La Justicia Local en la Subregión de Cordillera by REDPRODEPAZ

Informe Técnico: La justicia local en la Subregión de Cordillera Departamento de Nariño 2017

Coordinador Nacional Redprodepaz Jorge Alberto Tovar Coordinador Nacional del Proyecto Justicia Local para la Paz Daniel Acevedo Suárez Redprodepaz Autor - coordinación editorial y compilación Nataly García R. Coordinación editorial y compilación Carol Perugache Equipo de implementación territorial ADEL Nariño Diseño, diagramación Buenos y Creativos Diana M. Trujillo T.

Redprodepaz, marzo de 2017 Todos los derechos reservados. Esta publicación ha sido posible gracias a la Unión Europea, Gobierno de Colombia, Redprodepaz, Programas de Desarrollo y Paz. Está permitida la reproducción parcial o total de este documento, su tratamiento informático, su transmisión por cualquier forma o medio, sea electrónico, mecánico, por fotocopias u otros; con la necesaria indicación de la fuente y el autor.

El informe que se presenta a continuación cuenta con una descripción general de la subregión de cordillera del departamento de Nariño, en los municipios de Leiva, Rosario, Policarpa y Cumbitara priorizados para la implementación de los Sistemas Locales de Justicia en el marco del Proyecto Justicia Local para la Paz; analizando brevemente los resultados de la línea base por municipio de oferta y demanda de justicia, así como algunas reflexiones acerca de la justicia local, conflictividades, barreras de acceso a la justicia y desafíos para el fortalecimiento de la justicia y la consolidación de los Sistemas Locales de Justicia.

Tabla de Contenido Aspectos Generales del Informe……………………………................................................…………….9 1.

La Subregión de Cordillera – Departamento de Nariño..........................................................10

1.1.

Aspectos generales de la cordillera…………………………............................. …………………..10

1.2. Aspectos demográficos............................ …………………………………………………………..12 1.3. Dinámica de conflicto y economías ilegales..................................................................................….14 1.4. Cultivos de uso ilícito y economías ilegales……………………………….......................................17 2.

Análisis de Conflictividades en la Cordillera Nariñese..........................…………………………19

2.1. Violencia Intrafamiliar………………………………………………...............................…………..20 2.2. Violencia sexual……………………………………………………........................... ……………..22 2.3. Homicidios………………………………………………………............................ ………………..24 2.4. Lesiones personales……………......................................................................... …………………...26 2.5. Otras conflictividades de preocupación para los actores de justicia en la cordillera Nariñense...............27

2.5.1. Aumento de casos en mantenimiento y alimentación de los hijos o de otros miembros .................. 27 2.5.2. Aumento del consumo de sustancia psicoactivas en menores de edad.........................………. 27 3.

Barreras de Acceso a la Justicia en la Cordillera Nariñense………..........................………... 28

3.1. Miedo a denunciar……………………………............................………………………………….28 3.2. Débil presencia de justicia en zonas rurales……………............................ ………………………29 3.3. Barreras geográficas y económicas……………………………........................... ………………..30 3.4. Desconocimiento de derechos y de mecanismos de acceso a la justicia….......................... ……31 4.

Descripción General del Mapa de Actores de Justicia en la Cordillera Nariñense.………………. .................................................................................................................................................. 32

4.1. Justicia formal……………………………………………………............................. ………………33

4.1.1. Fiscalías Locales……..............................…………………………………………………………….33 4.1.2. Juzgados Promiscuos Municipales............................ ………………………………………………33

4.2. Justicia administrativa..............................…………………………………………………………..33

4.2.1. Secretarías de gobierno….............................……………………………………………………….33 4.2.2. Inspecciones de Policía............................…………………………………………………………..34 4.2.3. Enlace de Víctimas............................ ……………………………………………………………….34 4.2.4. Comisarías de familia.............................……………………………………………………………34 4.2.5. Defensoría de Familia………………………………………………….............................…………35 4.3. Ministerio Público……………………………………………………..............................…………..35

4.3.1. Personerías………………………………………………………........................... ………………. 35 4.3.2. Defensoría Pública…………………………………………............................ …………………….35 4.4. Justicia propia…………………………………………………............................ …………………36

4.4.1. Consejos Comunitarios ……………......................................................................... ………………..36 4.5. Justicia Comunitaria………………………………………….............................. ………………….36

4.5.1. Juntas de Acción Comunal……………………………………............................. ………………... 36 4.6. Aspectos sociodemográficos de los actores de justicia……….......................... …………………36 5.

Capacidades Institucionales…………………………........................... …………………………..37

Restricciones Operativas……………………………………............................……………………40

Aportes Iniciales de SLJ a la Subregión…………………………............................……………...41

7.1. Municipio de Cumbitara.......................................................................................................................44 7.2. Municipio de El Rosario........................................................................................................................45 7.3. Municipio de Leiva................................................................................................................................46 7.4. Municipio de Policarpa.........................................................................................................................46 8.

Retos Institucionales y las Recomendaciones para la Justicia en la Subregión de Cordillera.......51

Estudio de Caso: El Ejido…………………….....................………………………………………….56

Referencias Bibliográficas........................................................…………………………………………..61

Aspectos Generales del Informe Este informe presenta una reflexión de la justicia local a partir de las lecturas del territorio1 realizadas en los municipios de Leiva, Cumbitara, El Rosario y Policarpa, ubicados en la subregión de cordillera en el departamento de Nariño, y de intervención del proyecto Justicia Local para la Paz para la implementación de los Sistemas Locales de Justicia (en adelante SLJ). De esta manera, el análisis que se presenta a continuación procesa información de fuentes secundarias acercadela justicia local y la subregión2. Así mismo, se considera la recolección de información primaria por medio de entrevistas semi estructuradas a actores de justicia local de los cuatro municipios, los indicadores de línea base3 de las lecturas, compuestos por: [...] 72 indicadores que se dividen en dos categorías principales: 1. Oferta para el acceso a la justicia (55 indicadores), que tiene representatividad estadística y muestra la tendencia de los actores de justicia identificados en cada territorio respecto a capacidades, relaciones, barreras de acceso a la justicia y conflictividades; 2. Percepción de demanda para el acceso a la justicia (17 indicadores), que no tiene representatividad estadística, pero muestra percepciones de algunos representantes de las comunidades en materia de conflictividades, barreras de acceso a la justicia, actores de justicia y necesidades de capacitación (Herramienta SIME, 2017). El documento se encuentra dividido en seis capítulos. El primero, es una descripción general de la subregión de la cordillera nariñense; el segundo, presenta una descripción de las conflictividades de mayor preocupación en la subregión;el tercero, una reflexión en contexto de las barreras de acceso a la justicia; el cuarto, descripción general del mapa de actores de justicia en la cordillera; el quinto, aportes iniciales de SLJ a la subregión; el sexto capítulo, presenta algunas reflexiones acerca de los 1 La lectura del territorio es una herramienta para identificar la oferta y demanda de justicia a partir de los actores, relaciones y capacidades institucionales, así como desde las conflictividades territoriales para ajustar la capacidad de los operadores de justicia en su capacidad de responder a las comunidades (Herramienta Lectura del territorio, 2017). En el marco del proyecto se realizaron las lecturas del territorio de Policarpa,Leiva, El Rosario y Cumbitara, allí se identificaron las principales conflictividades ybarreras de acceso a la justicia por municipio. Estos documentos fueron realizados con la información recolectada por los facilitadores ADEL (Agencia de desarrollo local de Nariño) Nariño en la lectura del territorio, los cuales fueron analizados y consolidados por la pedagoga del equipo nacional Carol Perugache. 2 Los análisis de información se recolectaron con corte de 31 de octubre del 2017. Para el caso de las cifras de la Unidad para las Víctimas, señaladas en algunos apartados del texto, se actualizaron al 1 de enero del 2018. 3 Están diseñados para dar información estadística sobre el estado inicial de la oferta de justicia a nivel territorial, la demanda correspondiente a las necesidades de las comunidades y permite evaluar el resultado generado por la implementación de los SLJ en los territorios. (Herramienta SIME, 2017).

retos institucionales y las recomendaciones para la justicia en la subregión de cordillera. Y finalmente, el séptimo capítulo, incluye aspectos generales del estudio de caso realizado en el corregimiento El Ejido4 (Policarpa) y su experiencia con “Ejido: Centro de paz”

1. La Subregión de Cordillera – Departamento de Nariño 1.1. Aspectos generales de la cordillera

El departamento de Nariño cuenta con trece subregiones, entre las que se encuentra la cordillera. Esta subregión, de 1.959 kilómetros, está ubicada al noroccidente del departamento y la integran cinco municipios: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa y Taminango5, equivalentes al 5,63% del total del territorio nariñense. Los cuales son parte del corredor natural que une la parte centro‐occidental de Colombia con el sur (Usaid, CCA & Crea, 2010, p. 6). 4 Estudio de caso realizado por Carol Perugache y Nataly García en el mes de Septiembre del 2017. 5 Este municipio no se encuentra en la priorizado en el marco del Proyecto Justicia Local para la Paz. La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia Cuenta con una población, según la proyección DANE 2017 de 72.025 habitantes6, de los cuales 16.046 están ubicados en el sector urbano y 55.979 en el rural (PDD7 2012-2015), lo que corresponde a una población rural tres veces mayor a la ubicada en el sector urbano, de los cuales, 52% son hombres y 48% mujeres. De acuerdo al DANE (2005) ésta subregión de Nariño se encuentra en el tercer lugar de Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI del departamento con un 67% (PNUD & Embajada de Suecia, 2014, p. 11). En lo que respecta a la medición de pobreza multidimensional, en la zona rural alcanzó un 84.2%, mientras que a nivel urbano fue de 51%. Estos aspectos son fundamentales para entender el contexto local en dos sentidos: i) el crecimiento de la economía ilegal por medio de los cultivos de uso ilícito; y ii) para comprender los retos asociados a la justicia, en un escenario donde existen altos niveles de pobreza y dificultades en acceso a condiciones básicas de calidad de vida, especialmente en el sector rural, donde se encuentra la mayoría de la población. De acuerdo a estudios realizados en el departamento de Nariño, para el caso de la subregión, se presenta un alto índice de vulnerabilidad, después de las subregiones de Sanquianga, Telembí, Piedemonte Costero y Río Mayo. Esta vulnerabilidad responde al: “grado de susceptibilidad que tienen los bienes, individuos y grupos humanos de ser afectados por una amenaza” que desde lo municipal recoge seis dimensiones: (1) violencia (homicidios, asesinatos políticos, masacres); (2) capacidad económica (ingresos del municipio y concentración de la propiedad); (3) institucionalidad (desempeño fiscal y capacidad administrativa); (4) capital humano (analfabetismo, población en edad de trabajar, población económicamente activa); (5) ambiente (desastres naturales); (6) demografía (hogares con jefatura femenina, con niños menores de 5 años y con adultos mayores de 65) (PNUD, 2011, p. 67). Un factor a destacar en la dinámica de la subregión es el aislamiento geográfico, lo que ha incidido en el desarrollo territorial “Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa tenían más relaciones con el sur del Cauca que con su propio departamento y las cabeceras municipales apenas comenzaron a tener comunicación carreteable con Pasto – muy precaria y frecuentemente interrumpida – en los años 70” (USAID, CCA & Crea, 2010, p. 13); actualmente se presentan dificultades de acceso al territorio con una vía desde El Remolino a los municipios, que en su mayoría no está pavimentada, y con vías terciarias en mal estado, lo que dificulta el acceso a los diferentes corregimientos y veredas de los cuatro municipios. En relación con la economía local, en el sector agropecuario se destacan “los cultivos de caña de azúcar, café, plátano, maíz, maní y frutales” (UNDP [sin fecha] p. 149); sin embargo, una parte importante de la economía ha estado asociada a los cultivos de uso ilícito, debido a diferentes factores históricos como el aislamiento, las dificultades asociadas a la salida y comercialización de agricultura tradicional, los fuertes veranos que se presentan en la zona, además de otros, como la presencia de Grupos Armados Ilegales (en adelante GAI), y el proceso migratorio del boom cocalero del Putumayo a Nariño, que trajo consigo los saberes y prácticas alrededor de este tipo de economía. Es importante señalar, que una gran parte del territorio se encuentra bajo las categorías de “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General” de la Ley Segunda, que es una determinante ambiental, que establece medidas de protección “para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre” bajo el decreto único del sector ambiental D. 1076 de 2015 artículo 2.2.1.1.17.3 lo que genera, entre otras cosas, dificultades para los procesos de titulación de tierras. 6 Esta cifra incluye Taminango. De acuerdo a la proyección DANE 2017, la población para los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa es un total de 57.802. 7 Plan de Desarrollo departamental 2012- 2015.

Por otra parte, es importante destacar que en el marco del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en el municipio de Policarpa se ubicó una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)8, la cual estuvo activa hasta el mes de noviembre, cuando fue trasladada al departamento del Cauca. De acuerdo a la Alcaldesa de Policarpa, este cambio se presentó porque los excombatientes decidieron salir “hacia la zona centro para que el gobierno pueda cumplir con lo pactado, pues la zona veredal de ese lugar nunca estuvo terminada, no se cumplió con la infraestructura para poder continuar allí” (RCN Radio, 2017).

1.2. Aspectos demográficos Los municipios de Policarpa, Leiva, El Rosario y Cumbitara cuentan con una población para el 2017 de 57.802 habitantes, que bajo las proyecciones poblacionales del DANE, a partir de los datos obtenidos en el censo de 20059, se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Figura 1. Población municipal por zona y sexo, 2017.

Municipios

Total Población 2017

Cabeceras municipales

Resto

Hombres

Mujeres10

El Rosario

9.938

34%

66%

53%

47%

Leiva

14.266

32%

68%

52%

48%

Cumbitara

16.129

12%

88%

51%

49%

Policarpa

17.469

18%

82%

53%

47%

Respecto a la Figura 1 y los procesos demográficos comparativos censo (2005) y proyección DANE 2017, se destacan algunos aspectos: •

El municipio con mayor población al 2017 es Policarpa, con 17.489 habitantes y el de menor número es El Rosario con 9.938.

•

Del Censo 2005 a la fecha, se ha mantenido en la subregión, en proporción general un número mayor de hombres que de mujeres.

•

Los municipios con mayor población habitando en el sector rural son Cumbitara con 14.249 personas (88%) y Policarpa con 14.326 (82%), siendo estas cifras significativamente altas, lo que demanda una mayor priorización de acciones estatales en este sector. Policarpa particularmente tuvo un aumento en el sector urbano, del 16% al 18% del 2005 al 2017; por otra parte, Cumbitara durante el mismo periodo, tuvo un crecimiento general del 41%, pero la proporción urbano- rural se mantuvo.

8 De acuerdo al Decreto 2014 del 7 de diciembre de 2016. Su objetivo es garantizar el cese al fuego y la dejación de armas, iniciar el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil y su tránsito a la legalidad (Alto Comisionado para la Paz). 9 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Proyección poblacional por municipio. https://www. dane.gov.co/ . consultado marzo 27 de 2017. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/ demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 10 Desde la perspectiva de la distribución poblacional por sexo, para 2017 en las proyecciones poblacionales (DANE, 2012). La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia •

Aunque los municipios de Policarpa y Cumbitara son los de mayor porcentaje de población rural, las cifras de Leiva y El Rosario no son nada despreciables, con 8.549 y 6.600 pobladores rurales, respectivamente.

•

En el caso de El Rosario, las proyecciones estimadas para el 2017 dan cuenta de una disminución de la población total del municipio del orden de 13% en los últimos 12 años. Según la comunidad, esta disminución se ocasiona porque las personas se desplazan a otros lugares en busca de mejores posibilidades de vinculación laboral, educación y mejor infraestructura de servicios sociales a las que existen en el municipio. Caso contrario, sucede en Leiva, que pasó de 11.785 en 2005 a 14.266 habitantes en el año 2017, un incremento de 21%, con población que se ubicó principalmente en el sector urbano, ya que la cantidad de personas aumentó, pero la proporción de ruralidad disminuyó en un 5% en el municipio.

Por otra parte, en relación a los rangos etarios de la población por quinquenio, entre los 0 y los 80 años de edad de las pirámides poblacionales, se destaca que: i.

Existe en El Rosario, una disminución de la población de 0 a 24 años de edad, consecuente con la reducción de la población del municipio; en tanto se presentó un crecimiento en el grupo poblacional de 35 a 40 años y de los mayores de 75 años. Lo anterior indica que hay menos niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), que en el 2005; y más adultos que demandan acceso a un empleo e ingresos, como también, mayor cantidad de adultos mayores que requieren otros servicios del Estado.

ii.

En Leiva, la mayor cantidad de población del municipio en 2017, se concentra entre los 0 y los 29 años de edad; no obstante, al comparar con el año 2005 se encuentra que el grupo de 0 a 5 años disminuye notablemente, pasando de representar 15% en 2005 a 12% en 2017, lo que implica menor tasa de nacimientos en 12 años. Así mismo, se presenta mediana concentración de personas entre los 30 y los 49 años de edad, con un leve aumento de 21% a 23%. respecto a 2005. Finalmente, la estructura poblacional muestra una menor cantidad de población entre los 50 y los 80, o más años de edad a nivel municipal, pasando de representar 14% en el 2005 a 16% en el 2017.

iii.

Para Policarpa, los grupos poblacionales que han tenido un crecimiento significativo son las personas de 30 a 44 años y adultos mayores de 75 años, caso contrario al grupo de NNA, y adultos hasta 24 años; lo anterior refleja menor número de nacimientos, y un aumento de la demanda de trabajo, dada por la proporción en edad de trabajar que viene en aumento.

iv.

En Cumbitara, aunque desde 2005 viene disminuyendo su participación, la población de 0 a 19 años correspondientes a NNA es preponderante, por tanto, los SLJ deben tener en cuenta este rango de edad como parte de sus acciones de priorización. Otro grupo en crecimiento en la zona, es el de adultos mayores de 70 años.

Respecto a la población étnica, el departamento de Nariño cuenta con una gran riqueza y diversidad, un total de “70.714 son indígenas (10,28%), 270.433 son afrodescendientes (18,8%), y83 son gitanos o integrantes del pueblo Rom”(PDD, 2016, p. 25); particularmente, en población afrodescendiente, existen 61 consejos comunitarios agrupados en cinco organizaciones, entre ellas COPDICONC, que se ubica en los municipios de Cumbitara y Policarpa.

1.3.Dinámica de conflicto y economías ilegales Los Grupos Armados Ilegales (GAI), han tenido un especial interés en la subregión de cordillera, junto con el pacífico y el piedemonte costero, calificadas como “las zonas más afectadas por el incremento de hechos violentos e inseguridad” (UMAIC, 2016, Pág. 6). La subregión, cuenta con conexión con el departamento del Cauca y la salida hacia el pacífico, por medio de vía fluvial por el Patía. Algunos expertos señalan que el conflicto armado colombiano se explica en buena medida por las pretensiones de poder y de control de los actores armados sobre los territorios de coca y potencial económico, y los corredores estratégicos que ofrecen ventajas y garantizan la conducción de la guerra en Colombia (Pécaut, 2004), ambos aspectos: corredores y producción de coca, son parte de la dinámica subregional. Para los GAI, los intereses en la región respecto a los corredores, se concentran en las zonas de alta montaña y el río Patía; respecto a este afluente es importante destacar que “a lo largo del Patía existen 15 pequeños poblados […] pero las localidades de Policarpa y Bocas de Satinga fueron [o han sido] el epicentro de la violencia por el dominio territorial de corredores estratégicos que comunican con el Pacífico, ideales para el transporte ycomercialización de la coca” (El Tiempo, 2015), como lo señaló un funcionario de justicia formal “el que controla el Patía, controla el negocio”11. Río Patía. Fotografía: Equipo Direccionamiento Estratégico SLJ

La presencia histórica de las FARC-EP en la subregión, estuvo marcada por la creación del Frente 29 Alonso Arteaga en 1985, fruto del desdoblamiento del Frente 8, queoperaba en el Cauca desde los sesentas (Observatorio de Derechos Humanos, P. 5). Es de destacar, que este frente fue “el encargado de prestar el anillo de seguridad a los diputados del Valle cuando estuvieron secuestrados” (El País, 2014). En un escenario donde la presencia estatal no existía, el Frente 29 tenía un fuerte ejercicio de control Puente Rojo. Vía Policarpa-Cumbitara. Fotografía: social con toda su capacidad militar, que incluía Equipo Direccionamiento restricciones de horario, e imposición de castigos para aquellos que no cumplían sus órdenes, como los casos descritos en Verdad Abierta (2017), en donde los borrachos eran puestos a deshierbar, y en el caso de los infieles, se les imponían multas con altas sumas de dinero. Ya para la década de los noventa “atemorizaba a los pobladores cobrando extorsiones y controlando el negocio de la cocaína” (Verdad Abierta, 2015), teniendo una muy fuerte y única presencia como grupo armado hasta el 2001-2002, logrando ataques a la estación de Policía en cabeceras como Policarpa, en donde falleció un menor de edad (El 11 En el presente documento se encontrarán frases entre “comillas”, que corresponden a palabras literales de las personas entrevistadas y grupos focales que corresponden a actores de justicia y comunidades. La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia Tiempo, 2002). En Cumbitara, realizaron la toma de abril de 2003, con cilindros bomba, destruyendo el puesto de salud, el cuartel de la Policía y algunas viviendas de ese sector. Y la de julio de 2004, que dejó 8 agentes y 2 civiles heridos. Al 2003 se produce la incursión de grupos paramilitares del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes fueron a disputarle el control territorial a las FARC- EP, estando interesados particularmente por los cultivos de coca y “el corredor que lleva al río Patía, a través del corregimiento Sánchez, utilizado para sacar la droga hacia los centros de acopio ubicados en los manglares de la zona costera nariñense” (Verdad Abierta, 2017).

Marca de las AUC. Al fondo el río Patía. Fotografía: Equipo de Direccionamiento Estratégico SLJ.

En este proceso, los paramilitares lograron ubicarse en los corregimientos de Madrigal, Altamira, Sánchez y El Ejido, con la instalación de retenes ilegales e implementando acciones que recayeron sobre la población civil, como homicidios y torturas a personas de la región, que posteriormente arrojaban al río Patía, en lugares como el Puente Rojo o el Arenal. De acuerdo a una de las Sentencias de la Fiscalía General de la Nación contra miembros del Frente Libertadores del Sur: Dentro de su zona de injerencia se encontraban los municipios de Pasto, Ipiales, Túquerres, Sandoná, Samaniego, Policarpa, Sotomayor, Leiva, Cumbitara, Linares y presencia esporádica en Consacá. Los corregimientos de El Ejido y Madrigales12, en jurisdicción del Municipio de Policarpa fueron territorios objeto de disputa, situación que generó una sostenida dinámica de acciones armadas contra estructuras del Frente 29 de las FARC, que hasta ese entonces permanecían sobre estas dos poblaciones del Noroccidente de Nariño (Unidad Nacional de Justicia Transicional- Fiscalía 4, 2014). Tras el proceso de desmovilización de las AUC en el 2006, se inicia una disputa entre las FARC-EP y los grupos posdemovilización; siendo este periodo, el de mayor violencia en la cordillera. Grupos entre los que se destacó, de acuerdo a Verdad Abierta (2015) la Organización Campesina Nueva Generación. Al respecto, PARES (2014) señala que “su accionar violento no se vio tan marcado en Tumaco como sí en otros municipios de cordillera como Policarpa, Cumbitara, el Rosario y Leiva” (Pág. 29). Este GAI cometió la masacre en el Palmar (Leiva) el 29 diciembre de 2007, que tuvo como víctimas a cuatro líderes comunitarios y a un menor de 14 años (El Espectador, 2017). Este nuevo escenario de confrontación con la incursión de grupos posdemovilización, marcó un nuevo repunte de la victimización de la población en todo el territorio, lo que condujo a que se produjeran desplazamientos individuales y masivos, como el del corregimiento de Sánchez, con 2000 personas que se trasladaron a refugiarse al casco urbano de Policarpa (El Tiempo, 2015). Estos desplazamientos se produjeron en un escenario donde, paralelamente, el Gobierno Nacional estaba implementando la fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito, lo que llevó a que del 2006 al 2008, se produjeran afectaciones a la población no solo por la violencia, sino también por los efectos en la economía local. 12 Donde se construyó en el 2004 un campo de entrenamiento de los paramilitares. El Espectador (2016). Recuperado de: http://colombia2020.elespectador.com/territorio/policarpa-narino-el-silencio-de-un-canon

Posteriormente, con la incursión de Los Rastrojos y de las denominadas Rondas Campesinas del Sur (Rocas), convirtieron la zona en un continuo botín de disputa. Esta situación desencadenó en hechos como la masacre del 28 de marzo de 2010 en Sánchez, en donde Los Rastrojos asesinaron a diez personas del corregimiento, a quienes desmembraron y “sus restos fueron enterrados en fosas comunes esparcidas por distintos lugares de la zona rural del municipio. Los cadáveres estaban decapitados, mutilados y algunos les sacaron los intestinos para ponerlos en las manos de las víctimas” (Rutas del conflicto, CNMH y Verdad Abierta). Otra de las situaciones que marcaron las comunidades, fue el fusilamiento de un joven de 22 años en el corregimiento de Santa Rosa, en donde los paramilitares obligaron a los habitantes a presenciar el asesinato en la plaza publica, en marzo del 2012. Estas situaciones de enfrentamientos armados y de terror, realizados por los grupos posdemovilización, en muchas ocasiones con el presunto apoyo de miembros de la fuerza pública, desencadenaron la ejecución también de falsos positivos y diversas situaciones que incrementaron la violencia en la región, lo que llevó a que en el 2012, casi 1500 habitantes de Policarpa se desplazaran “quedando las veredas Montañita, Campo Alegre y Puerto Rico como pueblos ‘fantasma’” (Verdad Abierta, 2015). En este contexto las FARC-EP consolida de nuevo su dominio sólo hasta el año 2013, con acciones como las señaladas por el Informe de riesgo 02713 de la Defensoría del Pueblo, como fue el ataque a la estación de policía de Madrigal, que dejó un saldo de dos civiles muertos, dos niños heridos y gran cantidad de viviendas afectadas.

De esta manera, por más de dos décadas, los habitantes de la subregión se han encontrado en medio de la vulneración a sus derechos, víctimas del reclutamiento forzado de menores, violencia sexual, combates y hostigamientos, homicidios, extorsiones, confinamientos y desapariciones forzadas; en una disputa permanente de la guerrilla y los grupos paramilitares, situaciones que trajeron consigo el incremento de manera significativa de las cifras de desplazamiento forzado, contando Policarpa con 9.066 personas que han manifestado, ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado14, de acuerdo en al Registro único de Víctimas – RUV. Para el caso de El Rosario, de acuerdo al Plan de desarrollo (2012-2015), para el 2011 el 48% de los hogares de la zona urbana fueron víctimas de desaparición forzada de un “Dejad que Dios haga justicia. No manchéis vuestras familiar, seguido de un 32% que fue desplazada, manos” en el Puente Rojo. Fotografía: Equipo de siendo estas sólo algunas cifras que reflejan los Direccionamiento Estratégico SLJ. impactos del conflicto en la subregión. Las FARC-EP han ejercido históricamente un fuerte control territorial y han establecido marcos paralelos de justicia. Con el proceso de paz, las cifras de violencia bajaron y se generó un ambiente esperanzador en la subregión, pese a que se produjeron de acuerdo a la comunidad, bajas en la comercialización de la coca por la falta de compradores del producto; sin embargo, los cambios con la restructuración del conflicto y los GAI con intereses de copar espacios, revelan un grave panorama que tiende a incrementarse, con el aumento de los homicidios oficialmente conocidos, sumados a aquellos que se están presentando, pero que no se 13 De septiembre de 2013. Informe de Alertas Tempranas. 14 Corte 1 de enero del 2018. Para profundizar en aspectos diferenciales de las cifras ver https://cifras.unidadvictimas.gov.co/

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia están denunciado por temor a represalias. Algunos de estos hechos se realizan en la modalidad de sicariato o “ajustes de cuentas” en el marco de las luchas territoriales por el control de los negocios de la droga en las zonas Con la presencia de nuevos GAI no identificados, y presunta presencia de disidentes de las FARC y miembros del ELN, estos últimos, han ido ampliando sus áreas de injerencia a zonas donde antes eran las FARC quienes dominaban; todos estos grupos buscan el pleno control de los cultivos y procesamiento de la producción, intimidando a la población campesina a la exclusividad de su venta y pago de “vacunas”. Así mismo han venido en aumento las llamadas extorsivas, que en la mayoría de los casos no se están denunciado, lo que ha llevado a que exista un gran temor de la población por el aumento de general en términos de inseguridad y de acciones en las vías como “los atracos”, los cuales surgen, de acuerdo a la comunidad, como respuesta a la ausencia de la guerrilla y la crisis económica de la comercialización de la hoja de coca. Sin embargo, la mayor preocupación para algunos actores de justicia, es que ante la reconfiguración del conflicto, para el 2018 se vuelvan a presentar desplazamientos masivos y procesos crecientes de reclutamiento de menores de edad y jóvenes en las actividades ilegales dirigidas por estos grupos en el territorio.

1.4. Cultivos de uso ilícito y economías ilegales En los municipios de la cordillera nariñense, la problemática de los cultivos de uso ilícito ha sido recurrente. En 1998 se tiene el primer registro oficial relacionado con presencia del cultivo de coca en Nariño con una erradicación de 5 ha, localizadas en la zona montañosa del departamento (Leiva y El Rosario) (MJD – UNODC, 2016, p.42). Siendo por años, para muchas familias el único medio de sustento económico, teniendo en cuenta las dificultades existentes para la dinamización de otros tipos de economías, y el arraigo cultural y organizativo para familias locales y foráneas, que se establecieron en torno a ellos. El observatorio de drogas del Ministerio de Justicia reveló los datos de estos cultivos durante 17 años, en el periodo comprendido entre 1999 y 2016, demostrando que en promedio los municipios de Cumbitara, Leiva, El Rosario y Policarpa han tenido una producción de 5.417, 8 hectáreas (Ha). El año de menor producción fue 1999, cuando se reportaron 1402 Ha, mientras que el año de mayor producción del cultivo fue 2016, con 11.108,6 Ha y una participación de 26% de la producción departamental. Se evidencia que la problemática tiene un comportamiento cíclico, puesto que tuvo un auge entre los años 2005 a 2008, una disminución significativa hasta 2014 y una tendencia creciente desde este año hasta el el 2017. La presencia de cultivos de coca en la zona es tan significativa, que donde estaba ubicada la zona veredal transitoria: Madrigal, es la segunda zona más afectada por presencia de coca a menos de 5 km de la zona de concentración, donde se localizan 98 Ha (UNDOC, 2017, P. 39). Gráfica 1. Cultivos de coca subregión 1999-2016. (Valores en Ha) 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6 5

2 1

2013 Cumbitara

2 1

1 0

2014

2015

El Rosario

6 5

7 5 3 0

Leiva

2016 Policarpa

2017 Fuente: SIMCI/UNODC.

De acuerdo a estudios del Observatorio de Drogas del MJD (2016), en Nariño se han identificado cuatro rutas principales de tráfico de drogas, una de ellas, la ruta Norte – Sur (Mapa 2)1515, que se relaciona directamente con la subregión de cordillera, debido a que es “proveniente de Cauca, esta ruta facilita el tráfico de cocaína y heroína producida en el sector cordillerano del sur deestedepartamento, ingresando por los municipios deLeyva, el Rosario y Policarpa, o por el bloque San Lorenzo – La Cruz” (MJD – UNODC, 2016, P.17). Por esta razón en 2017, se han presentado algunas acciones de la fuerza pública contra complejos de producción; siendo la subregión un territorio donde el fenómeno de los cultivos de coca ha permanecido por más de diez años, y cuenta con facilidades tanto para el cultivo, como para la producción y salida por el río Patía. Es importante destacar que en el departamento de Nariño, “se han consolidado núcleos de coca en torno al centro poblado de Bolívar (El Charco) y Sidón (Cumbitara)” (UNODC, 2017, p. 38). Mapa 2. Rutas de Dogas Nariño Fuente: Informe MJD – UNODC, 2016.

20 Mapa 2. Rutas de Dogas Nariño Fuente: Informe MJD – UNODC, 2016.

Algunas de las acciones destacadas por prensa local, son la destrucción de un complejo de producción del ELN encontrado en septiembre (2017) la vereda Bellavista (Policarpa) en donde se producían tres toneladas de cocaína al mes (Diario del Sur, 2017) y en otras veredas como Zión, Peñas, Villa Moreno, El Cairo, El Remolino Bajo Patía y Santa Lucía, se destruyeron laboratorios para el procesamiento de clorhidrato y pasta base de coca (Diario del Sur, 2017). Para el caso de Cumbitara también se realizó la destrucción de laboratorios en las veredas Aminda y La Salada (Ejército Nacional, 2017)16. Los alcaldes de la subregión han mostrado preocupación por el proceso de erradicación de cultivos de uso ilícito, para lo que piden al gobierno nacional la suspensión de estas acciones, debido a que se requiere una adecuada “socialización entre la comunidad y se haga un censo para conocer quiénes son los que intervienen en este programa” (HSB, 2017), para evitar situaciones de violencia como las que se han presentado en Tumaco. Igualmente se requieren claridades sobre el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, respecto a los cuales surgen en el momento muchas inquietudes por parte de las comunidades, ya que refieren de manera coloquial que “si el gobierno les incumplió a las FARC como no nos van a incumplir a nosotros”. Por otra parte, otras actividades económicas de interés de los GAI, es la extracción de oro, que de manera tradicional en sistemas artesanales y de pequeña escala se ha realizado por el Río Patía y ha vinculado a muchos pobladores de la región. La principal preocupación no se da frente al barequeo sino respecto al 15 El mapa se intervino con rojo y amarillo para resaltar la ruta relacionada con la subregión. 16 Para más detalles de la operación, ver: https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=425574 La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia control de las actividades ejercido por los GAI, sobre lo cual “hasta el momento no se dispone de datos sobre volúmenes de producción, destino del producto y uso de los ingresos percibidos” (Usaid, CCA & Crea, 2010, p. 32). Sin embargo algunas personas de la comunidad señalan que existen zonas donde se ha ingresado retroexcavadoras para realizar minería ilegal a mayor escala. De ahí, que la actividad minera puedaseruna amenazalatente. La Defensoríadel Pueblo reportó en 201317 que en Cumbitara las comunidades negras del río Patía, algunas pertenecientes a COPDICONC: [...] quienes payan oro para lograr su sustento y suplir sus necesidades de manera complementaria al cultivo de productos de pancoger y a la pesca, manifiestan creciente interés por explotar el oro de manera industrial por parte de personas que dicen estar respaldadas por compañías, pero se estima que sus actividades no estarían en el marco de la legalidad, exponiendo a las comunidades a riesgos adicionales por la intermediación que puedan ejercer estas presuntas empresas (Defensoría del Pueblo, 2016).

2. Análisis de Conflictividades en la Cordillera Nariñense De acuerdo a las lecturas del territorio realizadas en los cuatro municipios, se identificaron las siguientes conflictividades de preocupación para la subregión: Tipo

Conflictividad

Actor de Justicia

Penal

Lesiones personales Homicidio

Justicia Formal / Justicia administrativa18

Hurto Penal-Familia

Civil / comunitario

Mantenimiento y alimentación de los hijos o de otros miembros Violencia intrafamiliar Violencia sexual Conflictos relacionados con mojones, linderos odelimitación de los terrenos

Justicia administrativa / Justicia Formal

Justicia comunitaria / Justicia administrativa

A continuación se presentan cifras oficiales de algunas de las conflictividades destacadas por las comunidades y actores de justicia, presentando a partir de ellas, reflexiones en torno a sus dinámicas en el territorio y el acceso a la justicia. 17 Defensoría del Pueblo (2016). Sistemas de Alertas Tempranas. Recuperado de: http://sisat.defensoria.

org.co/subsitio/doc/historicoAdvertencia/IR2013PDF/IR%20N°%20027-13A.I.%20NARIÑO-Cumbitara,%20 El%20Rosario,%20Leiva%20y%20Policarpa.pdf 18 La justicia formal incluye: juzgados, fiscalías, abogados defensores, abogados civiles y personal

de apoyo de los tribunales. La justicia administrativa: comisarías de familia, inspectores de policía, defensoría de familia, secretarías de gobierno y enlaces de víctimas.

2.1. Violencia Intrafamiliar Gráfica 2. No. de casos reportados de VIF en los municipios de la cordillera, Departamento de Nariño, 2013 – 2017 (Corte 31 de octubre 2017) 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6 5

2 1

2013 Cumbitara

5 3

2 1

1 0

2014

2015

El Rosario

6 5

0 Leiva

2016

2017

Policarpa Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional19 Gráfica elaborada por Equipo de Direccionamiento Estratégico SLJ

De acuerdo al reporte de casos del Observatorio del Delito de la Policía Nacional, en los últimos cinco años la subregión de cordillera, ha reportado 58 casos de violencia intrafamiliar-VIF (54 mujeres/ 4 hombres), siendo el 2017 (a corte de 31 de octubre) el de mayor registros (15)20, lo que puede responder a varios factores, como una mayor confianza para denunciar este tipo de casos, como una respuesta a la ausencia de la justicia paralela ejercida por las FARC- EP, que motiva a las víctimas de este tipo de violencias, a denunciar ante la justicia administrativa y formal.21 En los casos de VIF contra los menores dentro del núcleo familiar, de acuerdo al Tablero PARD - Proceso Restablecimiento de Derechos del Centro Zonal de Remolinos, que incluye en sus cifras también al municipio de Taminango, se ingresaron al proceso por maltrato: 14 menores en el 2013, 2 en el 2014, 11 en el 2015, 8 en el 2016 y 2 en el 2017 (Corte 31 de agosto de 2017). De acuerdo a lo reportado, la mayoría de casos de VIF corresponden a la que se presenta contra la pareja; al respecto, actores de justicia formal, señalan que en muchos de estos casos, el consumo de alcohol es uno de los detonadores. De manera comparada, entre los cuatro municipios priorizados, Policarpa registra el mayor número de casos (28)22; durante el periodo 2013-2017, los otros municipios cuentan con 10 casos cada uno. En Cumbitara 6 de los 10 casos reportados ocurrieron en zona rural de Pesquería, Sidón, Pizanda, y Remolino Bajo. En lo que respecta a El Rosario, 7 fueron en Las Palmas y El Rincón , y 3 en casco el urbano. En Leiva, 19 Datos comparados con Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal. 20 Es importante resaltar que en el caso de El Rosario, en el 2017 la policía no reporta en el sistema casos de violencia intrafamiliar al corte antes señalado. 21 Sistema de Información Misional –SIM del ICBF- Corte 31 de agosto del 2017. Cálculos realizados por la Dirección de Planeación y Control de Gestión. Recuperado de: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/datos/tablero3 22 Policarpa es el municipio con mayor población en la subregión, seguido por Cumbitara.

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia 6 casos fueron en zona rural de Loma del Gato, la Garganta y 4 en urbana. Finalmente en Policarpa, 9 casos ocurrieron en zona rural de Madrigal, Altamira, Restrepo y 19 en la zona urbana. Es decir, excepto Policarpa, la mayoría de los casos reportados de VIF en la subregión, ocurren en el sector rural de los municipios, situación que se convierte en un reto para la justicia local, teniendo en cuenta las dificultades para el acceso y el seguimiento de los casos. Especialmente en un escenario de conflicto, donde existen riesgos para el actor de justicia en territorios de transición como es el escenario actual, lo que evidencia en Cumbitara en donde el Consejo de Seguridad en el mes de noviembre (2017), señaló que no existen condiciones de seguridad para que los funcionarios realicen desplazamientos en la ruralidad dispersa. En los municipios con una ruralidad significativa, existen muchas dificultades para que las comisarías puedan acompañar medidas de protección. En el caso de Cumbitara se apoyan en el enlace corregimental y en las JAC, para que estén pendientes de las medidas, por ejemplo, en los casos de desalojo; sin embargo, este apoyo en muchos casos, no es efectivo debido a que las JAC desconocen, como señala un funcionario, que tienen funciones para articularse con las autoridades locales, en el marco de la Ley 1257 del 2008. Si bien es cierto existe un número importante de casos registrados, de acuerdo a la comunidad y a los actores de justicia, en la violencia intrafamiliar se presenta un alto nivel de subregistro, ya que las denuncias o reportes oficiales no corresponden con el número real de casos. Esto debido a: i) que la violencia intrafamiliar en muchos casos es asumida como un conflicto de orden privado, situación que puede llevar a su justificación bajo la presunción de “la igualdad de condiciones y posibilidades de negociación de la mujer y el hombre” (Castillo, 2007, p. 18), cuando en la realidad, las condiciones de de pendencia económica y factores sociales acentúan la preminencia del hombre sobre la mujer; y ii) existe temor por parte de las mujeres a no recibir respuesta efectiva de la justicia, debido a que “las mujeres corren un alto riesgo de ser revictimizadas cuando acuden a las instancias del Estado a denunciar y corren el riesgo de ser consideradas, incluso, responsables por las agresiones que han sufrido”(Castillo, 2007, p. 12), y como se puede evidenciar en la subregión, al ocurrir en su mayoría en zonas rurales, existen dificultades para acompañar las medidas de protección. Por esta razón, para el debido tratamiento de los casos, se hace necesario fortalecer el proceso de formación de los actores de justicia, para que se pueda reflexionar sobre los prejuicios que intervienen en el buen desarrollo de los procesos investigativos, y que en muchos casos se convierten “en un cuello de botella para la efectiva aplicación de justicia en violencias de género” (Castillo, 2007, p. 12), debido a que existen visiones androcéntricas del mundo, lo que lleva a que el tema no se agote en las leyes, sino en el ejercicio real de protección que se puede realizar en los territorios a las víctimas, en razón a que muchos casos pueden terminar en feminicidio. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS (2005) “dos de cada cinco mujeres alguna vez en su vida han sido maltratadas físicamente por su compañero y un alto porcentaje reporta haber recibido amenazas contra su vida” (Castillo, 2007, p. 21). Los casos de Violencia Intrafamiliar requieren del acompañamiento psicosocial, entendiendo que muchos casos se producen desistimientos, debido a que en las “mujeres maltratadas es habitual encontrar altos niveles de anulación y de bloqueo emocional después de padecer años de maltratos” (Castillo, 2007, p. 21), lo que puede incidir en que no se continúe con procesos de tipo legal; por esta razón, desde las comisarías de la subregión, se sugiere que se desarrollen procesos de capacitación en Violencia basada en Género (en adelante VBG) que incluyan a todo el equipo psicosocial. Así mismo, es fundamental desarrollar en el marco de los SLJ, mecanismos de seguimiento a estos procesos, para evitar, como plantea la Corporación Humanas (2008) que bajo la lógica de los procesos

de descongestión judicial se vean debilitados el adelantar el tratamiento de “delitos históricamente considerados de menos importancia como la violencia intrafamiliar. Por tanto, los operadores de justicia trabajan más por terminar de una forma rápida el proceso que por garantizar la obtención de una decisión judicial garantista de los derechos de las víctimas” (p. 87). Situación que se puede presentar debido a las dificultades existentes para darle el trámite al proceso, en casos en lo que no se pueden realizar las visitas domiciliarias debido a que los funcionarios no pueden desplazarse a las zonas rurales. En ese sentido, dentro de los planes de acción de los SLJ de la cordillera que priorizaron la VIF como una de las conflictividades para la ejecución de acciones a corto plazo, se han propuesto dentro sus actividades, espacios de trabajo del SLJ y de los actores de justicia para el seguimiento de casos.

2.2. Violencia sexual Gráfica 3. No. de casos reportados de violencia sexual en los municipios de la cordillera, Departamento de Nariño, 2013 – 2017 (Corte 31 de octubre 2017) 7

6 5

5 4

4 3

2 1

2 2

0 2013 Cumbitara

0 0 0

0 0

2014

2015 El Rosario

1 1 2016

Leiva

2017

Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional23 Gráfica elaborada por Equipo de Direccionamiento Estratégico SLJ

Policarpa

En comparación con los casos reportados de VIF, la violencia sexual presenta un subregistro aún mayor. En los últimos cinco años, en los cuatro municipios se reportan 37 casos en total. Policarpa tiene el mayor registro (18); uno de los casos que se publicó en la prensa local reporta el proceso de un padre capturado por abusar de su hija menor de 14 años (Diario del sur, 2017); seguido se encuentra Cumbitara con (14); Leiva con (4) y El Rosario con (3 eventos). En la mayoría de los casos, las víctimas son menores de edad, en delitos como acceso carnal abusivo. De acuerdo al Tablero PARD - Proceso Restablecimiento de Derechos, del Centro Zonal de Remolinos, que incluye en sus cifras también al municipio de Taminango, se ingresaron al proceso por violencia sexual cero casos en el 2013 y 2014, 2 en el 2015, 3 en el 2016 y 1 en el 2017 (Corte 31 de agosto 2017)24. En este contexto, es importante que los SLJ de la cordillera, puedan en el marco de la violencia sexual: 23 Datos comparados con Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal. 24 Sistema de Información Misional –SIM del ICBF- Corte 31 de agosto del 2017. Cálculos realizados por la Dirección de Planeación y Control de Gestión. Recuperado de: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/ datos/tablero3 La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia i.

Generar mecanismos propios de seguimiento a los casos, especialmente en los municipios de Leiva y Policarpa, en los cuales los indicadores de las lecturas del territorio arrojaron esta conflictividad como una de las cinco de mayor preocupacion. Por esta razón, los planes de acción de ambos SLJ plantearon esta necesidad como parte del ejercicio de fortalecimiento de rutas de atención y articulación entre actores de justicia.

ii.

Cada SLJ debe realizar procesos de fortalecimiento interno en el manejo de estos casos, identificando debilidades y fortalezas, para adelantar procesos que sean efectivos: desde la recepción de casos hasta la finalización de los procesos judiciales, evitando el temor de los primeros respondientes en lo local de involucrarse en el proceso penal a través de la activación de las rutas.

iii.

Las comisarias de familia requieren capacitaciones que incluyan los equipos psicosociales para el manejo de los casos de violencia sexual, y en general, en VBG. Esto debido a que una inadecuada intervención o valoración psicológica, puede afectar el buen termino de los procesos penales, razón por la cual se requiere el apoyo de la Fiscalía para formar los equipos.

iv.

Se requiere desarrollar espacios pedagógicos con la población en general para presentar información clara y veraz acerca de las VBG como estrategia de prevención y socialización de las rutas y procesos existentes en la justicia ordinaria. Este proceso debe estar orientado a dos objetivos: primero, sensibilizar a la población en relación a la especial vulnerabilidad existente en el caso de las mujeres y los NNA, quienes son las principales víctimas de este tipo de violencias; y segundo llevar a un proceso de fortalecimiento con comunidades informadas y empoderadas, lo que “significa que las personas adquieran el control de sus vidas, logren la habilidad de hacer cosas y de definir sus propias agendas” (León, 1997, p. 7) en un proceso que requiere trabajo continuo, en tanto que existen patrones culturales alrededor de las relaciones de genero. Al respecto, Magdalena León (1997) refiere que en los procesos de empoderamiento no se puede pretender que con cambios en procedimientos se efectuarán cambios automáticos en el contexto o en la distribucion de los recursos, lo que significa un arduo compromiso de las instituciones locales, de las organizaciones sociales y de la comunidad para la formación de las nuevas generaciones en los asuntos de genero y familia. Especialmente, en contextos en donde la dinámica de las economías ilegales ha incidido en que muchos de los asuntos locales se manejen por “mano propia” o, como lo señala un poblador: “Aquí todo se maneja con plata”, razón por la cual en temas tan delicados como la violencia sexual, se conocen casos en los que, para evitar las investigaciones, el victimario “paga a la familia” para que no pongan la denuncia o desistan del proceso judicial. O en otras situaciones, los delitos de violencia sexual no se denuncian, por amenazas a las víctimas o sus familias, en un contexto donde existe una fuerte presencia de los GAI.

Fortalecimiento en los procedimientos que involucran al sector salud, cuyos representantes requieren de formación para realizar un trabajo efectivo para el buen término de las investigaciones. Esta formación requiere destinarse a los trabajadores fijos de las ESE en el manejo de los protocolos de Medicina Legal, entendiendo que en el contexto local existe una alta rotación de funcionarios; esto con el fin de que se realicen adecuadas valoraciones para los casos de VIF, así como de violencia sexual, para evitar la revictimización, especialmente en violencia sexual, en donde las valoraciones y dictámenes médicos y psicológicos deben ser repetidos por funcionarios de Medicina Legal en la ciudad de Pasto, lo que implica, en el caso de menores, el traslado de la victima y el adulto a cargo, significando costos elevados para las familias, tiempos de traslado

desde sus hogares a la capital, y una exposición de la víctima a la nueva revisión. Este proceso, afecta la celeridad y el manejo de tiempos razonables para los casos, teniendo en cuenta que existen valoraciones psicológicas en las que Medicina Legal, al no contar con suficiente personal en el departamento, puede tardar varios meses para dar el reporte a la Fiscalía. vi.

Desarrollar mecanismos de difusión de las rutas de violencia sexual que se han ido construyendo por la justicia local, que permitan generar confianza en la comunidad y se motive a la denuncia.

vii.

El fortalecimiento de las comunidades en los temas de acceso a la justicia, es una estrategia para generar capacidades en la población para incidir en la denuncia de delitos como violencia sexual, que se están presentando especialmente en el sector rural y de los cuales se guarda silencio; respecto a ello, la Fiscalía propone que se pueda realizar la formación comunitaria para conocer cómo se realizan denuncias por oficio, que podrían liderar las JAC o los líderes de los Consejos Comunitarios. Sin embargo, esta propuesta debe considerar los riesgos existentes en lo local, debido a la presencia de los GAI y el miedo a recibir retaliaciones por la denuncia, por parte del victimario o las familias vinculadas con los hechos victimizantes.

2.3. Homicidios Gráfica 4. No. de casos reportados de homicidios en los municipios de la cordillera, Departamento de Nariño, 2013 -2017 (Corte 31 de octubre)

26 Homicidios 2013 - 2017 (Corte 31 de Octubre) 30

25 20 15

10 5

15 8

3 3

5 5

5 0

0 2013 Cumbitara

2014

2015 El Rosario

2016 Leiva

8 3

2017 Policarpa

Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional Gráfica elaborada por Equipo de Direccionamiento Estratégico SLJ

Esta gráfica muestra de manera comparada los casos de homicidios registrados por la Policía Nacional, en un contexto local donde muchos de los delitos quedan sin ser reportados a las autoridades; por lo tanto, el anális parte de este hecho, así, se tienen en cuenta las cifras oficiales, sin desconocer la alta probabilidad de subregistro de los casos, debido a la ruralidad dispersa en la región, la presencia de GAI y las zonas de difícil acceso, en donde la dinámica de conflicto impide que se hagan debidos reportes. A nivel general, en los últimos cinco años, Policarpa ha sido el municipio con mayor número de homicidios, seguido por Leiva. Teniendo en las cifras oficiales a Rosario y Cumbitara con el menor número registrado. Para el 2013 y 2014 se presenta en la subregión un crecimiento de los casos de homicidios en los municipios de Leiva y Policarpa, situación que siguió la tendencia departamental que para “los años 2013 y 2014 presenta tasas de crecimiento del 5,6% y 0,5% respectivamente” (MJD, 2016, p. 121). La región para el 2013, se encuentra en el Paro Nacional Agrario, en este escenario se presentaron algunos homicidios como el caso de líderes de la La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño –Astracan (Cinep, 2013, p. 56). Así mismo, en septiembre se presentó una arremetida de la fuerza pública contra la concentración en Mojarras (Mercaderes), allí fallecieron dos campesinos que participaban del Paro (Cinep, 2013, p. 56); posteriormente, en octubre fue encontrado un campesino que participó de estas actividades degollado, presentaba un tiro de gracia y diversas señales de tortura” (Cinep, 2013, p. 58) y posteriormente al iniciar el 2014, de acuerdo a información del CINEP, a veredas que participaron del Paro Agrario, presuntamente paramilitares amenazaron con el inicio de un proceso de “limpieza social”. En este escenario, en Policarpa, es asesinado el director rural de la Fundación Impulsar, y parte de Asojuntas de Magüi-Payán, y dirigente del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica (Cinep, 2013, p. 157). Todas estas situaciones explican el aumento del reporte de homicidios en la subregión para este periodo de tiempo. En febrero del 2014, las FARC-EP asesinaron al comandante de la estación de policía de Leiva y a un patrullero a quienes interceptaron en la vía a Pasto (Cinep, 2014, p. 114). En el caso de Policarpa, guerrilleros del Frente 29 de las FARC-EP atacaran en horas de la madrugada la estación de policía del Madrigal, en donde fallecieron dos guerrilleros y dos civiles. Para el 2015, las cifras de homicidios se triplican en Policarpa, en comparación con los otros tres municipios, en un escenario de disputa electoral. De acuerdo a los archivos del CINEP, las Autodefensas Unidas Gaitanistas de Colombia amenazaron a pobladores de 13 municipios del sur y centro del departamento de Nariño, a través de panfletos en donde declaraban objetivo militar apoyo a guerrillas yotros grupos, como también se realizaría una limpieza social, decretando también toques de queda en horas de la noche” (Cinep, 2015, p. 130). Por otra parte, en la vereda Betania (Policarpa) desconocidos dispararon contra el carro donde se movilizaba la candidata a la alcaldía por el partido Cambio Radical, Sonia Zoraida Cifuentes Melo (CINEP, 2015, p. 182). En el caso de Leiva, en octubre también, el vehículo de propiedad del candidato a la alcaldía Ernesto Zúñiga Osorio, fue incinerado por presuntos integrantes del ELN (CINEP, 2015, p. 188). En el 2016 disminuyeron los casos; sin embargo, en el 2017 existe un repunte de las cifras de homicidio, especialmente en el municipio de Policarpa, manifestando la Alcaldía Municipal en prensa, una gran preocupació por el índice, presentaba un aumento del 160% más que el ano anterior (RCN Radio, 2017). Algunos casos se han producido por la violencia que está produciendo en el proceso de reorganización de bandas emergentes, retaliaciones por los intereses que existen en la economía de la coca, y en algunos casos, la comunidad refiere que se presentan en relación con las acciones de los líderes sociales. Estas cifras pueden incrementarse debido a que con la salida de la zona veredal en noviembre, la seguridad se vio disminuida significativamente, ya que “saldria de allí el Ejercito, la Brigada 37, y la UUNICAR, policía encargada de prestar la seguridad de la Zona Veredal […] Quedaron desertores expulsados de la zona y al salir los excombatientes, sale la seguridad, nos quedaríamos sin Fuerza Pública” (RCN Radio, 2017). Este aumento se presenta pese a que en el mes de abril se realizó el plan desarme en Policarpa, como una campaña pedagógica en el marco de más medidas del consejo de seguridad: “Llénate de valor y desarma tu corazón” (Página10.com, 2017). Dentro de los retos de la justicia para el manejo de los casos de homicidio en los municipios de la cordillera, están los altos índices de impunidad debido a: i.

El silencio generalizado ante los hechos y miedo a servir como testigos. Las autoridades señalan que en la cordillera hay muy poca colaboración de la comunidad para el esclarecimiento de los hechos. En muy pocos casos, el ente investigador encuentra información de testigos, porque “aunque la gente sabe, no denuncia”, “la gente sabe quién lo hizo, pero no dice nada”.

ii.

Los levantamientos, en muchos casos, en la ruralidad dispersa los realizan las mismas comunidades, quienes llevan el cuerpo al centro urbano del corregimiento o del municipio, lo que impide que haya una recolección adecuada de pruebas por parte de las autoridades competentes. Este año, ha habido dos casos donde la misma comunidad ha llevado los cuerpos en mula por 9 horas hasta los corregimientos, y de ahí hasta el casco urbano de Policarpa. Sin embargo, existen zonas que debido al contexto actual, han expresado que “sepan lo que sepan, ya no recogen ningún cuerpo” para no ser vinculadas de ninguna manera con las investigaciones.

iii.

En otros casos, los levantamientos los realizan los inspectores de policía, quienes manifestaron la necesidad de contar con una mejor capacitación para desarrollar esta tarea; en otras situaciones, quien realiza los procedimientos directamente es la Policía Nacional, como en el caso de Leiva.

iv.

El escenario de victimización, en la actualidad, tiende a incrementarse debido a la disputa territorial de los GAI tras de los negocios de narcotrafico, lo que dificulta llevar a buen término la investigación judicial, en tanto la seguridad se ve afectada para el traslado de los miembros del cuerpo técnico de investigación, quienes realizan acciones en zonas cercanas a las cabeceras municipales y corregimentales, pero para acceder a las zonas rurales dispersas tienen que ir con el acompañamiento de Fuerza Pública.

Aunque los casos actuales de homicidio se mantienen en su mayoría sin avances, en el momento existe un aumento de solicitudes de exhumación de cuerpos debido a que muchas personas enterraron a sus familiares y no los reportaron; esto obedece a que, para lograr los beneficios de la reparación a víctimas, son necesarias las actas de defunción y por tanto, aunque los casos de homicidios no se logran investigar, si se incrementan acciones en relación a hechos que ocurrieron años atrás.

2.4. Lesiones personales Gráfica 5. No. de casos reportados de lesiones personales en los municipios de la cordillera, Departamento de Nariño, 2014 -201725 (Corte 31 de octubre). Lesiones Personales 2014- 2017 (31 Octubre) 35 30

30 25 19

20 15 10

9 11

11 6

16 9

0 2014 Cumbitara

2015 El Rosario

2016 Leiva

2017

Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional Gráfica elaborada por Equipo de Direccionamiento Estratégico SLJ

Policarpa

25 Las cifras presentadas en las conflictividades anteriores inician el corte en el 2013, sin embargo para el caso de este año en lesiones personales, se reporta en ceros. La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia Los registros dan cuenta que en los últimos cuatro años el mayor número de casos de lesiones personales se han presentado en Policarpa, con un total de 78 hechos, seguido por Leiva con 37, El Rosario con 30 y por último Cumbitara con 26. De acuerdo a los actores de justicia, muchos de los casos están asociados a riñas que se presentan principalmente bajo el consumo de licor; calumnias; préstamos de dinero y asuntos de linderos; sumado al manejo inadecuado de conflictos, que resultan en hechos de violencia. Existe a su vez otro aspecto que se destaca y está asociado a la economía de cultivos de uso ilícito, lo que lleva a que se presenten casos de agresiones y ajustes de cuentas. De acuerdo al PNUD (2016) “en estos municipios, las drogas ilícitas no solo han tenido un efecto negativo sobre la cultura y las condiciones de vida de los campesinos, también se han convertido en un elemento dinamizador de la violencia” (p. 157). Razón por la cual, se requiere de acciones que permitan mejorar la convivencia ciudadana y evitar que hechos de intolerancia terminen en homicidios.

2.5. Otras conflictividades de preocupación para los actores de justicia en la cordillera Nariñense: 2.5.1. Aumento de casos en mantenimiento y alimentación de los hijos o de otros miembros Esta es una de las principales conflictividades que llegan a los despachos de justicia administrativa y formal. Tiene que ver con establecer la responsabilidad en el mantenimiento de los hijos, que en ocasiones no logran un acuerdo efectivo, llegando a las vías judiciales por el incumplimiento26. De acuerdo al censo delictivo realizado por la Fiscalía (01 de enero al 03 de mayo de 2017), alrededor de 190 denuncias son interpuestas cada día en Colombia por inasistencia alimentaria (RCN Radio, 2017). En el caso de la subregión, las comunidades y los actores de justicia manifiestan la importancia de trabajar desde la pedagogía y la formación comunitaria, mostrando una relación entre estos procesos y las responsabilidades que deben promover en la sociedad en relación al mantenimiento de los menores, el embarazo adolescente y la conformación temprana de hogares. Además que en la población adulta, la convivencia temporal de parejas es común, por lo que, en algunas situaciones, al terminar la relación, se presenta el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, siendo necesario un proceso de formación que incluya la importancia del acatamiento a los compromisos adquiridos y las consecuencias del incumplimiento.

2.5.2. Aumento del consumo de Sustancia Psicoactivas (en adelante SPA) en Jóvenes y Niñas, Niñas y Adolescentes Existe una creciente preocupación por el consumo de sustancias psicoactivas en la subregión. Al respecto los actores de justicia manifiestan que al momento, no existen cifras que puedan mostrar la magnitud de esta problemática y se requiere de acciones urgentes, orientadas a la prevención. Especialmente por algunos casos identificados, en donde los jóvenes lo toman como “forma de recreación” o como “una moda”. Este fenómeno ha venido creciendo en un contexto donde anteriormente las FARC-EP realizaban un control social, tanto en el consumo, como en la venta, señalando que para ese momento “la gente andaba derechito”. 26 El Código Penal indica la persona que infrinja este delito contra un menor de edad estará expuesto ser sometido a una pena entre 32 a 72 meses de prisión y a una multa que oscila entre los 20 a los 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.(El Espectador, 2017)

Así mismo, algunos operadores plantean, que existe relación entre el consumo y el aumento de hurtos y otros tipos de actividades delictivas realizadas por delincuencia común. También que existen debilidades en los entornos familiares, con modelos de “crianzas débiles”, lo que ha incidido también, en el crecimiento del consumo. Este fenómeno es asociado con el manejo de dinero a temprana edad que tienen muchos jóvenes con las economías cocaleras, lo que activa también el consumo del alcohol, el cual era regulado en muchos casos por la guerrilla, que de acuerdo a fuentes comunitarias, hacia control a la apertura de bares y cantinas (una vez por semana en algunas zonas) lo que, con su retirada, perdió vigencia.

3. Barreras de Acceso a la Justicia en la Cordillera Nariñense Gráfica 6. Porcentajes barreras de acceso a la justicia en los municipios de la cordillera, Departamento de Nariño, 2017 Caracterización principales barreras de acceso a la justicia identificadas en Subregión Cordillera

Miedo a denunciar Débil presencia de justicia en zonas rurales

Barreras geográficas y económicas

Desconocimiento de derechos y mecanismos de acceso a la justicia

Fuente: SIME Gráfica elaborada por Equipo de Direccionamiento Estratégico SLJ

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

3.1. Miedo a denunciar El miedo a denunciar es un factor permanente en el escenario de la justicia local, una realidad que como bien lo señaló un actor de justicia formal es denominada como la “leydel silencio”. Este temor se fundamenta en diferentes factores: i.

El silencio es un arma social para la supervivencia en un escenario de conflicto. Los GAI de manera permanente, reiteran que ser “sapo” tiene consecuencias. Por esta razón, el miedo a la retaliaciones lleva aque las personas señalen que frente a hechos que requieran de la acción de la justicia es “mejor quedarme callado” o “a mano de mi Dios me quedo”, expresiones de la comunidad, especialmente respecto a delitos de alto impacto. En muchos casos, los asuntos se revuelven por mano propia y no se acude a la justicia, teniendo en cuenta que quien lo resolvía anteriormente era la guerrilla.

ii.

En ocasiones no existe una relación cercana de los actores de justicia con las comunidades, especialmente en la justicia formal, como lo manifestó una líder local “existe más un

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia cumplimiento normativo que un trabajo por el bien de la comunidad”. En muchos casos, encuentran en algunos de los actores de justicia muy poca comprensión del contexto local. Además de la distancia que se genera con los prejuicios que pueden existir frente a la población víctima del conflicto armado, quienes manifiestan que han escuchado frases en relación a los homicidios o desapariciones forzadas como: “la gente de acá, no busca a sus muertos, lo que busca es la plata”, lo que aumenta la desconfianza en la institucionalidad ante este tipo de revictimización. iii.

Existe poca efectividad de la justicia, especialmente con los delitos de alto impacto en la subregión, lo que profundiza la desconfianza en denunciar y en dar testimonios o elementos de prueba para los casos.

iv.

Otro factor que agudiza el miedo a la denuncia, es la desconfianza histórica hacia la fuerza publica debido a excesos cometidos en el pasado con los movimientos sociales y campesinos de la región y las presuntas relaciones de miembros activos con los GAI. Sin embargo, con el paso de los años, la policía ha ido ganado algunos espacios de confianza, aunque las relaciones con la población en general, siguen siendo frágiles.

3.2. Débil presencia de justicia en zonas rurales De acuerdo a la proyección DANE (2017), el 76% de la totalidad de la población de estos cuatro municipios se encuentra ubicada en zonas rurales, pese a ello, la presencia institucional en lo rural sigue siendo precaria. De la subregión, los actores de justicia ubicados de manera permanente en sectores fuera de la cabecera municipal son: i) una inspectora de policía, ubicada en Esmeraldas (El Rosario); ii) una inspectora de policía de Policarpa en El Ejido; y iii) una inspección en Las Delicias y otra en El Palmar (Leiva). En el caso de Cumbitara no existe ningún actor de justicia en las zonas rurales, ya que la inspectora (ubicada en el casco municipal) debe cubrir todo el municipio, contando sólo con enlaces corregimentales, que colaboran como puente entre la comunidad y la institucionalidad, pero sin funciones legales, ya que los cargos de inspectores y corregidores en zonas rurales como como Sidón y Pizanda fueron suprimidos por falta de presupuesto. En el contexto general, la presencia de justicia en la ruralidad representa algunas dificultades debido a: i) la alta rotación de funcionarios, lo que afecta los procesos y las aptitudes en el cargo, debido a que los conocimientos prácticos que se van adquiriendo en el ejercicio de la labor, especialmente de los inspectores de policía, se pierde para iniciar con nuevo personal, lo que incide también en la confianza de los pobladores rurales; ii) debido al traslado de la Zona Veredal Transitoria de Normalización y Tránsito (ZVTN) de El Madrigal al departamento del Cauca, se podría reducir el número de miembros de la fuerza pública apoyando la inspección ubicada en esa zona; iii) existe poca capacidad de respuesta en un contexto donde el territorio es significativamente extenso y con un escenario de reconfiguración de los GAI; iv) ausencia institucional en zonas consideradas como prioritarias como Sánchez en Policarpa, inspecciones como Sidón, Santa Rosa y Damasco en Cumbitara y veredas de Leiva que colindan con Esmeraldas (El Rosario), en donde está presente una inspectora de policía, ; sin embargo, se requiere, debido a la alta conflictividad, mayor presencia de actores en la zona; y v) ausencia de fuerza pública que ayude a garantizar la seguridad para las labores de la justicia.

Actualmente, algunas de las áreas controladas por las FARC-EP, han sido progresivamente copadas por otros actores asociados a las actividades del narcotráfico.

3.3. Barreras geográficas y económicas Las barreras geográficas son muy importantes para entender los retos de la justicia en un territorio con una población mayoritariamente rural. En primer lugar, no existen avances significativos en el tema vial, lo que ha conservado el aislamiento de algunas zonas, por el mal estado de las vías y las largas distancias que existen para acceder a los cascos urbanos en donde se encuentran los actores de justicia; esta situación se complejiza aún mas en temporada de invierno, con distancias de desplazamiento a cabeceras que oscilan entre una y cinco horas para llegar. Otro factor a señalar, es que no existen muchas opciones de transporte a las zonas rurales, por oferta y ademas por los costos, especialmente a corregimientos como Sidón, Damasco y Santa Rosa en Cumbitara y Sánchez (Policarpa) del Bajo Patáa, con veredas dispersas, en donde en algunos casos se requiere de transporte fluvial, debido a que el combustible se consigue en las estaciones de servicio que existen en la cabecera municipal o sobre la vía Panamericana. Para llegar hasta los corregimientos del Bajo Patía, se utiliza la vía del municipio de Policarpa, llegando a un poblado denominado Remolino, Bajo Patía; de aquí se deben tomar caminos que no están en las mejores condiciones, y después transporte fluvial para llegar hasta algunas veredas.

Por otra parte, en el caso de Rosario se encuentran veredas a más de cuatro horas de la cabecera, en Leiva con distancias de dos a tres horas, y en Policarpa con distancias sustanciales, especialmente en las zonas limítrofes; de esta manera, los cuatro municipios, las vías de comunicación en su gran mayoría son terciarias y su estado es precario, con calzadas estrechas y en muchos de los casos con transporte 4 x 4 para poder acceder. Por otra parte, a las veredas desde las cabeceras se prestan servicios a través de transporte informal (mototaxismo) con valores que pueden ser muy altos dependiendo de las distancias. En este escenario, para acceder a los servicios de justicia -la mayoría concentrados en la cabecera municipal- la población de zonas rurales debe Fotografía: vías Cumbitara. Henry Rosero. Facilitador SLJ. recorrer largas distancias, lo que puede significarles también altos costos, de ahí que “las barreras económicas se cruzan con las geográficas, pues aquellas víctimas que viven en zonas apartadas del país generalmente no tienen los recursos económicos suficientes para desplazarse a las oficinas donde deben formalizar las denuncias y llevar adelante los procesos” (Guzman, D. E. y Prieto, S, 2013, P. 224) situacion que afecta aun más a las mujeres, quienes “[…] debido al rol de género que les ha sido impuesto como cuidadoras, deben hacerse cargo de sus hijos, hijas y demás familiares, hecho que les hace mucho mas difícil la movilidad” (Guzman, D. E. y Prieto, S, 2013, P. 224).

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia Este contexto es aún más preocupante cuando las personas después de hacer un esfuerzo en tiempo y dinero, no logran encontrar respuesta a los asuntos que les llevaron a solicitar servicios de justicia. Situaciones que suceden de acuerdo a la comunidad en algunos despachos, especialmente de justicia formal, en donde algunos funcionarios permanecen tres a cuatro días a la semana fuera del municipio, por compromisos personales en Pasto o porque tienen competencia en otras zonas. Realidad que afecta directamente la credibilidad en la justicia y aumenta la brecha de desconfianza institucional.

3.4. Desconocimiento de derechos y de mecanismos de acceso a la justicia Esta barrera responde a varios factores del contexto local, entre ellos, que siendo una región afectada históricamente por el control de grupos ilegales, no existe una cultura de la denuncia o de exigibilidad de los derechos, ya que en muchas de las conflictividades, especialmente en la ruralidad, eran estos grupos quienes los dirimían. En este nuevo escenario de posconflicto es fundamental alentar los procesos sociales que han existido a través de las organizaciones de mujeres, organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas y las JAC, para la formación en derechos y la creación de espacios de acceso a la justicia a través de los sistemas locales presentes en la subregión. En este contexto, también se requiere trabajar en cambios estructurales, como aquellas prácticas que han afectado el acceso a los servicios de justicia local, como lo ha sido el “sectarismo político”, que ha hecho que veredas/corregimientos completos, crean que al no ser partidarios de la candidatura que quedó elegida, no pueden acceder a la alcaldía o a los servicios de la justicia administrativa para el tramitar sus conflictos. Aunado a lo anterior, se requiere fortalecer los procesos de divulgación de los servicios de la justicia y de las funciones que desempeña cada área, debido a que la población no conoce en muchos casos a dónde o qué se requiere para acceder a la justicia, especialmente a la formal, en donde “no desarrollan acciones de difusión, en el entendido que existe divulgación institucional a nivel nacional”. Sin embargo, se debe trabajar para cambiar la percepción de este tipo de justicia, particularmente por el concepto de que podrían ser señalados por los GAIdecolaboración con las autoridades, ypor la posiblepersecución por el tipo deeconomía que manejan muchas familias en la zona, a través de los cultivos de uso ilícito. Por lo que se debe manejar una estrategia diferente, para acercar la justicia formal y las entidades que hacen parte de ella, y generar de manera progresiva una percepción distinta. Por otro lado, los mecanismos de acceso a la justicia también se ven fuertemente afectados con la alta rotación que existe en la zona. Muchos de los cargos de la justicia administrativa, son cambiados constantemente, en el mejor de los casos anualmente, lo que afecta el seguimiento de los procesos a cargo, quiebra la confianza lograda con la comunidad y disminuye las posibilidades de que los actores de justicia administrativa puedan dar respuestas efectivas, al hacer provecho de las capacitaciones recibidas en sus diferentes áreas misionales y la experiencia adquirida durante el cargo. Entre los casos más preocupantes son los cambios que se producen en los equipos psicosociales y en los enlaces municipales de víctimas, quienes son fundamentales en una subregión tan golpeada por el conflicto armado.

4. Descripción General del Mapa de Actores de Justicia en la Cordillera Nariñense Convención

Actor/Municipio

Comisaría de familia Consejos comunitarios Personería

Unidad para las víctimas Enlace de victimas Secretaría de gobierno Fiscalia Local

Juzgado Inspección de policía Defensoría del pueblo Defensoría de Familia

Actores ausentes -Trabajador (a) social Actores no para las comisarías permanentes de Leiva, Cumbitara y Policarpa. -Defensor público -Equipo Psicosocial comisaría de El Rosario. -Defensora de familia -Policía de Infancia y Adolescencia. -Medicina Legal.

JAC

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Existe una Notaria en El Rosario, que facilita algunos trámites para los temas de justicia.

Mapa 2: Fuente SIME

Sistemas Locales de Justicia

4.1.Justicia formal 4.1.1. Fiscalías Locales Existen dos (2) fiscalías locales, una en Policarpa con jurisdicción también de Cumbitara, esta fiscalía está compuesta por un Fiscal y 3 investigadores del CTI,este equipo debe apoyar los casos de toda la subregión, incluyendo los que le corresponden a las seccionales de fiscalía ubicadas en Pasto (en donde se remiten los casos de los que no tiene competencia la fiscalía local). La otra fiscalía está ubicada en El Rosario, y cuenta con un Fiscal y asistente (con funciones de policía judicial) teniendo bajo su jurisdicción también al municipio de Leiva. Los casos que más tramitan son: Lesiones personales Mantenimiento y alimentación de los hijos o de otros miembros.

Casos que más tramitan:

Violencia sexual Homicidios Porte ilegal

4.1.2. Juzgados Promiscuos Municipales En la subregión cada juzgado cuenta con juez (a), secretario(a) y escribiente. Para el caso de El Rosario se cuenta además con citadora. Los juzgados están a cargo de sus procesos y realizan control de garantías en procesos penales con los otros municipios de la subregión. Los casos de los que tienen competencia los juzgados los remiten al circuito judicial, que se encuentra en Pasto. Un aspecto fundamental de mencionar, es el alto número de tutelas que tramitan los despachos judiciales, especialmente en Policarpa, relacionadas con vulneración de derechos a las víctimas del conflicto armado en contra de la UARIV. Los casos que más tramitan son: Deudas y conflictos relacionados con la definición, delimitación y consolidación de derechos sobre la tierra Casos que más Mantenimiento y alimentación de los hijos o miembros

Violencia sexual Restablecimiento de derechos de menores

tramitan:

Violencia intrafamiliar

4.2. Justicia administrativa 4.2.1. Secretarías de gobierno Los cuatro municipios, cuenta con secretarías comprometidas con la consolidación de los SLJ. Debido al escenario de posconflicto, las actividades a cargo son múltiples por parte de los alcaldes, razón por la cual existe una gran responsabilidad que ha recaído sobre los secretarios de gobierno en diferentes frentes. Algunas de las acciones en temas de justicia han estado asociadas a los consejos de seguridad

y en respaldar actividades en prevención como maltrato intrafamiliar, lesiones, trabajo infantil, consumo de SPA, jornadas de desarme, socializaciones del nuevo Código Nacional de Policía, entre otras.

4.2.2. Inspecciones de Policía Los municipios de Cumbitara y El Rosario cuentan con una inspección de policía en la cabecera municipal. En el caso de Leiva, existen tres inspectoras de policía ubicadas, una en la cabecera municipal y otras dos en los corregimientos de Las Delicias y El Palmar. Para el caso de Policarpa sólo hay en la cabecera municipal, anteriormente había dos inspecciones, unas ubicadas en El Ejido y Madrigal, pero desde mediados del 2017 no están operando. La mayoría de casos que llegan son asuntos querellables, sin embargo existen otro tipo de conflictividades en los cuales son la primera autoridad que recepciona y posteriormente remiten de acuerdo al caso: Lesiones personales Amenazas Conflictos entre vecinos Conflictos relacionados con mojones, linderos o delimitación, adjudicación, titulación de tierras.

Casos que más tramitan:

Injuria y calumnia Daño en bien ajeno Hurto Conflictos con menores de edad en colegios o espacios publicos

4.2.3. Enlaces de Víctimas Los enlaces en estos municipios cuentan con una demanda significativa debido a los largos procesos de victimización que ha sufrido la subregión en el marco del conflicto armado. Las cifras más altas se concentran en los casos de desplazamientos forzados, como lo evidencia el municipio de Leiva con 2730 casos reportados (a corte 01/30/2017). Es importante destacar, que existe el Centro Regional de Atención a Víctimas CRAV, mismo que está diseñado para atender población víctima en Taminango, Policarpa, Cumbitara, Rosario y Leiva. Sin embargo, a los usuarios les queda muy difícil acceder por los costos de transporte intermunicipal. Este centro inició operación en febrero del 2016, al momento no se cuenta con datos suficientes para dar cuenta de la incidencia de esta oficina en la subregión. En el caso de los enlaces de víctimas los casos más recurrentes señalados en la encuesta realizada son:

Desplazamiento forzado Secuestro

Violencia sexual en el marco del conflicto armado

Casos que más tramitan:

Atentado terrorista Abandono y/o despojo de tierras por el conflicto armado Homicidios por el conflicto armado Amenaza

4.2.4. Comisarías de familia En Cumbitara, Leiva y Policarpa, las comisarías cuentan dentro del equipo psicosocial con psicóloga(o), pero en ninguno de los casos con trabajador(a) social, a lo que refieren algunas personas entrevistadas, afecta la labor de las comisarías para garantizar plenamente los derechos de los menores. La situación más crítica es la del municipio de El Rosario, en donde la comisaría no tiene equipo psicosocial. Por La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia esta razón, para algunos casos se busca el apoyo del equipo de la Defensoría de Familia; y para dar respuestas a estas solicitudes, se requiere lograr acuerdos en la agenda del equipo, que tiene a cargo los cinco municipios de la Cordillera, lo que afecta la celeridad de los procesos. Violencia intrafamiliar Mantenimiento y alimentación de los hijos o de otros miembros Violencia sexual

Casos que más tramitan:

Definición de custodia o patria potestad y régimen de visitas de los hijos Consumo de Sustancias Psicoactivas

4.2.5. Defensoría de Familia Cuenta con Defensor (a) y equipo psicosocial27, ubicados en el centro zonal del ICBF en El Remolino, corregimiento perteneciente al municipio de Taminango, y tienen a su cargo este municipio como los 4 priorizados por los SLJ. La defensoría de familia, tiene como área de acción la protección, acompañando a las Comisarías de Familia que pertenecen al Centro Zonal, y realizando las visitas de verificación con su equipo psicosocial. Restablecimiento de derechos

Casos que más Mantenimiento y alimentación de los hijos o de otros miembros tramitan:

4.3.Ministerio Público

4.3.1. Personerías Municipales Los despachos evidencian una característica común y es que se encuentran sobrecargados. Mencionando la comunidad, que en la mayoría de los casos, estos son los despachos de mayor confianza de la justicia local para resolver sus conflictos. Las Personerías cuentan actualmente con Personero y asistente. A partir de 1 de junio de 2017 se tiene dos (2) judicantes temporales (Policarpa); es importante mencionar que en ocasiones en Policarpa, se recepcionan denuncias penales, debido a que en la fiscalía o CTI, algunas personas no logran ser atendidas. Conflictos relacionados con la definición, Presencia de grupos armados ilegales delimitación y consolidación de Deudas derechos sobre la tierra Deforestación Prestación de servicios Casos que más Falta de prestación de servicios públicos domiciliarios Procesos discplinarios

tramitan:

4.3.2. Defensoría Pública En el caso del Defensor Público este tiene que atender los casos de siete (7) municipios: Leiva, Cumbitara, Los Andes, Samaniego, Santacruz, El Rosario, Policarpa. Por esta razón, su presencia en los municipios no es permanente. Los casos que más tramitan son:

27 Se requiere fortalecer el equipo con nutricionista.

Mantenimiento y alimentación de los hijos de otros miembros Hurto

Casos que más tramitan:

Cultivos ilícitos Violencia Intrafamiliar

4.4.Justicia propia 4.4.1. Consejos Comunitarios Estos consejos menores cuentan con resolución del antiguo INCODER y se encuentran bajo el Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y sur del Cauca-COPDICONC. En el caso de la cordillera, tienen presencia en los municipios de Policarpa y Cumbitara. En relación a ejercer justicia propia, uno de los líderes entrevistados planteó que la ejercen a través del “diálogo y la normatividad interna, y si no hay solución, se sanciona con multas económicas o de trabajo comunitario o suspensión en caso de que ocupen cargos”.

Para el fortalecimiento de la justicia propia, algunos consejos comunitarios han recibido capacitación del Ministerio Público. Sin embargo se requiere formación en las instituciones del estado, colegios, centros de salud, entre otros, para que se conozcan la normatividad y los derechos de las comunidades afrodescendientes. Por esta razón desde su liderazgo, proponen un fortalecimiento en dos vías: dentro de sus propias comunidades, especialmente a las nuevas generaciones para que valoren su cultura, música e instrumentos; y procesos de fortalecimiento de la comunidad en general, para el respeto y el reconocimiento de sus derechos como población Afrocolombiana.

Infidelidad

Lesiones personales

Casos que más tramitan:

Conflictos relacionados con mojones, linderos o delimitación de los terrenos Invasión de comerciantes por la coca, prostitución y cantinas

4.5.Justicia Comunitaria 4.5.1. Juntas de Acción Comunal En lo que respecta a justicia comunitaria, los 4 municipios priorizados cuentan con presencia de las Juntas de Acción Comunal (JAC). No se encuentran en el territorio otros actores como conciliadores en equidad, jueces de paz o conciliadores en Derecho. Los casos en los que intervienen: Conflictos entre vecinos Riñas

Conflictos relacionados con mojones, linderos o delimitación de los terrenos

Casos que más tramitan:

Situaciones de intolerancia

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia 4.6. Aspectos sociodemográficos de los actores de justicia De acuerdo a los indicadores del Sistema de Seguimiento y Monitoreo- SIME, se realizaron 44 encuestas en la subregión de cordillera a actores de justicia formal, administrativa, comunitaria y propia; el 41% son mujeres y 59% hombres, de los cuales el 10% se reconocieron como población indígena y afrodescendiente. Gráfica 7. Nivel educativo de los actores de justicia. 2017 TECNÓLOGO

5% 9%

TÉCNICO PROFESIONAL MAGÍSTER

25% 5%

ESPECIALISTA BÁSICA SECUNDARIA 0%

43% Fuente: SIME

7% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Respecto al nivel educativo los actores de justicia en la subregión, el 25% tiene como nivel de estudios profesionales y el 43% como especialista, seguidos por estudios técnicos con 9% y un 5% que mencionaron contar con formación de otro tipo.

5. Capacidades Institucionales •

Mecanismos de registro. MIentras que el 86% tienen algún mecanismo de registro de los casos que atienden, 14% no cuenta con registros. En la mayoría de los casos, estos mecanismos son sistemas deinformación o plataformasqueresponden alos requerimientos ala institución a la que pertenecen, en otros casos, cuentan con libros de radicación de asuntos, actas, bases de datos en Excel, entre otros.

•

Divulgación de servicios. Durante el año inmediatamente anterior, 78% de los actores de justicia de la subregión han realizado acciones tendientes a socializar la oferta de servicios que prestan. Estando Cumbitara como el municipio con mayor cantidad de actores de justicia que realizaron divulgación (90%), seguido por Policarpa y Leiva (78%), quedando por último el Rosario con un 67%. El medio más utilizado para la difusión es la radio, las carteleras institucionales o por medio de ejercicios de socialización en reuniones con la comunidad. Respecto a los procesos de divulgación de los servicios prestados por los juzgados promiscuos municipal, es expresado que no es función del despacho ni tampoco es una política de la rama judicial. En el caso de las personerías, este año han realizado actividades de difusión (excepto en el caso de Leiva, en donde se informa personalmente a la comunidad), en mecanismos como las emisoras locales y redes sociales.

•

Servicios en lugares más apartados del territorio. El 62% de los encuestados mencionó que realizan acciones encamidas a este propósito, mientras que el 38% mencionó que no. Destancándose el municipio de Policarpa con un mayor porcentaje de actores de justicia (78%) que prestan servicios en lugares apartados de la cabecera municipal. Seguido por Cumbitara y Leiva, con 70% y 67% respectivamente, y El Rosario lo realizan el 33% de los encuestados. De manera particular en algunos despachos se reporta que:

Los inspectores de policía. Para Cumbitara en este año se ha presentado la oferta institucional en instituciones educativas y en zonas como Pizanda; sin embargo, en otras partes del municipio han existido dificultades por el difícil acceso y en algunos casos se suma el problema de seguridad. Por otra parte, en Policarpa, han presentado portafolio de servicios en los corregimientos del Bajo Policarpa, Santa Cruz, y en el corregimiento de Sánchez.

ii.

Los enlaces de víctimas. Reportan durante el ultimo año, haber realizado atención en distintos corregimientos, por medio de jornadas de atención a victimas, especialmente en Policarpa y Leiva.

iii.

Las juezas. Consideran que no cuentan con las herramientas para llevar a cabo este tipo de acciones, hecho sumado a las dificultades por el orden público. Igual caso sucede con la Fiscalia, en donde las acciones de la entidad en los lugares mas apartados no son posibles, en ocasiones “por ser zonas controladas por organizaciones delincuenciales, y no hay garantías para el desplazamiento, ni se cuentan con los recursos”; sin embargo ,se han realizado acciones puntuales bajo consulta del Ejercito y la Policía, como es el caso de actividades en Sánchez (Policarpa).

iv.

Las Personerías. Para llevar servicios a lugares apartados se realizan acciones a través de cuñas radiales, visitas a las veredas y brigadas en corregimientos, como en el caso de Policarpa. En el caso de Leiva no ha sido posible “por el difícil acceso a las veredas y la falta de vehículo o presupuesto”.

El defensor público. Realiza difusión de sus servicios en el marco de las comisiones de verificacion, observacion y seguimiento, reuniones, talleres y jornadas descentralizadas.

vi.

Las Juntas de Acción Comunal. Difunden en las reuniones, mediante chapolas y perifoneo. Sin embargo, hay que destacar que en muchas zonas de la subregión, como bien lo resaltan las juntas “la atención a conflictos la realizaba el grupo armado ilegal”.

•

Acciones de prevención de conflictos o delitos. El 71% de las personas encuestadas informaron que si las realizan, sólo el 27% mencionaron que no, entre ellos los juzgados debido a que se considera que son actuaciones que “no son de su competencia”. Las principales actividades de prevención se plantean desde los consejos de seguridad, algunas relacionadas con resolución pacífica de conflictos, prevención de consumo de SPA, divulgación de algunas rutas de atención. En lo que respecta a las comisarías de familia, realizan charlas sobre prevención de abuso sexual y divulgación rutas de atención. Sin embargo es importante fortalecer este tipo de acciones fuera de los despachos especialmente en El Rosario. Para el caso de las inspecciones de la subregión se requieren plantear más acciones orientadas a la prevención.

•

Instancias de coordinación entre instituciones que presten servicios de justicia. El 48% de los actores no pertenecen a ninguna instancia local o regional de este tipo, mientras que 52% de ellos

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia manifestaron hacer parte de alguna instancia. Las principales instancias a la que están vinculados son: consejo de seguridad y orden público, comité de justicia transicional y comité de política social. •

Rutas de atención a conflictos. El 76% de los encuestados cuenta con rutas de atención a conflictividades. Las rutas existente en algunos municipios son: i) violencia intrafamiliar, ii) abuso sexual, iii) violencias contra la mujer, iv) maltrato infantil yv) atención integral a adultos mayores. Algunos de los medios de difusión han sido los programas y cuñas radiales, socializaciones a la comunidad y carteleras en los municipios. Sin embargo se considera que se deben mejorar significativamente los mecanismos de divulgación para lograr un mayor acceso a la información en el sector rural. En lo que respecta a rutas de atención, la defensoría de familia, tiene establecidos lineamientos dentro de los procesos de restablecimiento de derechos para abuso sexual, trabajo infantil, víctimas de desplazamiento forzado, y otros hechos victimizantes como maltrato infantil, amenazas o riesgos de los NNA.

•

Seguimiento a rutas de atención a conflictividades. Los actores relacionan el seguimiento principalmente con las funciones y competencias otorgadas de manera normativa, donde se rinde cuentas a una entidad de orden regional o nacional, por tanto no especifican que acciones realizan de manera independiente desde sus despachos para garantizar quelas rutas existentes se apliquen de manera correcta, se conozcan ydifundan en la comunidad.

•

Conocimiento de la Ley 1482 de 2011, ley 1752 de 2015. Ley antidiscriminación por sexo, edad, etnia, etc. 43% de las personas manifestaron conocer dicha Ley, mientras que 37% no conocen su contenido.

•

Capacitación recibida en enfoques diferenciales:

Gráfica 8. Capacitaciones en enfoques de atención diferencial recibidas. 2012 -2017 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

90% 80%80% 82% 60% 60%

64%

60% 55%

50%50%

30%

40%40%

45%

30%

2 Victimas del conflicto armado

Fuente: SIME

Género

Cumbitara

VBG Violencia Sexual

Leiva

Discapacidad

El Rosario

Étnico

Policarpa

En los últimos 5 años, el promedio de capacitación recibida para los cuatro municipios de mayor a menor porcentaje son: 83% de los actores de justicia recibieron capacitación en víctimas del conflicto armado, 58.5% en temas de género, 53.7% en discapacidad, el 53.5 % en VBG, y 38.75% en enfoque étnico. Por lo que se requieren acciones orientadas en la formación en los enfoques de menores porcentaje como son: asuntos étnicos y en violencia sexual – VBG con un 48%, teniendo Leiva y Policarpa el menor porcentaje de operadores que han recibido capacitación en este enfoque.

De manera específica, desde las inspecciones de Policía, manifiestan que se fortalezca la capacitación en el nuevo código de Policía y en inspección de cadáveres. •

Capacitación que requieren los operadores:

Gráfica 9. Capacitaciones que desean recibir los operadores. 2017 DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE DISCAPACIDAD VBG - VIOLENCIA SEXUAL DE GÉNERO

Fuente: SIME

ÉTNICO 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

A pesar de las capacitaciones ya recibidas por los actores en los 5 años anteriores a la encuesta, 71% de los encuestados mencionaron la necesidad de actualizarse en temas de género, seguido por un 67%deinterés en el adecuado tratamiento de violencia sexual yVBG, como también en enfoque diferencial en discapacidad.

6. Restricciones Operativas De acuerdo a la información suministrada por actores de justicia, la principal restricción para el cumplimiento de las funciones en La Cordillera es la falta de recurso humano con 54%, seguido por necesidades de capacitación para el adecuado trámite de los casos; por otra parte, un 38% señalan que existen restricciones en infraestructura y 35% por aspectos técnicos. Gráfica 10. Restricciones operativas de los actores de justicia. 2017 54% 41%

38%

35% Fuente: SIME

Recurso Humano

Capacitación

Infraestructura

Técnica

Los actores de justicia local, especificaron algunos aspectos respecto a la expresión territorial de esas restricciones: La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia

Recursos humanos

• Falta de recurso humano para atender y hacer seguimiento a los casos, por la cantidad de asuntos que se presentan (especialmente en Comisarías de familia y Personerías). • No se cuenta con Policía de Infancia y Adolescencia. • Ausencia de abogados para litigio en la subregión. • Falta nutricionista para el equipo de la Defensoría de Familia de la subregión. • Alta rotación de personal.

Infraestructura

• No se cuentan con vehículos para el transporte de menores infractores y menores en riesgo. • No se cuenta con hogares de paso ni centros transitorio para darle cumplimiento a los requerimientos que hace la Ley 1098 de 2006. • No cuenta suficiente recursos para realizar desplazamientos a los corregimientos más alejados y hacer una adecuada cobertura. • Se requiere mejores espacios en infraestructura, para el desarrollo de conciliaciones y sala de audiencias. • Mejorar en la conectividad para los despachos. •Carencia de recursos para actividades con la comunidad.

Capacitación

• Falta de mecanismos de seguimiento a las rutas de atención. • Se requiere mejorar la capacitación para los actores de justicia, incluyendo los inspectores de policía y equipos psicosociales de las comisarías de familia. • Se requiere capacitación para dar buen trámite a los casos de abuso sexual en las Comisarías de familia. • Falta de actualización y profundización de conocimientos. • Ausencia de capacitación a los liderazgos comunitarios. • Falta formación en la subregión en MASC.

Recursos técnicos

• Falta de articulación entre actores de justicia. • Faltan acciones orientadas a la prevención. • Restricciones por la presencia de GAI.

7. Aportes Iniciales de SLJ a la Subregión Los Sistemas Locales de Justicia- SLJ son una estrategia del Ministerio de Justicia y del Derecho-MJD, que identifica las necesidades de la justicia local y construye de manera colaborativa acciones para su fortalecimiento. Estas acciones, se plantean desde un enfoque sistémico que tiene su fundamento en la relación que tiene el sistema de justicia consigo mismo y también con el contexto particular de cada territorio. Por esta razón, el punto de partida, es el reconocimiento de la diversidad y complejidad de las realidades sociales, contando como base de su acción con cuatros enfoques: territorial, diferencial, participativo y de pluralismo jurídico. En ese sentido, iniciando el 2017 se vienen desarrollando actividades tendientes a la implementación y consolidación de los SLJ en los municipios de Leiva, El Rosario, Cumbitara y Policarpa, que iniciaron con ejercicios de socialización de la estrategia para lograr acuerdos y unir voluntades para el trabajo colaborativo. Posteriormente se realizaron encuestas a actores de justicia, talleres con comunidades y entrevistas, para elaborar los informes de lecturas del territorio, como una primera fotografía de la justicia local.

A partir deeste diagnóstico inicial, se establecieron las principales conflictividades y barreras de acceso a la justicia por municipio, que guiaron la construcción de los planes de acción de los SLJ y la ejecución de acciones focalizadas al fortalecimiento del sistema, como el diplomado para actores de justicia, el taller de prácticas colaborativas y la implementación de las Jornadas Móviles de Acceso a la justicia en cada uno de los municipios, las cuales tuvieron una muy buena acogida por parte de las comunidades y de los actores de justicia participantes. Todos estos procesos han permitido consolidar los SLJ de la cordillera, llevando a que se realicen las primeras formalizaciones en acuerdos municipales, entendiendo la importancia que tiene para el contexto actual, que las comunidades cuenten con una justicia fortalecida. Bajo este esquema general los SLJ han desarrollado las siguientes acciones: Proceso de socialización de la estrategia

Uno de los factores estructurales del proceso, fue la selección de cuatro municipios de la subregión de la cordillera Nariñense como beneficiarios de la estrategia de SLJ. En estos municipios existen pocos programas del gobierno nacional, puesto que estos se han concentrado principalmente en subregiones como el pacífico y el piedemonte costero.

La estrategia se desarrolló en los cuatros municipios, comenzando con ejercicios de socialización y sensibilización con autoridades locales, actores de justicia y comunidades. En esta etapa se presentaron las bondades del trabajo colaborativo y la importancia de unir esfuerzos en torno al fortalecimiento de la justicia. Un elemento fundamental que facilitó la socialización fue la vinculación temprana con las juntas de acción comunal (JAC), las cuales articuladas con el componente 2 del proyecto Justicia Local para la Paz, generaron sinergias necesarias para sensibilizar sobre la estrategia SLJ tanto en actores de la oferta, como de la demanda de justicia en los territorios. En el acercamiento inicial, algunos funcionarios mostraron poco interés y desconfianza frente a la continuidad de la estrategia; sin embargo, posteriormente se comprometieron con algunas acciones, convirtiéndose en actores claves para el proceso. Lo anterior demuestra que se puede efectivamente trabajar en equipo, vincularse de manera activa y mostrar resultados concretos en beneficio de la población, lo que mostró los beneficios directos de la articulación en un contexto en donde algunos actores de justicia no se conocían entre si, a pesar de ser municipios con número reducido de funcionarios. Por esta razón, el desafío en la socialización fue generar espacios que permitieran visibilizarse mutuamente y, a partir de ahí, trabajar desde el SLJ en mostrar la presencia institucional existente para que las comunidades puedan acceder a ella. Diagnóstico de la justicia local y subregional

En un segundo momento, se recolectó y analizó información para reconocer la oferta y demanda de justicia local. A través de la aplicación de encuestas dirigidas a los actores de justicia local, entrevista semiestructuradas y talleres con la comunidad, así como la revisión de fuentes secundarias, se logró desarrollar el informe de lectura del territorio a nivel municipal y el presente documento subregional. En estos informes se identifican las necesidades particulares de justicia en cada territorio convirtiéndose en fuentes de conocimiento y construcción colectiva que orientará procesos de mejoramiento y transformación de la justicia. Planes de acciones de los SLJ

De acuerdo a las conflictividades priorizadas en las lecturas del territorio y las principales barreras de acceso a la justicia existentes, se construyeron de manera participativa los planes de acción de los SLJ de los cuatro municipios, para avanzar en el objetivo de mejorar el acceso a la justicia. La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia Enfocados en acciones que permiten iniciar un proceso endógeno para mitigar las barreras y establecer mecanismos que incidan, en el corto y mediano plazo, en aquellas conflictividades que requieren de la operación de la justicia local, “mejoramiento de capacidades técnicas y operativas de entidades administradoras de justicia, descentralización de la oferta institucional para mayor cobertura en zonas rurales y diseño de rutas de atención y difusión a través de campañas educativas. Estas son tres de las líneas de trabajo que han definido los Sistemas Locales de Justicia (SLJ)” (Alta Consejería para el Posconflicto, 2017). Estos son los objetivos de cumplimiento por municipio: Figura. 2. Objetivos de los planes de acción por municipio Cumbitara

El Rosario

Policarpa

Fortalecer y difundir la ruta en casos de violencia de género

Fortalecer las capacidades comunitarias para la prevención de conflictos relacionados menores

Incrementar el nivel de acceso de la justicia formal en corregimientos de difícil acceso.

Promover en la comunidad credibilidad en los operadores de justicia

Fortalecer y difundir la ruta en casos de Violencia Intrafamiliar

Apoyar las capacidades comunitarias para la prevención de homicidios; lo anterior, en articulación con las autoridades de justicia del municipio y el ámbito educativo.

Generar mayores niveles de confianza de la población para acceder a la justicia formal.

Propiciar el trabajo colaborativo entre Operadores de Justicia y fortalecer sus capacidades

Implementar estrategias para prevención y atención de consumo de SPA Facilitar el acceso a la Justicia de los habitantes de las zonas más dispersas del municipio

Apoyar las capacidades comunitarias para la prevención de conflictos relacionados con la violencia sexual; lo anterior, en articulación con las autoridades de justicia y el ámbito educativo.

Promover en la comunidad credibilidad en los operadores de justicia

Apoyar las capacidades comunitarias para la prevención de conflictos relacionados con hurtos y atracos

Promover en la comunidad credibilidad en los operadores de justicia Propiciar la aplicación de MASC en la comunidad mediante la figura de la conciliación. Generar espacios seguros para los usuarios que deseen denunciar delitos

Apoyar las capacidades comunitarias para la prevención del consumo de SPA; lo anterior, en articulación con las autoridades de justicia y el ámbito educativo. Fortalecer la presencia de la justicia administrativa y formal corregimientos de difícil acceso. Incrementar los niveles de confianza de la población para acceder a la justicia formal. Fortalecer los niveles de conocimiento de la comunidad en materia de derechos y los mecanismos de acceso a al justicia.

Fortalecer las herramientas comunitarias desde lo educativo, para la prevención de la ocurrencia de hechos de abuso sexual. Fortalecer las herramientas comunitarias desde lo educativo para prevenir la ocurrencia de la violencia intrafamiliar. Fortalecer las herramientas comunitarias para la prevención de la ocurrencia de inasistencia alimentaria y para el manejo pacífico de conflicividades intrafamiliares. Fortalecer las herramientas comunitarias para la prevención de la ocurrencia de lesiones personales en el municipio, desde el ámbito educativo. Incrementar el conocimiento de la comunidad sobre sus derechos y los mecanismos de acceso a la justicia.

Propiciar la aplicación de MASC en la comunidad mediante la figura de la conciliación Generar espacios seguros para los usuarios que deseen denunciar delitos. Facilitar el acceso a la Justicia de los habitantes de las zonas más dispersas del municipio Implementar estrategias para prevención y atención de consumo de SPA Diseñar y Publicitar la ruta en casos de lesiones personales Revisión, actualización y difusión de la ruta en casos de Violencia Intrafamiliar

Fuente: Planes de acción SLJ. Elaboración propia.

Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia- JMAJ

Un punto importante de interacción entre la oferta y la demanda de justicia fueron las Jornadas Móviles de Acceso a la justicia (JMAJ) que se desarrollaron durante el 2017. Los SLJ de la subregión realizaron 16 JMAJ, que tuvieron especial énfasis en llegar a la ruralidad dispersa. En este objetivo se establecieron espacios de planeación con los actores de justicia que permitió identificar las zonas a intervenir y los servicios de justicia requeridos para cada territorio. Este proceso benefició directamente a 2192 personas que desarrollaron algún trámite durante la jornada o participaron de las 44 actividades pedagógicas. Los principales casos atendidos estuvieron relacionados con derechos de la población víctima del conflicto armado, que fueron atendidos por el SLJ a través de diferentes actores. Para el registro de cada caso, el actor de justicia diligencia un formato denominado “Registro de casos”, lo que permitió establecer las cifras presentadas y los tipos de diligencias realizadas. Se resalta que durante las jornadas se recibieron denuncias y testimonios de víctimas del conflicto armado quienes no habían tenido la posibilidad de movilizarse a las oficinas principales en los cascos urbanos para realizar los trámites. La priorización zonal para las JMAJ realizadas en veredas alejadas de del centro urbano (de 3 a 5 horas) posibilitó en muchos casos un primer acercamiento de la institucionalidad a las comunidades y un reconocimiento de estas hacia los derechos ciudadanos. Figura 3. Principales resultados de las 16 JMAJ en la cordillera Nariñense

2192 Total de Pobladores que participaron

2386 Casos en Justicia atendidos

44 Actividades Pedagógicas

957 Casos atendidos servicios complementarios

Elaboración: Equipo de Direccionamiento Estratégico SLJ

A continuación algunos aspectos generales de las JMAJ por municipio:

7.1. Municipio de Cumbitara En Cumbitara se realizaron (4) JMAJ, en las que participaron 453 personas, de las cuales el 31% fueron hombres y 69% mujeres. Los actores institucionales que participaron en las JMAJ:

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia

Municipio

Corregim/ vereda

Actores / instituciones participantes

Sidón (A 5

Personería Municipal, Comisaría de Familia, Enlace de Víctimas, SISBEN, Más Familias en Acción, Adulto Mayor, E.S.E Municipal, Oficina de desarrollo Comunitario, Consultorios Jurídicos Universidad de Nariño, Registraduría Nacional,Agencia Nacional deTierras,Unidad devíctimas, ConcejoMunicipal.

Santa Rosa

Damasco

horas del casco urbano)

(A 4 horas del casco urbano)

Cumbitara (A 5 horas del casco urbano)

Pizanda

(A 2 horas del casco urbano)

Personería Municipal, Comisaría de Familia, Enlace de Víctimas, SISBEN, Más Familias en Acción, Adulto Mayor, E.S.E Municipal, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de víctimas.

7.2.Municipio de El Rosario En El Rosario se realizaron (4) JMAJ, en las que participaron 464 personas, de las cuales el 53% fueron hombres y 46% mujeres. Los actores institucionales que participaron en las JMAJ: Municipio

Corregim/ vereda

El Rincón (A 3 horas del casco urbano)

La Sierra

(A 3 horas del casco urbano) El Rosario

Martín Pérez (A

4 horas del casco urbano)

Actores / instituciones participantes Inspección de Policía, Comisaría de Familia, Enlace de Víctimas, Adulto Mayor, Dirección Local de Salud, Familias en Acción, SISBEN, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Víctimas, Consultorios Jurídicos Universidad Mariana, Gobernación de Nariño.

DLS, SISBEN, Más familias en acción, Unidad de Víctimas, ANT, Adulto mayor, enlace de víctimas

DLS, Colombia mayor, consultorios jurídicos, Unidad de víctimas, ANT, ADR, inspección de policía.

Esmeraldas Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, más familias en acción, (A 4 horas del casco urbano)

dirección local de salud, comisaría de familia, inspección de policía, enlace de víctimas, UARIV, Adulto mayor, Universidad Mariana.

7.3. Municipio de Leiva En Leiva se realizaron (4) JMAJ, en las que participaron 494 personas, de las cuales el 51% fueron hombres y 49% mujeres. Los actores institucionales que participaron en las JMAJ: Municipio

Corregim/ vereda

El Palmar (A

2 horas del casco urbano)

Leiva

Alcalde Municipal, Personería, Comisaría de Familia, Enlace de Víctimas, SISBEN, Más Familias en Acción, Adulto Mayor, Dirección local de salud, Oficina de desarrollo Comunitario, Inspección de Policía, Consultorios Jurídicos Universidad de Mariana, Agencia Nacional de Tierras, Agencia Nacional del territorio, Unidad de víctimas, Secretaria de Gobierno de la Gobernación de Nariño, Secretaría de desarrollo comunitario de la Gobernación de Nariño, Unidad de víctimas de VBG, Programa de Beneficios Periódicos- Colpensiones.

Florida Media

Personería Municipal, Comisaría de Familia, Familias en Acción, Sisbén, Inspección de Policía, Enlace de Víctimas, Agencia de Desarrollo Rural, Adulto Mayor, Desarrollo Comunitario, Agencia Nacional de Tierras, Dirección Local de Salud, Centro de Salud San José, Consultoriosjurídicos, Unidad de Víctimas. Acompañamiento del Ejército Nacional.

Martín Pérez

Más familias en acción, DLS, SISBEN, comisaría de familia, ANT, personería, desarrollo comunitario - adulto mayor, consultorios jurídicos, unidad de víctimas, enlace de víctimas, E.S.E.

Santa Lucía

SISBEN, inspección de policía, más familias en acción, comisaría de familia, DLS, UARIV, enlace de víctimas, agencia nacional de tierras, consultorios jurídicos, Agencia de Desarrollo Rural.

(A 4 horas del casco urbano)

Actores / instituciones participantes

(A 4 horas del casco urbano)

7.4. Municipio de Policarpa En Policarpa se realizaron (4) JMAJ, en las que participaron 781 personas, de las cuales el 46% fueron hombres y 54% mujeres. Los actores institucionales que participaron en las JMAJ: Municipio

Corregim/ vereda

Madrigal (A 3 horas del casco urbano)

El Ejido

Policarpa

(A 2 horas del casco urbano)

Restrepo

(A 1:30 horas del casco urbano)

Altamira (A 1 hora del casco urbano)

Actores / instituciones participantes Consultorios jurídicos de la Universidad Mariana, Adulto Mayor, Inspección de Policía, Comisaría de Familia, Personería, Agencia Nacional de Tierras, Juzgado, Unidad de Víctimas, Enlace de Víctimas, Sisbén. Adulto Mayor, Agencia Nacional de Tierras, Consultorios Jurídicos, Sisbén, Dirección Local de Salud, Unidad de Víctimas, Enlace de Víctimas, Inspección de Policía, Personería. Agencia Nacional de Tierras, Personería, Consultorios jurídicos Universidad de Nariño, Adulto Mayor, Inspección de Policía, Registraduría, Comisaría de Familia, Sisbén, Enlace de Víctimas, Unidad de Víctimas. Alcaldesa Municipal,Personería, Comisaría de Familia, Sisbén,DirecciónLocal de Salud, Registraduría, Emsanar, Adulto Mayor, Agencia Nacional de tierras, Consultorios Jurídicos Universidad Mariana, Enlace de Víctimas, Unidad de Víctimas, Inspección de Policía, Policía Nacional.

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia

JMAJ. El Palmar (Leiva). Fotografía: Equipo de Direccionamiento Estratégico de SLJ.

Algunos logros de las JMAJ en la subregión de cordillera: •

Llevar los servicios de justicia a diferentes zonas de la subregión, incluyendo corregimientos en los que por primera vez, diferentes instituciones del Estado hicieron presencia en el sector. Razón por la cual las comunidades inicialmente se acercaron con temor, ya queexisteuna profundadesconfianzaen un Estado que tiene una deuda histórica con el poblador rural. Por lo cual, estas actividades son fundamentales, ya que como lo muestran los resultados de las encuesta de percepción realizada a participantes de las jornadas en la cordillera, el 83% consideró que estas actividades ayudaron mucho a acercar los servicios del Estado a la comunidad.

•

Se realizó una de las JMAJ en el corregimiento de El Madrigal, donde se encontraba anteriormente la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), lo que es bastante significativo para el escenario actual de posconflicto, ante la presencia en la jornada de excombatientes de las FARC -EP. Además de poder reunir entidades del estado y actores de justicia local en una zona donde predominaba la justicia paralela ejercida por esta guerrilla.

•

Se logró generar compromiso por parte de los operadores de justicia debido a que mediante las JMAJ se visibilizaron como funcionarios y como personas, lo cual generó expectativas en las comunidades. Esto es importante porque muchos de los funcionarios son de otras regiones (como Pasto), y en algunos casos desconocen las dinámicas locales ycontaban con poca cercanía con las comunidades, lo que dificulta la comunicación efectiva de sus funciones y servicios con los pobladores locales.

•

Funcionarios que no participaron en las primeras jornadas se interesaron por participar en las siguientes. Esto da visibilidad a su trabajo y ayuda a proyectar de manera positiva las iniciativas de articulación a la comunidad.

•

os funcionarios de la justicia administrativa participaron por primera vez de manera articulada con la justicia formal. Algunos apenas se conocían, pero no estaban trabajando de manera articulada.

•

Las Jornadas se convirtieron en un primer ejemplo concreto de éxito de los SLJ de la subregión, y de la capacidad de los actores de justicia para trabajar de manera articulada por un fin común.

•

Se acercaron los actores de justicia a la realidad de las comunidades y a los desafíos que tienen los pobladores rurales, para acercarse a las cabeceras municipales para la prestación de un servicio.

•

Las comunidades pudieron conocer algunos de los servicios que presta la justicia local y las posibilidades que existen de atención a sus conflictividades. Señalando un 74% de los encuestados, que estas actividades contribuyen a la solución de conflictos comunitarios.

•

Participaron en la totalidad de las jornadas 55% de mujeres y 45% de hombres. Aunque es una cifra cercana la una de la otra, es importante resaltar que las mujeres fueron las principales beneficiarias de una justicia que le debe reconocimiento y enfoque diferencial. Respondiendo un 72% en la encuesta de percepción, que las jornadas contribuyeron mucho la generación deconfianzadelasmujeres en el Estado.

•

Se realizaron 44 actividades pedagógicas que respondieron temáticamente a las necesidades locales. Estos espacios beneficiaron 1339 pobladores en temas como: prevención en consumo deSPA, Nuevo Código de Policía, VIF, derechos de petición, prevención extorsiones y modalidad de estafa, Ley de Víctimas, libretas militares, PDET, adulto mayor, charlas informativas de la Agencia de Renovación del Territorio - ART, capacitación en derechos de menores y gestión pacífica de conflictos, planificación familiar deberes y derechos sexuales y reproductivos.

•

Se prestaron algunos servicios complementarios, que lograron dar atención a 957 personas con el Banco Agrario, Federación Nacional de Cafeteros, Familias en Acción, SISBEN, y en temas como salud, vivienda, entre otros.

•

De acuerdo a la encuesta de percepción realizada en las 16 JMAJ, como lo muestra la siguiente gráfica:

41%

57%

Buenos

Excelentes

Malos

La calificación de los servicios ofrecidos en las jornadas fue de 57% excelentes, 41% buenos y 2% malos. •

De las 2.192 personas que participaron de las Jornadas Móviles en los cuatro municipios, como lo muestra la gráfica: 3%

97% No

Sí

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia El 97% se siente satisfecho (a) con las respuestas y asesorías que recibió, lo que muestra que el éxito de las jornadas, no solo por los retos asociados a su ejecución sino al compromiso de los actores de justicia en prestar un buen servicio en ellas. Acciones pedagógicas

De acuerdo al plan de acción de los SLJ se han realizado actividades en pedagogía de la justicia, entre ellas, algunas socializaciones en derechos humanos en instituciones educativas, formación en derechos de petición y acciones de tutela, código de policía y acompañamiento a actividades dela comisaríade familia yla policía Nacional sobreprevención dequemaduras con pólvora; y para el caso de Leiva y El Rosario, se capacitó a algunas comunidades sobre cómo acceder al servicio de consultorios jurídicos virtuales de la Universidad de Nariño, un aplicativo que elaboró la universidad en apoyo con la gobernación de Nariño. Procesos de formación a actores de justicia

La formación a actores de justicia en el marco de la estrategia, se ha orientado en dos ejes: i) trabajo colaborativo desde una perspectiva sistémica; y ii) formación y fortalecimiento de capacidades. Bajo el primer eje, participaron 30 actores de justicia en el Encuentro Regional de Trabajo Colaborativo, queserealizó en el municipio deChachagüí en el quesetrabajaron en aspectos relacionados al trabajo sistémico y la comunicación asertiva. En el segundo eje, de acuerdo a las lecturas del territorio se evidenció la importancia de que el SLJ fuera fortalecido a través de procesos de formación a los actores de justicia de la subregión; con ese objetivo se desarrolló el diplomado Justicia Territorial y Postconflicto, que inició el 25 de septiembre de 2017 en convenio con el Centro de Investigaciones y Estudios Socio-Jurídicos de la Universidad de Nariño. En este proceso es importante destacar: •

Se lograron tener espacios de formación general y específica enfocada en el acceso a la justicia.

•

La formación podrá tener incidencia fuera de la subregión y ser multiplicada en otros municipios del departamento, entendiendo que los cargos públicos en muchos casos son ejercidos por personas que no son de los municipios, y podrán replicar en los lugares donde realicen sus labores posteriormente.

•

Se establecieron espacios de diálogo acerca de la articulación y los desafíos de la justicia local desde la perspectiva de los funcionarios.

•

En las líneas programáticas se generaron espacios para la construcción conjunta de rutas de atención que respondan al contexto particular de cada territorio.

Durante el proceso de formación se trabajaron los siguientes ejes temáticos:

Aproximación a la Justicia Territorial. Introducción a la Justicia Territorial

Desafíos en el postconflicto. Teoría del Estado y Régimen de Organización Territorial

Conceptos y Transformaciones del Estado Fundamentos constitucionales y legales- proceso de postconflicto Obligaciones Justicia y Postconflicto

Justicia transicional (Verdad, justiciay reparación)

Justicia territorial y posconflicto

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Ejercicio reflexivo dirigido a la construcción de rutas de atención

Aproximaciones teóricas al enfoque diferencial Escenarios territoriales sobre los enfoques diferenciales Normatividades específicas

Violencia de Género Restitución de Tierras Ejercicio reflexivo dirigido a la construcción de rutas de atención en los enfoques diferenciales

Escenarios territoriales en materia de MASC Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Justicia comunitaria y justicia propia

Conciliación extrajudicial en Derecho Conciliación en Equidad Ejercicio reflexivo entorno a la construcción de rutas de atención en MASC

Marco constitucional y legal del sistema local Sistemas Locales de Justicia

Enfoques de sistema local Política pública - Desde lo local a lo regional y nacional Prácticas Colaborativas

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia Formalización de los SLJ

Para diciembre del 2017, se han formalizado las cuatro instancias de coordinación de los SLJ de la subregión, tres de los cuales fueron por medio de Acuerdo Municipal (El Rosario, Cumbitara y Leiva) y uno de ellos por Decreto (Policarpa).

8. Retos Institucionales y las Recomendaciones para la Justicia en la Subregión de Cordillera Para que el objetivo de los SLJ de incidir en un mejoramiento de las capacidades de la justicia local para el acceso de sus comunidades pueda ser efectivo, se requiere en el SLJ un relacionamiento positivo entre los agentes que le componen, logrando una articulación en dos líneas: i) al interior del SLJ y los actores de justicia; y ii) frente a la realidad del contexto local; esto es a lo que en el sociólogo Niklas Luhmann, denomina relaciones sistema/entorno compuestas por demandas y cambios. En ese sentido los actores de los SLJ y las comunidades han realizado algunas propuestas para mejorar la justicia local, que se presentan a continuación: •

Articulación como evidencia de cambios operativos. Respecto a la relación entre actores de justicia, en Cumbitara prevale una relación normativa entre los operadores (40%); igual caso en Leiva (34%); en Policarpa la relación es normativa-colaborativa (58%) y finamente en El Rosario la relación más prevalente es la colaborativa (40%). Parte de los procesos requeridos para mejorar la justicia local es la necesidad de que las relaciones puedan superar lo normativo y se establezcan mecanismos para una colaboración permanente entre actores que trabajan por mejorar el acceso a la justicia.

•

La ética del servidor público. Si bien es cierto que existe un compromiso de los actores de justicia por la labor que realizan en cada uno de sus territorios, se requiere fortalecer aún más el significado del servicio, que evidencie una comunicación asertiva, respetuosa y que responda a las particularidades del contexto local, aspectos que deben contribuir en la generación de confianza, con servicios de calidad, que reflejen sentido de pertenencia.

•

Reconstrucción del tejido social. El conflicto armado ha afectado profundamente los procesos organizativos de las comunidades en la cordillera; sin embargo existe una historia de movimientos sociales significativos que la justicia local debe trabajar para fortalecer, convirtiendo a la comunidad en un aliado en la resolución pacifica de los conflictos. Al respecto, la visión que tienen los habitantes de la Cordillera es que la reconstrucción del tejido social debe: “crear escenarios para la paz, el perdón y la reconciliación. Esto implica la recuperación de las relaciones pacíficas, en igualdad de condiciones, consolidadas sobre la base del respeto a la vida, al pensamiento distinto, el rescate de principios y valores que se han perdido al interiorde las familias ydela comunidad”(UNDP, 2016, P. 120)

Este proceso es la base mejorar la convivencia ciudadana y disminuir los delitos causados por la intolerancia yque se incrementan con la cultura de la actividad cocalera que se encuentra aún arraigada, y que incide en la percepción de una justicia que se puede evadir, comprar o silenciar. Por esta razón, es trascendental no separar el binomio justicia/comunidad, por lo que se debe “optar por la alternativa del esfuerzo concomitante -construir todo el edificio al tiempo- en ambos frentes (justicia y comunidad), y abandonar las tendencias que pretenden instrumentalizar alguno de estos elementos en beneficio del otro” (García Villegas, M. y Uprimny, R28, 2016, p. 151). •

Fortalecimiento de la fuerza pública. En la actualidad la cordillera tiene presencia del ELN, Autodefensas Gaitanistas, disidencia de las FARC y grupos organizados en torno al narcotráfico, presentándose un temor generalizado en la población ante la reconfiguración de conflicto. En este escenario las labores para hacer efectivos procesos de justicia se ven muy afectados en tanto que: i) sigue vigente la justicia paralela ejercida por GAI en algunas partes del territorio; y ii) se dificulta el avance investigativo de los delitos de alto impacto, debido a que es cada día más difícil la recolección de pruebas, especialmente las testimoniales. Razón por la cual, como lo refirieron los entrevistados, la justicia puede terminar “maniatada”, por lo que proponen que la fuerza pública se ubique de manera permanente en lugares estratégicos de la subregión, para ganar control territorial y mejorar la confianza en la institucionalidad. Esto significa no solamente presencia, sino un personal que en sus propias palabras esté “capacitado con idoneidad profesional y ética”.

•

Acompañamiento de las víctimas del conflicto. De acuerdo a la Unidad para las Víctimas, en los cuatro municipios priorizados existen 22.872 víctimas que manifestaron en su declaración, haber sido victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado. Para cada caso se registran: Cumbitara 4.129, Leiva 4.238, El Rosario 5.416 y Policarpa 9.06629. El acompañamiento institucional debe ser especialmente comprometido con las mujeres, debido a que:

Policarpa. Fotografía: Equipo de Direccionamiento Estratégico SLJ

“La violencia derivada del conflicto armado colombiano ha afectado a las mujeres de manera específica y diferenciada. Además de ser víctimas de múltiples violaciones de sus derechos humanos y fundamentales, por el hecho mismo de ser mujeres, han sufrido efectos diferenciados e incluso desproporcionados, en virtud de los arreglos patriarcales de género presentes en nuestra sociedad”. (Guzmán, D. E. y Prieto, S, 2013, p. 9) A su vez, entendiendo la magnitud de la afectación, se hace necesario fortalecer el acompañamiento a la población víctima. Aunque existe el Centro de atención a Víctimas en Policarpaque se inauguró a 28 Extractos de El aparato judicial: ¿un sustituto de la violencia y la guerra? (2006) 29 Para profundizar remitirse a cifras de la UARIV (Corte 1 de enero, 2018). Recuperado de: https://cifras.unidadvictimas.gov.co/ La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia inicios del 2016, existe preocupación por el incumplimiento de acciones en favor de las víctimas, lo que ha llevado a que se presente una sobrecarga del juzgado de Policarpa, por el número de tutelas que su despacho tramita en el tema de víctimas del conflicto armado. Siendo preocupante que los fallos no sean acatados por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, teniendo que ordenar el cumplimiento en desacatos. Para lo cual se propone establecer mejores mecanismos de articulación con la UARIV y promover que desde las alcaldías se siga trabajando de manera permanente y más activa por las víctimas. Por otra parte, un reto que inicia para el próximo año es la intervención de la Unidad de Restitución de Tierras en una extensión mayor de zonas microfocalizadas en la cordillera, enfrentando algunos retos como: i) profunda desconfianza de las comunidades en la institucional; ii) asociación errónea del proceso de restitución de tierras con la sustitución de cultivos; iii) reconfiguración del conflicto armado y la presencia de GAI y de minas antipersonas; iv) la cultura del silencio y el temor asociado a la dinámica del conflicto; v) la recepción de los casos, los cuales sólo se reciben en la oficina de la URT en Pasto, lo que es una gran dificultad para los pobladores de la cordillera debido a las grandes distancias y costos de traslado; vi) poca voluntad política en algunos municipios respecto al tema de víctimas; y vii) la alta rotación de funcionarios entre ellos, los enlaces de víctimas. Otro de los retos de la justicia, se orienta a la labor de la Fiscalía General de la Nación en relación a hechos ocurridos en el marco del conflicto, como los homicidios que ocurrieron años atrás. En ese sentido, se están presentando actualmente un aumento en las solicitudes de exhumación de cadáveres, lo que le demanda mayor capacidad a la Fiscalía y el apoyo de la fuerza pública para el acompañamiento de estas acciones. Sumado a lo anterior, es fundamental que en la subregión se pueda fortalecer las acciones orientadas a la memoria del conflicto armado y al debido acompañamiento psicológico de las personas y familias víctimas. •

Énfasis al enfoque de género. Esta propuesta fue manifiesta por los mismos actores de justicia, en un escenario en donde las VBG se encuentran en los casos más que más llegan a sus despachos. Al respecto es importante señalar que: “El señalamiento, la vergüenza y la subvaloración de las violencias de las que han sido víctimas son algunos de los factores que hacen que las mujeres se abstengan de hablar. Estos factores se exacerban en el marco del conflicto armado, pues la presencia de actores armados en la región aumenta el riesgo de retaliaciones en contra de las mujeres ysus familias; además, los estereotipos de género tienden a reforzarse, y con ellos los riesgos de sufrir estigmatización y rechazo” (Barraza y Guzmán, 2008, p. 125).

En este contexto, se requieren acciones urgentes que permitan un tratamiento de las usuarias y de sus casos de manera adecuada, trabajando de manera juiciosa por romper con los patrones naturalizados del machismo que siguen permeando las relaciones y concepciones en relación al manejo de los casos de VBG. •

Fortalecimiento institucional. De acuerdo Uprimny, R. (2008)30 desde una perspectiva de un sistema judicial con una visión de democracia, se debería al menos:

30 Tomado de Democracia, justicia y sociedad. diez años de investigación en Dejusticia. Pág. 69.

Tener la capacidad de amparar los derechos de los ciudadanos ante violaciones de los mismos por parte del Estado y de particulares

Tener la capacidad de resolver adecuadamente los conflictos que se presenten ante él.

Funcionar como contrapoder de los otros poderes del Estado, a fin decontrolar sus posibles abusos.

Ejercer funciones de control social, y en particular imponer sanciones por la infracción de las reglas de conducta.

Aunque estos aspectos van más allá de los alcances operativos de los Sistemas Locales de justicia, es importante apostar por una concepción [visión] democrática del sistema judicial, que impacte el ejercicio local de la justicia, y que busque movilizar acciones concretas en los territorios. En el caso de la cordillera se debe partir de la premisa, de que existen fuertes debilidades institucionales, que se expresan en aspectos como la falta de personal (actores de justicia) que respondan adecuadamente a la demanda actual del territorio, y que puedan ofrecer, de acuerdo a esa visión democrática del sistema de justicia, amparo y garantías a los derechos de la población, capacidad para resolver debidamente los conflictos y hacer un ejercicio de efectivo control social.

Si bien es cierto, los entes territoriales cuentan con poco presupuesto siendo municipios de sexta categoría, enmuchos casos no secomprendela importanciadequeexistaenel territorio una justicia administrativa sólida, que les permita como primeros respondientes de los conflictos, realizar adecuadas acciones en relación a la justicia; por lo que en la subregión se requiere contar con equipos interdisciplinarios completos en las comisarías, teniendo en cuenta en primer lugar, la pirámide poblacional de toda la subregión, especialmente en municipios como Leiva y Cumbitara donde la mayor cantidad de población se concentra en los menores de edad, para lo que se requiere de comisarías fortalecidas que puedan trabajar por la garantía de sus derechos. Y en segundo lugar, que la capacidad institucional pueda responder de manera efectiva a dos de las conflictividades prevalentes en la subregión, como son la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. Así mismo, es necesaria la ampliación de actores de justicia en las zonas rurales de los municipios, como los inspectores de policía. En los últimos años algunos municipios de la cordillera han decidido quitar algunas de los inspectores con los que se contaba, aludiendo a razones de presupuesto; sin embargo, la labor efectiva de un inspectora (a) puede evitar el escalonamiento de conflictos y permiten al poblador rural acercarse a una figura institucional para resolver sus conflictividades, y no tomar acciones por mano propia o dirigirlas a la justicia paralela ofrecida por los GAI. De otro lado, fue manifiesto por las personas entrevistadas la necesidad de evaluar la capacidad de respuesta de la fiscalía especialmente en municipios como Cumbitara, en donde existen factores geográficos (grandes distancias y dificultades de acceso) y de seguridad (reconfiguración del conflicto con múltiples actores armados) que complejizan su intervención cuando se opera desde la cabecera de Policarpa. Por otra parte, el fortalecimiento institucional no está únicamente relacionado con el número de funcionarios en el territorio, sino también a las capacidades y al compromiso que cuentan los actores de justicia. Al respecto, señalaron tanto actores de los SLJ como personas de la comunidad, la importancia de que se verifique el debido cumplimiento de los requisitos para el nombramiento de los funcionarios y además

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia de ello, que exista procesos de formación que les permita a los funcionarios, tener las herramientas para realizar una actuación adecuada para cada caso. •

Trabajo para la confianza en la justicia y la cultura de la denuncia. En los cuatro municipios existe una profunda desconfianza en la justicia que ha estado asociada de acuerdo a la comunidad, a factores históricos de ausencia estatal y la alta percepción de impunidad, especialmente respecto a los delitos de alto impacto. En el proceso de consolidación del SLJ se requiere generar espacios de capacitación y divulgación de las rutas de atención y de las competencias de los actores de justicia a las comunidades como parte de un proceso que ayude a vencer la desconfianza. Particularmente se debe presentar, aspectos básico acceso a la justicia, que incluya las competencias en la justicia para resolver conflictividades. Si bien es cierto existen falencias en el adecuado trámite de procesos, también se presentan sobrecargas sobre algunos actores de justicia, porque las comunidades no conocen a dónde deben acudir, acercándose en la mayoría de los casos, a aquellos despachos de los funcionarios que les generan mayor confianza, sin distinguir si tienen la competencia para resolver o no sus asuntos.

•

Esfuerzos para acciones eficaces en la ruralidad. Se requiere de acciones permanentes en la ruralidad, para lo cual se hace necesario que el SLJ realice Jornadas Móviles y procesos de divulgación de las rutas de atención que sean cercanas a la población ubicada en el sector rural. Dentro de las propuestas acogidas respecto a este punto, es desarrollar de las manos de las JAC, espacios pedagógicos específicos en temas de justicia y buscar alianzas para el acompañamiento de judicantes, para que las comunidades reciban capacitaciones prácticas en exigibilidad de sus derechos.

•

Fomentar los Métodos alternativos de solución de conflictos - MASC. Debido a las barreras geográficas y al poco personal de justicia en territorio rural, los MASC son una estrategia que el 90% de los actores de justicia encuestados refirieron como necesaria en la subregión, principalmente porque existen conflictos que pueden resolverse por medio de la conciliación sin acudir a la jurisdicción ordinaria; lo que ayudaría a: la descongestión de los despachos, ofrecer soluciones demanera más rápidaalacomunidad ycontribuir al desarrollo de una cultura del diálogo para la solución de conflictos. Sin embargo, esto se convierte en gran desafío actualmente debido a que en la subregión no existen conciliadores en equidad activos, para lo que se requiere formación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho en estos temas. Lo que puede significar avances en los mecanismos alternativos, manejo de conflictivos que impida su escalonamiento y el apoyo en labores como lasnotificaciones en lasáreas rurales dispersas cuandoseadelantan procesos judiciales y los funcionarios del juzgado, abogados y defensores públicos se ven imposibilitados para ello.

•

Fortalecer y mejorar la articulación con la justicia propia y la justicia comunitaria. Los Consejos Comunitarios de Cumbitara y Policarpa, expresaron requerir fortalecimiento y avances en la articulación con la justicia administrativa y formal, en razón a que la “justicia propia no puede solucionar todos los conflictos ni contrarrestar todos los fenómenos delictivos, pero es un canal para aumentar las demandas de eficacia sobre la justica formal” (Usaid, CCA & Crea, 2010, p. 52). Por otra parte las JAC, son de gran importancia, pero se requiere el fortalecimiento de las comisiones de convivencia y conciliación y poder establecer acciones de articulación de asuntos con la justicia administrativa y judicial. Sin embargo, existen algunos retos para la justicia comunitaria en la subregión debido a la presencia de los GAI y la afectación en las prácticas comunitarias, por lo que el trabajo debe tener en cuenta las particularidades locales, al respecto Villegas, M. y Uprimny, R,

2006 plantean “es bien sabida la importancia que tiene la integración de la comunidad en términos valorativos, culturales y, en general, normativos, para explicar el éxito de la justicia comunitaria […] esfuerzos (no solo estatales, sino también comunitarios) destinados a crear mecanismos judiciales o extrajudiciales para la solución de los conflictos deben ir de la mano con esfuerzos destinados al fortalecimiento de la integración social (p, 151).

9. Estudio de Caso. Integración y Justicia Comunitaria: Ejido, Centro de Paz

“Resistir es una estrategia para la convivencia de la misma manera que lo son el diálogo o el silencio. El diálogo no siempre funciona debido a condiciones que uno de los actores de la relación impone, mientras que el silencio puede ocultar situaciones dominantes cuyo efecto puede ser la exclusión”. Nelson Molina Valencia Este estudio de caso se realizo en El Ejido, corregimiento del municipio de Policarpa, por medio de una reconstrucción de la historia del proceso organizativo desarrollado a partir de entrevistas y grupos focales a líderes y lideresas que han acompañado por más de veinte años esta iniciativa de integración y justicia comunitaria. Con el objetivo de mostrar uno de los modelos presentes en la subregión, se consideró de gran importancia la experiencia de “Ejido Centro de Paz” en donde se identificaron por lo menos seis pilares fundamentales que han sostenido el proceso comunitario, estos son: 1) la apertura a las posibilidades de cambio; 2) el carácter organizativo y el liderazgo compartido; 3) el trabajo colectivo y solidario; 4) los acuerdos comunitarios y la resolución pacífica de conflictos; 5) el orgullo de ser parte; y 6) la risa como mecanismo de control social.

Apertura a las posibilidades de cambio e incidencia. El punto de partida se da a principios de los noventa, con el crecimiento de la población y el fortalecimiento de la escuela local que se dio con la llegada de la profesora Olga Nelly Rodríguez y su esposo Trino Sánchez, que junto a sus hijos iniciaron un proceso de organización social del que venían acostumbrados del vecino de municipio de Cumbitara. La comunidad recuerda que: “Comenzó a formarse esa cultura y a rescatar también lo que se había perdido, lo tradicional de aquí, y ya en el 90 llegó el colegio comenzó con Olga Nelly Rodríguez, el esposo Don Trino Sánchez y los hijos también comenzaron como al fin de cuentas son gente que les gusta también organizar, ayudar y a

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia sembrar, y de ahí nos pegamos y nos fuimos todos para allá a organizar y a difundir a la gente que teníamos que ser nosotros mismos, no teníamos que depender de nada” (Entrevista líder comunitario, agosto de 2017). Este modelo estuvo relacionado con la motivación a la comunidad en emprender procesos propios para el desarrollo local. Ante la existencia de inconformidades frente al entorno violento, el abandono del Estado y potenciando las condiciones comunitarias, se establecieron pequeñas metas alcanzables en beneficio de la comunidad. Este proceso empezó a mostrar resultados rápidamente, lo que permitió construir una nueva perspectiva de organización social, que fue motivando a la comunidad a ser partícipe de los procesos allí desarrollados y a la apropiación por los mismos.

Carácter organizativo y liderazgo compartido. A través de la organización comunitaria, se puso en marcha un modelo político y social de gobierno propio, para evitar que los GAI gobernaran el pueblo. Este proyecto se denominó: “Ejido Centro de Paz”, caracterizado por tres elementos fundamentales: 1) enfoque democrático, los representantes de la comisión central se eligieron por votación, a través de elección popular; 2) participación activa de todos, en acciones en donde los habitantes de la misma comunidad asumían compromisos por el bien colectivo; y 3) desarrollo local, las acciones buscaban atender las necesidades del territorio que abarcaba exclusivamente el corregimiento. La organización política del movimiento social estaba estructurada a través de comités. Uno central que coordinaba todo el proyecto y otros complementarios que se encargaban de aspectos específicos como la educación, la salud, acueducto, la construcción de la capilla, fomento de la cultura y el deporte, entre otros temas. Cada comité contaba con un presidente un fiscal yun tesorero, con representación de líderes de cada uno de los nueve barrios. Señala un entrevistado: “[...] en cada comité organizamos y la comunidad participa en la junta, pero nosotros vamos adelante de todos aquí, no queremos que nadie nos venga a poner ningún tipo de orden, ni la policía ni nada, porque aquí es del pueblo y para el pueblo. Aquí cualquiera puede venir, pero no nos pueden imponer leyes” (Entrevista líder comunitario, agosto de 2017). A través de este modelo de gobierno, se logró autogestionar recursos para construir gran parte de la infraestructura social del pueblo. Sus acciones se financiaban canalizando los pocos recursos públicos que llegaban a través de la Junta de Acción Comunal y con aportes que entregaba la misma población, que originalmente correspondían a la “vacuna” impuesta por la guerrilla principalmente a los comerciantes, pero que logró transformarse finalmente en una cuota que la comunidad entregaba y administraba a través de los diferentes comités establecidos.

Trabajo colectivo “los beneficios de la solidaridad”. Los proyectos se construyen de manera colectiva y los recursos se usan de manera eficiente. Con frecuencia los habitantes del corregimiento expre-

Parroquia de El Ejido. Fotográfica: Equipo de Direccionamiento Estratégico SLJ.

san satisfacción por lo que han logrado, y explican que siempre están dispuestos a cooperar para que todo salga bien. Para esta comunidad, las mingas de trabajo comunitario son una práctica tradicional que se practica y disfruta, a través de ella se construyen obras de infraestructura como el puente rojo, el alcantarillado, la escuela, la capilla, polideportivo, adoquinaron las calles, entre otras, todo en beneficio de la comunidad, incluyendo las fiestas caracterizan la alegría del Ejideño. Todo se realiza de manera organizada desde los diferentes comités y las tareas se asignan participativamente, sin distingo de género o edad. La comida es un factor de cohesión entre las familias y es un elemento que aparece en las celebraciones, fiestas de recaudación de fondos y espacios para compartir y unir a la comunidad: “[...] para hacer el sancocho comunitario él va llevando los plátanos, las yucas o los cuchillos o lo que sea, y él va con su esposa o con sus hijos a ayudar, (…) hay gente que no lleva nada pero pues por lo menos llega ayudar a picar cebolla, o algo ayuda. Aquí nadie puede llegar con ollas porque si viene alguien está invitado pero viene con su plato y come porque aquí el que quiere sancocho es para ese momento y que comparten en el sitio porque aquí es para todos” (Entrevista líder comunitario, agosto de 2017).

Esta forma de trabajo colaborativo y solidario se implantó en la población, y hace parte de la transferencia generacional de normas de convivencia y valores que se esperan encontrar en los nuevos habitantes. Al respecto expresa una líder “lo que más ha servido es la unión de la gente, el respeto, todos nosotros somos como una familia” (Entrevista líder comunitario, agosto de 2017), hay compromiso y responsabilidad de aportar al bienestar general.

Acuerdos comunitarios y resolución pacífica de conflictos. Para gestionar la convivencia y resolver conflictos la comunidad decidió fortalecerse internamente y resolver los problemas entre ellos mismos, en ocasiones se requería de la intermediación del Corregidor o de la Junta de Acción Comunal, el interés era evitar la intermediación de los grupos armados, no pagar las multas que imponían y tampoco depender de ellos para mantener la convivencia. “[...] uno tiene que estar en la jugada de la gente, pendiente aconsejar, no encerrarlos en una casa, sino hacerle ver el motivo, y como existía también las fuerzas armadas revolucionarias o las no gubernamentales, y ellos pues el castigo de ellos era arreglos [dinero]. (…) Los primeros días eran duros, controlarlos, hacerles entender, pero ahora ya no, uno va allá y ya lo solucionaron, ya está arreglado, tranquilo, ahorita no es mucho trabajo yasehacreado unacultura”(Entrevistacorregidor, agosto de2017). Este acuerdo social de convivencia concientizó a las personas para comprender que una acción individual podía perjudicar a toda la comunidad, una actitud egoísta pondría en riesgo la seguridad de todo el corregimiento. “No Señor por favor vea ayúdenme a solucionar las cosas, o si no nos metemos en problemas con estos señores ya sea del uno del otro bando, pero la gente entendía, (…) no te tirés el pueblo, no te tirés la organización” (Entrevista líder comunitario, agosto de 2017). Para mantenerse como centro de paz y alegría era necesario que los conflictos no trascendieran y se solucionaran pacíficamente, las actividades de fin de año, carnavales, festivales bailables son recurrentes espacios de esparcimiento y encuentro, que no podían ponerse en riesgo. Un líder de la comunidad expresa:

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia “[...] si hay unas personas que vienen a desorganizar la fiesta, a la primera desorganización se acaba toda la fiesta y no hay más nada, y esa la regla del pueblo, y lo primero es que si hay manes que quieren pelear, la gente del pueblo ayuda a parar que no haya nada de peleas, porque aquí lo que vienes a bailar y a gozar porque aquí no queremos tener problemas con nadie” (Entrevista líder comunitario, agosto de 2017).

Orgullo de ser parte, hacer las cosas y hacerlas bien. Desde el comienzo se creó la cultura de hacer las cosas bien hechas, de rendir cuentas y de vigilar por que todo se cumpla de acuerdo a lo esperado de cada uno de los comités, lo que ha incidido en que existe una fuerte veeduría ciudadana. Los resultados son positivos, el corregimiento se destaca a nivel municipal en deportes (voleibol, microfútbol, baloncesto) y danza, y ha representado a Policarpa en eventos regionales y nacionales. Las personas de la comunidad ejercen control social sobre las actividades impulsadas desde los comités, al respecto menciona una líder: “[...] aquí somos jodidos porquehayunos que saben yotros queson estrictos. Por ejemplo al polideportivo le están echando menos cemento de lo que era y decidieron parar la obra, tuvieron que demoler por hacerlo mal (…) ahorita están haciendo el parque y pues si no está bien, también los hacemos demoler, porque la que está mirando eso tiene que hacerlo bien o si no, lo hacemos demoler otra vez” (Entrevista líder comunitario, agosto de 2017). La confianza en la organización social se fortalece con la rendición de cuentas, un ejercicio que se practica desde los valores ciudadanos de la solidaridad y el sentido de unidad, resultado además de acuerdos a los que se llegó, luego de malos entendidos experimentados en algunas ocasiones. Una líder explica: “[...] aquí seterminala fiesta, serindecuentas ysehace unareunión yatodala comunidad se le dice en que se invirtió, que se hizo, a cómo se vendió, sumen ustedes y miren si se perdió un peso, se informa en el parque y se informa en la iglesia. Nosotros trabajamos y nosotros queremos saber cuánto es la utilidad y cuánto quedó, porque podemos deducir para saber en qué se puede invertir” (Entrevista líder comunitario, agosto de 2017).

La risa como mecanismo de control social. Pedagogía de la vergüenza. Como pueblo de paz y alegría, en El Ejido la risa es un componente fundamental para mantener la sana convivencia. La pedagogía de la “vergüenza” es una práctica local que se asocia con que el mal comportamiento que se ridiculiza públicamente, de tal manera que al finalizar los carnavales de negros y blancos se hace la premiación del “rey teja”, haciendo alusión a las personas que se emborracharon o protagonizaron escándalos durante el año, siendo merecedores de una sanción pública, como estrategia beneficiosa para todos. Al respecto menciona un entrevistado: “[...] el teja del año es el que la embarró, el que peleó, el que le pegó a la mujer y pues quién va a querer estar allá, porque eso se cuenta y se le publica todos los problemas que haya hecho, todos los berrinches que haya hecho. Eso es una forma de criticarle, eso se le da una con decoración de cerveza, aguardiente, le dan y se le recomienda para la próxima le pegue con la botella vacía para que lo mate, cosas así y palabra del señor condecorado dice yo prometo que no lo vuelvo a hacer, porque no tengo nada más que decirte, ni eso lo hacemos nosotros, lo hace la vergüenza, ya todo el mundo dice hay que cuidarse para no salir allá el 6 de enero”. De esta manera, en un escenario público, la persona que recibe el premio escucha los motivos que la llevaron a ello yve la representación (teatro) de sus acciones, de tal manera que recibe el premio y se compromete públicamente a portarse bien, a no volver a hacer lo que hizo. “rey teja es una bonita

forma de jalar las orejas a la gente, pero en otra forma, en forma de humor” (Entrevista líder comunitario, agosto de 2017). •

Factores críticos que pusieron a prueba el modelo

La bonanza de la coca. Algunas de la personas entrevistadas mencionaron en varias ocasiones: “la coca fue lo peor que nos pudo pasar” (Entrevista líderes comunitarios, agosto de 2017), debido a que atrajo a GAI que comenzaron su disputa por el territorio, se incrementó el dinero y con ello el alcohol, las drogas, las armas, los problemas sociales y se afectó la convivencia. Presencia de grupos armados ilegales. Primero la guerrilla y luego los paramilitares amenazaron la tranquilidad, el modelo de gobierno propio logró mantener en gran medida a la guerrilla alejada de las decisiones que se tomaban en el corregimiento, pero la llegada de los paramilitares con sus formas de guerra, muertes selectivas, reclutamiento forzado, violaciones, provocó zozobra en la comunidad, desplazamientos masivos y pico alto de víctimas. Muchas personas decidieron abandonar el pueblo y buscar otros destinos, no obstante las estructuras del modelo lograron mantenerlo firme. “Se nos acabó Ejido centro de paz cuando llegó la AUC, ahí se nos acabó eso porque ellos fueron muy drásticos, no se podía hablar con ellos, era imposible lo que hacía uno era encerrarse, quedarse quieto, no moverse pero tampoco depender de ellos. Ellos llegaban y decían cierren las puertas y nosotros les hacíamos caso, que hagan esto, y bueno hagámoslo pero nosotros nunca nos inclinamos” (Entrevista líderes comunitarios, agosto de 2017).

“[...] el puente rojo, todos iban para allá, tanto como guerrilla, ejército uno no sabía de qué tanta gente iba a caer allá, pero pues nos tocaba hacer mingas para poder ir a lavar el puente porque uno encontraba pedazos de cuerpos tirados en el puente y nos tocaba hacer mingas para limpiar el puente, esperar que no haya nadie y pues vamos a lavar ese puente decíamos. La gente nos llevaba en camionetas llevar agua con escobas y agua y lavar un poco porque a veces los mataba arriba y los tiraba. Pero entonces la gente la gente que moría no era la gente de Ejido eran personas que llegaban desconocían que los traían de otras partes o se capturaban entre ellos” (Entrevista líderes comunitarios, agosto de 2017). Las amenazas y secuestros fueron frecuentes, los lideres comunitarios se arriesgaron y expusieron con los GAI en defensa del modelo de gobierno propio: algunos fueron secuestrados, otros amenazados y otros tuvieron que salir para salvaguardar su vida. Un factor que jugó a favor, en medio de la adversidad, fue la unidad de la comunidad, el considerar que la vulneración del derecho a la vida atentaba contra todos los Ejidenos, no solo contra los que estaban retenidos, sino contra toda la comunidad. En varias ocasiones la comunidad se movilizó hasta las veredas y exigió su libertad; esto logró mantener los principios del modelo local. •

Actualidad y oportunidades para los SLJ

La comunidad considera que los resultados del modelo son palpables hoy en El Ejido. La cultura de paz y alegría se implantó en una generación y hoy se transmite de padres a hijos, reproducir los valores de manera generacional permite que sus principios perduren y que aún hoy muchos de los acuerdos logrados se mantengan. Los comités y la JAC siguen siendo estructurales en las decisiones comunitarias, la autogestión continúa como mecanismo para recaudar fondos dirigidos a mejorar la infraestructura social.

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia Hoy existe expectativa por los cambios generados con el acuerdo de paz. La llegada de la institucionalidad plantea nuevos retos y muchas expectativas en local, puesto que la gente estaba acostumbrada a un gobierno autónomo con leyes propias. La gente siente de tranquilidad y está generando procesos de apropiación territorial que se vieron obstruidos en la época del conflicto, como disfrutar se ríos y caminos, este nuevo escenario, se convierte en un escenario propicio para los SLJ. Al respecto menciona un entrevistado: “Somos verracos, salimos adelante aunque sufrimos. Si nosotros pudimos en medio de la guerra, imagínense lo que podemos hacer en el contexto de paz, todavía hay grupos armados al margen de la ley, pero ya son menos” (Entrevista líderes comunitarios, agosto de 2017). Surgen entonces nuevos actores dentro de lo formal, la policía que tiene presencia permanente en el corregimiento, los jueces y fiscales con quienes se pueden interponer denuncias, la comisaría de familia, la inspección de policía, autoridades que residen de manera permanente en la cabecera de Policarpa, pero que ahora se conocen y llegan al territorio. En este sentido, la comunidad caracterizada por su autogestión, menciona la grave problemática existente la comunidad vinculada a la violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y SPA, para los cual entienden que la comisaría de familia no da abasto y proponen que desde el colegio y con padres de familia se capaciten y se hagan procesos de formación en sus hogares para la prevención de estos conflictos, no obstante existe temor por volverse dependientes del Estado, al respecto señalaron: “es diferente la relación con la justicia hoy. La gente estaba acostumbrada a vivir sola, autogobernarse, autogestión, a construir, no vivimos el paternalismo. Ese es un riesgo ahora, volvernos dependientes del Estado” (Entrevista líderes comunitarios, agosto de 2017).

Referencias Bibliográficas

•

ACNUR (2017). Diagnóstico departamental Nariño. Disponible en: http://www.hchr.org.co/publico/ comunicados/2005/cp0538.pdf.

•

Adel Nariño (2017). Inicia Diplomado De Proyección Social En Justicia Territorial Y Postconflicto, Para Operadores De Justicia De La Subregión De La Cordillera Del Departamento De Nariño. Recuperado de: http://www.adelnarino. org/index.php?option=com_content&view=article&id=23 Alto Comisionado para la Paz. Recuperado de: http:// www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Zonas-de-ubicacion.pdf

•

Castillo, E. (2007) Feminicidio. Mujeres que mueren por violencia intrafamiliar en Colombia. Profamilia. Bogotá.

•

Cinep (2013). Revista Noche y Niebla. No. 56. Recuperado de: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/48/Niebla48.pdf

•

Cinep (2015). Revista Noche y Niebla. No. 55. Recuperado de: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/50/niebla50.pdf

•

Cinep (2014). Revista Noche y Niebla. No. 49. Recuperado de: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/49/Niebla49.pdf

•

Cinep. Revista Noche y Niebla. No. 52. Recuperado de: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/52/NyN52.pdf

•

Cinep (2017). Revista Noche y Niebla. No. 55. Recuperado de: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/55/Niebla55.pdf

•

DANE (2017) Geoportal. Recuperado de: https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoEstimaciones

•

DANE (2012). Censo poblacional 2005. Proyecciones poblacionales 1986-2020

•

Diario del Sur (2017). En Nariño cayó complejo del ELN. Recuperado de: http://diariodelsur.com.co/noticias/ judicial/en-narino-cayo-complejo-del-eln-en-donde-se-producian-tres-t-350453

•

Diario del Sur (2017). Porabusar de su hija menor de 14 añosfuedetenido un obrero de construcción en Nariño. Recuperado de: http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/por-abusar-de-su-hija-menor-de-14anos-fue-detenido-un-obrer-338509

•

Diario del Sur (2017). En Policarpa Destruyen 4 laboratorios ilegales. Recuperado de: http://diariodelsur. com.co/noticias/local/en-policarpa-destruyen-4-laboratorios-ilegales-347930

•

Diario del Sur (2017). Dos laboratorios de base de coca fueron destruidos en Policarpa. Recuperado de: http:// diariodelsur.com.co/noticias/judicial/dos-laboratorios-de-base-de-coca-fueron-destruidos-en-polica-343413

•

Diario del Sur (2017). En Nariño se descubrieron dos caletas con base de coca. Recuperado de: http://diariodelsur. com.co/noticias/judicial/en-narino-se-descubrieron-dos-caletas-con-base-decoca-de-la-333996

•

Diario del Sur (2017).Con tiros de gracia asesinaron dos hermanos en Policarpa. Recuperado de: http://diariodelsur. com.co/noticias/judicial/con-tiros-de-gracia-asesinaron-dos-hermanos-en-policarpa-n-326080

•

Diario del Sur (2017). Mataron campesino en Policarpa. Recuperado de: http://diariodelsur.com.co/ noticias/judicial/mataron-campesino-en-policarpa-356887

•

Defensoría del Pueblo (2016). Sistemas de Alertas Tempranas. Recuperado de: http://sisat.defensoria. org.co/subsitio/doc/historicoAdvertencia/IR2013PDF/IR%20N°%20027-13A.I.%20NARIÑO-Cumbitara,%20 El%20Rosario,%20Leiva%20y%20Policarpa.pdf

•

El Espectador (2017). Demandas de alimentos aumentan en el país. Recuperado de: https://www. elespectador.com/noticias/nacional/demandas-alimentos-aumentan-el-pais-articulo-647794

•

Hsb Noticias (2017). Destruyen laboratorios ilegales. Recuperado de: http://hsbnoticias.com/noticias/ judicial/ejercito-destruye-222-laboratorios-ilegales-368407

•

Hsb Noticias (2017). Destruyen siete laboratorios del narcotráfico. Recuperado de: http://hsbnoticias.com/ noticias/judicial/en-narino-destruyeron-siete-laboratorios-del-narcotrafico-365147

•

Hsb Noticias (2017). En seis municipios de Nariño se inicia el desminado humanitario. Recuperado de: http:// hsbnoticias.com/noticias/nacional/en-seis-municipios-de-narino-se-inicia-el-desminado-humanita-305717

•

Hsb Noticias (2017). Alcaldes piden socializar los planes de sustitución de cultivos. Recuperado de: http:// hsbnoticias.com/noticias/local/alcaldes-piden-socializar-los-planes-de-sustitucion-de-culti-367839

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño

Sistemas Locales de Justicia •

ICBF. Observatorio del Bienestar de la Niñez. Tablero PARD - Proceso Restablecimiento de Derechos. Dirección de Planeación y Control de Gestión. Recuperado de: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/ Observatorio1/datos/tablero3

•

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis. Recuperado de: http://www. medicinalegal.gov.co/forensis

•

El Espectador. Policarpa – Nariño. El silencio de un cañón. Recuperado elespectador.com/territorio/policarpa-narino-el-silencio-de-un-canon

•

El País. Frente 29 siembra el terror en Cauca y Nariño. Recuperado de: http://www.elpais.com.co/judicial/ frente-29-siembra-el-terror-en-cauca-y-narino.html

•

El Tiempo. Los más de mil muertos que se llevó el río Patía. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/CMS-16447393

•

Fundación Paz & Reconciliación (2014). Informe. Departamento de Nariño. Recuperado de: http://www.pares.com. co/wp-content/uploads/2014/03/INFORME-NARI%C3%91O-REDPRODEPAZ-Y-PAZ-Y-RECONCILIACI%C3%93N.pdf

•

García M; Ceballos, M. Democracia, justicia y sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia (2016). Dejusticia. Bogotá.

•

Guzmán, D. E. y Prieto, S. (2013). Acceso a la justicia. Mujeres, conflicto armado y justicia. Documentos 10. Bogotá: Dejusticia. Recuperado de: http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/fi_name_recurso.364.pdf

•

León, M. (1997) Poder y empoderamiento de las mujeres. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

•

Ministerio de Justicia y del Derecho (2017). Avanza en Nariño el encuentro regional de sistemas locales de justicia. Recuperado en: http://www.minjusticia.gov.co/Noticias/TabId/157/ArtMID/1271/ArticleID/3034/ Avanza-en-Nari%C3%B1o-encuentro-regional-de-Sistemas-Locales-de-Justicia.aspx

•

Ministerio de Justicia y del Derecho. Observatorio de las drogas y el delito. En http://www.odc.gov. co/SIDCOMapas Nariño. Ley segunda. Recuperado en: http://mapasnarino.blogspot.com.co/2016/02/ ley-segunda-ley-2-de-1959-16-de.html

•

Molina Valencia, Nelson. Resistenciacomunitaria ytransformación de conflictos ReflexiónPolítica, vol. 7, núm. 14, diciembre, 2005, pp. 70-82 Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recuperado en: http:// www.redalyc.org/pdf/110/11001406.pdf

•

Posconflicto (2017). Culminan las Jornadas Móviles de acceso a la justicia en la subregión de la cordillera departamento de Nariño. Recuperado en: http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/noticias/2017/ Paginas/20171013-Culminan-las-jornadas-moviles-de-acceso-a-la-justicia-en-la-subregion-de-la-cordillera-del-departamento-de-Narino.aspx

•

PNUD, Embajada de Suecia (2014). Nariño: Análisis de conflictividades y construcción de paz. Recuperado en: http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/crisis_prevention_and_recovery/ narino--analisis-de-conflictividades-y-construccion-de-paz.html

•

Página10.com (2017). Desarrollo del plan desarmen en Policarpa Nariño. Recuperado en: http://pagina10. com/web/desarrollo-del-plan-desarme-en-policarpa-narino/

•

Plan de Desarrollo Departamental de Nariño 2012- 2015. “Nariño Mejor” Recuperado en: http://xn-nario-rta.gov.co/2012-2015/dependencias/files/SecretariasyDependencias/cooperacionInternacional/ NARIO_-_Nario_mejor_Plan_Desarrollo_Ordenanza_-_2012-2015.pdf

•

Plan de Desarrollo Departamental de Nariño 2016- 2019 “Nariño Corazón del Mundo”. Recuperado en: http://xn--nario-rta.gov.co/inicio/files/PlanDesarrollo/PLAN_DE_DESARROLLO_DEPARTAMENTAL_2016-2019_ NARINO_CORAZON_DEL_MUNDO.pdf

•

Plan de Desarrollo Municipal El Rosario 2016-2019 Erwin Montoya Córdoba. Alcalde Municipal. Recuperado en: http://elrosario-narino.gov.co/apc-aa-files/34643665656563356432356631623630/plan-de-desarrollo-el-rosario-nario-2016-2019.pdf

de: http://colombia2020.

•

Presidencia de la República de Colombia. Decreto 2014 de 2016. Recuperado de: http://es.presidencia. gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202014%20DEL%2007%20DE%20 DICIEMBRE%20DE%202016.pdf

•

Policarpa (2017) página oficial municipal. Recuperado en: http://www.policarpa-narino.gov.co/noticias. shtml?apc=ccx-1-&x=2772407

•

Policía Nacional de Colombia. Recuperado en: https://www.policia.gov.co/observatorio/estudio_criminologia

•

Posconflicto (2017). En los municipios de Policarpa, Cumbitara, Leiva y El Rosario definen planes de acción para mejorar el acceso a la justicia. Recuperado en: http://www.posconflicto.gov.co/sala-prensa/ noticias/2017/Paginas/20170525-Municipios-de-Policarpa-Cumbitara-Leiva-y-El-Rosario-en-Narino-definen-planes-de-accion-para-mejorar-el-acceso.aspx

•

RCN Radio (2017). Homicidios en Policarpa Nariño. Recuperado en: http://www.rcnradio.com/locales/ homicidios-en-policarpa-narino-aumentaron-un-160-en-2017/

•

RCNRadio (2017). Fiscalía reporta másde 23 mil denuncias de inasistencia alimentaria. Recuperado en: http://www.rcnradio.com/nacional/fiscalia-reporta-mas-23-mil-denuncias-inasistencia-alimentaria-pais/

•

RCN Radio (2017). Finalizan en Nariño las Jornadas Móviles de Acceso a la Justicia. Recuperado en: http:// www.rcnradio.com/locales/narino/finalizan-narino-jornadas-moviles-acceso-la-justicia/

•

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala De Justicia y Paz. Radicación: 110016000253200680450. Sentencia contra Guillermo Pérez y otros. Recuperado en: http://www.fiscalia.gov.co/jyp/wp-content/ uploads/2014/12/2014-09-29-SENTENCIA-CONTRA-GUILLERMO-PEREZ-Y-OTROS-29-SEPT-2014.pdf

•

Rutas del conflicto. CNMH - Verdad Abierta- Recuperado en: http://rutasdelconflicto.com/interna. php?masacre=612

•

SALAS, L. (2010) Corredores y territorios estratégicos del Corredores y territorios estratégicos del Corredores yterritorios estratégicos del conflictoarmado colombiano:una prioridad conflicto armado colombiano: una prioridad por territorializar en la geopolítica de los por territorializar en la geopolítica de losactoresarmados actores armados. Recuperado en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3736579.pdf

•

Semana (2012) Ejecución pública de un joven aterroriza a municipio de Nariño. Recuperado en: http:// www.semana.com/nacion/articulo/ejecucion-publica-joven-aterroriza-municipio-narino/255289-3

•

UMAIC (2016) Informe Octubre 2016. Nariño. Recuperado en: https://umaic.org/briefings/Narino.pdf

•

UNDP Colombia (2016). Mirada subregional. Recuperado en: http://www.co.undp.org/content/dam/ colombia/docs/Paz/undp-co-MiradaSubregional4-2016.pdf

•

UNODC (2017) Censos cultivos Colombia. Recuperado: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/ julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

•

Unidad para las Víctimas (2016). El próximo lunes se inaugura el centro regional de atención a víctimas en Policarpa, Nariño. Recuperado en: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/snariv/el-proximo-lunes-se-inaugura-el-centro-regional-de-atencion-victimas-en-policarpa-narino

•

Universidad de Nariño, UPME, USAID, IPSE (2014). Caracterización social y económica del departamento de Nariño. Análisis de Información Secundaria. Pasto. Recuperado en: http://sipersn.udenar.edu.co:90/ sipersn/docs/ipp/ISSE/CaracterizacionSocialyEconomicadelDeparta mentodeNarino.pdf

•

Usaid & CCAI & Crea (2010). Las zonas de Nariño afectadas por la violencia. Diagnóstico. Recuperado en: http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/1011nari.pdf

•

Verdad Abierta (2017). Zona Veredal de las Farc en Policarpa, entre acuerdos y desacuerdos. Recuperado en: http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/6577-zona-veredal-de-las-farc-en-policarpa-entre-acuerdos-y-desacuerdos

•

Verdad Abierta (2015) Los éxodos de Los Andes y Policarpa, Nariño. Recuperado en: http://www. verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5858-los-exodos-de-los-andes-y-policarpa-narino

La justicia local en la Subregión de Cordillera - Nariño