II FORO POR LA PAZ EN COLOMBIA RESUMEN LATINOAMERICANO
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RESUMEN LATINOAMERICANO II FORO POR LA PAZ EN COLOMBIA
II Foro por la Paz en Colombia Por una Latinoamérica libre del militarismo. ►Montevideo, Junio 5 al 7 de 2015
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l II Foro por la paz en Colombia es continuación del proceso iniciado en el año 2012, en el cual diversas organizaciones sociales y populares de Nuestra América se juntaron en torno al apoyo del proceso de paz iniciados en el hermano país sudamericano. Tal esfuerzo fue visible a nivel continental a través del exitoso I Foro por la Paz en Colombia por la Justicia Social, la Soberanía y la Democracia, que se llevó a cabo en mayo de 2013 en la ciudad de Porto Alegre en Brasil, con la participación de casi mil personas y la coordinación de al menos cien organizaciones de los diversos países de la región. Las conclusiones del I foro, han servido para ampliar y potenciar el gran apoyo latinoamericano al proceso de paz en Colombia. Las diversas organizaciones y movimientos políticos, sociales, parlamentarios, sindicales, estudiantiles y populares que suscribimos la declaración de Porto Alegre abogamos para que la paz con justicia social en Colombia genere las condiciones para que el movimiento social pueda cumplir sus propósitos en un escenario democrático que permita a las mayorías expresarse y disputar los espacios de poder sin temor a ser asesinados, desaparecidos, exilados, encarcelados, ni siquiera amenazados. También pensamos la paz con soberanía en Colombia respaldará las luchas antimperialistas que se vienen librando en contra de las bases militares norteamericanas en territorio Latinoamericano, reduciendo el militarismo y fortaleciendo la soberanía de nuestros pueblos para una verdadera autodeterminación política y económica. Con muchos argumentos decimos que la paz merecida y reclamada por el hermano pueblo
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colombiano es con justicia social, democracia y soberanía, como coincidimos unánimemente en las deliberaciones del I Foro. Esos argumentos concuerdan en la necesidad de acabar con las arraigadas formas de militarismo practicadas de manera aberrante en Colombia y sostenidas de formas más silenciosas en otros países de la región, ya que subsisten rezagos de la doctrinas del enemigo interno, de los estatutos de seguridad del siglo XX, y en especial, por la imposición norteamericana de la doctrina de la “seguridad global”, nefasto justificante para su injerencia en todo el planeta con el despliegue del aparato industrial militar. En esa ofensiva re-activaron en 2008 la cuarta flota, han instalado estratégicamente más de 72 bases militares del comando sur en suelo latinoamericano, 9 de ellas en Colombia según los informes especiales del Centro de Estudios y Documentación sobre Militarización (Cedomi / Mopassol) y de múltiples investigaciones en las que resaltamos el libro Territorios Vigilados de la investigadora argentina Telma Luzzani (2012). Este II Foro por la Paz en Colombia, nos convoca entonces a dialogar sobre la necesidad de una Latinoamérica en la cual se respeten los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y sobre todo en un territorio con soberanía que sea el baluarte de construcción de una sociedad más justa, democrática y transformadora, en la que se acaben por completo las viejas formas de represión y las nuevas formas de intervención norteamericana en nuestros asuntos, de tal manera que Colombia pueda construir la paz y todo el continente pueda avanzar hacía su autodeterminación.
El tema convoca transversalmente a los latinoamericanistas, defensores de la autodeterminación de los pueblos y los luchadores por la paz con justicia social, democracia y soberanía. Teniendo lo anterior como certeza, la convocatoria al II Foro por la paz en Colombia está abierta a las múltiples expresiones de la sociedad latinoamericana y a las organizaciones sociales y populares de Colombia que están trabajando incasablemente por construir una nueva historia. Es una convocatoria que permitirá reflexionar sobre la situación colombiana y latinoamericana, al tiempo que abrirá el escenario para el encuentro político, social y cultural que construya acciones de acompañamiento y solidaridad con el pueblo colombiano. Delegación Colombiana: La iniciativa de este II Foro por la paz de Colombia es impulsada desde los distintos sectores sociales que han llevado durante años la bandera de la construcción de una paz con justicia social y una Colombia diferente. Parlamentarios y Parlamentarias de los distintos partidos y movimientos integrantes del Frente Amplio por la paz van a hacer presencia durante las jornadas junto con importantes lideres y liderezas sociales, defensores y defensoras de D.D.H.H, investigadores sociales, algunos de los académicos que integran la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, y gran cantidad de hombres y mujeres que quieren sumar sus pasos a la marcha de este proyecto de paz construida entre todos y todas. Iván Cepeda, Alirio Uribe, Víctor Monca-
yo, Piedad Córdoba, Cesar Jerez, Darío Fajardo, Aida Avella, Gloria Inés Ramírez, Patricia Ariza, Gustavo Petro, Lisandro Duque entre otros son los nombres de los y las ponentes que enriquecerán los debates de este foro durante el mes de Junio. Delegación Internacional: La solidaridad y compromiso de los demás pueblos del continente y el mundo van a estar presentes en los debates y conclusiones de cara a la construcción de una Latinoamérica en paz y libre del militarismo. Desde Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y muchos más países nos acompañarán: Najeeb Amado, Luis D’Elia, Atilio Borón, Pablo Vilas, José Bayardi, Theotonio Dos Santos, Guido Carlotto, Emilio Persico, Ricardo Canese, Socorro Gomez, Graciela Rosemblum, Monica Xavier, Nora Cortiñas, Natalia Vinelli, entre muchos y muchas más aportaran a estas importantes discusiones para la actualidad social y política de la región. Además contaremos con un escenario particular de solidaridad, por un lado, con las resistencias de otros pueblos del mundo que sueñan y trabajan por la solución de sus distintos conflictos como Paraguay, Haití, Honduras, México, Kurdistán, Palestina, País Vasco, Sahara Occidental, y por otro, de apoyo y defensa de los gobiernos revolucionarios de Cuba y Venezuela. Todo esto, con el objetivo de fortalecer la lucha por la paz con justicia social en Colombia que termine los más de 50 años de conflicto social, político y armado y que permita la paz del continente: con democracia real, sin bases militares norteamericanas y sin golpes de Estado. ◄
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Víctor Moncayo y su visión del conflicto en las actuales circunstancias
“Nada garantiza por ahora cómo se pueden materializar los acuerdos” Ex Rector de la Universidad Nacional de Colombia, escritor y autor de “El Leviatán derrotado”, el académico Víctor Moncayo ha participado recientemente como Relator de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en la mesa de conversaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno, que se celebran en La Habana. Con Moncayo dialogamos sobre las perspectivas futuras para lograr la tan ansiada paz en Colombia. -¿Qué aportes considera que generaron los resultados de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas para el momento en el que se encuentran los diálogos? -Es indudable que los aportes de la Comisión son esenciales para los puntos que aún faltan por debatir y acordar en La Habana. Pero también servirán para cualificar el necesario debate nacional sobre el curso y la forma de conclusión de las negociaciones. Quizás lo central es que en la medida que los informes son una forma de acercamiento a la verdad histórica, deberían incidir en el esclarecimiento de responsabilidades, en la forma de comprender el tratamiento de las conductas de los distintos agentes, sobre todo por su naturaleza política y por las conexidades de ellas, y en el debate sobre el balance que deberá hacerse entre justicia y paz. -¿De qué forma el gobierno ha tomado los resultados de la CHCV? ¿Qué lectura tuvo la insurgencia de los mismos? -Hasta hoy no se conoce ninguna reacción formal ni informal sobre el contenido de los informes por parte del Gobierno o de su delegación en La Habana. Es más, existía el compromiso de una
publicación masiva de los informes, pero van transcurridos casi 4 meses desde la entrega de los informes y no se ha avanzado en esa materia.
Por el contrario, la insurgencia y los delegados de las FAR-EP en La Habana han manifestado en sus declaraciones y en sus comunicados, que estiman fundamental el aporte de los informes, más allá de su pluralidad y heterogeneidad. Están exigiendo e insistiendo en que la Mesa adopte una posición sobre el contenido de la informes y, en efecto, es una necesidad urgente, pues las partes tienen que llegar a un acuerdo sobre cuál es la verdad del conflicto y para ello los informes son un insumo esencial. Sin un entendimiento de las partes sobre la realidad histórica del conflicto, es imposible que se avance en los temas pendientes. Una aproximación al contenido de los informes permite demostrar que la responsabilidad sobre el conflicto es sistémica, en el sentido de que es atribuible al orden social vigente, con todos sus rasgos de injusticia, inequidad, desigualdad y exclusión. -Teniendo en cuenta que según bastantes informes de la CHCV el Paramilitarismo ha sido una parte fundamental en el entendimiento del conflicto, ¿Cómo resolver este fenómeno de
forma estructural? ¿Es posible una solución al conflicto político, social y armado sin resolver este tema? -Según los informes, independientemente de la tendencia y la perspectiva de sus autores, la realidad del paramilitarismo es un factor tanto causal como de persistencia del conflicto. Además, está previsto en la agenda que debe encararse expresamente pues su eliminación es condición esencial para que el conflicto pueda terminar. El paramilitarismo, bajo las formas novedosas que ha asumido después de la llamada ley de “justicia y paz”, es parte del bloque contrainsurgente y ha operado con la connivencia o la participación directa de los aparatos represivos del Estado. Sin garantizar la eliminación y efectiva supresión de las formas contrainsurgentes (públicas y privadas) es imposible considerar la terminación del conflicto y sobre todo que pueda existir la llamada incorporación de los insurgentes a la vida civil y política, como se pretende. Si así no se procede es más que evidente que se producirá nuevamente un genocidio de los integrantes de las formas organizativas que surjan luego del fin del conflicto; se repetiría el mismo fenómenos que condujo a la eliminación física de la Unión Patriótica (UP) hace algunos años. -¿Cual sería el mayor obstáculo para continuar el avance positivo de los acuerdos de paz? -Hoy el estado de las conversaciones en La Habana experimenta un bloqueo no sólo determinado por que ha hecho crisis el modelo de negociar en medio de la confrontación, sino porque el Gobierno debe concertar acuerdos con la insurgencia en numerosas materias a través de sus delegados en la Mesa, y no tiene las competencias suficientes para comprometer de manera real al Estado. Todo queda deferido a otras instancias que están por fuera de la negociación (reformas legales, constitucionales etc), de tal manera que lo que llegue a acordarse son sólo declaraciones sin valor o fuerza efectiva. Nada garantiza por ahora cómo se pueden materializar los acuerdos y mientras esto no se solucione, difícilmente puede llegarse a las etapas de desmovilización, dejación de armas etc. Este es un obstáculo mayúsculo al cual el Gobierno no le presta atención y sigue pensando de manera simplista que basta firmar un documento entre los negociadores.◄
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Las Zonas de Reserva Campesina y el Proceso de Paz en Colombia “Para lograr la paz, hay que aflojar la tierra” (Darío Fajardo) ► Por Hernán Ouviña
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olombia vive una coyuntura sumamente delicada, signada por los Diálogos de Paz entre el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y las FARC-EP que se realizan en La Habana, a los que se suman las recientes negociaciones con el ELN para fijar las condiciones que permitan avanzar en un mismo proceso de cese del fuego. En este contexto, el campesinado ha retomado la iniciativa civil planteando la necesidad de que los movimientos populares puedan ser protagonistas en la construcción de una Paz con Justicia Social, que garantice -entre otras demandas legítimas- las formas de vida comunitaria en los ámbitos rurales, y rechace las iniciativas legislativas que en la actualidad impulsa la derecha, como la llamada “Ley de Baldíos”, que pretende desmembrar los espacios territoriales y de producción orgánica construidos en estas zonas, en función de los intereses de las empresas multinacionales. Precisamente las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), surgidas hace veinte años como una respuesta organizativa al desplazamiento forzado de la población rural producto del conflicto armado, constituyen hoy uno de los puntales fundamentales para frenar el desarraigo en el campo y resguardar a estos territorios de las políticas extractivistas que impulsa el presidente Santos a nivel nacional. Si bien sus orígenes se remontan al año 1994 -cuando luego de sucesivos reclamos del campesinado se promulga la Ley 160, que reconoce a las ZRC como figura territorial y sienta las bases normativas para avanzar en la puesta en marcha de la Reforma Agraria en el país-, serán las fuertes movilizaciones cocaleras desarrolladas durante 1996 las que darán impulso a la demanda de concreción de las ZRC por parte del campesinado. Así, entre 1997 y 2002 se gestarán un total de seis Zonas que lograrán ser reconocidas legalmente por parte del Estado colombiano.
Sin embargo, el ascenso de Alvaro Uribe al gobierno y la implementación de una política de exterminio de miles de personas como supuesta “resolución” del conflicto armado, sumado a la creciente estigmatización de las ZRC al intentar ligarlas a las llamadas “zonas de despeje” acordadas en los Acuerdos del Caguán entre las FARC-EP y el anterior gobierno de Andrés Pastrana, trajo como consecuencia cientos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y amenazas hacia los miembros de las asociaciones campesinas de base, que impulsaban las ZRC como formas autónomas de reordenamiento territorial. A pesar de la persecución sufrida, durante
estos años la resistencia de los movimientos y organizaciones del campo permitió que se multiplicasen las ZRC, aunque sin contar con el reconocimiento del Estado. Las contundentes denuncias en materia de violación de derechos humanos por parte del ejercito y el paramilitarismo (que incluyeron el terrible flagelo de los “falsos positivos”), la vocación de cese del fuego de las FARC-EP, y en especial el Paro Agrario Nacional realizado entre 2013 y 2014, que posibilitó la conformación de la Cumbre Nacional Agraria: Campesina, Étnica y Popular como espacio de reagrupamiento de las organizaciones y movimientos populares del campo y la ciudad, brindaron un marco propicio para reinstalar con fuerza en la agenda pública la importancia de las ZRC como figura, en un contexto donde el presidente Santos propone profundizar su modelo socio-económico basado en una serie de “locomotoras” de desarrollo, entre las que se destacan los agronegocios y la megaminería. Frente al extractivismo y la política de despojo de tierras que agudiza este modelo excluyente, las ZRC emergen como una propuesta clave de autoafirmación intercultural de las comunidades y territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos que luchan en defensa de la soberanía alimentaria y apuestan al buen vivir. En el monumental libro La violencia en Colombia, el sociólogo Orlando Fals Borda caracteriza la historia reciente de su país en
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los términos de “una tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política nociva de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se ha perpetuado en el poder a toda costa, desatando el terror y la violencia. Esta guerra insensata ha sido prolífica al destruir lo mejor que tenemos: el pueblo humilde”. La posibilidad concreta que se ha abierto en La Habana de acallar los fusiles es un primer paso para conquistar la paz. Sin embargo, en un país donde catorce millones de campesinos viven en la pobreza y más de un millón de familias rurales carecen de tierras, donde existen cerca de nueve mil quinientos presos políticos y la represión contra las luchas populares continúa, resulta iluso hablar de “posconflicto”, como pretenden hacer por estos días desde el gobierno y los medios hegemónicos colombianos. Sin erradicar las bases estructurales que han dado lugar durante décadas a una violencia social y política endémica, la paz resultará más un anhelo que una realidad. En este marco, la propuesta de las ZRC constituye un proyecto estratégico para caminar hacia la vida digna y con justicia social, que dé paso definitivamente a una nueva Colombia.◄ *Hernán Ouviña Politólogo y Doctor en Ciencias Sociales. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales e Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (UBA) y del Centro Cultural de la Cooperación.
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Capitalismo, desplazamiento poblacional
y malformaciones congénitas Una realidad insoslayable para hablar de Colombia ►Por Cecilia Zamudio
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n el sistema capitalista el Terrorismo de Estado es un hecho recurrente, es empleado para producir parálisis de las reivindicaciones sociales y para provocar masivos desplazamientos poblacionales para beneficio del gran capital. En Colombia el Terrorismo de Estado está estrechamente ligado a la acumulación capitalista: 40% del territorio colombiano está tramitado en concesiones a multinacionales mineras. La estrategia del desplazamiento forzado de poblaciones intenta quebrar la resistencia popular frente a la depredación de los recursos naturales, y vacía de su población las zonas codiciadas por las multinacionales. Esta estrategia se ejerce también según las directrices estadounidenses de despoblar el campo, en una tentativa de exterminar la base social de la guerrilla. Lo que los marines llamaron en Vietnam “quitarle el agua al pez”, al implementar su macabro accionar de las aldeas arrasadas. El instrumento paramilitar es cofinanciado por las multinacionales y latifundistas, y coordinado desde el mismo Estado para sembrar el terror en la población mediante masacres y torturas. Este instrumento paramilitar se consolidó por instrucción estadounidense: la misión Yarbourough de 1962 preconizó la creación de grupos paramilitares, promovidos por el Estado, cuyo objetivo ha sido asesinar a los comunistas y a todos aquellos que reivindiquen por justicia social. La doctrina contrainsurgente y el concepto del “enemigo interno” que rigen el accionar del ejército colombiano, toman su inspiración en los manuales franceses y estadounidenses que preconizan la tortura de forma sistemática, así como el empleo del desplazamiento masivo de poblaciones. Los manuales de la CIA, como el KUBARK, instruyen en torturas físicas y psicológicas. El Terror de Estado en Colombia ha causado decenas de miles de desapariciones forzadas, más de 9.500 presos políticos, el 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia por agentes estatales o la herramienta paramilitar. El Estado colombiano ha eliminado físicamente un partido político: La Unión Patriótica, con más de 5.000 militantes asesinados. La mayor fosa común de Latinoamérica, fue hallada detrás del Batallón Militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omega del Plan Colombia, Fuerza que tiene asesoría estadounidense. Desplazamiento poblacional: un crimen planificado al servicio de la acumulación capitalista Colombia es el segundo país del mundo a nivel de desplazamiento forzado de poblaciones,
tras Siria. Más de 6,3 millones de personas han sido desplazadas en Colombia por una planificación del terror al servicio de la acumulación capitalista: han tenido que abandonar sus tierras tras sobrevivir a masacres dirigidas intencionalmente contra la población, ejecutadas por el ejército y la herramienta paramilitar.
para el gobierno colombiano una “evidencia” del carácter genocida de las fumigaciones. Es solamente cuando la OMS se pronuncia, que el gobierno se plantea cesar las fumigaciones con Glifosato. Para el gobierno de Santos todo radica en la apariencia: se trata de preservar la máscara en el juego diplomático internacional.
Hay responsables de esta planificación del terror, y esos responsables son aquellos que explotan la tierra para capitalizar mediante la agro-industria y la mega-minería. Las personas obligadas a desplazase no son desplazadas por la “bala perdida”, ese comodín que usan los medios del capital, para impedir la comprensión de la realidad.
Ahora queda por ver si la decisión tomada en mayo 2015 de suspender las aspersiones aéreas con Glifosato se traduce en hechos, y sobretodo queda por ver si el Glifosato no va a ser reemplazado por otro veneno, no incluido en las clasificaciones de la OMS.
Los bombardeos del ejército sobre las comunidades campesinas y las fumigaciones son también instrumentos para el desplazamiento poblacional. Las fumigaciones se hacen bajo el pretexto de “la lucha contra el narcotráfico”; pero son fumigados sembradíos alimentarios con Glifosato, envenenando la vida y el agua.
Varias generaciones de niños nacidos con malformaciones congénitas; pero el Estado colombiano no “veía“ el peligro La OMS declaró recientemente ser cierto lo que los científicos y las comunidades denuncian hace décadas: el Glifosato es un peligro mortal. La OMS lo clasifica ahora como un agente cancerígeno de categoría 2A. Le hizo falta mucho tiempo a la OMS para esta clasificación: ¿Será cierto que las presiones de los fabricantes de ese veneno ritman su calendario y sus clasificaciones? El Estado colombiano impuso al pueblo colombiano más de 25 años de fumigaciones, bajo las directrices estadounidenses, comprándole el veneno a Monsanto. Jamás las denuncias de las comunidades campesinas colombianas, ni los documentos científicos, ni los niños nacidos con malformaciones, sin brazos, sin piernas, o ciegos, significaron
Queda por ver si todas las personas enfermas van a recibir un tratamiento, si es que existe. Y queda por ver cómo tratar los sufrimientos de los miles de niños nacidos con malformaciones, al menos en curas paliativas antes de su muerte. Conociendo el carácter capitalista del sistema de salud colombiano, y sabiendo cómo deja morir a las personas en las puertas de los hospitales, poca esperanza hay de que tome en
mano la responsabilidad de estos sufrimientos. La cuestión de las tierras y de las aguas envenenadas también queda en suspenso, así como la cuestión de los millones de personas desplazadas para huir estas aspersiones genocidas. Lo que el Estado colombiano perpetró durante años contra el pueblo colombiano y contra los ecosistemas de la región es un crimen de Lesa Humanidad; habrá que ver ahora si va a imponer otro veneno. Las fumigaciones aéreas empaparon al país con venenos como el Glifosato y con otros todavía más potentes como el Round Up Ultra, Imazapyr, Tebuthiuron, y hasta con el Fusarium Oxysporum: esta política fue muy útil en la estrategia estatal de desplazamiento de poblaciones, y muy poco eficaz contra los “cultivos ilícitos”. Los intentos de las comunidades campesinas de substitución manual de cultivos ilíci-
tos por cultivos de pan, fueron perseguidos por el Estado. En cuanto a las propuestas de la guerrilla, nacidas de la participación campesina a las Audiencias del Cagúan, y que promueven también la substitución manual de los cultivos, para beneficio de la soberanía alimentaria y del campesinado, también fueron totalmente ignoradas por el Estado colombiano y por los medios de difusión masiva. Medios que no hacen sino martillear la mentira lanzada por el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tambs, creador del término “narcoguerrilla”; siendo que el narcotráfico en Colombia se beneficia de las estructuras del Estado colombiano, entre ellas las aduanas aéreas y portuarias, y que los narcotraficantes son aliados históricos del Terrorismo de Estado en Colombia (sus asesinos han cooperado del exterminio de comunistas y demás opositores políticos).
Hasta hoy las propuestas agrarias de la guerrilla son ignoradas por los medios, que pasan bajo silencio los documentos y el contenido de lo que se dialoga en La Habana. Ya, en los diálogos del Cagúan, las FARC habían presentado un proyecto piloto de substitución manual de cultivos en Cartagena del Chairá, cuyo costo económico estimado a gran escala era miles de veces inferior al costo del Plan Colombia, ni qué decir del coste medioambiental. Pero los diálogos fueron truncados por el Estado colombiano, que se apuró en firmar el Plan Colombia, un plan de guerra confeccionado en Estados Unidos. El pretexto de la “lucha contra el narcotráfico” se ve desmentido en la práctica: el narcotráfico está imbricado con el mismo Estado colombiano, y hasta con la misma DEA. Sin hablar de las multinacionales químicas que fabrican no solamente los precursores necesarios a la cocaína, pero también todo tipo de drogas legales. ◄
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Colombia
y el momento constituyente ► Por Húbert Ballesteros
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na constitución es un pacto social fundado por el poder constituyente primario. Para que sea legítimo, en esté deben converger los diferentes sectores de la sociedad, dando lugar a un acuerdo que permite la coexistencia de ellos; en él fijan sus aspiraciones económicas, políticas, sociales y culturales y se establecen mecanismos para que los derechos plasmados en dicha constitución sean garantizados a los ciudadanos. Colombia es de los pocos países del hemisferio occidental que aún no termina de constituirse como nación y como república. Ha pasado de un siglo a otro sin resolver sus contradicciones fundamentales: Del siglo XVIII al siglo XIX pasamos buscando nuestra libertad de la opresión española; del siglo XIX al siglo XX en una guerra civil denominada de los mil días y del siglo XX al siglo XXI tratando de resolver un conflicto social armado con más de cincuenta años de duración y con hondas raíces económicas, políticas y sociales. La tradición constitucional nos enseña que éstas existen precisamente para dotar a la nación de instrumentos políticos y jurídicos que permitan prevenir y resolver todos estos conflictos. Hoy cuando de nuevo nos aprestamos a que este largo conflicto se resuelva mediante una solución política dialogada, los cambios constitucionales se convierten en un imperativo ético y político.
II FORO POR LA PAZ EN COLOMBIA RESUMEN LATINOAMERICANO administrativa, la falta de inclusión política, el marginamiento social, la violencia de todo tipo y unas instituciones incapaces de responder a las expectativas de los ciudadanos en salud, educación, empleo, vivienda, seguridad etc., agregarán permanentemente nuevos elementos causales al conflicto. En los últimos doce (12) años, el establecimiento ha pretendido hacernos creer que es posible acabar con el conflicto social y armado sin generar los cambios económicos, políticos e institucionales requeridos para lograrlo, para ello, emprendieron la guerra total en los ocho años del gobierno Uribe y ante el fracaso de la estrategia de guerra, la oligarquía decidió emprender un diálogo de paz con la insurgencia de las FARC-EP, que a pesar de los obstáculos aún continua, y con el cual el establecimiento pretende obtener un sometimiento de las guerrillas sin generar cambios en el modelo económico y el sistema político. En el reciente pasado fuimos testigos de un fracasado proceso de sometimiento a la
transnacionales maquilla las cifras sobre desempleo, ingresos y pobreza tratando de mantener una gobernabilidad que cada vez es más precaria. La mercantilización de la salud, la educación, la seguridad social y todos los servicios que debería prestar el Estado, la crisis en la justicia, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, el congreso, los órganos de control y las fuerzas armadas y de policía han conducido a un estado de descontento y movilización social permanente. Son muchos los espacios creados por fuera de la institucionalidad que hoy no solo discuten la problemática del país sino que además buscan resolverla. En muchos de ellos el Estado ha sido remplazado de hecho en temas como seguridad, legislación, medio ambiente, convivencia, reforma agraria, reforma urbana, justicia y otros de similar importancia. ¿Cómo explicar que después de la expedición de una nueva constitución (1991) en donde se exponen ampliamente los DD.HH.
La necesidad de una Asamblea Constituyente que nos provea de un nuevo pacto social no resulta exclusivamente de los diálogos de paz que se realizan en la Habana; deviene de la crisis económica, política, social e institucional que tiene a nuestro país como un Estado inviable. Crisis estructural que se profundiza día a día y que los paliativos del gobierno no logra conjurar. Un país con un conflicto social armado de más de cincuenta años que el gobierno quiere resolver sin realizar cambios que permitan remover sus causas no podrá alcanzar la paz; por el contrario la pobreza, la corrupción
Como podemos ver los resultados que se previeron o se soñaron no se han cumplido y están sufriendo constantes reveses. Ante la falta de voluntad de la clase dirigente para implementar los cambios aparece, como reacción lógica, la resistencia al ejercicio abusivo del poder bajo formas pacíficas o violentas que adquieren mayor grado de profundidad de acuerdo con las herramientas represivas que se utilicen o con el grado de conciencia desarrollado en el seno de la sociedad. Este conjunto de situaciones problemáticas, sumadas a las diversas formas de resistencia y descontento que se presentan en diversos sectores de la sociedad y que han llevado al desconocimiento del Estado y sus instituciones configuran, sin lugar a dudas, un momento constituyente. Se nota en muchas regiones y sectores sociales del país que la nación está tratando aún de constituirse, que las viejas formas del régimen político Liberal-Conservador que excluyen a las mayorías y el modelo económico generador de pobreza y explotación ya no son aceptados y se hace necesario reconstruir nuestra nación sobre bases nuevas. Esas nuevas bases, por supuesto, no vendrán del poder constituido pues éste representa una minoría oligárquica y parásita que desea mantener el estatus quo en favor del cual legisla y ejecuta normas que solo favorecen sus propios intereses y los del capital transnacional.
Podrán algunos argumentar que una Constitución que no cumple un cuarto de siglo es aún muy joven y en eso pueden tener razón, pero no debemos olvidar que esta constitución tiene un corazón socialdemócrata que mira hacia la izquierda en cuanto al enunciado de los derechos, pero un bolsillo dirigido hacia los intereses de la derecha haciéndola profundamente neoliberal. Situación agravada por el hecho de haber sido reformada cerca de setenta y cinco veces en los últimos veinte años mediante actos legislativos con los cuales se ha afianzado este modelo económico.
en nuestro caso están por alcanzarse.
Solo del poder constituyente primario podrán venir los cambios que nuestro pacto social requiere para superar la crisis que padecemos desde nuestra constitución como república en 1819.
justicia de los grupos paramilitares que posterior a la extradición de sus jefes mutaron en cientos de pequeñas bandas que ejercen hoy el control sobre la economía ilegal del narcotráfico y sobre buena parte de la economía legal mediante el cobro de vacunas a cuanta actividad económica se desarrolla en muchas ciudades del país. Pero el conflicto social armado, la violencia social y narco-paramilitar no son los únicos problemas que enfrentamos los colombianos. Podemos decir sin equivocarnos que la crisis es mucho más profunda de lo que se cree y toca todos los estamentos del sistema. La oligarquía que gobierna este país en beneficio del sistema financiero y las empresas
de primera, segunda y tercera generación se desate la más feroz persecución contra la oposición política y se entre de lleno a privatizar sin ninguna consideración los bienes y servicios públicos que estaban bajo la responsabilidad del Estado? Lo que debería haberse logrado con la Constitución del 91 aún está por hacerse. La democracia participativa, la garantía de la aplicación de los derechos humanos, el desarrollo económico y social de las mayorías, el ordenamiento territorial, la descentralización política y administrativa con garantía de recursos, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de los derechos de la mujer y la paz, son objetivos de toda sociedad que
Desatar ese poder constituyente para que se convierta en fuerza arrolladora debe ser una tarea de todos los demócratas y amantes de la paz. Urge avanzar en un proceso constituyente que comprometa todos los sectores y regiones de nuestro país, que discuta y apruebe el contenido de ese pacto social que nos funde y nos presente ante el mundo como una nación soberana, democrática y con justicia social. Una sociedad donde se erradiquen todas las discriminaciones, se destierren todas las formas de violencia contra la oposición y donde la paz sea, en verdad, el bien más preciado de todos los ciudadanos. Necesitamos conformar ese grupo o movimiento de personas que pueda desatar ese poder. La mayoría de las anteriores reformas constitucionales fueron convocadas y realizadas por las élites políticas para favorecer intereses de una minoría, salvo la constituyente del 91 que fue impulsada por algunos sectores sociales y en cuya asamblea se permitió una tibia representación de sectores no oligárquicos; pero la nueva constitución debe ser el resultado de la más amplia participación popular y corresponde al pueblo lograr su convocatoria.
Si el presente es de lucha, el futuro será socialista.◄
*Dirigente campesino de Fensuagro y de la Marcha Patriótica. Miembro del Comité Ejecutivo de la CUT. Prisionero político en la cárcel La Picota de Bogotá.
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“Somos la generación de la definitiva Independencia” Jóvenes de una Colombia que sigue luchando por la paz con justicia social. ►Por Christian Arias Barona*
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n las últimas seis décadas de historia de Colombia no hemos vivido un día de paz, lo que significa que nuestra juventud creció en cada generación asumiendo un papel en la guerra, la misma que motivada por las élites dominantes ha enfrentado a compatriotas para despojar, acumular y conservar el poder a base de la violencia. El II Foro por la Paz de Colombia es un escenario propicio para construir una política juvenil internacional entorno a la construcción de la Paz con justicia social, democracia
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y soberanía de manera general, donde toma lugar destacado la necesidad de avanzar en reformas de la educación por su carácter público, laico, gratuito, de calidad y orientado a un proyecto social que supere las desigualdades del actual, y donde la juventud trabajadora de campos y ciudades produzca una nueva cultura contra el militarismo y por la integración continental. Jóvenes como objeto de la guerra y objeción de conciencia Decir que la juventud ha sido un objeto de la guerra remite a pensar en el macabro papel de recluta, de mano de obra para el desarrollo de la Doctrina de Seguridad Nacional. Han sido jóvenes quienes condicionados socialmente por la pobreza, el desempleo, la
exclusión y por la obligación de demostrar su entrega a la patria para asi, acaso, conseguir un empleo formal, han aportado sus vidas, visto frustrados sus proyectos, abandonado sus territorios y sus familias sintiendo perdida su libertad. En Colombia la fuerza pública cuenta con aproximadamente 500 mil personas de las cuales un 75% aproximadamente son jóvenes que permanentemente padecen la cruel experiencia de enfrentarse a sus propios compatriotas, no sólo en una guerra fratricida, sobre todo en una guerra entre pobres ya que son los sectores populares los que principalmente hacen efectivo el servicio militar obligatorio. Hay algo cierto y es que los hijos e hijas de las élites no van a la guerra, y cuando van, sus roles privilegiados imitan la
lógica desigual de la sociedad ¿Por qué son justamente los jóvenes que menos oportunidades han tenido los que más mueren en Colombia? Quizás una forma de control social y poblacional solapada en un disimulado fascismo explique una parte, pero lo que más conocemos es una juventud carenciada que tiene entre sus “ganancias” a futuro: un pequeño lugar en el mundo de los trabajadores y trabajadoras precarizadas, donde vale contar el millón y medio de empleados en la seguridad privada dadas las escasas alternativas al salir del ejército; la delincuencia, que como parte del sistema organizan las mafias en sus diversas expresiones como el narcoparamilitarismo, vil criatura del Estado, entre otras. La objeción de conciencia, poco promo-
II FORO POR LA PAZ EN COLOMBIA RESUMEN LATINOAMERICANO vida por el Estado y sus instituciones en las escuelas y sectores pobres de zonas rurales y ciudades, resulta una mínima herramienta para iniciar el combate contra la cultura de la violencia y el uso de la juventud como instrumento de exterminio de la divergencia, la crítica y la acción transformadora de nuevas generaciones que se organizan como oposición. Nuestra generación nacida en medio del genocidio de la Unión Patriótica y el neoliberalismo, rechaza la militarización y la mercantilización de la vida ya que no nos resulta natural el paisaje grotesco de los fusiles para garantizar el saqueo de nuestros recursos, el desplazamiento de poblaciones rurales, el exilio de personas despojadas por el paramilitarismo, el sistema educativo excluyente y la persecución estatal.
estudiantes de todo el país.
Por ello resulta plenamente vigente la lucha por la solución política al conflicto social y armado con el concurso de todos los sectores sociales, buscando derrotar cualquier pretexto que pretenda mantener la estrategia de intervención y saqueo que significa el Plan Colombia y su ejercicio de la Guerra Total que militariza el país y en especial las zonas donde yacen los recursos naturales en la mira del capital transnacional.
No sólo la universidad es cuna de una juventud propositiva y transformadora, también lo son los barrios donde florece el movimiento cultural, las zonas rurales aledañas a las ciudades y el campo mismo donde la defensa del territorio por la soberanía alimentaria se alza como una bandera que ondea hacia el futuro, enfrentando la violencia militar y paramilitar de manera frontal. Somos jóvenes quienes luchando por el reconocimiento de las Zonas de Reserva Campesina continuamos el camino de largas décadas por una reforma agraria integral y los derechos del campesinado como sujeto político. Somos también jóvenes trabajadores y trabajadoras quienes en cada jornada laboral enfrentamos la explotación y con convicción nos organizamos para hacer justicia a pesar de la persecución sindical; somos también jóvenes quienes estamos cambiando las formas tradicionales de hacer política y generando nuevas expectativas para la participación, haciendo una pedagogía popular que abra nuevos caminos en un proceso constituyente de cara al nuevo pacto social que funde una Colombia nueva, soberana, con justicia social y realmente democrática donde el pensamiento crítico y la disidencia no sean los motivos de muerte y persecución, sino el motor de la sociedad nueva.
Mujeres jóvenes, un botín de guerra y esperanza para la generación de la paz En la guerra, el tradicional botín antes que los recursos saqueados y las tierras despojadas, ha sido la mujer. La aberrante violación del derecho a decidir sobre su cuerpo ha convertido a mujeres de todas las edades en medios de producción, reproducción y conservación de la guerra. Sin embargo son también protagonistas en la generación de vida, la crianza y la formación de hombres y mujeres nuevas que colmadas de esperanza trabajan para generar, criar y formar una población de paz. Ha sido el conflicto social y armado un factor de limitación para el desenvolvimiento de las jóvenes que han tenido que asumir el sostenimiento de sus hogares, dejando las escuelas y las universidades, siendo madres cabeza de familia víctimas de la violencia del despojo para convertirse a veces en madres de quienes en nombre del estado para beneficio de una élite, van a despojar nuevos territorios. Esto también forma parte de lo que no pueden decidir y sin embargo, hallamos mujeres que valerosamente nos enseñan a construir la paz y forjar el carácter de nuestra juventud. Construyendo organización popular en campos y ciudades La juventud en los últimos años ha dado un impulso a la lucha social en Colombia que sin lugar a dudas viene abonando a la renovación de la organización popular, que a ritmo acelerado y en condiciones adversas, va madurando para construir un proyecto estratégico de transformación política. Desde las jornadas del 2011 contra el intento de reforma regresiva de la Ley 30 de educación superior, los y las jóvenes en el escenario de la lucha estudiantil hemos logrado crear espacios de unidad y coordinación nacional como la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), demostrando ante la institucionalidad y los gurús neoliberales, la capacidad de proponer un modelo de educación para la Paz y la definitiva independencia, respuesta que actualmente sigue aturdiendo al Ministerio de Educación que se resiste a dar la discusión del proyecto presentado por los y las
Las calles y carreteras se han visto colmadas del ímpetu y la esperanza de personas conscientes de la necesidad de cambio, firmes en la decisión de defender el pensamiento crítico del lado de sus mejores maestros y maestras que como el profesor Miguel Ángel Beltrán, nos han enseñado que la dignidad no la dan con el diploma de grado, se mantiene y fortalece diariamente en la praxis humana, en la crítica demoledora a las ideas dominantes, en la creación de nuevas relaciones sociales, en la verdad siempre revolucionaria al relatar el origen del conflicto social, político y armado que acontece en Colombia, para conocer las causas de las cosas que hemos venido a cambiar.
Éste proceso de cambio que ha dado herramientas al movimiento juvenil y estudiantil colombiano, se constituye de múltiples experiencias organizativas que es imposible enumerar sin olvidar alguna. Se reconocen entre todas, organizaciones que van desde la Asociación de Estudiantes Universitarios de Colombia (ACEU), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), como la Red de Artistas Populares del Sur-Occidente colombiano (RAPSO), espacios de disputa de cultural de la comunicación como la Red de Medios Alternativos y Populares (REMAP), Prensa Rural, pasando por la Juventud Comunista (JUCO) y la naciente Juventud Rebelde (JR) que el pasado 9 de abril terminaba apenas de dar su primer grito nacional de vida, componen actualmente el variopinto destacamento de las juventudes nacionales decididas a hacer parir una nueva República. Internacionalmente, seguirá estando en nuestro programada de lucha, la unidad regional y estudiantil en la Red de Jóvenes y Estudiantes por la Paz con Justicia Social nacida en el I Foro por la Paz de Colombia, Porto Alegre 2013, como un aporte a la realización del sueño bolivariano de la Patria Grande, que aunque aún es tarea pendiente, ya está en Marcha. ◄
*(Miembro del Equipo de RRII para Latinoamérica del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica).
Cese bilateral al fuego para avanzar hacia un acuerdo final de paz
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on profunda preocupación las organizaciones de la Cumbre Agraria vemos el recrudecimiento del conflicto armado durante las últimas semanas, dinámica que pone en riesgo la negociación misma entre el Gobierno y las FARC, que va en contravía del anhelo nacional de paz, manifestado el pasado 9 de Abril, cuando más de un millón de personas en todo el país reclamaron el cese bilateral al fuego y la terminación del conflicto armado mediante un acuerdo de paz. La muerte de 11 soldados en el Cauca por un ataque de las FARC, la posterior reanudación de los bombardeos con el resultado de 34 guerrilleros muertos en Gaupi y el Nordeste Antioqueño en menos de una semana, el anuncio de las FARC de suspender el cese unilateral al fuego, son muestras evidentes del escalamiento del conflicto armado que cobra decenas de vidas humanas de humildes colombianos, situación que es utilizada por los opositores y beneficiarios de la guerra para construir una matriz de opinión en contra del proceso de paz. A estos hechos luctuosos se suma la feroz represión oficial contra los indígenas del norte del Cauca en Minga por la recuperación de la madre tierra y el
reciente asesinato de dos líderes campesinos en la vereda Barrialosa de San Vicente del Caguán, durante una operación militar dirigida contra un comandante guerrillero de esa región. Como queriendo decir que todo vale con tal de matar guerrilleros. La apuesta del gobierno Santos es clara, subir en las encuestas a costa de bombardeos que den de baja ya no solo a “objetivos de alto valor” sino también a una gran cantidad de guerrilleros de base y generar una situación de ablandamiento de las FARC de cara a la firma de un acuerdo de paz. Craso error del gobierno, la historia de Colombia nos dice que la guerra genera más guerra y más víctimas de las partes y de la población civil. Solo en el último año 3.000 guerrilleros, soldados y policías han muerto o han sido heridos en el marco delconflic-
to armado. Los bombardeos ya han generado el desplazamiento de 352 personas en la Zona Rural de Guapi y la zozobra de las comunidades campesinas de todo el país donde hay presencia de la guerrila de las FARC. Señor presidente Santos, la estrategia de llegar a la paz con más guerra es fallida, no ha funcionado durante 60 años. Este proceso de paz ha logrado avances como ningún otro, hay acuerdos parciales en los primeros tres puntos de la agenda, hay medidas de desescalamiento del conflicto como los acuerdos sobre desminado y la suspensión de las fumigaciones con glifosato. El proceso cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y populares y sociales del país respaldan la salida política para llegar a la paz. Señor presidente Santos y señores del estado mayor de las FARC EP, este es el momento de la sensatez que permita avanzar en el proceso, se requiere de manera urgente de un cese bilateral al fuego que genere las condiciones idóneas de actitud, confianza y voluntad política hacia la paz. Llamamos a la sociedad colombiana
ha mantener la movilización social y ciudadana por la paz, exigiendo el cese bilateral al fuego, si aceptamos la guerra y sus muertos estamos aceptado un país donde la violencia sea la que defina nuestro futuro. Para enfrentar la guerra, desde la Cumbre Agraria no descansaremos hasta que se logre una salida política al largo conflicto armado que vive el país, para ello llamamos a la sociedad colombiana, a los movimientos populares y en general al pueblo colombiano a acompañar y participar masivamente en la Cumbre Nacional de Paz y en las Cumbres Regionales de PAZ como una contribución desde el movimiento campesino, indígena y afro a la construcción de la paz. Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular ◄
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RESUMEN LATINOAMERICANO II FORO POR LA PAZ EN COLOMBIA
"Con la Comisión de la Verdad, más de uno del gobierno va a ir a la cárcel" ► Por Piedad Córdoba
L Retomar a Simón Bolívar ►Por Alberto Pinzón Sánchez
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o universal en el pensamiento del Libertador es la creación de Nuestramérica. Lo particular es la forma como cada uno de los pueblos latinoamericanos y caribeños encontrará el camino para ejercer su Soberanía Popular y las demás “soberanías” que le son complementarias. Romper con este vínculo dialectico al hacer los análisis concretos de la situación concreta en Nuestramérica, especialmente en la región andino caribeña y amazónica de Colombia, es caer en la unilateralidad del “provincianismo campechano” que solo quiere ver el árbol ignorando la complejidad del bosque; sin entrelazamientos, sin vínculos o mejor, sin contextos (en el caso nuestro geo-estratégicos) determinantes de lo que está sucediendo, y que son el objetivo estratégico del Hegemón: pasar desapercibido mientras pone a los subordinados y sometidos a pelearse “políticamente” sobre si Uribe es más reaccionario que Santos o si son, junto con Ordoñez, tres personas distintas y un solo objetivo verdadero. En Octubre de 2012, cuando se firmó entre el gobierno de JM Santos y las FARC el “acuerdo general de 5 puntos para la terminación del conflicto” y se anunció la apertura formal de los diálogos de la Habana (que el oligopolio mediático contrainsurgente denominó “la paz negociada”) una inmensa satisfacción embargó los corazones de millones de demócratas y progresistas en el mundo, quienes celebramos con gran expectativa tal anuncio. Hoy dos y medio años después, y analizando el proceso de dichos diálogos para finalizar el conflicto interno, junto con en la situación general de la crisis general que vive la sociedad colombiana; dos cosas (materiales) empañan y ensombrecen el objetivo final de aquel acuerdo: una la personalidad ludopática y dostowieskiana del gobernante colombiano; quien no guía su gestión sobre bases científicas y racionales, sino sobre el cálculo intuitivo del tahúr y el efecto psicológico conque juega cada una de las cartas que tiene en la mano para “matar” (así se dice en el juego del naipe) la carta que le ha puesto el contrario sobre la mesa.
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La reciente muerte de los soldados en Buenos Aires Cauca, es “matada” con la vaporización en el aire de 42 cuerpos de guerrilleros en Guapi, Cauca y en Segovia, Antioquia, producida por la “desproporción militar” de las bombas de 250 kilos que arrojan “los héroes de la patria” sobre guerrilleros dormidos en sus campamentos. Y dos, la terrible y dramática amenaza que hizo (09. Marzo. 2015) Obama presidente de los EEUU, contra el gobierno bolivariano de Venezuela al declararlo “amenaza para la seguridad nacional de los EEUU”. Si se trata de relacionar estos dos hechos, con el inamovible para la paz de las “corralejas guerrilleras” planteadas por Uribe Vélez, aceptadas por el gobierno Santos, junto con su necio bluf de no “tocar” con reformas el ”statu quo” dominante, pues se puede ir perfilando la imagen nítida que se nos presenta hoy: EEUU ha dado pasos concretos para resolver la situación anómala que mantiene desde hace más de 50 años con el gobierno revolucionario de Cuba, para distencionar y maniobrar más libremente en esa área del Caribe considerada su “mare nostrum”. Y, si nos atenemos a la pavorosa realidad de la amenaza al Venezuela del Presidente de los EEUU arriba mencionada, que lleva implícita una posible invasión tipo Panamá1989, para llevarse como a Noriega al presidente del parlamento venezolano Diosdado Cabello, a quien ya han mediatizado globalmente como “narcotraficante”, pues es obvio que las fuerzas Invasoras necesitarán la larga, porosa y caliente frontera Colombo- Venezolana, libre de guerrillas, las que se encontrarán “encorraladas” en los sitios fijados por Uribe Vélez y JM Santos. Vale decir por el comando sur de los EEUU. También es obvio que, para esto, no se necesitan reformas sociales o políticas o militares. Esa es la apuesta del tahúr. Santos (por su incapacidad personal que el oligopolio mediático contrainsurgente le muestra en encuestas de favorabilidad) ya no pudo resolver las 10 negociaciones con cada una de las ruedas dentadas que conforman la poderosa máquina de terror del Bloque de Poder Contrainsurgente, (BPCI) la cual él pretende dirigir en disputa con Uribe Vélez , y que le señalábamos en nuestro artículo de opinión ( ver https://anncol.eu/ index.php/opinion/item/319-alberto-pinzon-sanchez)
Veamos: 1- Con las 9 bases militares de los EEUU y las compañías norteamericanas de mercenarios como DynCorp, Aerospace, North Grumman y otras. 2- Con las Fuerza Pública y sus 4 componentes Ejército, Aviación, Marina y Policía cada una con intereses específicos. 3- Con los Paramilitares oficiales (80 grupos) 4- Con los grupos económicos o Cacaos de Ardila Lule, Santodomingo, patronato antioqueño, grupo caleño y grupo Bavaria 5- Con los gremios económicos (Fedegán, Sac, Fedepalma, Anif, ect) 6- Con las multinacionales financiadoras de los paramilitares (Coca cola, Drummond, Chiquita, Texas, BP, etc) 7- Con la llamada “economía subterránea”, y los lavadores de dólares que soportan la economía colombiana. 8- Con el “oligopolio e los medios de comunicación” 9- Con las tres ramas de la democracia Maestro: Parlamento dominado por los parapolíticos o sus sucesores, Poder judicial y las innumerables cortes, y Poder ejecutivo de gobernadores y alcaldes. 10- Con las clases subalternas y los cooptados como los dos Garzones. Así pues que, la contradicción objetiva en la que nos encontramos; no es la pelea mediática (simulada o real) entre JM Santos y Uribe Vélez por la dirección del Bloque de Poder Contrainsurgente enumerado, sino entre un pueblo sufrido, apabullado, bombardeado, explotado y aterrorizado, que clama y necesita las reformas estructurales en la sociedad para insertarse realmente en la modernidad y por otra parte, el interés geo-estratégico del Hegemón que pide frontera colombo-venezolana libre de guerrillas, desarmadas y encorraladas. Entonces ¿Para qué reformas, o Constituyentes por la Soberanía, o para qué Paz con Justicia social y Democracia? ◄
a defensora de Derechos Humanos, Piedad Córdoba, señaló que el proceso de paz se encuentra en un momento muy delicado, pero que "independientemente de que haya contradicciones, de que sea muy difícil, de que quisiéramos que las cosas fueran distintas, uno tiene que reconocer que no puede haber marcha atrás; y hay que buscar que en los puntos más difíciles que tienen que ver con justicia y dejación de armas, se avance rápidamente en ellos, para que antes de final de año se firme un acuerdo de paz". Y es precisamente en este tema de justicia transicional en el que la Mesa de Diálogos de La Habana se ha mantenido durante los últimos ciclos de negociación sin aparente avance. Mientras el gobierno insiste en que los máximos jefes de la guerrilla vayan a la cárcel; la Delegación de Paz de las FARC se mantiene en la necesidad imperativa de establecer una Comisión de la Verdad que evalúe las responsabilidades en el conflicto colombiano. Según señala la defensora de Derechos Humanos, "son 50 años de guerra; la guerrilla de las FARC es la guerrilla mas antigua del mundo, y la gente no puede esperar que estos señores vayan a ir a la mesa de La Habana a decir '¿qué nos van a dar para irnos rápidamente?'. Allá hay un debate sobre el país que se quiere tener". Indica, además, que si el gobierno no cede en la propuesta hecha por la guerrilla de establecer una Comisión de la Verdad, es porque saben que "con la Comisión de la Verdad, más de uno se va a ir para la cárcel". Para la ex-senadora, el paramilitarismo no fue ni es una estrategia que surge espontáneamente, pues como indican los más de 14 mil procesos contra empresarios en la Fiscalía, importantes dirigentes económicos y políticos en Colombia han tenido nexos con estos grupos contra-insurgentes. Señaló además, que en Colombia la guerra militar y paramilitar no se ha desatado únicamente contra los ejércitos irregulares, como las FARC y el ELN, sino contra líderes y lideresas sociales. Como le señaló el Defensor del Pueblo en días pasados, alrededor de 180 municipios de Colombia han sido tomados por el paramilitarismo. "Si no hay una decisión del gobierno de terminar el paramilitarismo, aquí no va a haber paz", enfatizó Córdoba. Finalmente, frente a la insistencia de analistas y sectores sociales sobre la necesidad de establecer un cese bilateral de hostilidades, la ex-senadora afirmó que se está en mora de declarar el cese al fuego bilateral. Para Córdoba, la crisis que está viviendo el proceso sería consecuencia de la decisión de negociar en medio del conflicto. "Quienes tienen la desvergüenza de impedir el cese bilateral, como el Procurador, viven en el norte, se han paseado por las autopistas de la burocracia durante toda la vida, no han tenido otra posibilidad distinta a degustar las mieles del poder: No tienen nada que ver con la pobreza, no tienen nada que ver con las muertes de las gentes en las regiones mas apartadas de este país, pero ademas no tienen a condición ética de saber que por encima de cualquier circunstancia, lo mas importante es la vida de un ser humano". ◄
II FORO POR LA PAZ EN COLOMBIA RESUMEN LATINOAMERICANO
La ofensiva militar imperialista y el proceso de paz en Colombia.
Un continente que está en la mira ► Por Carlos Aznárez
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olombia está inmersa en una coyuntura difícil pero no imposible, en cuanto a efectivizar un camino posible hacia la paz. No caben dudas de que esta reivindicación es un anhelo de la mayoría de la población, pero a la vez no es un misterio que el “establecimiento” en toda su dimensión, sigue poniendo palos en la rueda para que esto se logre. En este marco, el ejército y el resto de las fuerzas militares colombianas vienen jugando desde hace más de medio siglo un papel fundamental a la hora de impedir que las demandas populares sean atendidas y que un cambio de ciclo se convierta en una posibilidad cierta.
También cabe recordar las últimas incursiones hechas en Paraguay gobernado por Horacio Cartes, donde EE.UU no se conforma con mantener la Base Mariscal Estigarribia sino que ahora se apresta a construir un nuevo asentamiento militar, amén de introducir numerosos asesores uniformados para acompañar al ejército local en el combate contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y los levantamientos campesinos que se llevan a cabo en el norte del país. Militares yanquis y asesores sionistas son parte activa de la militarización del Norte que lleva a cabo el Gobierno.
alrededor de nueve bases militares estadounidenses, siendo las más importantes, la de Iquitos, Nanay, Santa Lucía y Piura. Además, el actual gobierno ha renovado el permiso para que la Cuarta Flota de Estados Unidos recale en tres puertos para el reabastecimiento y apostadero de sus naves.
reprimiendo a campesinos y obreros, asesinando dirigentes populares y periodistas.
Chile no se queda atrás en este clima injerencista, y fortalece la base militar de Concón. Financiada por los estadounidenses, en el Fuerte Aguayo de la Armada chilena se edificó -en un tiempo record- una base para el entrenamiento de soldados especializados
Las ultimas construidas, a pesar de la polémica y el rechazo que levantaron entre las fuerzas populares panameñas son las de la Isla Flamenco, con acceso por el Pacífico al Canal de Panamá, y otras tres en Chinina y en la comarca indígena Nganbe Buglé.
Una invasión en toda regla
en operaciones en ciudades.
En Perú, donde actualmente se producen intensos y masivos levantamientos populares contra las políticas extractivistas del gobierno de Ollanta Humala, Washington ha decidido incrementar, a partir de septiembre, el contingente militar estacionado en el país, y pasar de 125 a 3. 200 soldados.
Fuerte Aguayo estaría destinado para la formación de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, según la versión oficial, pero su implementación práctica está en los planes del Comando del Sur del Ejército yanqui, para recuperar influencia en América Latina.
En Costa Rica, Estados Unidos mantiene la importante Base Aérea de Liberia, en el Aeropuerto Internacional Daniel Odúber Quirós, a 200 km de la Capital. También hay Bases en Haití, Curazao, Islas Bermudas y Bahamas.
En Panamá, el gobierno mantiene alrededor de 20 bases aeronavales que actúan en total relación con las instrucciones que emanan de la marina norteamericana.
No solamente por ser punta de lanza en la represión a campesinos, obreros, estudiantes, indígenas y demás sectores populares, o bombardeando a población civil, sino también por abrir las puertas y sostener el paramilitarismo que tanto dolor ha causado y causa al pueblo colombiano. Junto a esta estructura armada, donde abrevan uribistas y santistas, que por encima de diferencias circunstanciales apuntan sus fusiles hacia los que protestan y se rebelan, hay otro estamento de mayor calado que son las reconocidas siete bases militares yanquis y un número no determinado de enclaves similares que se extienden por todo el territorio. Bases que no sólo sirven para asegurar y aumentar la ofensiva de las fuerzas militares locales contra la insurgencia sino también para actuar como clara advertencia a cualquier manifestación popular contra el Sistema bipartidista gubernamental sostenido por Washington, y a la vez ser un factor de peligro para los países vecinos, sobre todo Ecuador y Venezuela. Esto último es parte fundamental de un drama que vive todo el continente y que en estos últimos meses viene manifestándose con numerosas variantes, todas ellas a tener en cuenta cuando se habla de repudiar la injerencia estadounidense. Atacar a Venezuela e instalarse en Paraguay
De acuerdo a declaraciones oficiales, el aumento servirá para mejorar la lucha conjunta con los soldados de la Marina peruana contra los insurgentes y narcotraficantes,
Allí está el caso de las amenazas directas a la soberanía venezolana lanzadas por Obama a través de un decreto repudiado por casi todo el continente. O la guerra económica de gran magnitud orientada por el Imperio y las oligarquías locales. O la constante llegada de paramilitares desde Colombia con luz verde de los yanquis.
Según el investigador del Instituto del Perú, Miguel Santillana: "Los norteamericanos tienen una presencia en Perú como en cualquier país de América Latina porque sienten que somos su zona de influencia. Ellos se sienten con el derecho de tener presencia oficial y no oficial en nuestro territorio". Se estima que actualmente existen en Perú
La primera instalación militar norteamericana en territorio hondureño se desplegó en los años 80 en Palmerola (desde allí se ejecutaron todos los últimos golpes de Estado, incluyendo el de 2009), y la segunda se erigió en Mosquitia en 2010 bajo el propósito de frenar el narcotráfico. Recientemente, visitó Honduras el jefe del Comando Sur, Douglas Fraser, quien anunció el funcionamiento de la tercera base militar norteamericana en el país. Esta vez en Guanaja, Islas de la Bahía. Tres bases en un país donde el ejército y la policía actúan también como fuerza de ocupación
Si a todo ello se le suman las distintas fortificaciones militares montadas por la OTAN, de la que Malvinas es una de las más evidentes, se tendrá un panorama de cuáles son los peligros que afrontan procesos como el que se desarrolla en Colombia. Al contrario de generar condiciones destinadas a bajar los decibeles del guerrerismo en el continente, Estados Unidos apuesta en actual ofensiva a desestabilizar países apuesta, en la actual ofensiva, a desestabilizar países y ampliar, de la forma que sea, sus maniobras injerencistas. Que lo consiga o no está en manos de la resistencia que puedan efectivizar los pueblos y también sus organismos inter-regionales como ALBA, UNASUR y CELAC. ◄
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Colaboraron en esta edición: Laura Pinzón Capote (Coordinación General), Christian Arias Barona, Húbert Ballesteros, Víctor Moncayo, Hernán Oubiña, Alberto Pinzón Sánchez, Cecilia Zamudio.
RESUMEN LATINOAMERICANO II FORO POR LA PAZ EN COLOMBIA LATINOAMERICANO Y DEL TERCER MUNDO DIRECCIÓN: CARLOS AZNÁREZ Y VICENTE ZITO LEMA SUBDIRECTOR: LEANDRO ALBANI REDACCIÓN: WILLY NOCETTI, MARÍA TORRELLAS, FACUNDO AZNÁREZ. JUNIO 2015 RESUMEN@NODO50.ORG - WWW.RESUMENLATINOAMERICANO.ORG
ABRIL 2015
Diseño y Maquetación: Belén Rodríguez Rozas y Emiliano Guerresi. Corrección: Emilio López. Fotografía: María Torrellas, Facundo Andicoechea, Marcelo García, Verónica Canino, José Gervasio Bravo, Héctor Planes, Plus Photo. Agencias: ANNCOL, Prensa Latina, ALAI, Rebelión. Traducciones: Bea Morales, Luis Zorraquino Corresponsales: Brasil: Luis Zorraquino. Uruguay: Gonzalo Abella. Buenos Aires: Marta Valle, Alberto Sordelli. Venezuela: Valeria Fariña y Laura Farina. Ecuador: María del Cármen Garcés. Estados Unidos: Ilka Oliva Corado Cuba: Graciela Ramírez, Javier Salado, Annalie Rueda Cardero. Bolivia: Osvaldo “Chato” Peredo. Colombia: Julio C. Hincapie, Carlos Lozano Guillén. Chile: Roberto Muñoz. Portugal: Miguel Urbano Rodríguez. Madrid: Maite de Miguel. Asturias: Javier Arjona, Marco Antuña. País Vasco: Facundo Aznárez. Consejo de Apoyo: Maite de Miguel, José G.Bravo, Nerea Olaziregi, Adolfo Ribas RESUMEN Latinoamericano es una publicación editada por ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CULTURA POPULAR: Dirección Postal: País Vasco: Ap. Correos 5257 Donostia-San Sebastián (2018). Argentina: resumen@nodo50.org Impresión en Argentina: Imp. El Diario del Viajero. Impresión en Europa: Imcodávila S.A. Depósito Legal: AV-88-1993.
DIARIOS DE URGENCIA El digital de RESUMEN Suscripción gratuita enviando mail a
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Consecuencias del conflicto armado en Colombia
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país del mundo con mayor cantidad de desplazados a causa del conflicto armado. do
DESDE 1985 HASTA 2015 HAY:
1.166
masacres paramilitares
Colombia es el segundo país de Latinoamérica que más presupuesto destina para gastos militares. Anualmente invierte en más de 25 billones de pesos (más de 11.000 dólares) para este sector, y representa al 18% del presupuesto total militar de la región. El presupuesto de 2015 para las fuerzas armadas y la policía es de US$12.200 millones. prisioneros y prisioneras políticos
+ 9.500
9 BASES MILITARES DE EE UU 40% del total de la tierra en
Colombia está en concesión para proyectos mineros
52% de la gran propiedad
rural está en manos del 1,15% de la población.
6.044.200 desplazados
QUE REPRESENTAN AL 11% DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA
63,8%
de esas personas desplazadas se ubican por debajo de la línea de pobreza.
33%
se encuentra en situación de extrema pobreza, habitando en su mayoría en asentamientos urbanos informales.
80%
del total de las personas desplazadas internamente (dentro del país) son mujeres o chicos que están por debajo de los 18 años de edad.
50% El 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los desplazamientos poblacionales han ocurrido en regiones donde las multinacionales operan la explotación minera. El 78% de los hechos que ponen en riesgo la vida de sindicalistas, fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética. La mayoría de estos hechos tienen una impunidad que llega alrededor del 90% de los casos.
Las mujeres productos de las relaciones patriarcales de la guerra, han sido víctimas desde que se inicio el conflicto, nuestros hijos e hijas, nuestras comunidades y nuestros cuerpos han sido usados como botín de guerra. Del 100% de las víctimas que siguen vivas a posteriori del desplazamiento forzado, 87% son mujeres y cada día 50 mujeres son víctimas de violencia sexual.
12
de las personas desplazadas son descendientes afro-colombianos, y cerca de un cuarto del total pertenecen a comunidades indígenas.
49%
de las víctimas son jóvenes de causas como: el desplazamiento forzado, la cooptación para la guerra, la desaparición, la persecución y la estigmatización, por pensar y actuar diferente.
38.255
desapariciones forzadas en “democracia”, superando a los de las dictaduras chilena y argentina.