Revista Núm. 255 - Especial- La contratación y sus pecados capitales

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ESPECIAL

LA CONTRATACIÓN

Y SUS PECADOS CAPITALES

Una atenta y profunda mirada a cómo se dan los procesos de contratación en diferentes niveles del Gobierno.

POR: JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

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REVISTA A

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l año pasado, durante el segundo semestre, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, con el acompañamiento de la prestigiosa economista Marcela Meléndez, trabajó en un objetivo: tratar de entender a profundidad cómo funciona la contratación de infraestructura de transporte en el país y, con base en ese aprendizaje, identificar las acciones necesarias para asegurar que los recursos públicos se empleen de la manera más efectiva en la provisión de bienes y servicios.

La metodología del ejercicio siguió dos pasos: el primero, un módulo sobre transparencia cuyo insumo fue una encuesta de percepción respondida por 248 constructores, 112 consultores y 30 concesionarios del sector. El segundo módulo fue un análisis de los procesos realizados por los gobiernos subnacionales, departamentales y municipales en 2014, que fue posible gracias a la información del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) a partir de la cual se construyó una base de datos invaluable.

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La contratación y sus pecados capitales

E S P E C I A L La información recopilada incluyó los procesos adelantados por la Aeronáutica Civil (Aerocivil) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), con la idea de contrastar la lógica de la contratación de entidades concedentes del orden nacional con la de los gobiernos subnacionales. Además, fueron tenidos en cuenta los contratos de las corporaciones autónomas regionales (CAR) y de los sistemas de transporte masivo de las ciudades. El análisis, en esencia, dejó por fuera los contratos de concesión, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura. Tras revisar con detalle cada uno de los procesos contractuales de las entidades en mención, los resultados fueron alarmantes. Para empezar, el hallazgo más escandaloso fue que, solo en infraestructura de transporte, el 96 por ciento de la contratación municipal condujo a únicos oferentes, mientras que en departamentos sucedió lo propio con 76 por ciento. Pero hay más conclusiones: en 2014, solo el 5 por ciento de la contratación fue destinado a estudios, lo cual sugiere que en Colombia se construye con una inversión mínima en esta imprescindible fase de obra por cuenta de afanes políticos. RESULTADOS DICIENTES Los procesos de contratación con mayores niveles de competencia en su apertura son los de Bogotá D. C., Aerocivil e Invías. En el caso de la capital, el resultado refleja la pluralidad en los procesos del IDU. La contratación que abre con un solo oferente, si llega a materializarse en un contrato, culmina por definición con un solo proponente habilitado. En este caso, la ausencia de competidores puede estar asociada a las exigencias de los requisitos habilitantes, aunque puede tener también otras explicacio-

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ANTICORRUPCIÓN

96%

DE LA CONTRATACIÓN MUNICIPAL CONDUJO A ÚNICOS OFERENTES, MIENTRAS QUE EN DEPARTAMENTOS SUCEDIÓ LO PROPIO CON 76 POR CIENTO.

En 2014, solo el 5 por ciento de la contratación fue destinado a estudios, lo cual sugiere que en Colombia se construye con una inversión mínima en esta imprescindible fase de obra por cuenta de afanes políticos. nes, como el tamaño de los contratos, que sí puede ser un desincentivo a la participación de jugadores de alcance nacional cuando son muy pequeños. En el caso de los procesos que abren con más de un oferente pero resultan en uno solo habilitado, la ausencia de competidores está directamente asociada a las exigencias de los requisitos habilitantes. En esta categoría cae el 32 por ciento de los procesos que al inicio tienen más de un oferente. La proporción es más alta, de 53 por ciento, en el caso de los gobiernos municipales, y también en las contrataciones de las CAR (40 por ciento) y de los sistemas de transporte masivo (38 por ciento). Estos resultados piden avances en la estandarización de los procesos de contratación a lo largo del territorio nacional e inversión en la construcción de capacidad en el nivel de los gobiernos subnacionales. Incluso si lo segundo no ocurre a la velocidad ideal, estandarizar los requisitos habilitantes exigibles y las etapas de calificación sería un gran paso para ordenar la contratación pública, eliminar barreras innecesarias a la entrada y dar una señal de transparencia al mercado.

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