Informe regional sobre el examen de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing...
Capítulo I
Plataforma de Acción de Beijing, junto con la permanente participación de las organizaciones de mujeres, permiten hacer frente a los impulsos que resurgen e impiden a las mujeres el goce pleno de sus derechos en todos los ámbitos de la vida.
C. La vigencia de la Plataforma de Acción de Beijing a 25 años de su aprobación y los principales logros alcanzados Respecto a los logros relacionados con la Plataforma en la región, varios países han alcanzado significativos avances en los últimos cinco años. En este informe se mencionan los logros alcanzados en al menos cuatro áreas. En primer lugar, cabe destacar el avance en la formulación y aprobación de leyes y normativas que tipifican el femicidio o feminicidio3. En segundo lugar, el aumento —aunque aún insuficiente— de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. El tercer logro tiene que ver con la incorporación en la agenda de los países de la región del tema de los cuidados y del trabajo no remunerado que realizan las mujeres, como parte integral del diseño de los sistemas de protección social. Por último, se destaca la incorporación del enfoque de género en la arquitectura institucional de los Estados y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región. Tal como se enuncia en la Plataforma de Acción de Beijing, la violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y además vulnera, menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales (Naciones Unidas, 1995). Los principales progresos para asegurar a todas las mujeres y niñas de la región el derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación han sido la aprobación de leyes integrales de violencia contra las mujeres por razón de género y la tipificación del feminicidio o femicidio. En el período 2014-2019, cinco países tipificaron el feminicidio (Ecuador en 2014, República Dominicana en 2014, Brasil en 2015, Paraguay en 2016 y Uruguay en 2017), y otros dos realizaron reformas a las leyes que ya sancionaban el asesinato de mujeres como homicidio agravado (la República Bolivariana de Venezuela en 2014 y Colombia en 2015) (véase el cuadro I.1). En segundo lugar, un logro a destacar es el aumento de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en todos los poderes del Estado. La aprobación de leyes de cuotas y de paridad han hecho posible acelerar el incremento de la participación de las mujeres, principalmente a nivel legislativo, de los gabinetes presidenciales, los tribunales superiores de justicia y los gobiernos locales. Los promedios regionales de participación de las mujeres en la toma de decisiones bordean el 30%. Estos avances están permitiendo construir una masa crítica de mujeres en espacios como el parlamento o los gabinetes para alcanzar una mayor igualdad entre hombres y mujeres. En tercer lugar, en este período varios países hicieron importantes avances en el diseño e institucionalización de iniciativas y sistemas nacionales de cuidados como parte de la evolución de los sistemas de protección social. En el caso de Costa Rica y el Uruguay, se desplegaron esfuerzos a nivel nacional en las políticas de cuidado y se encuentran en diferentes fases de implementación. Se destaca, además, la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, donde el cuidado se reconoce como un derecho. Estos progresos se están dando fundamentalmente a dos niveles: por un lado, en la promoción y adopción de marcos normativos sobre cuidados, donde los primeros progresos son la extensión de las licencias vinculadas con el nacimiento de los hijos o sus primeros años de crianza para madres, padres o tutores y tutoras y, con la provisión pública del cuidado para la primera infancia y para las poblaciones en situación de dependencia (Rodríguez Enríquez, 2017). Por otra parte, en la agenda de la mayor parte de los países latinoamericanos se ha reconocido la necesidad de un sistema nacional de provisión y financiamiento público al respecto.
3
Los países que tipifican las muertes violentas de mujeres por razón de género lo hacen bajo la denominación de femicidio o feminicidio, por ello el uso de ambos conceptos en el documento.
9
