CONFESIONARIO DE MORO

¿El ejército en las calles, es la mejor opción?

Alexandra MARTÍNEZ DE AGUILAR*

Hacer uso de las fuerzas armadas para apoyar a las policías civiles hasta el 2028 y que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es lo que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sigue buscando, aunque no haya contado con los votos en el Senado de la República para ello y la minuta se haya devuelto a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Puntos Constitucionales del Senado que modifica la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.

Morena y sus aliados (PVEM, PT y PES) necesitaban al menos 86 votos a favor (mayoría calificada), pero solo consiguieron 76 de los 128 integrantes de la Cámara Alta.

Y a decir de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el debate en el Senado tuvo que centrarse en la modificación al artículo 5° transitorio constitucional y no el militarismo, como la oposición lo quiso hacer ver: “lo que estamos debatiendo es la prórroga que aún no se vence de marzo de 2024 a marzo de 2028, eso es todo”.

La llamada militarización de México en seguridad pública recibe ese nombre porque se busca entregar esta tarea al Ejército y nombrar mandos militares dentro de las instituciones civiles. Ello se contrapone al artículo 21 constitucional, el cual establece que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”, es decir, no militar.

¿Qué implicaría dicha aprobación?

Que el secretario de Defensa, el General Luis Cresencio Sandoval, podrá disponer de las fuerzas armadas para elaborar programas, operativos y estrategias para prevenir delitos y proteger a la población del narcotráfico, corrupción y crimen organizado.

La justificación para que las fuerzas armadas desempeñen tareas de seguridad pública, se ha justificado en el hecho que el Ejército y la Marina tienen la capacidad de enfrentar las actividades del narcotráfico y desarticular al crimen organizado.

Pese a ello, se ha visto que el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra este cáncer social no ha mejorado la seguridad del país; sino por el contrario, que se hayan registrado diversos casos de violaciones a derechos humanos vinculándose parte de ellos al uso de la fuerza letal (tortura, desaparición y ejecución extrajudicial).

Como era de esperarse, políticos, organizaciones no gubernamentales y gran parte de la sociedad civil, se han mostrado en desacuerdo argumentando que puedan aumentar las violaciones a los derechos humanos, los índices de violencia; el debilitamiento de las instituciones de seguridad civiles; y que optar por esta opción podría ser la antesala para que este gobierno busque implementar un régimen autoritario que viole la libertad de los ciudadanos.

Sabemos que las fuerzas armadas se rigen por una disciplina en la que predomina una jerarquía vertical en la que se ejecutan las órdenes sin ser cuestionadas; el detalle es que sus reglas y formación distan de las normas democráticas en las que se busca que haya un debate de ideas, que se cuestionen propuestas y a los que nos gobiernan, que exista una división de poderes y que exista una jerarquía horizontal.

Su objetivo es velar por la seguridad nacional al proteger la soberanía de México ante cualquier tipo de amenaza del exterior, así como proteger el orden constitucional; y no mantener el orden público, salvaguardar la vida, el patrimonio y las amenazas que atenten contra las libertades que tenemos, trabajo de los policías.

¿Qué sigue?

Morena buscará que en el nuevo texto que se redacte conserve la aprobación de la mayoría para así lograr conciliar con las bancadas opositoras y finalmente, esta iniciativa tenga luz verde.

¿Qué opciones hay antes que se apruebe esta reforma?

Profesionalizar y dotar de mejores prestaciones a los mandos policíacos; posibilidad de hacer carrera; rotación entre corporaciones; y promover ascensos por concurso, por mencionar algunas.

Sea cual sea el desenlace de esta propuesta, no creo que la militarización de la Guardia Nacional resolverá todos los problemas de seguridad como se vio desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

*Licenciada en Ciencias Políticas interesada en aprender continuamente de todo y de todos, y articulista en los periódicos Matlalcuyetl y Consensos de Tlaxcala.

/ Confesionario de Moro

NOTICIADETRÁS DE LA

alfredo_daguilar@hotmail.com @efektoaguila

Masacre huave, crimen de lesa humanidad: Jorge Arroyo

• Crimen de odio caciquil por causas políticas y religiosas • Víctimas, torturadas 10 horas ante la Policía Estatal y GN

El domingo 21 de junio de 2020 fueron torturadas y violadas dos mujeres y algunos de los 13 hombres finalmente ejecutados en Huazantlán del Río, agencia municipal de San Mateo del Mar, Juchitán, algunas de las víctimas fueron rociadas con gasolina y quemadas todavía vivas.

De las 160 órdenes de aprehensión libradas por el Juez de la causa, la Fiscalía General del Estado solo ha ejecutado tres, sin embargo, lo que pasó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, les alienta en la búsqueda de verdad y justicia

Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, activista del Movimiento de Acción Social (MAS) y del Comité de Víctimas de la Masacre de San Mateo del Mar, rompe el silencio y revela que el probable autor intelectual es, entre otros, el influyente priista de Salina Cruz, Jose Luis Vásquez Jiménez.

“Él es uno de los azuzadores de la descomposición social y política de San Mateo del Mar y con sus incondicionales serviles en el IEEPCO destituyó en 2021 al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa, a pesar de violar el artículo 2º. Constitucional y el convenio 169 de la OIT que amparan y protegen a los indígenas”.

Aclara que el MAS y el Comité de Víctimas no son institución investigadora, pero José Luis Vásquez es señalado de tráfico de personas y de huachicol. Los elementos que provocaron la masacre son el interés por conservar el control político y económico del huachicol y del tráfico ilegal de personas. “Confiamos en la investigación de la Fiscalía General del Estado”.

Arroyo exige considerar crimen de lesa humanidad la masacre por diferencias religiosas al ser varios de los ejecutados protestantes y los agresores católicos, por crimen de odio contra las mujeres y diferencia de género, y por diferencia político-ideológica, al pugnar los activistas del MAS por la apertura democrática contra los caciques priistas.

El contador público y maestro en Derecho Fiscal, afirma que la masacre del 21 de junio de 2020 puede tipificarse como crimen de estado, al ser torturadas las 15 víctimas por espacio de 10 horas ante la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, así como por los involucrados, como el líder político priista de Salina Cruz José Luis Vásquez Jiménez.

Resalta la indiferencia de la Secretaría General de Gobierno, responsable de la gobernabilidad, como simple espectadora de la barbarie y su silencio cómplice porque los militantes priistas involucrados son sus correligionarios, entrevistado en Detrás de la Noticia Televisión por Regeneración Pluralidad.

Alienta su búsqueda de la verdad, justicia y castigo, a los responsables para que la masacre de trece homicidios y dos feminicidios no quede impune, la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Poder Ejecutivo para investigar la masacre y la reparación del daño a las familias de las 15 masacrados.

Al mismo tiempo, representa una victoria que les hace abrigar esperanzas, después de más de dos años de demandar justicia a nivel nacional e internacional, el reconocimiento de la calidad de víctimas de los ejecutados en la masacre por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Visibilizan masacre; la política no es barbarie

Insiste en denuncian nacional e internacionalmente la masacre para visibilizarla y que la política no sea convertida en barbarie. “Si este crimen queda impune, sentará el nefasto precedente que la barbarie es parte de la política, porque los medios realizaron un linchamiento en mí contra y de mis compañeros del MAS al endosarnos la responsabilidad de la masacre”.

En 2020, inició un largo proceso de descomposición y el dirigente priista en Salina Cruz, José Luis Vásquez Jiménez, jugó un papel decisivo en los medios de comunicación afines al PRI y empezaron a atacar a los operadores políticos y simpatizantes de su movimiento para crear el ambiente propicio que justificara la masacre.

Arroyo Rodríguez denuncia que como parte de la campaña negra de la guerra sucia en contra de los activistas de izquierda del Movimiento de Acción Social se inició el linchamiento en los medios de comunicación culpándole de la masacre, a pesar que las 15 víctimas eran sus compañeros en el MAS.

La noche del 3 de mayo los paramilitares al servicio de los priistas detuvieron en la agencia municipal de Huazantlán del Río, a la entrada de San Mateo del Mar, a un grupo de 20 habitantes de Laguna Santa Cruz, y en la noche inició una cacería de brujas en Huazantlán del Río contra las mujeres activistas del MAS.

Es el caso de Rosario Guerra Salazar, quien fue sacada de su casa y llevada a golpes a la Agencia Municipal, donde la torturaron y violaron, al igual que a Okaz Maritza Rangel, madre soltera con dos hijas, la mayor huyó y se refugió en el cerro, y Estela Virgen Olavarri Montero.

El 4 y 5 de junio las tres mujeres acudieron a la Vicefiscalía del Estado en Salina Cruz para interponer su denuncia, pero no les tomaron su declaración ni certificaron médicamente sus lesiones y violaciones. Los funcionarios dijeron que había “línea” política para no hacerlo, actitud que se repitió en la capital oaxaqueña.

En la ciudad de Oaxaca no hubo acompañamiento de la Fiscalía del Estado, la declaración les fue tomada a la ligera y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no les otorgó medidas cautelares para prevenir otra agresión; por lo que las tres mujeres deciden regresar y exigir la destitución del Agente Municipal que violentó sus derechos políticos, física y sexualmente.

La toma de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río duró 30 días y el domingo 21 de junio que se festejó el Día del Padre y las y los activistas estaban con sus familias, un grupo de priistas encabezados por los paramilitares les atacaron, escoltados por elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional.

Al no poder romper el cerco para escapar, agredieron a más de 30 personas, 15 de los cuales no lograron huir, 13 hombres y dos mujeres, quienes fueron golpeados con palos y las mujeres violadas, al igual que algunos hombres, además que fueron torturados durante una jornada de 10 horas en la propia Agencia Municipal de Huazantlán del Río.

/ Confesionario de Moro

La austeridad republicana generó esperanza para los pobres, la pobreza franciscana incrementará la productividad de las instituciones

La resistencia ante la política de ahorro y la disminución del gasto en la operación gubernamental, se muestra en quienes temen al trabajo y servicio público en igualdad de condiciones.

*Nora VILLEGAS*

CDMX.-Así como impactó a los “fifís” el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México en 2019; el anuncio de la “pobreza franciscana” en el actual gobierno, casi mata de un infarto a la alta burocracia del gobierno federal. El personal de mando dentro de las estructuras gubernamentales no termina de aceptar la reducción en los gastos y mucho menos, el cambio de mentalidad radical de servicio público y atención a la ciudadanía que implica esta política.

El ahorro en el gasto gubernamental ascendió a 285 millones de pesos en 2021, lo cual se logró cancelando muchas de las extravagancias y los excesos de los que gozaban directores de área, generales y adjuntos; titulares de las dependencias y otros funcionarios, obligándolos a trabajar de forma diferente a como estaban acostumbrados, pues fueron perdiendo los privilegios onerosos de los que gozaban.

El uso racional de los recursos públicos que se destinan a la operación de las instituciones, responde a la necesidad de lograr que, con menos dinero, se cumplan los mismos objetivos y metas, con el fin de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así lo establece el Acuerdo de Ahorro en la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2022, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para cualquier empresa, el uso inteligente de los recursos en el desempeño diario, garantiza que cualquier negocio sea exitoso. La diferencia con el sector público es que en este nadie pierde dinero durante la operación y la prestación de los servicios, nadie verifica la calidad, ni sucede nada cuando no se otorgan. La racionalidad o el derroche no implica pérdidas monetarias para nadie, la llave de los presupuestos asignados siempre está abierta y

es por eso que se derrochan, se acaparan o simplemente, se pierden o desperdician.

La política de austeridad reduce los costos de operación, logrando un ahorro significativo en los presupuestos anuales y de acuerdo con los principios empresariales básicos de eficiencia, el ahorro de los recursos incrementa la productividad, aumenta la calidad de los servicios, reduce los fallos y errores en la operación y eleva la rentabilidad de las instituciones y organismos.

En una primera etapa de evaluación de las estrategias de operación gubernamental, se debe identificar el fenómeno de poca productividad y altos costos de operación que presentan las dependencias del gobierno federal y local; es decir, la cantidad de dinero que reciben, contra los resultados que obtienen, empezando por ahí, la política de austeridad es más que necesaria, incluso debe ser urgente.

Hacer a las instituciones más productivas redunda en beneficios de tipo social, no solo porque se captan recursos que se utilizan para proyectos y programas sociales, sino porque exige a las dependencias “hacer más con menos”, principio empresarial fundamental para elevar la productividad y poder así, invertir el dinero que antes se utilizaba en mantener un gobierno casi parásito, en programas de apoyo a la educación, salud y bienestar para la población.

Invertir en programas de apoyo social es un principio básico del desarrollo. “La fórmula funciona. Si alguien me pide una recomendación de cómo hacer un buen gobierno, entre otras cosas, algo muy sencillo, pero trascendente: no permitas la corrupción ni los lujos en el gobierno y ahorra. Esos fondos destínalos al pueblo y, si puedes, entrégalos de manera directa, no con intermediarios ni de la llamada sociedad civil, ni del mismo gobierno, sino a cada ciudadano, lo que le corresponde por derecho”, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar en la Conferencia Mañanera sobre la política de “pobreza franciscana” anunciada el pasado mes de agosto.

Grandes robos se perpetraban en el Gobierno de México anteriormente. Desvíos de millones y millones de pesos salían a relucir en cada administración. Si bien nos iba, encarcelaban a alguno que otro funcionario de medio pelo y el dinero, como había venido, así se iba. El ejemplo más cercano: el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en el que se desviaron más de dos mil millones de pesos durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y hoy están en la cárcel el ex subsecretario de Administración y Capital Humano, Miguel Ángel Vázquez Reyes y el exjefe de gabinete Julio Serna.

Supuestos contratos millonarios con empresas que ya no existen o nunca existieron, manejos indebidos, sobre nóminas, desfalcos, uso ilegal de atribuciones, mal versación de fondos, delincuencia organizada y hasta lavado de dinero, se ve hacia dentro de las instituciones por el sencillo hecho de que tienen dinero para participar en actos de corrupción que convierten en seis años a un servidor público cualquiera, en un millonario excéntrico que no puede explicar la procedencia de incalculables fortunas ilícitas.

La resistencia y la crítica ante la política de ahorro y la disminución al máximo del gasto en la operación gubernamental, se muestra en quienes temen al trabajo y servicio público en igualdad de condiciones, en quienes temen perder sus privilegios, lujos y reconocimientos, ganando y gastando dinero que no les pertenece.

*Periodista egresada de la UNAM. Amplia experiencia en el campo laboral más por necesidad que por convicción. Amante apasionada de las causas perdidas, de las buenas historias, de la vida, la libertad y sus enjuagues. norvill_23@yahoo.com.mx

EL AVANCE DE LA EXTREMA DERECHA: EL ENEMIGO SILENCIOSO

Nematini ACEVEDO*

“¡Sí a la familia natural, no a los grupos de presión LGBT!”, dijo en un mitin del partido Vox de extrema derecha de España, Giorga Meloni, virtual ganadora de las elecciones celebradas recientemente en Italia, convirtiéndola así en la primera ministra de ese país.

La noticia de que, Giorga Meloni, líderesa del partido de extrema derecha Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), será la nueva ministra de la península itálica, ha causado gran revuelo en el mundo entero. Sobre todo, en el hecho de que la nueva primera ministra y su partido político, han sido vinculados en diferentes ocasiones con grupos neofascistas, pertenecientes al Movimento

* Nematini Vladimir Acevedo Silva @NemasVA

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | Maestrante en Administración Pública y Gobierno por la BUO | Activista Social | Escríbeme nemas.acevedo@hotmail.com Sociale Italiano (MSI, por sus siglas en italiano), agrupación que surgió posteriormente a la caída del régimen fascista de Mussolini.

Gracias a estos resultados, diversos analistas prevén que en Italia se viva un retroceso en materia de derechos humanos, afectando así a grupos como la de los inmigrantes y a la comunidad LGBTQ+. Por otro lado, otro grande avance, como lo es la despenalización del aborto, podría verse en riesgo, ya que la ultraderecha contará con una gran mayoría de representación en el Congreso.

Sin embargo, no solo en Italia han decidido optar por girar a la extrema derecha. Países como Francia, Países Bajos, España, Austria, Suecia y Alemania, poco a poco empiezan a coquetear con esta nueva sepia de partidos políticos, los cuales, se encuentran alejados de la clásica derecha tradicional o conservadora.

Aunque este efecto también se ha percibido en América Latina, sobre todo en Brasil, en donde el gobierno de ultraderecha de Jair Bolsonaro, impulsa una agenda no muy alejada a lo que se pretenderá impulsar en Italia. Dicha situación podría suscitarse próximamente en Argentina, en donde la derecha podría retornar al poder en alianza con los libertarios.

Con tal situación, pude señalarse que, el avance del autoritarismo y el populismo de la extrema derecha, representa una reacción conservadora ante el avance y expansión de los valores sociales liberales, los cuales, se han ido estableciendo najo el régimen de los gobiernos progresistas, tanto en América Latina y Europa.

A pesar de ello, también se puede establecer que, el propio avance de estos grupos radicales de extrema derecha, han obtenido dicho apoyo gracias a los errores en materia económica, social, política, y de seguridad pública que han tenido los mismos gobiernos progresistas. Así mismo, por el hecho de que la población busco la forma de romper con el dominio y la alternancia de los partidos políticos tradicionales de izquierda-derecha que han predominado en sus países, es decir, que, su identidad política e ideológica ya es totalmente distinta a la establecida, esto se da a consecuencia del cambio intergeneracional que está ocurriendo a nivel global.

La necesidad de hacer un frente en común al avance de la extrema derecha en el mundo es urgente y necesario. No se debe caer de nueva cuenta en políticas que, atenten en contra grupos vulnerables que, históricamente, han sido obstaculizados y marginados, ya que, como lo señala aquella frase, “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.

Paridad de género en el nuevo gabinete

Graciela RAMÍREZ LUNA*

El 07 de junio de 2019, entró en vigor, el decreto por el que se reforman los artículos 2º, 4º, 35, 41, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género.

Dicha reforma, entre otras cuestiones, establece como obligación constitucional, el observar el principio de paridad de género, a efecto de garantizar la participación progresiva de las mujeres en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno; así como, en los organismos autónomos, pueblos y comunidades indígenas.

Paridad de género, se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida, considerándose un indicador para medir la calidad democrática.

Según datos del último Censo Nacional de Gobierno Federal del año pasado, el 20% de los 305 espacios para titulares de las instituciones de la Administración Pública Federal, es encabezado por mujeres; pero, al considerar a todo el personal de los servicios públicos, la participación de las mujeres sube a 50.1%; sin embargo, el 57.4% de las mujeres se ubican en los puestos con menor ingreso.

En el país, solo seis estados cumplen con la paridad en sus gabinetes. En la CDMX, el 47.4% de los cargos en secretarías y organismos centrales lo ocupan mujeres; Aguascalientes, solamente el 12.9%; Durango 14.3%; por otro lado, en Colima 63% de su administración pública central, es dirigida por mujeres, y en Oaxaca, el 56%.

Sin duda, la representación de la mujer en el ámbito político ha sido un esfuerzo constante para superar costumbres, directrices y resistencias; considero que la presencia femenina, puede ser inspiradora, cuando una mujer llega al poder, pues proporciona la posibilidad y abre la puerta para que muchas otras mujeres lo hagan.

Cada vez hay más mujeres más preparadas que deben tener una mayor presencia en puestos de liderazgo, no basta con cumplir la paridad únicamente en el momento de toma de protesta, sino que se debe mantener en el transcurso de la gestión cuando haya cambios o sustituciones de los cargos; la participación de la mujer es necesaria en todo proceso político transformador, la construcción de una sociedad más justa, comenzará cuando las mujeres hayamos conseguido una participación igualitaria en todos los ámbitos de la vida; sin que existan vicios en que algunas designaciones sean por padrinazgos, palancas o incluso la herencia política; es decir, que el peso de un apellido no se anteponga a la capacidad para ejercer cargos.

Oaxaca debe atravesar por las ideas de renovación y la aplicación de un criterio de paridad en el gobierno que está por comenzar, para poder marcar la diferencia y que, para lograr la equidad de género, no se restrinja a la igualdad numérica de cargos; sino que la inclusión de mujeres en la vida pública sea reflejo de un cambio cultural profundo y una nueva visión de la sociedad.

* Abogada oaxaqueña comprometida con la

sociedad, defensora de los derechos de la mujer y la familia. Maestra en Derecho Constitucional, Diplomada en Derecho Sanitario y Auditoría Legal de empresas.

/ Confesionario de Moro

La esperanza...

Armando EBOLI*

PUEBLA, PUE.- Hemos normalizado la violencia, es verdad, pero sigue en aumento y por eso, no deja de ser noticia. Los cárteles se han vuelto grandes corporaciones en un Estado débil, son el síntoma más agudo del sistema capitalista mexicano, grandes transnacionales al margen de la ley, que están dispuestas a usar cualquier forma de violencia para conseguir el monopolio de venta en varios lugares, socavando el derecho exclusivo al uso de la fuerza reservado al Estado.

La guerra contra el narco de Calderón, perece hoy que era ineludible, el mismo Obrador declaró: “He cambiado de opinión ante la violencia que heredé”. Hemos pasado por tres gobiernos de tres partidos distintos los últimos 18 años y todos han decidido militarizar la seguridad pública. Pero Andrés Manuel dio un paso más allá, además de entregar a los militares una serie de funciones reservadas al gobierno civil, desde la construcción de obra pública hasta la administración de aeropuertos a aduanas. Ha matado la esperanza de una policía civil.

La militarización de Calderón y Peña Nieto iba acompañada de un proyecto de Policía Federal que, teóricamente en el futuro, retomaría para los mandos civiles las tareas que fueron reasignadas a las fuerzas armadas. Pero AMLO, obsesionado con borrar de la historia cualquier legado de su archienemigo Felipe Calderón, sin importar si era bueno o malo, no solo desapareció las escuelas de tiempo completo o las guarderías, sino también a la Policía Federal que sería sustituida por una policía de corte militar, la Guardia Nacional, que estaría supuestamente bajo un mando civil.

El corte militar de la Guardia Nacional ya dejaba un mal sabor de boca, pero la violencia nos ha sobrepasado y puede entenderse que, ante la penosa situación, el gobierno se ha visto empujado a tomar decisiones más radicales. Sin embargo, si la idea era crear una policía militar especializada contra los malvados cárteles de la droga... ¿Por qué matar la esperanza? ¿Por qué ignorar cualquier proyecto de una policía civil a futuro?

Si creíamos que en algún punto la Guardia Nacional se convertiría en la policía civil que añoramos, la decisión del gobierno de pasar la corporación a la Secretaría de Defensa Nacional, rompe no solo la esperanza, sino también las promesas y compromisos con los cuales se había fundado, uno de ellos especialmente doloroso, que la Guardia Nacional estaría siempre bajo un mando civil, ya sea la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Gobernación.

No hay nada a lo que López Obrador le tenga más miedo que a otro López Obrador, es decir, a un futuro presidente que, como hizo él con Calderón, intenté desaparecer su legado, la fórmula que él ha encontrado ha sido entregar cada uno de sus proyectos a los militares. Les entregó el tren maya para garantizar que el proyecto se termine y no le repitan lo que él hizo cancelando Texcoco, igualmente les entrega la Guardia Nacional para evitar que un próximo gobierno la desaparezca o le cambie el nombre, como él hizo con la Policía Federal. Andrés Manuel cree que un proyecto de gobierno se convierte en un proyecto de Estado solamente, cuando tiene la bendición del ejército.

*Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

(UPAEP) y pasante de la maestría de Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Interesado en relacionar arte con política. De gustos altermundistas pero acostumbrado a vivir en un mundo neoliberal. exxebo@hotmail.com