Más allá de las instituciones

Este 17 de mayo se celebra en todo el mundo el día contra la LGBTIfobia, y el autor repasa desde una perspectiva libertaria la situación actual.

Cristian Mejías

El próximo 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia, fecha con la que se propone concienciar a la ciudadanía sobre la violencia estructural que sufren todos aquellos que no encajan dentro del rígido molde del binarismo de género y de la heteronormatividad, y lo hacemos con la triste noticia de la aprobación de una ley en Uganda que prevé penas de prisión-o incluso de muerte- para los homosexuales.

Empero, no debería hacer falta llegar a estos límites para denunciar la LGTBIfobia, también deberíamos ser capaces de reconocer las distintas manifestaciones de violencia existentes en nuestras propias sociedades. Al respecto, a pesar de que la sociedad española es una de las más tolerantes con este colectivo no podemos bajar la guardia, ya que existe una corriente ideológicamente transversal que ha puesto su foco en la ley trans.

Para esta corriente, formada por conservadores, feministas radicales y no pocos liberales, la Ley Trans se trataría de una aberración jurídica que contribuiría al “borrado de las mujeres”, al tener como único requisito para el cambio de sexo registral la voluntad del sujeto. Así, para lanzar su ofensiva contra esta ley no dudarán en recurrir al uso de medias verdades y de bulos en un desesperado intento por sostener una visión esencialista de la sexualidad humana. Entre ellos, por ejemplo, el de que esta norma otorgaría el derecho irrestricto a los niños para consumir bloqueadores hormonales y someterse a intervenciones quirúrgicas, cuando una de las novedades que introduce la Ley Trans es, precisamente, la prohibición de realizar este tipo de prácticas a personas intersexuales menores de doce años (art. 19.2), tal y como por otra parte venía sucediendo con relativa frecuencia antes de su promulgación.

“La investigación ha mostrado que estas operaciones quirúrgicas han sido realizadas sin el conocimiento de los padres, sin que se les haya comunicado a los propios niños y sin esperar hasta que fueran suficientemente mayores como para dar su consentimiento” (Judith Butler, Deshacer el género, p. 97).

El furibundo rechazo a la Ley Trans supone algo diferente a un sano ejercicio de escepticismo frente al Poder, constituye un ataque velado contra las personas trans al obligarles a tener una determinada apariencia para poder identificarse con el otro sexo administrativo al tiempo que se le adjudica contradictoriamente a la norma un efecto llamada a la modificación corporal.

Otro tema que ha dado también de que hablar ha sido el de la gestación subrogada a raíz de la maternidad por esta vía de Ana Obregón en Estados Unidos. Como era de esperar, las feministas radicales se han vuelto a alinear con los sectores más reaccionarios para condenar esta práctica, a la que presumiblemente recurren de manera mayoritaria (proporcionalmente hablando) parejas formadas por dos hombres y, en consecuencia, negando a los gais poder acceder al mismo derecho del que gozan la mayoría de las parejas heterosexuales y lésbicas a tener descendencia propia. Aunque mayor gravedad reviste todavía el mensaje que se lanza desde las instituciones contra la libertad reproductiva de las mujeres cis con pocos recursos y que se ofrecen para la subrogación, a las que consideran sin agencia y cuyo consentimiento sería susceptible de ser derogado. Aquí cobra pleno sentido la canción de Las Tesis cuando dicen aquello de “El Estado opresor es un macho violador”.

Por lo tanto, como vemos, al igual que los derechos de las mujeres cis los del colectivo LGTTBIQ+ se protegen mejor defendiendo un espacio de no-intervención que un paternalismo estatista. La estrategia a seguir no debería pasar entonces por reivindicar privilegios legales, que terminan volviéndose en contra de sus beneficiarios, sino por una justa igualdad de trato y un trabajo de sensibilización a la sociedad civil sobre las dificultades que enfrenta este colectivo. Según Amnistía Internacional, en alrededor de setenta países la homosexualidad es ilegal, en más de una decena de ellos puede ser castigada con la pena de muerte y entre 2008 y 2020 han sido asesinadas al menos 3.664 personas trans en el mundo. Además, ser trans constituye un factor de riesgo para caer en la pobreza, sufrir acoso escolar y discriminación en el trabajo, lo que genera como resultado un alto índice de comportamientos suicidas, muy superior al de la media poblacional.

Sobre el asunto de la discriminación cabe hacer una aclaración: la ética libertaria se opone a la discriminación legal impulsada desde las instituciones públicas que en teoría nos representan a todos, pero la contempla como un derecho personal y privado que permitiría al individuo elegir con quien cooperar voluntariamente. No obstante, el que un empresario esté en su derecho de rechazar la contratación de personas LGTTBIQ+ por el hecho mismo de pertenecer a ese colectivo, no significa que desde la sociedad civil debamos quedarnos de brazos cruzados.

Los libertarios pueden llevar a cabo una tarea de doble militancia. Por una parte, fomentando y apoyando reformas legislativas que empoderen a los individuos (despenalización del aborto, legalización del divorcio, del matrimonio homosexual, autodeterminación de género, etc.); por otra, trabajando en la sociedad civil de cara a mejorar las condiciones de vida de las personas LGTTBIQ+ y su aceptación por parte de la comunidad. La forma de lograr esto último sería a través de la persuasión, y para ello se pueden escribir artículos como éste, crear asociaciones con fondos privados, trabajar desde el ciberactivismo u organizar boicots pacíficos contra las empresas que discriminen por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género. Así, como dice Murray Rothbard en La ética de la libertad:

“El punto en cuestión es comprender que no es la coacción la única iniciativa que puede emprenderse contra las personas o actividades tomadas por inmorales. Puede recurrirse también a acciones voluntarias o persuasivas, como por ejemplo el boicot” (p. 184).

De este modo, a diferencia de la política institucional que tiene sus propios plazos y su modus operandi se basa en la coacción, en el mercado nos convertimos todos los días en votantes con nuestro consumo y nos servimos de la persuasión como medio para lograr nuestros fines. Asimismo, es importante subrayar que la falsa disyuntiva que a veces se presenta entre los derechos del colectivo LGTTBIQ+ y la agenda feminista no está promovida por un feminismo verdaderamente emancipador, sino por una versión autoritaria a la que los libertarios nos oponemos con firmeza al igual que nos oponemos a aquellos que quieren volver a un orden social fundado en la sumisión femenina y en la exclusión de todos aquellos cuya identidad o deseo no se corresponde con lo que entienden como “natural”. f Experto libertario en libertad sexual y políticas de género.