SOBERANÍA ALIMENTARIA

Ley de semillas Por la soberanía alimentaria de los pueblos

Han transcurrido doscientos años, tomando en cuenta el primer grito de independencia de Hispanoamérica, en 1809 de Ecuador, al último de 1902 de Cuba. Tema histórico que reaviva el debate por la soberanía alimenticia de los pueblos. Están en disputa, además del maíz (Zea mays), las principales plantas alimenticias del continente americano que domesticaron los pueblos originarios antes de la llegada de Colón: la papa (Solanum tuberosum), la yuca (Manihot esculenta), la batata (Ipomoea batatas), diversos granos del género Phaseolus como por ejemplo la caraoto y otros frijoles; diversas Cucurbitáceas como la auyama; elapio (Arracacia esculenta), el cacao (Theobroma cacao), el ají dulce y picante o chile (Capsicum sp.), el maní (Arachishypogaea), el tomate (Lycopersicum esculentum); y diversos frutos como el aguacate (Persea americana), la piña o ananá (Ananassativus), la lechoza (Carica papaya), la guayaba (Psidiumguajava), la guanábana (Anona muricata), la chirimoya (Anona cherimolia), el merey (Anacardium occidentale) y el mamey (Mammea americana), entre los más conocidos en el mercado. En esta pugna, la capacidad de los distintos actores en el proceso agroalimentario estarán condicionadas por el marco legal de cada país en desarrollo. Por un lado, los productores apuntan en mantener las técnicas milenarias, como saberes legítimos de propiedad universal. Por otro, los laboratorios productores de semillas transgénicas y agroquímicos, accionan a los gobiernos por sus intereses en toda la cadena productiva, como el cobro de regalías, el desmonte y corrimiento de la frontera agropecuaria. Las mayores multinacionales actuales son Monsanto, Syngenta, Bayer CropScience (del grupo Bayer), BASF, Dow AgroSciences (del grupo Dow Chemical Company), y DuPont. De allí se desprende, la incidencia del rol del Estado en cada región, a la hora que las comunidades cuenten con herramientas legales, para resistir a la llamada colonización tecnológica. Por la Lic. Adriana Piffaretti FUNDA L Jefa de Equipos del Departamento de Control de Gestión Ambiental Auditoría General de la Nación

En este sentido, los productores advierten varios problemas respecto al uso de las semillas. Uno de ellos tiene que ver con los empresarios -fitomejoradores- que se dedican a obtener nuevas variedades de las semillas que compran. Esa actividad está contemplada como “derecho de uso propio” en la Ley de Semillas vigente, pero esa normativa no incorpora a la biotecnología, lo que produce un vacío legal. En ese contexto, Monsanto exige a los fitomejoradores una compensación porque las semillas transgénicas se rigen, en lugar de por la Ley de Semillas, por la Ley de Patentes, que no contempla el derecho de uso propio. Otra discusión tiene que ver con la utilización de la semilla. La empresa norteamericana argumenta que existe un alto grado de informalidad en las transacciones de las simientes. La Unión Europea (UE), prohíbe en la mayoría de sus países el cultivo de maíz transgénico; sólo permite la importación de semillas convencionales, con cero por ciento de presencia de transgénicos; mientras que permite el 0,9% para los alimentos elaborados. Es así, que el 2 de mayo, el organismo de control Food Veterinary Office (FVO) de la UE, rechazó la importación a Alemania de semillas desde Chile, de semillas contaminadas por transgénicos. Se detectó el maíz NK 603 de Monsanto, de comprobados efectos dañinos, que contaminó el maíz convencional. Asimismo la FVO, evidenció la falta de controles en Chile, por parte de la estatal Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En Argentina, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) es el único organismo de fiscalización de control de legalidad de semillas, asegurando al productor agrario la identidad y calidad de la simiente que adquieren protegiendo la propiedad de las creaciones fitogenéticas. Por lo expuesto, debe entender en la aplicación de la Ley Nº20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas ejerciendo el poder de policía derivado de la instrumentación de la citada ley. Lo que toda Nación necesita, es la autonomía de su suelo, de la mano de la agricultura sostenible que, a largo plazo, mejore la calidad ambiental y los recursos básicos, compensando las necesidades básicas de alimentos, una agricultura económicamente viable, que implique un progreso en la calidad de vida del productor y la comunidad. Consideremos que Argentina cuenta con una norma de más de 40 años que no contemplaba

la biotecnología y esto lleva a que tengamos un fuerte proceso de apropiación de las semillas agrícolas por parte de las grandes corporaciones multinacionales. En el caso de Venezuela, que el 28 de diciembre aprobó la Ley de Semillas; allí asistieron todos los sectores involucrados: trabajadores y representantes de los movimientos populares, investigadores y de la empresa privada, luego de un amplio debate de tres años. Las organizaciones ecologistas la definen como una ley “consensuada, antitransgénica y antipatente”. La ley recoge los fundamentos de la Constitución Nacional de Venezuela (artículo 305), en temas sensibles como la prohibición de patentar los seres vivos. Su objeto es “preservar, proteger, garantizar la producción, multiplicación, conservación, libre circulación y el uso de la semilla; así como la promoción, investigación, innovación, distribución e intercambio de la misma, desde una visión agroecológica socialista, privilegiando la producción nacional de semillas”. En el artículo 4 del texto, se reconoce a la semilla “como ser vivo, y parte fundamental de la madre tierra y por tanto como objeto y sujeto de derecho y de aplicación de las normas para la preservación de la vida en el planta y la conservación de la diversidad biológica”. Igualmente, se reconoce a la semilla generada con recursos del Estado “como bien común de interés público cultural y natural, material e inmaterial de los pueblos”. El ministro para Ecosocialismo y Agua, Guillermo Barreto destacó la prohibición de semillas transgénicas en Venezuela, debido a que “está demostrado, que no ha resuelto el tema de la alimentación, así como evitará que las grandes corporaciones tengan el poder del sector agroalimentario”. Asimismo, el ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, explicó que con la ley, Venezuela “cuenta con las condiciones para poder revertir los procesos de importación y lograr convertirse en una potencia agrícola”. A ésta, deben sumarse los principales logros obtenidos por los campesinos con la anterior Ley de Tierras, como la misma tenencia de la tierra, capacitación, créditos e insumos. Por su parte, el vicepresidente Ejecutivo de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó que “esta ley asegura la soberanía agroalimentaria”.