La normalización del acoso

Arlene Ramírez*

De acuerdo con datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar en acoso escolar (bullying) a nivel internacional ya que el 50% de los alumnos en la matrícula de educación básica reportó en 2022 haber sufrido algún tipo de violencia escolar. El 40.24% dijo haber sufrido maltratos, 25% insultos y amenazas, 17% golpes, y otro 44.7% violencia verbal, psicológica y física.

El maltrato físico y psicológico entre niñas, niños y adolescentes es cada vez más común en los entornos escolares y sus consecuencias son sumamente graves.

Es alarmante el nivel de violencia que ha alcanzado el país, pero es más alarmante el grado de normalización que impera entre la sociedad mexicana, que hoy ve como parte de su cotidianeidad los secuestros, desapariciones, extorsiones, asesinatos y toda forma de violencia (incluso aquella iniciada y sistematizada desde el púlpito presidencial).

En el marco de los derechos humanos, el acoso escolar (bullying) es todo acto u omisión que conlleva la agresión física, psicoemocional, patrimonial o sexual hacia una niña, niño y adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares públicas y privadas.

El bullying se caracteriza por el abuso del poder, la repetición y sistematicidad del maltrato y el abuso, esta enfermedad social coloca a las personas que lo padecen en una situación de vulnerabilidad respecto de quienes generan las agresiones, lo cual impide que se defiendan a sí mismos; los menores que han sufrido acoso escolar presentan bajo rendimiento escolar, depresión, ansiedad, falta de apetito, estrés y desarrollan diversos trastor- nos conductuales, ausentismo y adicciones.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes garantizan el derecho de los menores a vivir una vida libre de violencia y otorgan facultades y responsabilidades a las instancias educativas, gubernamentales y a los adultos a cargo del cuidado de los menores.

Las autoridades escolares tienen la responsabilidad de atender (como primera instancia) los casos de acoso y desde el ámbito de su competencia deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir los casos de bullying y la restitución de los derechos de los menores que ya lo han sufrido, ya que se tiene que proteger el interés superior de la infancia, el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, la prevención del acoso y la discriminación, en caso de que no exista una actuación adecuada por parte de las autoridades educativas se puede acudir a los tribunales administrativos.

No obstante, casos como el de Norma Lizbeth en Teotihuacán, Estado de México, deben evitarse desde el seno familiar. Es en la familia donde aprendemos la empatía, la compasión, el respeto y el sentido de comunidad y humanidad. Es urgente que se hable abiertamente de valores y se repela toda acción que lastime la dignidad humana. Tenemos que desaprender y reaprender patrones de convivencia sana, regresar a los básicos de una convivencia social positiva, donde valoremos las diferencias y celebremos la diversidad, con menos etiquetas y más cordialidad. Es imperante mirarnos con compasión, con prudencia y con menos polarización.