más necesario

1.Introducción

El diálogo pluralista: Cuanto más difícil, más necesario.

Durante la última década, las democracias del mundo se han visto asediadas por una serie de fenómenos que cuestionan su condición de modalidad unánimemente aceptada de relación entre los ciudadanos y el gobierno. Durante ese período hemos sido testigos de una diversidad de hechos que proyectan sombras sobre las certidumbres democráticas: Protestas que expresan un fuerte descontento social y que rebasan violentamente los canales institucionales de representación (como los “chalecos amarillos” en Francia); aparición de liderazgos carismáticos dentro de sistemas democráticos que tensionan y desafían sus limites en un proceso de erosión constante (Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil, Orban en Hungría, entre otros) o autócratas que se desplazan de los sistemas democráticos hacia prácticas dictatoriales de represión y violación de derechos humanos (Putin en Rusia, Ortega en Nicaragua, Duterte en Filipinas). Tal como lo expresan Levitsky y Ziblatt, “los nuevos liderazgos demagógicos desafían, erosionan y, eventualmente, violan los principios del pluralismo democrático2 como modo de construcción de su identidad política y modo de gestión de las diferencias. Otros autores han indagado acerca de los efectos en la vida pública y en la vida cotidiana del deterioro del pluralismo, la armamentización (weaponization) de la conversación política y el ataque al espacio cívico3 .

En nuestra región, el apoyo social a la democracia como mejor sistema de gobierno ha decaído fuertemente en los últimos tres años, pues si bien en 2020 dicho apoyo se recuperó levemente, los resultados de 2019 y 2020 son los dos peores de la historia de las mediciones en cuanto a la preferencia por la democracia y la confianza en las elecciones4 .

En esa dirección, la opinión negativa sobre la democracia va acompañada de fuertes caídas en la opinión positiva respecto a las instituciones: gobiernos, congresos, tribunales y, muy en particular, partidos políticos.

2 Según Levitsky y Ziblatt, la transformación del competidor en enemigo es el paso clave en la transformación del espacio de lo público en las democracias “The process often begins with words. Demagogues attack their critics in harsh and provocative terms—as enemies, as subversives, and even as terrorists…”. La preocupación por este punto de vista ha impactado tanto en literatura académica como de quienes son practitioners en el área de democracia y gobernanza (Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). How democracies die. Penguin Books)..

3 Thomas Carothers ha señalado como este tipo de liderazgos impacta en el deterioro del espacio cívico, ese lugar desde el que el disenso, la diversidad y la crítica son posibles (Brechenmacher, Saskia y Carothers, Thomas: Defending Civic Space: Is the International Community Stuck?, Washington DC, 2020). Otros autores de la cooperación internacional también se acerca algunos tema desde una perspectiva similar Civic space is defined as ‘the set of conditions that allow civil society and individuals to organise, participate and communicate freely and without discrimination, and in doing so, influence the political and social structures around them’” ( Julia Keutgen y Susan Dodsworth, Addressing the global emergency of shrinking civic space and how to reclaim it: a program guide, London 2020).

4 La pregunta acerca de si da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario tuvo respuesta afirmativa de 28% en 2019 y de 27% en 2020. Estos son los resultados más altos desde 1995. Ver aquí. La confianza en las elecciones y en la democracia durante los últimos cuatro años es la más baja desde que Vanderbilt University realiza el estudio Lapop (2006). Ver aquí.

En el caso de los partidos, no sólo estamos hablando de una opinión negativa, sino también de su debilitamiento y fragmentación como canales de representación. Se trata de una de las instituciones de menor confianza por parte de la opinión pública, la cual llega al 13%, siendo superada en desconfianza sólo por algo mucho más importante y genérico: el otro.

En dicho sentido, la confianza en general en los demás llegó a mínimos históricos. Según la última medición de Latinobarómetro, esta se situó en el 12%, con lo cual Latinoamérica es la región en donde la confianza en el otro es más baja.

En dicho contexto, la pandemia del COVID-19 parece haber actuado como elemento que confirma y en algunos casos acelera esas tendencias. El desconcierto producido por un virus de comportamiento desconocido, las drásticas medidas tomadas en algunos casos y lo siniestro del impacto de la enfermedad en general, así como la manera en la que las posiciones ideológicas han permeado la visión de la enfermedad, agregaron complejidad a un panorama ya de por sí desafiante, pues la discusión pública sobre las medidas sanitarias adoptadas se transformó en un nuevo escenario de polarización. Sin embargo, y como veremos, en algunos casos la pandemia también abrió posibilidades para que fluyera la conversación pluralista tendiente a la búsqueda de soluciones.

De acuerdo con lo anterior, este documento sostiene que las prácticas de diálogo entre partidos políticos son experiencias valiosas para su recuperación como mecanismos de representación y expresión del pluralismo de ideas y de intereses socioeconómicos que viven y tensionan las sociedades contemporáneas. Con base en documentos y entrevistas a algunos protagonistas de ese tipo de experiencias se buscará establecer elementos empíricos que apoyen dicha afirmación.

El diálogo multipartidista involucra dos prácticas de la vida social y política en una democracia que respete los derechos ciudadanos. Por un lado, el diálogo supone el reconocimiento recíproco entre personas que se validan como interlocutores en igualdad. Por otro, ese diálogo supone la existencia de un vínculo de representación entre esas personas y las instituciones propias de la democracia de los dos últimos siglos: los partidos políticos. Como se vio, dos conceptos muy poco valoradas socialmente.

Sin embargo, podría argumentarse que existe un espacio propio e institucionalizado para que estas dos instancias se vinculen: el ámbito parlamentario. En efecto, la formación de mayorías en desarrollo de la actividad legislativa es la dimensión en la que los partidos, a través de sus jefes de bancadas, sus autoridades de comisiones o de comités u otro tipo de liderazgos, establecen diálogos, exponen sus diferencias, las negocian y buscan consensos que permitan la aprobación de los proyectos legislativos.

No obstante, que en las legislaturas el diálogo sea la herramienta protagónica de formación de voluntades colectivas, y que éstas sean ámbitos incluyentes en los que ocurra ese fenómeno de interacción, son dos ideas que han recibido cuestionamientos. Por una parte, el predominio de la función ejecutiva en la toma de decisiones rápidas que requieren una ejecución administrativa cada vez más vertiginosa en

representación de mayorías, ha fortalecido desde las primeras décadas del siglo XX las figuras que tienen a su cargo este tipo de decisiones, independientemente del sistema de gobierno5. Por otra parte, la generación de múltiples ámbitos para las demandas sociales y de negociación con los gobiernos, así como la aparición de nuevos movimientos sociales en el último tercio del siglo XX6, fueron hechos que multiplicaron las áreas de choque, negociación, y por lo tanto, de diálogo. Finalmente, la última década inauguró el espacio digital como área de expresión, conversación, formación y confrontación de identidades en las redes sociales7. Allí y sin intermediación, los líderes políticos, sus partidos, sus partidarios, dialogan y confrontan en un flujo continuo.

Por lo tanto, más allá de la actividad parlamentaria en su sentido y ámbitos más estrictos, merece la pena detectar y comprender fenómenos de diálogo y construcción de consensos que los superan. La formación de grupos interpartidistas en ámbitos legislativos que promueven agendas comunes en temas muy específicos, con simultáneos vínculos y autonomía de sus partidos de origen y sus agendas; la promoción de ámbitos de acuerdo entre partidos fomentados por la sociedad civil e inclusive la emergencia de espacios de conversación pluralista convocados por áreas del Ejecutivo, hacen parte de un amplio arco de posibilidades que incluye una diversidad de experiencias. Estas se abordan en la introducción de este documento.

En la segunda sección de este trabajo se dará cuenta de algunos conceptos que permiten delimitar a qué nos referimos cuando hablamos de diálogo y de pluralismo partidario. También se propondrán ideas de por qué este tipo de prácticas son relevantes en la actualidad. En la tercera sección se hará una breve descripción de una serie de experiencias de diálogo interpartidario. En la cuarta sección, se establecerán algunas conexiones y patrones de funcionamiento entre las experiencias descritas, y se propondrá un conjunto de acciones que podrían realizarse a fin de promover y multiplicar ese tipo de prácticas.

5 Desde las primeras décadas del siglo XX la preocupación y los desafíos a la sostenibilidad conceptual y social del parlamentarismo se fueron volviendo cada vez más usuales y difíciles de superar. Max Weber se preguntó en repetidas ocasiones acerca de la sostenibilidad en el largo plazo de las democracias parlamentarias, tensionadas por el avance de la burocratización, por una parte, y de los liderazgos carismáticos por otra. Carl Schmitt radicalizó la visión sobre esa problemática llegando a cuestionar la capacidad de los partidos y los parlamentos para dotar de identidad la relación entre gobernantes y gobernados: “All of these identities are not palpable reality, but rest on a recognition of the identity. It is not a matter of something actually equal” (Schmitt, Carl (1988). The Crisis of Parliamentary Democracy. Translated by Kennedy, Ellen. United States: MIT Press)

6 Al reflexionar sobre las contradicciones en el seno del estado de bienestar, Claus Offe, uno de los referentes del debate ne el último cuarto del S XX, establece las tensiones entre la satisfacción del acceso a bienes dentro del modo capitalista de producción y las reglas democráticas, siendo la legitimación del regímen democrático función de cierta capacidad de satisfacción en el acceso a bienes. Siguiendo con la tradición de revisar la tensión entre parlamento y democracia, y partidos y su capacidad de ofrecer identidad, a fin de siglo XX el incremento de demandas sociales, su complejización con la aparición de movimientos sociales por fuera de las tensiones de clase, plantearon nuevos problemas concpetuales y una literatura al respecto. Offe, Claus (1984) Contradictions of the Welfare State(edited by John Keane), Hutchinson, London.

7 Sostiene Zeynep Tufekci: “As technologies change, and as they alter the societal architectures of visibility, access, and community, they also affect the contours of the public sphere, which in turn affects social norms and po liti cal structures. The twenty- first- century public sphere is digitally networked and includes mass media and public spaces, such as the squares

2.Diálogo, pluralismo y partidos políticos:

Por una parte, el diálogo y la deliberación pública tienen una raíz en la noción misma de democracia. El uso de la palabra, del discurso en la escena pública, así como la participación en la deliberación, determinan nuestra posibilidad de ser ciudadanos y ciudadanas en una comunidad y frente a una comunidad. La experiencia ateniense del espacio público en donde se completa y se realiza el pueblo en acto y el individuo frente a sus pares, convierte las instancias de conversación pública en centro de la práctica democrática8 . Aquel sentido del diálogo se renueva cuando se plantea como condición para la democracia contemporánea. La deliberación como condición de legitimidad de las normas constitucionales le da un nuevo sentido tanto a la práctica de la deliberación, como al derecho. En efecto, la perspectiva de la democracia deliberativa hace de la existencia de condiciones y de la práctica de la deliberación, una condición de legitimidad y de interpretación de las normas. La discusión colectiva y la reflexión individual, sostuvo Carlos S. Nino, ofrecen, en la medida en que coexisten, confiabilidad suficiente para constituir la base de las normas, con sus principios morales y en una dialéctica entre limitación del poder y participación popular9 .

Dentro de esa misma tradición, Roberto Gargarella ha propuesto seis condiciones para que la práctica del diálogo tenga relevancia y sentido público como “conversación constitucional”: igualdad, inclusión, desacuerdo, deliberación, la discusión es sobre temas de interés público y se trata de un diálogo abierto, continuo e inacabado. En primer lugar, la igualdad remite a la horizontalidad, a la ausencia de una autoridad o de una jerarquía en el ejercicio del diálogo, en especial, a la falta de graduaciones morales entre los participantes. La inclusión por su parte es una condición que tiene que ver con la apertura a todos/as aquellos potencialmente afectados; es la posibilidad cierta de que puedan participar, que se pueda contar con cada punto de vista y que cada punto de vista sea valorado como imprescindible. El desacuerdo implica la diversidad que da sentido a cualquier deliberación; la existencia de opciones contrastantes sobre las que hay que tomar una decisión. En cuanto a la deliberación, entiende Gargarella que “involucre genuinamente un proceso de corrección mutua y de intercambio de argumentos”. Por último, el diálogo como un flujo constante, abierto e inacabado, supone que las sucesivas argumentaciones, conclusiones y las decisiones tomadas en el conjunto pueden volver a ser cuestionadas, revisadas y cambiadas.

7 Nino, Carlos S. (1997), La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Buenos Aires.

10 Gargarella, Roberto (2021), El derecho como una conversación entre iguales, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires.

hay que tomar una decisión. En cuanto a la deliberación, entiende Gargarella que “involucre genuinamente un proceso de corrección mutua y de intercambio de argumentos”. Por último, el diálogo como un flujo constante, abierto e inacabado, supone que las sucesivas argumentaciones, conclusiones y las decisiones tomadas en el conjunto pueden volver a ser cuestionadas, revisadas y cambiadas.

Gargarella introduce también algunos conceptos de Bruce Ackerman acerca de los dos niveles en los que la conversación pública puede ocurrir. Uno, el de “política normal”, propio de la vida cotidiana y de cierta apatía por la política que deja en el centro de la escena a la política profesional y a sus reglas de juego, sin que las opciones en juego llamen la atención del resto de la ciudadanía. El otro, el “momento constitucional”, es aquel que llama a los ciudadanos y ciudadanas comunes a abandonar la apatía porque alguna crisis (económica, de legitimidad política, de cuestionamiento a los modos usuales de funcionamiento de la vida social) atraviesa los lazos y requiere de decisiones que den nuevo curso a la vida “normal”. Entonces, la ciudadanía deja de pasar de largo temas y problemas y se convoca a deliberar y a decidir. El hecho de crear oportunidades de participación y diálogo sobre los asuntos públicos es más parecido a la primera situación, aunque el desafío consiste en realizarlo en contextos “normales”. Es en esa tensión entre incentivos contradictorios que las experiencias de diálogo tienen el desafío de generar interés, continuidad e impacto.

Tanto desde la filosofía política como desde el constitucionalismo encontramos que la deliberación, la posibilidad de formular y contestar discursos, en fin, el diálogo, constituye a la esfera pública, a los individuos que participan, y al suelo común en el que se pueden discutir principios morales y su aplicación normativa. Crear espacios seguros de conversación acerca de los asuntos públicos, entonces, tiene un rol clave para la democracia. Se trata de espacios en los que las reglas de juego permiten la libre expresión a la vez que garantizan el respeto a la diferencia, y están organizados de modo tal que conducen a algo más que a la realización del diálogo en cuanto a tal, que se orientan a la obtención de algún resultado normativo, de política pública, o de alguna otra instancia del mundo social. Se trata de afectar relaciones e instituciones sociales a través de procesos de cambio basados en el diálogo. De eso se tratan las experiencias que se describirán en la sección 3.

Sin embargo, este tipo de experiencias parecen ir en contracorriente del espíritu de época. La polarización, la “armamentización” de la conversación pública, la “política de identidad”, son algunas de las principales amenazas para las prácticas democráticas. La amplificación de este fenómeno a través de y también gracias a las redes sociales digitales, y las tensiones entre el ejercicio de las libertades y las potenciales regulaciones, lo hacen aún más difícil. No se trata de condenar o de temer a las diferencias ideológicas profundas, ni a las posibilidades de coexistencia de visiones alejadas entre sí.

El problema aparece cuando esas visiones contrastantes carecen de puentes y de canales de intercambio y cuando cada identidad ve a la otra como un enemigo y la política es solamente y no otra cosa que la continuación de la guerra por otros

medios. La confrontación, la diferencia, inclusive las metáforas bélicas, todas forman parte de la diversidad que las democracias deben contener. El problema aparece entonces, cuando ese es el único modo de vida político y se carece de dispositivos para encontrar las coincidencias, aunque sean ocasionales y aisladas, y para convivir con los disensos, para aplicar metáforas de construcción y no sólo las de guerra. La relación amigo-enemigo forma parte de toda política, también de la política democrática pluralista. Lo que la diferencia de esta última es la capacidad de convivir y de alternarse con otros modos de relación.

En este sentido, elegir a los partidos políticos, a sus dirigentes y a sus estructuras organizativas como referentes para la constitución de experiencias de diálogo, resulta a la vez, apropiado y paradógico. Resulta apropiado porque los partidos políticos han constituido históricamente la posibilidad de expresar identidades diversas y de darles un cauce, dotarlas de capacidades para competir, para confrontar, para cooperar, para representar, para gobernar. La diversidad de partidos siempre fue una expresión de democracia pluralista. Al mismo tiempo, elegirlos resulta paradógico ya que su capacidad de representar, de reflejar segmentos de la opinión pública o de sectores de la sociedad y su credibilidad pública, se hallan en cuestión.

De igual manera, la emergencia de liderazgos autocráticos y autoritarismos “clásicos”, también es una amenaza para los partidos que, en el mejor de los casos, se transforman en canales para la expresión de la opinión predominante y excluyente, que expulsan de la escena pública a la pluralidad política. Reivindicar a los partidos políticos como expresiones de la diversidad y de la tolerancia; acompañarlos en su capacidad de encontrar consensos y de convivir con los disensos; encontrar modos en que estas experiencias de deliberación tengan un impacto en el mundo de la vida, son todas acciones que colaboran con la protección de la democracia.

3.Experiencias de colaboración multipartidista

3.1. Cooperación en la emergencia en Ciudad de México 11

La Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas (FEPESP) está conformada por un grupo de personas con experiencia técnica y política previa en el Partido de la Revolución Democrática mexicano. A partir de una serie de cambios en el comportamiento electoral del partido, estas personas decidieron dejar esa membresía y transformarse en un grupo independiente orientado a avanzar la agenda progresista a través del diálogo pluralista.

Iran Moreno, líder de esa iniciativa, recuerda un primer intento de trabajo sobre las dificultades de diálogo pluripartidista dentro del arco ideológico de la centroizquierda. Con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, un conjunto de centros de pensamiento político de diversos países comenzaron la formación de una coalición internacional para trabajar conjuntamente en temas de políticas públicas a largo plazo. Sin embargo, los incentivos de los partidos para poner toda su energía en los ciclos electorales y la falta de continuidad de los directores de los centros de estudios conspiró contra su éxito.

La FEPESP en los últimos tres años comenzó un trabajo de aglutinamiento y discusión de una agenda progresista al menos para aquellos sectores que se expresan como formaciones políticas de izquierda y de centroizquierda a nivel nacional y local, a través del Congreso Nacional y de los estatales. Los prejuicios y fricciones de la práctica política cotidiana, percibe Moreno, hacen difícil la construcción de consensos en temas en los que en realidad sí hay coincidencia ideológica, como cuestiones de género, salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

En esa dirección, el avance que realizó la FEPESP en CDMX (Ciudad de México), ha tenido un alcance más amplio que el de la centroizquierda a nivel local. La experiencia de trabajo pluralista e interpartidario se realizó en relación con el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19. Los estragos causados por la pandemia en el planeta, y en México en particular, produjeron la retracción y brusca la detención de la actividad económica; una suerte de confinamiento de hecho. El proceso para buscar soluciones implicó la articulación de dos secuencias de diálogo. Por una parte, el diálogo promovido entre sectores económicos afectados por la pandemia: comerciantes informales, pequeños y medianos empresarios gastronómicos, pero también negocios formales de mayor envergadura agrupados en cámaras empresariales. Posteriormente, el diálogo con los bloques legislativos del Congreso de CDMX que tuvo como insumo las iniciativas de la primera secuencia del diálogo.

11 Entrevistas con Iran Moreno, director de la FEPESP, realizadas el 7 y el 14 de octubre de 2021.

Hacia mayo de 2020, con los primeros efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad económica, ya fuera por medidas sanitarias restrictivas de la actividad, por la disminución del turismo o por el enfriamiento de la economía global, la FEPESP convocó a una serie de ejercicios de diálogo y construcción de consensos para detectar problemáticas comunes a sectores económicos informales y formales; de esa deliberación surgieron algunos diagnósticos. Para conformar el grupo y establecer las posibles contradicciones y complementariedades de intereses, se realizó un mapa de actores. Así mismo, se realizaron reuniones con grupos y sectores de la actividad económica, en los que se establecieron sus agendas.

En dicho contexto, era necesario lograr una mayor y mejor (más equitativa y transparente) distribución de apoyos económicos, pero también era necesario lograr confianza entre los propios actores participantes. En efecto, entre los comerciantes callejeros informales y los comerciantes y empresarios formales había un abismo. Los primeros se percibían como más débiles, presionados e intimidados; los otros sentían que era injusto poner en pie de igualdad a quienes pagan sus cargas fiscales con quienes aumentan su ganancia por vivir en la informalidad. Un resultado de la conversación fue la propuesta de una ley para formalizar a los comerciantes informales. De esta manera, ellos se registrarían y tributarían, a la vez que recibirían beneficios previsionales, sociales, sanitarios y de vivienda. Esa idea se plasmó en una primera propuesta de reforma normativa.

En dicho contexto, era necesario lograr una mayor y mejor (más equitativa y transparente) distribución de apoyos económicos, pero también era necesario lograr confianza entre los propios actores participantes. En efecto, entre los comerciantes callejeros informales y los comerciantes y empresarios formales había un abismo. Los primeros se percibían como más débiles, presionados e intimidados; los otros sentían que era injusto poner en pie de igualdad a quienes pagan sus cargas fiscales con quienes aumentan su ganancia por vivir en la informalidad. Un resultado de la conversación fue la propuesta de una ley para formalizar a los comerciantes informales. De esta manera, ellos se registrarían y tributarían, a la vez que recibirían beneficios previsionales, sociales, sanitarios y de vivienda. Esa idea se plasmó en una primera propuesta de reforma normativa.

A diferencia de otras actividades de diálogo interpartidario lideradas por FEPESP, que apuntaban hacia un intercambio dentro del arco de la centroizquierda y la izquierda, esta vez se vio la necesidad de impulsar un proyecto con el conjunto de las fuerzas políticas en su diversidad; un acuerdo alcanzado entre sectores económicos y sociales tendría mejor recepción en las diversas coaliciones sociales representadas por los distintos partidos políticos, que si se hubiera querido comprometer solamente al Ejecutivo local, identificado con ciertos sectores en particular. La composición de intereses lograda en el diálogo con los actores sociales podría reflejarse en un impulso conjunto de la pluralidad de partidos.

El diagnóstico resultó correcto al menos en una primera instancia. El equipo de la FEPESP y los representantes de los sectores económicos realizaron tres reuniones con los coordinadores legislativos, en la última de las cuales se presentó el proyecto. A partir de allí comenzó un trabajo conjunto de construcción de consensos para perfeccionar el texto legislativo, que tomó los insumos de las discusiones plurales y se plasmó en acuerdos en una reunión posterior. También se realizaron dos reuniones con el Poder Ejecutivo de CDMX.

El proceso quedó interrumpido momentáneamente por el proceso electoral de junio de 2021 y fue retomado con posterioridad. La reelección de algunos legisladores clave ayudó a dar continuidad al proceso y según informa Iran Moreno, la votación del proyecto de consenso se realizaría antes del final de octubre de 2021.

En dichas circunstancias, algunos factores cobraron relevancia por su contribución al avance del proceso de construcción de consensos. En la primera secuencia, la que involucró a los sectores formales e informales de la economía, fue determinante la definición de una agenda concreta vinculada a necesidades urgentes, la cual abrazó la diversidad de posiciones y buscó “diagonales” que unieran los puntos de vista más distantes, con una metodología específica para fomentar la conversación.

Este proceso de diálogo se permitió “desafiar” los prejuicios recíprocos arraigados en los distintos sectores y transformarlos en objeto de política pública. En efecto, una política que equilibre las asimetrías de beneficios y de cargas de los sectores informales y formales logró presentar al conjunto el umbral de interés común.

De la misma manera, una visión amplia del campo político, de la economía de intereses entramada entre las representaciones gremiales empresarias formales e informales y las afinidades de los partidos políticos permitió ofrecerles a estos últimos la oportunidad de una ganancia política más parecida a un bien público que a un juego de suma cero. El acuerdo de actores previo y la inclusividad de la convocatoria política hicieron del proyecto de ley un bien público en dos sentidos: para los actores sociales, que contribuyen en esfuerzos y beneficios, pero también para los partidos políticos, que comprometieron sus esfuerzos y capital para el éxito del proyecto y también cosecharán ganancias políticas.