Hacia la prosperidad de los municipios

Alberto Gómez

El grado de libertad económica que los ayuntamientos son capaces de generar en sus ciudades es un factor clave para el desarrollo económico y social de los municipios. Las diferentes instituciones municipales y las políticas promovidas por los gobiernos locales afectan el desarrollo de las ciudades y distorsionan las decisiones de los ciudadanos y las empresas. Así, cada mínima decisión de los ayuntamientos puede generar movimientos de empresas, capitales o ciudadanos que buscan asentarse en aquella localidad cuyo marco regulatorio e impositivo mejor se adapta a sus intereses.

Este fenómeno, el de la competencia municipal, se ha intensificado recientemente como resultado de la globalización, el comercio internacional y el auge del teletrabajo a raíz de la pandemia. Este último factor es particularmente relevante en el caso de España, que gracias al buen clima, la belleza y cultura de nuestro país y los precios relativamente bajos se ha convertido en uno de los destinos favoritos para vivir para aquellos que trabajan en remoto. Por ello, competir por atraer ciudadanos, empresas e inversiones a su localidad es uno de los principales desafíos que enfrentan los ayuntamientos en la era del teletrabajo y la deslocalización.

Ahora bien, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos españoles para ser competitivos y atraer recursos? En algunos países más centralizados, la mayor parte de las competencias estatales recaen en instancias más altas, como el gobierno central; pero en países descentralizados como España, los municipios tienen numerosas competencias con las que tratar de marcar la diferencia. Aplicar las políticas de desarrollo económico y urbanístico adecuadas, proveer los servicios públicos de manera eficiente, garantizar la seguridad y mantener la infraestructura en buen estado puede marcar la diferencia y atraer –también promover la creación de– más empresas e inver- siones, generando mayores y mejores empleos, aumentando la productividad y el nivel de vida de los ciudadanos y en última instancia, por qué no, aumentando las arcas municipales mediante la aplicación de tipos impositivos más reducidos.

Algunas de las competencias más importantes que tienen los ayuntamientos españoles para afectar al desarrollo económico de sus municipios son la ordenación y gestión urbanística, la prestación de servicios públicos de limpieza, seguridad o transportes y el suministro de agua y alumbrado eléctrico. Para financiar estas prestaciones, los ayuntamientos recurren a imponer a los vecinos tributos y tasas municipales como, por ejemplo, el IBI, el IVTM, el IAE o el ICIO. Con estas competencias, los ayuntamientos de- ben proveer los servicios que les son asignados a la vez que –deberían– limitar al máximo su intervención en la economía. ¿Cómo hacerlo? Existen principalmente cuatro claves que todo municipio debe tener en cuenta:

• Concesionamiento de los servicios públicos municipales: las empresas privadas tienen más incentivos que las empresas públicas para ser eficientes en la gestión de los recursos, minimizando los costes y maximizando sus beneficios a la vez que dan el mejor servicio posible a los ciudadanos. La concesión de estos servicios a empresas privadas puede conseguir que estos se provean a un coste menor que al que lo haría el ayuntamiento, y con mejores resultados dados los mecanismos del mercado a los que se enfrentan. Esto permitiría a los ayuntamientos reducir sus plantillas y cerrar algunas empresas municipales, lo que en suma recortaría sus costes en la provisión de servicios públicos a la vez que promueve la actividad económica en la ciudad.

• Digitalización de los servicios públicos: la digitalización en la medida de lo posible de los canales de intermediación entre los ciudadanos y la administración pública municipal podría permitir a los ayuntamientos ahorrar dinero en personal a la vez que agiliza los procesos a los que se enfrentan sus vecinos.

• Marco fiscal para la actividad económica: los ayuntamientos deben tener unos impuestos lo suficientemente bajos para competir con otras ciudades y atraer inversiones y empresas. Los tributos elevados retraen recursos de la economía y desincentivan el establecimiento de empresas y de nuevos vecinos. En concreto, algunos son especialmente perniciosos, como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que dificulta la creación de viviendas y el establecimiento de empresas, debería ser reducido al mínimo legal por cualquier ayuntamiento sensato. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también limita la actividad empresarial y un IAE bajo puede generar un efecto atracción de empresas. Los impuestos bajos promueven la actividad económica y generan crecimiento, empleos y bienestar.

• Equilibrio presupuestario e impuestos bajos: los ayuntamientos deben centrar sus esfuerzos en mantener sus finanzas saneadas a la vez que mantienen unos impuestos municipales lo suficientemente bajos. Para ello, contener los gastos es clave. Los ayuntamientos deberían, además de lo descrito en los puntos anteriores, evitar realizar ningún gasto que no sea necesario para sus ciudadanos o que no pueda ser provisto por el mercado. La plantilla de los ayuntamientos también debe limitarse en la medida de lo posible, y los salarios ser similares a los del sector privado de la ciudad. La deu- da debe limitarse en la medida de lo posible y sólo se debe recurrir al déficit para hacer frente a inversiones de gran utilidad y con vistas de generar un crecimiento económico que permita pagar su deuda. La combinación de esto con los puntos anteriores supone un ayuntamiento cuyo coste es asumible para los ciudadanos y que posee un endeudamiento limitado.

Un ayuntamiento que centre sus esfuerzos en estos cuatro puntos básicos será capaz de generar crecimiento y bienestar para sus ciudadanos. De lo contrario, su ciudad perderá recursos, empresas y ciudadanos y caerá en una espiral de la que será difícil salir.

Ayuntamiento de Madrid. En el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), la capital y otras grandes ciudades como Barcelona o Valencia presentan siempre un pésimo desempeño, sin lograr siquiera el aprobado (50 puntos sobre 100).

Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas

ILECE 2023

Aitor Carmona, Alberto Gómez y Juan Pina

SEXTAEDICIÓNANUAL

Sexta edición del premiado estudio anual sobre la libertad económica en las cincuenta ciudades más pobladas de España.

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