revista turba Por Hernán Cocchi foto: Martín Serra
La decisión de permitirle al monopolio Telefónica hacer pie en el juego había sido pensada como un contrapeso al enorme poder político ostentado por “El Grupo”, pero la negociación que tuvo que llevar adelante el kirchnerismo para sumar los votos del ex bloque Proyecto Sur lo dejaron como una mera declaración de intenciones. Pino y Lozano habían protestado con argumentos que parecían coherentes con una oposición constructiva: “Es sacar un monopolio con otro”. Pero su reclamo terminó beneficiando a Clarín al impedir que otro actor de enormes dimensiones y con respaldo para competir metiera la cola en el servicio de televisión paga. El proyecto sin esa autorización fue votado en la sesión del 9 de octubre de 2009 que terminó el 10 de madrugada cuando las barras gritaron “¡Viva la patria!” y el Senado lo aprobó. Pero Telefónica no se fue con las manos vacías, consiguió (¿toma y daca?) que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) no le otorgue a Cablevisión el paquete de números de teléfonos necesarios para que ofrezca telefonía. Ese freno, sin embargo, durará poco. Los nuevos avances tecnológicos permiten que el viejo par de cobre del teléfono o el coaxil del cable torne indistintos a los prestadores de televisión, internet o telefonía. Ellos reparten ceros y unos que nosotros decodificamos en nuestras casas.
La promocionada Ley de Medios, que tenía el antídoto contra los monopolios informativos, incuba en su articulado un germen que la puede volver inútil: no está preparada para la convergencia. La voz, los datos y la imagen se transforman en unos y ceros, y se filtran por la grieta que dejó la legislación recientemente ratificada por la Corte Suprema, sentando las bases para que otros actores controlen el mundo de la información.
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l futuro está llegando, hace rato. Se acerca en forma de ceros y unos y es prácticamente imposible frenarlo. Solo hay que estar preparados y ponerle el pecho. La nueva palabra mágica es “convergencia”. ¿Qué significa? Que toda la información -voz, datos e imagen- nos llegará a través del mismo cable y que la computadora, el televisor, el teléfono y el celular podrán recibirla, procesarla y ponerla a nuestra disposición. ¿Te suena? Es porque ya pasa. ¿Y entonces? El Estado debería regularla. De lo contrario, los actores ya concentrados (telefónicas y cableros principalmente) desecharán sus inminentes viejos monopolios y se harán aún más poderosos, con nuevos
monopolios más convergentes. O mejor dicho: su posición dominante será otra, pero más dominante. A primera vista, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no establece límites a este nuevo estándar tecnológico o a este nuevo negocio con la tecnología que genera “dividendo digital”. Podría decirse que “nació vieja”, aunque su aplicación integral es un buen punto de partida para ordenar al futuro que se acerca y que está, literalmente, a unos pocos metros de nuestros hogares. El texto original de la Ley de Medios esbozaba una respuesta para este futuro convergente: permitía a las empresas telefónicas ingresar al mercado audiovisual a cambio de que otros jugadores puedan utilizar sus redes para prestar el servicio. Sin embargo, cuando el 28 de agosto de 2009 la presidenta Cristina Fernández envió el proyecto de ley al Parlamento, aclaró que había eliminado ese artículo “para desterrar las excusas para no tratar la ley”. Con esas palabras se refería tanto a los legisladores presionados por Clarín (con el que había roto el pacto de gobernabilidad tras el conflicto con las patronales agropecuarias); como al progresismo declamativo embanderado en Fernando “Pino” Solanas y Claudio Lozano, que habían puesto el grito en los medios.
Podría decirse que la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “nació vieja”, aunque su aplicación integral es un buen punto de partida para ordenar al futuro que se acerca. El pasado 29 de octubre, la Corte Suprema sentenció lo que ya sabíamos: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional y debe aplicarse integral e igualitariamente a todos los actores. En su primer acuerdo post elecciones legislativas, los supremos dictaminaron que la libertad de expresión no se ve amenazada por las regulaciones estatales y que “si hay concentración, solo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones”. En la primera de las dos audiencias públicas convocadas por el máximo tribunal a fines de agosto, el semiólogo y miembro del Consejo Asesor de la Maestría en Periodismo del Grupo Clarín, Eliseo Verón, intentó justificar que la Ley de
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Con la interné no se jode Medios era obsoleta por las transformaciones que Internet está produciendo en la manera de difundir y consumir información. Los jueces de la Corte lo refutaron con una sugerencia convergente para que los diputados y senadores nacionales actualicen el marco legislativo: “Si se trata de una ley moderna o inadecuada a las circunstancias actuales, si debió o no tener en cuenta el principio de convergencia tecnológica (…) son todas cuestiones que quedan libradas al exclusivo ámbito de decisión de los otros poderes”. Pocas páginas más adelante, los supremos insistieron: “la función de esta Corte no es la de establecer si la ley 26.522 se adecúa a los avances tecnológicos”. Hasta los gerontes del máximo tribunal asumen que la convergencia se acerca velozmente y que el Estado debe estar atento a esto.
va regulaciones locales con su plataforma de cine y series online que cuenta con 32 millones de usuarios en todo el mundo. En 2011, facturó 3.200 millones dólares y se quedó con una ganancia neta de 226 millones. En este escenario, el Estado puede decidir dejar al mercado que se autorregule (algo tan improbable como que las multinacionales del agronegocio resuelvan el hambre del mundo) o pisarle el freno a Telefónica y a Cablevisión que esperan lo inevitable, mientras se relamen al revisar las perspectivas de millonarias utilidades que embolsarán gracias a la convergencia. Lo que el Estado no regula, se concentra. La concentración genera utilidades millonarias, pero sobre todo, genera poder: poder para fijar tarifas, poder para definir estándares tecnológicos en acuerdo con otros actores como los fabricantes de tecnología y poder para decidir qué contenidos se distribuyen y qué contenidos consumimos.
Por eso, mientras la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) debe aplicar la ley, se torna urgente abrir otro debate sobre una Ley Nacional de Telecomunicaciones de la democracia que contenga y regule los enormes cambios tecnológicos de los últimos años y que abra el juego a otros actores. La ley que tenemos al respecto, ¿Cómo regular un mercado en el que dos actores pueden como muchas otras, data de años en que firmaba un genehacer y deshacer a gusto? Una primera respuesta hay que ral, en este caso Alejandro Agustín Lanusse. Cuando nació, buscarla en otra pregunta: ¿cuál es el principal capital de en 1972, no existía Internet y las Telefónica? La red, a esta altura computadoras tenían menos casi íntegramente digitalizada, Se torna urgente abrir otro capacidad de procesamiento llega a casi todos los hogares que un celular moderno. Desde de casi todos los rincones de las debate sobre una Ley Nacional entonces varias modificaciones más de 2.200 localidades del de Telecomunicaciones de la intentaron actualizarla. Resolupaís. Recuperar el control de esa ción tras resolución se incorporó democracia que contenga y red por parte del Estado y transInternet y la telefonía celular, formar a la empresa española en regule los enormes cambios se privatizó ENTEL, se creó un un canal que solamente permita tecnológicos de los últimos años. la circulación y abra la cancha a régimen aparte para los medios de comunicación (la vieja Ley de otros jugadores (entre quienes Radiodifusión y la nueva Ley de deberían incluirse a las cooperaMedios) y se tomaron un centenar de decisiones administivas), sería un primer paso enorme y sustancial en la salida trativas y operativas. Podrá argumentarse que el articulado de la lógica neoliberal. La analogía podría ser algo así como es amplio, que da un marco general, pero la norma no deja una ruta por la que puede transitar quien quiera, con la carga de tener 41 años. En ese tiempo, el mundo cambió la forma, que quiera, pero pagando un peaje “a todos” por ese derecho. el canal, el mensaje y el valor de las comunicaciones. De repente, el futuro ya pasó: el 26 de septiembre último, Un corto recorrido por los catálogos de las casas de la AFSCA autorizó a los prestadores de televisión por cable a electrodomésticos nos acerca palabras convergentes como utilizar el protocolo IPTV que permite agregarle interactividad SmartTV que permite control remoto en mano chequear a la televisión digital. Con esta habilitación, solo es necesario el mail y ver películas por Internet en nuestro televisor. En ampliar la velocidad de las conexiones para brindar conteniArgentina, algunos ejemplos son Telecentro, que la ofrece dos bajo demanda. como “todo en uno” o “triple play” en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos partidos del Conurbano; o Telefónica, que le Los corredores están en la línea de largada esperando hace ole a la CNC en alianza con Direct TV llamándole “Dúo”, anotarse en una carrera de millones (de bits, de usuarios y y Cablevisión, que espera que el Estado le dé los números de de pesos). El desafío será no volver a permitir que los granteléfono para sus usuarios. des sean más grandes, los chicos más chicos y el Estado socio, cómplice o ausente. ¿Será de ansiosos? Puede ser, A nivel internacional, la norteamericana Netflix esquipero no sería la primera vez que se nos escape la liebre.
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Por Graciana Peñafort. Abogada. Integró el equipo que redactó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy trabaja en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa. Internet está modificando nuestras vidas de una manera feroz. La afirmación es a esta altura un lugar común, pero eso no la hace menos cierta. Y es esta certeza, que experimentamos cotidianamente, la que nos lleva a preguntarnos cómo debe regularse -si es que debe regularse- el acceso a Internet. El Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de Promoción y Protección de la Libertad de Expresión, Frank La Rue, manifestó que el acceso a Internet no es un derecho, pero sí es un elemento necesario para el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, las expresiones multiculturales, el derecho de asamblea y de asociación y el desarrollo, entre otros. En función de ello es legítimo preguntarse si lo que hoy es una plataforma de acceso de trascendental importancia, no podría -pensando un mundo cada vez mas distanciado geográficamente y reunido virtualmenteconstituirse en sí mismo como un derecho humano. Por lo pronto, o cuanto menos, hoy es un elemento inescindible de éstos. En este sentido, el 5 de julio de 2012 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución, suscripta también por Argentina, relativa a la “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”. Allí se afirmó que “los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión”, se reconoció “la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo” y se exhortó a los Estados a que “promuevan y faciliten el acceso a Internet”. La resolución fue festejada como el reconocimiento del derecho humano al acceso a Internet, aunque tal vez sea apresurado porque todavía resta un enorme trayecto por recorrer. Ese trayecto está señalizado con carteles que interrogan por la brecha digital, los contenidos, las industrias culturales y los derechos de autor, la neutralidad, la seguridad nacional, la censura, la criminalización y la regulación, entre otros temas cuya importancia es difícil de resumir en un etcétera. Hay allí
un aspecto esencial: la propiedad y la utilización de las plataformas de “la plataforma”, esto es, las redes físicas, el sustrato material del cada vez más inconmensurable mundo virtual. Señala Yochai Benkler en un interesantísimo libro denominado “La riqueza de las redes” que estamos presenciando significativas batallas sobre la organización y capacidades legales de los componentes físicos del entorno virtual de las redes. Se pregunta el autor si debería permitirse que todas las infraestructuras de banda ancha sean de propiedad privada. En ese caso, ¿qué margen de control tendrán los propietarios para preferir la difusión de unos mensajes a otros? Por el contrario, ¿se permitirá la emergencia de redes inalámbricas como infraestructura de primer y último recurso, de titularidad de los usuarios y no controlada por nadie? Una de sus conclusiones es que “las presiones para una propiedad con más facultades en la infraestructura ’cableada’, así como la pretensión de Hollywood y la industria discográfica de que los dispositivos electrónicos puedan cumplir automáticamente con estándares de exclusividad, están dirigiendo el diseño técnico y organizativo hacia un entorno cerrado que sería mejor ‘conductor’ de las estrategias basadas en la propiedad.” ¿Es razonable pensar un universo de redes interconectadas y obligadas a dar conexión, donde la competencia esté dada por los servicios diferenciales que cada prestador pueda ofrecer o la competencia debe basarse exclusivamente en la propiedad de las redes? En nuestro país, ¿puede la discusión de la convergencia de servicios de datos y comunicación audiovisual agotarse en el debate acerca del ingreso o no de las telefónicas? Las discusiones reflejan estos tiempos veloces que vivimos, en los que la tecnología avanza y se integra a la vida cotidiana de las personas con una rapidez que aparenta solo estar regulada por las reglas del más duro mercado. Y pareciera muchas veces que las regulaciones legales corren en una carrera despareja y sin aliento detrás de ecuaciones prestablecidas por una mano invisible, que nunca es tan invisible cuando se reflexiona un poco. Los mercados no son malos, pero tal vez son un poco “insensibles”. Donde muchos acotan la discusión a economía, mercado y nuevas tecnologías, se alzan las voces que expresan que en estos temas también se están discutiendo derechos humanos y formas de ejercicio y goce de estos derechos.
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