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ÍNDICE
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EL VALOR DEL ORO
La visualización de la minería ancestral y tradicional debe ser una prioridad para el Gobierno Nacional.
Por: Carolina Palacio Abogada de la Corporación de Comercializadores de Minerales de Colombia, (Corcomicol)
En la actualidad, no obstante reconocerse el valor del oro, el mismo no se emplea generalmente como medio legal de pago, y esto no se debe a que sea una conducta contraria a la ley, sino más bien a un consenso social que reconoce “a la moneda emitida por las instituciones oficiales”, (esto es al dinero), como el principal instrumento de valor con el que se cuantifican los bienes y servicios.
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icho lo anterior, es evidente que las actividades de explotación de oro, las cuales además hacen parte de la historia de nuestro país ya que se han ejecutado desde siglos atrás, se realizan con el propósito de obtener beneficios económicos, que para hacerse efectivos requieren que el mineral extraído sea intercambiado por un instrumento de valor como el dinero. Esto es aun más necesario, cuando tenemos en cuenta que las explotaciones de oro son realizadas, entre otros, por mineros de subsistencia, por pequeños mineros, y por comunidades enteras que encontraron en esta actividad su medio de empleo, que garantiza su supervivencia, para lo cual es in-
dispensable la comercialización del mineral que explotan, ya que únicamente de esa forma pueden acceder a los beneficios que dichas actividades extractivas representan. De conformidad con lo manifestado, es apenas lógico concluir que la actividad de extracción de oro y metales preciosos, como primer eslabón en la cadena de suministro de estos minerales, tiene una relación inescindible con los comercializadores de los mismos (son los que compran dicho mineral y pagan un precio en dinero por este), por lo menos desde que dejamos atrás el trueque como fundamento de nuestra economía. Cuando logramos comprender esta situación, es que entendemos que es
3 ilógico e incongruente reconocer y buscar la protección de una actividad extractiva ejecutada desde siglos pasados de manera tradicional e informal, pero castigar una actividad de comercialización que también ha sido tradicional, y que se ha visto expuesta a la informalidad por la condición de quienes son los productores y vendedores. Cuando hablo del reconocimiento y la protección que se da a los explotadores informales de oro, no podemos dejar de lado que es una situación que se ha generado debido al fenómeno social que representa la minería en nuestro país, la cual durante décadas se ha realizado sin el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el ordenamiento jurídico, pero que aun así, ha sido permitida por el Gobierno colombiano, generando que la economía de comunidades enteras en la actualidad, se encuentre cimentada en el desarrollo informal de esta actividad, por lo cual fue el mismo Estado a través de sus instituciones, quien generó el convencimiento de legalidad y permisión de dicho oficio, que además ha servido para suplir las falencias del Gobierno en cuanto a brindar empleo, acceso a la educación, seguridad alimentaria, desarrollo, oportunidades de progreso, entre otros.
Legislación minera Es por esto que, a través de diversas legislaciones mineras, se ha buscado brindar herramientas de legalización y formalización de los mineros de subsistencia y de los pequeños mineros tradicionales, las cuales a pesar de no lograr los resultados propuestos, si atienden y reconocen la realidad de la situación que se generó por el comportamiento del Gobierno Nacional. Por el con-
La informalidad de los mineros ha sido un problema social y económico para las mismas poblaciones y el país.
trario, esta suerte no ha acompañado a los comercializadores de minerales, quienes ni siquiera han sido reconocidos en su condición de tradicionalidad, y frente a los cuales el Estado se encuentra en mora de brindar soluciones que atiendan a la realidad, y que además también amparen esa confianza que se generó por el mismo actuar del Gobierno Nacional. De aquí es que se hace necesario que la normatividad que atienda al sector minero comprenda que, este va más allá de la explotación de minerales, y que reclama un actuar coherente por parte de las entidades gubernamentales, ya que el hecho de permitir el ejercicio de una actividad extractiva informal, también implica avalar la comercialización producto de la referida actividad.
Trato injusto a comercializadores Para evidenciar a lo que se hacía mención, basta con señalar algunos de los tratos “incongruentes e injustos” a los que han sido sometidos los comercializadores de minerales, cuando: I) Se les exige realizar pagos bancarizados para el reconocimiento fiscal de sus cos-
tos, aunque las entidades financieras no les abren cuentas. II) Permiten a los mineros de subsistencia explotar y vender minerales de manera lícita sin contar con RUT, pero los costos por estas compras no son reconocidas a los comercializadores de minerales. III) otorgan permisos de explotaciones a personas involucradas en conductas delictivas, pero cuestionan las compras realizadas por los comercializadores de minerales a estas personas. IV) legalizan a los explotadores mineros que han sido informales, y que por tanto no daban debido cumplimiento a sus obligaciones contables y tributarias, pero desconocen las compras realizadas por los comercializadores a estos, debido a los incumplimientos referidos. V) La Agencia Nacional de Minería certifica que un comercializador cuenta con capacidad económica para el ejercicio de la actividad, pero posteriormente dicho comercializador es declarado proveedor ficticio por la DIAN por no contar con capacidad económica. VI) La DIAN avala exportaciones de mineral, dejando constancia de que lo que se declara exportar corresponde a la realidad, (esto debido a que surte un proceso de inspección física de todo el oro que se exporta en el país), pero posteriormente inicia procesos desconociendo esas exportaciones. Estas son algunas de las conductas que reflejan la falta de coherencia en el actuar del Gobierno Nacional, generando con esto un trato que no puede menos que considerarse violatorio de los derechos y de las expectativas legítimas de los comercializadores de minerales. Nuevas propuestas de los gremios buscan brindar herramientas par la legalización y formalización de los mineros.
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SEMANAS DECISIVAS PARA LA MINERÍA DE SUBSISTENCIA EN EL CONGRESO
Por: Guillermo Francisco Reyes González
“Llegó la hora, H. congresistas, de no dejar perder esta oportunidad histórica para apoyar un sector tan importante para nuestra sociedad y nuestra economía, se trata de un asunto de justicia social, de reconocimiento de derechos y garantías que merecen tantos campesinos, indígenas y afrodescendientes que habitan territorios mayoritariamente olvidados por el Estado”.
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uizás, como en muy pocas ocasiones en las últimas décadas en Colombia, el Congreso de la República tiene en sus manos en estas últimas semanas de sesiones ordinarias antes de culminar su agenda legislativa 2021 y previo a comenzar la que será una campaña electoral sin tregua, en la que para muchos congresistas será su despedida del Parlamento, como para otros reafirmar los aciertos de su gestión, y donde en el último período de sesiones ordinarias del cuatrienio 2018-2022 quedará muy poco por sesionar y aprobar, demostrarle a los cientos de miles de colombianos que han dedicado por generaciones y aún lo siguen
haciendo, su vida productiva a la actividad del barequero, la que ha sufrido de represiones y persecuciones injustas por parte del Gobierno, del aparato judicial y las autoridades militares y de policía, descalificando como injustamente lo hacía hace pocos días en la inauguración del pabellón de Colombia en Expo Dubái el Embajador colombiano ante los ojos del mundo, a esa minería de subsistencia como ilegal, que hoy más que nunca reclama del Parlamento la necesaria aprobación de dos proyectos de ley trascendentales para la formalización y la bancarización del sector. Sigue quedando más que demostrada, ante las gravísimas acusacio-
5 nes de quien defiende los intereses de los colombianos ante el mundo árabe en contra de esa minería tradicional y de subsistencia, la necesidad de hacer claridad sobre la naturaleza reconocida nacional e internacionalmente del barequeo como una actividad lícita que amerita protección y garantías del Estado, y no persecución como sí la requiere aquella que proviene de la ilicitud que es ejercida por los grupos armados al margen de la ley que violando la normativa interna, destruyen los ecosistemas, contaminan las fuentes de agua con mercurio y otras sustancias nocivas para la naturaleza, apoyándose en la utilización de grandes dragas que dañan el medio ambiente y los recursos naturales y se llevan los minerales dejando a estas poblaciones sin el derecho más que justo a unas regalías que deberían ser reinvertidas para beneficio de estas comunidades.
Un sector importante para la economía Es por ello que hemos querido en esta ocasión, hacer esta publicación en pleno debate y aprobación de estos dos trascendentales proyectos de ley, que cuentan con el respaldo casi unánime de las diferentes bancadas representadas en el Congreso, para ofrecer una breve panorámica del estado de los mismos, de lo que ellos representan para un sector tan importante de nuestra economía y las finanzas públicas, tal como lo reconocía hace pocos días en su muy brillante intervención en Expo Dubái el que sin la menor duda es el ministro más sobresaliente de este gobierno, José Manuel Restrepo Abondano, al
La obligación de garantizar la subsitencia a todos los mineros y barequeros, pequeños y medianos, es esencial para la recuperación económica.
señalar que la minería de subsistencia constituye una fuente esencial para la recuperación económica, que a pesar del gravísimo impacto generado por la pandemia del Covid 19, empieza a mostrar índices significativos de recuperación. Por eso no cabe la menor duda al afirmar que está en las manos de nuestros legisladores, corregir las injusticias y el abandono del Estado hacia el sector minero tradicional y de subsistencia, del que hacen parte los indígenas y afrodescendientes que habitan zonas alejadas del Pacífico, los territorios nacionales, el Sur de Bolívar y Antioquia, a las que el Gobierno de tiempo atrás dio la espalda, y aún pareciera hoy lo hace al escuchar las
intervenciones de la viceministra de Minas al oponerse a iniciativas muy importantes que se pretenden introducir en estos proyectos de ley, olvidando que son esas comunidades las que generan con su actividad más del 80% de las exportaciones de oro y otros minerales, como de las regalías que por este mineral recibimos los colombianos. Y que, al examinar economías como las árabes, la canadiense y algunas de las europeas, se sustentan en las exportaciones producto de la explotación de los recursos naturales no renovables, como el oro, el carbón, las esmeraldas, entre muchos otros, además del cobre, y otros metales preciosos.
Proyectos fundamentales Resulta fundamental que tanto la Plenaria del Senado, como la Comisión Quinta, le den trámite favorable, en primer lugar, a la iniciativa de autoría del presidente del Senado Juan Diego Gómez y del representante Nicolás Albeiro Echeverry – Proyecto de Ley No. 510 de 2021 Senado -, dirigida a generar condiciones para que se garantice en favor de estos pequeños y medianos mineros, como para las comercializadoras de minerales, la posibilidad de acceder a los servicios del sector financiero, hoy muy restringido por el temor a la naturaleza de esta actividad para muy escasos privilegiados, atentando con ello contra el derecho que toda persona tiene de acceder a los beneficios que ofrece la banca, olvidando que este componente La población minera es una prioridad y hay que contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida.
6 resulta además, fundamental para la trazabilidad del destino de los recursos que llegan a los mineros producto de la comercialización de sus productos. Este proyecto ya hizo tránsito en la Cámara de Representantes, y actualmente se encuentra a la espera de ser aprobada la ponencia junto con muy importantes proposiciones en el tercer debate en el Senado, contando con un consenso mayoritario por parte de las diferentes bancadas, al considerar este proyecto fundamental para superar las injusticias que afectan a todos los involucrados en la cadena minera. Resulta imperioso que el proyecto imponga al sector financiero y bancario tanto privado como público, quienes tienen a su cargo prestar un servicio fundamental a cargo del Estado, la obligación de garantizar a todos los mineros, barequeros, pequeños y medianos mineros y a las comercializadoras, el acceso a la utilización de sus servicios, para que, junto con el proyecto de formalización y legalización, logren como lo ha venido trabajando el muy brillante y destacado presidente de la Agencia Nacional de Minería, Dr. Juan Miguel Durán, quien dio muestras, y lo digo con sinceridad y orgullo en la feria Expo Dubái, de conocer y defender un sector tan fundamental y necesario para nuestra economía, presentando las iniciativas que lidera para una integral trazabilidad de la cadena minera, así como los excelentes resultados de las rondas mineras y otras propuestas que ya son realidad para un sector tan sensible como éste.
Las rondas mineras han tenido excelentes resultados para un sector tan sensible.
la grave situación por esa negativa del sector financiero, para que las comercializadoras puedan darle legalidad a sus actividades, hoy consideradas en el mayor de los casos, como operaciones ficticias por la imposibilidad de incorporar al sistema o tener reconocimiento estatal de la actividad de estos pequeños mineros o mineros de subsistencia.
quienes encuentran en él una herramienta fundamental para lograr la formalización de los mineros de subsistencia y mineros tradicionales. Allí, como lo han señalado algunos de sus ponentes, resulta fundamental permitir a los barequeros, asociados y organizados, avanzar como lo ha reconocido a nivel internacional la organización Oro verde – Fairmined y la alianza por la Minería Responsable, en permitir a estos pequeños mineros la utilización de pequeñas motobombas cuyo impacto ambiental sea marginal, sin generación de emisiones de sustancias tóxicas al medio ambiente, para que su actividad sea mejor desarrollada; el mundo avanza, todas las actividades se encaminan al progreso y los avances de las tecnologías, olvidando que estos mineros también gozan del mismo derecho fundamental, como hoy se permite en actividades similares a la de extracción de minerales por parte de estas comunidades.
Proyecto de legalización minera En segundo lugar, está el proyecto de ley de legalización minera No. 314 de 2020 Senado, de autoría de la senadora conservadora Nora García Burgos, focalizado a generar los mecanismos necesarios para la formalización de la minería ancestral y la pequeña minería, ordenando la elaboración de un plan único de legalización que le permitirá a más de un millón de mineros resolver su situación jurídica y legal, alejándolos así de la estigmatización de que son víctimas, al ser considerados mineros criminales. Este proyecto, que ya Propósitos adicionales cuenta con ponencia para segundo debate No podemos dejar de señalar que el Con- en la Plenaria del Senado, tiene un res- Es el momento de hacer justicia greso debería aprovechar este proyecto de paldo casi unánime de todas las bancadas Llegó la hora de que todos los estamentos gubancarización para dos propósitos adiciona- políticas, como del Ministerio de Minas, bernamentales y políticos, sectores sociales, les: de un lado, introducir en este sector el uso de las criptomonedas, como ya se hace en el mundo árabe y en algunos países de Europa y en naciones tercermundistas como El Salvador, con resultados muy exitosos, y del otro, que se apruebe la normatividad que, o bien permita sin excepción el acceso del barequero, del comercializador y de todo actor del sector minero al sistema financiero, o que en su lugar, si de lo que se trata es de seguir protegiendo a la banca nacional e internacional, se lleve a la ley el legítimo y necesario reconocimiento tributario de las operaciones no bancarizadas, considerando El barequeo constituyó la base de la minería colonial en Colombia.
7 económicos y gremiales se sumen a la invitación que aquí hacemos para que respaldemos al unísono, con las modificaciones que aún faltan por introducir a estos dos trascendentales proyectos, cuyas disposiciones contribuirán a acabar con la injusta estigmatización de ilegal e ilícita la minera de subsistencia, a formalizar su actividad y a garantizarles el acceso de los mineros al sector financiero, que logre la trazabilidad plena del mineral desde su extracción de sus fuentes naturales hasta su exportación lícita por parte de las comercializadoras internacionales, proyectos que reclaman su apoyo y respaldo para superar décadas de olvido, estigmatización y abandono estatal, todo lo cual redundará en beneficio para la reactivación social y económica de la hacienda pública. No podemos dejar de lado esta legítima e histórica actividad de la pequeña minería, hoy fuente fundamental de ingresos para el Estado vía regalías, y único ingreso de las comunidades indígenas y afrodescendientes ancestrales en nuestra patria. No cabe duda que la formalización de nuestros barequeros o mineros ancestrales resulta esencial, cuando su actividad goza del pleno reconocimiento por parte de la OIT y la Corte Constitucional. Está en manos de nuestro Congreso, materializar los instrumentos internacionales y de los precedentes jurisprudenciales, que han enviado señales muy claras acerca de la necesidad de emprender una justa y necesaria política de formalización de esta minería ancestral, a través de la construcción de un diálogo social.
Un llamado al Congreso Concluyo ratificando el llamado que esta semana hicieron los voceros de todas las mesas mineras de Colombia, congregados en la Mesa Minera Nacional, de la que hacen parte la Mesa Minero Agro Ambiental de la Sub-Región del Nordeste Antioqueño - Asociación Mesa Minera Segovia-Remedios, los Mineros ancestrales del Alacrán, la Mesa Minero Agro Ambiental de la Sub-Región del Surdeste Antioqueño, los representantes de las Mesas Mineras del Pacífico, el Bajo Cauca, Antioquia, Caldas, Córdoba y el Sur de Bolívar, además de asociaciones indígenas y afrodescendientes de Antioquia, Chocó, Guainía, un llamado vehemente, como el que desde hace varias semanas se hace en el Chocó, para que el Congreso con el apoyo La minería es una oportunidad histórica como asunto de justicia social y reconocimiento de derechos humanos.
La extracción del oro se llevó a cabo utilizando conocimientos y técnicas conocidas y desarrolladas por los pueblos indígenas precolombinos.
del mismo Gobierno, aprueben estos dos proyectos de ley, el 314 de 2020 Senado y el 510 de 2021 Senado, atendiendo la necesidad que tienen esas comunidades integradas por hombres y mujeres barequeros y sus familias, cuya subsistencia depende exclusivamente de esta actividad minera, de que su actividad sea formalizada, y de poder acceder a los servicios del sector financiero que en su criterio constituye un derecho fundamentalísimo, hoy absolutamente restringido para ellos, impidiéndoles gozar de los beneficios derivados del sector financiero, así como mejorar nuestras condiciones de venta y comercialización del material que extraen producto del barequeo, las que, al no poder ser objeto de pago por el sistema financiero, son reconocidas y tasadas a valores muy ínfimos, frente al que se paga al comercializador.
Oportunidad histórica Llegó la hora, H. congresistas, de no dejar perder esta oportunidad histórica para apoyar un sector tan importante de nuestra sociedad y nuestra economía, se trata de un asunto de justicia social, de reconocimiento de derechos y garantías que merecen tantos campesinos, indígenas y afrodescendientes que habitan
territorios mayoritariamente olvidados por el Estado Colombiano, que viven un verdadero estado de cosas inconstitucionales, cuya actividad fue tan significativa en nuestras campañas libertadora y de independencia, de la que subsisten miles de familias que por generaciones han ayudado a mantener nuestra economía, y cuyas regalías son muy necesarias para todos los colombianos. No los olvidemos, los pequeños mineros o mineros de subsistencia también son colombianos, no como lo decía el ya citado embajador, los legales que vienen a Expo Dubái, de las grandes empresas multinacionales, que viven por su lado los rigores de unas autoridades gubernamentales que se niegan a permitir el desarrollo de grandes proyectos mineros alegando presuntos daños ambientales, a quienes en escenarios como el de Dubái venden la idea de que en Colombia hay seguridad jurídica, que se puede y debe invertir, cuando la verdad es todo lo contrario. Y los ilegales, que están en Colombia. Dejemos de lado la estigmatización contra unos y otros, y entre todos, con concertación, con coordinación y concurrencia con las diferentes autoridades nacionales y locales, impulsemos la transformación de nuestra minería por el bien de la Patria.
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Proceso tradicional de extracción del oro en el Río Atrato (Chocó).
¿QUIÉNES SON MINEROS EN COLOMBIA?
Por: Horacio Gallón Arango
Por tradición y ancestralidad en Colombia tenemos cerca de 300 mil personas dedicadas a la minería, actividad que vienen ejerciendo de generación en generación pero que lamentablemente con la aprobación del código minero, Ley 685 de 2001, y el proceso de promoción de inversión que contemplaba la Ley, entre 2001 y 2009, se pasó de 2.900 títulos mineros a 8.900, desconociendo la posibilidad de legalizar a quienes ejercían esta actividad en muchas de estas áreas y que por diferentes razones no lograron la adjudicación de un título minero.
E
n este periodo se adjudicó casi la totalidad del territorio susceptible para ser titulado, lo que significó que las personas que eran reconocida en su territorio como empresarios de la minería y generadores de empleo, pasaran de un día para otro a realizar una actividad ilegal y se denominaran mineros informales y criminales y en algunos eventos resultaron perseguidos por extracción ilícita de minerales. Triste que las normas limiten la posibilidad de obtener ingresos a las familias colombianas por el simple hecho de no tener capacidad tecnológica, administrativa y de gestión, que, entre otras, se da como consecuencia de la falta de acompañamiento estatal, la deficiente garantía de información pública, oportuna y clara, pero que generalmente si gocen de estas capacidades e información privilegiada grandes compañías extranjeras dedicadas a esta actividad.
Existe una estigmatización con este oficio y de manera especial con aquellas familias que realizan estas labores hace muchos años, inclusive en la época en que solo se conseguía para el diario, hoy con los precios internacionales del oro se pueden obtener mejores ingresos, pero el Estado los restringe hasta en la cantidad que pueden obtener incorporándoos en una clasificación de barequeros cuando muchos de ellos eran microempresarios mineros. Lo increíble es que a pesar de que la conquista por parte de los españoles se da por el oro debido a nuestras riquezas minerales en el suelo y el subsuelo y que por miles de años se ejerce esa profesión en Colombia, preferimos a las compañías grandes y multinacionales que solo dejan las regalías y en algunos casos un porcentaje mínimo de las mismas, que a los colombianos que pagan las regalías y a la vez el fruto de su trabajo circula al 100% por la economía nacional.
9 Discriminación al pequeño minero Al pequeño minero lo tratan de ilegal, informal, criminal; al pescador lo tratan de artesanal; al vendedor como informal; otras profesiones las tratamos como son y sin adiciones: campesino, obrero, electricista, lustrabotas, panadero, cerrajero, celador y demás. Si continuamos permitiendo que estos mineros que ejecutan la actividad heredada de sus ancestros como informales, ilegales o criminales sigan siendo discriminados mañana los discriminados seremos todos. En un país donde el área susceptible de ser concesionada con un contrato minero se encuentra casi en su totalidad titulado o solicitado, tiene mayor dificultad implementar políticas viables para los mineros a pequeña escala o mineros tradicionales. Llevamos 20 años legislando a favor de la mediana y gran minería y los escasos mecanismos de formalización planteados para la pequeña minería no resuelven un problema estructural, como dicen pañitos de agua tibia. Antes de aprobar el código minero en el año 2001, el gobierno debió realizar una caracterización y capacitación para que los mineros tradicionales tuvieran oportunidades para obtener títulos, además el gobierno debió excluir áreas ricas en minerales y entregarlos a estos y no tuviéramos la dificultad que tenemos hoy persiguiéndolos y estigmatizándolos cuando extraen el 45% del oro del país. Lo cierto es que también hay soluciones desde que exista la voluntad política. En el 2020 la producción de oro fue de 63 toneladas incluyendo lo extraído por los mal llamados informales, solo 285 mil millones de pesos en regalías, los mineros de subsistencia reportaban la producción de 30 toneladas de oro al año, de las 63 del total nacional. Estas cifras se dan porque como ya se mencionó gran parte del territorio con aptitud minera está titulado o solicitado y solo se explota menos del 3%, quedando un 97% del área en supuestos cruces de trámites ya sea de títulos o solicitudes, o exploraciones eternas o fiscalizaciones débiles que no permiten evidenciar el estado cierto de las actividades extractivas, lo que genera inamovilidad en la productividad y se propician actos de corrupción y finalmente el negocio de especulación de títulos mineros en bolsa coadyuva estas malas prácticas. Las mujeres han sido protagonistas en la extracción responsable y sostenible con el medio ambiente.
La escucha mutua entre las autoridades y los mineros ha construido mejores oportunidades para el sector.
¿Cómo se puede dar la formalización? Se requiere formalizar a todos los mineros tradicionales y quitar el nombre de minería de “subsistencia” que los esta llevando por debajo de las condiciones y expectativas de vida; todos los colombianos queremos progresar, pero a los mineros informales se les prohíbe colocando máximos de producción. La formalización se puede dar de las siguientes maneras: * Exigiendo y no suplicando subcontratos de formalización minera (coexistencia), * Exigiendo que mínimo el 10% del área titulada y no explotada sea cedida a los mineros sin título. * Evitando la especulación con títulos implementando un centro tecnológico de transparencia que de cuenta del estado actual de la fiscalización realizada año a año del estado del proyecto en cualquiera de sus etapas. Hacer una
reforma minera entregando nuevos títulos a organizaciones conformadas por los mineros ancestrales, conformando un banco de áreas de reserva especial. Es bueno recordar que Colombia ha legalizado divisas que los colombianos tenían en el exterior sin declarar en años, dando amnistías en muchos casos; llegó el momento de exigir una amnistía para los mineros ancestrales, caracterizándolos, apoyándolos en su actividad, buscando como normalizar sus ingresos, obligando a la bancarización y a la parafiscalidad, asociándolos por unidades mineras o territorios y exigiendo el pago de regalías e impuestos justos. Esto, junto con una fiscalización diferencial permitirá una extracción controlada, responsable y sostenible ambiental, técnica, económica y social.
10 ES EL MOMENTO DE ACABAR CON LA MINERÍA CRIMINAL Y DESTRUCTIVA DEL MEDIO AMBIENTE
Por Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán Presidente de la Comisión Quinta Cámara de Representantes
C
omo Presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, donde abordamos entre otros temas, toda la legislación respecto a la minería en el país, manifiesto mi postura en favor de la bancarización minera. Es fundamental que los titulares mineros tengan acceso a los servicios financieros que ofrecen las diferentes entidades del sector bancario del país. Es de resaltar que, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía (2019), el sector minero en los últimos años ha representado cerca del 2% del Producto Interno Bruto del país y ha dejado hasta 2.5 billones en regalías, sin embargo, el crecimiento inminente de este sector ha traído consigo prácticas que afectan la seguridad de la nación como la minería criminal y destructiva de nuestro ambiente. Es por ello que he radicado, en conjunto con el Presidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez, el proyecto de ley 440 de 2020 Cámara y 510 de 2021 en Senado, “por medio del cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional, y se dictan otras
11 disposiciones”. Como congresista, apo- que el desarrollo de esta actividad se portante grupo que mueve una imyo y defiendo esta iniciativa, pues es hará de manera más consciente, legal y portante cifra monetaria en Colombia, oportuno que dentro del ejercicio de cuidadosa del medio ambiente. debemos dar pasos contundentes por reactivación económica en la reactivación económica Colombia, la bancarización y esta es una oportunidad Es el momento de eliminar la minera nos permita genevaliosa de demostrar que estigmatización que tiene el sector rar mayores ingresos por estamos articulados en regalías y así mismo increfavor del país impactando financiero frente a este grupo mentar los impuestos y el positivamente la economía que mueve una importante cifra control de capitales. nacional y continuando en Mediante este ejercicio la lucha vehemente en conmonetaria en Colombia, debemos de bancarización minera, tra de la minería criminal. dar pasos contundentes por la estamos promoviendo la Actualmente, este Proreactivación económica y esta es una yecto de Ley se encuentra legalidad, lo que sin duda redunda en entregar a los en la Comisión Quinta del oportunidad valiosa de demostrar titulares mineros confianSenado de la República que estamos articulados en favor del za estatal, motivándolos a desde donde se analiza el país, impactando positivamente la su formalización y coninforme de la subcomisión, virtiéndolos en aliados esperamos que una vez economía nacional. del sector productivo de surjan los trámites necenuestro país. Son muchas sarios, sea votado favoralas ventajas que tiene esta iniciativa, En este sentido, es el momento de blemente en el Congreso y contribuir entre las que destacan la generación de eliminar la estigmatización que tiene mediante la aplicación de la norma a la empleos y una de las más importantes, el sector financiero frente a este im- legalidad minera en Colombia.
Las mujeres han sido protagonistas en los procesos de legalización de la actividad.
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LA BANCARIZACIÓN Y LA FORMALIZACIÓN MINERA NO DAN ESPERA La senadora Nora García Burgos es integrante de la Comisión V que se ocupa del régimen agropecuario, la ecología, el medio ambiente, los recursos naturales, así como de los asuntos relacionados con minas y energía. Por varios años ha trabajado en defensa del sector minero, particularmente de los pequeños extractores. Desde su militancia en el Partido Conservador Colombiano ha sido una defensora de los derechos de la mujer, las poblaciones menos favorecidas y la región Caribe.
Senadora de la República, Nora García.
En el Congreso de la República avanza el proyecto de ley para conseguir la bancarización y formalización de los pequeños y medianos mineros, lo que les permitiría acceder al sistema financiero, ejercer su labor sin tantas dificultades y continuar aportando a la economía del país, a la que contribuyen con 1,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), además de representar más de 11 % de las exportaciones.
L
a Revista El Congreso Siglo X X I habló con la senadora Nora García Burgos, quien es autora y ponente de dos iniciativas con las que se busca la bancarización y la formalización minera para acabar con la estigmatización de las comunidades dedicadas a esa actividad y se les entreguen herramientas para el acceso al sistema financiero. Con ello, la congresista conservadora quiere ayudar al crecimiento de la economía y al cierre de brechas de desigualdad en el país suramericano.
más del 11% de las exportaciones, lo cual refleja la importancia de brindarle herramientas a través de unas iniciativas legislativas que le proporcionen a los pequeños y medianos productores instrumentos que permitan reflejar el aporte que hacen al sector y que se conviertan en una población más visible y menos vulnerable, ofreciéndoles la oportunidad de que reciban el mismo beneficio que generan ellos.
¿Cuál es la importancia de los dos proyectos de ley sobre minería, que usted lidera, uno de su autoría y el otro como ponente?
La forma en la que se han venido aplicando las normas generales para la exploración y explotación minera, le han representado muchas dificultades a los pequeños y medianos mineros en cuanto al acceso a los procesos de legalización y formalización minera,
El sector minero es uno de los motores principales de la economía de nuestro país, aporta 1,6% del PIB y representa
¿Cómo considera usted que estos dos proyectos de ley beneficiarán el sector minero?
13 largo trabajo en donde hemos escuchado las necesidades de las comunidades a través de audiencias públicas y de mesas mineras, escenarios en los cuales han podido manifestar los retos a los cuáles se enfrentan, en el ejercicio de la formalización de sus actividades. ¿Con esta iniciativa el sector estará un paso más cerca de alcanzar la legalización minera? La dotación de elementos de trabajo ha sido importante para la población minera.
motivo por el cual he liderado dos iniciativas legislativas que se complementan; la primera es el proyecto de ley 314 de 2020 Senado, en donde se crea un plan único de legalización minera que le permitirá a estas comunidades tener un camino viable para tener sus títulos mineros y no seguir siendo perseguidos por la justicia, y la segunda es el proyecto de ley 510 de 2021 Senado en donde se crean unas herramientas a través de las cuales se promueve el acceso al sistema financiero de los pequeños y medianos mineros, con el fin de legalizar las operaciones bancarias de estas comunidades y así puedan ejercer su labor en la minería y continuar aportando a la economía del país.
tenido presencia del conflicto armado y de actores al margen de la ley, esto ha afectado de manera diferencial a los pequeños y medianos mineros, quienes han cargado en sus hombros las consecuencias de ser los menos visibles dentro de la cadena de producción del sector. De esta manera, ha sido evidente la necesidad de legislar en beneficio de ellos, como congresista integrante de la Comisión Quinta, el tema no me ha pasado desapercibido, es por ello que en los últimos años hemos construido de la mano con los pequeños y medianos mineros, el Ministerio de Minas y Energía y otras entidades del sector, un marco regulatorio que funcione armónicamente en la práctica, para que los ¿Qué les hizo volver la mirada del Congreso pequeños y medianos mineros de nuestro a un sector tan estigmatizado y marginado? país logren su formalización, beneficios En primer lugar, es importante conocer la financieros y además, asegurarnos que se problemática que buscamos regular. Duran- cumpla con la política de prevención y conte los últimos años, las políticas de la lucha trol del lavado de activos. contra el narcotráfico y prevención y control de lavado de activos han clasificado la ¿Corresponden estos proyectos de ley a las minería como una actividad de alto riesgo, necesidades de las comunidades mineras? en parte, porque los lugares de extracción Las iniciativas legislativas que actualmense ubican en zonas que históricamente han te cursan en el Congreso nacieron de un
Sin duda la aprobación de estas iniciativas representa un gran paso para que los pequeños y medianos mineros tengan unas bases legislativas que crean y modifican una serie de trámites para su formalización, adaptado a las realidades del sector y la oferta institucional, de esta manera, se vincula a la autoridad minera y sus respectivas entidades adscritas para que se detenga la persecución en contra de esta población. ¿Cree usted que con estos proyectos, se lidera la defensa de los derechos e intereses del sector minero?
Desde el Partido Conservador, históricamente, hemos liderado diferentes iniciativas que apuntan al desarrollo del sector minero colombiano, como uno de los sectores con mayor potencial para el desarrollo económico del país. Asimismo, el de otros sectores económicos, atendiendo las problemáticas y retos que afrontan cada uno. Hace parte de nuestro compromiso con el país para que desde los lugares de toma de decisión se promueva el crecimiento económico y el cierre de brechas de desigualdad. Con esta insignia, la situación de los pequeños y medianos mineros hace parte de nuestra agenda, así como el de otros sectores donde los colombianos y colombianas necesitan de la intervención del Estado para lograr mejores condiciones. ¿Qué mensaje quiere enviarle usted a las comunidades de mineros tradicionales?
Desde mi labor como congresista continuaré aunando esfuerzo para visibilizar las diferentes problemáticas del sector minero, así mismo reafirmarles mi compromiso con estas iniciativas que representan un cambio histórico para las comunidades de pequeños y medianos mineros. La comunicación asertiva ha construido el tejido social en las regiones mineras.
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REFORMA LEGAL MINERA
Con la formalización de la actividad minera se busca mejorar la calidad de vida de esta población.
Por: Jorge Edgar Espinosa González
Colombia presenta serias limitaciones institucionales, sociales y ambientales para un necesario y oportuno desarrollo de la minería. Es poco probable que proyectos como La Colosa, Gramalote, Segovia, Minesa en el páramo de Santurbán y Quebradona en Jericó, entre otros, puedan consolidarse antes de 2030.
E
s contradictorio que la política gubernamental en materia de desarrollo económico, incremento de la productividad y consecuentemente de generación de riqueza, se concentre en estos proyectos de multinacionales. Los dos últimos gobiernos se han dedicado a criminalizar las comunidades mineras antes que a legalizarlas y/o formalizarlas, sin considerar las graves condiciones de pobreza y miseria de nuestras zonas rurales, sin entender su vital aporte al desarrollo económico nacional y lo más importante: su aporte en la construcción de territorios superando la gigantesca falencia de la ausencia del Estado en los lugares más remotos e inhóspitos del país. El grave conflicto social y
político que vive la Nación, se desprende de la incompetencia e inercia perversa del Estado frente a estas regiones, la mayoría de las cuales están sometidas no solo por actores armados irregulares sino a la dictadura ambiental de áreas protegidas no planificadas en particular las de las zonas de reserva forestal de la ley 2ª de 1959, una ley que se promulgó para el desarrollo económico del país a partir de sus bosques, pero que terminó convertida, en un contexto de arbitrariedad, por el Decreto Ley 2811 de 1974 en una norma contraria al desarrollo económico nacional, a la titulación de la tierra y la atención de las necesidades fundamentales de quienes precariamente moran en estos territorios.
15 Producción de oro Según la UPME la producción legal de oro de Colombia en el año 2016 fue de 63,16 millones de gramos, mientras que para el año 2020 era de 47,64 millones de gramos. En el año 2012 la Asociación Colombiana de Minería estimaba que el 80% de la producción de oro era ilegal, por lo que se estima que la producción real de oro del país es superior en dos terceras partes a la de las cifras oficiales. Solamente en el Sur de Bolívar para el año 2010, el Censo Minero (Incompleto, ya que no se realizó sobre las zonas mineras controladas por el ELN) identificó una producción cercana a las 40 toneladas de oro anuales. Se aprecia hoy que la producción de las grandes compañías no supera anualmente el 9% del total de la producción nacional registrada de manera oficial. Esto significa ni más ni menos que más del 90% de la producción nacional proviene de la mediana y pequeña minería, así como del barequeo y el 87% de ella es ilegal pero no criminal. Cabe anotar que las explotaciones mineras solo ocupan el 0.014% del territorio nacional. Bajo estos parámetros, la producción para el año 2020 fue superior a las 141 toneladas; esto a precios de hoy tendría un valor de Treinta billones Trescientos Cincuenta Mil Millones de pesos, que pudieron ser contabilizados por el erario nacional, si la producción de la pequeña minería, la minería tradi-
La producción legal de oro de Colombia en el año 2016 fue de 63,16 millones de gramos.
cional y la minería de subsistencia, hubiese contado con válidos y efectivos procesos de legalización, cosa que no sucedió, dado que los procesos de legalización ordenados por la ley 685 de 2001 y la ley 1382 de 2010 han sido un absoluto y rotundo fracaso y los procesos de formalización han tenido serías y graves limitantes que parten de la arbitrariedad generalizada de la autoridad minera competen-
te, dedicada a colocar en graves condiciones de inseguridad jurídica y de criminalidad a las comunidades mineras del país y no ha incrementar sustantivamente la producción aurífera nacional, que debería lograr una producción superior a las 300 toneladas año para el 2030, con ingresos superiores a los 90 billones de pesos y un incremento del PIB superior al 7%, convirtiéndose en el soporte fundamental de ingresos nacionales necesarios para dinamizar sectores económicos como el agroindustrial y el turismo y atender las demandas sociales vigentes.
Legalización y formalización Los procesos de legalización y formalización de la Minería Pequeña y Tradicional en Colombia no han podido consolidarse, dada la marcada ineficiencia institucional y otros factores de política pública que se unen a la falta de una normatividad clara y precisa en materia minera y ambiental. El Estado no ha reconocido suficientemente sus particularidades. Con la expedición del Código de Minas en 2001, se eliminó la estratificación por escalas de la explotación minera, lo que implicó que en su momento se unificaran los requisitos para acceder a una concesión minera sin considerar las particularidades que generan diferencias entre los mineros pequeños y tradicionales y las operaciones Los procesos de legalización y formalización de la Minería Pequeña y Tradicional en Colombia no han podido consolidarse.
16 mineras de mediano y gran tamaño. Es importante resaltar que en la práctica, la nueva clasificación no ha tenido un efecto diferenciador importante que haya apalancado un cambio en la forma de relacionamiento de las autoridades mineras y ambientales con los mineros tradicionales y los pequeños mineros. En términos generales, a estos tipos de minería se le sigue dando el mismo tratamiento que al resto del sector, generándose con ello importantes traumatismos en la implementación efectiva de los procesos de legalización y formalización adelantados (casi inexistentes) y desalentando a los mineros que participan en estos procesos en su empeño por ejecutar de manera legal todas sus actividades, hecho que justifica la promulgación de un nuevo marco legal que reconozca La minería se realiza en departamentos como Antioquia, Boyacá y la región Orinoquía. y favorezca a las comunidades mineras en aspectos sustantivos para el mejoramiento des mineras, herramientas mínimas necesa- Nación. de sus condiciones de hábitat, trabajo y pro- rias que no afecten seriamente el medio am- 4. Los procesos de formalización no increducción tecnificada. biente y permitan un incremento sustantivo mentan la producción, ya que en la mayoría de sus ingresos de sobrevivencia. de los casos se ven obstruidos por la misma La centralización, una dificultad 2. En el escenario de continuidad, la mine- Autoridad Ambiental con sus dispendiosos, La centralización de las autoridades com- ría va a seguir presentando condiciones de engorrosos e inexactos procesos administrapetentes en materia minera en Colombia, incertidumbre en términos sociales y legales tivos, las estadísticas negativas lo demuescon puntos de atención regional sólo en las impidiendo el ingreso de proyectos a gran tran plenamente, hoy todos los proyectos principales ciudades y el Ministerio de Minas escala durante la presente década. mineros se ven afectados por la maraña tray Energía, dificulta la presencia efectiva de 3. Las comunidades en donde actualmente mitológica ambiental. estas entidades en las regiones y por ende el se explota el mineral no están en contra de la acompañamiento a los pequeños mineros. minería, viven de ella. La minería tradicional Ausencia de tecnologías Sin un alcance territorial mayor se hace difí- siempre está ligada a la minería ancestral en Los pequeños mineros no cuentan con accecil reconocer las realidades de la minería en Colombia. Esta minería fue el soporte bási- so a tecnologías que les permita optimizar el el país; es imposible para el Estado el reco- co para el desarrollo económico de nuestra proceso de beneficio del oro, lo que implica nocimiento de la minería de subsistencia y tradicional, así como su diferenciación clara con los fenómenos de ilicitud o criminalidad, bajo este modelo centralizado inoperante. El país demanda una política seria y adecuada con la realidad de nuestras regiones por parte del Estado. El Congreso de la República entendiendo la magnitud de esta problemática ha iniciado un proceso legislativo a partir de tres importantes Proyectos de Ley: 314/20 Senado; 344/20 Senado y 440/20 Cámara – 510/21 Senado para superar las gravosas condiciones en que se desarrolla esta actividad del sector primario de la economía nacional para lo cual ha considerado que: 1. Los barequeros aportan una producción anual aproximada de 15 toneladas, que puede doblarse si se les entregan a estas comunidaEl país demanda una política seria y adecuada con la realidad de nuestras regiones por parte del Estado.
17 Anticipada en Títulos de Pequeña Minería, Controles por Excesos de Producción y en la Comercialización Minera, Requisitos y Obligaciones para la Comercialización de Minerales y Notificación de Actos Administrativos a Personas Que Habitan en las Zonas Rurales, son entre otros los aportes del PL 314/20 Senado en su ponencia para segundo debate Senado.
El Estado debe garantizar los títulos de pequeña minería, los controles por excesos de producción para garantizar la conservación del recurso.
una mayor afectación tanto a su salud como al medio ambiente. Por ejemplo, muchos pequeños mineros recurren al mercurio para el procesamiento del oro, y aunque a partir de julio de 2018 en aplicación de la Ley 1658 de 2013 se ratificó el Convenio de Minamata que prohíbe el uso de mercurio, en la práctica no se tiene acceso a tecnologías alternativas que permitan su eliminación. Para ello es fundamental crear nuevos canales financieros, a partir del Fondo de Fomento Minero que se propone por parte del Congreso de la República. La inclusión en los proyectos de ley enunciados inicialmente de diferentes artículos
facilitadores y clarificadores de la actividad de las comunidades mineras permitirá resolver graves conflictos en materia de definiciones, con serios y positivos ajustes en materia de Minería de Subsistencia, Minería Tradicional, Minería Ilegal o Ilícita, Piedras Preciosas, Plan Único de Legalización Minera, Caducidad por desconocer la existencia de mineros tradicionales, Fondo de Fomento Minero, Prenda, Centros de Desarrollo Tecnológico y Parques CTI, Bancarización y Educación Financiera, Modificación de los Sistemas de Cuadrícula, Aprovechamiento Secundario, Reconversión de Actividades Mineras, Explotación
Sistema Financiero En materia de Servicios del Sistema Financiero y Asegurador Nacional y la promoción al acceso de los Titulares Mineros, Explotadores Mineros Autorizados y Comercializadores a estos y el relacionamiento del Sector Minero con el Sistema Financiero y Asegurador, el PL 440/20 Cámara – 510/21 Senado fija una política de cumplimiento del sector minero frente a este Sistema. En particular la vinculación del Sistema Financiero y Asegurador de naturaleza pública. Es importante destacar el aporte que establece obligaciones a la Autoridad Minera, como única entidad competente para la entrega de información en materia de capacidad económica, financiera y administrativa y el reconocimiento de operaciones no bancarizadas. De otra parte, se hace necesario regresar en el Plan Único de Legalización y Formalización Minera a los Distritos Mineros Especiales, jurisdicciones geológico mineras creadas por la UPME y consagradas en la fallida Ley 1382 de 2010, con el propósito de buscar la desconcentración de funciones en los territorios mineros, ya que la centralización de las autoridades competentes en materia minera en Colombia, particularmente la Agencia Nacional de Minería, dificulta el acompañamiento efectivo de estas entidades a las regiones y por ende a los pequeños mineros. Es claro que la problemática de la informalidad e ilegalidad minera tiene múltiples aristas y en la medida en que se fortalezca y modifique la política de legalización y formalización teniendo en cuenta todos los aspectos antes señalados, se podrán abordar acertadamente elementos técnicos, económicos, de salud pública, equidad social y aspectos de seguridad y defensa, que contribuirán positivamente al fortalecimiento integral del sector y consecuentemente al desarrollo nacional.
Los procesos tradicionales deben replantearse para la conservación ambiental y la protección de recursos como el agua.
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“RONDAS: UN SALTO HACIA LA MINERÍA DEL FUTURO” Con la inauguración del pabellón de Colombia en EXPODUBÁI 2020, en la semana de la minería, el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Juan Miguel Durán Prieto, destacó la importancia de este sector en la economía nacional, al punto de representar 1.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) y 25 % del total de las exportaciones en el año 2020, en medio de una difícil coyuntura mundial.
Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Juan Miguel Durán Prieto.
L
a intervención del funcionario cobra relevancia, si se tiene en cuenta que se dio en un escenario donde participaron numerosas empresas mineras colombianas y un grupo muy importante de inversionistas extranjeros, especialmente de los Emiratos Arabes, Europa e India. Se destacan en particular las valiosas palabras que pronunció con respecto al papel que las Rondas Mineras, lideradas desde esa entidad gubernamental, tienen dentro de
una visión del futuro minero del país, pero sobre todo, una oportunidad para los inversionistas extranjeros, considerando que Colombia es el primer país en Latinoamérica y el Caribe en el índice de atracción de inversión, mejores precios y potencial mineral. Así lo demuestran los 16 acuerdos comerciales suscritos, 14 de ellos de inversión y 12 de doble tributación. En el evento internacional, Durán Prieto recalcó que la minería es un importante
sector económico para el país, al punto de representar el 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 25% de las exportaciones totales en el año 2020, lo que significó alrededor de U$402 millones de dólares de regalías. Sobre las rondas mineras, el funcionario las consideró una herramienta fundamental para lograr la diversificación de minerales estratégicos e impulsar la exploración en el país, siendo además un proceso flexible, competitivo y transparen-
19 te con tiempos claramente establecidos para acceder a las zonas mineras. También, el otorgamiento de áreas con alto potencial mineral mediante procesos de selección objetiva, con mayores beneficios para los territorios y sus comunidades, cada uno de los cuales señala unas etapas claramente definidas que persiguen una amplia participación ciudadana.
Beneficios a inversionistas extranjeros En cuanto a los benef icios que estas rondas traen a los inversionistas extranjeros, el funcionario destacó los escenarios que se han consolidado a nivel social: procesos previos de coordinación y concurrencia con autoridades locales y consulta previa con comunidades; el acceso a la información ambiental actualizada y en l ínea; condiciones contractuales compet it ivas para impulsar la exploración minera y reglas claras y tiempos expeditos que generan seguridad jurídica para los inversionistas. En cuanto a lo que viene para el sector minero en Colombia, resaltó, por ejemplo, un mayor número de áreas mineras para ofertar; en este sentido, señaló que para el año 2022 esa agencia lanzará la “Ronda de Oro” para otorgar nuevas Áreas Estratégicas Mineras mediante un proceso de selección objetiva. En relación con los avances alcanzados, destacó la nueva manera de formalizar a los pequeños mineros. ¿Qué viene para el sector minero colombiano? Tras insistir en la importancia que el sector minero-energético representa para el país, Durán Prieto hizo un llamado para que se le de la atención que requiere verdaderamente este tema y deje de criminalizarse, en ocasiones, a una actividad que se ha demostrado será indispensable para la reactivación económica y para la consecución de un futuro más próspero. “Con la presentación de las ‘Rondas Mineras, un salto hacia la minería del futuro’ en #Expo2020Dubai, presentamos el potencial minero del país y la intención de avanzar en el desarrollo de una minería de clase mundial”, aseguró.
La minería colombiana se proyectó en la Exposición Universal de Dubái, Expo Dubái 2021.
RONDAS MINERAS • Las rondas mineras se plantean como alternativa para adjudicar áreas mineras, particularmente, áreas de reserva estratégica minera (AEM). • Es decir zonas con un alto potencial de minerales estratégicos, que han sido declaradas y delimitadas por la Agencia Nacional de Minería, ANM. • Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que deseen participar en las rondas mineras deberán solicitar la habilitación, cumpliendo con algunos requisitos de capacidad del orden legal, financiero, técnico y ambiental.
Las Rondas Mineras son una oportunidad para los inversionistas extranjeros en el país.
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LA APUESTA POR LA LEGALIDAD EN EL GUAINÍA El Gobernador del Resguardo Indígena Remanso Chorro Bocón de Guainía, Luis Camelo Moyano, espera que el Congreso de la República los apoye en la cruzada que han iniciado para avanzar en la formalización de la actividad minera en la región, la que por décadas se ha convertido en el sustento de muchas familias en la Orinoquía y la Amazonia, como también en uno de los principales componentes del desarrollo socioeconómico y cultural de sus comunidades. Gobernador del Resguardo Indígena Remanso Chorro Bocón de Guainía, Luis Camelo Moyano.
A
unque las autoridades indígenas reconocen que la minería ha sido la única fuente de ingreso para las comunidades del departamento del Guainía, consideran que esa actividad, la cual por muchos años se ha realizado de manera artesanal, debe hacerse dentro de un marco legal. Es así como el 18 de julio emitieron una declaración firmada por Luis Camelo Moyano, en representación del Resguardo Remanso Chorro Bocón y Aquileo Medina García, como vocero del Resguardo de la Cuenca Media y Alta del Río Inírida (CMARI), en la que solicitaron entonces a los capitanes y líderes de las comunidades de esos territorios, suspender cualquier actividad minera entre el día 25 de ese mes y el 1 de septiembre,
mientras se buscaba su legalización para un beneficio común. “Esta ha sido la única fuente de ingreso para muchas familias, pero para nosotros es muy importante y necesario que este trabajo se haga de manera legal y transparente”, aseguró Moyano, quien señaló que la suspensión temporal de esta actividad era necesaria para que no siga siendo un obstáculo en la expedición de las resoluciones que avalan la explotación legal en la zona minera de la región.
han participado los líderes indígenas y autoridades administrativas del departamento, así como funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad de Planeación Minero Energética, las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico y la Agencia Nacional de Minería (ANM), la pelota está en este momento en manos del Congreso de la República, donde están en curso dos proyectos importantes para la legalización de la pequeña y mediana minería y su bancarización. Los encuentros han Los primeros pasos tenido como propósito acercar a las autoriAunque ya se han dado los primeros pasos dades nacionales, departamentales y locales para la formalización minera en el Guainía, en torno a la formalización de la actividad con la realización de reuniones en las que extractiva en la región y al mismo tiempo co-
21 nocer las necesidades de las comunidades para llevarles soluciones reales que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y posibilidades de ingreso para subsistir. “La idea es legalizar la minería tradicional que nuestra gente ha venido ejerciendo de tiempo atrás, ya que es el único medio con el que sostienen a las familias. Por eso les hemos dado a conocer que nosotros vamos a trabajar la minería legalmente”, insistió el Gobernador del Resguardo Indígena Remanso Chorro Bocón de Guainía, Luis Camelo Moyano.
Proyectos clave Son dos iniciativas claves las que están en manos del Congreso de la República, la primera de las cuales establece un marco jurídico especial para la minería pequeña, mediana y tradicional que permita su legalización y formalización. La segunda está encaminada a lograr su financiamiento, bancarización y comercialización. El propósito también es establecer una normatividad especial en materia ambiental en las zonas donde se desarrolla esta actividad. El proyecto de ley de legalización minera, busca generar los mecanismos necesarios para la formalización de la minería ancestral y la pequeña minería, lo que le permitiría a más de un millón de mineros
Las autoridades indígenas reconocen que la minería ha sido la única fuente de ingreso para las comunidades del departamento de Guainía.
resolver su situación jurídica y legal, evitando de esa manera su estigmatización y poniendo fin al olvido estatal del que han sido víctimas por décadas en el país. La otra iniciativa tiene como objetivo garantizar a los barequeros, pequeños y medianos mineros, así como a las comercializadoras de minerales, el acceso a los servicios del sector financiero y bancario tanto público
como privado, que se les ha sido negado por carecer de un marco jurídico para ejercer la actividad extractiva, pese a representar un sector importante de la economía nacional. Y es que estas comunidades le generan al país más del 80% de las exportaciones de oro y otros minerales, así como de las regalías que por este mineral reciben los colombianos.
Los pequeños y medianos mineros buscan el acceso a los servicios del sector financiero.
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ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA MINERÍA
ANCESTRAL Y TRADICIONAL
DE SEGOVIA Y REMEDIOS,
VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE DERECHOS HUMANOS
Actualmente se conforma un equipo de trabajo en defensa de esta actividad ancestral.
Por: Ana María Espinosa Pujol, Fundadora Territorios Humanos Corp.
Desde 2011 inicié la participación en activismo y semilleros de derechos humanos, así como en escenarios académicos y concursos. Últimamente me he dedicado a estudiar cada uno de los aspectos en que se ha desarrollado la minería ancestral y tradicional, en los territorios de las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste del Departamento de Antioquia, acompañada de profesionales en las áreas afines, líderes sociales, defensores de derechos humanos, asociaciones y mineros tradicionales de varias regiones del país que hoy día conforman un gran equipo de trabajo en defensa de esta actividad ancestral.
F
u ndamentado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en adelante -DIDH-, a través de dos de las Asociaciones que los han agrupado ASOMINEROS BAJO CAUCA, en adelante - A S OM I N E RO S B .C .- y MESA MINER A SEGOVIA R E M E DIO S , e n a d e l a nt e -MESA M INER A SRdesde los años 2014 y 2015 presentamos sol icit udes de Audiencia Temática y Medida Cautel a r a nte l a Com isión Interamericana de Derechos Hu ma nos - CI DH-; pa ra el año 2017 inicio los estudios d e M a e st r í a e n D e r e c ho s Pena l en E A F IT, coloqu io
de investigación: “Territorio, minería tradicional, industrias extractivas y derechos humanos en Colombia: ¿pat rón de violación de derechos humanos a través del uso del ius puniendi del Estado?”, cuyo objeto es la identificación del papel que ha desempeñado en la política minera del Estado Colombiano y que implicaciones jurídicas y territoriales ha tenido como patrón de violación de Derechos Humanos, espec í f ica mente determinar las repercusiones en la Pol ít ica M i nera , identificar las consecuencias que en los territorios ha tenido el uso del mismo en relación con la violación de DDHH,
23 así como el “patrón” de violación de DDHH y proponer desde los territorios los lineamientos de una posible política pública minera.
Cadena productiva y costumbres Los Mineros Ancestrales y Tradicionales de estas regiones abarcan una arraigada cadena productiva, autodeterminada por sus propias costumbres laborales y económicas: mineros pequeños y medianos, barequeros, bota piedra, chorreros, chatarreros, entables, lava cocos, machadores, barrenderas, dragueros, tolveros, arrieros, volqueteros, buzos, motoristas, orfebres, metalmecánicos, rectificadores, jefes de corte, cateadores, compradores del oro, vendedores de insumos para minería, dirigentes de las asociaciones; mestizos, afrodescendientes e indígenas, en su mayoría víctimas del conflicto armado. Tema estructural relevante desde cuatro aspectos: Dimensión Social: miles de familias derivan su sustento, siendo la Minería Tradicional el articulador de una gran cadena productiva. Dimensión Cultural: la minería en Colombia data de antes de la conquista de América; para 1942 “A orillas del río Nechí, los indios Yamesíes fundían el oro con hierbas”, relataban los españoles en sus escritos, es un elemento que ha definido las costumbres de los grupos sociales y sus modos de vida, los cuales se han transmitido por generaciones, creando un arraigo en las comunidades hacia su territorio, identidad propia y cultura colectiva. Un mito de los mineros de Güelmambí, un lugar del Litoral Pacífico nariñense, re-
La cadena productiva de la población minera es autodeterminada por sus costumbres.
lata: “Antes de que nosotros, los negros, llegáramos, los indios vivían aquí en este mismo sitio. Los indios vivían debajo de la tierra y comían oro en platos de oro y bebían oro en tazas de oro y sus hijos jugaban con muñecas de oro. Cuando nosotros llegamos, los indios huyeron, por debajo de la tierra hacia montañas donde comienzan los ríos. Cuando salieron, grandes pájaros blancos los atacaron, los desangraron…pocos indios quedaron vivos. Pero antes de huir, los indios cogieron todo el oro y sus tazas llenas de piñas de oro y las muñequitas de oro y despedazaron todo con pies y manos y volvieron todo polvo de oro…Ahora, nosotros los negros tenemos que rompernos el cuerpo para encontrar el polvo de oro y poder mantenernos vivos en los sitios donde vivieron los indios(…)”1
Dimensión Ambiental: históricamente nuestro territorio nunca sufrió los estragos medioambientales por cuenta de la minería tradicional; hoy en día los grandes desastres ambientales en Colombia son producto de varios actores, entre ellos, las grandes compañías minero-energéticas, los grupos al margen de la ley y la omisión de las funciones de control y vigilancia por parte del mismo Estado. Dimensión Económica: históricamente ha sido un sector determinante en la economía colombiana y para la subsistencia de la población vulnerable.
Transversalización de las dimensiones Se han identificado varios aspectos que transversalizan estas cuatro dimensiones: -La omisión del Estado Legislativo y la discriminación negativa y violación del derecho a la igualdad como norma ius cogens, a favor de las multinacionales canadienses desconociendo las condiciones reales de las poblaciones en sus aspectos: territorial, social, cultural, económica y ambiental de las zonas de tradición minera y agrominera, afectadas por el conflicto armado interno. -Inexistencia de una política pública integral en concordancia con los territorios; falta de Control de Convencionalidad por prácticas y omisiones del Estado que transgreden la Convención Americana sobre DDHH y el efecto útil de la misma. -La reglamentación, del Poder Ejecutivo del Estado, viola per se la Convención Americana sobre DDHH. Decretos y Resoluciones que desconocen las realidades territoriales, la La Dimensión Económica: históricamente ha sido un sector determinante en la economía colombiana y para la subsistencia de la población vulnerable.
24 Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Colombia en relación con Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. La falta de distinción entre Minería Tradicional y Minería Criminal e Ilegal, ha generado el siguiente patrón de discriminación negativa: se distingue de manera ambigua los actores de la Minería en Colombia, generando un “Marketing Punitivo”, que legitima el abuso de la fuerza del estado.
Grupos que llevan a cabo la minería Se puede afirmar que la minería es llevada a cabo por tres grupos definidos por sus características de iure y de facto: Grupo N°1: Minería Ancestral y Tradicional, sin o con título minero o licencia ambiental, objeto de procesos fallidos o en trámite de legalización, que carecen efectividad y aplicabilidad de acuerdo con las formas tradicionales, los territorios y el conflicto armado. Grupo N°2: Minería Legal: con título minero y licencia ambiental algunas veces y formalidad empresarial. Generalmente, entregada a grandes empresas con capital extranjero, que no cumplen con los estándares mínimos de la debida diligencia, irrespetando las dinámicas de los territorios e imponiendo sus condiciones convirtiéndose en pequeños “estados” dentro del mismo Estado, ya que la formalización de los mineros que existen en el territorio de las concesiones mineras que les fueron otorgadas, solo pueden ser formalizados, si estas empresas tienen la voluntad de hacerlo. Aunado al anuncio del gobierno de un “Boom minero” en el año 2010; la minería es una actividad que fue catalogada como “una de las locomotoras de desarrollo para el país, pues atrae la inversión, crea riqueza y genera empleo en las regiones favorecidas”, desde ese año fueron concesionados títulos que abarcan gran cantidad de hectáreas del territorio nacional y en especial aquellos donde la riqueza minera ha sido fuente de subsistencia para las comunidades, con la llegada de grandes compañías multinacionales que ostentan el monopolio del negocio desde la extracción hasta la exportación del mineral, pagando cifras irrisorias en regalías e impuestos al país, aunado a los El “Boom minero” en 2010 fue catalogado como una de las locomotoras de desarrollo del país.
En Colombia, la minería ancestral no se puede catalogar como minería ilegal o criminal.
desastres ambientales y la conformación de pequeños ejércitos privados. Grupo N°3: Minería Ilegal: sin título minero, sin licencia ambiental y llevada a cabo por grupos armados al margen de la ley. A través de la recolección de información en campo y medios de comunicación analizados, hemos permitido determinar que la minería tradicional equivocadamente ha sido asociada a temas de narcotráfico, guerrillas, autodefensas, bandas criminales, delincuencia común, terrorismo, ilegalidad, crímenes, enemigos del Estado, depredación del medio ambiente y otras temáticas, calificativos y apelativos discriminatorios. De lo anterior se deduce diáfanamente que la normativa actual minera en materia
de expedición, aplicación, práctica y difusión transgrede de forma flagrante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al vulnerar derechos protegidos en ella y normas ius cogens, como la prohibición de no discriminación, en razón de su actividad en contra de un grupo humano de mineros tradicionales, al considerar que su formalización este supeditada a la voluntad de titulares mineros; recién llegados a los territorios, donde ellos han subsistido históricamente; calificados “automáticamente” como “criminales”, “ilegales” o “intrusos”; lo que acarrea una posible responsabilidad internacional del Estado por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ VOCERO
Dirección: (FWWJWF n *INƴHNT 9NJWWF +NWRJ 'TLTY¥ (TQTRGNF Correo Electrónico: [JJIZW±FIJKJSXFJJR%LRFNQ HTR Teléfono: 57-315 3404953
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UNA LABOR QUE MERECE SER RECONOCIDA