 millones) y aceite de soya en bruto ($us 127 millones).
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asta agosto de este año, las exportaciones del departamento de Santa Cruz sumaron $us 1.310 millones. Así lo indica el reporte Santa Cruz: Demografía, Economía y Comercio Exterior, elaborado por el IBCE. De acuerdo con el informe, los productos cruceños más exportados (de un total de 443) en nueve meses de 2020 fueron: gas natural ($us 512 millones), torta de soya ($us 324 millones) y aceite de soya en bruto ($us 127 millones).
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En tanto, los principales destinos de las ventas externas de Santa Cruz fueron Argentina, Colombia y Perú (en ese orden). En lo que respecta a las importaciones, éstas alcanzaron los $us 1.798 millones en nueve meses de 2020. El diésel ($us 64 millones), grupos de electrodomésticos ($us 49 millones) y aviones y aeronaves ($us 48 millones) fueron los principales productos (de un total de 4.548) más comprados desde el exterior. En lo que respecta a los países de origen de las importa-
ciones cruceñas, Brasil, China y EEUU son los principales proveedores. Importancia del departamento Otro dato interesante que se desprende del reporte es el aporte que realizó Santa Cruz al PIB nacional en 2019, alcanzando al 29,6%, generando un movimiento económico de más de $us 12.000 millones. Ese mismo año, el PIB per cápita fue de $us 3.695. Además, en la pasada gestión el PIB nominal cruceño creció un 4,15%.
partamento de Santa Cruz es el más poblado de Bolivia, con más de tres millones de habitantes y más del 70% de los alimentos para abastecer el país se producen en suelo cruceño. /EL DEBER
Cabe recordar que el dePeriódico Digital A G R O P E C U A R I O
POLÍTICA· NACIONAL
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MEDIO AMBIENTE · NACIONAL
Veterinarios de Tarija piden a las autoridades mayor protección a los animales silvestres
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ras el ataque brutal que sufrió un tucán.
El presidente del Colegio de Veterinarios de Tarija, Miguel Dávila, ha indicado que existe preocupación por los constantes atentados a la integridad de los animales pese a que existe la ley 700 que protege a los mismos, esto luego de que se agrediera brutalmente a un tucán en Puerto Quijarro – Santa Cruz. Asimismo, ha indicado que esta ley aún no se ha socializado en su totalidad ni
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se ha reglamentado, por lo que pide a las autoridades que se trabaje para poner en vigencia la ley y quitar todos los vacíos legales que tiene. “En Tarija hemos dado un paso importante junto a algunos voluntarios pues tenemos una ley local de tenencia de mascotas que refuerza a la ley 700, pero aun así tenemos muchos vacíos, por eso es importante reforzarla y modificarla a nuestra realidad actual”. Así también, ha señalado que no solo se debe prote-
ger a animales domésticos, sino al los silvestres, pues la fauna está siendo atacada en el país, por lo que espera que la población pero principalmente las autoridades tomen cartas en el asunto. Cabe recordar que un tucán perdió parte del pico, en la parte superior, tras ser apedreado mientras se encontraba comiendo fruta. Los dueños de una estancia en Puerto Quijarro serían los autores del hecho que causó indignación en redes sociales este fin de semana.
El ave fue hallada en un estado de estrés y fue trasladado por los Guardianes del Pantanal a Roboré. El veterinario Jerjes Suárez, experto en vida silvestre, le brinda la atención médica. Las imágenes que circulan en las redes son bastante sensibles. Autoridades de la Policía Forestal (Pofoma) buscan a los autores del hecho, mientras veterinarios hicieron la reconstrucción del pico del animal. /LA VOZ
DE TARIJA
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POLÍTICA· NACIONAL
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FORESTAL · NACIONAL
Autoridades determinan realizar labores de mitigación de los incendios totalmente por tierra El ministro de Defensa, Fernando López, informó en las últimas horas desde el municipio de Concepción, departamento de Santa Cruz, que se determinó realizar por el momento el control de incendios totalmente por tierra. Se ha mitigado (el fuego) de manera mínima con la ayuda de la lluvia, pero tenemos que seguir insistiendo con la maquinaria, (...) ya los expertos lo definieron: cien por ciento terrestre, con mucha maquinaria", afirmó. En ese sentido, anunció que continuará llegando más maquinaria a la zona (cuatro skidder) para apoyar el trabajo terrestre para controlar el fuego. Agregó que, ahora, el trabajo aéreo no es útil porque el fuego es rastrero, pese a que se hicieron los intentos para tratar de atacar también por aire a las llamas. "Vamos usar todos los medios, pero la batalla hoy es por tierra y necesitamos mucha pero mucha maquinaria", insistió la autoridad.
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La decisión de realizar un trabajo terrestre fue asumida después de que la pasada jornada se realizaron dos sobrevuelos de inspección a las zonas de Limoncito y Copaibo, que es uno de las sectores más afectados por los incendios forestales. "Se ha reforzado Copaibo con ambulancias, cisternas, tres camionetas, se ha llevado mucho más combustible, es decir, nos hemos ocupado de darle la logística mucho más adecuada al campamento, estamos contentos en la organización en detalle y estamos esperando que (...) llegue el resto de la maquinaria para atacar al fuego como lo hemos estado haciendo por el este, noreste y el sur", detalló. /ABI
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FORESTAL· NACIONAL
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FORESTAL · NACIONAL
ABT confirma 26 incendios activos y anuncia diez nuevas denuncias ante Ministerio Público El director de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) Víctor Hugo Añez informó este lunes que al momento se tienen 26 eventos de incendios activos, la mayor parte en el departamento de Santa Cruz y seis en el Beni a donde se enviaron refuerzos con cuadrillas de bomberos y apoyo logístico.
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ijo que esta semana brindaron todo el aporte como ABT al comité de crisis y a los centros de operación de emergencia, pese a que no es obligación de la entidad sino fiscalizar y aplicar sanciones por infracciones a la norma. En declaraciones al canal estatal, explicó que el 60 por ciento del personal de la ABT fue desplegado al campo, fuera de los funcionarios que ya existen en niveles provin-
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ciales. Anunció que esta semana intensificarán los operativos de mitigación de los incendios con 100 bomberos que llegarán hasta San Ignacio de Velasco en virtud a un convenio de la Autoridad de Bosques y Tierras con la Policía Boliviana se realizarán los operativos de emergencia.
trol y fiscalización en toda la zona de la Chiquitania.
También han desplegado un destacamento para coadyuvar a la ABT a fin de que junto a la Policía Boliviana se realicen operativos de con-
Añez dijo que esta semana ingresará diez denuncias penales más al Ministerio Público producto de la fiscalización no solamente en el sitio,
Explicó que existen cuatro procesos penales en curso y esperan que las diligencias de la Fiscalía sean más ágiles para que la ABT, como entidad denunciante, le haga seguimiento de las investigaciones.
sino vía satelital que desarrollan para controlar el tema de los incendios. /ERBOL
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FORESTAL · NACIONAL
Cicatriz de incendios de 2019 coincide asentamientos aprobados por el INRA
Hasta el año pasado, el Instituto Nacional de Reforma Agraria aprobó 1.455 nuevas comunidades en el p ellas en la Chiquitania
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l 90% de las dotaciones de tierra presenta irregularidades, que van desde comunidades fantasmas y sobrepuestas, hasta falta de documentos, procedimientos mal llevados, varias dotaciones a una misma persona, etc., según datos del Viceministerio de Tierras. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) actualmente está en un proceso de auditoría de las resoluciones emitidas por la anterior gestión, razón por la que ha suspendido autorizaciones. EL DEBER accedió a una gráfica que muestra la coincidencia entre los asentamientos en el departamento cruceño y la cicatriz que dejaron las millones de hectáreas quemadas en la Chiquitania en 2019. Y ante la pregunta, el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, confirmó que hay una relación entre ambos. “Con el Consejo Nacional para la Reducción y Atención de Desastres y Emergencias (Conarade) hemos detectado que sí existe la probabilidad latente de que estas comunidades hubieran iniciado algunos fuegos”, confirmó. El sábado, Terrazas se reunió con las autoridades municipales del departamento. “Tienen una petición bastante fuerte, por lo que nos comprometimos a realizar la fiscalización, solo que los recursos limitados y la pandemia nos han detenido”, dijo. Precisamente, el sábado se registró en el Tesoro General de la Nación (TGN) una partida de Bs 2 millones para comenzar con esa labor, aunque el presupuesto total es de Bs 14,5 millones. “Ya tenemos los recursos y haremos un primer ingreso junto al control social, Dios mediante en un mes, para fiscalizar en campo, aunque por estrategia no diremos
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dónde”, adelantó el viceministro. También aclaró que no es que simplemente sacarán a la gente asentada. “Hay comunidades que, de repente, están en posesión y trabajando, dedicadas a la agricultura y ganadería, revisaremos su documentación y, si está mal, vamos a reencauzar, veremos sus nuevas listas con sus indígenas o campesinos que se encuentren en el lugar para emitir una nueva resolución que les permita, ya de manera correcta y legal, seguir sus procesos, cosa que el Gobierno que llegue no tenga que fiscalizar, sino dar continuidad al proceso que nosotros dejamos”, dijo. De acuerdo a los reportes del INRA, en las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS) se distribuyeron tierras a 1.455 comunidades en todo el país, 945 de ellas en Santa Cruz, la mayoría en la Chiquitania. En la provincia Cordillera solo se contabilizaron alrededor de 80 asentamientos. Terrazas reconoció que el Comité Cívico de las Provincias Chiquitanas maneja cifras distintas a las del INRA en cuanto a los asentamientos. “Según sus registros, ellos dicen que son más de 2.000 comunidades, eso quiere decir que algunas han entrado ilegalmente, de repente con autorización verbal, pero documentos no tenemos. El 25 de septiembre nos volveremos a reunir con ellos para hacer un boceto de esas supuestas comunidades, y de ese modo incluirlas en la fiscalización”, dijo Las dotaciones del INRA se realizaron en el marco de la Ley 1715, modificada por la Ley 3545 y el reglamento 29215. “La norma prevé que después del proceso de saneamiento, estas tierras fiscales deben ser distribuidas a comunida-
des campesinas e indígenas. En base a este marco jurídico, el INRA, bajo el Gobierno del MAS, hizo una distribución irrestricta de tierras, sin contemplar una distribución integral, es decir que no se da tierra si la comunidad no tiene recursos ni capacidad de producir”, dijo. Según la autoridad, incluso algunas autorizaciones para la dotación se hicieron de forma verbal por ministros y viceministros, lo que originó sobreposiciones de comunidades, que deben ser resueltas por el INRA. “No podemos permitirles que concilien sobre tierras que no son de ellos, sino del Estado. La Constitución Política del Estado (CPE) nos da la tuición para que nosotros, como Gobierno, a través del INRA, como brazo operativo, con las políticas que surjan desde el Viceministerio de Tierras, generemos la distribución legal y correcta de la tierra, en cumplimiento de su vocación, pero no podemos distribuir en monte o en áreas protegidas” (AP), aclaró. Del asentamiento en AP, Terrazas reconoció que el tema los pone en un conflicto legal,
del que surgirá otro social. “Tenemos la obligación legal de desalojar porque en AP la vocación de la tierra no permite estar asentados. Pero si ya lo están, veremos la forma de otorgar un territorio que no sea dentro de un AP para que puedan trasladarse y seguir trabajando. Eso costará porque tendremos que hacer un consenso “, reconoció. Bajo esta línea, Terrazas también fue enfático en que la normativa prevé que la tierra primero sea para la gente de la región y después se verá si se genera el ingreso de interculturales u otras comunidades del occidente. Con respecto al origen de las solicitudes de permisos para asentarse, Terrazas dijo que no tiene ese porcentaje. “Contamos con los datos de comunidades, pero no sobre si son interculturales o bartolinas, etc., de todos modos, haremos esa fiscalización sin importar de dónde sean”, dijo. Terrazas reconoció que muchos de los trámites son fantasmas. “Sabemos que llegaron carpetas de interculturales y de las bartolinas a quienes les dieron resolución de asentamientos, pero que no exis-
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FORESTAL· NACIONAL
con los
país, 945 en el departamento cruceño. La mayoría de
ten en campo, entonces son comunidades fantasmas. Eso se revertirá a favor del Estado para hacer una distribución acorde a la CPE”, adelantó. Del mismo modo, a los que se hicieron dotar con tierra hasta en cuatro comunidades, se los va a depurar. Para eso el INRA está actualizando la base de datos informática Runsa. A la consulta de por qué tanta dotación en la Chiquitania, Terrazas explicó que la información que manejan es extraoficial. “Juan Ramón Quintana, en sus estrategias geopolíticas, tenía la intencionalidad de repoblar la Chiquitania con gente del occidente, a fin de ganar votos y generar una región donde el MAS se potencie, para quebrantar una región que siempre fue opositora. Si revisamos la carretera San Ignacio de Velasco, es por donde hay tierras fiscales y donde se han distribuido tierras, hay mucha coincidencia”, aseveró. El combo legal incendiario El decreto 3973, recientemente abrogado por la presidenta Jeanine Áñez; la ley 741, la más cuestionada para la que se pide anulación a la Asam-
blea Legislativa Plurinacional (ALP); y la Ley 1171, de quemas, son parte del combo legal que los conservacionistas llaman “incendiario”. José Luis Terrazas, director jurídico de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), reconoció que la Ley 741 contradice la CPE, la Ley Forestal, la Ley del INRA, y la de Medio Ambiente. “Ha sido motivada políticamente, permite que el comunario desplazado en cierto lugar para hacer fuerza poblacional en determinados municipios, acceda a un derecho forestal sin pagar patente y sin cumplir requisitos técnicos y legales en materia medioambiental. Personalmente, no creo que la ALP viabilice la abrogación de esa ley porque da impulso al campesino asentado, difícilmente en este momento la ALP va a jugársela”, dijo el funcionario de la ABT. Para José Luis Terrazas, esta norma establece taxativamente que la ABT debe otorgar ese derecho a quema sin pedir instrumentos de gestión, sin importar si la tierra es o no de producción forestal permanente, o lo que dice el Plan de Uso de Suelo (PLUS), a sola solicitud del comunario asentado, con una certificación de asentamiento del INRA. El titular jurídico nacional de la ABT también dijo que, si se hace una sobreposición entre la cicatriz de quema de 2019 y los derechos otorgados en base a la Ley 741 (en color amarillo en el mapa), habrá coincidencias. “En la cicatriz de la quema ahora está todo paralizado porque es un área que ha sido afectada y sujeta a evaluación de cómo se va a restablecer el tema de la fauna y la flora”, argumentó.
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Terrazas informó que la Ley 741 está en consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desde hace muchos meses y que hasta ahora el TCP no se pronuncia acerca dela inconstitucionalidad. Sobre el decreto 3973, de Evo Morales, de julio de 2019, recientemente abrogado, Terrazas explicó que permitía quemar y desmontar en tierras de producción forestal permanentes, sin tomar en cuenta el PLUS. De la Ley 1171, también de Evo Morales, de abril de 2019, el director jurídico de la ABT dice que abre una permisividad al uso del fuego de manera ágil y fácil, bajo el concepto de preservar la seguridad alimentaria del país, y con sanciones bastante leves. Sin embargo, aclara que no se aplica porque no está reglamentada. Sanciones y procesos José Luis Terrazas explicó que, dentro de las competencias establecidas en la Ley 1700, la ABT puede sancionar en el ámbito del Derecho Administrativo las contravenciones al régimen forestal, identificadas como aprovechamiento ilegal, almacenamiento ilegal de productos forestales, comercialización, procesamiento, desmonte ilegal, y la quema no autorizada. Si la ABT encuentra a personas realizando quemas, les aplica sanción pecuniaria, que según la Ley Forestal debe ser de 20 centavos de dólar por hectárea. “Sabemos que es poco, pero es lo que dice la ley de 1997. Muchas veces la gente, cuando le dejamos una citación, dice que después paga”. Aclara que, ante la reincidencia, se cobra el doble, y así va multiplicándose la multa, según el grado de repetición del delito. Cuando la quema se convierte en un incendio que se desborda, deja de ser competencia exclusiva de la ABT. “Sentamos la denuncia, y la sanción, ya en el ámbito penal, es la pérdida de la libertad, y los bienes quedan legalmente hipotecados hasta que se pueda resarcir el daño”, detalla. Entonces entra en es-
cena el Ministerio Público. Una de las mayores recomendaciones de Terrazas es que cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, tome conocimiento de un hecho delictivo, como la quema ilegal, denuncie, aunque no sea parte del proceso. “Hace falta que las autoridades se involucren, hasta donde sé, los únicos que hemos sentado denuncias por quemas somos ABT y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)”, dijo, a tiempo de recordar que incumplir este trabajo es un delito de corrupción que no prescribe, según la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Según Terrazas, si bien se habló de 250 procesos administrativos iniciados por la ABT solo en 2020, en realidad van 900 adicionales, o sea 1.150, además de cuatro penales, a diferencia del año pasado, cuando ocurrió el incendio en la Chiquitania. “Solo se abrieron 20 procesos administrativos y no hay una sola persona en la cárcel”, cuestionó. Asimismo, dijo que la ley no discrimina si el autor del incendio es un indígena o gran productor. “Igual vamos a sancionarlo, pedir que se lo impute y se lo aprehenda”, aseguró. Según él, falta que el Ministerio Público dé prioridad a este tipo de acciones, y que la sociedad entienda que quemar es delito. “Saldremos a buscar a los autores para encontrarlos en flagrancia”, advirtió, y celebró la declaratoria de emergencia que les da recursos que ya daban por agotados. Un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza dice que 4,1 millones de ha se quemaron en Santa Cruz, y en Beni 1,8 millones. Ambos departamentos concentraron 94% de las áreas quemadas en el país. El fuego pasó por dos millones de ha de bosques, el 98% en Santa Cruz, especialmente el chiquitano; 1,2 millones de hectáreas arrasadas fueron áreas protegidas, como el Ñembi Guasú, el fuego afectó el 86% de su territorio, flora y animales.
/El Deber
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