A LOS GENERALES MUERDE

La noticia de que una persona había sido asaltada en la autopista de la carretera 45 sur, apenas pasando la caseta de cobro no sería novedad, sucede consuetudinariamente, el hecho de que el asaltado a quién además robaron su vehículo un nada modesto Audi, sea un Jefe del Ejército Mexicano, un General destacamentado en la 14 Zona Militar, hace que la noticia adquiera una relevancia especial. La circunstancia además de que el vehículo apareció rápidamente hace suponer que cuando los maleantes se enteraron de las características de la víctima prefirieron no quedarse con el vehículo, agrega matices peculiares al asalto. El Ejército tiene muchos años de realizar o pretender realizar funciones policíacas con magros resultados en todo el país. El hecho adicional de la desaparición de la policía civil para ser sustituida con una Guardia Nacional que en su origen se legisló constitucionalmente que sería un cuerpo de naturaleza civil y que violando la Constitución y los Tratados internacionales, se ha convertido por disposición del Presidente, sancionada ilegalmente por el Congreso en un apéndice del ejército y que desde hace algunos años tiene presencia en Aguascalientes y en la zona centro del país, agrega al y a los asaltos perpetrados en ese tramo un componente de gravedad que denota la inseguridad en que vivimos los ciudadanos de estos rumbos.

No quiero decir que los militares estén vacunados contra asaltos, pueden ser y de hecho lo han sido, víctimas de la delincuencia organizada en enfrentamientos casuales o como resultado de acciones específicas de combate, pero despierta la inquietud, que parece generalizarse, que sólo vivimos una aparente calma que en buena medida parecería ser resultado de pactos entre los grupos delincuenciales cuya presencia en nuestro Estado se ha documentado desde el gobierno del Licenciado Otto Granados, con la incursión sorpresiva de un comando de la entonces Policía Federal apoyado por el ejército, para detener a varios integrantes de una familia de maleantes de apellidos Serratos, que residían en un fraccionamiento cerrado por el rumbo de las instalaciones del INEGI. Hubo otras acciones del Ejército y de la Marina para detener líderes de grupos criminales y hubo otras acciones lamentables que han quedado sin solución y por lo tanto sin culpables y sin castigo. El secuestro de una veintena de trabajadores de un bar en vías de acondicionamiento en la avenida Colosio, el asesinato del Comandante de la Policía Preventiva en un ataque armado cuando circulaba en su vehículo, el tristemente célebre “jueves negro” que fue la confirmación fuera de dudas de la presencia de células del crimen organizado y los más recientes hechos más o menos tratados de minimizar acaecidos en Los Conos, en Gómez Portugal, en Rincón de Romos, en Calvillo, etc., y las publicaciones que las propias bandas criminales han subido a las llamadas redes sociales, son elementos objetivos que dan cuenta de una creciente presencia de grupos delincuenciales. Es inevitable que, si todo el país se encuentra inmerso en una ola de violencia e inseguridad, nuestro Estado no podría ser la excepción. De hecho, habría que reconocer que las au- toridades han realizado y realizan esfuerzos para mantener en lo posible el orden y la seguridad, pero también habría que señalar que la presencia de Ejército y la de la Guardia Nacional, especialmente ésta última, no han tenido, ni con mucho, los resultados que pudieran esperarse del reforzamiento de los elementos militares con funciones policíacas. Los números oficiales a pesar de que de entrada no son confiables porque, por una parte la mayoría de los hechos delictuosos no son denunciados y por otra, las autoridades maquillan las cifras como se ha podido comprobar por Organizaciones Nacionales e Internacionales que investigan esos hechos y contrastan sus datos con los “otros datos” del gobierno, muestran que estamos muy lejos de poder abrigar una visión medianamente optimista en el ámbito de la seguridad.

Las reuniones interestales de autoridades policíacas, militares incluidos, de procuración de justicia y aún judiciales, que se celebran desde hace más de un sexenio no han sido ni serán la panacea, a juzgar por los resultados. Diversos hechos que son un secreto a voces, como el cobro de piso, la proliferación de las adicciones entre niños, adolescentes y jóvenes, hacen prender focos de alerta porque, lamentablemente, los padres de familia son los últimos en enterarse de que sus hijos han caído en las garras de las adiciones. Un hecho indiscutible es que cuatro años de gobierno del Presidente López Obrador no han dado resultado. Su cacareada política de “abrazos no balazos”, se ha transformado en balazos y más balazos, a un costo alto de víctimas. Las muertes violentas se han incrementado como nunca y el caldo de cultivo de la delincuencia también ha crecido. El índice de pobreza se ha incrementado. Las dádivas que, como el Presidente reconoció, son una estrategia política para el control del voto, no inciden en las fallas estructurales. Los pobres con limosna siguen siendo pobres, los desposeídos no poseen más por una pitanza. Las pensiones no compensan la carencia de atención médica, de medicinas, los impuestos indirectos que lastiman más a los pobres, no compensan tampoco la falta de guarderías y mucho menos el encarecimiento constante de los bienes y servicios. La conclusión lamentable pero real, es que las políticas del Gobierno Federal no han funcionado y poco pueden hacer las autoridades estatales y municipales frente a la crisis generalizada de un gobierno ineficaz e ineficiente, terco y obtuso que cierra los ojos ante la evidencia e insiste en sus prédicas matinales que cada vez son menos escuchadas y menos creídas. Lo único que la ciudadanía puede hacer, a más de tomar razón de la triste realidad del país, es prepararse para utilizar su mejor arma, quizás la única, que es el ejercicio del voto. Ya se constató que las promesas por enésima ocasión, quedaron en promesas, que las condiciones económicas, de salud, de educación de seguridad, etc., están peor que nunca y que la cerrazón presidencial sólo podrá revertirse con el ejercicio responsable del voto.

• Jesús Martin Jáuregui es Abogado, maestro universitario. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México,maestro de Derecho Romano y de Hermenéutica Jurídica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes