revista turba Por Hernán Cocchi foto: Martín Serra
La decisión de permitirle al monopolio Telefónica hacer pie en el juego había sido pensada como un contrapeso al enorme poder político ostentado por “El Grupo”, pero la negociación que tuvo que llevar adelante el kirchnerismo para sumar los votos del ex bloque Proyecto Sur lo dejaron como una mera declaración de intenciones. Pino y Lozano habían protestado con argumentos que parecían coherentes con una oposición constructiva: “Es sacar un monopolio con otro”. Pero su reclamo terminó beneficiando a Clarín al impedir que otro actor de enormes dimensiones y con respaldo para competir metiera la cola en el servicio de televisión paga. El proyecto sin esa autorización fue votado en la sesión del 9 de octubre de 2009 que terminó el 10 de madrugada cuando las barras gritaron “¡Viva la patria!” y el Senado lo aprobó. Pero Telefónica no se fue con las manos vacías, consiguió (¿toma y daca?) que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) no le otorgue a Cablevisión el paquete de números de teléfonos necesarios para que ofrezca telefonía. Ese freno, sin embargo, durará poco. Los nuevos avances tecnológicos permiten que el viejo par de cobre del teléfono o el coaxil del cable torne indistintos a los prestadores de televisión, internet o telefonía. Ellos reparten ceros y unos que nosotros decodificamos en nuestras casas.
La promocionada Ley de Medios, que tenía el antídoto contra los monopolios informativos, incuba en su articulado un germen que la puede volver inútil: no está preparada para la convergencia. La voz, los datos y la imagen se transforman en unos y ceros, y se filtran por la grieta que dejó la legislación recientemente ratificada por la Corte Suprema, sentando las bases para que otros actores controlen el mundo de la información.
A merced del Magnetto de los teléfonos 42
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l futuro está llegando, hace rato. Se acerca en forma de ceros y unos y es prácticamente imposible frenarlo. Solo hay que estar preparados y ponerle el pecho. La nueva palabra mágica es “convergencia”. ¿Qué significa? Que toda la información -voz, datos e imagen- nos llegará a través del mismo cable y que la computadora, el televisor, el teléfono y el celular podrán recibirla, procesarla y ponerla a nuestra disposición. ¿Te suena? Es porque ya pasa. ¿Y entonces? El Estado debería regularla. De lo contrario, los actores ya concentrados (telefónicas y cableros principalmente) desecharán sus inminentes viejos monopolios y se harán aún más poderosos, con nuevos
monopolios más convergentes. O mejor dicho: su posición dominante será otra, pero más dominante. A primera vista, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no establece límites a este nuevo estándar tecnológico o a este nuevo negocio con la tecnología que genera “dividendo digital”. Podría decirse que “nació vieja”, aunque su aplicación integral es un buen punto de partida para ordenar al futuro que se acerca y que está, literalmente, a unos pocos metros de nuestros hogares. El texto original de la Ley de Medios esbozaba una respuesta para este futuro convergente: permitía a las empresas telefónicas ingresar al mercado audiovisual a cambio de que otros jugadores puedan utilizar sus redes para prestar el servicio. Sin embargo, cuando el 28 de agosto de 2009 la presidenta Cristina Fernández envió el proyecto de ley al Parlamento, aclaró que había eliminado ese artículo “para desterrar las excusas para no tratar la ley”. Con esas palabras se refería tanto a los legisladores presionados por Clarín (con el que había roto el pacto de gobernabilidad tras el conflicto con las patronales agropecuarias); como al progresismo declamativo embanderado en Fernando “Pino” Solanas y Claudio Lozano, que habían puesto el grito en los medios.
Podría decirse que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “nació vieja”, aunque su aplicación integral es un buen punto de partida para ordenar al futuro que se acerca. El pasado 29 de octubre, la Corte Suprema sentenció lo que ya sabíamos: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional y debe aplicarse integral e igualitariamente a todos los actores. En su primer acuerdo post elecciones legislativas, los supremos dictaminaron que la libertad de expresión no se ve amenazada por las regulaciones estatales y que “si hay concentración, solo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones”. En la primera de las dos audiencias públicas convocadas por el máximo tribunal a fines de agosto, el semiólogo y miembro del Consejo Asesor de la Maestría en Periodismo del Grupo Clarín, Eliseo Verón, intentó justificar que la Ley de
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