Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Según la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), durante los últimos años, países como Colombia, Costa Rica, el Paraguay y la República Dominicana han evaluado sus políticas y planes nacionales de igualdad, dando así respuesta a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer relativas al establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para la supervisión y evaluación de la aplicación y efectos de las políticas y planes nacionales de igualdad. En cuanto a la consolidación de los presupuestos con enfoque de género, si bien la región avanzó en este período, es necesario continuar en la elaboración y perfeccionamiento de presupuestos nacionales y subnacionales con perspectiva de género y complementar esos esfuerzos con un análisis y evaluación, a fin de entender cómo estas políticas y programas se alinean con los principios de la Agenda 2030, incluidos principios de derechos humanos —y su universalidad— como la igualdad y la no discriminación para no dejar a nadie atrás (ONU-Mujeres, 2018b). En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó un incremento del 13,6% para el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) para el ejercicio fiscal 2019. Por su parte, en México, las líneas de acción del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) se ponen en práctica con los recursos previstos en el anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), denominado “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, para el ejercicio fiscal que corresponda. Estas erogaciones son propuestas por las dependencias y entidades de la administración pública federal, validadas y modificadas en su caso por la Cámara de Diputados. Desde la inclusión de este anexo en el Decreto del PEF 2008, los recursos aprobados se han incrementado a una tasa promedio anual del 12,1% hasta 2018. En Honduras, el Instituto Nacional de la Mujer se ha incorporado al Comité Directivo y Comité Técnico de Política Presupuestaria, y se ha establecido que el Poder Judicial consigne dentro de su presupuesto de manera etiquetada y progresiva los recursos para el fortalecimiento y la ampliación de los juzgados y tribunales especializados en violencia doméstica en las ciudades donde exista mayor incidencia de ese tipo de violencia. Asimismo, en Colombia se lograron avances en la planeación y presupuestación con enfoque de género, para lo cual se creó un clasificador presupuestal de género dentro del sistema del banco de proyectos del Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia, que permite examinar la inversión de las entidades en la política pública de equidad de género y el cierre de brechas de desigualdad en los niveles territorial y nacional.
C. Incorporación progresiva de un enfoque interseccional e intercultural en el diseño de las políticas públicas Reconociendo la diversidad de mujeres que habitan en los territorios de la región, los países han avanzado también en la incorporación de un enfoque interseccional e intercultural en el diseño de las políticas públicas. Así, por ejemplo, en el Perú se aprobó la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, estableciendo como uno de sus enfoques la igualdad de género, y en 2016 el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana 2016-2020 (PLANDEPA), como estrategia para mitigar las brechas sociales que afectan a la población afroperuana. El Ministerio de Cultura elaboró el documento titulado Mapa geoétnico de la población afroperuana en territorio nacional para ubicar geográficamente a los grupos poblacionales con el objetivo de reducir los altos niveles de desigualdad y pobreza que afectan a los miembros de pueblos indígenas y población afroperuana. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación diseñó el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, acompañado de un curso virtual para su aplicación. Adicionalmente, entre 2013 y 2016 se prestó apoyo a 286 proyectos de prevención y atención de violencia con un enfoque intercultural y a 466 proyectos de fortalecimiento de los derechos dirigidos a mujeres indígenas.
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