Capítulo II
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
El Consejo Superior de la Judicatura de Colombia implementa estrategias de seguimiento nacional a los despachos judiciales, con el fin de determinar el número de sentencias dictadas con enfoque de género y de velar por la inclusión de la normativa nacional e internacional en las decisiones judiciales. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha adoptado directrices dirigidas a fiscales y funcionarios de policía judicial acerca de los parámetros para garantizar la debida diligencia al realizar investigaciones en los casos de violencia contra la mujer y fijar pautas para la protección de las víctimas, evitando así su revictimización. En noviembre de 2015 se promulgó en la Argentina la Ley núm. 27.210, que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género a fin de garantizar el acceso a la justicia a través del patrocinio legal para las mujeres víctimas. Además, en julio de 2016 se presentó el primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019, con dos ejes de acción (prevención y atención integral) y tres ejes transversales (formación, fortalecimiento institucional, y monitoreo y evaluación). En el Brasil destaca el Programa Mujer: Vivir sin Violencia y las disposiciones de la Ley Maria da Penha respecto a las mujeres que viven en zonas rurales y en zonas remotas. Este programa centra su atención en el fortalecimiento del Pacto Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres y coordina acciones para facilitar el acceso de las mujeres en situaciones de violencia a sus derechos y a los servicios públicos en las esferas de la seguridad, la justicia, la salud, la asistencia psicosocial, la vivienda, la ocupación, el empleo y la generación de ingresos. En 2016 la Fiscalía General de la Nación del Uruguay creó la Unidad de Género, que promueve la realización de acciones intra e interinstitucionales así como la incorporación de la perspectiva de género en los procesos judiciales y administrativos en los que participa. Por otro lado, el Código del Proceso Penal concede un nuevo rol a la víctima en el proceso penal, reconociéndole su derecho a participar y a conocer de todas las actuaciones, a ser oída y a solicitar medidas de protección frente a agresiones. En Santa Lucía se utilizaron algunas estrategias específicas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en la educación primaria y secundaria, por ejemplo, el Equipo de Respuesta Activa (Youth A.R.T), iniciativa emprendida por la División de Relaciones de Género dirigida a estudiantes de secundaria y que sirvió como medio para combatir la violencia en el noviazgo. El Tribunal de Familia introdujo algunos programas psicoeducativos, particularmente para hombres perpetradores de violencia doméstica, con el objetivo de fortalecer a las familias. El Departamento de Asuntos de Género de Saint Kitts y Nevis, en asociación con el Consejo Nacional de Mujeres y el Consejo Nacional de Hombres, realiza su labor dentro y fuera de las cárceles, impartiendo sesiones de capacitación destinadas a cambiar la mentalidad y el comportamiento de hombres y mujeres a fin de erradicar la violencia de género en la sociedad.
D. Participación y representación de las mujeres en la toma de decisiones La Plataforma de Acción de Beijing señala que la consecución del objetivo de igualdad en la participación de mujeres y hombres en la adopción de decisiones es necesaria para reforzar la democracia y promover su correcto funcionamiento (Naciones Unidas, 1995). Al respecto, los avances logrados en la participación de las mujeres en la vida política son positivos para la región, pero aún queda mucho camino por recorrer para lograr la paridad y la participación igualitaria en los diferentes poderes del Estado. En la actualidad no existe ninguna Jefa de Estado en América Latina. Con respecto a la región del Caribe, en Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago y Puerto Rico una mujer ocupa el máximo cargo en el Poder Ejecutivo. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, a diciembre de 2018 el promedio de la representación de las mujeres en los gabinetes ministeriales en América Latina alcanzaba un 28,5% para el último período de gobierno disponible y en el Caribe un 19,4%. En 2014, el promedio para América Latina fue del 23,9% y para el Caribe del 19,2%. Si bien se constatan avances, la designación de mujeres en los gabinetes ministeriales se centra principalmente en los sectores social y cultural, donde alcanzan el 50%.
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