El pasado 26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, México, fueron asesinadas 7 personas, entre éstas cuatro estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 25 más resultaron heridas y 43 estudiantes fueron “desaparecidos”. En dichos actos participaron policías municipales de Iguala, Guerrero, en coordinación con personas pertenecientes al cartel “Guerreros Unidos”, ante la total pasividad y tolerancia ¿complicidad?, de las fuerzas estatales y federales, la gendarmería y el ejército, cuya presencia es notoria en el estado de Guerrero debido al operativo federal “Guerrero Seguro”. Poco después el Estado detuvo a 22 policías municipales y con base en las declaraciones de algunos de ellos, se han realizado operativos para hallar a los normalistas desaparecidos. Hasta ahora se han encontrado más de 40 restos de cuerpos en 11 fosas comunes clandestinas, sin que se haya comprobado que son de los compañeros normalistas. A más de un mes de desaparecidos, no se tiene claridad de lo sucedido y sigue sin haber una respuesta clara de donde están. Además se sigue esperando la entrega de los resultados de ADN y sólo circula información errática por parte de instancias oficiales y medios de difusión.
Esta reacción caótica y tardía favorece la impunidad y extrema el ambiente de terror e inseguridad que ya existe en el país desde hace casi una década debido al desborde de la necropolítica operada por distintos actores incluyendo el Estado y las empresas -ligadas o no al narcotráfico-. Las cifras siempre son imprecisas y frías pero a veces resultan necesarias para dimensionar: se calcula que dentro de este conflicto interno iniciado en 2007 han muerto 140 mil personas, además se estiman unos 24 mil desaparecidxs y alrededor de 160 mil desplazadxs. En este marco el asesinato y desaparición de los 43 compañeros normalistas aparece como un acto planificado que muestra la complicidad tanto de las fuerzas policiacas estatales, federales y de las fuerzas armadas a cargo de esa zona, de la misma manera, los órganos institucionales que dicen velar por la seguridad nacional, quedaron pasivos ante los hechos. Ellos sabían perfectamente de la movilización que los jóvenes estudiantes habían planeado para participar en la marcha del 2 de octubre en la capital del país, extrañamente les dejaron solos y a merced de los agresores. Nosotrxs, al igual que los padres de familia de los compañeros, activistas, centros de derechos humanos, organizaciones sociales y un largo etcétera, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por complicidad y negligencia criminal, además señalamos