Contexto Internacional - N. 42 by Síntesis Mundial

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CONTEXTO INTERNACIONAL Publicación del CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES perteneciente a la FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL

ENERO - MARZO AÑO 17- NÚMERO 42 ISSN 1851-7900

COORDINACIÓN GENERAL CEPI STAFF

Lourdes Ábrigo,

Fabián Drisún Camila Abbondanzieri, DIRECTOR EDITORIAL Florencia Alegre, Pedro Arrospidegaray,

Germán Martínez Imanol Barrangú, Jonatan Carné,

COORDINADOR Carla Chernomordik, EDITORIAL Rafael Pansa CONSEJO EDITORIAL Y DISEÑO Carla Morasso, Juan Pablo Mordini, Emilio Ordóñez, Cecilia Rubio, Ana Lucía Mucci, Dana Valdano

Esteban Covelli, Jesica Garcia, Luciano Herrero, Martina Mántaras, Paula Martin, Guido Rebuffo, María Belén Serra, Mirco Silva, Esteban Smolarz, Florencia Urbano.

editorial Nuestra región vive tiempos de cambio profundos. Luego de 16 años de orientación progresista, el viraje a posiciones más conservadoras ha suscitado un debate que abarca tanto el ámbito político como el académico. El referéndum para reelegir presidente en Bolivia, la victoria del centroderecha en las parlamentarias venezolanas y el golpe institucional en Brasil, pero sobre todo la victoria de Mauricio Macri en Argentina marcan claramente que estamos transitando otro tiempo político. Las interpretaciones difieren en el significado y alcance de este viraje. Para algunos, estamos en presencia de un fin de ciclo en América Latina, definición que conlleva una crítica y un diagnóstico prospectivo de las políticas llevadas adelante durante la etapa anterior. Otros hablan directamente de un giro a la derecha, lo que sugiere una mirada más coyuntural en el marco de un escenario en permanente disputa. El debate, lejos de terminar, sigue manteniendo vigencia en todos los niveles. El auge del centroizquierda regional llegó con del agotamiento del modelo recomendado por el Consenso de Washington en los años ´90 del siglo pasado, a caballo del costo social derivado de las promesas de bienestar económico tras la fatídica “década perdida” del ´80. A partir de allí, una centroizquierda reconvertida políticamente y sustentada por una masa crítica social e intelectual tomó mayor fuerza, conjugando dos ideas en principio opuestas: el equilibrio de las cuentas fiscales y una mayor presencia estatal en la distribución del ingreso, con liderazgos como el de Lula Da Silva, Kirchner o Chávez conduciendo estos procesos inéditos en la región. En este escenario, y mirando los resultados de este período, el éxito conservador a nivel electoral fue recibido con perplejidad por los analistas. Este retroceso del progresismo regional se explica por el desgaste propio del ejercicio del poder continuado, o por la conjunción de otros factores. Cabe nombrar entre ellos el fenómeno de algunos casos sonoros de corrupción, así como el acoso de sectores mediáticos y de poder enfocados sobre esta agenda, acompañado por una coyuntura económica internacional desfavorable. Todo esto contribuyó a la erosión del relato político que aglutinaba a los sectores desencantados con el neoliberalismo y que apoyaron o salieron ganando durante la etapa anterior. Lo que marcaría que el esfuerzo de concientización política no caló tan hondo en la población, que eligió (o en el caso brasileño, se impuso) modelos diametralmente opuestos embanderados en las nociones de “cambio” y “pluralidad” como propuestas superadoras. La centroizquierda regional enfrenta el desafío de conformar un nuevo relato que tome lo más exitoso de sus recetas económicas y que a la vez mire más hacia el futuro. La vigencia en las encuestas de figuras como Cristina Kirchner, Lula o Morales, de confirmarse electoralmente en los próximos años, probaría que los movimientos que han creado no se han fagocitado a sus líderes. La experiencia ecuatoriana, de ganar Lenin Moreno la segunda vuelta de las presidenciales, mostraría además que los procesos políticos iniciados durante la década pasada también pueden subsistir sin sus padres fundadores. El cambio de color político en la región es un hecho, impulsando a una restauración de políticas que conjugan un “Estado mínimo” en lo interno, con vinculaciones regionales más pragmáticas y con menos ideología -concepto que asume desde este sector una carga peyorativa- y un retorno a las vinculaciones tradicionales con las potencias centrales, promoviendo políticas similares a las de los años ´90, apoyados en mayorías bastante sólidas. Empero, los escenarios han variado. Sin un consenso social firme en torno a esas políticas, solo la voluntad de cambiar las formas de comunicación política parece constituir su principal fundamento. Los programas electorales que llevaron a la victoria a Macri en Argentina y a Guillermo Lasso al ballotage en Ecuador coinciden en esos puntos. Pero a pesar de ello, la presencia de fuerzas político-sociales que defienden los logros de la etapa anterior y el mal desempeño económico de los nuevos gobiernos ha puesto límites a la consolidación efectiva de este consenso. La elección de Donald Trump en Estados Unidos aparece como un elemento que obligará a repensar estrategias. La agenda negativa de Trump hacia la región en materia inmigratoria facilitará la tarea del progresismo regional en términos de posicionamiento político. No obstante, el desafío es mayor para la centro derecha, puesto que si bien se coincide en temas como inmigración y seguridad, el proyecto de la nueva administración en Washington cuestiona la estrategia de reinserción internacional regional “tradicional” embanderado en el “retorno al mundo” y en la idea de regionalismo abierto al libre comercio. Las consecuencias políticas y económicas de este movimiento de recálculo político pueden pesar a la hora de consolidar este predominio regional. El debate está servido. Estado presente o Estado mínimo a nivel interno; ideología versus pragmatismo en las vinculaciones externas; inmigración abierta o selectiva en el grado de apertura al mundo, constituyen opciones que, en suma, dan cuenta de la realidad de un continente en disputa entre dos visiones que vuelven a encontrarse en la palestra política sudamericana.

Emilio Ordonez

Consejo Editor Contexto Internacional

LA IRRUPCIÓN DEL “PODER” FRENTE AL DECLIVE DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA Luis Barreto

SUDAMÉRICA FRENTE AL ACUERDO TRANSPACÍFICO: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS Tomás Listriani y Carolina Zaccato

EL ASCENSO DE LA DERECHA EN AMÉRICA LATINA: APUNTES PARA SU DISCUSIÓN Ezequiel Barolin

MALVINAS: NUEVAS PERSPECTIVAS ANTE EL CAMBIO DE GOBIERNO Camila Abbondanzieri y Carla Morasso

27 MACRI Y LA POLÍTICA SOBRE MALVINAS: ENTRE TORPEZAS Y NEGLIGENCIAS Ignacio Gutierrez Bróndolo

WELCOME TO TRUMPLAND Fabián Vidoletti

SATÉLITES GEOESTACIONARIOS: IMPLICANCIAS ESTRATÉGICAS PARA LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN ARGENTINA Y BRASIL (2033-2015) Bruno Giordano

sumario

La irrupción del “poder” frente al declive de la izquierda latinoamericana The irruption of “power” facing the decline of the Latin American left wing LUIS BARRETO Luis M. Barreto es Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario) , es adscripto a la Cátedra de “Política Internacional Latinoamericana” de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y se encuentra realizando su Doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario.

Resumen El objetivo de este artículo es analizar la nueva estructuración política a la que asistimos actualmente en América Latina tomando como guía tres ideas. La primera de ellas aspira a aportar elementos para pensar el escenario regional a mediano plazo, complementando los análisis más coyunturales que, en un caso extremo, conducen a entender la nueva configuración política como un fenómeno ex nihilo o sui generis. La segunda idea tiene como meta brindar pistas que nos alejen de las explicaciones absolutas o de suma cero donde alguien gana lo que otro pierde. Al respecto, trabajaremos en torno a la hipótesis de que en el actual escenario latinoamericano ni las nuevas derechas han ganado todo el poder ni las izquierdas lo han perdido todo. Por último, de una manera preliminar, deseamos a analizar el papel del sistema de reglas, esto es, el dispositivo que ha permitido la presente sucesión gubernamental en la región.

Palabras Clave LATINOAMÉRICA/ PODER / HEGEMONÍA

Abstract The aim of this article is to analyze the new political structure in Latin America considering three main ideas. The first one aspires to bring some elements to think the regional scene in the middle term, complementing the analyses that are more relating to the moment that, in an extreme case, drive to understand the new political configuration as a phenomenon ex-nihilo or sui generis. The purpose of the second idea is to offer tracks that remove from the absolute explanations where someone gains what other one loses. Our hypothesis is that in the current Latin-American scenario nor the new rights they have gained all the power not the left sides have lost everything. Finally, in a preliminary way, we analize the rol of the rule system, mechanism that has allowed the regional governmental succession.

Keywords LATIN AMERICA/ POWER / HEGEMONY

Introducción La nueva estructuración política a la que asistimos actualmente en América Latina contrasta con la configuración que, a inicios del siglo XXI, caracterizó a la región. Esta nueva realidad ha recibo numerosas denominaciones por parte de los estudiosos y, en este sentido, se la describe como una restauración conservadora (Bouafia, García Linera, 2016), un regreso de las derechas (Natanson, 2015; Loret, Vommaro, López Segrera, 2016) o la vuelta al modelo neoliberal (Ferrer, 2016). De una manera negativa, otros autores prefieren hablar de un fin de ciclo, de un ocaso o de “progresismos cansados” (Sotelo, 2015; Gudynas, 2015). Incluso, existen aquellos que, en relación con las fuerzas políticas que están en ascenso, se replantean en calidad de qué podemos denominarlas como nuevas derechas (Sader, 2015; Soler, 2015; Giordano, 2014). Lo importante es que en todos los casos las interpretaciones consideran al momento actual como un parteaguas en la dinámica contemporánea de la región o como un momento de inflexión histórica (García Linera, 2016:6). En este marco, el objetivo en las siguientes líneas es complementar los numerosos análisis sobre la temática empleando como guía tres ideas. La primera de ellas, busca observar el proceso histórico a mediano plazo en pos de ampliar las lecturas estrictamente coyunturales. La segunda, tiene como meta brindar pistas que nos alejen de las explicaciones absolutas o de suma cero donde alguien gana lo que otro pierde. Al respecto, trabajaremos en torno a la hipótesis de que en el actual escenario latinoamericano ni las nuevas derechas han ganado todo el poder ni las izquierdas lo han perdido todo pues, cuando gobernaron, tampoco lo adquirieron en su totalidad. Por último, aspiramos a analizar el papel del sistema de reglas, esto es, el medio que ha permitido la sucesión gubernamental en la región. Sin dudas, hechos como el proceso de impeachment a Fernando Lugo; los ballotage en Argentina y Brasil –incluso, el proceso de juicio político a Rousseff–; el “no” al gobierno boliviano en el referéndum para reformar la Constitución Política del Estado y habilitar la reelección para Evo Morales y la victoria de la oposición venezolana en las elecciones legislativas de 2015, exponen la centralidad del sistema de reglas como dispositivo para producir un cambio en las orientaciones de los gobiernos.

La destitución de Dilma Rousseff a través del proceso de impeachment iniciado en el mes de mayo de 2016 confirmó la consolidación de un proceso que, hasta entonces, se encontraba en ascenso. Casi cuatro años atrás, el juicio político al presidente Fernando Lugo en Paraguay había sido uno de los primeros indicios de que en la región se comenzaba a gestar un cambio en la orientación de los gobiernos. Hoy, dicho proceso se encuentra en su cénit y es encabezado por el quinteto de presidentes: Michel Temer en Brasil, Mauricio Macri en Argentina, Horacio Cartes en Paraguay, Pedro Pablo Kuczynski en Perú y Enrique Peña Nieto en México. Es precisamente esta configuración política la que ha conducido a los académicos a pensar que estamos inmersos en un parteaguas epocal. Efectivamente, la idea de un parteaguas se asocia a la erosión de la estructuración política que fue hegemónica en los primeros años del presente siglo. Es ampliamente conocido que los numerosos gobiernos que fueron estableciéndose a partir del triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, fueron dejando en minoría a las administraciones de derecha o de orientación conservadora (Moreira, Raus y Gómez Leyton, 2008:7). Si bien se reconoce a tal conjunto de gobiernos como un entramado heterogéneo e impreciso a nivel ideológico, la homogeneidad estuvo dada por una relativa oposición al consenso reformista de los ’90 y en una adscripción a ideas y programas políticos que buscaron recomponer los más agudos efectos sociales, políticos e institucionales de dicho consenso (2008:7). En la actualidad, solo Bolivia, Ecuador y Venezuela –podría mencionarse también Nicaragua y El Salvador– permanecen como representantes de aquel proceso popularmente denominado como “giro a la izquierda” y, vale agregar, no sin dificultades. La situación en Venezuela es la más apremiante. El gobierno de Nicolás Maduro ha perdido la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas del 2015 y enfrenta el asedio de la coalición de partidos opositores nucleados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Esta última, al menos hasta octubre de 2016, aspiró a activar el mecanismo de referéndum revocatorio presidencial. En Bolivia, el “no” a la reelección de Evo Morales surgido del referéndum realizado a inicios de 2016 debilitó simbólicamente al presidente quien, a partir de entonces, se mueve sobre un tablero de cristal. Promediando el 2016, la crisis social mostró su rostro a través de un agudo conflicto minero que se cobró la vida del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, secuestrado y asesinado por manifestantes. En Ecuador, en 2014, el presidente Rafael Correa perdió alcaldías clave en las elecciones locales y desde allí enfrenta un panorama complejo. El año 2015 estuvo signado por protestas contra leyes de diverso signo promovidas por el gobierno como ser los proyectos de corte neo-desarrollistas extractivistas y las leyes para establecer tributos a la herencia y la plusvalía . Cabe preguntarse, la etapa actual caracterizada como una restauración conservadora, un regreso de las derechas, la vuelta al modelo neoliberal, un fin de ciclo o el ocaso del progresismo ¿constituye un fenómeno sin antecedentes? El antecedente próximo del “nuevo panorama regional” se encuentra en la configuración política

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La nueva versión de una conocida configuración política

que se fue desarrollando en las últimas tres décadas del siglo XX y que se conoce en América Latina como la hegemonía neoliberal. Entrado en crisis el modelo desarrollista surgido como respuesta al crack económico del ’29, se asentó un nuevo modelo basado en la desregulación, la primacía del sector especulativo de la economía, la retracción de las políticas sociales, las privatizaciones y la apertura e internacionalización de los mercados (Sader, 2009:67). Revisando los discursos, no es casual que muchas de las aspiraciones de los actuales presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y México sean familiares a las que se promovían en los años ’80 y ’90. La necesidad de sanear las finanzas públicas y lograr el control inflacionario es un ejemplo cabal. Por otro lado, como lo expresa Sader (2009:69), el talón de Aquiles de aquel modelo fue su dificultad para encontrar bases sociales de apoyo, por lo cual, cuando se evidenció la limitada capacidad de reproducción de las condiciones de existencia del neoliberalismo se produjo una crisis que abrió paso a la experiencia del giro a la izquierda. Es en este contexto que, Lula da Silva y Dilma Rousseff gobernaron Brasil; Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela; Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Argentina; Evo Morales, Bolivia; Fernando Lugo, Paraguay; Tabaré Vázquez y José Mujica Uruguay y Rafael Correa, Ecuador. Es clave destacar que, aunque históricamente las crisis sociales de la región desembocaron en movimientos sociales de masas e, incluso, en gobiernos que intentaron ser una respuesta a las mismas, no se registra el establecimiento de un número tan elevado de gobiernos en comunidad de intereses tal como lo indica el listado de presidentes citado. En otras palabras, la conformación de una extensa estructura de poder mancomunada como contestación a una crisis social generalizada en la región fue un hecho excepcional. Los argumentos en torno a la segunda idea-guía arriba mencionada aportan elementos para reforzar la hipótesis de que la nueva configuración política regional no es un fenómeno sui generis o ex nihilo. Asimismo, el continuum que se puede establecer en relación con los grupos de poder protagonistas de la dinámica política latinoamericana de los últimos 50 años contribuye con la idea de alejarnos de las interpretaciones que se mueven en un campo de suma cero. De acuerdo a Gudynas (2015), al día de hoy no faltan los voceros conservadores que predicen la muerte de la izquierda así como los dogmáticos progresistas que se niegan a ver los problemas y defienden ciegamente a sus gobiernos. Distanciándonos de ambas posturas, sostenemos que en la presente coyuntura las nuevas derechas no han ganado todo el poder y que las izquierdas no lo han perdido todo porque tampoco adquirieron la totalidad de los recursos durante la estancia en las casas de gobierno. Por lo tanto y siguiendo al mencionado autor, antes que hablar de un final de ciclo del progresismo consideramos pertinente hablar de un “agotamiento” (Gudynas, 2015). Tal como lo expresa Sader (2009:67) el bloque en el poder durante la hegemonía neoliberal se instaló con el capital financiero a la cabeza y en alianza con los grandes grupos exportadores. Contó con respaldo internacional y con el apoyo casi unánime de los medios masivos de comunicación privados. Pensando en la situación actual, la comparación resulta ineludible: dichos actores han sido fundamentales en la instalación de los nuevos gobiernos en la región. Un ejemplo contundente lo aportan los grupos exportadores vinculados al agro negocio con un rol clave en ambos momentos políticos. En efecto, la persistencia de los actores en las etapas en cuestión, manifiestan que el interregno de la izquierda en el gobierno significó simplemente la derrota en las urnas de los grupos que detentaban el poder en las postrimerías del siglo XX. La distribución de fuerzas forjada en las últimas tres décadas de aquel siglo no se modificó. Los sectores de derecha continuaron en posesión del monopolio comunicacional capaz de manipular la opinión pública (2009:69) y obtener importantes triunfos en el campo simbólico. Este es el caso del Grupo Clarín en Argentina, Rede Globo en Brasil o el Grupo Televisa en México, consientes de ser trasmisores y, principalmente, emisores de las noticas que nutren las opiniones públicas nacionales. Del mismo modo, no se produjo una modificación en la estructuración monopólica agroexportadora. Gudynas (2015) observa que al analizar los fundamentos del desarrollo de los progresismos encontramos muy poca o ninguna innovación. El perfil primario exportador no se revirtió e, incluso, países como Brasil asumieron, por el contrario, una reprimarización relativa de su sector externo (Actis, 2012). En este sentido, el mismo autor (2012:129) manifiesta que en los años del progresismo se promovió una consolidación de las lógicas y prácticas extractivistas a través de una particular ecología política del desarrollo y el Estado que expresó, de nuevos modos, los viejos mitos sobre las enormes riquezas naturales que deben alimentar el crecimiento económico sudamericano. Actualmente, ante la caída de los precios de los commodities, las izquierdas que aún persisten siguen sin ensayar alternativas productivas y se esfuerzan en extraer todavía más recursos naturales o en darles más ventajas a los inversores (Gudynas, 2015).

Incluso, en los últimos tiempos varias administraciones encaminaron sus gestiones hacia posturas económicas más ortodoxas como ocurrió en el tramo final de Rousseff en Brasil con los planes de austeridad o como se observa en las alianzas público-privadas de Correa en Ecuador (2015). Lo mismo podría decirse en relación con la estructura privada bancaria, industrial y comercial que en suma, aunque disponen de poco apoyo popular, cuentan con importantes aliados en el plano internacional (Sader, 2009:72). Este andamiaje sumamente concentrado condicionó fuertemente la posibilidad de construir alternativas. Los gobiernos progresistas no solo debieron enfrentar la extrema fragmentación social fruto de la aplicación de las medidas neoliberales, sino que también las presiones de sec-

tores que no fueron vencidos y a los cuales la perpetuación de ciertas lógicas les brindó oxígeno para que se recompusieran. Asimismo, puede mencionarse la existencia de un consenso conservador fuertemente arraigado en el ideario social (2009:72) y amplificado por los medios de comunicación –como lo es el miedo a la inflación– que constituyó un importante obstáculo para dichas administraciones. En resumen, pensando en aquellos países donde los progresismos han sido reemplazados en los Poderes Ejecutivos, puede identificarse un acelerado proceso de reconstitución de las viejas elites de los años ’80 y ’90 que nuevamente quieren asumir el control de la gestión estatal (García Linera, 2016:6).

Finalmente, evitar caer en lecturas absolutas o de suma cero implica considerar que los nuevos gobiernos de derecha, aunque arraigados sobre la base del poder neoliberal, no detentan todos los recursos para llevar adelante sus más inconfesadas propuestas. Tal como lo expresa Leandro Morgenfeld , América Latina atraviesa una crisis económica general después de varios años, por lo cual, los gobiernos de derecha están sometidos a tensiones económicas, sociales y políticas y tampoco tienen garantizada ninguna estabilidad. Por otro lado, no debe perderse de vista que aún quedan progresismos en los palacios de gobierno (es el caso de Correa en Ecuador, Morales en Bolivia o Vázquez en Uruguay) (Gudynas, 2015; Borón y Klachko, 2016). Incluso, donde los progresismos están arrinconados (Venezuela) o perdieron las elecciones (Argentina) o fueron destituidos (Brasil), cuentan con importantes apoyos ciudadanos. En efecto, no se observa un tajante final, si bien es evidente que dichas fuerzas han perdido sus capacidades de renovación e innovación y tiene enormes dificultades (Gudynas, 2015). El sistema de reglas como dispositivo de poder Desde que se produjo el retorno a la democracia en América Latina durante los años ’80, con mayor frecuencia los conflictos políticos en torno a la orientación de los gobiernos fueron encausándose en la vía institucional. Es decir, los actores con visiones opuestas sobre la dirección del Estado encontraron en el sistema legal-institucional las reglas para resolver las diferencias y disputas y, en gran medida, aceptaron someterse a ellas. En este sentido, los Golpes de Estado motorizados a través del instrumento militar y que eran el medio para dirimir la orientación gubernamental fueron disminuyendo. Aunque es cierto que un estridente optimismo se generó en torno a la creciente “institucionalización”, la cual parecía avizorar el fin de los conflictos en una especie de actualización local de la tesis de Francis Fukuyama del “fin de la historia”, las sucesiones presidenciales y con ellas, los cambios en la orientación de los gobiernos, continuaron produciéndose antes que los calendarios electorales lo habilitaran. En efecto, en los años ’90 irrumpieron nuevas modalidades capaces de garantizar sucesiones presidenciales anticipadas, fundamentalmente los juicios políticos y las renuncias de los presidentes. Entre 1992 y 2014 por lo menos siete jefes de Estado se enfrentaron a un juicio político en la región, de los cuales cinco fueron removidos de sus cargos al ser encontrados culpables; un contraste si consideramos que entre 1950 y 1991 solamente en Panamá (en 1955) el presidente debió someterse al enjuiciamiento del Congreso (Barolin, 2014:7). Más allá de que las interrupciones a los mandatos presidenciales hayan continuado, la nota distintiva es que las mismas se han producido sin romper con el régimen democrático (Pérez Liñán, 2009:19-20). Regresando al presente, lo que en los años ’90 parecían ser nuevas modalidades de sucesión gubernamental anticipadas, hoy pueden ser pensadas como un dispositivo de poder que no simplemente aspira a producir cambios gubernamentales, sino que también se conforma con allanar el camino para cambios futuros, por lo cual, no remite a un mecanismo necesariamente anticipado de alternancia. Además, los cambios a los que aspira no son de cualquier tipo, sino asociados a una orientación conservadora o de derecha. A los juicios políticos y a las renuncias presidenciales –modalidades anticipadas de sucesión gubernamental– se añaden otros mecanismos de carácter no-anticipados: las instan-

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Jorge Alemán en relación con el cambio de orientación de gobierno en Argentina sostiene una interesante hipótesis que puede ser extensiva para reflexionar los cambios a nivel regional. El autor se pregunta si la experiencia kirchnerista (2003-2015) puede pensarse como un proceso hegemónico. La respuesta será “sí”, siempre que la idea de hegemonía sea diferenciada de la noción de poder. Tal como lo sostiene, “el poder neoliberal es homogéneo, constante y dispone de distintos dispositivos mediático-corporativos de captura y producción de la realidad”. Contrariamente, “la hegemonía es un hecho político inestable, contingente y siempre expuesto a los procedimientos del poder”. De ahí la inestabilidad política recurrente que caracterizó a la etapa de auge del giro a la izquierda y que se profundizó al iniciar la segunda década del presente siglo. Los gobiernos pudieron avanzar en las líneas de menor resistencia de la cadena neoliberal (políticas sociales e integración regional), pero encontraron fuerte resistencia cuando las fuerzas de derecha comenzaron a recomponerse. En este sentido, si pensamos el momento actual en términos de poder y hegemonía, puede afirmarse que la experiencia del giro a la izquierda constituyó una articulación hegemónica que estuvo permeada a los procedimientos del poder neoliberal. En otras palabras, es dable decir que actualmente asistimos a la irrupción del poder neoliberal cuya fuerza estuvo menguada desde la crisis del consenso reformista de los ’90 pero que, tras haber generado las condiciones para un proceso de articulación hegemónica, ha recobrado su fuerza.

cias electorales previstas en el entramado legal (elecciones para cargos públicos en cualquiera de sus niveles y los referéndums). Retomando las ideas citadas de Alemán, el sistema reglas, constituye un método que es usufructuado por el poder neoliberal para allanar el camino o garantizar la sucesión presidencial hacia una orientación de derecha o conservadora. El sistema de reglas, es empleado en su versión más schumpeteriana, es decir, instrumental, siguiendo una fría lectura positivista o legalista que, a menudo, ignora los principios generales del derecho o se aleja del espíritu de las leyes. En referencia a nuestra tercera idea-guía podemos postular que dicho dispositivo ha tenido un papel importante en el cambio de orientación política al que asistimos y, cabe agregarse, en la gestación de cambios aun no concretados en los países de la región. El proceso de impeachment a Fernando Lugo en Paraguay en el año 2012 evidenció con claridad la utilización instrumental de la figura del juicio político contemplada en la Constitución Nacional de 1992 y constituyó una aplicación anticipada del mecanismo de sucesión orientada . El 21 de junio, Luis Gneiting, diputado del Partido Colorado, presentó la propuesta de juicio político y, en menos de un día, la Cámara de Senadores destituyó al presidente. Pese a que el sentido común indica que el tiempo otorgado al ex jefe de Estado para la preparación de la defensa fue poco razonable, la propia Corte Suprema de Justicia guaraní convalidó las formas al rechazar la apelación de Lugo en la cual postulaba la falta de garantías mínimas para el ejercicio de la defensa. Observando el proceso en perspectiva, aunque tras la destitución de Lugo, Federico Franco representando al Partido Liberal se hizo cargo de la presidencia, el juicio político propició las bases para el triunfo de Horacio Cartes y el Partido Colorado en las elecciones del 2013. En relación con el caso brasileño, la aplicación del dispositivo implicó una combinación mixta de mecanismos anticipados y no anticipados de sucesión. El ballotage de octubre de 2014 en donde Dilma Rousseff triunfó con un acotado margen (51,64% frente al 48,36%), sin dudas allanó el camino para que gestar el proceso de juicio político que terminó con su destitución en agosto de 2016. El caso de Argentina expone el cambio en la orientación de gobierno a través del sistema de reglas relativo a las elecciones de cargos públicos. Mauricio Macri, triunfó por un escaso margen en el ballotage de noviembre de 2015 y con tan solo 680.609 votos de diferencia inauguró una nueva etapa en el país tras los tres gobiernos kirchneristas. En Venezuela, las elecciones legislativas del año 2015 le otorgaron un importante triunfo a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, quienes obtuvieron la mayoría en la Asamblea Nacional. Asimismo, el mecanismo de referéndum revocatorio presidencial, establecido en la Constitución venezolana de 1999, al menos hasta octubre de 2016 aportó elementos al clima de alternancia política al ser impulsado por la oposición en dicho país. Situación similar ocurrió con el “no” al gobierno boliviano en el referéndum para reformar la Constitución Política del Estado y habilitar la reelección para Evo Morales realizado a inicios de 2016. Cabe destacar que el empleo de los mecanismos electorales (elecciones y referéndums) ilustra cómo las derechas, en la actualidad, erosionan o conquistan posiciones de poder empleando mecanismos totalmente legales, incluso, establecidos por los propios gobiernos a los cuales se oponen: es la situación de los referéndums de Venezuela y Bolivia. El revés para Rafael Correa en las elecciones de 2014 en los tres distritos más importantes de Ecuador (Quito, Cuenca y Guayaquil), detalla el “asedio” que las instancias electorales –diferenciadas a la elección del Poder Ejecutivo– generan sobre los gobiernos al punto de condicionar severamente la agenda política e, incluso, introducir modificaciones afines a los reclamos o posiciones de los sectores conservadores o de derecha. A modo de cierre Con independencia de las denominaciones que se empleen para caracterizar a los nuevos gobiernos en la región, la idea central de este artículo fue poner de relieve las conexiones entre dichas administraciones y el escenario conocido como la hegemonía neoliberal en América Latina. La visualización del parentesco entre ambas experiencias aporta elementos para entender cómo se ha estructurado el reparto del poder en las últimas décadas y pensar que los gobiernos del denominado giro a la izquierda fueron simplemente un momento de articulación hegemónica en los términos planteados por Alemán. Una vez transitados los años de la crisis del consenso reformista, los sectores que históricamente han detentado el dominio recobraron sus fuerzas y se vieron animados a disputar nuevamente la dirección del Estado. Es interesante destacar que dichas fuerzas, si bien se han mostrado ansiosas y han anticipado su llegada al gobierno como en el caso de Brasil, en otros casos están dispuestas a esperar un tiempo más y llegar acompañadas por el voto popular.

* ARTÍCULO RECIBIDO EL 25/09/2016 ACEPTADO EL 6/12/2016

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Sudamérica frente al Acuerdo Transpacífico: oportunidades y desafíos South America and the TPP: opportunities and challenges

TOMAS LISTRIANI Y CAROLINA ZACCATO Tomás Listrani es Licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Se especializa en Estudios Asiáticos y Africanos, Política Comparada y Política de los Estados Unidos. Ha sido becario para el Departamento de Estado de EE.UU. y la Comisión Europea (UE). Carolina Zaccato es Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Se especializa en Estudios Latinoamericanos, No Proliferación y Política de los Estados Unidos. Ha sido becaria para el Departamento de Estado de EE.UU. y TFAS Europa.

Resumen El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), firmado en febrero de este año, sin dudas abre un nuevo capítulo en las relaciones comerciales internacionales. Este instrumento multilateral no sólo supone una modificación significativa de las matrices de costos e incentivos de los países implicados, sino que también implicará nuevos patrones de interacción entre ellos y el resto de los Estados latinoamericanos, lo cual, a su vez, plantea nuevos desafíos e interrogantes al curso del proceso de integración regional. Ante este escenario, cabe reflexionar acerca de cuán preparado está el regionalismo sudamericano para responder a estos cambios sistémicos. De este modo, el TPP se manifiesta como un desafío a la capacidad de acción colectiva de la UNASUR de mantener a Sudamérica ensamblada y evitar una escisión del subcontinente en dos bloques divergentes: la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR. Palabras Clave TTP/ SUDAMÉRICA / COMERCIO INTERNACIONAL / ALIANZA PARA EL PACÍFICO / MERCOSUR

Abstract The Trans-Pacific Partnership (TPP), signed in February of this year, opens a new chapter in international trade relations undoubtedly. This multilateral instrument involves not only a significant modification of the cost and incentive matrices of the involved countries, but it will also imply new patterns of interaction between them and the rest of the Latin American states. This raises new challenges and questions to the going on process of regional integration. Given this scenario, it is neccessary to think of how prepared South American regionalism is to respond to these systemic changes. Thus, the TPP manifests itself as a challenge to UNASUR’s capacity for collective action to keep South America assembled and to avoid a split of the subcontinent into two divergent blocs: the Pacific Alliance and MERCOSUR. Keywords TTP / SOUTH AMERICA / INTERNATIONAL COMMERCE / PACIFIC ALLIANCE / MERCOSUR

Introducción Este artículo se propone indagar acerca de las potenciales repercusiones que la entrada en vigor del Acuerdo Transpacífico tendría sobre el regionalismo en Sudamérica, particularmente entre el bloque de países que conforman la UNASUR, tomando especialmente en cuenta los distintos modelos de desarrollo e inserción que se desprenden de los dos principales bloques subregionales: el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico. Con este objetivo, el artículo se estructura de la siguiente manera. En el primer apartado, se define el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, los Estados parte, y los alcances del mega-acuerdo económico y comercial. Asimismo, se analizan las implicancias políticas y económicas que este acuerdo traería una vez puesto en vigor para los Estados signatarios. Luego, el segundo apartado examina el impacto del TPP en la macro estrategia política de los Estados Unidos, haciendo un especial hincapié en el duro revés que ello significa para la influencia estadounidense en la región del Asia Pacífico, particularmente tomando en consideración el reciente pivot asiático de la administración de Obama. El tercer apartado delinea cómo quedaría reorganizado el escenario sudamericano con un TPP en vigor, señalando los principales desafíos y problemas a los que el bloque de la UNASUR tendría que hacer frente. El cuarto apartado analiza en profundidad cómo se desarrollaría el Acuerdo Transpacífico dentro del bloque de la Alianza del Pacífico, un grupo de Estados sudamericanos que son tradicionalmente más abiertos al comercio y la liberalización económica, y que, además, cuentan con una entrada preferencial a las naciones del sudeste asiático.

El sexto apartado da cuenta de los interrogantes que el TPP plantea a la relación entre la Alianza del Pacífico y la UNASUR, ante un panorama que pareciera llevar a un mayor distanciamiento entre ambos bloques. Finalmente, el séptimo apartado sintetiza las conclusiones arribadas en este artículo y ofrece las consideraciones finales de este trabajo. ¿Qué significa el TPP?: Implicancias económicas y políticas del acuerdo Luego de la crisis financiera de los años 2008 y 2009, se hizo manifiesta una tendencia creciente en las Relaciones Internacionales: el resurgimiento de la geoeconomía. Este concepto denota la competencia estratégica entre Estados por los espacios ya no territoriales o exclusivamente por los recursos naturales, sino por los espacios comerciales y financieros (World Economic Forum, 2015), y surge en la década de 1970, en el marco de un período de marcado proteccionismo dentro de las naciones desarrolladas. La geoeconomía es a la vez la antítesis y mayor expresión hasta el momento de la globalización: al tiempo que advierte una potencial fragmentación del comercio global, también indica una inusitada preeminencia de los mercados por sobre los gobiernos nacionales. Así, el orden mundial observa de manera creciente escenarios de alta conflictividad “a través de la gramática del comercio pero con la lógica de la guerra” (Luttwak, 1990). Asimismo, el TPP puede ser catalogado dentro de lo que se denomina “regionalismo del Siglo XXI”, concepto esgrimido por Richard Baldwin (2011), es decir, instituciones comerciales que buscan zanjar la brecha que existe en una realidad en la que se comercia en el siglo XXI pero con reglas del siglo XX que no llegan a dar debida cuenta de los nuevos desafíos y problemáticas que han surgido, al involucrar el comercio ya no sólo materias primas y bienes finales, sino también flujos bidireccionales de ideas, servicios, personas, e inversiones en capital físico y humano. Siguiendo a Baldwin, este nuevo tipo de comercio demanda reglas más profundas, teniendo especial consideración hacia en las áreas de inversión y servicios, y considerando que la mayor parte del comercio internacional actual se rige por la regla de la Nación Más Favorecida, lo que implica que los acuerdos preferenciales de comercio -dominantes en el siglo XX- hoy han quedado desactualizados. Respecto a este punto, el regionalismo del Siglo XXI pone el acento ya no en tarifas sino en estándares y regulaciones (como lo hace el Acuerdo Transpacífico), y su propósito principal es la creación de condiciones favorables para el desarrollo de negocios en el exterior y la conexión entre distintos eslabones de cadenas de producción que hoy

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El quinto apartado examina el impacto del Acuerdo Transpacífico sobre los Estados parte del MERCOSUR, un grupo de naciones distanciadas del Pacífico y con políticas económicas y comerciales que tienden a privilegiar el mercado interno y la sustitución de importaciones. En esta sección, se delinean las principales amenazas que este acuerdo conllevaría y los diferentes caminos que las naciones del Atlántico sudamericano podrían tomar para no quedar rezagadas.

en día son cada vez más internacionalizadas (Bouzas, 2013). Bajo este marco, puede afirmarse que las instituciones multilaterales de posguerra y las normas y estándares internacionales de comercio que de ellas surgieron se encuentran erosionadas ante otras reglas, ahora de nivel regional y bajo una lógica multipolar (WEF, 2015). En particular, el estancamiento de la ronda de Doha y la visible esclerosis de la Organización Mundial del Comercio para responder a los más recientes desafíos de la realidad económica internacional, han llevado a muchos Estados a buscar canales alternativos para maximizar sus oportunidades. Ello se ve reforzado, más aún, por la tendencia de un aumento en el producto global mucho menor al esperado, donde el crecimiento sostenido -ya a mediano plazo- es cada vez más una entelequia que una realidad asequible para los países (Banco Mundial, 2016). No obstante todo lo anterior, lo cierto es que el futuro del TPP podría verse menoscabado por sentimientos localistas en alza en todos los países miembro del mega-acuerdo. En el mundo contemporáneo, varios Estados están experimentando tensiones internas producto de fuerzas antiglobalización y nacionalistas; y precisamente estos fenómenos podrían hacer mella en los proyectos de liberalización del comercio. Muchas voces escépticas han advertido, por ejemplo, acerca de las falencias en el mecanismo de solución de controversias, que favorecería a las economías más grandes y carece de un mecanismo de revisión (Higgott y Stubbs, 2016). Sumado a ello, se teme una reducción de margen de maniobra por parte de las autoridades públicas en favor de las corporaciones transnacionales, lo cual redundaría en un “déficit democrático” como consecuencia de la aplicación del acuerdo. De ratificarse, el Acuerdo Transpacífico será el mayor logro en materia de comercio internacional desde la Ronda Uruguay de 1994. Por su naturaleza, el TPP cierra un importante número de nodos pendientes en la red de libre comercio global (Brookings Institution, 2016; Banco Mundial 2016). Además, el TPP lleva a la convergencia de un número de acuerdos de libre comercio binacionales que se superponen, facilitando el intercambio entre estos Estados. Con esta última característica, el TPP se presenta como un nuevo -y superador- estándar del modo en que se comercia entre Estados. Estándar que no pasará desapercibido a los países que no forman parte del bloque TPP (Fondo Monetario Internacional, 2016). Es importante destacar el creciente rol de China en la política y la economía mundial, gran actor que no se encuentra comprendido dentro del marco del Acuerdo Transpacífico (si bien se le ofreció membresía en 2012, la propuesta no prosperó). En este aspecto, es vital recordar que China tiene acuerdos comerciales con 15 países del Asia Pacífico, incluyendo a la mitad de los países miembros del TPP (Australia, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam). Es por ello que los chinos son otro factor a tener presente a la hora de analizar las repercusiones del Acuerdo Transpacífico en la geopolítica internacional. El TPP en el marco de la grand strategy estadounidense Es también interesante leer el Acuerdo Transpacífico en el marco del pivot asiático de la administración de Obama, que, recordemos, consiste además en el mayor acercamiento a dicha región desde los tiempos de Richard Nixon. En este marco, el TPP puede analizarse como una herramienta de los Estados Unidos para retener un rol protagónico en el continente americano, en un contexto global en el que Washington redirige su atención y recursos hacia el Pacífico a la vez que China amplía y profundiza sus vínculos con Latinoamérica. Así, el pivot asiático de la administración Obama cumple una doble tarea: estructurar la cuenca del Pacífico bajo términos estadounidenses (siendo el TPP el medio para fijar las reglas del juego a mediano plazo), y atenuar la creciente preponderancia mundial de Beijing en la región que tradicionalmente ha sido el “patio trasero” de los Estados Unidos. La nueva conducta del país norteamericano refleja una adecuación, más por necesidad que voluntad propia, a nuevas dinámicas menos asimétricas y lineales en el tablero global. Debido a los cambios sistémicos de los últimos lustros, los policymakers de Washington han alterado el enfoque tradicional de negociación en materia comercial (que enfatiza el diálogo uno-a-uno y privilegia la firma de tratados de libre comercio) para pasar a acuerdos más ambiciosos y que comprenden varios países. Así, mientras que a los Estados Unidos le es provechoso acopiar zonas de comercio (sobre todo si, como en el caso de la cuenca del Pacífico, existen pares competidores como China), a los países en posición desventajosa (Perú o Vietnam, por ejemplo) les resulta útil formar parte de un acuerdo multilateral donde las normas minimicen la capacidad discrecional del actor poderoso. Todo ello quedó evidenciado por el comunicado oficial de la Presidencia de los Estados Unidos a tal respecto, donde se afirma una voluntad de “impedir que países como China dicten las reglas del comercio global” (The White House, Office of the Press Secretary, 2015).

Sin embargo, la elección de Donald J. Trump como el nuevo presidente estadounidense plantea serios

interrogantes acerca de la posibilidad de que Estados Unidos ratifique el TPP. El republicano planteó duras críticas a los acuerdos de libre comercio en general, y al NAFTA y el TPP en particular, argumentando que las industrias estadounidenses están siendo seriamente perjudicada al trasladarse la producción industrial a países con salarios más bajos. Habrá que permanecer atentos a la posibilidad de un TPP sin Estados Unidos y a la voluntad del resto de los Estados parte de continuar con este proyecto de integración económico-comercial sin la potencia hegemónica1 (como ya lo expresó Australia2) o si el acuerdo carece de sentido sin Estados Unidos (como señaló el premier japonés, Shinzo Abe3). En este último caso, ello implicaría un mayor avance chino en dichas áreas, colocando a China como el árbitro regional (The Economist, 2016). Desafíos al regionalismo sudamericano La desaceleración económica regional -luego de una primera década del siglo XXI de bonanza inusitada- ha llevado a gobiernos y actores nacionales a buscar modos de reactivar el crecimiento. En este contexto, la región de Asia Pacífico puede ser un motor de crecimiento importante para América Latina, ya que concentra el 50% del comercio internacional (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). Asimismo los problemas en el terreno económico tuvieron su correlato en el plano político, con el fin de los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana, también categorizados bajo la etiqueta “socialismo del siglo XXI”. Mientras que a comienzos de siglo un panorama comercial favorable y una concordancia ideológica entre los principales líderes políticos de América Latina impulsaron un regionalismo latinoamericanista y particularmente sudamericanista; la inestabilidad política de los países de la “marea rosa” y una mayor incertidumbre de la economía global ha tenido resultados adversos para los proyectos de la Patria Grande latinoamericana.

Es en este contexto de desaceleración económica en el espacio sudamericano que los países andinos han redoblado sus esfuerzos diplomáticos y políticos para amalgamar un “espacio andino” en miras hacia el Océano Pacífico, en detrimento del regionalismo de UNASUR. Entonces, la Alianza del Pacífico se nos presenta como una división vertical del proyecto de integración sudamericano, en tanto este primer bloque no sólo plantea alejarse de la tutela de Brasilia sino que además los mandatarios actuales del bloque presentan un discurso ideológico ampliamente alineado con los principios y prioridades de los Estados Unidos en materia comercial. Vale además recordar que el principal impulsor de la UNASUR fue (y es) Brasil, secundado por los demás países de la llamada “nueva izquierda latinoamericana” (la Argentina de los Kirchner, el Paraguay de Lugo, la Venezuela chavista y el Ecuador de Correa). Es por ello que el declive de esta corriente política durante los últimos años (especialmente como consecuencia de los cambios de gobierno en Argentina y Brasil -impeachment mediante-, y el total colapso de la situación socio-económica venezolana) acentúa la poca relevancia de la UNASUR en materia de coordinación regional -como lo ejemplifica el fracaso en intervenir en el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela (Zaccato, 2015)-, y la deja sin coordinador claro (Spektor, 2014). Brasil buscó, en la última década, consolidar instituciones y foros regionales que plasmen su posición de liderazgo en la región, ante un mundo que reconocía al país lusoparlante como ocupando un lugar de privilegio pero con una región renuente a aceptar el crecimiento brasileño y su cada vez mayor relevancia internacional (Malamud, 2011). Con Brasil descuidando su rol de impulsor de la integración regional, y con Venezuela (otro de sus principales impulsores) en una hecatombe interna, el proyecto político de la UNASUR ha quedado acéfalo y se ha sumido en la inacción. El TPP y la Alianza del Pacífico Habiendo repasado el actual contexto de integración sudamericano, cabe preguntarnos qué bene1- Aunque para la entrada en vigor del TPP se necesite la ratificación de los Estados que representan el 85% del PBI del grupo (i.e. Estados Unidos es necesario), en las últimas semanas altos funcionarios políticos de países miembro han expresado su voluntad de continuar con el acuerdo aún sin Estados Unidos, realizando las modificaciones pertinentes. 2- Al respecto, ver “Australia considers TPP without US”, en VOA News, 23 de noviembre de 2016. Disponible en: http://www. voanews.com/a/australia-considers-tpp-without-us/3608204.html, consultado el 24 de noviembre de 2016. 3- Ver “Japan PM says TPP trade pact is meaningless without US”, en Reuters, 21 de noviembre de 2016. Disponible en: http://www.reuters.com/article/us-japan-tpp-abe-idUSKBN13G2IK , consultado el 24 de noviembre de 2016.

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En efecto, América Latina ya viene transitando un camino de diversificación de sus vínculos comerciales, con un cada vez mayor distanciamiento de sus vínculos con Estados Unidos y Europa Occidental y un mayor acercamiento a la región asiática. De hecho, mientras que en el año 1990 el 60% del comercio de Latinoamérica estaba dirigido hacia los Estados Unidos y solamente el 10% tenía como contrapartida a Asia, hoy en día estos porcentajes son 40% y 20%, respectivamente (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016), señalando una mayor relevancia de la región asiática en el comercio latinoamericano y una reducción en la dependencia de Washington.

ficios y desafíos trae el Acuerdo Transpacífico para aquellos países con costas en el océano Pacífico, para luego analizar -en el siguiente apartado- las consecuencias para los países de la zona Atlántica de la región. Para los países latinoamericanos miembros del TPP (esto es, Chile, México y Perú), este mega-acuerdo les permitirá ampliar sus lazos comerciales y financieros hacia nuevos mercados del Asia-Pacífico, a la vez que profundizar los lazos económicos ya existentes con países de dicha región (World Economic Forum, 2015; Brookings Institution, 2016; Petri & Plummer, 2016). Vale destacar, también, que la política de la Alianza del Pacífico ha apuntado, desde sus inicios, a la apertura económica, la especialización, la utilización del comercio como generadora de divisas y al desarrollo de condiciones favorables para la atracción de inversiones extranjeras (Paikin y Perrotta, 2016), por lo que sus objetivos de máxima coinciden, a grandes rasgos, con la propuesta del Acuerdo Transpacífico. Finalmente es menester subrayar que durante los últimos 25 años, los países de la Alianza del Pacífico (sobre todo Chile y Perú) han sostenido estrategias de desarrollo liberales, las cuales se han cristalizado en buena medida en coaliciones de economía política domésticas que favorecieron el ingreso y permanencia en el Acuerdo Transpacífico. Dentro de este grupo, el más beneficiado sería Perú -país que antes del Acuerdo Transpacífico era quien menos acceso tenía a estos mercados- por carecer de acuerdos de libre comercio con importantes países de la región, como Australia, Malasia y Vietnam. Si bien el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, era reacio en un principio al TPP y tenía predilección por negociaciones de la Alianza del Pacífico vis à vis China, la resolución de capítulos sensibles (como el de patentes farmacéuticas) y la influencia de la vicepresidente Aráoz terminaron por cambiar su posición4. Actualmente, numerosos estudios pronostican un importante aumento de las exportaciones peruanas, y un significativo crecimiento promedio anual para Perú luego de la implementación del TPP (Castilla, 2015; Brookings Institution, 2016). En un contexto de recesión regional, este nivel de crecimiento sostenido resulta más que tentador para cualquier Estado. Por su parte, Chile y México ya tienen en funcionamiento acuerdos de libre comercio con la enorme mayoría de los países incluidos en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico. Asimismo, los pronósticos económicos no muestran un notorio cambio en el crecimiento, como sí lo hacen en el caso peruano. No obstante, la ventaja del TPP radicaría, en estos casos, en coordinar y armonizar sus respectivos ALC y así facilitar y profundizar el intercambio comercial. De este modo, la armonización de reglas comerciales entre estos países, y la adopción de estándares compartidos en materia de reglas de origen, facilitará el comercio ya existente entre los tres latinoamericanos y con los restantes países miembros del TPP (Fondo Monetario Internacional, 2016). No obstante, el panorama en Chile y México no es exactamente el mismo. En primer lugar, los portavoces chilenos significan el TPP como una oportunidad para demostrar que Chile está a la altura de los países más desarrollados de la nueva zona económica. Luego de décadas de inversión en servicios, innovación tecnológica y productos de alto valor agregado. Para Chile, entonces, el TPP no traerá como novedad una liberalización de su comercio, sino el desafío de sostener los más altos estándares y profundizar los vínculos con aquellos miembros del acuerdo con que su relación no ha sido del todo explotada. El gobierno de Bachelet se ha manifestado enérgicamente en defensa de este posicionamiento. En segundo lugar, México puede tener la oportunidad de diversificar los destinos de sus exportaciones, las cuales principalmente tienen como destino a los Estados Unidos. México espera producto del TPP interacciones más fluidas con países como Australia, Nueva Zelanda y Japón. El Acuerdo Transpacífico y el Mercosur Para los países del Mercosur, el panorama es bien distinto que para aquellos de la costa del Pacífico. Por empezar, a diferencia de lo que ocurre con la Alianza del Pacífico, ninguno de los países del Mercosur es parte del TPP. Por ello, la economía del bloque Mercosur podrían sufrir grandes mermas una vez que se ponga en marcha el Acuerdo Transpacífico. Por ejemplo, Argentina y Brasil mantienen importantes lazos comerciales con países parte del TPP (principalmente con Chile, Estados Unidos y Japón). En estos casos, el TPP podría comprometer seriamente las exportaciones argentinas y brasileñas hacia estos mercados si la Argentina y el Brasil no se adecuan a las nuevas regulaciones y estándares que se tejen en el Acuerdo Transpacífico. Al mismo tiempo, Uruguay, Paraguay y Venezuela verían disminuida su capacidad de atracción de capitales e Inversión Extranjera Directa debido al mejor posicionamiento de sus pares trasandinos parte del TPP. Ante este panorama adverso para los países del Mercosur, se plantean dos posibles escenarios. Por un lado, los países del Mercosur podrían optar por intensificar su comercio con China (recordemos, la gran potencia que queda afuera del TPP), como modo de contrarrestar la pérdida de acceso a los mercados asiáticos vis à vis los países miembros del Acuerdo Transpacífico. Sin embargo, esta estrategia tiene también sus consecuencias adversas, y es que este rumbo claramente no ayudaría a los

4- Fuente: “El TPP y PPK”, en La República, Perú, 14 de julio de 2016. Disponible en: http://larepublica.pe/impresa/opinion/785380-el-TPP-y-ppk.

países del Mercosur a avanzar hacia la industrialización de sus exportaciones, debido a que China está demandando productos cada vez más primarios y con el menor valor agregado posible. De este modo, los países del MERCOSUR seguirían en un camino de exportación de materias primas (cada vez menos procesadas) e importando productos industriales. En otras palabras, China serviría para asegurar el flujo de entrada de divisas (de vital importancia para salir del estancamiento económico en que se ha sumido esta porción del continente), pero no ayudaría en una estrategia de mediano y largo plazo de los países del Mercosur. Por el otro lado, un posible acuerdo entre Mercosur y la Alianza del Pacífico puede ser una vía media que impida que el TPP afecte negativamente al Mercosur. Hoy en día, existe una gran yuxtaposición entre los dos bloques: los cuatro Estados miembros de la Alianza del Pacífico tienen acuerdos comerciales con el Mercosur, y, además, tres de ellos son miembros asociados del bloque (Chile, Colombia y Perú), mientras que México es un Estado observador.

Sin embargo, esta opción también tiene sus problemas, y el principal de ellos es un escollo no de carácter económico sino más bien de tipo ideológico-institucional, y es que elegir la vía del TPP implica señalar al resto del mundo que el crecimiento económico de tu Estado vendrá de la apertura hacia el comercio internacional y de una mayor integración (Council on Foreign Relations, 2015). Esto, para países centralmente proteccionistas como la Argentina y Brasil, es algo problemático, en el menor de los casos, e incompatible con la estrategia de desarrollo adoptada, en el más probable de los escenarios. Más aún, algunos estudios afirman que el actual comercio asiático del bloque de MERCOSUR reporta un déficit comercial y una baja calidad de comercio al reproducir la lógica de exportación de materias primas e importación de manufacturas; sosteniendo que un mayor grado de liberalización en el comercio con estos países podría reportar un déficit aún mayor (Paikin y Perrotta, 2016). Adicionalmente, en el caso de Venezuela encontramos que las coaliciones domésticas se han manifestado sumamente reticentes al TPP alegando que “golpea la integración regional”8. No es de sorprender, pues estudios preliminares vaticinan que el Acuerdo Transpacífico golpeará fuertemente a las exportaciones venezolanas: del 27,8% de contracción de exportaciones que el MERCOSUR sufrirá a causa del TPP, la mitad serán de la República Bolivariana (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015). Vale también mencionar que una tercera vía para contrarrestar los potenciales efectos adversos del TPP en el marco del MERCOSUR sería avanzar seriamente en las negociaciones para firmar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, proyecto que se viene discutiendo hace un par de décadas pero que, hasta nuestros días, no ha dado señales serias de concretarse. Sin embargo, esta estrategia significaría “seguir apostando a lo viejo”, ya que implicaría revertir la tendencia de diversificación comercial que Argentina, en particular, y la región, en general, vienen siguiendo desde hace algunos años. A pesar de los desafíos y dolores de cabeza que pueda traer para el Mercosur, es necesario reconocer que, para bien o para mal, el Acuerdo Transpacífico (TPP) y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) redefinen el modo en que se comercia entre Estados en el siglo XXI. Como bien señala Zelicovich, la adopción de un mayor número de compromisos en términos de integración es un elemento clave “para conjugar las amenazas y oportunidades con las fortalezas y debilidades del MERCOSUR de cara al regionalismo del siglo XXI” (2016:24). Es necesario, entonces, aceptar que es dentro de este nuevo escenario internacional en que hay que pensar una respuesta desde el marco del Mercosur, y, particularmente, desde la Argentina. Por 5- Fuente: “Uruguay y Chile firmarán un TLC “de última generación” en septiembre”, en El País Uruguay. Disponible en http://www.elpais.com.uy/informacion/vazquez-consejo-ministros-carmelo-colonia-chile-tratado.html 6- Fuente: “Uruguay y Chile firmarán en octubre tratado de libre comercio”, en El Espectador. Disponible en: http://www. espectador.com/economia/339174/uruguay-y-chile-firmaran-en-octubre-tratado-de-libre-comercio. 7- Fuente: “Paraguay y México firman 10 acuerdos; habrá 3 más”, en Milenio Negocios. Disponible en: http://www.milenio. com/negocios/Paraguay-Mexico-firman-acuerdos_0_800319973.html 8- Los dichos corresponden al ex-ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. Fuente: “TPP golpea integración latinoamericana, dice dirigente venezolano”, en Sputnik News. Disponible en: http://sptnkne.ws/cPa9

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De hecho, ya Argentina, Uruguay y Paraguay son miembros observadores de la Alianza del Pacífico. Y, en particular, es interesante el acercamiento manifiesto por parte del canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, quien ha entablado tratativas de ingreso al TPP con Chile y Colombia. En esta dirección debe leerse el reciente acuerdo de libre comercio cerrado entre Chile y Uruguay5 6-a firmarse el octubre próximo- mediante el cual Montevideo procura servirse de Santiago como puerta de entrada al espacio del TPP, en línea con crecientes voces dentro de Uruguay que sostienen la necesidad de ampliar las posibilidades en materia de comercio exterior (Albertoni, 2011). De manera similar, la reciente visita de Estado del presidente paraguayo Horacio Cartes a México para la firma de 10 acuerdos comerciales para profundizar sus lazos a fines de agosto de este año7 confirma la búsqueda de los miembros del Mercosur de un acercamiento a la Alianza del Pacífico.

ejemplo, a pesar de estar fuera del Acuerdo Transpacífico, los países miembros del Mercosur podrían adoptar medidas que aseguren que sus regulaciones y reglas se vayan ajustando a los nuevos estándares globales, sentados ya no por la Organización Mundial del Comercio (OMC) sino por acuerdos inter-bloques como el TPP y el TTIP. Este tipo de acciones ayudarían a no perder competitividad en materia de regulaciones comerciales y reaseguros jurídicos y posicionar a la región como nicho de inversiones seguras (Fondo Monetario Internacional, 2016). ¿Qué pasa con relación entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur? Siguiendo lo mencionado en el apartado anterior, un mayor acercamiento entre los bloques del Mercosur y la Alianza del Pacífico (en la que tres de sus miembros son parte del TPP, mientras que Colombia está negociando su entrada) podría ser un camino medio a través del cual el bloque sudamericano-atlántico no pierda relevancia frente al mega-acuerdo comercial que se negocia en el Pacífico, pero tampoco pierda su carácter particular. En esta línea, Andrés Malamud (2016) señala que los dos bloques son compatibles y que debe dejarse de lado los planteos “fundamentalistas” a izquierda y derecha del espectro político argentino (que ven a la Alianza del Pacífico bien como la forma de “volver al mundo” o bien como la manera de “entregarse al neoliberalismo”). En el fondo, señala Malamud, la Alianza del Pacífico y el Mercosur buscan crear cadenas transnacionales de valor, procurando construir economías de escala. “La Alianza lo hace desde la apertura rápida y unilateral al comercio internacional, mientras que el Mercosur adoptó un enfoque paulatino y colectivo” (Malamud, 2016). Como vimos anteriormente, ya existe una importante yuxtaposición entre los dos bloques dado que los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico tienen acuerdos comerciales con el Mercosur, y son además Estados asociados u observadores del mercado común sudamericano. Conclusiones En el marco de una ralentización notoria en los organismos de comercio multilaterales a nivel global y los efectos aún no superados de la recesión económico-financiera de 2008, los Estados buscan nuevas formas de diversificar sus lazos comerciales. Ante la considerable incertidumbre causada por los recientes cambios geoeconómicos, garantizarse mercados donde colocar productos y servicios o mantenerse a la cabeza de la cada vez más exigente carrera por la competitividad y la innovación son objetivos prioritarios. Para América Latina, ello implica una considerable tensión entre sostener las tendencias de regionalismo de las últimas dos décadas y defender los niveles de regionalización actuales y por otra parte expandir las plataformas productivas con el resto del mundo -con la liberalización del comercio que ello supone-. Los cambios políticos y diplomáticos de los últimos años en la región parecieran indicar la prevalencia de estas últimas cuestiones por sobre las primeras. En un mundo en el que el comercio se define, cada vez más, en los tableros inter-regionales y cada vez menos en la arena global, una Sudamérica partida en dos tendría serias desventajas y perdería voz y capacidad de acción como bloque. Máxime teniendo en cuenta que el Asia Pacífico es, sin dudas, uno de los centros neurálgicos del comercio internacional, los países del Mercosur estarían perdiendo importantes socios comerciales (y, con ello, una gran potencialidad para su crecimiento y desarrollo) si no encuentran la manera de hacer conjugar sus propias necesidades internas con la nueva realidad institucional que le plantean la Alianza del Pacífico, por un lado, y el Acuerdo Transpacífico. Los países latinoamericanos deben procurar establecer un sabio equilibrio entre los proyectos de construcción de una identidad y matriz institucional regional y no perder terreno en los planos económico y comercial por tornarse poco atractivos a actores extrarregionales. De lo contrario, las vertientes más atlantistas y pacifistas (encarnadas en el Mercosur y la Alianza del Pacífico respectivamente) podrían cristalizar una división vertical del espacio sudamericano, reeditando viejas tensiones y reduciendo los beneficios potenciales de la descentralización de la economía global. Para preservar los logros obtenidos durante los últimos lustros, Sudamérica necesitará una voluntad política dispuesta a mantener la coordinación regional, diseñar nuevos proyectos de cooperación económica, y no descuidar los costos sociales de la regionalización.

* ARTÍCULO RECIBIDO EL 22/09/2016 ACEPTADO EL 25/11/2016

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El ascenso de la derecha en América Latina: apuntes para su discusión The rise of the right wing in Latin America: notes for discussions

EZEQUIEL BAROLIN Ezequiel Fabricio Barolín es Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y actualmente se encuentra realizando su doctorado en Ciencia Política (UNR).

El contexto regional se ha transformado en sus aspectos políticos. El ascenso de partidos considerados como “de derecha” nos pemite pensar en la existencia de una nueva coyuntura. El cuestionamiento hacia los gbienos “de izquierda” que habían emergido acom-pañando el nuevo siglo, se reflejó en las urnas. El presente artículo propone describir brevemente este nuevo contexto latinoamericano. No se trata de una simple enumeración de datos, sino de una reflexión conceptual frente lo que se ha llamado “nueva derecha”. Paralelamente, se mencionará las nuevas formas de inestabilidad que han debido –y deben- soportar los gobiernos regionales, a partir de la pre-sencia de los elementos conservadores en toda Latinoamérica, manifestando un nuevo modo de actuar por parte de la derecha. Palabras Clave NUEVAS DERECHAS / INESTABILIDAD INSTITUCIONAL / AMÉRICA LATINA

Abstract The regional context has been transformed into its political aspects. The rise of parties considered as “right winged” allows us to think about the existence of new conditions. The questioning of the “left wing” governments that had emerged along the new century was reflected in the polls. The present article proposes to briefly describe this new Latin American context. It is not a simple enumeration of data, but a conceptual reflection of what has been called the “new right wing”. At the same time, the new forms of instability that - and musthave to be borne by the regional governments, based on the presence of the conservative elements throughout Latin America, will be mentioned.

Keywords RIGHT WING / INSTITUTIONAL INSTABILITY /LATIN AMERICA

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Resumen

¿Nuevas derechas? Son varios los acontecimientos que han marcado la nueva coyuntura política latinoamericana. El aclamado triunfo de Macri en Argentina, en el año 2015, sin dudas es el que más resonancia internacional ha tenido. El interés intenso de reinsertar al país en los mercados internacionales de crédito y la necesidad de atraer nuevas inversiones, lo han llevado a cobrar notoriedad en el ámbito externo. Tal es la visibilidad que ha logrado, que el saliente Presidente Barack Obama visitó oficialmente a Argentina por primera vez a pocos meses de haber asumido Macri. Luego de doce años de kirchnerismo, la primera magistratura era ocupada por un partido nuevo, no tradicional de la arena partidaria argentina: el PRO. Similar revés electoral lo sufrieron otros gobiernos “progresistas” de la región. En el caso de Venezuela, el deterioro del apoyo popular ha sido constante. En las elecciones presidenciales del año 2013, Maduro triunfó con una escasa diferencia del 1,49 por ciento. En las elecciones nacionales del año 2015, la oposición venezolana pasó a controlar definitivamente la Asamblea Nacional, dejando en minoría al oficialismo. La coalición opositora se nuclea en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD). “La escasez, la inflación, la corrupción y otros males, como la inseguridad ciudadana, han sido sus banderas”. (López Segrera: 2016:4) En el caso de Ecuador, la Revolución Ciudadana se vio debilitada frente a varios sucesos. El primero de ellos fue el triunfo de Mauricio Rodas como Alcalde de Quito en febrero de 2014. A esto se sumó la pérdida de las alcaldías de Guayaquil y Cuenca a fines del año 2015. El golpe fue fuerte para la Alianza País (AP) ya que ha perdido el control de los distri-tos electorales más importantes. En el caso de Bolivia, también se notan grietas que amenazan con derrumbar al gobierno de Morales. En el referéndum de 2016, que planteaba la posibilidad de su re-reelección, los resultados le fueron desfavorables, demostrando –quizás- el fortalecimiento de la oposición. Es evidente, que más que el ascenso de la “nueva derecha”, debe considerarse el descenso de la izquierda. El giro que vivió Latinoamérica parece estar dando una nueva vuelta de timón. Pero, ¿qué es lo nuevo de estas derechas? José Natanson las define como: democráticas, pos-neoliberales y sociales (Natanson, 2014). Características que habría que matizar para expresar más cabalmente la idea de “nueva”. De hecho, hablar de “nueva derecha” y atribuir-le características “democráticas” tampoco es novedoso. Al respecto, un artículo de fines de los ochenta afirmaba: “La actual etapa de democratización en América Latina se caracteriza por su sentido instrumental, que deja de lado toda auténtica integración participativa de la población. La nueva derecha es heredera de las dictaduras militares de Seguridad Nacional, y su vocación es asegurar el esquema de poder originado por esas dictaduras bajo formas democráticas, en beneficio de las élites y con la bendición de EE.UU. La instrumentalización de la democracia se basa en medidas puramente institucionales, que se expresan en el culto a la propiedad privada y la totalización del mercado (declarado “productor de libertad”), el control de los medios de comunicación y la introducción de algún sistema de elecciones.” (Hinkelammert, 1988:104) En efecto, el fragmento anterior puede describir acertadamente el contexto regional actual; sin embargo, refiere al contexto latinoamericano post-dictaduras, cuando se vivía lo que Huntington denominó la “tercera ola de democratización” (Huntington, 1994); y en tal sentido, conviene preguntarnos: ¿por qué hablamos de “nuevas derechas” adjudicándole un carácter democrático a las mismas? Esta asociación no es en absoluto nueva. Además, hay que tener en cuenta otro factor; y es la problematización que implica definir la idea de “democracia”. No significa lo mismo para todos, ni tiene su misma interpretación al interior de los distintos Estados de la región. Por ejemplo; “[d]esde los procesos nacional-populares (sobre todo Venezuela, Ecuador, Bolivia) se apela a una suerte de democracia plebiscitaria de masas -con tonalidades jacobinas- que marcha en paralelo al recambio de élites en el poder y refundaciones constitucionales: la democracia es el “poder del pueblo” y las instituciones son refugio de las viejas élites”. (Stefanoni, 2012) En todo caso, lo que define a las “nuevas derechas”, no es su carácter democrático, sino la utilización de una retórica que defiende la estabilidad de la democracia y sus institu-ciones. Asisten al “juego democrático”, apelan a la institucionalidad como factor de legitimi-dad, y en las apariencias manifiestan cierto cuidado de las formas. Aunque de fondo, la insti-tucionalidad no sea más que una fachada democrática manchada de “ilegitimidad” o dudosa “legalidad”. El uso de la institucionalidad de las “nuevas derechas”

Todos los Estados que han marcado el famoso “giro a la izquierda” han sufrido alguna modificación o revés electoral. Este “giro” se inició con el ascenso de Chávez en Venezuela en 1999, continuando con

los “…gobiernos de Lula, en (sic) 01 de enero de 2003, Néstor Carlos Kirchner, 25 de mayo de 2003, de Tabaré Vázquez el 01 de marzo de 2005; de Evo morales y el MAS el 22 de enero de 2006; de Daniel Ortega el 10 de enero de 2007; de Rafael Correa el 15 de enero de 2007; de Mauricio Funes el 01 de junio de 2009.” (Sotelo Valencia, 2015) A éstos habría que agregar otros, tales como los ascensos de Manuel Zelaya en el año 2006 y de Fernando Lugo Méndez en el 2008, en Honduras y Paraguay, respectivamente. Sin embargo, no todos estos Estados se han visto afectados por una “derechización” basada en la simple lógica electoral. Muchos de ellos han vivido procesos institucionales que han cambiado gobiernos sin el quiebre de régimen característico de las épocas más oscuras de América Latina. A modo de estructuración histórica, y reformulando en parte la periodización de López Segrera, podemos diferenciar tres tipos derechas: la primera hace referencia a la “derecha dictatorial” de mediados de los sesenta y mediados de los ochenta. La segunda, una “derecha neoliberal” que se impone a partir de los noventa. Y, finalmente, una “derecha visibilizada” que no es más que la reformulación contextual de la anterior. Continúa con los preceptos neo-liberales y el uso institucional de la democracia, pero su reapropiación de espacios perdidos exige una identificación nominal. Así, la “derecha dictatorial” tiene como rasgos: “su absoluta sumisión a la geopolítica imperial de Estados Unidos, su asociación a dictaduras militares; y su apoyo irrestricto a la Doctrina de Seguridad Nacional y a su correlato, esto es, el terrorismo de Estado. La “derecha neoliberal”, por su parte, se caracterizó por: adherirse a los postulados del “Consenso de Washington” fielmente, para aplicar el ajuste neoliberal; construir la democracia entendida como meras elecciones ante el llamado del presidente Carter; y el control de los medios de comunicación.” (López Segrera, 2016:2) La tercer fase, que se inicia a partir del año 2000, tiene que ver con una derecha derrotada, que nunca deja de existir y que frente a su rearticulación y triunfo merece una denominación: nada más sencillo que llamarla “nueva derecha”, aunque no reúna componente originalmente nuevos. Esta nueva derecha, a nuestro parecer, tiene una característica fundamental y es – como se ha dichola apelación a lo democrático en su retórica, el respeto aparente a la institucionalidad. Lo novedoso no es su apego a la democracia sino, acaso, el uso institucional que realizan de ella para cumplir sus objetivos. Esto se ve claramente en las nuevas modalidades de inestabilidad política regionales.

Los recientes sucesos en Brasil llevaron a que América Latina centrara sus ojos en el país vecino. El pedido de juicio político ingresó al Congreso en octubre del año 2015, y en abril del corriente, la comisión de Diputados que analizó la posibilidad del impeachment se pronunció de modo favorable a su desarrollo. Los acontecimientos se precipitaron: el 11 de mayo, el Senado aprobó el enjuiciamiento de la Presidenta. La historia es conocida, Dilma Rousseff fue destituida y Michel Temer asumió la primera magistratura. Si bien la importancia política y económica de Brasil genera mayores repercusiones, no se trata de un caso aislado. Muy por el contrario, la idea de enjuiciar al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, circula recurrentemente en los medios de comunicación. Recientemente, opositores venezolanos se manifestaron efectivamente en favor de tal posibilidad, aunque lo que cobró notoriedad fue los intentos de realizar un referendo revocatorio del mandato presidencial. En el caso de Centroamérica, el año 2015 vio caer uno de sus mandatarios: Otto Molina Pérez, Presidente de Guatemala, se vio obligado a renunciar en un contexto de antejuicio político, salpicado por actos de corrupción y movilizaciones ciudadanas. Por su cercanía regional, el caso de la destitución del Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, es más conocido. El 22 de junio, y en menos de 24 horas, un juicio de velocidades inusitadas acabó de modo precipitado con su mandato. Sin embargo, como puede observarse, su destitución no es única ni original, sino que pasó a engrosar la lista de presidencias interrumpidas. Entre 1992 y 2016, por lo menos nueve presidentes se enfrentaron al inicio de un juicio político en América Latina, de los cuales siete fueron removidos de sus cargos al ser declarados culpables. Un contraste interesante si consideramos que entre 1950 y 1991 se sucedió sólo un caso (Panamá en 1955) donde el Presidente debió someterse al enjuiciamiento del Congreso. Periodistas, políticos e intelectuales se encuentran con la dificultad de denominar un proceso con particularidades propias. Un Presidente que ha ascendido en el marco de las reglas de la democracia es destituido por un Congreso elegido bajo las mismas condiciones democráticas. Sin dudas, América Latina está viviendo una etapa donde los golpes de Estado han disminuido, lo que no significa que la destitución presidencial no se realice por otros medios. De hecho “[c]omo en décadas anteriores, los gobiernos elegidos democráticamente siguen cayendo, pero a diferencia de las décadas anteriores, no se derrumban los regímenes democráticos.” (Pérez Liñán, 2009:19-20)

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Nuevas modalidades de inestabilidad democrática

Se trata de una nueva modalidad que consiste en la destitución o distanciamiento del Presidente sin quiebre del régimen. Es una alternativa al asalto al poder por parte de los militares. Los golpes de Estado que caracterizaron a la región en las décadas del sesenta y setenta han disminuido. A partir de la tercera ola de democratización de los años ochenta se evidencia una “vuelta a los cuarteles” de las fuerzas militares. (Huntington, 1994) Pignatta también reconoce esta disminución en la intervención militar en la región a partir de la década del noventa, y considera las emergencias de nuevas modalidades de inestabilidad política. A las fuentes tradicionales (Golpes de Estado, levantamientos militares, autogolpes y fraudes electorales) agrega esta idea del juicio político/destitución y renuncia del Presidente. (Pignatta, 2011) El nuevo contexto latinoamericano está caracterizado por la interrupción del mandato presidencial considerado fijo sin quiebre del régimen. La “interrupción presidencial” (Marstintredet, 2008) ha recibido numerosas denominaciones: “inestabilidad presidencial” (Ollier, 2008) “remoción presidencial” (Pérez Liñán, 2009), “caídas presidenciales” (Hochstetler, 2008), entre otros. Lo interesante, es la paradoja de regímenes estables en contextos de go-biernos inestables (Pérez Liñán, 2009: 20) En general los autores citados sostienen que la “inestabilidad” o “interrupción presi-dencial” pueden darse en un contexto de ausencia de quiebre de régimen contrario a la realidad imperante en décadas anteriores al noventa. En este aspecto toman una posición contraria a los argumentos de Juan Linz, para quien el mandato fijo de las constituciones presidencialistas y el origen separado del Ejecutivo y el Legislativo presentan un peligro para la estabilidad democrática. Cuando hay conflicto intenso entre los poderes del Estado se limita el margen de acción de los políticos. La tendencia es un bloqueo mutuo entre los poderes del Estado. Ante la falta de herramientas que permita superar la crisis de gobernabilidad se habilitan salidas antidemocráticas como la intervención de las fuerzas armadas que provocan la ruptura del régimen (Linz, 1997). A partir de los años noventa esta idea es puesta en cuestionamiento por la realidad latinoamericana. En definitiva, podemos sostener que estamos frente a un nuevo patrón de conducta, una situación novedosa en la política latinoamericana que consiste en salidas alternativas al quiebre de régimen, donde el uso de la institucionalidad es claro por parte de la oposición partidaria. La derecha utiliza aquellos elementos que el régimen le brinda para favorecer sus propios intereses. Franklin Ramírez aplicó el término de “tecnologías del derrocamiento” para expresar “la combinación de movilizaciones callejeras, maniobras conspirativas del Poder Legislativo, pérdida del apoyo en el interior de las Fuerzas Armadas y eventualmente aval de la embajada de Estados Unidos…” (Stefanoni, 2012). Sin embargo, hay que diferenciar las destituciones presidenciales del periodo regido por las “derechas neoliberales” del periodo regido por las “derechas visibilizadas” o “nuevas derechas”. Sencillamente, más allá de las continuidades, puede observarse cierta ausencia de la acción popular en las calles a favor de esa destitución. Claro son los ejemplos de Dilma Rousseff en Brasil, pero también los casos de Fernando Lugo en Paraguay. Es decir, existe un uso que se convierte en abuso de las normas legales. Las formalidades buscan mantenerse en algunos de sus aspectos, no así sus contenidos, que puede ser objeto de fuertes cuestiona-mientos. Contexto post-neoliberal y alternativa electoral Como hemos dicho no son “nuevas derechas”, ni temporalmente, ni en sus características ontológicas. Al respecto, Emir Sader se pregunta: “¿Pero la elección argentina proyecta una nueva derecha en América latina? Hubo una nueva derecha cuando ella asumió la ideología y los proyectos políticos y económicos del neoliberalismo. Agotado el período histórico marcado por el desarrollismo, la respuesta neoliberal aparecía como una alternativa. A la crisis del socialismo y del Estado de Bienestar Social se respondía con la crítica del Estado, con la exaltación de la centralidad del mercado y de las empresas privadas. Así la derecha, por primera vez, pretendía aparecer como lo moderno, lo nuevo, tildando a la izquierda como lo jurásico. Esa fue una renovación de la derecha, cuyos protagonistas fueron Carlos Menem, Fernando Henrique Cardoso, Alberto Fujimori, Carlos Andrés Pérez y Carlos Salinas de Gortari, entre otros. Ahora la situación es distinta. El propio modelo del empresario de éxito, que debiera ser el mejor administrador del Estado, personificado en Piñera, ha fracasado. Él no tenía nada de nuevo que proponer, más que el retorno al modelo neoliberal puro y duro. Lo mismo ha pasado con los otros candidatos a renovar a la derecha.” (Sader, 2015) En efecto, las “derechas” nunca han dejado de existir; sin embargo, es su “vuelta al poder” la que interpela a una referencia conceptual. Nuevas en su visibilización, en un contexto que se creía marcadamente de “izquierda”. Se ha explicitado, sin embargo, que las características de estas “derechas visibilizadas” tienen relación estrecha con un abuso de la institucionalidad. Una institucionalidad que se caracteriza por la conservación del régimen, aun destituyendo gobiernos.

Pero sobre todo, hay que destacar como segunda característica, un contexto de post-neoliberalismo. No son precisamente post-neoliberales, sino que el contexto permite categoriarlas así, siendo además, una alternativa electoral a la izquierda. Son, entonces, estas dos características que nos permiten ca-

balmente conceptualizar el marco regional de ascenso de las derechas: presentarse nuevamente como alternativa electoral válida -con posibilidades ciertas de ganar-y un contexto actual de post-neoliberalismo en el cual vienen a insertarse. Es cierto que el “post-neoliberalismo” como concepto ha sido objeto de disputa, y resulta de utilidad al momento de describir a los gobiernos regionales de izquierda. No obstante, no puede negarse que temporalmente las “derechas visibilizadas” o las “nuevas derechas”, son también “post-neoliberales” temporalmente hablando. En segundo lugar, la idea de incluir a las derechas en un contexto post-neoliberal, implica articular políticas y medidas que los gobiernos de izquierda han aplicado, y que los nuevos gobiernos no podrán dejar de considerar. Y si bien es cierto, como sostiene Svampa, que “hablar de la crisis del consenso neoliberal no significa en absoluto afirmar que hemos entrado en la etapa del posneoliberalismo o que hemos instalado ya una agenda posneoliberal” (Svampa, 2006: 147), el concepto es útil para demarcar el fin del Consenso de Washington a nivel regional, quebrando esa lógica marcada por todos conocida. “Al mismo tiempo, si bien denota un ideal regulativo de superación, el neologismo convoca a pensar en las continuidades con el modelo neoliberal dado los escenarios económicos y políticos en los que se desenvuelven los gobiernos progresistas.” (Stoes-sel, 2015). Es decir, ni los gobiernos de izquierda dieron muerte al neoliberalismo, ni los nuevos gobiernos de derechas podrán eludir los elementos sociales de los gobiernos de izquierda han impuesto, especialmente referidos a una sociedad civil movilizada, aunque es evidente una vuelta a un Estado desregulador, y creyente fiel del mercado como mejor asignador de recursos.

Imposible es, entonces, no identificarlos como post-neoliberales, debido a que las limitaciones que constriñen cualquier acción. Además, Natanson afirma: “Aunque sus programas económicos incluyen las conocidas prescripciones pro-mercado, son escasas las menciones explicitas a las políticas de desregulación, privatización y apertura comercial que constituían el núcleo básico del Consenso de Washington. Estrategia que, una vez más, tiene menos que ver con la astucia ocultista del marketing político que con el contexto: ocurre que todas estas reformas ya fueron aplicadas y aunque hubo correcciones y contrarreformas de distinta intensidad, en términos generales se encuentran vigentes.” (Natanson, 2014) Lo que se busca destacar, es que la reflexión debe considerar mucho más que la lógica gubernamental mencionada, por eso hacemos hincapié en el contexto post-neoliberal con el objetivo de significar la complejidad de los procesos sociales y económicos inherente. Bajo ningún aspecto se desconoce las características propias de cada caso, aunque en la práctica efectivamente se realiza una generalización para su comprensión. A modo de reflexiones finales Hasta aquí hemos hecho un breve acercamiento a lo que se ha considerado llamar “nuevas derechas”, sosteniendo justamente lo contrario: no son nuevas, sino que su visibilización lo es. Asimismo, se ha cuestionado la idea de que sean “democráticas” poniendo el énfasis en un accionar novedoso que se remonta a la década de los noventa y que con características propias sigue siendo utilizada en la actualidad: el uso de la institucionalidad para quitar a Presidentes indeseables por parte de las derechas. El régimen democrático no se quiebra, pero los gobiernos caen. Lo democrático es sólo su retórica. En segundo lugar, además de su presencia electoral como alternativa válida de acceso al poder, se ha hecho referencia al contexto de post-neoliberalismo que inevitablemente vive la región. Se trata de procesos complejos donde las variables sociales y económicas cobran relevancia, superando los límites de esta reflexión. El contexto post-neoliberal que caracteriza al ascenso de las derechas produce una amalgama entre liberalismo y políticas de tipo intervencionistas evidentemente compleja. Adicionalmente, se hace notar que el simple cambio de color ideológico-partidario no transforma la sociedad de inmediato, sino que existe un campo de fuerzas en pugna constante que luchan por imponerse. La derecha no ha desaparecido del contexto político latinoamericano tras el ascenso del progresismo de la región, sino que ha actuado de diversos modos: ya sea apelando a los juicios políticos o las urnas. La “izquierda”, del mismo modo, no está destinada a la desaparición, sino que se haya debilitada, y ciertamente, con posibilidades de resurgir en el marco electoral, tal como lo está haciendo hoy, la derecha.

* ARTÍCULO RECIBIDO EL 29/06/2016 ACEPTADO EL 18/11/2016

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.42/ Enero - Marzo 2017 / pp. 21-26.

Stoessel afirma que algunos autores “asocian al postneoliberalismo especialmente con problemáticas relacionadas al modelo económico y la política exterior. Políticas opuestas a la desregulación, la financiarización, la flexibilidad del trabajo y al libre mercado constituyen la base de cualquier proyecto postneoliberal.” (Stoessel, 2015) Los nuevos gobiernos deberán enfrentarse con un contexto de oposición ciudadana en caso de querer arremeter contra aquellos avances que se han realizado en el marco del postneoliberalismo, puesto que éste ha implicado también un cambio en la concepción ciudadana.

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ENTREVISTA CON ALICIA CASTRO

Malvinas: Nuevas Perspectiva ante el Cambio de Gobierno INTERVIEW WITH ALICIA CASTRO

Malvinas: New Perspectives facing government change CAMILA ABBONDANZIERI Y CARLA MORASSO

La ex embajadora argentina ante el Reino Unido, Alicia Castro, visitó Rosario en el mes de octubre para brindar una conferencia junto al Parlamentario del MERCOSUR, Agustín Rossi, sobre “El giro de Macri respecto a Malvinas”. En este marco, mantuvo una reunión con investigadores rosarinos y miembros del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI) de la FUNIF, cuyos principales resultados presentamos a continuación.

Palabras Clave MALVINAS / CAMBIEMOS / MAURICIO MACRI./ ALICIA CASTRO

Abstract Former Argentine ambassador to the United Kingdom, Alicia Castro, visited Rosario to give a lecture with Agustín Rossi, a member of MERCOSUR Parliament, on “Macri’s turn to Malvinas affair” in October. In this context, he held a meeting with Rosarian researchers and members of the Center for Political and International Studies (CEPI) of FUNIF, whose main results are presented below.

Keywords MALVINAS / CAMBIEMOS / MAURICIO MACRI/ ALICIA CASTRO.

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.42/ Enero - Marzo 2017 / pp. 27-29.

Resumen

Considerando las incertidumbres que se han generado en torno a la Cuestión Malvinas a partir del cambio de gobierno en Argentina y el triunfo del Brexit en Gran Bretaña, la ex representante argentina en Londres señaló que “lo primero que me parece que podemos concluir es que Malvinas es una metáfora de muchas de las cosas que nos pasan a los argentinos, una metáfora de las Relaciones Exteriores, de cómo éstas son llevadas adelante por un país”. En este sentido, apuntó que el anticolonialismo “es un imperativo ético de todos aquellos que creen que hay que construir un orden mundial multipolar, equilibrado; como decía Bolívar, que asegure la paz del universo y donde no reine la ley del más fuerte”. Además, subrayó que Malvinas “es una causa regional, una causa global” y que Argentina cuenta con el apoyo de los países de América Latina y el Caribe y de los países africanos al reclamo de soberanía sobre las islas y que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional para alcanzar el diálogo con el Reino Unido. En relación a las acciones argentinas desarrolladas durante su período como embajadora, Castro señaló en particular los acercamientos a diferentes grupos de la sociedad civil británica. Entre ellas, las conferencias que se brindaban sobre la Cuestión Malvinas en los grandes sindicatos del Reino Unido y las reuniones con movimientos ambientalistas. Entre estos últimos se encontraron numerosos apoyos a las posturas argentinas a partir de la idea de que un derrame petrolero en Malvinas sería peor que el desastre que ocurrió en el Golfo de México, porque la exploración y la posible explotación offshore sin una vinculación logística con el continente es extremadamente riesgosa. Asimismo, se llevaron adelante contactos con organizaciones pacifistas, en particular con la Campaña para el Desarme Nuclear (CDN), la asociación pacifista más prestigiosa del Reino Unido que llevó adelante la campaña contra la guerra de Irak. Como resultado, la CDN presentó a su gobierno notas reclamando que no se militarizara el Atlántico Sur, y reclamando el peligro de los submarinos nucleares violatorio del tratado de Tlatelolco. Alicia Castro, también apuntó que en estas reuniones también salía a la luz que ante la situación de crisis en el Reino Unido y en la Unión Europea muchos ciudadanos miraban con recelo que sus impuestos fueran invertidos en unas islas remotas en tanto asisten a recortes presupuestarios en materia de salud y educación. De este modo, durante los gobiernos kirchneristas se lograron “tejer muchas redes de adhesión al dialogo en muchos ámbitos” y que la embajada se ocupó de ello en las cuatro naciones “donde, además, la perspectiva acerca de Malvinas es muy diferente”. Sobre el particular, Castro subrayó el apoyo del Vice Primer Ministro adjunto de Irlanda del Norte, Martin McGuinness -ex líder del Ejercito Republicano de Irlanda del Norta (IRA)- al reclamo argentino por la soberanía y la organización de dos grandes misas en Irlanda “que tuvieron el fundamento de rezar por las intenciones de paz y diálogo” y fueron además promovidas por el Papa Francisco. Por otra parte, entre la adhesión de figuras británicas al reclamo por el diálogo, Castro destacó la de Jeremy Corbyn, el líder del laborismo, quién formaba parte del grupo pro diálogo por Malvinas. De acuerdo con la ex embajadora, “en casi todos los países europeos hay un grupo pro-diálogo de Malvinas, en muchas sedes diplomáticas se ha organizado. Hicimos una reunión con dieciocho grupos europeos en un gran encuentro y ahí está fotografiado Corbyn hablando de diplomacia parlamentaria junto con Carmona y con Filmus que en ese momento eran presidentes de la Comisión de las Relaciones Exteriores del Senado y del Congreso. O sea que todo este yacimiento de apoyo que logramos en el Reino Unido fue un trabajo delicado”. De modo que, tal como lo observa Alicia Castro, en este último año “se ha dado un giro brutal en la política de Relaciones Exteriores” que alcanza a la Cuestión Malvinas. Calificó como “bochorno” la situación creada ante las declaraciones del presidente Macri cuando dijo que se había encontrado con Theresa May en un pasillo y la misma le expresó que iban a hablar del tema de la soberanía. En este sentido, recordó como en 1997 el actual presidente en un reportaje dijo que no entendía como la soberanía podía ser un tema en un país tan grande como Argentina, en tanto no tenemos problemas de espacio, como los israelíes, y que además las Malvinas serían un fuerte déficit adicional para nuestro país. De acuerdo con Castro, esas expresiones demuestran como el presidente “cuantifica” en términos de negocios la relación y que “fruto de esta visión, de esta falta de visión, es evidente lo fácil que es que ciertos intereses se le acerquen, lo manejen” siendo el resultado el acuerdo alcanzado el 13 de septiembre de 2016.

Dicho acuerdo, firmado en el marco del Foro de Inversiones y Negocios que el gobierno argentino organizó en Buenos Aires, establece la voluntad de negociar el regreso de los vuelos desde aeropuertos continentales argentinos a las Malvinas y la realización de proyectos conjuntos de exploración de hidrocarburos en las islas. Alicia Castro señaló enfáticamente que “nosotros hemos hecho y circulado un manifiesto en contra de ese acuerdo, rechazándolo”.

El acuerdo, “en el Capítulo del Atlántico Sur se comprometen las partes, acuerdan eliminar todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. Vinculan esos dos conceptos que en realidad no están vinculados per se, dentro de las islas Malvinas, inclusive en los referente a hidrocarburos, pesca y navegación”. Para Castro, “desde nuestro punto de vista, con la Ley de Hidrocarburos y la modificatoria del 2013, levantar los obstáculos para el crecimiento económico y desarrollo sustentable de las islas se puede hacer negociando soberanía”. Entonces la pregunta en ese momento era si el gobierno del presidente Macri pensaba transgredir la legislación o pretendía modificarlas. Este interrogante quedó respondido durante la visita de Malcorra y el vicecanciller Foradori al Congreso, donde ante los senadores dijeron “no se preocupen, no vamos a hacer nada que ustedes no estén de acuerdo, vamos a venir al congreso a tratar de modificar las leyes”. Otro punto indicado por Castro como “muy grave” es que “el gobierno de Macri está diciendo a los ingleses lo que ellos quieren oír” (…) “creo que otra de las cosas que es muy nociva es que Macri y Malcorra le están dando la razón al Reino Unido de que el gobierno anterior fue hostil. Entonces, ¿quiénes son los hostiles? Ellos que depredan, explotan, que tienen una base militar. Cualquier habitante de las Islas Malvinas puede venir acá, estudiar, atenderse la salud en el Hospital Británico o a dónde quiera ir, comprar propiedades; nosotros nada de eso podemos hacer en Malvinas, pero, ¿los hostiles somos nosotros? Es bastante curioso y es nefasto que lo diga el gobierno”.

Además, Castró enfatizó que el acuerdo firmado por los vicecancilleres Foradori y Duncan “es una revisión total y completa de las aspiraciones de la parte británica y nos excluyen a nosotros. Ellos van a volar a terceros países discriminando los vuelos con Argentina y además se presupone que van a eliminar las leyes de pesca e hidrocarburos que impiden, que ponen limitaciones a la exploración y explotación. O sea, y sin negociar soberanía, es lo que ellos quieren. En segundo lugar, lo que cambió acá es el gobierno, lo que cambió allá es que lograron lo que querían. No es el brexit, o sea no hay ninguna condición favorable para la Argentina. En ese acuerdo en el Capítulo del Atlántico Sur no hay ninguna coma que favorezca los intereses de la Argentina”. En relación a la presencia militar británica, la ex embajadora argentina en Londres indicó que “la situación es bastante crítica (…) Malvinas es el segundo lugar del mundo donde los británicos tienen mayor cantidad de efectivos. Primero en Gran Bretaña, después en Malvinas. Más que en África, que en la Unión Europea y que en otras partes de Sudamérica. En el libro de Anson, el primer Lord del Almirantazgo, quién llega a donde están las islas, las divisa y dice: estas islas en tiempos de paz nos servirían para abastecernos, en la confluencia d los dos océanos; en tiempos de guerra nos harían dueños de los mares (…) La verdad es que ese interés geoestratégico, yo creo que es el interés principal, el interés prevalente. Por supuesto que hay intereses en la Proyección Antártica, por el agua y los recursos, por supuesto que hay intereses en el petróleo, por supuesto que hay intereses en la pesca. Pero sobre todo es el interés geoestratégico. Una base militar en el Atlántico Sur, en la confluencia de los dos océanos es extraordinario como propiedad de los británicos y sus aliados, los Estados Unidos”. Cerrando el encuentro, Alicia Castro resaltó que “Malvinas siempre fue, como sabemos y como decimos, una política de Estado. No es patrimonio de un partido político, del kirchnerismo, del peronismo”. Desde 1833 Argentina está Malvinas, con el primer representante diplomático de Juan Manuel de Rosas, Manuel Moreno, “sobre cuya estela nosotros pretendimos trabajar. En 1934, Palacios, como senador, impulsa la traducción de libro de Groussac, que es la primera vez que se reúnen los argumentos para la defensa de la integridad territorial. Él manda a traducir el libro de las islas Malvinas, Les Iles Malouines, que estaba escrito en francés. Y luego la Resolución 2065 y el Alegato Ruda que fue el que convenció a los Estados miembros de Naciones Unidas de que teníamos una situación colonial especial (…) Desde antes de 1994 defendimos Malvinas, puede estar o no en la Constitución, pero antes ya defendíamos la soberanía argentina en Malvinas (…) o sea no es la Constitución del 94 exclusivamente lo que nos obliga. Lo que nos obliga es el imperativo crítico, la defensa de nuestro territorio”.

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Recordó entonces que en el año 2012 lo primero que llevó a la Embajada en Reino Unido fueron dos cartas de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner: una ofreciendo retomar las conversaciones en el Comité de Pesca y otra ofreciendo vuelos directos y regulares al continente con Aerolíneas Argentina. “Nunca nos contestaron. Es decir, nosotros decimos que nunca nos contestaron, porque nunca nos contestó el gobierno británico. El gobierno británico lo que hizo fue preguntarle al gobierno de las Malvinas y éste contestó que no querían volar a Argentina, sólo los chárter y nada más. Ahora, ¿qué cambió de parte de los británicos? No cambió nada, lo que pasa son dos cosas: primero, con nosotros estaba implícito que esto significaba también dialogar sobre soberanía. Con este gobierno está explicito que no se tiene que negociar soberanía”.

OPINIÓN

Macri y la política sobre Malvinas: entre torpezas y negligencia Macri and the politics on Malvinas: between infamies and negligence IGNACIO GUTIÉRREZ BRÓNDOLO Ignacio Gutierrez Bróndolo es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Abierta Interamericana. Autor del libro “Malvinas. La política exterior argentina 2003-2011”, Ed. UAI / Teseo, 2014.

Resumen En el marco de un cambio de modelo de la política exterior argentina, la Cuestión Malvinas aparece como un tema central sobre el cual ha sido notorio el giro diplomático macrista. Tras una década de profundización del reclamo sobre los derechos soberanos argentinos, una estrategia de acercamiento a Gran Bretaña parece ser el eje de acción central del nuevo gobierno.

Palabras Clave MALVINAS / MACRI / KIRCHNER / POLÍTICA EXTERIOR.

Abstract In the frame of a model change of Argentinian foreign politics, the Malvinas Question appears as a central topic on which the macrista diplomatic turnabout has been noticeable. After a decade of deepening the claim on Argentinian sovereign rights, a strategy of rapprochement to Great Britain seems to be the central point of action of the new government.

Keywords MALVINAS / MACRI / KIRCHNER / FOREING POLICY.

A partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente de Argentina, muchos interrogantes se abrieron respecto al rumbo que su gestión tomaría en materia política y económica. La no existencia de un discurso claro, que orientara el camino hacia variables de continuidad del modelo anterior o un cambio brusco hacia una política aperturista de mercado, generó incertidumbre acerca de qué depararía al pueblo argentino la llegada de un nuevo gobierno. En tanto, la política exterior, una pieza clave en la puesta en marcha de cualquier programa político económico, no presentaba demasiadas dudas a este respecto. La idea de “volver al mundo” fue uno de los ejes de campaña que la coalición “Cambiemos” utilizó para seducir a sus votantes. Este “volver al mundo” se trató simplemente de volver a las potencias económicas occidentales. Volver a fortalecer vínculos con Estados Unidos y el Reino Unido fue la estrategia que nunca estuvo en discusión en el seno de la escudería macrista. La elección de Susana Malcorra como Canciller Argentina y Martin Lousteau como embajador en Estados Unidos apuntaban a esto. Ahora bien, ¿cómo entraría en este vertiginoso movimiento en materia de política exterior la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes? Las respuestas no tardaron en llegar, se transformaron en acciones. Primeramente, la elección de Renato Carlos Sersale Di Cerisano como embajador argentino en Reino Unido apuntó directamente a bajar el perfil sobre Malvinas, tomando en cuenta que Sersale Di Cerisano es un funcionario de carrera que se había desempeñado desde 2006 hasta diciembre de 2015 como embajador argentino en Sudáfrica, y no cuenta en su extenso currículum con trabajos o estudios relativos al conflicto diplomático en el Atlántico Sur. A partir de las primeras medidas, se comenzaron a observar algunos atisbos sobre cuál será el rumbo en esta problemática. Los mismos serán expuestos luego de presentar un breve repaso sobre los ejes de la política exterior kirchnerista en torno a la Cuestión Malvinas. La construcción en materia de política exterior a lo largo del período que comienza en 2003 y culmina en 2015 estuvo fuertemente marcada por el fortalecimiento de las relaciones con los países de América Latina. Una de las primeras medidas de Néstor Kirchner fue establecer vínculos con Brasil que tendieran a vigorizar los lazos para volver a convertir al “gigante del sur” en principal aliado político. El pago simultáneo al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2005 fue una clara muestra de trabajo conjunto y unidad política, sin olvidar que apenas unos días antes los países de América Latina habían condenado y sepultado el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en Mar del Plata en noviembre de ese año. Estos hechos muestran simbólicamente el proceso de encuadramiento que los países del Sur estaban viviendo. Con un MERCOSUR fortalecido, la aparición de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad Económica de América Latina y el Caribe (CELAC) vineron a unir el conjunto de países de América Latina y llevaron a estos a convertirse en un bloque que con Brasil y Argentina a la cabeza buscaban situarse como una región con proyección internacional. Este bloque regional constituyó un nuevo esquema de alianzas, dejando atrás Estados Unidos, la Unión Europea y el FMI, para acercarse a potencias como China y Rusia. El modelo kirchnerista fue desde sus inicios multilateralista y en base a esas ideas de camino hacia una nueva multilateralidad escribió en su historia un nuevo tejido de alianzas que no sólo contaron con un contenido económico, sino que trajeron consigo una fuerte impronta cultural y política basada en las coincidencias que partían de las premisas de Bolívar y San Martín sobre la idea de “Patria Grande”. En cuanto a lo que tiene que ver a la cuestión Malvinas, ya a partir del 25 de mayo de 2003 el gobierno de Néstor Kirchner puso de manifiesto su clara intención de volver como prioridad de la política exterior la Cuestión Malvinas, situando en un lugar central el reclamo por el ejercicio de los derechos soberanos. Sobre ello el presidente hizo mención especial en aquel memorable discurso de asunción al decir: “venimos del sur de la patria, de la cultura malvinera y los hielos continentales, sostendremos inclaudicablemente nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas”. La política kirchnerista respecto a Malvinas básicamente se construyó alrededor de tres ejes: • El reclamo diplomático en Naciones Unidas y en su Comité de Descolonización. • La política de regionalizar el reclamo a partir de la búsqueda de apoyo de los países latinoamericanos. • La denuncia internacional sobre la creciente militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido. En el año 2004 Argentina volvió al Comité de descolonización de la ONU, solicitando res-

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La política kirchnerista

tablecer el diálogo con Gran Bretaña de acuerdo a los preceptos de la Resolución 2065 de la Asamblea General, la cual reconoce la disputa de soberanía por las Islas Malvinas e insta a ambos países a retomar el diálogo. Esta acción fue repetida como herramienta diplomática de reclamo año tras año hasta el 2015. A través del esquema de alianzas anteriormente descripto, Argentina fortaleció su posición ante los países de América Latina, quienes comprendieron que las Islas Malvinas y sus espacios marítimos forman parte del mapa geopolítico de América del Sur y que la potencia militar del Reino Unido ejerce control sobre el crecimiento de la Patria Grande a través del incremento de la fuerza militar en las aguas del Atlántico Sur. Tanto en la UNASUR, como en la CELAC y el MERCOSUR como en los foros internacionales, las voces de los países latinoamericanos acompañaron el reclamo por los derechos de ejercicio soberano de las Islas Malvinas. En cuanto al último eje, cabe señalar que a partir del año 2009 Argentina comenzó una serie de protestas por la creciente militarización del Atlántico Sur. El Reino Unido estableció una fuerte base militar con el envío de centenares de soldados que ascendieron a 1200, casi la mitad de la población civil que vive en Malvinas. A principios de 2012, la presencia del Príncipe Guillermo para completar su formación militar fue un hecho simbólico que marcó las intenciones de Gran Bretaña. Argentina en estos años pudo además comprobar la existencia de armas nucleares, cuyo peligro sobre los recursos naturales del Atlántico Sur se consideraban de alcance regional así como la presencia de la alianza militar que representa la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Las primeras acciones del gobierno macrista En función de lo expuesto, observamos que al comenzar su gobierno, Mauricio Macri se encontró con un escenario donde primaba una fuerte impronta latinoamericanista, donde se habían retomado los argumentos y estrategias utilizados con anterioridad en la historia diplomática, haciendo foco en los preceptos esgrimidos por el “Alegato Ruda” y la Resolución 2065, y donde se había hecho un fuerte hincapié en el peligro de la militarización del Atlántico Sur, alegando que América Latina es “Zona de Paz y Diálogo.” Es importante destacar que durante la campaña no hubo una plataforma política respecto de la cuestión Malvinas por parte del nuevo gobierno. En este sentido, para llevar adelante un análisis solo queda basarse en declaraciones realizadas y considerar las primeras acciones ejecutadas durante los primeros meses para pensar cómo será el futuro respecto a la política de Malvinas. Apenas unos días después del triunfo de Mauricio Macri, comenzó una danza de nombres respecto a los miembros del gabinete que compondría el Poder Ejecutivo Nacional. Muchos fueron los apellidos que se barajaron en pocas horas. Es en momentos fue cuando el flamante Presidente comunicó que dejaría de existir el Ministerio de Economía y Finanzas tal cual lo conocíamos, para partirse en “seis ministros que funcionaran coordinadamente a cargo de lo que será el ministro de Hacienda”. Uno de estos ministerios sería el Ministerio de Energía, cuyo ministro fue uno de los primeros nombrados por Macri. Se trata de Juan José Aranguren, quien fuera CEO de Shell Argentina hasta marzo de 2015. También apenas unos días después de las elecciones y casi en paralelo, se conoció la noticia de que dos empresas multinacionales que operan en la cuenca Malvinas se fusionarían para comenzar las tareas de extracción de petróleo en el lugar: Rockhopper Exploration y Falklands Oil and Gas Exploration. Estas empresas habían nacido con el relanzamiento propuesto por diputados conservadores ingleses a mediados de los años setenta. En ese entonces, las Islas Malvinas generaban un enorme costo de mantenimiento para Gran Bretaña y estas sólo aportaban lo producido con la ganadería y la industria lanera. Por este motivo un grupo de diputados conservadores decidieron encarar un costoso estudio que tenía como objetivo relanzar las Islas Malvinas en el contexto internacional imperante, salir del sistema económico monotemático y comenzar a desarrollar nuevas alternativas y más fuertes. De esta manera y de acuerdo a los resultados, la zona se podría convertir en una potencial fuente de recursos energéticos para una de las principales potencias.

Estos datos son importantes, porque observamos como la multinacional Shell, de la cual Aranguren fue su CEO hasta principios de 2015, fue poseedora hasta el año 2009 de una licencia de exploración petrolera en la cuenca de los mares Malvinenses. Además esta empresa posee acciones en otras multinacionales con licencias sobre la cuenca, tal es el caso de Rockhopper Exploration.

El otorgamiento de licencias indiscriminadas para la exploración de petróleo dentro de un territorio que es parte de una disputa internacional, es denunciado año tras año por el gobierno argentino. Casualmente unos días después de las elecciones se concretó la alianza empresarial mencionada y se anunció el paso a la etapa de extracción. Pues entonces, si seguimos el hilo de los hechos, es muy difícil no pensar que existe un acuerdo tácito de “vía libre” para dejar llevar adelante uno de los peores actos de resignación soberana luego de los acuerdos de Madrid. Estaríamos dando paso a una nueva y penosa etapa de entrega de los recursos naturales. En otro sentido, el acercamiento a Estados Unidos no es para nada prometedor respecto a la cuestión Malvinas. Mas allá de la pertenencia a la OTAN y el espacio estratégico que Malvinas ofrece a esta alianza, Estados Unidos siempre mantuvo una coherencia respecto del reclamo Argentino. Ya en 1839 el gobierno estadounidense, ante un reclamo argentino, respondía al embajador plenipotenciario argentino que “…nosotros deseamos que se restablezcan pronto las buenas relaciones con ustedes; así como no nos toca juzgar sobre el derecho de las Malvinas: es decir, si pertenecen a la Inglaterra o a ustedes”. Esta postura se mantuvo hasta la fecha por parte de Estados Unidos, que siempre procuró la subordinación de todos los países de América Latina a sus designios, caprichos e intereses (fundamentalmente). Así, vemos que no es precisamente el mejor aliado para el desarrollo argentino, menos para recoger el guante de un reclamo soberano.

A partir de tal acuerdo ya no existen indicios, sino hechos significativos que nos señalan que caminamos a pasos agigantados en dirección a la propuesta de la década del noventa, con todo lo que eso significa. Esta vez sin peluches ni “Té con los isleños” (al menos por ahora), ya que el gobierno eligió el sendero de la colaboración con la potencia colonialista que desde 1833 tiene tomado parte del territorio nacional. Gran Bretaña, amparado en el recurso que identifica a los isleños como una tercera parte a tener en consideración (Argentina, Reino Unido e Isleños) hizo uso y abuso de todos los recursos naturales que Malvinas ofrece. Mediante el acuerdo de cooperación en exploración y explotación de hidrocarburos tratado durante la reunión de los vicecancilleres, Argentina habilita a que se tome en consideración el derecho de autodeterminación de los isleños, reconociendo esta tercera parte y prestando colaboración para el desarrollo de emprendimientos petroleros para los ocupantes de las islas y el país al que pertenecen. Es el propio gobierno argentino parece entonces ser quien desconoce los preceptos de la resolución 2065 de Naciones Unidas, que establece la existencia de una disputa soberana e invita a ambos países a iniciar un proceso de negociación tomando como medida inicial y fundamental la disputa soberana. En este mismo sentido, el gobierno argentino desconoce y desoye la primera disposición transitoria de la Constitución Nacional donde “ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”. En el mismo sentido, podemos subrayar que se hizo un anuncio de trabajo conjunto entre ambos países en materia militar. Situación no menos que contradictoria tomando en cuenta que históricamente Argentina denunció la creciente militarización del Atlántico Sur por parte del Reino Unido. Gran Bretaña tiene una base en Malvinas donde se realizan ejercicios bélicos, hecho que también fue denunciado por países de la región como Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela, sumado a los diferentes foros regionales. ¿Cómo es posible llegar hoy a un acuerdo de trabajo conjunto en materia militar? En relación al encuentro, la noticia central de algunos medios masivos de comunicación se basó en el restablecimiento de los vuelos directos a las Islas Malvinas, que en realidad no son más que la suma de dos escalas en los vuelos a las Islas (una en cada dirección) y que no contempla la Aerolínea de bandera (Aerolíneas Argentinas) como prestadora del servicio. Este hecho fue celebrado por los habitantes de Malvinas en un comunicado que su ilegítimo gobierno realizó tras el acuerdo. Este sistema abre una puerta comercial para las islas, en tiempos en que el “Brexit” les traerá más dolores de cabeza que satisfacciones. De la reunión, un punto a favor que apareció en el entramado es que “ambas delegaciones expresaron su pleno apoyo al proceso de identificación mediante el ADN con relación a los soldados argentinos no identificados que se encuentran sepultados en el cementerio de Darwin”, tal como lo menciona el comunicado realizado por el gobierno malvinense. Las

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El intento de acercamiento al Reino Unido fue peligrosamente lejos en septiembre de 2016, cuando se produjo el encuentro entre los Vice Cancilleres Foradori (Argentina) y Duncan (Reino Unido). ¿Cómo es que podemos anteponer acuerdos de cooperación con el Reino Unido, sin antes debatir sobre la cuestión soberana? ¿Cuál es el significado que este gobierno otorga la dimensión de soberanía?

conversaciones sobre este delicado tema implican un avance en torno a la cuestión de los Derechos Humanos y se llevarán a cabo en Ginebra, sobre la base de una evaluación del Comité Internacional de la Cruz Roja complementada con acciones conjuntas entre Argentina y el Reino Unido. Es importante mencionar que el Estado Argentino viene sosteniendo desde 2004 el reclamo para poder tener acceso a realizar las acciones correspondientes a la identificación de los soldados caídos durante la guerra de 1982. En medio del foro de negocios “para la inversión y el desarrollo”, contexto en el que se llevó adelante el cónclave Foradori-Duncan, el gobierno argentino ha dado una lección de lo que no se debe hacer en un proceso de acuerdos. Aquella máxima que habla del esquema “ganar-ganar” a la hora de establecer acuerdos no fue correctamente aplicada en esta ocasión, al menos eso parece mostrar el comunicado: cooperar con la potencia colonial para la explotación de recursos que nos pertenecen, restablecimiento de una escala de vuelos a Malvinas por medio de Argentina, trabajos conjuntos en el plano militar (que significa más presencia militar británica en la zona) no son muestra cabal de ganancia en este concepto económico/financiero que tiene el gobierno nacional sobre las negociaciones diplomáticas. Este cambio de rumbo que ha tomado el gobierno de Macri no hace más que abrir nuevos interrogantes sobre el futuro de la Cuestión Malvinas. Estamos en tránsito a una nueva definición de negociación en torno a la Cuestión Malvinas, retomando fórmulas que en el pasado nos hicieron resignar los derechos soberanos mediante la explotación y el saqueo indiscriminado de los recursos que legítimamente corresponden a la Argentina. Estamos dando un paso atrás, dejando de lado las oportunidades que el contexto internacional nos ofrece y saboteando la posibilidad concreta de que se lleve adelante por fin una verdadera política de Estado para Malvinas.

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FABIAN VIDOLETTI Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Desde 2001 integra el Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Fundación para la Integración Federal. Autor de tres libros -entre ellos “La Era Conservadora en los Estados Unidos”, EAE, USA, 2012- y de numerosos artículos de análisis e investigación política internacional en las revistas Contexto Internacional (ISSN Nº 1851-7900) y Síntesis Mundial (ISSN Nº 1852-3846). Editorialista en el portal de Análisis Político, Fundamentar.com

Triunfo de la antipolítica en las elecciones de los EEUU. Donald Trump como el emergente de la reacción antipolítica y el representante del surgimiento de los sumergidos del espacio público. Los estertores de la crisis de 2008, que en Europa habían comenzado a hacerse sentir varios años antes, impactan en el sistema político estadounidense. El estupor de los medios frente a los resultados y el fracaso de las encuestas. Frente a un sistema electoral con más de 200 años de vigencia que distorsiona la voluntad popular ¿es posible pensar en el amanecer de una resistencia a este nuevo escenario y en un cambio de dicho sistema?

Palabras Clave ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS / DONALD TRUMP/ CONSERVADORES.

Abstract Triumph of antipolitics in the US elections. Donald Trump as the emerging anti-political reaction and as the representative of the emergence of the submerged from the public space. The rales of the crisis of 2008, which in Europe had begun to be felt several years before, impact on the American political system. The stupor of the media before the results and the failure of the polls. Faced with an electoral system with more than 200 years that actually distorts the popular vote, Is it possible to think of the dawn of a resistance to this new scenario and a change in the electoral system?

Keywords UNITED STATES ELECTIONS/ DONALD TRUMP / CONSERVATIVES.

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.42/ Enero - Marzo 2017 / pp. 35-44.

Resumen

“Donald Trump fue electo este martes como el XLV presidente de los Estados Unidos. Son palabras que nunca esperábamos tener que escribir”. “Presidente Donald Trump. Tres palabras que eran impensables para decenas de millones de estadounidenses –y para gran parte del resto del mundo– se han convertido en el futuro de los Estados Unidos”. “La elección de Donald Trump a la presidencia no es nada menos que una tragedia para la república estadounidense…”1 Estas son apenas tres muestras del estado de ánimo, de estupor y de frustración de parte de los medios en los EEUU al día siguiente del histórico resultado obtenido por el candidato republicano. Quizás este estupor tenga sustento desde un análisis de corto o, incluso, de mediano plazo. Nadie en su sano juicio podía pronosticar que este excéntrico empresario inmobiliario, sospechado de sostener cercanos vínculos con la mafia neoyorkina, protagonista de innumerables escándalos a partir de sus expresiones de misoginia, xenofobia y discriminación de toda clase, pudiese convertirse en presidente de la primera potencia mundial. Sin embargo, cuando al análisis se lo realiza posado la mirada en un plazo más largo, este corolario sorprende mucho menos. Los números Donald Trump se alzó con la victoria al obtener 290 delegados al Colegio Electoral, mientras que Hillary Clinton obtuvo 228 (270 electores garatizan la presidencia). El dato curioso fue que, al igual que ocurrió en el año 2000 cuando George W. Bush derrotó al demócrata Al Gore, Hillary Clinton se impuso en el voto popular. La candidata demócrata obtuvo 62.414.000 votos (47.8%), mientras que Trump logró 61.255.000 (46.9%), una escasa diferencia de poco más de un millón de votos. Esta particularidad se explica porque el sistema electoral estadounidense estipula que los ciudadanos no eligen a su presidente de forma directa (como ocurre en casi todas las democracias presidenciales del mundo) sino que eligen delegados al Colegio Electoral, el cual es la institución que formalmente elige al presidente. A esto se le suma que el total de estos representantes (538) se distribuyen entre los 50 estados más el Distrito de Columbia (donde se ubica la ciudad de Washington) en un número igual a la cantidad de miembros del Congreso que cada estado posee (en el caso del Distrito de Columbia, que no tiene legisladores, la enmienda 23 de la Constitución le otorga tres delegados, el número mínimo que un estado puede tener). El detalle -que es el que permite explicar que ganar el voto popular no garantiza la presidencia- es que el candidato que gana un estado se alza con la totalidad de los delegados al Colegio que ese distrito pone en juego. No existe reparto proporcional alguno. En base a esta explicación, ¿dónde gana Trump las elecciones? Las gana en los denominados “swing states”, es decir, aquellos estados en los que tradicionalmente no se impone siempre el mismo partido. ¿Qué significa esto? Si uno se toma el trabajo de estudiar la distribución demográfica del voto desde mediados de los años sesenta podrá observar que los estados costeros más poblados (New York, Massachusetts, Virginia, Maine, Vermont, sobre el Atlántico; California, Oregon, Washington, en el Pacífico) son bastiones demócratas, mientras que el sur que fue el eje de los Estados Confederados durante la guerra civil y los estados del medio oeste son votos tradicionalmente republicanos. Los “swing states” son estados con un número importante de delegados al Colegio, aunque no son los que más tienen. Entre ellos se destacan Florida, Ohio, Pennsylvania, Nevada y Carolina del Norte. Salvo en Nevada, Trump se impuso en todos ellos. Y en lo que resultó ser una sorpresa absoluta, Trump le arrebató a Hillary Clinton los estados de Michigan y Wisconsin que siempre fueron bastiones demócratas. La debacle demócrata no se detuvo allí. En las elecciones legislativas, el Partido Republicano retuvo el control de ambas Cámaras del Congreso, se alzó con la mayor parte de las elecciones a gobernador que estaban en juego y arrasó en las legislaturas estaduales. Ningún pronóstico pintó semejante resultado. Ninguna encuesta daba cuenta de este humor electoral. Los ocho años de Obama en la Casa Blanca, sin ser una presidencia a la altura de las expectativas que se habían depositado sobre ella en sus inicios, no habían dejado al país en una situación calamitosa que pudiese explicar este resultado. Entonces, ¿por dónde pasan los motivos? What the hell just happened? Si alguien hubiese podido poner en palabras el humor social en los grandes centros urbanos durante las horas posteriores a conocido el resultado se podría haber escuchado la pregunta, “¿qué m… pasó? ¿No era que ganaba Hillary por 6 o 7 puntos?” Varias cosas abonan la explicación de este resultado. La primera de todas es el bajísimo porcentaje de

1- Frases iniciales de las editoriales del New York Times, del Washington Post y de la revista The New Yorker. Las mismas están disponibles en: http://www.nytimes.com/2016/11/09/opinion/donald-trumps-revolt.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share; https://www.washingtonpost.com/opinions/president-trump/2016/11/09/037114be-a530-11e6-8fc0-7be8f848c492_story.html y http://www.newyorker.com/news/news-desk/ an-american-tragedy-donald-trump

participación del electorado en el comicio. En un país donde el sufragio no es obligatorio, del total de personas habilitadas para votar, apenas el 50% acudió a los centros de votación. Y siempre se supone que en una elección presidencial la afluencia de votantes es superior a la que se produce en una elección legislativa de mitad de término. ¿Por qué se produjo este efecto? Quizás parte de la explicación la encontremos en un análisis de anticipación que el cineasta Michael Moore realizó en un artículo tres meses antes de la elección (que ahora con el resultado puesto ha cobrado una fama inusitada), apenas finalizada la Convención Nacional Republicana que nominó a Trump como su candidato. Allí Moore decía: “La alarma que debería estar sonando en estos momentos es que el seguidor promedio de Sanders [el contrincante de Hillary en las primarias] irá a votar por Hillary de manera algo desganada, en lo que se ha dado en llamar el ‘voto deprimido’. Es decir, que ese votante no convencerá a cinco personas a que vayan a votar con él. No militará 10 horas diarias el mes previo a las elecciones. Y nunca responderá de manera excitada y convencida cuando le pregunten si votará por Hillary. Un voto deprimido. Porque, cuando sos joven, tenés cero tolerancia por las estupideces. Para los jóvenes, volver a la era Clinton/Bush es como si de pronto tuviesen que pagar por bajar música, o usar MySpace, o ir por la calle con esos celulares grandes como un ladrillo. No van a votar por Trump, quizás algunos voten por un tercer partido, pero muchos se quedarán en casa”2. Y agrega:

En síntesis, Moore describe un alto grado de desmotivación del votante demócrata en los meses previos a las elecciones. Un elemento que sería determinante en el resultado final. Pero no es el único factor que explica el triunfo de Trump. Existe algo subyacente que permite entender, tanto el desánimo en las filas demócratas, como el que Trump haya arrasado con sus rivales en el seno del partido republicano, aún a pesar los constantes escándalos que fueron tomando estado público alrededor de su persona con el correr de la campaña. Ese algo podría resumirse en una premisa alrededor de la cual se puede afirmar que la crisis estructural del capitalismo desatada en el 2008, finalmente impactó de lleno en el conjunto del sistema político estadounidense sumiéndolo, a su vez, en su propia crisis estructural. En los meses posteriores a esa debacle financiera en torno a las maniobras especulativas con hipotecas basura y la quiebra de numerosos bancos y aseguradoras, los efectos comenzaron a impactar en las estructuras políticas, sobre todo, en Europa. En Finlandia, la crisis provocó la caída del gobierno luego de meses de protestas populares. En Irlanda, el colapso del sistema financiero y el espiral de crecimiento del desempleo condujeron al colapso de su gobierno en el 2011. Los efectos tardaron poco en hacer impacto en el territorio continental. España fue la primera en sufrir sus efectos luego de que el estallido de su propia burbuja inmobiliaria y la revelación de la falta de liquidez de sus bancos obligaron a un rescate de la Unión Europea bajo la condición de que el gobierno del PSOE implementase fuertes políticas de ajuste. Ello provocó su derrota a manos del Partido Popular, el cual profundizó los ajustes, el aumento del desempleo por encima del 20% y una crisis política que continúa hasta hoy. La crisis económica en la periferia europea continuó expandiéndose hacia Portugal, Grecia e Italia (en ese entonces se acuñó la sigla PIGS4 para referirse a estos países, a partir de la inicial de sus nombres en inglés). En 2013 Chipre se sumó también a los países que requirieron un rescate de las instituciones europeas, con la particularidad de que la isla mediterránea es uno de los paraísos fiscales que existen en el continente junto a Luxemburgo y Suiza. Según se explica oficialmente desde las propias instituciones comunitarias, “Cuando la recesión em2- Michael Moore, 5 Reasons Why Donald Trump Will Win. Disponible en: http://michaelmoore.com/trumpwillwin/ 3- Ibídem. 4- El uso de esta sigla, acuñada por medios financieros anglosajones, provocó numerosos rechazos, dado que el significado de “PIGS” en inglés es “cerdos”.

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.42/ Enero - Marzo 2017 / pp. 35-44.

“No tengo la menor duda que si la gente pudiese votar cómodamente sentada en el sillón de su casa desde su X-Box o su PlayStation, Hillary ganaría de costa a costa. Pero no es así como funcionan las cosas en EEUU. La gente tiene que salir de su casa e ir a hacer cola para votar. Y si viven en zonas pobres, o en barrios negros o hispanos, no sólo tendrán que hacer una cola más larga, todo estará armado para, literalmente, impedir que puedan emitir su voto. Es así que en casi todas las elecciones es muy difícil conseguir que por lo menos el 50% de estas personas pueda votar. Y en esto radica el principal problema en noviembre: ¿quién tendrá los partidarios más motivados, más movilizados a la hora de la votación? Ustedes saben la respuesta ¿Cuál es el candidato que tiene los seguidores más rabiosos? Esos locos que se levantan a las 5 de la mañana el día de la elección y están yendo y viniendo todo el día hasta que cada centro de votación haya cerrado, asegurándose que cada Tom, Dick o Harry (y cada Bob, cada Joe y Billy Bob y Billy Joe y Billy Bob Joe) haya votado. Así es. Ese es el nivel de peligro en el que estamos”3.

pezó a sentirse en Europa, el estudio de la situación de las finanzas públicas reveló que desde hacía algunos años varios gobiernos de la zona del euro se habían endeudado considerablemente para financiar sus presupuestos. Se disponía de dinero fácil porque los inversores hacían la vista gorda a las señales de alarma sobre la salud de la economía y no prestaban la atención suficiente a los riesgos que suponía dar préstamos cada vez mayores. [...] Los gobiernos de algunos países habían permitido el desarrollo de burbujas inmobiliarias y otros desequilibrios económicos dañinos. Por último, habían hecho caso omiso de las normas de funcionamiento del euro y no habían hecho mucho para coordinar sus políticas económicas después de acordar compartir una moneda común con una política monetaria única. En un número cada vez mayor de países se formó un círculo vicioso: la inestabilidad financiera ahogaba el crecimiento económico, que a su vez hacía descender los ingresos fiscales y aumentar la deuda pública. El aumento de la deuda incrementaba el coste de los préstamos a los gobiernos, alimentando así la inestabilidad financiera”5. En síntesis, la crisis financiera derivó en una crisis social en la mayor parte de los países de la Unión Europea y provocó la caída de los gobiernos en 8 de los 17 de los que forman parte de la eurozona. Asimismo, las instituciones europeas se mostraron impotentes para darle a estas crisis simultáneas una respuesta que saliese de las recetas de ajuste, sobre todo porque las reglas de la eurozona se pensaron para facilitarle la vida al mundo de las finanzas perdiendo de vista uno de los pilares que hicieron del experimento europeo un espejo: un proyecto que aprendió las lecciones de los motivos que condujeron a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto inclusivo que perseguía el bienestar de la sociedad en aras de la construcción de un continente en paz. La persistencia de las crisis social y financiera se conjugaron con el deterioro de la situación geopolítica en el Medio Oriente y de la marea de refugiados que intentaban llegar a Europa escapando de las guerras civiles en Siria, Libia, Irak, y provocaron el surgimiento de fenómenos que hasta ese entonces eran marginales en el devenir político del viejo continente. En Italia, La Liga del Norte retomó sus presiones separatistas, con el argumento de no seguir tolerando ser quienes financian la ineficiencia y la “vagancia” del resto del país. En Grecia, el partido neonazi Aurora Dorada ganó poder y terreno político en el Parlamento a partir de un discurso xenófobo y antiinmigrante. Sus partidarios formaron grupos de patrullaje de fronteras para impedir el ingreso de inmigrantes del Medio Oriente. En Francia, la extrema derecha liderada por Marine Le Pen fue un contendiente serio durante las elecciones en las que el socialista François Hollande obtuvo la presidencia. En este mismo país, en el año 2010, en lo que representó el primer caso de cuestionamiento serio al Espacio Schengen6 el gobierno del entonces presidente Sarkozy impidió el ingreso de un ferrocarril procedente de Italia que transportaba refugiados tunecinos arribados desde el Mediterráneo a la isla de Lampuduza, al sur del país. En medio de este escenario comenzaron a tomar fuerza históricas pujas secesionistas. En España, el secesionismo catalán cobró una inusitada fuerza, a partir de una fuerte movilización social y la celebración de un referéndum independentista que fue respaldado con un contundente Sí. La cuestión catalana se convirtió en un tema central en la agenda española y fue una cuestión central en las recientes negociaciones para la formación del nuevo gobierno español. En Bélgica, la eterna tensión entre Flamencos y Valones volvió a poner en cuestión la unidad del país. Escocia celebró un referéndum independentista que no alcanzó el Sí, pero que ha sentado un precedente muy importante. Y, finalmente, la noticia que hizo temblar los cimientos del continente: el Brexit, el referéndum que aprobó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Las crisis financiera, social e inmigratoria ha disparado el crecimiento de organizaciones y partidos de extrema derecha en toda Europa. Un artículo del New York Times da cuenta de este fenómeno explicando que sólo España y Portugal carecen de alguna expresión organizada de extrema derecha. En algunos casos como en Hungría han llegado al gobierno, en otros como Austria no arribaron al gobierno por un escaso margen de votos y hay algunos en los que condicionan políticas a partir de su poder de presión y de movilización en las calles7. Dime quién te apoya y te diré como piensas Esta apretada síntesis de la evolución de la crisis financiera en Europa para trasladarse luego hacia una crisis de las estructuras políticas sirve para ilustrar un punto importante: hubo dos formas en

5- Comisión Europea, Asuntos Económicos y Financieros, ¿Por qué se Extendió la Crisis? En: http://ec.europa.eu/economy_ finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/why_did_the_crisis_spread/index_es.htm 6- El espacio Schengen es el área que comprende a 26 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes, también conocidas como fronteras internas. El espacio se crea en 1985 por el Acuerdo de Schengen y empezó a funcionar en 1995 para suprimir las fronteras comunes entre los países integrantes y establecer controles comunes en las exteriores de esos países. 7- Gregor Aisch, Adam Pearce y Bryant Rousseau, How Far Is Europe Swinging to the Right? En diario New York Times, 5 de julio de 2016. En http://www.nytimes.com/interactive/2016/05/22/world/europe/europe-right-wing-austria-hungary. html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur&_r=1

que los países afrontaron esta crisis estructural del capitalismo, o bien apostaron por reforzar sus mercados internos y garantizar un sistema de inclusión y de disminución de las desigualdades sociales -a esta se la podría denominar la vía sudamericana- o, por el contrario, apostaron por reforzar sus sistemas financieros, rescatando a los bancos con dinero público. Esto, junto a la aplicación de políticas de ajuste, condujo a un aumento exponencial de las tasas de desempleo y a la exacerbación de las desigualdades. Esta fue la vía europea. Y también, en buena medida, la de los Estados Unidos. ¿Por qué la crisis financiera no impactó sobre el sistema político estadounidense con la misma velocidad con que lo hizo en Europa si comparativamente las recetas contra la crisis no variaron demasiado? Una de las primeras medidas del naciente gobierno de Barack Obama durante el 2009 fue confirmar el mega rescate de las instituciones financieras diseñado por ambos partidos en el Congreso en los meses finales del gobierno de George W. Bush y, posteriormente, realizar un segundo rescate con la salvedad que en esa oportunidad también incluyó a dos gigantes de la industria como Chrysler y General Motors. Y lo que en otras latitudes hubiese caldeado el humor social a niveles explosivos, tras el rescate a los bancos y a las grandes industrias, el Congreso controlado por los republicanos rechazó un proyecto de ley que establecía un paquete de promoción del empleo que hubiese contribuido a crear cerca de dos millones de puestos de trabajo.

Este movimiento tenía todas las herramientas como para poner de cabeza a todo el sistema político. Sin embargo, no lo hizo. Muy por el contrario, se avino a jugar según las reglas del sistema y su accionar se enfocó a obstaculizar por todos los medios las decisiones del gobierno de Obama. Esta fue la dinámica de los últimos seis años de la política estadounidense. Y a medida que se iba acercando el momento de inicio de la campaña para elegir a su sucesor, hubo alguien que supo interpretar el humor social que corría de manera subterránea y que ningún dirigente político, de cualquier signo, parecía captar. Ese alguien fue Donald Trump. Cuando Trump decidió lanzarse por la presidencia nadie lo tomó en serio. Desde el Partido Demócrata lo tomaban como una nota de color. Un millonario excéntrico de lengua filosa que, en el mejor de los casos, sería un nuevo Ross Perot8. Del lado Republicano el diagnóstico no era muy diferente. A lo sumo, su estilo extrovertido sería una nota divertida en una campaña que se preveía algo abúlica. Al fin y al cabo, qué podía esperarse de alguien que se había dedicado los últimos años a ser el animador de “The Apprentice”9. Pero Trump tuvo algo que ninguno de los demás tuvo: claridad de visión para darse cuenta de ese humor social silencioso. Un humor social que no era demócrata ni republicano, sino uno que se expresaba contra una estructura política que se preocupaba más por mantener su poder y sus privilegios que por los problemas de la gente de a pie. Como se le suele decir de forma resumida, se trataba de furia contra “esos tipos en Washington”. Y bajo la creciente incredulidad de sus rivales y de la estructura del Partido Republicano, Trump comenzó a barrer con cada uno de ellos una elección primaria tras otra. Sus adversarios, varios surgidos del movimiento Tea Party como el senador por Florida, Marco Rubio o el de Texas, Ted Cruz, se mostraron impotentes ante el estilo extremadamente agresivo de la campaña de Trump, quien en innumerables oportunidades traspasaba los límites de lo que se consideraba buenas formas en el marco de una campaña10. 8- Ross Perot fue un millonario que, desencantado con las políticas desarrolladas por el presidente George Bush (padre) a inicios de los 90, compitió como tercer candidato en las elecciones presidenciales de 1993. El caudal de votos republicanos descontentos que terminó por aglutinar terminaron por costarle a Bush la derrota frente a Bill Clinton. 9- The Apprentice era un reality show creado por Trump en el que un grupo de empresarios que competían por un premio de 250.000 dólares y un contrato para dirigir una de sus empresas. 10- Durante las primarias, el senador Ted Cruz era uno de los favoritos para quedarse con la nominación de su partido. En ese contexto, Trump le puso el mote de “Liar Ted” (Ted el mentiroso) y llegó a sugerir que el padre del senador, Rafael Cruz (que era de origen cubano), tuvo algo que ver con Lee Harvey Oswald, el presunto asesino del presidente John F. Kennedy. Hay que recordar que una de las hipótesis que se esgrimieron en los años posteriores al asesinato fue que la Cuba de Fidel Castro estuvo detrás del homicidio del presidente. En marzo de este año, el magnate y el senador tuvieron uno de sus peores enfrentamientos después de que Trump retuiteara un montaje fotográfico de un seguidor en el que se comparaba una foto

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.42/ Enero - Marzo 2017 / pp. 35-44.

Una reacción frente al rescate multimillonario a los bancos fue la aparición del movimiento Ocuppy Wall Street en la ciudad de New York en el año 2011. Un fenómeno de base, espontáneo y poco organizado que se oponía al rescate de los bancos y que fue agotándose con el correr de los meses y de la pérdida de interés por parte de los medios. Se trató de un intento de buscar una salida por izquierda ante las decisiones del gobierno frente a la crisis. No obstante, la aparición más determinante en el espacio político fue el del movimiento Tea Party, un movimiento de base que se oponía a toda intervención o injerencia del gobierno en la economía y en la vida privada de los ciudadanos. Se trató en este caso de una respuesta desde la derecha más conservadora del país. Para el año 2010 había ganado tanto peso político que condicionó la elección legislativa de mitad de término y logró que numerosos candidatos de su espacio consiguiesen asientos en ambas Cámaras del Congreso.

¿Qué era lo que atraía a los seguidores de Trump? Su slogan de campaña “Hacer a EEUU Grande Otra Vez” englobaba dos premisas centrales: por un lado, repeler los acuerdos de libre comercio que se habían llevado los empleos de los estadounidenses a otros países y que económicamente, según él, sólo favorecían la entrada de productos chinos; por el otro (y en consonancia con lo anterior) la simple idea de que él iba a gobernar en beneficio de los estadounidenses y no en pos de los intereses de los lobbys de Washington. “Yo no necesito quedar bien o devolver favores a ningún lobby. Yo soy mi propio lobby” repetía como un mantra. Eso era música para los oídos de aquellos que habían visto cómo sus empleos habían desaparecido bajo la lógica de una globalización que los expulsaba en vez de integrarlos al mundo. Y enfocado en una mirada de su futura batalla contra Hilary Clinton, los cañones de Trump apuntaron contra los acuerdos de libre comercio de la era de la globalización, especialmente el símbolo de ellos: el NAFTA, justamente el acuerdo plasmado por el esposo de Hillary, Bill Clinton. Y aquí es ilustrativo volver a recurrir a Michael Moore quien ilustró esta situación a la perfección: “Trump va a enfocar mucho su atención en los cuatro estados del cinturón de herrumbre (rustbelt) de la región de los grandes lagos -Michigan, Ohio, Pennsylvania y Wisconsin-. Cuatro estados tradicionalmente demócratas pero que han elegido a un gobernador republicano desde 2010. Durante la primaria de Michigan en marzo, un mayor número de los residentes de estos estados concurrieron a votar en la primaria republicana (1.32 millones) que en la demócrata (1.19 millones). Trump aventaja a Hillary en las últimas encuestas en Pennsylvania y la iguala en las de Ohio. ¿La empata? ¿Cómo puede ser que la carrera esté tan cerrada después de todo lo que Trump hizo y dijo? Bueno, a lo mejor es porque él está diciendo (acertadamente) que el impulso que los Clinton le dieron al NAFTA contribuyó a la destrucción del cinturón industrial del Centro Norte (Upper Midwest). Trump va a pegarle a Hillary por su apoyo del Acuerdo Transpacífico y otras políticas comerciales que han reventado a la gente de estos cuatro estados. Cuando Trump se paró a la sombra del edificio de la Ford Motors Company durante la primaria de Michigan, amenazó a esta corporación con que si seguían adelante con su plan de cerrar la fábrica y mudarla a México él les refregaría por la cara un impuesto del 35% por cada auto que fabricasen en México y quisiesen ingresar a los EEUU. Esta fue una música muy pero muy dulce para los oídos de la clase obrera de Michigan. Y cuando amenazó a Apple con que los obligaría a dejar de fabricar sus iPhones en China y a hacerlo en los EEUU, bueno, los corazones palpitaron a todo galope y Trump terminó por alzarse con una tremenda victoria”11. Pero este discurso hacia la clase trabajadora sumado a su estilo fuertemente polémico y confrontativo también tuvo otros condimentos que son menos seductores y mucho más peligrosos. En primer lugar, como outsider de la política, su discurso es de fuerte contenido anti político. Su triunfo, en definitiva, en un triunfo de la anti política. Pone en crisis al sistema político porque detrás de su mensaje xenófobo y discriminativo se encolumna lo más oscuro de la sociedad estadounidense. Y aquí entra a tallar un tema que también ha ido transitando por esta suerte de corredor subterráneo de la sociedad y que es una cuestión cuasi tabú a estas alturas de la evolución histórica del ser humano: la que se podría denominar como “la crisis del hombre blanco”, o como Michael Moore la denominó: “la última resistencia del enfurecido hombre blanco”. Amanda Taub, columnista del New York Times, escribía en la semana previa a las elecciones que “durante este año, la ansiedad de los blancos alimentó la agitación política en Occidente: el sorpresivo triunfo del Brexit, la inesperada candidatura de Donald Trump, el auge de la derecha nacionalista en Noruega, Hungría, Austria y Grecia [...] En este contexto, el blanco es más que un color de piel. Puede definírselo como una membresía a la ‘mayoría étnica nacional’, pero lo que en realidad implica es el privilegio de no ser definido como un ‘otro’. Ser blanco significa integrar un grupo cuyo aspecto, tradiciones, religión y hasta la comida son la norma por default. Es ser una persona que, gracias a una regla tácita, tuvo históricamente derecho a ser parte del ‘nosotros’ y no del ‘ellos’.” Más adelante afirma: “Hace décadas, cuando hablar de ‘identidad blanca’ empezó a ser tabú y sólo se hablaba en esos términos dentro del contexto del supremacismo blanco, la política identitaria se quedó sin términos para referirse al tema. Una persona blanca de la clase trabajadora con miedo a que un mundo nuevo y cosmopolita destruya o reduzca una identidad que atesora no tiene un lenguaje social y culturalmente aceptable para referirse a eso que vive como una crisis. Por eso algunos de ellos recurren a temas cercanos a sus preocupaciones: el comercio internacional, la inseguridad, el narcotráfico, los controles fronterizos o el temor al terrorismo. Todos son significativos por derecho propio, pero también se convirtieron en una forma de vehiculizar un debate público sobre lo que implican estos cambios para las mayorías blancas. Lo más probable es que no haya retorno para el predominio social y la exclusiva identidad nacional de los blancos. Es imposible frenar la inmigración sin perjudicar la economía de las

poco favorecedora de la esposa de Cruz, Heidi, con una más agraciada de Melania Trump, tercera esposa del millonario y exmodelo. 11- Michael Moore, Op. Cit.

naciones de Occidente, y los inmigrantes que ya se instalaron no pueden ser expulsados en masa sin el consecuente daño social y moral”12. Nuevamente Michael Moore explicó la situación de lo que él denominó “la última resistencia del enfurecido hombre blanco” con suma claridad: “Tienen una sensación de que el poder se les escurrió de las manos, de que la forma en que ellos siempre hicieron las cosas ya no son aceptadas. Por sus cabezas pasa la idea de que este monstruo, las ‘Feminazi’, esas cosas de las que Trump dijo que ‘sangran por los ojos, o por donde sea que sangren’, nos han conquistado. Y ahora, después de tener que soportar ocho años de un negro diciéndonos lo que tenemos que hacer ¿se supone que tenemos que sentarnos y soportar otros ocho años a una mujer mandoneándonos? Después de eso van a ser ocho años de gays en la Casa Blanca! Y después los transexuales! ¿Se dan cuenta hacia dónde va esto? Para ese entonces, se les va a haber garantizado los derechos humanos a los animales y un maldito hámster va a gobernar el país. Esto tiene que parar!”13. Esta crisis identitaria del hombre blanco encontró en muchos lugares una expresión y una salida por el lado del extremismo de extrema derecha. De hecho, tras años de ver declinar su importancia y su número, la cantidad de milicias paramilitares y grupos ultranacionalistas han crecido de forma exponencial. De acuerdo al Southern Poverty Law Center, una institución especializada en detectar, estudiar y clasificar organizaciones supremacistas y radicalizadas en EEUU, en 2015 operaban en Estados Unidos un total de 276 grupos paramilitares y 874 “grupos patrióticos” que aglutinan a los primeros, así como a otros sectores extremistas enfrentados de un modo u otro con el Gobierno federal. Estos grupos han aumentado un 37 por ciento respecto de 2014 y se destaca el “explosivo crecimiento” registrado durante el gobierno de Obama tras años de declive. Antes de que el presidente de Estados Unidos llegara al poder en 2008 existían solo 42 de estos grupos. En su máximo auge, en 2011, llegaron a ser 33414.

En un contexto donde la violencia racial en EEUU está viviendo una nueva etapa de apogeo, donde los episodios de ciudadanos negros asesinados por policías blancos con gatillo fácil, donde las protestas contra esta violencia institucional van ganando frecuencia y virulencia, el triunfo de Trump sólo ha caldeado los ánimos. En Louisiana, cuatro días después de las elecciones, un grupo de encapuchados roció con líquido inflamable a una mujer negra y le prendió fuego. El día anterior a este hecho, el Ku Klux Klan anunció que el 3 de diciembre celebrará un desfile en Carolina del Norte para festejar la victoria de Trump. El KKK apoyó públicamente la campaña del candidato republicano y este nunca renegó de dicho apoyo. El sostén que la campaña de Trump encontró entre los supremacistas blancos fue particularmente feroz online. Numerosos periodistas y partidarios de Hillary Clinton fueron atacados por estos grupos en las redes sociales utilizando habitualmente lenguaje racista o antisemita. La evolución de estos acontecimientos es enormemente preocupante. Y la afirmación que hizo Trump en una entrevista luego de su victoria confirmando que deportaría a cerca de tres millones de latinos que presenten antecedentes con la ley no contribuye a aplacar las ansiedades que comienzan a ganar a muchos tanto en los EEUU como en el seno de la comunidad internacional. F… the honeymoon! Cuando todavía EEUU y el resto del mundo estaban tratando de asimilar la noticia del triunfo de Trump, un hecho inédito en la historia política y social del país ahondó todavía más la sorpresa. Decenas de miles de personas comenzaron a ganar las calles en más de 25 de las principales ciudades manifestándose en contra de Donald Trump. Washington, New York, Los Angeles, Philadelphia, Den12- Amanda Taub, Behind 2016’s Turmoil, a Crisis of White Identity, en diario New York Times, 1 de noviembre de 0216. En: http://www.nytimes.com/2016/11/02/world/americas/brexit-donald-trump-whites.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fthe-interpreter&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=5&pgtype=collection 13- Michael Moore, Op. Cit. 14- En Estados Unidos Hay Más de 270 Milicias y Más de 800 “Grupos Patrióticos”, en Europa Press, 8 de enero de 2016. En:http://www.europapress.es/internacional/noticia-estados-unidos-hay-mas-270-milicias-mas-800-grupos-patrioticos-20160108135920.html

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Para todos estos sectores, la retórica anti inmigrante y xenófoba de Trump era música celestial. Cuando escucharon al candidato republicano decir que prohibiría el Islam, y pronunciar frases tales como “No quiero nada con México más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a EEUU”, que “México no se aprovechará más de nosotros. No tendrán más la frontera abierta. El más grande constructor del mundo soy yo y les voy a construir el muro más grande que jamás hayan visto. Y adivinen quién lo va a pagar: México”, o bien, “Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores”, todos los grupos extremistas o intolerantes del país dijeron “este es nuestro candidato!” Y se lanzaron de lleno a impulsar el voto hacia Trump. Por cualquier medio posible.

ver, Portland, Oakland, San Francisco, Chicago, Seattle, fueron algunas de las ciudades en las cuales los manifestantes ganaron espontáneamente las calles bajo la consigna “Not My President!” (No es mi Presidente). Tan inéditas fueron las imágenes que se vivieron en esa primera noche que las grandes cadenas de noticias se lanzaron a cubrir la noticia con la velocidad de un rayo. Es entendible. Casi todas ellas (con la lógica excepción de Fox News) habían apostado y trabajado abiertamente por el triunfo de Hillary. Su derrota los dejó descolocados y, en algunos casos, cuestionándose públicamente la forma en que realizó la cobertura de la campaña al ignorar señales claras de que la victoria de Trump era algo no tan lejano a la realidad. Muy lejos de los famosos 100 días de luna de miel del que se suele decir que goza casi todo gobierno que inicia su gestión, el estilo confrontativo del presidente electo, las amenazas de deportaciones masivas y el probable deterioro de derechos básicos movilizaron a la población de los grandes centros urbanos todos los días hasta el momento en que estas líneas están siendo escritas. Pancartas con la frase “I Can’t Belive I Still Have To Protest for My Civil Rights” (no puedo creer que tenga que seguir protestando por mis derechos civiles) recorrieron las pantallas alrededor del mundo. Algunos referentes sociales de los espacios progresistas del país manifestaron públicamente que era necesario realizar un seguimiento exhaustivo, día a día, de las acciones de Trump al frente del gobierno y donde el futuro presidente se apartase mínimamente de la letra de la Constitución y las leyes se ejerza una fuerte presión social para el inicio de un proceso de juicio político. Lo que antes sosteníamos en relación a la crisis en que esta elección sumió al sistema político también tuvo su expresión en las protestas. Uno de los reclamos más recurrentes fue el pedido de eliminación del Colegio Electoral como mecanismo de elección del presidente. Por primera vez desde que se tenga memoria, este sistema ha sido acusado de distorsionar la voluntad del electorado. El hecho de que por segunda vez en 16 años (en dos de cinco elecciones) el candidato que obtiene la victoria -en ambos casos el demócrata- en el voto popular no alcanza la cantidad de delegados necesarios para lograr ser electo presidente parece ser un catalizador poderoso para este reclamo. Incluso una experimentada senadora demócrata por el estado de Califormia afirmó que presentará un proyecto de ley para eliminar el Colegio Electoral. Parece difícil que una modificación de esta naturaleza vea la luz en un plazo cercano. Sin embargo, el mero hecho de que por primera vez en la historia del país el reclamo aparezca con esta fuerza habla de la crisis profunda de la legitimidad del conjunto del sistema, tanto de sus instituciones como de su dirigencia política. En este contexto, lejos de intentar aplacar las aguas y fiel a su estilo, Trump cargó irónicamente contra las protestas. Claramente, a Donald Trump no le gustan las críticas, el aceptar un sistema en el que los políticos rindan cuentas. En campaña, por ejemplo, amenazó a los medios con restringir el derecho a la información y con tomar represalias comerciales. Vetó el ingreso a ciertos periodistas a sus actos y alentó a las multitudes en su contra. En sus primeras horas como presidente electo, envió claras señales de que su posición no ha variado descalificando las protestas en su contra y acusó a los medios de alentarlas. Las señales, en definitiva, parecen ir hacia una profundización de la división en la que está inmersa la sociedad estadounidense. A diferencia de lo que en su momento fue Occuppy Wall Street, que no logró trascender la geografía de la ciudad de New York, esta serie de protestas se producen a todo lo largo del país. Sin dudas el 20 de enero, el día de la asunción de Trump, será una jornada de enormes tensiones en la ciudad de Washington superando largamente a la vivida en ocasión de la toma de posesión de George W. Bush en enero de 2001, cuando una ciudad virtualmente en estado de sitio impidió las protestas en contra del flamante presidente por las irregularidades en el escrutinio en el estado de Florida que le otorgó la victoria. Transición turbulenta La velocidad con que evolucionan los acontecimientos quizás provoque que las líneas que siguen pierdan validez. Por poner un ejemplo, a lo largo de toda la semana posterior a las elecciones el principal candidato a ocupar el cargo de Secretario de Estado, el jefe de la diplomacia, era el ex presidente de la Cámara de Representantes durante la presidencia de Bill Clinton, Newt Gingrich. De la misma forma, el principal candidato a asumir como Fiscal General (o Secretario de Justicia) era el ex alcalde de New York durante los atentados del 11 de septiembre, Rudolph Giuliani. Mientras se están escribiendo estos párrafos, a casi 10 días de la elección, Giuliani (bajo una lluvia de críticas y acusaciones de falta de experiencia y conflicto de intereses) ha pasado a ser el principal candidato a cubrir el cargo de Secretario de Estado y Gingrich ha desaparecido de la escena. Estas idas y venidas respecto de quien será la cabeza de la diplomacia estadounidense no son menores en un contexto en el que el mundo está a la espera de definiciones concretas respecto del rumbo del futuro gobierno.

Mientras tanto, el Donald Trump que aparece como un proteccionista a quien le preocupa cómo proteger los puestos de trabajo de los estadounidenses da señales de que la economía no se apartará demasiado de la ortodoxia neoliberal imperantes en el país desde los tiempos de Reagan. Según los

últimos trascendidos, Steve Mnuchin, un ex directivo de Goldman & Sachs es uno de los favoritos para hacerse cargo de la Secretaría del Tesoro mientras que Wilbur Ross, un inversor que amasó su fortuna estimada en 2500 millones de dólares especializándose en la reestructuración de empresas al borde de la quiebra, es uno de los que lidera las preferencias para ocupar la Secretaría de Comercio. Estas son dos fuertes señales hacia Wall Street quien aún guarda cautela ante la intención de Trump de echar por tierra las políticas comerciales de las últimas décadas. Y como para seguir agitando ansiedades, las pocas precisiones que emanan del entorno de Trump no son muy alentadoras. Por una parte, uno de los principales asesores del futuro presidente para conformar su equipo de seguridad nacional es Frank Gaffney, uno de los más notorios islamofóbicos del país. Desde su think tank Centre for Security Policy, Gaffney fue quien dijo que Barack Obama era un musulmán encubierto, que la Sharia15 había reemplazado a la democracia estadounidense y que los Hermanos Musulmanes16 se habían infiltrado en los más altos niveles del gobierno.

Los principales pilares de esta expresión de la extrema derecha estadounidense son el rechazo al conservadurismo tradicional del Partido Republicano, la inmigración y la diversidad racial que deriva de ella, interpretados como amenazas a la mayoría blanca. Formado principal y mayoritariamente por hombres y articulado a través del contenido de blogs y las redes sociales, también sustenta su crecimiento sobre los efectos de la recesión económica que ha atravesado a los Estados Unidos en la última década. Su creador, Richard Spencer, ha declarado a The Wall Street Journal que “cuando tu movimiento va a ser mencionado por el candidato presidencial que lidera las encuestas, puedes decir con toda seguridad que has triunfado”. Según datos del Southern Poverty Law Center, Spencer acuñó el término “derecha alternativa” en 2008, cuando lideraba el think tank supremacista National Policy Institute. El activista hacía referencia a los conceptos de “identidad blanca”, la necesidad de preservar “la civilización occidental” y los valores “tradicionales”17. Y si aún quedan dudas respecto de la dirección que tomará el futuro gobierno, Kris Kobach uno de los integrantes del equipo de transición de gobierno que ha trabajado en pos del endurecimiento de las políticas migratorias del país, ha confirmado, como había dicho durante su campaña, que en el entorno de Trump se está trabajando en un programa para obligar a los musulmanes (inmigrantes o residentes) a registrarse en una base de datos. Huelga extenderse sobre las implicancias de semejante medida. Sólo falta que los obliguen a coser un parche con la medialuna roja en sus prendas. A la vista de este desarrollo, las estructuras del Partido Republicano están intentando “tironear” a Trump hacia posiciones un poco más moderadas. Lo cual resulta ilustrativo e irónico a la vez, dado que esa estructura había sido cooptada por muchos referentes del Tea Party el cual había sido caracterizado como el ala más radicalizada de la derecha estadounidense y que le había plantado una guerra sin cuartel desde el Congreso al gobierno de Obama. Este “tironeo” ha generado tensiones serias en el entorno de Trump (las cuales fueron minimizadas por el futuro presidente). Algunos respetados referentes del partido como el ex legislador Mike Rogers, una voz autorizada en materia de seguridad nacional y política exterior, han decidido abandonar el equipo de transición ante el rumbo que están tomando los acontecimientos. Todo parece apuntar hacia el inicio de tiempos aún más tumultuosos. La ansiedad y la incertidumbre 15- La Sharia es el cuerpo de Derecho islámico. Constituye un código detallado de conducta, en el que se incluyen también las normas relativas a los modos del culto, los criterios de la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas, las reglas separadoras entre el bien y el mal. 16- Los Hermanos Musulmanes es una organización política con un ideario basado en el Islam. Surgida en Egipto a mediados del siglo pasado, actualmente es una organización de amplia base social cuya minoría de dirigentes optó en tiempos modernos por una metodología no violenta. Tras producirse el golpe de Estado en Egipto de 2013 (que derrocó al presidente Mohammed Mursi, surgido de la primera elección libre de su historia), en la actualidad la Hermandad y sus organizaciones satélites han sido proscriptas por las autoridades egipcias. 17- Una aproximación más profunda de esta nueva -o no tan nueva si se toma en cuenta lo retrógrado de su núcleo de pensamiento- expresión de la derecha estadounidense puede encontrarse en https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/alternative-right

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Sumado a esto, junto a la designación del actual jefe del Comité Nacional del Partido Republicano, Reince Priebus, como Jefe de Gabinete (White House Chieff of Staff), Trump designó a Steve Bannon como Jefe de Estrategias y Consejero Senior del Presidente, uno de los cargos más importantes en el seno de la Casa Blanca. Bannon cobró notoriedad como uno de los agitadores de la derecha más extrema de los Estados Unidos. Desde Breitbart News, su pequeño imperio online, Bannon apuntó su lanzallamas mediático contra musulmanes y feministas, contra demócratas y republicanos. Siempre con el deseo de provocar y escandalizar, Breitbart News es una versión más burda y rastrera de los tradicionales voceros de la derecha. A su lado, Fox News parece una cadena moderada. Bannon se trasladará en enero al núcleo decisorio de la primera potencia mundial parado como uno de los principales voceros de lo que se ha dado en denominar la “derecha alternativa” o “alt-right”, su nombre oficial.

siguen en ascenso a medida que se acerca el 20 de enero. Como pocas veces, esta elección ha dejado muchísima tela por cortar. Como decíamos previamente, todas las estructuras políticas de los EEUU han sufrido un terremoto y se encuentran atravesado una réplica tras otra. El por qué obedece a las razones estructurales que hemos intentado desentrañar y, en última instancia (o en primera, según la perspectiva), a los motivos personales e individuales de cada persona a la hora de emitir su voto. Apelando una última vez a la mirada personal de Michael Moore, el cineasta describía sus sensaciones de lo que se cocinaba en el EEUU profundo: “Mientras volvía al hotel después de estar en el programa espacial sobre la Convención Republicana que hizo Bill Maher para HBO, una persona me paró por la calle. ‘Mike’, me dijo. ‘tenemos que votar por Trump. TENEMOS que sacudir las cosas’. Y eso fue todo. Eso era suficiente para él. ‘había que sacudir las cosas’. El presidente Trump sin dudas hará eso. Y una buena parte del electorado estará feliz de sentarse en la tribuna para ver ese reality show”.

Satélites geoestacionarios: implicancias estratégicas para la industria de defensa en Argentina y Brasil (2003-2015) Geostationary satellites: implications for the defense industry in Argentina and Brazil (2003-2015) BRUNO GIORDANO Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (2014). Actualmente es Estudiante de Maestría en el Programa de Posgrado en Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa, de la Universidad Federal Fluminense. Tiene experiencia en el área de Economía y Relaciones Internacionales con énfasis en Economía de la Defensa. Entre sus temas de investigación se encuentran: Base Industrial de la Defensa Nacional, Innovación Tecnológica Militar, Mercado Internacional en el Área de Defensa, Pactos Políticos e institucionales, Estrategias de Desarrollo.

Este artículo se ocupa de los avances en el área de los satélites geoestacionarios en Argentina y Brasil en la última década, contemplando las potencialidades de este tipo de satélites para los estados y sus industrias de defensa. Primeramente se analiza la evolución argentina que desembocó en el lanzamiento de sus satélites, procurando comprender las dimensiones políticas en torno a sus proyectos. Posteriormente, se presenta una comparación con los avances brasileños, colocando el énfasis en la importancia de la industria nacional de la defensa para la consecución de los objetivos estratégicos nacionales. Finalmente, considerando los recientes cambios políticos en los gobiernos de ambos países, se contemplan las consecuencias sobre las estrategias espaciales iniciadas en las administraciones previas.

Palabras Clave SATÉLITE GEOESTACIONARIO / INDUSTRIA DE LA DEFENSA / ARGENTINA / BRASIL.

Abstract This article analize the advances in the area of the geostationary satellites in Argentina and Brazil in the last decade, contemplating the potentials of this type of satellites for the conditions and his industries of defense. In first place analyzes the Argentine evolution that ended in the launch of his satellites, trying to understand the political dimensions concerning his projects. Later, presents a comparison with the Brazilian advances, placing the emphasis in the importance of the national industry of the defense for the attainment of the strategic national objetives. Finally, considering the recent political changes in the governments of both countries, are contemplated the consequences on the spatial strategies initiated in the previous administrations.

Keywords GEOSTATIONARY SATELLITES / DEFENSE INDUSTRY / ARGENTINA / BRAZIL

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Resumen

Presentación En el comienzo de este siglo pueden percibirse significativas transformaciones en el contexto internacional vinculadas a la gradual difusión de poder estadounidense en diversos aspectos. En lo que atañe a la producción de materiales de defensa, tanto convencionales como más avanzados tecnológicamente, diversos países en todo el mundo se orientaron por la búsqueda de una mayor autonomía en este sector. En Asia, por ejemplo, varios países han buscado una mayor autarquía en sus industrias de defensa, a modo de garantizar un cierto grado de autonomía y de capacidad de negociación política frente a las potencialidades de conflicto (Bitzinger, 2015). En el caso de América Latina, pese a que la latencia de conflictos es menor que en otras regiones, la búsqueda de autonomía por los países de esta región en la última década adquirió una importante expresión en el área de la industria de defensa. De este modo, al dirigir el análisis a los sectores industriales como la aeroespacial, podemos evaluar como estos países planean esta búsqueda de mayor autonomía en el sistema internacional y comprender como actúan en función de determinados objetivos estratégicos. Argentina lanzó en octubre de 2014 su primer satélite geoestacionario (GEO) de comunicaciones (ARSAT-1), entrando en el selecto grupo de países con tales capacidades espaciales (Chenet, 2015). En efecto, Argentina pudo adquirir total capacidad de observación y transmisión de datos en todo su territorio, incluyendo sus bases en la Antártida y las Islas Malvinas. Posteriormente, en octubre de 2015, fue lanzado su segundo satélite GEO, el ARSAT-2. Por detrás de estas nuevas capacidades argentinas surgen diversas consideraciones sobre el desarrollo de artefactos tecnológicamente complejos como los satélites GEO. De este modo, este artículo analiza brevemente el desarrollo del ARSAT y compara la nueva capacidad argentina con los recientes desdoblamientos de Brasil en la misma área. Por último, considera los cambios de gobiernos recientemente acaecidos, los cuales abren interrogantes sobre el desarrollo futuro de esta área en Argentina y Brasil. Desarrollo soberano y estrategia espacial Con el lanzamiento de un satélite geoestacionario, un satélite que se “fija” en un punto de la línea del Ecuador (estando así en la misma rotación que la tierra), un país adquiere capacidades de monitorear permanentemente una determinada región y de posibilitar una amplia capacidad de comunicaciones. Asimismo, en términos estratégicos, adquiere nuevas capacidades espaciales que ayudan a mantener la interdependencia entre las otras capacidades tradicionales (terrestre, naval, aérea) y obtiene condiciones de usar las comunicaciones y observaciones espaciales cuando lo requiera (Klein, 2006). Debido a que existe un cierto límite para el posicionamiento de satélites geoestacionarios en el espacio, su obtención adquiere aún mayor valor estratégico. A su vez, debe destacarse el alto grado tecnológico necesario para que un país tenga su propio satélite GEO. De hecho, la difusión de conocimientos obtenidos en esta área es de gran valía para la comunidad científica nacional, representado, asimismo, utilidades comerciales para las empresas. Además, para una industria de defensa, aumentar su autonomía en el área espacial no puede dejar de ser considerada una cuestión de soberanía nacional. Basta considerar que los costos varían desde 180 millones para un cohete llevar diez toneladas (el europeo Ariane 5) a 70 millones de dólares para llevar 5 toneladas (versión china Long March) (Financial Times, 2014). Antes de entrar en el análisis comparativo de la evolución reciente, es importante poner de relieve algunos conceptos importantes que impregnan el tema y contextualizan la importancia estratégica de proyectos como estos. Una vez que la concepción de interés nacional ocurre por la interpretación de amenazas a la soberanía del Estado, quién decide las prioridades son los actores gubernamentales (Rudzit & Casarões, 2015). Por eso, siempre hay que recordar que la política de defensa, antes de componer una política de Estado (policy) es, en su esencia, una política de gobierno (politics). Por involucrar diferentes actores, con intereses convergentes o divergentes, tal política trata de relaciones de poder, instituciones políticas y negociación acerca de la definición de prioridades y medios. De ese modo, tenemos el siguiente elemento como una de las principales características de una política de defensa: por su naturaleza política, esta es un acuerdo entre los interesados y “como cualquier política, provisional, temporal, sus objetivos tienden a fluctuar de acuerdo con el grado de diferencia entre los grupos y sus respectivas posiciones de fuerza en el escenario político” (Proença Jr. & Diniz, 1998, p. 37). La formulación de una política de defensa requiere, principalmente, el establecimiento de prioridades y la garantía de continuidad en su logro: por ser una política de gobierno, ella es también una política pública. La política específica al satélite GEO, por tener como objetivo desarrollar un producto estratégico para la defensa, representa el intento de obtención de mayor poder espacial por parte de un Estado. Al tener en cuenta las aplicaciones militares en medios terrestres, marítimos o aéreos, el poder espacial puede ser visto como un nuevo medio del Estado para ampliar su competencia securitaria y conectarla con sus capacidades tradicionales (Klein, 2006). Con esas consideraciones conceptuales, tenemos las lentes analíticas necesarias para comparar los avances argentinos y brasileños en la materia.

En Argentina, el desarrollo del ARSAT-1, de banda K (transmisiones de gran cantidad de datos), se inició en 2006 y tuvo gran importancia en el contexto de los sistemas de comunicaciones nacionales en relación al objetivo de expandir la televisión, la conectividad y la comunicación digital abierta en todo el territorio nacional y regional. El ARSAT 2 y el ARSAT 3, de banda C (sólida estabilidad de la señal), han tenido como objetivos cubrir todo el continente sudamericano y a América Latina, respectivamente. Según el presidente general de la Thales en Brasil, estos lanzamientos se debieron gracias a la manutención constante de inversiones (no de gran proporción) y a la estabilidad y fortalecimiento de las empresas argentinas (Chenet, 2015). Además, es necesario mencionar que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es el principal órgano civil-militar que coordina el planeamiento espacial estratégico. Después de haber formalizado el desarrollo espacial como política de Estado y como prioridad nacional, la coordinación de recursos se fundamentó en dos grandes empresas públicas argentinas: INVAP y ARSAT. De acuerdo con los datos oficiales, se estima que el costo del ARSAT-1 fue de unos U$ 250 millones (Satélites Arsat, 2015). INVAP, la empresa argentina de servicios de alta tecnología reconocida por la NASA a realizar el ciclo completo de desarrollo de satélites, y ARSAT, creada a partir de la elaboración del Programa Espacial Argentino, en 2006, con el propósito de construir el satélite geoestacionario, llevaron adelante los principales desarrollos en el programa espacial. Pese a que los subsistemas de comunicación de los satélites sean provistos por la francesa Thales, su integración a los artefactos finales fue hecha por INVAP, destacando su desarrollo de producción hasta el control final sin ayuda externa (Belluscio, 2015).

Sin dudas, el lanzamiento de los satélites ha sido un gran paso, tanto en términos productivos como tecnológicos, para la restructuración de la industria de defensa argentina. Antes de su revitalización, en 2013, el país producía ítems de defensa de baja o media capacidad tecnológica. Solamente en períodos más recientes, a partir de 2007, se procuró restructurar sus relaciones cívico-militares y la transparencia en los asuntos de le defensa (efectos del intenso fin de su dictadura) como prioridad sobre la modernización de sus Fuerzas Armadas (Moraes, 2011). Estas nuevas formas de control civil, en conjunto con una política neo-desarrollista hasta 2015, promovieron un proceso de reconstrucción de la industria de defensa (con un significativo crecimiento en su presupuesto militar) y el establecimiento de una nueva estrategia de defensa, poniendo diversas innovaciones institucionales sobre la forma del planeamiento estratégico (Battaglino, 2013). En lo que refiere a Brasil, en diciembre de 2014 finalizaron los trabajos de la revisión crítica del proyecto del Satélite Geoestacionario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas (SGDC). El satélite, proyectado para ser controlado plenamente por instituciones brasileras, garantizaría la seguridad de las informaciones militares y continuaría el andamiento del Plan Nacional de Banda Larga (FAB, 2015). De esta forma, existen dos objetivos estratégicos en este proyecto. Por un lado, garantizar, por la cobertura de la banda K, la disponibilidad de internet en todo el territorio brasilero y, por la cobertura de la banda X, posibilitar la soberanía de las comunicaciones militares brasileras (Russo, 2013). La infraestructura física y operacional actual, en conjunto con la capacidad del Estado de financiar diversos proyectos en esta área de defensa, confiere bases concretas para una gestión de conocimiento que promueve la investigación y el desarrollo a partir de la obtención de estas tecnologías (Correa Filho, et al. 2013). Los datos oficiales indican una inversión de 1,7 billón de reales para el desarrollo y lanzamiento de las 5,8 toneladas del satélite (AEB, 2016). Por otra parte, la utilización de “parceiras público-privadas” para financiar los proyectos espaciales, principalmente en torno del SGDC, es una forma de crear una cooperación internacional que posibilite la generación de conocimiento y la transferencia de tecnologías, como en el caso de la creación de su vehículo lanzador, el Cyclone-4 (Brasil, 2011). No obstante, la sociedad establecida con Ucrania en torno de este vehículo finalizó formalmente en 2015, debido a la crisis en que el país del este de Europa se encuentra, y hay indicios de que, dependiendo de las negociaciones, Francia o Rusia la substituyan (Netto y Chade, 2015). En lo que atañe a la construcción y lanzamiento del SGDC, fue firmado un contrato entre la empresa brasilera Visiona (joint-venture de Embraer y Telebrás) y las francesas Thales Alenia Space y Arianespace (Defesanet, 2014). Cabe destacar que, pese a las dificultades, las posibilidades cooperación rindieron en el largo plazo grandes frutos para la industria de la defensa brasilera, principalmente en lo que atañe a la capacitación industrial y al desarrollo tecnológico oriundo del programa de los satélites de observación (CBERS) con China (Oliveira, Perondi y Junior 2012). Observando los recientes desarrollos espaciales argentinos y brasileños, podemos indicar algunos

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El ARSAT desarrolla también una larga red de futuros clientes privados (70% del mercado) y tiene la misión de construir el próximo satélite GEO: con la expansión de la cobertura, aumentará el mercado a los países latinoamericanos. Cabe destacar, además, que INVAP es también la empresa que hace que las investigaciones nucleares en el país, formando parte de una larga red de instituciones estratégicas de investigación y desarrollo argentinas (Drewes, 2014).

puntos de comparación. En primer lugar, la intensión del gobierno argentino en mantener recursos constantes para su satélite geoestacionario se basa en el equilibrio de objetivos duales (tanto militares como sociales). A pesar de la gran importancia estratégica para la defensa y la seguridad del país, hay también un gran peso sobre la ampliación de los medios públicos de comunicación por el territorio. El uso dual surge como un factor fundamental y que otorga legitimidad a la pretensión de mantener los recursos destinados al proyecto, pues existe un equilibrio de beneficios civiles y militares y no una priorización de uno por sobre el otro. A su vez, la utilización de servicios públicos oriundos del satélite para la población es bastante clara y fácilmente justificable para la puesta en práctica de estos proyectos estratégicos. En las recientes apreciaciones del gobierno Macri acerca del proyecto, se presenta a la apertura del mismo a la competencia externa como justificación para mantener un carácter dual (comunicación privada y observación militar) (Blanco, 2016). En segundo lugar, se observan las potencialidades del desarrollo espacial pleno, volcado hacia la autonomía productiva, frente al parcial, volcado principalmente a la adquisición. En vez de solamente adquirir y montar externamente ítems con tal complejidad industrial, la capacidad de producirlo, de capacitar investigadores, de obtener tecnologías críticas y con estas condiciones desarrollar políticas públicas para una industria de la defensa más autónoma, son beneficios que superan el cálculo de costo económico. A pesar de los atrasos en la obtención del SGDC, Brasil ha venido concentrando esfuerzos no solo en el desarrollo de su satélite, sino también en su vehículo lanzador, el cual posee grandes complejidades tecnológicas y que ya adquirió una apreciable autonomía nacional en las últimas décadas. También, pese a que el SGDC esté todavía desarrollándose, sus ambiciones son mayores que los ARSAT. Se estima que su peso y potencia de transmisión serán mucho mayores, lo que puede representar también mayores costos y tiempo para su desarrollo autónomo (Visiona, 2014). Los efectos de los recientes cambios políticos en los proyectos estratégicos satelitales Existe un dilema en la localización de recursos para proyectos como el de los satélites geoestacionarios. Colocarlo enteramente en manos del Estado requiere un alto nivel de gestión interno entre las instituciones públicas, luego de una competencia de largo plazo. Toda política de Estado es una política de gobierno. A final de cuentas, no existe un objetivo político del Estado que sea neutro de la propia política en su interior, pues esta institucionaliza y perfecciona los objetivos políticos iniciales. Debemos entender las políticas de defensa y de su industria también como una política de gobierno que busca institucionalizarse en una política de Estado. Existe siempre la preminencia de los conflictos, de negociación y de decisión política sobre los rumbos que se deben seguir en el desarrollo del Estado. Concomitantemente, las medidas de desmantelamiento de políticas consideradas de Estado que se llevan a cabo se enfrentan a diversos obstáculos, lo cual no se explica solamente por las propias constricciones institucionales (vinculados a las diversas instituciones públicas y sus agentes involucrados), sino también por los diversos costos implicados (pérdida de inversiones hecho con dinero público). No obstante, la eliminación abrupta de políticas de largo plazo no es un objetivo imposible. Como fue evidenciado con las transformaciones neoliberales en los años 1990, siempre será viable que la voluntad política consiga superar las barreras institucionales creadas. Con el cambio reciente de gobierno en Argentina y la reelección del gobierno brasilero, conjugados con un escenario de recesión mundial, se retorna al dilema mencionado: ¿cortar recursos y perder inversiones o asegurar programas estables manteniendo los costos? Por el hecho de presentar propuestas políticas distintas sobre como gestionar el Estado, las acciones de cada gobierno mostrarán el compromiso por una mayor autonomía internacional. El asunto afecta en formas diversas debido a la asunción de gobiernos de carácter conservador y liberal en ambos países. Como en Argentina el control es esencialmente civil, el cambio de gobierno trae cambios más rápidos que en Brasil, por cuanto la construcción del tercer ARSAT fue suspendida (La Nación, 2016). A pesar de las críticas que indican la pérdida de soberanía con la presencia competitiva de otras empresas del sector (Krakowiac, 2016), habría una visión de que los costos económicos no se condicen con las ganancias futuras (Blanco, 2016). Tales movimientos frente a la desregulación se alejan de los objetivos estratégicos una vez que no existen sujeciones de largo plazo sustentando los proyectos de un satélite geoestacionario argentino. Como fue mencionado, las instituciones creadas pueden ser barreras para evitar cambios bruscos, aunque las mismas no sean indestructibles. Por similares motivos, todavía se percibe que, pese a la ruptura institucional protagonizada por el gobierno Temer al destituir a Dilma Rouseff del poder, el proyecto brasilero del satélite geoestacionario se encuentra en su fase final (con lanzamiento prestablecido para inicios de 2017), sin alteraciones impactantes pese a la turbulenta coyuntura política (Inovação Tecnológica, 2016). Se percibe como punto fundamental para la continuidad de proyectos estratégicos un coherente marco institucional del Estado, direccionado por la continua evolución de las indicaciones políticas de los gobiernos en el poder, de tal forma que el planeamiento de defensa brasilero continúa tomando algunos pasos paulatinos (los cuales serán verificados en los próximos años) para una visión más operacional que estratégica de sus otros proyectos de grande porte.

Finalmente, cabe destacar la escasa cooperación en esta área especial entre los dos países. Hay diversos puntos que justifican esta carencia. Primeramente, la necesidad de alcanzar una mayor autonomía en esta área exige en última instancia un esfuerzo propio del país para desarrollar el producto y relacionarse externamente solamente para adquirir conocimientos de tecnologías (Bitzinger, 2003). Así, aun retirando el factor de desconfianza entre los países, alcanzar una mayor soberanía espacial requiere del desarrollo de capacidades internas (instituciones de investigación y desarrollo, empresas específicas de estos sistemas). En segundo lugar, los objetivos estratégicos de Argentina y Brasil difieren drásticamente cuando se trata del área espacial: para el primero, se percibe el foco en su monitoreo en el Cono Sur, mientras que el segundo está preocupado con sus fronteras amazónicas y también en el área atlántica donde hay extracción de petróleo (Brasil, 2008). Finalmente vale la pena subrayar que, aún con una nueva afinidad ideológica entre Temer y Macri, sin un entendimiento de la importancia estratégica de la región suramericana (algo que va más allá de intereses comerciales liberales), proyectos de gran importancia como estos no van estar presentes en la agenda de cooperación. Consideraciones Finales

Se cree que debido al éxito en el lanzamiento de los ARSAT 1 y 2, Argentina había demostrado una política asertiva en lo que atañe a defensa aeroespacial, lo cual era coincidente con sus objetivos estratégicos. Sin embargo, con las recientes alteraciones económicas y políticas tal orientación por la opción estratégica de largo plazo está siendo substituida por una visión de corto plazo. De hecho, poco puede haber de positivo en una política de gobierno que socava cuestiones estratégicas relevantes para su país por medio de medidas intempestivas e carentes de una proyección de futuro. Tanto Brasil como Argentina pueden aprender lecciones uno del otro: tanto en las maneras en que puede diseñarse una política de industria para una defensa autónoma, así como de las posibles consecuencias esperables con la entrada de nuevos gobiernos radicalmente opuestos a los anteriores. Lo que percibimos, al final, es que los programas de tal complejidad e importancia estratégica para el país y su sector como los satélites geoestacionarios solo pueden mantenerse a largo plazo si arraigados como política de Estado. Sin embargo, como este proceso es el resultado de largas ramificaciones de las políticas e iniciativas del Gobierno, algunos cambios radicales pueden tener un profundo impacto en la estructura institucional de tales proyectos.

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De esta manera, quedan explícitas las diferentes formas de planeamiento: la vertical, enfocada en tener un satélite en la órbita y especializarse en funciones específicas, manteniendo dependencias en otras áreas, y la horizontal, direccionada para el desarrollo autónomo de capacidades productivas en todo su proceso, sufriendo recusas y alteraciones. Son opciones estratégicas, que requieren un planeamiento en torno de las capacidades de su industria y de los objetivos del Estado de conducir sus recursos. Los acontecimientos recientes en torno de nuestra región abren espacio para tales cuestionamientos, observando un desarrollo sudamericano de gran valor estratégico.

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EVALUADORES EXTERNOS DE ESTA EDICIÓN Licenciado en Relaciones Internacionales (UNR); Doc-

Esteban Actis tor en Relaciones Internacionales (UNR); Profesor de la

cátedra de Política Internacional Latinoamericana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Becario posdoctoral de CONICET. Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR),

Estefanía Bianchi Maestrando en Integracion y Cooperacion Internacio-

nal (UNR), Cátedra de Derecho Internacional Publico (FCPOLIT-UNR), Colaboradora en Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR).

Guillermo Borella Licenciado en Relaciones Internacionales (UNR); Master

en Periodismo (Universidad Torcuato Di Tella); Redactor para la sección Mundo del Diario La Nación.

Licenciado en Relaciones Internacionales (UNR); Master

Matías Ferreyra en Estudios Estratégicos de Defensa y Seguridad (UFF); Becario de la Junta de Personal de Nivel Superior (CAPES Brasil); Doctorando en Relaciones Internacionales (UNESP, UNICAMP, PUCSP).

Sonia Winer

Licenciada en Ciencia Política, Relaciones Internacionales (UBA); Máster en Estudios Latinoamericanos e investigación (Esc de Tolouse); Doctora en Ciencias Sociales (UBA); Investigadora Asistente de CONICET.

Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR); Doctora

Julieta Zelicovich en Relaciones Internacionales (UNR); Profesor de la cáte-

dra de Economía Internacional de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Becario posdoctoral de CONICET.

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