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DĂ?A 1: lunes 15 de julio Paz y Derechos Humanos: Victimas CINEP/PPP

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Elaborada por CINEP/PPP1

INTRODUCCIÓN

En Colombia está abierto el debate en torno a las condiciones necesarias para el logro de la paz, favorecido en parte por las conversaciones en La Habana, Cuba. Pero la creación de tales condiciones abre un horizonte que, desde la perspectiva integral de la paz, requiere abordar procesos de reconstrucción alrededor de los daños causados, los procesos de reconciliación de las relaciones rotas entre personas y sectores sociales, y de la resolución de los problemas estructurales de fondo, generadores del conflicto mismo.

En tal sentido, la atención, la protección y la restitución de los derechos de las víctimas constituye un desafío importante para el alcance de la reconciliación y la paz en Colombia, un desafío que se hace más evidente en regiones con débil institucionalidad o donde el Estado local está cooptado o coexiste con actores ilegales. Lo anterior explica por qué la Red de Programas de Desarrollo y Paz (REDPRODEPAZ) escogió como línea de política de esta jornada el de víctimas del conflicto armado interno, reconociendo con ello que el alcance de una paz sostenible y duradera en las regiones será posible cuando estas sean visibles, y sus derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sean respondidos.

Al respecto, vale recordar que en nuestro país la problemática de las víctimas ha estado históricamente muy relegada de la agenda pública a pesar de la magnitud del fenómeno y la larga duración del conflicto interno. Si se revisan los avances institucionales más importantes en la materia, es decir, las respuestas estatales a la problemática, se puede encontrar cómo la Ley 387 de 1997 sobre desplazamiento forzado y la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y restitución de tierras, emergen en décadas recientes y tras un largo proceso de movilización de organizaciones sociales, derechos humanos y víctimas nacionales e internacionales que reivindicaban y denunciaban una grave crisis humanitaria como consecuencia de la persistencia del conflicto armado.

La experiencia colombiana sobre los acuerdos de paz y las medidas institucionales para responder ante la situación de las víctimas en Colombia se han enfrentado no solo a fuertes cuestionamientos sobre su efectividad, sino también a limitaciones para ser implementadas en los territorios. Aspectos como la persistencia del conflicto armado, la debilidad de la institucionalidad local y la falta de correspondencia entre las dinámicas regionales y las del centro, demuestran /que no basta la decisión unilateral desde el Gobierno nacional y

1.Memoria elaborada por Fernando Sarmiento, Magda López y Juliana Muñoz del Equipo Iniciativas de Paz del Cinep/ Programa por la Paz

el desarme de un grupo alzado en armas para cesar la violencia, sino que la paz corresponde a un proceso más complejo, y es necesario que involucre su construcción desde las mismas regiones donde se convoque además, el concurso de todos sus actores.

Los casos compartidos por representantes de Micoahumado y el Comité Cívico de Monterrey en el Magdalena Medio, Mampuján en Montes de María y El Castillo en el Piedemonte Llanero Oriental, revelan no solo los graves efectos del conflicto armado sobre las comunidades rurales de estas regiones, sino la capacidad de estas últimas para sobreponerse ante los vejámenes de la guerra.

Las cuatro experiencias compartidas tienen en común un proceso de organización de la comunidad. La organización comunitaria, en las cuatro experiencias regionales, se fortalece o emerge como respuesta ante la amenaza colectiva perpetrada por los actores armados, y ante la incapacidad estatal para proteger y garantizar sus derechos. Asimismo, en el caso de Micoahumado, la organización comunitaria también se pronuncia frente a los intereses de economías extractivistas que amenazan la sostenibilidad ambiental y su seguridad alimentaria.

Si bien en estas cuatro regiones, la violencia perpetrada por la guerrilla, los paramilitares o la fuerza pública generó en muchos casos el debilitamiento o la ruptura del tejido social, y la desmembración de organizaciones sociales y comunales, el arraigo en el

territorio y la esperanza de reconstruir su proyecto de vida las llevó a reagruparse. Aspectos como la articulación comunitaria en torno a fines comunes, la cohesión interna, la comunicación, y la generación de redes externas fueron factores presentes en las cuatro experiencias que facilitaron su alta incidencia local, regional e incluso nacional.

Las relaciones con el Estado local y central han sido diferentes en cada una de las experiencias presentadas. En algunas de ellas, la relación con el Gobierno municipal y departamental ha sido débil y de desconfianza debido a la participación u omisión de acciones que vulneraron sus derechos. En otras experiencias, ha sido más fácil la interlocución con el Estado central a través de programas de atención y reparación a los que se ha logrado acceder después de una larga gestión. Asimismo, esta relación es una constante que está condicionada por la capacidad del Estado local de atender las demandas sociales, y por su legitimidad, sobre todo cuando la respuesta a estas se encuentra determinada por prácticas clientelistas.

En las cuatro experiencias regionales, quedó en evidencia la necesidad de restablecer y fortalecer las relaciones con el Estado local y fortalecer las capacidades de este para garantizar los derechos de la población y responder a las demandas de las comunidades que han sido victimizadas por causa de la violencia política.

Las cuatro experiencias suscitaron inquietudes que se pueden agrupar en tres amplios temas. El primero tiene que ver con los retos más importantes de las experiencias, el segundo trata sobre las estrategias y los mecanismos de funcionamiento, y el tercero habla acerca de sus relaciones con otros actores.

Respecto a los retos a los que se enfrentan estas experiencias, sus representantes mencionaron: 1) continuar trabajando en medio del conflicto armado que sigue amenazando sus comunidades; 2) incrementar la confianza con el Estado, especialmente con sus gobernantes locales; 3) acceder a la verdad, la justicia y la reparación y 4) solucionar la falta de comunicación entre regiones, ya que dificulta aprender de los procesos exitosos que están ocurriendo en el país e implementarlos.

En cuanto a las estrategias y a los mecanismos que se emplearon en estas cuatro experiencias regionales, se destacó la búsqueda y la aceptación del acompañamiento de diferentes organizaciones cuyo apoyo las fortaleció y potenció la gestión de sus demandas. Asimismo despuntó un fuerte compromiso de las comunidades y sus líderes con unos objetivos compartidos.

En la experiencia de Micoahumado se recalcó que el diálogo con los actores armados fue su estrategia para que los respetaran como comunidad. En cuanto a los métodos exitosos para la erradicación de coca se enunció: delimitar zonas agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria, generar proyectos productivos de sustitución y recuperar el arraigo con el territorio, ya que se demostró que la gran mayoría de los cocaleros no eran de la región.

Como estrategia para la reconstrucción luego de largos episodios de violencia, las experiencias resaltaron la recuperación del sentido de pertenencia al territorio y que las víctimas puedan participar colectivamente en los procesos políticos.

En cuanto a la relación de las experiencias regionales con otros actores, en el caso de Mampuján, se destacó el papel de orientación de la Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María y su apoyo en programas para la tercera edad. Varias experiencias enunciaron la importancia de programas del gobierno en capacitación sobre sus derechos como víctimas y el acompañamiento internacional como un factor vital para su protección. Y en el caso de Micoahumado, se expuso la importancia en la capacitación para instruirse en abonos orgánicos y la conformación de escuelas campesinas. ¿Cómo aportan las experiencias regionales en un contexto de consolidación de escenarios de paz?

El ejercicio de compartir los aprendizajes y las experiencias de los pobladores de regiones azotadas por el conflicto armado es un recurso valioso aún subutilizado en la reflexión y el abordaje de la construcción de paz.

Las cuatro experiencias regionales de Micoahumado, Monterrey, El Castillo y Mampuján aportaron diversas reflexiones sobre el papel de la sociedad civil en la reconstrucción de los territorios afectados por la violencia. Las experiencias brindaron, en primera medida, un panorama del comportamiento y los efectos del conflicto armado en cada uno de sus territorios, y en segundo lugar, las herramientas que pueden inspirar nuevos procesos de recuperación frente a los daños y la prevención de las causas generadoras.

La comprensión de las particularidades regionales y los aprendizajes derivados de las experiencias de los actores locales en la recuperación y construcción de paz son insumos que deben tenerse en cuenta para el diseño e implementación de políticas gubernamentales y de apuestas de la cooperación internacional de cara a la consolidación de paz. En este sentido se señaló la necesidad de fortalecer la participación de comunidades y organizaciones, tanto en los procesos de construcción de memoria colectiva, como en los de formulación e implementación de políticas públicas y programas de cooperación de los cuales no son solo destinatarios.

Durante este momento de la jornada, los participantes del Encuentro se reunieron en grupos diversos para reflexionar sobre estas cuatro preguntas orientadoras: • • • •

¿Qué ha cambiado en la relación conflicto y paz? ¿Cuáles son los conflictos que emergen en la coyuntura y qué actores participan? ¿Qué tenemos que cambiar en un contexto de posconflicto y negociación? ¿En qué, con quién y cómo influir en las negociaciones de La Habana?

¿Qué ha cambiado en la relación conflicto y paz?

En el contexto del conflicto armado: • Reconfiguración de los actores armados, no solo de las llamadas Bandas Emergentes Criminales (Bacrim), sino de diferentes alianzas entre actores armados de cara a la explotación de recursos naturales y el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En lo Institucional, la opinión pública y la sociedad civil: • A nivel institucional hay un mayor reconocimiento de la existencia del conflicto armado y sus impactos. En el mismo sentido de los derechos de las víctimas.

• A nivel institucional y de la opinión pública hay un mayor reconocimiento respecto las acciones de paz y desarrollo desde el territorio; de las perspectivas y experiencias regionales en paz y desarrollo que a su vez ayudan a la construcción de autonomía de las regiones.

• Con respecto al tema de participación, ha habido una superación del miedo a la denuncia, aparecen elementos concretos para hablar de paz, y la institucionalidad cuenta con instrumentos para hablar de derechos.

• Se establece la importancia de un salto generacional en la forma como se interpreta y se vive un posible posconflicto.

Se habla de una cultura de paz desde el cambio interior de las personas. ¿Cuáles son los conflictos que emergen en la coyuntura y qué actores participan?

Medio ambiente • Los efectos ambientales y sociales de la minería y la agroindustria. Política gubernamental de la “locomotora minera”.

• Conflicto por el agua.

Gobernabilidad • Efectividad de la implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras y de espacios de participación social.

• Los programas asistencialistas hacia personas desplazadas por la fuerza y migrantes económicos.

• Las políticas urbanas insuficientes que no están en la agenda de La Habana.

• Corrupción.

Tierras • Conflicto por la tenencia y formalización de la propiedad.

• Extranjerización de la tierra.

• Restitución.

• Seguridad alimentaria.

Conflicto social y político • Desplazamiento forzado y migración económica del campo a la ciudad.

• Los grupos armados permean la movilización social.

• Estigmatización de la movilización social.

Conflicto urbano • Inseguridad.

• Microtráfico.

• Acelerado proceso de migración campo-ciudad.

• No hay nuevos conflictos, sino que la negociación y el conflicto visibilizan los problemas estructurales no resueltos (minería, tierra, megaproyectos, estigmatización de la movilización, etc.)

Actores: Actores armados, sociedad civil, Estado.

¿Qué tenemos que cambiar en un contexto de posconflicto y negociación?

Ser • Vivir dentro de los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) el cambio que esperamos afuera.

• La espiritualidad, el ser interior.

• La actitud personal frente al otro.

• Respeto por los valores territoriales.

• Más compromiso.

Saber hacer • Redefinir los procesos de acompañamiento.

• Valorar el saber desde los territorios y visibilizar e intercambiar sus experiencias.

• Apoyar y aprender de procesos de cultura de paz y reconciliación.

• Definir cómo pensar la construcción de paz desde las regiones y aprender de experiencias internacionales.

• Gestión comunitaria.

Desde los PDP • Lugar de los PDP en la participación y la veeduría.

• Revisar lecciones aprendidas y pertinencia de la acción.

• Compartir la experiencia regional de los PDP. • Papel de los PDP en el proceso de paz.

• Articulación con acciones del Estado y otras organizaciones sociales.

• Aportar en la construcción de un enfoque de desarrollo desde los territorios.

Relacionamiento • Comunicación más asertiva.

• Fortalecer relación PDP-institucionalidad local.

• Potenciar el papel de la iglesia y las empresas en el posconflicto.

• Aportar en la construcción de una nueva relación entre Estado- sociedad civil.

• Concretar y fortalecer la agenda de los PDP en este escenario y ser actores contundentes en la mesa de negociación.

• Promover políticas de Estado que se proyecten en el largo plazo y que sean pertinentes en el territorio.

• Necesidad de una pedagogía política.

¿En qué, con quién y cómo influir en las negociaciones de La Habana?

• ¿En qué?

Insistir en la búsqueda de la verdad, la reparación y la no repetición. construcción de memoria histórica colectiva que llegue a muchos otros sitios dentro del territorio.

Reducir la brecha urbano/rural, y la desigualdad que prepondera entre estos territorios.

• ¿Con quién?

Mediante las organizaciones y la Mesa Nacional de Víctimas, la Redprodepaz, y la conformación de comisiones de la verdad.

• ¿Cómo?

Amplia participación de la sociedad civil en las mesas de víctimas para exigibilidad legítima a las dos partes.

La reflexión colectiva alrededor de estas cuatro preguntas orientadoras permite identificar tres desafíos importantes para los PDP en el horizonte del posconflicto y la construcción de paz. En primer lugar, el de fortalecer y visibilizar la perspectiva regional de paz que junto con experiencias locales deben entrar en diálogo con el diseño e implementación de políticas públicas.

En segundo lugar, se encuentra el desafío de recomponer y fortalecer la relación con el Estado, tanto a nivel local como nacional. En este proceso tienen un papel importante como facilitadores los PDP, tanto con comunidades, como con organizaciones sociales, y con la empresa privada. Tal papel no solo se vislumbra con la institucionalidad, sino en el ámbito de la reconciliación social.

En tercer lugar, se observa el desafío de restituir los derechos de las víctimas. Tal desafío se traduce en insistir en el alcance de verdad, de justicia y de reparación para las víctimas, aún en un escenario en el que los atisbos de un acuerdo de paz con la guerrilla suponen un riesgo de impunidad, y frente al realismo de que un acuerdo político no desactiva todas las estructuras ilegales que están y seguirán delinquiendo. Evidentemente, si no se atiende la deuda con las víctimas y no se brindan garantías efectivas de no repetición, no será posible pensar en construcción de paz desde los territorios.

Este conversatorio inició con las intervenciones de Gonzalo Sánchez (Director del Centro de Memoria Histórica), el Padre Juan Carlos Cárdenas (Subdirector de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal) y Jairo Rivas (Unidad de Atención y Reparación a Víctimas), quienes plantearon sus reflexiones, recomendaciones e impresiones acerca de los debates adelantados durante la jornada.

Gonzalo Sánchez recalcó la vigencia y la pertinencia del trabajo de la Red de Programas de Desarrollo y Paz en particular por su potencial para dar a conocer la realidad de las regiones y su trayectoria en el trabajo con víctimas, verdad y memoria.

Al mismo tiempo, frente a la inquietud de cómo puede la Red contribuir al proceso de paz desde su trabajo en las regiones, Sánchez afirmó que si bien en La Habana se negocian los acuerdos, la paz se va a decidir en las regiones donde están los conflictos, las organizaciones y las experiencias. Por ello la Red puede aportar con su voz y conocimientos acumulados a lo que se está haciendo en La Habana.

Por otra parte, Sánchez señaló la importancia de conectar los procesos nacionales con las regiones pero también entre ellas mismas. Esta necesidad subyace en una enorme diversidad de concepciones, lenguajes de la memoria y respuestas a la guerra que merecen un ejercicio de intercambio y retroalimentación, el cual puede brindar un panorama más comprensivo de cómo construir la paz desde la diversidad de los territorios; desde esta perspectiva, la diversidad debe reconocerse más como patrimonio cultural que como obstáculo.

Asimismo, la guerra también ha generado una fragmentación social y política en la cual los PDP encuentran otro desafío para la acción.

Otro de los aportes de los PDP en el actual momento de las conversaciones de Paz tiene que ver con la legitimidad del proceso. La salida negociada al conflicto requiere la generación de un clima favorable en la opinión pública. En este sentido no son pocos los retos que impone un posible escenario de firma de acuerdos y el papel de pedagogía política que podrían desempeñar los PDP que, sin renunciar a la verdad, pueden contribuir a la generación de escenarios de convivencia y de reconciliación con aquellos considerados perpetradores.

Asimismo, un desafío para la acción es lograr generar mayor conciencia del nuevo panorama político en el que nos inserta el proceso de paz, y no entrar en pánico ante una posibilidad de acuerdos de paz. Esto implica no cerrar el camino a las expresiones políticas de los que detentaban las armas, y fortalecer los mecanismos y las garantías de participación política.

“Por fuera de La Habana se quedan muchos problemas, media Colombia, hay problemas como las Bacrim, pero es porque estamos resolviendo un viejo problema y hoy nos aquejan otros nuevos” El padre Juan Carlos Cárdenas, coincide con Gonzalo Sánchez en la importancia de vencer los miedos a la paz, así como en la necesidad de reunir a los actores luego del efecto fragmentador de la guerra.

En este sentido, resalta el trabajo realizado por la Iglesia Católica para darles más voz a las víctimas buscando que desde su experiencia dolorosa busquen la recomposición de sus vidas y resiliencia. Este proceso implica también insistir en la búsqueda de la verdad como principio dignificante y reparador de las víctimas.

Por otra parte, el padre Juan Carlos Cárdenas señala el desafío de la reconciliación. Esta es una tarea inaplazable en la que están llamados a contribuir los PDP. El país se encuentra polarizado en diferentes niveles, no solo en lo político, también en el campo y la ciudad, y eso también implica que desarmemos la palabra y nuestro lenguaje.

Por su parte, Jairo Rivas resalta el desarrollo de diálogos de paz aun cuando su desenlace es todavía incierto. Al respecto coincide con Gonzalo Sánchez en que un primer desafío es el de legitimar el proceso. Esto porque es la única manera de extender el alcance del acuerdo político a la realidad donde empieza realmente la construcción de paz. Esta tarea implica un trabajo de soporte desde las organizaciones sociales.

Haciendo referencia al tema de víctimas y las experiencias de Mampuján, Micoahumado, Monterrey y El Castillo resalta cómo a pesar de la tradicional desconfianza de las víctimas hacia el Estado, esta se ha venido restableciendo. Al respecto, señala que en un escenario de posconflicto y construcción de paz, la sociedad y el Estado no pueden ir por lados distintos.

Asimismo, señala Rivas que es importante avanzar en el fortalecimiento de los lazos no solo entre las víctimas y el Estado, sino también entre la sociedad, las empresas, y la fuerza pública.

En este sentido el Estado también tendrá que dar enormes pasos. Esto interpela a los PDP a avanzar en acciones que permitan compartir sus experiencias y reflexiones de interlocución con la institucionalidad, proyectándolo a un escenario posnegociación.

En respuesta a las anteriores consideraciones las inquietudes del público se dirigieron a los siguientes temas: • ¿Cómo construir legitimidad desde lo local cuando esta se gana y también depende de los actores que están negociando?

• ¿Cuál es el papel de las organizaciones de víctimas?

• ¿Cuáles son las posibilidades de contar la memoria histórica desde lo local?

• ¿Qué tan creativos somos en formular propuestas en atención a víctimas y construcción de paz?

• ¿Qué hacer para cambiar la lógica institucional de atención a víctimas que revictimiza?

• ¿Qué costos reales tiene la paz?

• ¿Qué tipo de pedagogía política necesita la sociedad?

• ¿Cuál puede ser el rol de los PDP y cómo ve el gobierno a los PDP? • ¿Algunos PDP están en territorios más desarrollados que otros? ¿Por qué el gobierno no le hace seguimiento al desarrollo social y los planes de desarrollo que no se cumplen?

Jairo Rivas planteó que, respecto al tema de la implementación de la Ley de Víctimas, es importante entender que esta pretende ser una transición hacia una nueva relación de las víctimas con el Estado, no obstante hay una inercia de mantener el viejo modelo asistencialista. Evidentemente, hay espacios donde se produce esta revictimización pero que se pretende contrarrestar con los centros regionales y en reconocer que medidas como las indemnizaciones deben estar acompañadas de otras acciones más integrales.

Gonzalo Sánchez responde que hay consensos sobre las limitaciones de la participación directa de la sociedad civil y las víctimas en la mesa de negociación con las FARC. Al respecto, es importante entender que se trata de un asunto de momentos y prioridades. El proceso ha desencadenado una importante movilización social y existen mecanismos de transmisión de las reflexiones desde la sociedad civil hacia la mesa en La Habana como las mesas regionales y los foros de participación organizados por la Universidad Nacional y el PNUD. Por otra parte, Sánchez plantea la importancia de una enseñanza de la memoria histórica que reconozca los movimientos y los procesos donde quepan todos los actores de la sociedad. Asimismo resalta el papel de la pedagogía política en la renovación de nuestra democracia donde predomine el principio de debate de las ideas y en el que la enseñanza de la historia para las nuevas generaciones contribuya a la no repetición.

Finalmente, el padre Juan Carlos Cárdenas responde con respecto a las inquietudes sobre revictimización, que es preciso un proceso de acompañamiento por parte de las organizaciones sociales para que la reclamación de derechos sea digna y se pueda incidir en el desbloqueo de puntos críticos. En la misma dirección de Gonzalo Sánchez, el padre Juan Carlos Cárdenas recalca el papel de organizaciones como los PDP en el desarrollo de una pedagogía política que facilite escenarios de construcción de paz.

El intercambio de reflexiones durante el conversatorio mostró coincidencias entre los invitados respecto al papel crucial que tienen las regiones como escenarios donde se deben expresar los acuerdos y materializar la paz. En ese sentido se resaltó el papel que vienen desempeñando los PDP en diferentes lugares del territorio colombiano donde han visibilizado los impactos del conflicto y demostrado su potencial para contribuir en el monitoreo de los acuerdos, así como inspirar procesos de reconciliación social.

Para avanzar en semejante proceso de reconciliación, no obstante, es importante tomar en especial consideración los derechos de las víctimas, las cuales no solo pueden ver amenazado su derecho a la verdad y a la justicia en la negociación de acuerdos, sino ser revictimizadas por reincidencia de la violencia o porque el Estado no responde a sus demandas.

La reflexión destaca un papel central de los PDP en la pedagogía política del proceso de paz desde lo local. Este papel reviste grandes responsabilidades como generar un ambiente que privilegie la salida negociada al conflicto armado; promover espacios de participación, tolerancia política y reencuentro con el Estado; visibilizar los derechos de las víctimas y adelantar acciones para la construcción de una memoria histórica con miras a la no repetición.

El ejercicio de agendas de revisión regional permite identificar los siguientes temas clave dentro de las estrategias de los PDP: • Acciones y pedagogías para la paz, los derechos humanos y la reconciliación.

• Fortalecimiento de capacidades locales (individuales, colectivas e institucionales) dirigidas a la realización de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

• Articulación de la nación con el territorio.

• Articulación entre organizaciones sociales, entes privados, institucionalidad y pobladores territoriales para avanzar en agendas comunes de paz y desarrollo.

¿Experiencia misma y el aporte de la experiencia al proceso de paz?

• Ilustren con mayor detalle las metodologías con respecto a la recuperación de memoria histórica.

• ¿Cómo se ha logrado la sustitución de los cultivos de coca en el municipio de Micoahumado?

• ¿Podemos afirmar que la unión rompe paradigmas?

• ¿Por qué creen ustedes que estas experiencias exitosas no se han replicado en contextos urbanos?

• ¿Los grupos armados respetaron la decisión de Micoahumado cuando este se declaró soberano?

• ¿Cómo impedir que vuelvan los momentos trágicos de la violencia?

• ¿Las experiencias cívicas han llegado al campo de la política local o se han mantenido en la comunidad para no contaminarse?

• ¿Cómo se caracteriza la población que resistió la violencia?

• ¿Qué parte de su experiencia comunitaria cree que pude aportar a los procesos de paz?

• ¿Cómo ha contribuido el proceso de paz con las condiciones de vida de Mampuján? ¿Qué aporte le hace la experiencia al actual proceso de paz?

• ¿Creen ustedes que si los hechos victimizantes no hubieran sido tan fuertes, los procesos de organización hubieran sido tan exitosos?

• ¿Cómo ve la intervención de los PDP en pro de generar espacios de integración y fortalecimiento de sus capacidades?

• ¿Cuál cree que ha sido el aporte más importante de los PDP a las comunidades?

• ¿Ustedes como pobladores como han experimentado la formación y capacitación por parte de los PDP? • ¿Cómo es la relación entre el Estado y las alcaldías locales en cómo se planea el desarrollo?

• ¿Cómo fortalecer las iniciativas que trabajan por las víctimas y sus derechos cuando las instituciones locales y regionales son frágiles, débiles o inexistentes?

• Mampuján y el Castillo: ¿Cuál es la relación que tienen ustedes con las fuerzas armadas, la policía y el Estado colombiano?

• ¿Cómo consideran la responsabilidad del Estado para potenciar la soberanía nacional?