Cesar, valledupar

Valledupar, Cesar Asamblea Campesina del Cesar por la Restituci贸n de Tierras y el Buen Vivir

Junio de 2013

Paz y Derechos Humanos

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Ubicación Espacio-tempral

El fenómeno del despojo de tierras y territorios en el Cesar es de grandes proporciones y su dimensión real aún está lejos de ser establecida a pesar de la existencia de algunas cifras indicativas.

En el contexto de la región Caribe, el Cesar ocupa el primer lugar en cuanto a hectáreas despojadas, con 172 131, y el segundo lugar, después de Bolívar, respecto al número formal de solicitudes de restitución, con 2 726. A nivel nacional, el Cesar ocupa el segundo lugar en lo referente a hectáreas despojadas, después de Antioquia que tiene 233 785, y el tercer lugar en lo que atañe al número formal de solicitudes, después de Antioquia, que tiene 5 112 y Bolívar, con 3 250.

En definitiva, el despojo de tierras y territorios en el Cesar terminó siendo funcional a un modelo de desarrollo extractivista,2 agroindustrial y de ganadería extensiva que, a la postre, terminó imponiéndose en el país en detrimento de la economía campesina, poniendo en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria. Algunas de estas tierras despojadas corresponden a los predios de Bellacruz (ubicados en La Gloria, Pelaya y Tamalameque), El Prado y Mechoacán (corregimiento de Boquerón en La Jagua de Ibirico), El Toco (corregimiento de Los Brasiles en San Diego), Santafé y Manantiales (corregimiento de Estados Unidos en Becerril), La Concordia (corregimiento de Llerasca en Agustín Codazzi), San Miguel y Entre Ríos

1. http://www.pdpcesar.org - Carrera 7ma No 13B – 72 Barrio Cañahuate, Valledupar – Cesar, (5) 711364. direccionejecutiva@ pdpcesar.org 2. Según datos aportados el 4 de febrero de 2013 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(El Copey), El Limón (corregimiento de La Mesa-Azúcarbuena), Buenavista (vereda Marquetalia, del corregimiento de Villa Germania, en Valledupar), La Libertad (corregimiento de La Mata en La Gloria) y Villa Oliva (San Martín). Cada caso ha sido liderado por campesinos y campesinas, quienes organizados de cara a los procesos de reclamación llevan 25 años demandando, cada uno por separado, la restitución de sus tierras ante el Estado colombiano. Por su parte, el Estado todavía no ha dado respuestas que supongan el cumplimiento de los derechos de las víctimas, de las organizaciones y de las comunidades, pese a sentencias que así lo establecen.3

Con la aprobación de la ley 1448 de 2011, cuyo énfasis reglamentado en el decreto ley 4829 del mismo año recae sobre la restitución de las tierras despojadas en el país, se abrió una gran expectativa para los líderes y lideresas reclamantes de tierras en el departamento del Cesar. Estos advirtieron una oportunidad sin precedentes en la devolución de sus predios.

Sin embargo, las realidades territoriales parecen demostrar que este proceso supera el procedimiento administrativo y judicial señalado allí, pues no es posible ignorar la presencia de grupos armados ilegales (GAI), especializados hoy con el nombre de Ejército Anti Restitución (GAR). Los GAR son resultado de la confluencia de poderes locales, cuyo común denominador es la oposición a la restitución y a la defensa de un statu quo, generador de una atmósfera de intimidación a través del incremento, desde el 2012, de amenazas, aten3. Para el Caso de los predios del Prado (La Jagua de Ibirico) y la Hacienda Bella Cruz (Tamalameque, Pelaya y La Gloria) existen sentencias por justicia ordinaria, mientras que para los Predios del Toco (San Diego) se profirió sentencia a través del Juez Agrario de Restitución de Tierras previstos por la ley 1448 de 2011.

tados y hostigamiento a los líderes y lideresas de las víctimas reclamantes, a periodistas y a defensores de DDHH. Esto se debe a intereses económicos y políticos. La situación limita severamente el trabajo en pro de los derechos de las víctimas de despojo y aleja las posibilidades de una restitución efectiva.

A la problemática de los GAI se suma una débil y lenta infraestructura institucional, en la que poco confían las víctimas debido a que, para algunos, existe connivencia con los despojadores. Además, se considera que la institucionalidad se ha erigido para materializar la restitución de las tierras y territorios, y por ello se muestra incapaz de enfrentar estructuralmente los problemas agrarios que están en la raíz del despojo de tierras y territorios. Entre estos problemas destacan las amenazas, cuyas respuestas, además de tardías, han sido pensadas para personas con un estatus y un nivel socioeconómico alto y para ámbitos urbanos.

Pese a esto, los líderes y lideresas reclamantes se han mantenido en sus procesos y cada caso, a través de los años, ha venido consolidando una experiencia y unas capacidades dispersas, estigmatizadas como insurgentes y poco documentadas.

Los riesgos que en el Cesar se cernían sobre los reclamantes de restitución de tierras y territorios, en especial sobre los líderes y lideresas, son de tal magnitud que para hacerles frente, la Oficina de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP OEA), el PDP Cesar y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, identificaron la necesidad de configurar un espacio de encuentro, articulación, unidad e intercambio para el aprendizaje. Este espacio tenía el objetivo de contribuir a dejar atrás la dispersión y atomización, tanto de los procesos de restitución de tierras como de las organizaciones agrarias y campesinas que los impulsan, ya que en este escenario se encontraban mucho más vulnerables.

El 19 de febrero de 2013, en un contexto marcado por el preocupante incremento de las amenazas y las agresiones contra reclamantes de restitución de tierras, se organizó en Valledupar la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, en la que convergen buena parte de los procesos colectivos de restitución de tierras y territorios del departamento. A la asamblea se sumaron como aliados, en un rol de acompañamiento y fortalecimiento, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundemocracia y el Grupo de Memoria Histórica del Cesar.

El propósito principal de la asamblea fue identificar y caracterizar los límites y las posibilidades de la restitución de tierras en contextos mineros, agroindustriales y de frontera. Para ello, se concluyó: • Elaborar y presentar periódicamente informes sobre los riesgos de violación de derechos humanos de las víctimas reclamantes de tierras en el departamento del Cesar.

• Posibilitar y coadyuvar a una reflexión, por una parte para la identificación de escenarios de riesgo por conflicto armado en que actualmente se encuentra el territorio, y por otra parte para permitir el diseño de estrategias y mecanismos de prevención, protección y autoprotección de las víctimas.

• Permitir el diseño de una hoja de ruta para la participación y la incidencia política en el Gobierno.

Muchos han sido los aprendizajes en el desarrollo de esta experiencia, sin embargo, en aras de priorizar los más representativos, se mencionan a continuación: • La alianza de instituciones, conformada por agencias de cooperación internacional, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil, es una plataforma que genera confianza con los reclamantes y que permite el seguimiento y la convocatoria institucional, generando condiciones que dimensionan y blindan el proceso de restitución.

Adicionalmente, la alianza permite el diseño de estrategias que fortalecen la Asamblea Campesina del Cesar, por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir.

• La Asamblea Campesina del Cesar, por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir se posiciona como un mecanismo para el encuentro, el diálogo y el intercambio de experiencias entre líderes y lideresas reclamantes de tierras de los casos emblemáticos. Esto ha permitido iniciar: la caracterización del despojo y los mapas de riesgo; la elaboración de insumos para el diseño y puesta en marcha de rutas para la autoprotección; la generación de espacios de concertación con las entidades concernidas y con algunos organismos de cooperación internacional.

• Aún es débil la capacidad para convocar a la participación y se mantienen las asimetrías en la relación entre las instituciones y las víctimas. En el protocolo de participación no es claro el espacio para los líderes y lideresas reclamantes de restitución de tierras en el país.

• Se elaboraron y presentaron tres informes sobre los despojos de tierras y los procesos de restitución en el Cesar, como herramienta para el diálogo y la incidencia política. Se proyectaron como línea de reconstrucción de memoria histórica.