Contexto Internacional - Número 43

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CONTEXTO INTERNACIONAL Publicación del CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES perteneciente a la FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL

JUNIO- DICIEMBRE

AÑO 17- NÚMERO 43 ISSN 1851-7900

COORDINACIÓN GENERAL CEPI STAFF

Lourdes Ábrigo,

Fabián Drisún Camila Abbondanzieri, DIRECTOR EDITORIAL Florencia Alegre, Pedro Arrospidegaray,

Germán Martínez Imanol Barrangú, Jonatan Carné,

COORDINADOR Carla Chernomordik, EDITORIAL Camila Abbondanzieri CONSEJO EDITORIAL Y DISEÑO Carla Morasso, Juan Pablo Mordini, Emilio Ordóñez, Cecilia Rubio, Ana Lucía Mucci, Dana Valdano

Esteban Covelli, Jesica Garcia, Luciano Herrero, Martina Mántaras, Paula Martin, Guido Rebuffo, María Belén Serra, Mirco Silva, Esteban Smolarz, Florencia Urbano.

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editorial En la actualidad somos testigos de un orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial concebido para superar la anarquía propia de las relaciones internacionales. Este orden liberal aún no sucumbe pero agoniza y sus instituciones desfasadas no logran adaptarse a los cambios constantes en la arena internacional. Ello supone un desafío a la gobernanza global, la cual tampoco ha logrado que todos los actores que la integran gocen de sus beneficios de manera equitativa. Con el fin de la Guerra Fría se inició un nuevo período, ya no marcado por el bipolarismo sino por la hegemonía estadounidense, reflejada en la ampliación y consolidación de ese orden liberal de Bretton Wood a escala mundial. De hecho, en sintonía con G. John Ikenberry, ese orden liberal democrático fue diseñado y utilizado para resolver los problemas internos de la mayor economía capitalista occidental. Durante décadas los funcionarios norteamericanos sostenían que una mayor apertura económica a escala mundial era un elemento esencial de un orden político estable y pacifico. Sin embargo, las crisis financieras de mediados de los 90 que afectó a países asiáticos y latinoamericanos, puso en jaque la eficacia de algunas instituciones multilaterales. Mientras tanto, se afianzaba el poder del ingobernable capital financiero internacional capaz de desafiar a la soberanía estatal, junto con otros actores no estatales. Asimismo, a principios del siglo XX comenzaba a tener lugar el ascenso de nuevas potencias, como BRICS, y otras economías emergentes favorecidas por el boom de los commodities. Estos movimientos geopolíticos instaban una redefinición de ese orden liberal tanto en lo político como en lo económico, con demandas de mayor cooperación multilateral, más derechos y responsabilidades e influencia por medios pacíficos. A pesar de este cuestionamiento, Washington seguía aportando al sostenimiento del orden que creó en base a sus intereses nacionales. Pero llegó Donald Trump a la Casa Blanca y con él las críticas al costo de mantenimiento de ese orden, en detrimento de los supuestos beneficios que debería generar para el país del norte. En ese sentido, reparamos en cómo se han cristalizado tendencias conservadoras, evidenciadas a través de la victoria de Donald Trump y el Brexit, con insignias opuestas a la idea de globalización como hasta ahora la concebíamos. El avance de los partidos de conservadores de derecha que han tenido en un amplio apoyo en las sociedades europeas en el último año, han sido también defensores del proteccionismo, de un nacionalismo xenófobo y opuestos a la integración. Al mismo tiempo que asistimos al auge de procesos secesionistas, como el caso de Cataluña, lo cuales son percibidos como amenaza a la idea de unidad e integración. Sin embargo, este orden mundial caracterizado por la incertidumbre y los débiles equilibrios internacionales requiere de la gobernanza global. La demanda por una mayor cooperación internacional no ha disminuido, sino se ha reforzado por la proliferación de amenazas internacionales, creciente interdependencia económica, mayor degradación medioambiental y efectos devastadores de desastres naturales. Estas cuestiones aún requieren ser abordados multilateralmente. El ejemplo más claro de ello es la cuestión la mitigación y adaptación al cambio climático, materializado en la firma del Acuerdo de París. No obstante ello, la gobernanza global y la arquitectura multilateral también se enfrenta a la ausencia de un poder real responsable de hacer cumplir los pactos colectivos y la necesidad de que las grandes potencias adhieran a los compromisos. A ello se suma, lo que Joseph S. Nye Jr concibe como difusión del poder hacia otros países y hacia actores no estatales que dilapida la estabilidad del orden liberal. Pero la agenda global, dominada por issues transnacionales como el crimen transnacional organizado, terrorismo, ciberseguridad, estabilidad financiera, refugiados, conflictos intraestatales, pone en evidencia la debilidad de la capacidad de los Estados de responder efectivamente a ellos. La contradicción surge allí, donde es necesario recurrir a la cooperación internacional en un orden obsoleto, cuestionado e insostenible.

Ana Lucia Mucci

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Consejo Editor Contexto Internacional


VECINOS MODELO, DESTINOS IDÉNTICOS. UN ANÁLISIS DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO POR INDIA EN LA REGIÓN Agustina Cannarozzo

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TISA/TTIP/TPP AND THE EXCLUSION OF THE BRICS: THE POSSIBLES IMPACTS IN BRAZIL Dmitri Felix Do Nascimento

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LA MUJER ES UNA DE LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA GUERRA EN COLOMBIA Entrevista por Ana Lucía Mucci

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¿DESDE DÓNDE Y HACIA DÓNDE PIENSAN LAS SMART CITIES? Josefina García

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EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS EN EL LÍBANO: UNA APROXIMACIÓN DESDE GIOVANNI SARTORI Said Gabriel Chaya

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sumario


Vecinos modelo, destinos idénticos. Un análisis de la cooperación al desarrollo brindada por India en la región en el periodo 2003-2014, y el particular caso de Bután Model neighbours, twinned destinies. An analysis of Indian development cooperation in South Asia during the period 2003-2014. The Buthan case. AGUSTINA CANNAROZZO Agustina Cannarozzo es estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del Grupo de Estudio de la India y el Sudéste Asiático de Rosario (GEIRSA)

Resumen El presente trabajo analiza los flujos de cooperación bilateral entre India y Bután y las principales áreas de ejecución, en el periodo 2003-2014. El objetivo antedicho se llevará a cabo bajo el supuesto de que la nueva estrategia de cooperación del gobierno nacional indio a partir de 2003 y la creación de la Administración de la Asociación para el Desarrollo influyeron positivamente en la cooperación bilateral. El artículo comienza analizando la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo en la región del Sur de Asia dentro de la nueva estrategia de política exterior india. En segundo lugar, se aborda la evolución de la estructura institucional entre los años 2003 y 2014. Finalmente, estos cambios se ponen en consideración en relación a los flujos de cooperación al desarrollo bilateral hacia Bután y las principales áreas de ejecución.

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Abstract This paper analyzes the bilateral cooperation flows between India and Bhutan and the main areas of implementation in the period 2003-2014. The above objective will be realized under the assumption that the new strategy of cooperation of the Indian national government from 2003, and the creation of the Administration for the Development Partnership influenced positively in the bilateral cooperation. The article begins by analyzing the importance of international cooperation for development in the South Asian region within the new strategy of Indian foreign policy. Secondly, the evolution of the institutional structure between 2003 and 2014 is discussed. Finally, these changes are taken into account in relation to bilateral development cooperation flows to Bhutan and the main areas of implementation.

Palabras Clave

Keywords

INDIA / COOPERACIÓN AL DESARROLLO-SUR DE ASIA- BUTÁN

INDIA / DEVELOPMENT COOPERATIONSOUTH ASIA- BUTHAN


Introducción La República de la India fue capaz de redefinir su relación con el mundo como consecuencia de su ascenso económico y el aumento de su influencia geopolítica. Este país pasó de ser el principal receptor de ayuda para el desarrollo en la década de los ochenta a convertirse en “motor” de desarrollo de los países de la región del Sur de Asia, tales como Bután (Agrawal, 2007: 3, 4). En junio de 2003, el gobierno de la República de la India anunció una nueva política en la recepción de Ayuda Externa y en su rol como país oferente de ayuda a otros países en desarrollo. En su calidad de receptor, y a partir de ese momento, India sólo aceptaría ayuda bilateral de 5 países parte del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)1. Paradójicamente, los flujos provenientes del CAD continuaron en aumento: pasaron de 1.609,30 millones de dólares en 2002 a 25.201,74 millones recibidos por India en el año 2007 y se mantuvieron altos hasta la actualidad, alcanzando la cifra de 13.907,16 millones de dólares en 20142. El gobierno indio se propuso extender sus programas de cooperación con otros países en desarrollo a través de cancelaciones de deuda de algunos países pobres altamente endeudados, como también a través de nuevos programas y mayor financiamiento para los ya vigentes y los nuevos.

En el año 2012, el gobierno indio creó su propia agencia para canalizar los esfuerzos realizados en cuanto a cooperación al desarrollo llamada Administración de la Asociación para el Desarrollo, en inglés Development Partnership Administration (DPA). La misma depende de la División de Relaciones Económicas del Ministerio de Asuntos Exteriores (Balendushekhar Mangalmurty, Chowdhary S., Singh A., 2013: 4) y fue creada con el objetivo de unificar las numerosas iniciativas y proyectos que el Ministerio de Asuntos Exteriores venía poniendo en práctica. El Embajador Shri PS Raghavan (2013) señaló expresamente en el marco de la Administración de la Asociación para el Desarrollo que las tres formas que toma la cooperación India son: subsidios o donaciones, líneas de créditos y desarrollo de capacidades5. A pesar de estas iniciativas, India siguió siendo aún un importante receptor de ayuda. En 2009, recibió ayuda para el propio desarrollo nacional por un total de 2.502 mil millones de dólares, de los cuales 1.578 mil millones de dólares provinieron de la red bilateral de ayuda de los países organizados en el Comité de Ayuda Oficial al Desarrollo -CAD- (OECD, 2012). No sólo eso, sino que India fue el receptor más importante de ayuda brindada por el Reino Unido en el periodo 2003-2014. Esta situación llevó a pensar, en palabras de Fuchs y Vadlamannati, en un país “donante con necesidades” -“The Needy Donor”-, dando cuenta de la situación interna de India signada por “400 millones de pobres, la construcción cada año de infraestructura para 1.200 millones de habitantes, la contaminación, etc. (…) muchas contradicciones… [pero] un país pobre puede compartir su comida si así lo desea”6. En este contexto resulta oportuno reflexionar sobre la estrategia de cooperación internacional de India con los países vecinos menos desarrollados. Para los fines del presente trabajo, se analizarán los flujos de cooperación bilateral entre India y Bután y las principales áreas de ejecución, en el periodo 1- El comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE es el principal foro internacional de países proveedores de AOD. Su principal objetivo es promover la cooperación para el desarrollo, así como otras políticas que contribuyan al desarrollo sostenible a nivel internacional. India es un importante receptor de ayuda de este comité. 2-Datos extraídos de la página web de la OCDE, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REF_TOTALRECPTS# [Consultado el 14 de julio de 2016] 3- Según el CAD “la Ayuda Oficial al Desarrollo consiste en aquellos flujos hacia los países en desarrollo o instituciones multilaterales, provistos por agencias oficiales, incluyendo el Estado y los gobiernos locales o por sus agencias ejecutivas. Cada transacción que contenga las siguientes características: a) se administra para la promoción del desarrollo económico y del bienestar de países en vías de desarrollo como su objetivo principal, y b) es concesionaria en carácter y contiene un elemento de la concesión por lo menos de 25 por ciento” (Weisstaub y Pattacini, 2000: 9, 10). 4- Entrevista realizada por los miembros del Grupo de Estudios de India de Rosario (GEIR) en la Embajada de India en Buenos Aires en 2015. 5- Según el PNUD, el desarrollo de capacidades es el “proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo”. Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/spanish/ SP_Nota%20de%20Practica_Desarrollo%20de%20Capacidades.pdf [Consultado el día 7 de septiembre de 2016]. 6-Amarendra Khatua, ex Embajador de la India en Buenos Aires en una entrevista realizada en 2015.

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En los primeros años de implementación de la nueva política de cooperación internacional para el desarrollo, resultó todavía difícil saber qué montos brindaba India, quiénes eran sus socios y qué objetivos perseguía. La información sobre cooperación provista por el Ministerio de Asuntos Exteriores indio fue por largo tiempo calificada como Ayuda Oficial para el Desarrollo, de acuerdo a la definición del CAD3 (Fuchs y Vadlamannati, 2012), hasta que el gobierno de la India logró una definición propia, entendiendo lo que el país ofrecía como “cooperación técnica entre países del sur”. Así lo expresó el Embajador de la India en Argentina, Amarendra Khatua, en una entrevista realizada en diciembre de 20154.

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2003-2014. El objetivo antedicho se llevará a cabo bajo el supuesto de que la nueva estrategia de cooperación del gobierno nacional indio a partir de 2003 y la creación de la Administración de la Asociación para el Desarrollo influyeron positivamente en la cooperación bilateral. El artículo comienza analizando la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo en la región del Sur de Asia dentro de la nueva estrategia de política exterior india. En segundo lugar, se aborda la evolución de la estructura institucional entre los años 2003 y 2014. Finalmente, estos cambios se ponen en consideración en relación a los flujos de cooperación al desarrollo bilateral hacia Bután y las principales áreas de ejecución. La importancia de la cooperación internacional de India para el desarrollo de la región en la nueva estrategia de política exterior nacional a partir de 2003 Durante las últimas décadas, India pudo establecerse como una de las economías más dinámicas del mundo. Asimismo, pudo percibirse un significativo cambio social. La esperanza de vida en la India en 2012 (alrededor de 66 años) fue más del doble que en 1951 (32 años); la mortalidad infantil fue un cuarto de lo que solía ser hace 60 años (44 por mil nacimientos en 2012, en contraste con 180 por mil en 1951); y la tasa de alfabetización femenina pasó del 9% al 67%7. Ciertamente, se dieron importantes mejoras desde la época de la independencia del país (Dreze y Sen, 2014: 21). Sin embargo, el 32,7% de la población vivía por debajo de la línea internacional de pobreza de 1,25 dólares al día en 2012. Y la situación siguió siendo preocupante si se analiza en perspectiva comparada: la India ocupó un lugar inferior respecto de sus vecinos Bangladesh, Bután, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, en términos de esperanza de vida, de acceso a servicios de saneamiento, inmunización y desnutrición infantil en ese año. También se ubicó por debajo de Bangladesh, Bután y Sri Lanka en la tasa de mortalidad infantil; por debajo de Sri Lanka respecto de la tasa de alfabetización y del acceso a la educación; por debajo de Nepal en el Índice Global del Hambre 20148; y por debajo de Bangladesh con respecto a la alfabetización entre los jóvenes del sexo femenino (Fuchs y Vadlamannati, 2012: 2). Paradójicamente, el compromiso de India por servir como socio en cooperación al desarrollo principalmente hacia sus países vecinos se remite a la década de los años cincuenta. Tradicionalmente, su propuesta se trató sobre todo de asistencia técnica, hasta que el país logró diversificar sus modalidades en los últimos años. El gobierno de la India afirmaba que su cooperación era más eficaz que la ofrecida por los países desarrollados miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo porque está más orientada a las necesidades reales de los países receptores, dado que su estructura económica y política nacional fue similar a la de los últimos años del periodo de estudio. En este sentido resultaría lógico pensar que fueron los países en vías de desarrollo, y en particular aquellos que tienen mayor proximidad geográfica, los principales beneficiarios de la cooperación india para el desarrollo. La pretensión cada vez mayor de India de ejercer influencia en su zona contigua se debió a varios factores. En primer lugar, los países de la región fueron los principales suministradores energéticos de la India. En segundo lugar, las empresas indias tuvieron en esta zona una importante actividad en materia energética, en construcción, etc. Y en tercer lugar, fue un área que representaba un importante mercado para los productos indios (Mato Bouzas, 2009: 13). En este sentido, Agrawal (2007) sostiene que la ayuda de India fue usada como un medio para expandir la influencia geopolítica y diplomática del país. En esta misma línea, no deben pasarse por alto los conocidos intentos de India por jugar un rol cada vez más relevante en el escenario internacional y la búsqueda de su reconocimiento como actor en instancias multilaterales tanto globales como regionales. Jaswant Singh, ministro de Hacienda durante el gobierno de Vajpajee, anunció en su discurso sobre el presupuesto 2003/04 un cambio en la política de cooperación de India destinado a elevar el perfil global del país (Price, 2004). El discurso sobre el presupuesto a comienzos de siglo marcó un quiebre en el estatus de India en la cooperación internacional para el desarrollo. El gobierno anunció, en primer lugar, que el país pasaría únicamente a aceptar ayuda sin condicionalidades y proporcionada únicamente por el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón y la Unión Europea. En segundo lugar, la India cancelaría su deuda con donantes bilaterales e instituciones multilaterales. Por último, manifestó que extendería su propio esfuerzo de ayuda a otros países en desarrollo a través de las cancelaciones de deuda para algunos de los países pobres muy endeudados y la cooperación técnica y las subvenciones

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7- Para los indicadores “Esperanza de vida al nacer”, “Tasa de mortalidad infantil”, “Tasa de alfabetización femenina 20082012” y “Población que vive debajo de la línea de pobreza en el periodo 2007-2011” se utilizó como fuente las estadísticas de Unicef, http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/india_statistics.html [Consultado el día 16 de julio de 2016]. 8- Información obtenida a partir de un artículo de The Times of India, http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-55thon-global-hunger-index-lags-behind-Nepal-Lanka/articleshow/44804457.cms [Consultado el día 16 de julio de 2016].


de proyectos bajo la llamada Iniciativa de Desarrollo de la India. No quedaba duda de que India pretendía desempeñar un papel importante en la arquitectura de la cooperación internacional al desarrollo (Price, 2004). En la región, India contaba con una serie de ventajas que le permitirían reforzar su posición como líder de la Cooperación Sur-Sur. India se centró principalmente en sus países vecinos, es decir Bután, Afganistán y Nepal, aunque también se destacaron otros socios como Ghana y Sudán para el periodo 2005-2010. Esta información puede verse en el gráfico elaborado por Aiddata en el Gráfico I. Por otro lado, la información obtenida a raíz de la recopilación y análisis del total de los proyectos de cooperación internacional al desarrollo permite afirmar que India enfocó su trabajo en tres sectores principales: energía, transporte e industria, tal como lo indica el Gráfico II. También se destacaron numerosos proyectos destinados a los sectores educativo, sanitario y social9. India se encontró bien posicionada para jugar el rol que quería en la cooperación al desarrollo en términos humanos, técnicos, económicos y geopolíticos. A su vez, gozó de una larga tradición democrática que le permitió contribuir de manera significativa a las reformas políticas en muchos países de recursos escasos con los que se relacionaba (Agrawal, 2007: 13). Es así que podría afirmarse que India articuló progresivamente una visión atractiva y distintiva de los asuntos del mundo de la que otros Estados y sociedades también pudieron beneficiarse. La cooperación al desarrollo de India a partir del 2003 y la creación de la Administración de la Asociación para el Desarrollo en 2012.

El presupuesto de cooperación al desarrollo de la India aumentó de 13,4 millones de rupias (alrededor de US$ 40,3 millones en dólares a precios constantes del 2000) en 1966, a 2.917,4 millones de rupias indias (US$ 362,8 millones en dólares a precios contantes del 2000) en 2010, que significaba aproximadamente el 0,04% del PIB de la India. Este importe, que sólo capturaba la cantidad de flujos de cooperación otorgados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, era comparable a la AOD total de Austria (US$ 395.2 millones en precios constantes del 2000) y ascendía a alrededor de dos tercios del total de la AOD bilateral de Italia (US $ 547 millones en dólares de 2000) (Fuchs y Vadlamannati, 2012: 7). Sin embargo, la estructura política de la ayuda india para el desarrollo tardó en organizarse. La propuesta de creación de una agencia oficial de cooperación al desarrollo fue lanzada por el Ministerio de Hacienda en febrero de 2007 (Agrawal, 2007: 14). En 2012 los esfuerzos realizados en torno al proyecto presentado trajeron como resultado la creación de la Administración de la Asociación para el Desarrollo (DPA por sus siglas en inglés), parte integrante del Ministerio de Asuntos Exteriores. El trabajo de la nueva agencia consistió en gestionar de manera más efectiva los proyectos de ayuda de la India a través de etapas -concepción, presentación, ejecución y finalización-. Asimismo, su labor se realiza de manera coordinada con otros ministerios y departamentos10. A partir de la creación de esta agencia, el gobierno de la India logró la unificación de las diversas iniciativas que ya se estaban implementando en materia de cooperación para el desarrollo. El Ministerio se centró principalmente en atender a tantas demandas recibidas de países socios como fuera posible técnica y financieramente. La DPA empezó a desarrollar habilidades propias para la gestión de los proyectos a fin de acelerar todas las etapas de su puesta en marcha. De todas maneras, para el desempeño de sus funciones contó con tres divisiones diferenciadas: la DPA I se encargó de la estimación de los proyectos y los créditos; la DPA II se ocupó de los programas de fomento a la capacitación, la ayuda para desastres y del Programa Indio de Cooperación Técnica y Económica (ITEC, por sus siglas en inglés). La DPA III se dedicó a la puesta en marcha de los proyectos11. De acuerdo a información brindada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, la DPA I se encargó específicamente de gestionar todas las líneas de crédito, proyectos de subvención en las regio9- Información obtenida en la página web de Aiddata, disponible en: http://aiddata.org/blog/india-opens-up-its-aid-tap [Consultado el día 7 de septiembre de 2016). 10- Información obtenida en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India: www.mea.gov.in [Consultado el día 15 de julio de 2016].

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A partir del anuncio del Ministro de Hacienda en el discurso presupuestario 2003/2004, la provisión de líneas de crédito a través del EXIM Bank de la India se convirtió en uno de los resultados más destacados de las reformas que se comenzaron a implementar a partir de ese momento, destinadas a mejorar el estatus de India en la cooperación internacional para el desarrollo (Fuchs y Vadlamannati, 2012: 5).

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nes del este, sur y oeste de África, proyectos de ayuda en Bangladesh y el proyecto de viviendas en Sri Lanka. La DPA II gestionó becas de capacitación para más de 8.500 civiles y 1.500 para defensa, asignadas según el ITEC, el Programa de Asistencia Especial de la Commonwealth para África (SCAAP por sus siglas en inglés) y el Esquema de Cooperación Técnica del Plan Colombo durante los años 2012-2013 en 161 países socios. Cuarenta y siete instituciones inscritas en la división llevan a cabo alrededor de 280 cursos al año. La DPA II también gestionó proyectos de ayuda en el Sudeste Asiático, Asia Central, Asia Occidental y países de Latinoamérica. Esta división se encarga de la ayuda humanitaria y el socorro en caso de desastre. La DPA III llevó adelante proyectos de ayuda en Afganistán, Maldivas, Birmania, Nepal y Sri Lanka12. Para Shri P.S. Raghavan, Secretario en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el proyecto de subvenciones indio más significativo fue el complejo de viviendas para personas internamente desplazadas (IDPs) en Sri Lanka (2013). Asimismo, en Afganistán, India ayudó a construir el edificio del Parlamento nacional, dos subestaciones de energía en Doshi y Charikar y la presa Salma cerca de la frontera iraní. También realizó varios proyectos de conectividad territorial en la frontera de Nepal y en Myanmar (Raghavan, 2013). Por último, cabe una mención especial al Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC), lanzado el 15 de septiembre de 196413 como un programa bilateral de asistencia del gobierno de la India. Fue el principal programa de cooperación técnica no sólo debido a su amplia cobertura geográfica, sino también por las asociaciones innovadoras para el beneficio mutuo que ofrece. Fue impulsado por la demanda, orientado a la respuesta y se centró en atender las necesidades de los países en desarrollo14. El ITEC ha sido muy exitoso y continuó en expansión, contribuyendo a generar buena voluntad en las disposiciones de los países socios de la región hacia India (Raghavan, 2013). La India y Bután: nuevos horizontes El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que la asociación de India para el desarrollo de sus vecinos próximos se encontraba especialmente fundada en las necesidades nacionales de los socios beneficiarios15. Asimismo, señaló que los esfuerzos del gobierno procuran adaptarse a los requerimientos de los países. Ante la decisión de iniciar el programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC), el 15 de septiembre de 1964, el Consejo de Ministros señaló que “un programa de cooperación técnica y económica es esencial para el desarrollo de nuestras relaciones con los demás países en desarrollo sobre la base de la asociación y la cooperación para el beneficio mutuo. También sería una manifestación concreta de nuestra voluntad de contribuir a la evolución de la comunidad mundial basada en la interdependencia de todos sus miembros en la consecución de su objetivo común de promover el bienestar social y económico de sus pueblos” (MEA, 2014: 2). Bajo el ITEC, y el Plan de Cooperación Técnica del Plan de Colombo, más de 160 países (incluido Bután) pudieron beneficiarse de la experiencia de seis décadas de desarrollo de la India como nación libre. Con Bután en particular existe un modelo ejemplar de buena vecindad y coexistencia armoniosa, anclada en históricos lazos culturales, que ofreció un marco particular para la cooperación de India con dicho país. Promover el desarrollo de Bután siguió siendo el motivo principal y la fuerza impulsora de la política india para este país vecino. El “elefante asiático” otorgó fondos y experiencia para una gran cantidad de proyectos de envergadura para el desarrollo y la modernización de su vecino, incluyendo el aeropuerto de Paro, la estación de radiodifusión de Bután, la conexión inalámbrica entre Bután y la India, la planta de cemento Dungsum de un millón de toneladas, el Instituto de Ciencias Médicas de Bután, y toda la exploración, estudio y cartografía de los recursos minerales que allí se encuentran situados (Chand, 2014). La cooperación hidroeléctrica fue otro tema importante. El proceso se inició en 1980 con el proyecto hidroeléctrico 336 MW16Chukha, que se convirtió en un enorme éxito y cambió el escenario energético y económico de Bután. Fue seguido por otros dos proyectos importantes: el proyecto Kurichhu 60 MW,

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11- La descripción de las funciones de las divisiones de la DPA se encuentran mencionadas en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno indio, http://mea.gov.in/development-partnership-administration-es.htm [Consultado el día 15 de julio de 2016]. 12- Ibídem. 13- El ITEC ya cumplió 50 años desde su puesta en marcha, y cada año se celebra su día el 15 de septiembre. 14- Información obtenida en la página web de la Embajada de la India en Bután, http://www.indianembassythimphu.bt/ pages.php?id=100 [Consultado el día 15 de julio de 2016]. 15- Información obtenida en la página web de la Administración de la Asociación para el Desarrollo, http://mea.gov.in/ development-partnership-administration-es.htm [Consultado el día 15 de julio de 2016]


más pequeño en el este del país y un proyecto de 1.500 MW Tala en el mismo río que Chukha. Es importante mencionar que Bután no necesitaba gran parte de dicha energía generada, y por lo tanto, fue enviada a la India, incrementando considerablemente los ingresos del país exportador (Sudhir Vyas, 2014). Otros tres HEP17, que suponen un total de 2.940 MW (el proyecto Punatsangchu-I de 1.200 MW, el proyecto Punatsangchu-II, de 1.020 MW y el proyecto Mangdehchu, de 720 MW) se encontraban en construcción para 2014 y la puesta en servicio está programada para el 2018 (Chand, 2014). La cooperación al desarrollo que India lleva a cabo es cuestionada por las dificultades internas que el país presentaba, pero puede entenderse la posición del gobierno indio a partir de las palabras del Embajador Amarendra Khatua: “la cooperación es compartir experiencia”. Es así que a partir de 2012 –año en que se creó la DPA- más de 650 butaneses de diversas profesiones han hecho uso de la capacitación técnica ofrecida bajo los esquemas del ITEC y del Plan Colombo TCS (Technical Cooperation Scheme). Los cursos de formación fueron aprovechados no sólo por funcionarios de los departamentos de gobierno de Bután como Bután Telecom, Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCl), Royal Insurance Corporation of Bhutan (RICB), Royal Audit Authority (RAA) y los diversos Ministerios, sino que decenas de butaneses que trabajaban en el sector privado también participaron en los programas de formación ITEC y TCS para mejorar sus habilidades, situación que condujo al desarrollo profesional y a la mejora de los recursos humanos del país18. Además, la cooperación financiera de la India para el Plan Quinquenal de Bután ayudó a profundizar la relación especial entre los dos países. El gobierno de la India proporcionó más de 5 mil crores19 (equivalente a 750 millones de dólares) para el 10º Plan Quinquenal. De este dinero, 2.000 crores (300 millones de dólares) se destinaron a apoyar 70 proyectos, que abarcaron sectores como el agrícola, la tecnología de la información, los medios de comunicación, la salud y los hospitales, la educación y las escuelas, el fomento de las capacidades de desarrollo, la energía, la cultura y la infraestructura. Los pequeños proyectos de desarrollo tuvieron sin duda un enorme poder de transformación en la calidad de vida de los habitantes de Bután.

El gobierno nacional de la India anunció la nueva estrategia de cooperación internacional en 2003 manifestando sin lugar a dudas su intención de desempeñar un nuevo rol en la arquitectura de la cooperación para el desarrollo, convirtiéndose en “motor” del desarrollo de los países vecinos, entre los que se encuentra Bután en primer lugar. La relación con Bután se vio favorecida gracias el aumento del presupuesto, destinado a financiar proyectos de cooperación, y la creación de la Administración de la Asociación para el Desarrollo, que mejoró la gestión e implementación de los mismos. Es importante recalcar que India otorgó fondos y experiencia para una gran cantidad de proyectos de envergadura para el desarrollo y la modernización de su vecino -sobre todo luego de 2003 con el anunció de la nueva cooperación india y de 2012, con la centralización de las iniciativas en la creación de la DPA-, incluyendo el aeropuerto de Paro, la estación de radiodifusión de Bután, la conexión inalámbrica entre Bután y la India, la planta de cemento Dungsum de un millón de toneladas, el Instituto de Ciencias Médicas de Bután, y toda la exploración, estudio y cartografía de los recursos minerales que allí se encuentran situados. A pesar de que el gobierno de India afirmó que su cooperación fue eficaz porque estuvo dirigida a las necesidades reales del país socio, puede observarse que en la cooperación con Bután se dio una priorización de sectores estrechamente vinculada con las necesidades de India. Es así que las importaciones de energía para el consumo interno, la construcción de rutas e infraestructura que mejoren los intercambios comerciales y las comunicaciones, las facilidades para las empresas indias, el acceso al mercado de Bután fueron algunos de los resultados derivados del accionar indio en el periodo 2003-2014. Esta idea lleva a poner en cuestión la frase utilizada para describir la relación bilateral como “vecinos modelo, destinos idénticos”. Más bien, lo que la realidad demostró fue que ambos vecinos terminaron dirigiendo sus esfuerzos hacia un destino único de desarrollo: el elegido por India para la puesta en marcha de sus proyectos. 16- El megavatio es una unidad de potencia equivalente a un millón de vatios. 17- Proyecto de energía hidroeléctrica. 18- Datos obtenidos de la página web de la Embajada de la India en Bután, http://www.indianembassythimphu.bt/pages. php?id=100 [Consultado el día 15 de julio de 2016] 19- Un crore equivale a 10 millones de rupias indias.

*Recibido 17 de Mayo Aceptado 17 de Julio

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Conclusión

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KHATUA, Amarendra (ex Embajador de la India en Argentina), Entrevista realizada por el Grupo de Estudio de la India de Rosario (2015).


TISA/TTIP/TPP and the Exclusion of the BRICS: The possibles impacts in Brazil TISA/TTIP/TPP y la exclusión de los BRICS: Los posibles impactos en Brasil DMITRI FELIX DO NASCIMENTO Dimitri Felix do Nascimento is PHD Student, Department of Comparative Policy, Social Science Institute (ICS) in University of Lisbon (UL), Portugal (2013-2017), Scholarship - CAPES. Mas-ter in History, Universidade Federal de Pernambuco (2013). Bachelor in History, Universidade Federal da Paraíba (2004).

Resumen

The negotiations during the World Trade Organization rounds have called into question the lack of consensus on the liberalization/regulation of trade in various sectors –agriculture, automotive, semi-manufactured goods and services— that directly affect the developing countries. The de-veloped countries have strengthened their positions giving priority to agreements in the service sector with Trade in Services Agreement (TISA) which comprises the areas of telecommunica-tions, e-commerce, air and maritime transport, biotechnology, movement of natural persons, na-tional regulations and postal services. As a strategic sector, it constitutes nearly 80% of the US and UE economies. The negotiations around TISA, Transatlantic Trade and Investment Partner-ship (TTIP) and Trans-Pacific Partnership (TPP) occurred behind closed doors as parallel negotia-tions under the leadership of the United States and European Union. With the collaboration of other 23 countries, according to documents obtained by WikiLeaks, they excluded the BRICS countries and others. Arising instability and lack of legitimacy among multilateral agencies after the financial and economic crisis of 2008, call into question the entities created after the Bretton Woods Conferences. This study aims to identify the consequences that these agreements will bring in the field of international trade in relation to the BRICS countries, and specifically about Brazil.

Las negociaciones durante las rondas de la Organización Mundial de Comercio han puesto en cuestionamiento la falta de consenso sobre la liberalización/ regulación del comercio en varios sectores –agricultura, automotriz, bienes semi-facturados y servicios– que afecta directamente a los países en desarrollo. Los países desarrollados han endurecido sus posiciones priorizando acuerdos en el sector de los servicios con el Acuerdo sobre Comercio en Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) el cual engloba las áreas de telecomunicaciones, comercio electrónico, transporte aéreo y marítimo, biotecnología, movimiento natural de personas, regulaciones nacionales y servicios pos-tales. Como un sector estratégico, constituye casi el 80% de las economías de Estados Unidos y la Unión Europea. Las negociaciones en torno al TISA, a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo Transpacífico (TPP) ocurrieron tras puertas cerradas como negociaciones paralelas bajo la égida de Estados Unidos y la Unión Europea. Con la colaboración de otros 23 países, de acuerdo a los documentos obtenidos por Wiki-Leaks, excluyeron a los países del BRICS y a otros, en el contexto de una emergente inestabilidad y falta de confianza en las agencias multilaterales tras la crisis económica de 2008 puso en tela de juicio a las entidades creadas Bretton Woods. En este marco, este trabajo se propone identificar las consecuencias que estos acuerdos pueden tener en el campo del comercio internacional en relación a los países del BRICS y específicamente en el caso de Brasil.

Keywords

Palabras clave

WTO / BRICS / TISA / TTIP / TPP

OMC / BRICS / TISA / TTIP / TPP

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.43/ Junio - Diciembre 2017 / pp. 13 - 22.

Abstract

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Introduction After the crisis of 2008, it has been observed in the international relations that the developed countries (US, EU, Japan and Canada) have prioritized the formation of commercial, even sec-toral, treaties, with the objective of more than merely protecting niche markets, but above all the expansion of certain strategic sectors. Free-trade treaties are not new to the functionality of state-market relations, some have been placed into practice such as North American Free Trade Agreement (NAFTA), which continued the peripheral situation of Mexico, and others have not come into effect like the Free Trade Area of the Americas (FTAA), due to a change in the Latin American political landscape. However the Trade in Services Agreement (TISA), the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and the TPP (Trans-Pacific Partnership), the trinity-T, are treaties with a different format, since they go beyond negotiations on tariff reductions. The aim of this study is to highlight how developed countries, when using parallel treaties, deep-en the critical state of political functionality of the multilateral entities created after Bretton Woods. For instance, the United Nations that found itself unable to act regarding the unilateral action of the US in the invasion of Iraq, yet is able to take broader action in trade treaties such as the World Trade Organization (WTO). The question of legitimacy still remains a fundamental concept in the field of ideas that are re-flected in the real world. Fonseca (1998) explains the proposal of the New International Econom-ic Order (NIEO) during the Cold War, where, at the heart of the contradictions of this order, the Third World countries, within the structure of the created international system, launched projects, even in limited ways, alternative to the hegemonic powers. The author brings the complex rela-tion between values and power in the construction of the international order, in which even though the central countries use military and economic power as fundamental pillars, they still need to consolidate that power with the diffusion of ideas and concepts that point to the best way to organize the international system. In addressing the legitimacy of the non-hegemonic in the post-Cold War era, Fonseca (1998) projected that China’s entry into the WTO could bring greater stability to the international system, but at the same time warns whether this would really be accepted in a non-conflictive way by world powers, based on the provisions and interpretations of international law in the search for consensus. Certainly, the questioning still remains valid, if in this post-Cold War order develop-ing countries proposals would be legitimated. In the dispute for legitimacy and more space for new blocs and countries within multilateral enti-ties, BRICS countries have adopted a tactical horizon since their first diplomatic meeting in 2009. Since then, the bloc has undoubtedly been proactive in the negotiations and proposals for eco-nomic guidelines in the WTO and other multilateral entities. Each country has its own character-istics, specificity and priority areas of commercial expansion, but all of them exerting pressures in the existing multilateral spaces. In the process of intra-bloc institutional maturity and significant contextual changes prior to the 2008 crisis, followed especially by the commodity boom, the international scenario began to exert a set of political, economic and military pressures on the BRICS. Much more than a simple acronym and a set of acronyms created by a corporate official (Baum-man, 2015), the BRICS in recent years (2009-2016) have suffered a counter-offensive on several fronts, and one of these offensives is done in part because of the pressures these countries have coordinated within the WTO. In any case, it does not present itself as an open and stated offensive of the developed countries, that continue to make agreements with the BRICS, but the level of competition now enters into a frame of confrontation, sometimes subtle, sometimes in the open. The relationship between the BRICS and developed countries around internationally important issues is becoming increasingly discordant. By identifying the issues of disagreement and interventions in the bilateral policies for each BRICS country, we will see situations of action/reaction and destabilization of domestic and foreign policies in different ways.

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In the context of the WTO we have a concrete factor in the development of our analysis, the ex-clusion of the BRICS and other countries from the TISA/TTIP negotiations. Decisions that have been taken in parallel meetings, and the reasons why the central bloc (US and EU) have decided to make changes away from the standards of multilateral entities, is the aim of this article.


The bridge of our analysis encompasses the role that the services sector has taken in these negoti-ations, being treated with greater complexity, due to its dynamics and importance in the high-tech value chains and insertion in the financial system. In this way, we will be able to discern the possible impacts that Brazil can represent to this framework of alliances between the BRICS countries and its exclusion from the TISA/TTIP/TPP agreements. TISA/TTIP/TPP: A Reaction to the WTO Called “dark trade” by many in civil society, the fact that after 21 rounds of TISA negotiations, which formally began in 2013, and informally in 2011, and 15 rounds of TTIP meetings in the period 2013-2016, it is possible to interpret the intentions for which the developed countries, and their decision-making nucleus, the US and EU (mainly Germany), have built a parallel space to the WTO, together with underdeveloped and developing countries as mere adjuncts, but with greater geopolitical affinity in order to expedite agreements not only in the services sector (TISA) but also in goods (TTIP). When Wikileaks presented, in June 2015, the confidential documents of the 6th round of the TISA negotiations held in Switzerland in 2014, it marked a new situation in international rela-tions. The sectoral interests of a group of countries that anticipated changes in their national legis-lations and of the WTO’s regulatory treaties in the service sector would be taking place on the margins of the international order that they themselves created. The way the negotiations have been conducted and the future global impact of the TISA / TTIP agreements can be compared to the end of the gold standard in 1971, the oil shock in 1973, or the failed ambition of the FTAA; that is, the definitive dismantling of the order created at Bret-ton Woods.

The objective of this broad group of developed and developing countries would be to set up a framework for deregulation that would cover domestic regulation (eg. authorizing and licensing procedures), international maritime transport, telecommunication services, e-commerce, computer related services, cross-border data (EU Memo, 2013). The scope of this sector for the US/EU is of extreme importance in international trade, since the raw goods and industrial sectors have their limits and have been decreasing in importance for some years. Be it because of physical/environmental limits which, in the case of agriculture, gives developing countries advantages as exporters of raw material with little added value, although the large multinationals in this sector (Monsanto, Bunge, Syngenta, Cargil and others) have their headquarters in developed countries. Be it the deindustrialization occurring in central countries, caused by industrial plant facilities in Asia and elsewhere with cheaper labor, particularly in Chi-na. The service sector is important to the U.S. Every billion dollars exported from the service sector generated more than 7,300 jobs in 2015, while the same figure represented 5,000 jobs in 2013. The service sector represents three-quarters of U.S. GDP, creating four out of five new jobs (US Department Commerce). For the countries of the European Union services represent 70% of the GDP and of news jobs created, and represents 25% of exports. Together the 23 countries (Australia, Canada, Chile, Chinese Taipei, Colombia, Costa Rica, the EU, Hong Kong China, Iceland, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Mauritius, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Panama, Peru , Switzerland, Turkey, the United States) participating in the TISA negotiations comprise 70% of the world trade in services, with the goal of continued expansion. The TISA, as a parallel agreement, would serve as the basis for a broader treaty outside the WTO structure, opening up space for member countries if they wanted to join portions of the TISA that treat their preference items. In a process of persuading leaders from other countries that have not yet joined, it would act as an “automatic multilateralism” agreement, damaging the founding principle of most-favored nation status. The structure created in the WTO for the General Agreement on Trade in Services (GATS) was divided into four areas: domestic regulation, emergency safeguards, government pro-

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We can see in a 2013 EU memorandum that they are explicit that the TISA is a treaty only for “Really Good Friends of Services”, comparable to a narrow code of organizations with more ob-scure intentions. This memorandum attempts to legitimize this initiative of a new modality of parallel negotiations, due to the impasses that occurred in the Doha Round especially at the 8th Ministerial Conference of the WTO in 2011.

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curement, and subsidies. For countries that have joined the TISA, this structure is seen as limited. TISA documents show that the accord will include telecommunications, maritime transport, financial services and the movement of service providers to temporarily provide services, but the objective is to go further. Following the parallel creation of TISA, the GATS Council for Trade in Services is “informed” about the parallel negotiations and, where possible, aims to pursue the same objectives of joint liberalization. The impacts of trade liberalization measures between these countries would primar-ily be to implement a process of continuous deregulation with the reduction of tariffs and the strengthening of the most competitive companies. Having released 17 documents that serve as a summary and basis for the negotiations, we find a set of notable contradictions in the agreement’s process. In order to demarcate the rules in a hori-zontal way, the first contradiction is to put “transparency” as a value that will be openly practiced by local governments and endorsed by public evaluation. Only after years of closed-door negotiations are reports on the progress of the negotiations being given to European and American parliamentarians and their recommendations are simply noted by the committees. However, the treatment is different for the companies, because instead of being a trilateral negotiation (Parliamentarians, Executive and Companies), what has been demonstrated is a bilateral format, companies and representatives of the executive branch, CEOs with finance ministers and directors of Central banks. Negotiations around domestic regulations are actually about deregulation. For, upon entering into force, TISA will facilitate the entry of foreign services by obtaining licenses to authorize the open circulation of a certain service. This means, break down the barriers of national legislation that use licensing and service authorizations to ensure local competitiveness, taxing them and making them follow the rules at different levels of territorial and political organization. In order to have a dimension of these texts, we observe that the areas of state control such as energy, state-owned enterprises and government purchases are also part of the agreement’s future plans. The texts being negotiated suggest that the discussions proceed towards proposals for a change in dispute settlement arrangements, a complete change in the WTO’s state-to-state media-tion framework. Companies in a given country, will have the right to process the state govern-ment, in the investor-state format, if the TISA terms are not observed, thus constituting a new legal regulatory framework outside the WTO (Kelsey, 2016). One of the WTO study reports on TISA discusses how agreements within and outside the WTO structure would be effected. The authors find that TISA would force changes in the main clauses at the foundation the GATT (Articles V and X). The text also suggests that China was interested in entering the treaty but was denied admission for the obvious reason, that the agreement is be-ing drawn up against Chinese interests. Similar elements of TISA can be found in the TTIP, a free trade agreement between the U.S. and European Union. More directly, the agreement gives a message that “we resolve our own busi-ness issues”. The degree of integration of these economies, as well as their joint action in geopoli-tics, facilitates the interaction of transnational interests, making this agreement the largest trade and investment treaty ever negotiated in the world, proposing an area of free trade never seen before. Fuente: Trade SEI on the TTIP-Interim Technical Report, Comission EU, 2016

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After 15 rounds, the document that is divided into three parts: market access, regulatory compo-nents and rules, sets an even more ambitious scenario. It is designed to do more than change eco-nomic perspectives, but will also have impacts on social, environmental, agrofood, chemical and pharmaceutical sectors, mechanical engineering, electric good, motor vehicles, air and sea trans-portation, consultations and communications, and obviously, the financial sector. Regarding dispute settlement, the document shows that there are divergences between countries, reflecting the discussions in the WTO, proposing a revision of the current rules. And a specific group was set up for the financial sector to work on the EU proposal. As a way to strengthen the interests of the various financial and business groups in the TTIP ne-gotiations, a set of 14 private sector associations supported by the US Chamber of Commerce created the Transatlantic Financial Regulatory Coherence (TFRC) or simply the Transatlantic Business Council (TABC). This robust council has as its main objective to include preferential clauses on regulatory cooperation. In this select group are financial sector giants such as Banco Bilbao Viscaya (chairman of the board) and Deutsche Bank, gas and oil corporations Chevron, Exxon and Statoil, and car manufacturers like Audi and Ford.

Drafted in 2005 but prioritized by the US authorities in 2010 to be ratified in 2017, the TPP would be a continuation of TTIP with countries in the Pacific surrounding China’s maritime terri-tory. The TPP corresponds to 37.4% of world GDP and 25.9% of global trade. The treaty pro-poses to modify national laws that correspond to market access, government procurement, intel-lectual property, investment in terms of the Investor-State Dispute Settlement (ISDS), labor and environment, market access for services and investment, pharmaceutical and medical device pur-chasing and state-owned enterprises. And each point has an objective that further distances itself from the WTO. As we have stated at the beginning of the text, the main purpose of the agreement is not tariffs but non-tariff legisla-tion, as the WTO’s main task of tariff reduction has been achieved, though not as the developing countries wanted. As Stiglitz (2014) puts it, the vital goal of the corporations that make up the TPP agreement is to change labor laws, consumer protections, the environment and the economy in general. The State Owned Enterprises/Investor-State format would be imposed by an international court with supranational laws. In the factsheets released by the governments of the countries of the TPP there is always a care to inform that in this format their companies would have a better envi-ronment to compete in other markets, and that this would bring minimal impacts on national economies, as if this were easy to predict. The TPP treaty would have a direct impact on China and its surroundings, since the countries that surround it have deep economic relations (Japan) and historical (Vietnam), as well as in the countries Chile and Peru that are the entry to South America. It would also affect Brazil, by dis-tancing Chile and Peru from the influence of Mercosur. TISA/TTIP/TPP: A reaction to the BRICS Looking at BRICS countries’ strategy of investing in WTO space and mechanisms in order to influence the negotiations and win part of their sectoral demands, we see that there is an asym-metry between participating countries. Much of the criticism of the BRICS in the WTO focus on explicit inequalities in the flow of international trade, unequal treatment of developing countries in the negotiations, and their difficulties in gaining access to markets that are already monopo-lized and protected. When attempting to reform the institution, it can be said that the BRICS aim for reform within the current order. BRICS countries have functioned with a dynamic of sectoral meetings be-tween companies and governments. While they have advanced in the exchange of information, creation of forums, signatures of agreements and sectoral agreements in energy, agriculture and transport, nothing is comparable to the dimensions proposed by TISA/TTIP/

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Negotiators aimed to format the body of the treaty in 2016, but the U.S. election of Donald Trump have made the future of the TTIP a mystery. The administration of President Barack Obama (2008-2016) and the Democratic Party have engaged in large-scale free trade treaties, such as the Trans-Pacific Partnership (TPP), which was negotiated with countries such as Canada, Peru, Mexico, Japan, Vietnam, New Zealand, Singapore, Brunei and Malaysia, with the discourse that this would bring more jobs to the U.S.

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TPP. For the BRICS proposal is not based on free trade based on deregulation of the economy. One of the spaces used and reinforced by the BRICS countries is the WTO Dispute Settlement Body. In a brief analysis of the progress of this organ, we can see the lack of dynamism in resolv-ing pending issues immobilizes the expansion of the most peripheral sectors of the economy of the poorest countries. A classic example of the lack of dynamism of the WTO was the case of US cotton subsidies, the process (Subsidies Upland Cotton) triggered by Brazil accompanied by third party countries that are impacted by the subsidies such as Argentina, Australia, Benin, Canada, Chad, China, Euro-pean Community, India, Pakistan, Paraguay, Venezuela, Japan and Thailand. It took 12 years (2002-2014) to come to an agreement mainly because of the U.S., which in 2012 announced that they would not change its Farm Bill. This measure meant that Brazil did not sign the agreement that year until legislation changes were implemented in the US. Analyzing how BRICS countries use the Dispute Settlement Body, it is possible to see how much Brazil and India, since they are countries that are part of the WTO longer than the others, and see their economies being undermined by the protectionism of developed countries, use this mechanism in the perspective of achieving greater openness for their exports.

Figure 2: WTO Dispute Settlement – BRICS vs. USA/EU/Canada/Japan.

By identifying the processes that were raised and their nature, we note the tendency of devel-oped countries (US, EU, Canada and Japan) to open proceedings against BRICS subsidies of industrialized products. With the exception of China, the BRICS countries have difficulties in competing in this sector with businesses needing subsidies in order to survive and establish them-selves nationally and internationally. China, on the other hand, after the adhering to the terms imposed, found in the WTO the space to demonstrate the contradictions of the practice of the liberalization of the international trade. Consequently, it has become the most demanded country with little time of adhesion. The tacti-cal use of planning the economic sector in the combination of various internal and external fac-tors, becoming the buyer of cheap raw materials, of strengthening the national industrial park and opening up to multinational facilities, coupled with the dynamism of the services sector, Econo-my in the main competitor of the contemporary world. Of the total of 31 complaints made by Brazil in the WTO, 22 of them are directed to the block of developed countries (USA, EU, Japan and Canada) and Brazil responses to 12 lawsuits from this block. China is the claimant in 15 lawsuits and all of them are against developed countries, and is respondent in 39 cases. Russia with less time as a WTO member, has sued developed countries 4 times and is being sued in 5 cases. India is a claimant against developed countries in 17 of its 23 cases, and 18 of the 24 cases in which India is a defendant were brought by developed countries. South Africa as an exception to the rule, has not sued or been sued by developed countries. Even with limits set by the Dispute Settlement Body, developed countries often continue to practice the acts that were challenged by their competitors, hardly implementing decisions in their entirety, and continuing to use maneuvers to protect the impacted sector.

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The WTO Ministerial Conference in Nairobi (December 2015) presented an understanding on the agenda of agricultural trade liberalization as foreseen in the Doha Round (initiated in 2001) where developed countries are expected to eliminate and / or reduce agricultural export subsidies and receive symmetrical treatment as with industrialized products. This has been a priority for developing countries. Yet we have seen only partial implementation. The apparent outcome of this measure reflects the slowness of WTO priorities with developing countries. However, most of the cases in the Dispute Settlement are not based on services, but on goods, merchandise and patents/intellectual property. The TISA and TTIP are designed to anticipate commercial disputes in the service sector. They represent, on the one hand, a liberalization project, and on the other hand, an action of self-preservation of their markets against current and poten-tial enemies. In this way, the services sector is the frontier that developed countries are not will-ing to cede to developing countries and the BRICS. The WTO as it currently stands is not in a position to submit a single disciplinary regime that all members will accept horizontally. To answer the question of why developed countries are negotiating preferential service agree-ments to the exclusion of the BRICS and other developing countries, we will examine the role of this sector in this block. The most recent data (fig.3-4), according to the division of the economic sectors’ participation in the BRICS, shows the expansion of the tertiary sector (services) as a percentage of GDP. From 2005-2014 the services sector became a priority in the composition of the economic framework of the BRICS countries. Brazil’s service sector comprised more than 70% of its GDP in 2014, China in 2005 had a service sector in second place behind the industry, by 2014 the service sector passed it to comprise 60% of the GDP, 25% more than the industrial sector.

Sector primario Sector secundario Sector terciario

Figure 4: GDP BRICS 2014 – BRICS Joint Statistical Publication (2015)

Sector primario Sector secundario Sector terciario

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Figure 3: GDP BRICS 2005 – BRICS Joint Statistical Publication (2015)

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When analyzing the statistics (Figure 5-6), we observe the participation of the services sector (ex-port and import/BPM6) of the developed countries, G7 and BRICS. Though still hegemonic, there is a relative drop in the participation of developed and G7 countries, and a slight increase in BRICS in recent years, already concentrating around 15% of world exports and imports. Figure 5: Services Export BPM6 – UNCTAD

Figure 6: Services Import BPM6 – UNCTAD

In the ranking of exporting countries, China represented 4.6% (2014) and India 3.2% (2014), Russia 1.4% (2014), Brazil 0.8% (2014) worldwide. Already in 2015, China increases its share with 6%, India 3.3%, Russia 1.1%, and Brazil 0.7%. In imports in 2014, China 8.1%, India 2.6%, Russia 2.5%, and Brazil 1.8% worldwide. In 2015 China increases its share with 10.1%, India 2.7%, Russia 1.9%, and Brazil 1.5%. So, what we can observe is that China, India and Russia are potential competitors with developed countries. Conclusion: Possible Impacts in Brazil

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The possible impacts of the TISA/TTIP/TPP treaties are still unpredictable for Brazil and more studies of quantitative and qualitative content are needed to better base ourselves if these agree-ments come into force in the short term. The fact that the services sector has an expressive partic-ipation in Brazil’s GDP and its growth in foreign trade shows how the sector is following world trends, and stands out in relation to the agricultural and industrial sectors


in the domestic sector. Although the service sector has the largest share of GDP, it is not as significant in foreign trade. Between 2009 and 2015, services reached a maximum of 14.8% (2014 and 2015) relative to trade in goods, averaging 13.6%, in the time period. In imports, services represented 27.1% (2014) and 28.54% (2015). As imports are larger than exports, there is an increasing service trade deficit of U.S. $ 17.8 billion (2009), U.S. $ 48.2 billion (2014) and U.S. $ 35.9 billion (2015). Overall, the services sector in exports reached only 1.65% (2014) and 1.91% (2015) as a percentage of GDP and imports 3.65% (2014) and 4% (2015). This demonstrates that the sector is not a high priority for Brazilian foreign trade. BRICS countries are not part of Brazil’s major partnerships, with the exception of China in this sector. BRICS, to a lesser extent Brazil and South Africa are significant exporters and importers on the world stage. When we take, for example, the year 2014, even though Brazil exported U$39.8 bi and imports U$87 bi, with the BRICS, the exported values were U$444.9 million and imported U$872.8 million, representing a little over 1.1% of total exports and 1.8% of Brazilian imports. Brazil’s dependence on the external sector vis-à-vis the developed countries is visible, demon-strating the difficulty of the services sector if the TISA/TTIP/TPP agreements are put into prac-tice. In 2014 Brazilian service exports to developed countries were approximately 67.5% of total service exports with the US representing 29.4%, and imported approximately 52.1% from the US and the Low Countries. In 2015 Brazilian service exports to the US reached U$6.16b and to the EU were U$6.3b, representing approximately 60% of total exports. The same year Brazil import-ed, respectively U$ 13.3b and U$22.8b, in other words, there is a significant trade deficit.

a) There is a mutual dependence in the service sector between Brazil and the US/EU, as Brazil is a large importer. If the TISA were implemented, countries of the US/EU would restrict imports of Brazilian services since there would be no preferential space in the accord, thus in-creasing Brazil’s trade deficit. b) At the same time, Brazil could adopt restrictions for these countries giving priority to BRICS country members. These possibilities could very well change in the recent political panorama. In the case of the US with the 2016 election of Donald Trump of the Republican Party could result in the US leaving the TPP accord, though the negotiations may continue without the presence of the US. In Bra-zil’s case, since the institutional coup that provoked the impeachment of president Dilma Rousseff of the Workers Party, there has been a drastic change in foreign policy priorities with increased political alignment with the US/EU block.

*Recibido 15 de Mayo Aceptado 9 de Agosto

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.43/ Junio - Diciembre 2017 / pp. 13 - 22.

So we can make some predictions as to what may occur to Brazil if the TISA were implemented as the leaked documents indicate:

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Bibliografía Baumann, R.(org). BRICS : Estudos e Documentos. Brasília : FUNAG, 2015. BRICS: Joint Statistical Publication 2013/2014/2015: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Rio de Janeiro: IBGE. European Comissions. Services and investment in EU trade deals Using ‘positive’ and ‘negative’ lists, 2016. European Comissions. Trade SEI on the TTIP-Interim Technical Report, Comission EU, 2016. European Comissions. Trade in services agreement (TISA) factsheet, 2016. European Comissions Trade SIA on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and the USA, 2014 European Comissions, Reports of the 6th-21th Tisa Negotiation round 2014-2016. European Comissions, Negotiations for a Plurilateral Agreement on Trade in services-Memo, Brussels, 2013. EU-US TTIP Negotiations textual proposal. Dispute Settlement (Government to Government) in TTIP. Negotiation round of 10-14 March 2014 and made public on 7 January 2015. Fonseca, G. (1998), A legitimidade e outras questões internacionais contemporâneas: poder e ética entre as nações. São Paulo: Ed. Paz e Terra. Stiglitz, J. (2014). On the wrong side of the globalization. Wikileaks.org Kelsey, J.(2016). TISA: Analyses of the dispute settlement. Wikileaks.org Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comêrcio Exterior e Serviços. www.mdic.gov. br New Zeland Government , https://tpp.mfat.govt.nz/assets/docs/TPP_factsheet_Overview-v15.pdf Benjamin, D. A.(org). O sistema de solução de controvérsias da OMC : uma perspectiva brasilei-ra. Brasília : FUNAG, 2013. UN Conference on Trade and Development. http://unctad.org , Unctadstat. US Chamber of Commerce. The Transatlantic Financial Regulatory Coherence (TFRC), http:// www.transatlanticbusiness.org/. US Departament Commerce. https://www.commerce.gov/. US Trade Representative. https://ustr.gov/ttip . WikiLeaks.org. World Trade Organization. www.wto.org

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ENTREVISTA CON NADIA SÁNCHEZ Y LAURA DUARTE

La mujer es una de las principales víctimas de la guerra en Colombia INTERVIEW WITH NADIA SÁNCHEZ Y LAURA DUARTE

Women are one of the main victims of Colombian war ANA LUCÍA MUCCI

Resumen

Abstract

Entrevista realizada a Nadia Sánchez, Fundadora de She Is Foundation y Laura Duarte Directora de Derechos Humanos y Legal en la que explican el abordaje que se realizó a la problemática de las mujeres en el conflicto de Colombia, la situación de las Personas Desplazadas Internamente en el país, el rol de She Is Foundation como representante de la sociedad civil y en el empoderamiento de mujeres, y la problemática de la desigualdad y violencia de género en América Latina.

In the Interview made to Nadia Sanchez, She Is Foundation Founder and to Laura Duarte, Human Rights and Legal Director, they explain how women’s issue was approached within Colombian conflict, which is the current situation of Internally Displaced People in the country, which is the She Is Foundation role as civil society representative and its work in helping women’s empowerment, and issues concerning gender inequality and violence against women in Latin America.

Palabras Clave

Keywords

MUJERES / PAZ / CONFLCITO / EMPODERAMIENTO / COLOMBIA

WOMEN / PEACE / CONFLICT / EMPOWERMENT / COLOMBIA

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.43/ Junio - Diciembre 2017 / pp. 23 - 26.

Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la FUNIF.

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Contexto Internacional (CI): Las mujeres como víctimas del conflicto armado ha sido un tema de agenda a nivel global y que en el marco de ONU se abordó a través de la RES CS 1325/2000 y Resoluciones subsiguientes, ¿cómo ha sido plateado este tema en el conflicto armado colombiano? Nadia Sánchez y Laura Duarte (NS/LD): Los factores de riesgo y vulnerabilidad que han afectado de manera directa e indirecta la vida y los derechos de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano han sido visibilizados y abordados, durante los últimos años, por diferentes organizaciones de mujeres, la rama judicial y el gobierno nacional, sobre todo en el marco de los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a partir de los cuales se suscribió un acuerdo de paz que evidencia la incorporación de un enfoque de género de manera trasversal a cada uno de los puntos del acuerdo. Por su parte la Corte Constitucional, emitió el Auto 098 de 2008, en el cual se ordenó al gobierno nacional la creación de 13 programas específicos para subsanar los vacíos y falencias existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, se establecieron presunciones de orden constitucional a favor de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y se identificaron los riesgos de género en el marco del conflicto armado. Este tipo de medidas han ido abriendo el camino para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en los escenarios de reparación a las víctimas del conflicto armado y han puesto de presente que las situaciones experimentadas por las mujeres en el marco del conflicto se diferencian sustancialmente de aquellas vividas por los hombres y por lo tanto deben tener un tratamiento distinto y particular. Un ejemplo de esto, fue la creación de una Subcomisión de Género que participó activamente en la construcción de los acuerdos de paz, conformada por 18 organizaciones de mujeres y representantes de la comunidad LBGTI, diez ex guerrilleras de diferentes países y diez expertas nacionales en violencia sexual. No obstante los reiterados esfuerzos por incluir un enfoque de género en las políticas de reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano, es claro que aún nos queda un largo camino por recorrer para lograr una reparación integral y diferencial para las mujeres víctimas del conflicto armado, y sobre todo para garantizar la no repetición de los abusos que han sufrido a causa de las dinámicas de la guerra, incluyendo la disminución del asistencialismo que genera círculos inminentes de pobreza y re victimización. CI: Según ACNUR, Colombia es el país con mayor cantidad de personas desplazadas internamente, y ello ha sido una consecuencia de tantos años de conflicto armado ¿cómo creen que impacta esta situación sobre mujeres y niñas? ¿Está siendo este problema abordado por el gobierno y/o otros organismos? NS/LD: El desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado afecta de manera directa la vida de las mujeres y niñas que han tenido que vivir no sólo la situación específica del desplazamiento sino los abusos que seguramente lo precedieron y los retos a los que se enfrentan una vez abandonado el lugar de origen. En Colombia el 52% de la población desplazada corresponde a las mujeres, es una cifra alarmante que insta a prestar especial atención en esta situación. Cuando la única opción es salir de sus tierras, abandonar su vida, sus costumbres y todos los frutos de su trabajo se genera un desarraigo muy doloroso para las mujeres que tienen que llegar a otros lugares de asentamiento donde son excluidas e ignoradas por la sociedad y en muchos casos, por el Estado. Deben empezar a sobrevivir, haciéndose cargo de sus familias y enfrentarse con un proceso de revictimización por que las lleva a situaciones extremas de dolor y desesperanza. Como resultado, estas mujeres y niñas excluidas de la asistencia y apoyo quedan expuestas al abandono, la explotación y la violencia con cargas financieras que deben afrontar en estos nuevos escenarios. La migración del campo a la ciudad, más que la migración intraurbana despoja a las personas no sólo de su tierra sino de su tradición, trabajo, cosmovisión y relación con la naturaleza. Iniciar una vida en entornos citadinos significa el aprendizaje de nuevas rutinas productivas. Así pues, la población desplazada, su gran mayoría en situación de extrema pobreza, comienza a vivir un drama desconocido: el hambre, la falta de una vivienda digna, la vertiginosa vida citadina, el desempleo y la discriminación; esto sin contar los vejámenes de los que fueron objeto antes de ser amenazadas y de la inoperatividad de la justicia a la hora de reclamar sus derechos.

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El difícil acceso a las tierras es otra de las problemáticas más evidentes en cuestión de género. Pocas mujeres reconocen su derecho sobre éstas. La división de las labores del hogar las excluyó de la propiedad de la tierra y de su trabajo. Así, en la ciudad, debido a la ausencia masculina, al temor de ser amenazadas y agredidas nuevamente y al desconocimiento de las diligencias administrativas, las madres, hijas, hermanas o viudas renuncian al derecho de reclamar sus tierras. Quienes se atreven a hacerlo se ven envueltas en procedimientos burocráticos, son amenazadas por los grupos armados despojadores o se encuentran con que sus propiedades tienen nuevos dueños. Efectivamente son problemas abordados por el gobierno, pero que no da respuesta con cabal eficiencia. Por lo tanto, allí radica el papel de organizaciones como She Is que velan por la seguridad de sus derechos y la reconciliación y reparación colectiva en el posconflicto. Las organizaciones trabajan a diario por dignificar estos hechos, pero no se da abasto si no hay una real sinergia gobierno-sociedad civil con visión sostenible, humana y de largo plazo. CI: ¿Cuál es el papel que ha tenido el sector de la sociedad civil, como es el caso de las ONGs como She Is, en la negociación por el conflicto armado? NS/LD: En primer lugar, es preciso señalar que la participación de la ciudadanía es un factor fundamental para una exitosa implementación de los acuerdos de paz y la preservación de la misma en el marco de un estado democrático. El papel de las organizaciones no gubernamentales, como She Is en la negociación del conflicto armado ha sido crucial, no sólo por la participación activa en la generación de ideas y proyectos, sino porque han servido también como bases de información para conocer el estado actual de las comunidades afectadas por el conflicto armado y sus necesidades específicas.

Otro de los aportes fundamentales de organizaciones como She Is ha sido darle voz a miles de mujeres quienes de otra forma no tendrían la posibilidad de ser escuchadas y tenidas en cuenta en el marco de las negociaciones de paz, visibilizando así las violaciones sufridas por esta población y los derechos que el Estado se encuentra en la obligación de reparar de la mano de aliados de la sociedad civil Sin duda alguna la mujer es una de las principales víctimas de la guerra en Colombia y por ello es vital su participación en el diseño de una agenda política para el pos-conflicto y en la consecución de la paz. Hacer visible la violencia que ha sufrido, sus reivindicaciones y necesidades es fundamental para evitar que sea revictimizada y pueda elaborar su duelo y reconstrucción del tejido social en un entorno seguro e igualitario con empoderamiento económico para evitar las trampas de pobreza. CI: ¿Qué proyectos tiene ahora She is en Colombia y cómo se vinculan estos con las mujeres víctimas del conflicto? NS/LD: En este momento la fundación está desarrollando un modelo holístico 360 grados con diferentes programas en cuatro regiones del país, que abarcan desde la reparación colectiva hasta proyectos como “She Is gaviotas de paz”, orientados a fortalecer los liderazgos de las mujeres, a la reconstrucción de la memoria histórica y al proceso de fortalecimiento de victimas a emprendedoras. Asimismo, se brinda asistencia técnica para compartir los proyectos productivos que se han ido realizando, generando alianzas con diferentes organizaciones para hacer sostenible su progreso y romper con las brechas de desigualdad y pobreza. A través de sus proyectos productivos las mujeres construyen una nueva historia para el país a partir los telares en patchwork de memoria histórica, los textiles y las artesanías de cada región. Además, se internacionaliza la marca y se fortalece la campaña institucional para visibilizar a nuestras mujeres con sus aptitudes y actitudes. Ella es quien camina, piensa, despierta sueños, inspira ilusiones y mejora vidas. CI: ¿Cómo percibís la realidad de las mujeres en el contexto de América Latina? ¿Son la inequidad y la violencia de género factores comunes en toda la región? NS/LD: Consideramos que la desigualdad y la inequidad de género es una realidad de carácter mundial, que se ve acentuada en contextos de conflicto armado donde las situaciones de vulnerabilidad se ven enfatizadas por las dinámicas de la guerra.

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.43/ Junio - Diciembre 2017 / pp. 23 - 26.

Asimismo, las estrategias desarrolladas por She Is han hecho posible que las políticas de reparación integral se materialicen en la vida de las mujeres que hacen parte de sus programas, teniendo por lo tanto un rol activo no sólo en la negociación de los acuerdos sino en la implementación de los mismos.

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América Latina ha vivenciado diversos conflictos que han afectado de manera grave los derechos de las mujeres permeando aún más la brecha de género y llevando las prácticas de discriminación a los ambientes cotidianos. Esta realidad ha hecho aún más difícil la protección y promoción de los derechos de la mujer, toda vez que los abusos se han convertido en prácticas ordinarias que implican una transformación de la sociedad en general y no sólo en contextos de guerra. La equidad de género debe ser una prioridad en la agenda de todas las naciones de América Latina y del mundo, pues solo cuando logremos dar a las mujeres el lugar que se merecen y que por derecho les pertenece, podremos hablar de un verdadero desarrollo y una sociedad libre de discriminación.

* Para más información sobre la organización: http://www.she-is.org/

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¿Desde dónde y hacia dónde piensan las smart cities? What do smart cities have in mind?

JOSEFINA GARCÍA

Resumen

Abstract

A partir del origen difuso del concepto de smart city es posible hallar una multiplicidad de definiciones que comparten algunos aspectos pero que varían dependiendo del actor que la defina y su rol específico. En este sentido, cada actor orienta la aplicación del término según los objetivos e intereses que posea en la sociedad. Al destacar las virtudes de una smart city resulta difícil negar sus explícitos beneficios. No obstante, esta valoración puede verse modificada si se pone el foco en los verdaderos beneficiarios económicos de los procesos que se llevan a cabo, o si se aplica una mirada más amplia a los efectos generados, aquellos que trascienden la mera satisfacción del ciudadano que está lejos de tener sus necesidades básicas insatisfechas. Si el uso de la tecnología y en especial las TICs incentivan en lugar de reducir las brechas físicas y simbólicas entre los sectores más acomodados y los más necesitados, las sociedades serán cada vez más injustas.

Due to the uncertain origin of the concept smart city, it is possible to find multiple definitions that despite sharing certain common aspects, they vary according to the agent who defines it and its specific role. In this sense, each actor adjusts the term according to its goals and interests in society. It is difficult to reject the explicit benefits of a smart city when we highlight its virtues. However, this optimistic appreciation could change if we focus on the real economic beneficiaries of the processes that are being carried out. Likewise, confident perceptions might be altered if we widen the perspective on the overall effects, those which transcend the sheer satisfaction of citizens who are far from having unsatisfied basic needs. If the use of technology, especially ICT, fosters rather than reduces the physical and symbolic gaps between the wealthiest and the most unprivileged sectors, societies will become increasingly unjust.

Palabras Clave

Keywords

SMART CITIES/ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs)/ POLARIZACIÓN SOCIAL

SMART CITIES/ INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)/ SOCIAL POLARIZATION

CONTEXTO INTERNACIONAL/año 17/ n.43/ Junio - Diciembre 2017 / pp. 27 - 31.

Traductora de inglés y estudiante avanzada de la Lic. en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (UNR). Pasante en la Delegación para América Latina de la Asociación Internacional Ciudades Educadoras. Miembro del Cuerpo de Traductores de la UNR. Miembro del Programa de Estudios para América Latina y África (PEALA, UNR).

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¿Desde dónde y hacia dónde piensan las smart cities? Especificaciones conceptuales El crecimiento de las ciudades y su transformación es un hecho innegable, que ha tenido lugar a lo largo del mundo con mayor énfasis en las últimas décadas. Actualmente, el 54% de la población mundial reside en zonas urbanas y está previsto que el porcentaje ascienda a cerca de 70% para 2050 (ONU, 2014). En ese contexto, a partir de las innumerables alternativas posibles para el desarrollo urbano, han surgido diversas ideas y conceptos tendientes a querer categorizar las ciudades y ofrecer mejoras en algunos de sus aspectos. Con dichos fines se han acuñado términos como “exópolis”, “edge city”, “postmetrópolis”, “rururbanización”, “ciudad difusa” e “hiperciudad”, entre otros. Uno de estos conceptos emergentes es el de smart cities o “ciudades inteligentes”, que nace de la oportunidad de encuadrarse dentro de las respuestas a las problemáticas planteadas en informes de hace dos décadas de las Naciones Unidas y la Unión Europea sobre el crecimiento demográfico y la contaminación ambiental. A pesar de no tener un origen unívoco y esclarecido, en sus inicios, el término ha sido mayormente asociado a la multinacional IBM, quien ha contribuido ampliamente a su concepción. A raíz de su origen difuso y a la falta de especificidad sobre cómo caracterizar a una smart city, es posible hallar una multiplicidad de definiciones que comparten algunos aspectos pero que varían dependiendo del actor que la defina y su rol específico. En este sentido, cada actor orienta la aplicación del término según los objetivos e intereses que posea en la sociedad. Para comenzar, IBM ha definido a la smart city como un sistema de sistemas que debe ser concebido holísticamente porque no solo incluye personas, procesos e infraestructura, sino que también incorpora Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), como internet, nubes informáticas, información geoespacial y análisis de datos. Desde la perspectiva de la ingeniería en sistemas, las TICs son el factor aglutinante que permite integrar e interconectar los sistemas y subsistemas, como el transporte, la energía, el conocimiento y otros servicios y facilidades (RAM MOHAN, 2016). Por su parte, la Unión Europea, que ha dedicado grandes esfuerzos para lograr una estrategia que apunte al crecimiento urbano inteligente reforzando e invirtiendo en servicios de las TICs, ha definido a la smart city como “un lugar donde las redes y los servicios tradicionales se hacen más eficientes con el uso de las tecnologías digitales y de telecomunicaciones, en beneficio de sus habitantes y empresas”. A su vez, establece que “el concepto de smart city va más allá del uso de las TICs para un mejor uso de los recursos y menos emisiones. Ello significa que son ciudades con redes inteligentes de transporte urbano, servicios de abastecimiento de agua y eliminación de desechos, así como formas más eficientes de iluminación y de calificación en los edificios, abarcando asimismo, una administración municipal más interactiva y sensible, espacios públicos más seguros y una mejor atención a la población más envejecida” (MONTAVA MIRÓ, 2014). Por otro lado, se puede mencionar la obra española titulada Libro Blanco de Smart Cities en donde se entiende que una smart city involucra una estructura que posee los siguientes componentes elementales: un espacio urbano, un sistema de infraestructuras, un complejo de redes y plataformas inteligentes y una ciudadanía que sea vector central. Asimismo se establece que el fin último de la smart city “es alcanzar una gestión eficiente en todas las áreas de la ciudad (urbanismo, infraestructuras, transporte, servicios, educación, sanidad, seguridad pública, energía, etc.), satisfaciendo a la vez las necesidades de la urbe y de sus ciudadanos”. Esta meta debe tener como eje rector a los principios de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a la actividad cooperativa de los agentes de cambio económicos y sociales (ENERLIS, ERNST&YOUNG, FERROVIAL Y MADRID NETWORK, 2012). El Banco Interamericano de Desarrollo, en su obra “La ruta hacia las Smart Cities Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente” (BID, 2016) postula que las ciudades inteligentes ubican en el centro del desarrollo a las personas y adoptan TICs en cuestiones de gestión urbana para promover procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. A su vez mencionan la necesidad de un desarrollo integrado y sostenible para que las ciudades sean más innovadoras, atractivas, competitivas y resilientes. Sin embargo, a pesar de mencionar los aspectos humanos, sociales y medioambientales para mejorar vidas, más adelante en el informe se incluyen algunos ejemplos en donde se puede percibir hacia dónde apuntan realmente con la promoción de las smart cities. Uno de estos ejemplos compara la gestión tradicional con la de una ciudad inteligente, siendo que en la primera hay “hombres que patrullan”, mientras que en las segundas: “hay cámaras de seguridad, que además de identificar acciones sospechosas, previenen delitos, ahorran tiempo y recursos humanos de forma significativa. Y vinculadas a software de análisis, son capaces de identificar situaciones de anormalidad y hacer reconocimiento de imágenes. Además, la georreferenciación de datos y el análisis de la incidencia de crímenes en diferentes áreas de la ciudad aseguran que la policía sea más eficiente en su represión de los delitos y permiten que el gobierno y la sociedad civil puedan tomar medidas preventivas” (BID, 2016).

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Más allá del leve parecido que pueda advertirse respecto a la obra de George Orwell “1984”, es necesario identificar a qué población se dirigen algunos de estos proyectos tecnológicos y las demandas de qué sector se pretenden satisfacer. En su gran mayoría, los requerimientos de una smart city involucran procesos que son afines a los sectores dominantes y que benefician a los intereses empresariales. Dentro de ese marco y valiéndose del discurso de la innovación, la competitividad de las ciudades a nivel internacional y lo atractivo de las herramientas tecnológicas, muchas empresas lograron encontrar un nicho en el amplio concepto de la smart city. Un claro ejemplo es el de las compañías Wanderware y Logitek, que ofrecen soluciones tecnológicas para negocios industriales e infraestructuras urbanas. Estas empresas acentúan los beneficios de ser una ciudad inteligente, que están relacionados con los servicios que ofrecen, creando una imagen de ciudad eficiente, de bajos costes y ecológica, todos valores que suele destacar el sector privado (WANDERWARE, 2017). Otro ejemplo similar es el de la compañía Comarch, también proveedora de soluciones relacionadas a las TICs, que hace uso del concepto de smart city como plataforma para su marketing comercial, aclarando que se concentra en algunos de los rasgos de este concepto: la movilidad inteligente, los servicios de información urbanos y las experiencias de compras inteligentes (COMARCH, 2017). Teniendo en cuenta las acepciones del concepto analizado que se han mencionado anteriormente, se pueden realizar algunas observaciones que llevan a preguntarse por la intencionalidad con la que se utiliza el término en distintos casos y si una ciudad inteligente es más que el tendido de cables, el despliegue de dispositivos avanzados y la existencia un paisaje urbano innovador y llamativo.4 El patio trasero de las smart cities

Sin apelar a ejemplos de ciencia ficción e incluso obviando los casos extremos como las armas de destrucción masiva, es posible decir que la tecnología no es neutral, sino que esto depende del uso que se haga de ella. Generalmente cada actor que aplica el concepto de smart city, ya sea una empresa, un gobierno o una consultora, escoge uno o varios aspectos determinados del extenso concepto para resaltarlo y brindarle mayor sustento a su visión y misión. El problema surge cuando los aspectos que son descuidados causan perjuicios a la comunidad. Por ejemplo, el hecho de incorporar nuevos dispositivos y maquinarias que faciliten servicios públicos no siempre es compatible con la generación de menores niveles de gases, temperatura y consumo de recursos como la energía. Por consiguiente, si bien en muchas ocasiones se destaca la sustentabilidad de los proyectos, en otras no se evalúan del mismo modo los efectos ecológicos. Del mismo modo, puede suceder algo que parece ser totalmente opuesto: que el emblema ecologista se vuelva un soporte capitalista en sí mismo. Esto se explica por el hecho de que al estar en boga la temática del cuidado ambiental, empresarialmente se lo concibe como un nicho de explotación comercial, ofreciendo soluciones tecnológicas para problemáticas de contaminación, exceso en el uso de recursos, entre otros. A partir de una publicidad atractiva desde el punto de vista ambiental, en ocasiones es difícil distinguir los aspectos en los cuales el interés económico supera al interés ecológico. El problema de las iniciativas de tipo comercial para modificar el espacio urbano radica en el énfasis que se suele hacer en los modelos de desarrollo liderados por intereses lucrativos. En muchas ocasiones, los gobiernos locales se ven tentados a proveer beneficios impositivos y legales al sector privado para generar un contexto atractivo para el mundo empresarial dentro de la ciudad. A esto se le suman los convenios entre el sector público y el empresarial entorno a la educación y la fuerza de trabajo calificada, que terminan fomentando ambientes exclusivos y minando las posibilidades para la porción de la población más desventajada. El riesgo que se corre al introducir ciertas transformaciones que en apariencia son accesibles a todos los ciudadanos pero que en el fondo son aprovechadas solamente por unos pocos, es que se cree o se profundice una ciudad dual o a dos velocidades. Esto implica contribuir a la polarización social, económica y cultural marcando un contraste mayor entre, por un lado, los sectores más capacitados, educados y “creativos” y por el otro, los sectores menos instruidos en cuestiones tecnológicas. Una de las cuestiones derivadas de esta situación son los problemas propios de la gentrificación , la cual tiene alcances más allá de los conflictos habitacionales, ya que también penetra en la esfera laboral y en los espacios públicos y de ocio (HOLLANDS, 2008). El asunto del espacio público no es menor, ya que constituye uno de los pilares fundamentales de la ciudadanía. En este sentido, el espacio público es considerado como sitio físico y simbólico en donde

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Al destacar las virtudes de una smart city resulta difícil estar en contra de sus explícitos beneficios. No obstante, esta valoración puede verse modificada si se pone el foco en los verdaderos beneficiarios económicos de los procesos que se llevan a cabo, o si se aplica una mirada más amplia a los efectos generados, aquellos que trascienden la mera satisfacción del ciudadano que está lejos de tener que preocuparse por sus necesidades básicas.

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los ciudadanos se reúnen y se apropian de lo que es de todos pero no pertenece a nadie, poniendo en juego sus diferencias y forjando luchas de poder. Si se concibe un ámbito en donde los espacios privados avanzan con sus propuestas inteligentes, generalmente comerciales, y se procuran dispositivos que solo facilitan servicios que distan de ser soluciones para problemas de primera necesidad (ej.: dispositivos que marcan cuándo hay lugar parar estacionar el automóvil), el espacio público se ve amenazado. Esto se desprende del hecho de que se generan espacios que solo son atractivos para un sector privilegiado y así se van relegando y alejando a los demás sectores. Por último, otro factor a tener en cuenta a la hora de desplegar proyectos para volver inteligente una ciudad es la (in)adaptabilidad que estos puedan tener. En otras palabras, si la propuesta no está pensada en base a una población y un espacio urbano específicos, que ya poseen determinada infraestructura, arquitectura y características culturales, terminará fracasando. No es factible vender y reproducir un paquete de programas pensado para un tipo de ciudad y sociedad en otro lugar con particularidades diferentes, por el hecho de que podría generar efectos colaterales o ser rechazado por fallar en términos de articulación e integración con los programas existentes. Este obstáculo se vuelve notorio en cuanto se comparan ciudades que si bien son similares por ser avanzadas y cosmopolitas, tienen estilos muy distintos. Asimismo tampoco se pueden considerar replicables casos como el de Masdar , la ciudad artificialmente diseñada producto de una inversión millonaria (SASSEN, 2011). Reflexiones finales Indudablemente, los grandes avances tecnológicos en materia de infraestructura y gestión urbana históricamente han proporcionado beneficios ostensibles para el bienestar ciudadano. La idea de smart city desembarca en un contexto global en el cual el uso de las TICs y otras herramientas tecnológicas están continuamente en pleno desarrollo. Si bien este concepto posee determinados límites, la amplitud del término le otorga una flexibilidad que les permite a distintos actores adaptarlo a sus discursos y objetivos. En este sentido, es necesario evaluar críticamente las propuestas que se plantean, desterrando el supuesto de que el desarrollo tecnológico es una panacea instantánea y analizando los efectos que tiene sobre los parámetros de (des)igualdad social (HOLLANDS, 2008). Actualmente, las ciudades buscan en general obtener cierto estatus para posicionarse y ser reconocidas en la esfera internacional. Por dicho motivo, aplican técnicas de marketing para proyectar una imagen positiva que habitualmente está relacionada con los términos en boga del mundo empresarial, como ser el éxito, la competitividad, la creatividad, la inserción global, el crecimiento económico, el liderazgo, la accesibilidad. La glorificación de estos conceptos, junto con el exceso de complementos urbanos “inteligentes”, crean una imagen atractiva hacia el exterior y hacia un grupo selecto del interior que disfruta de estos beneficios. En principio, resulta interesante y lógico apoyar muchas de estas concepciones, pero esto se desvanece si el crecimiento económico equivale a la polarización social, si la inserción global deriva en exclusión social, si la competitividad y el liderazgo llevan a la exclusividad preferencial o si la pretendida accesibilidad en la práctica se traduce en gentrificación y consolidación del statu quo. Si el uso de la tecnología y en especial las TICs incentivan en lugar de reducir las brechas físicas y simbólicas entre los sectores más acomodados y los más necesitados, las sociedades serán cada vez más injustas y perderán la esencia de ser lugares de encuentro e interacción entre diversos actores, es decir, se pierde uno de los rasgos principales de la ciudadanía. Ante este panorama, lo deseable es apostar a las propuestas que adaptan las herramientas tecnológicas a fines más inclusivos, que apuntan al bienestar de las mayorías, a ampliar la participación ciudadana en las decisiones locales y a mejorar los servicios públicos y la planificación urbana en función de los valores comunitarios. Para ello se requiere tanto el compromiso de los ciudadanos como la voluntad política de los gobernantes, que deben enfrentar las presiones y modelos impuestos de cómo avanzar hacia ciudades más inteligentes.

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Páginas oficiales: • COMARCH: https://smartcity.comarch.com/#about, consultada en Julio 2017. • WANDERWARE: http://www.creatingsmartcities.es/, consultada en Julio 2017.

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El sistema de partidos políticos en el Líbano: una aproximación desde Giovanni Sartori The political party system in Lebanon: an approach from Giovanni Sartori SAID GABRIEL CHAYA Es Lic en Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y como docente adscripto de la cátedra “Religión, política y economía de Medio Oriente y Norte de África” de la Facultad e Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR). Chaya es un especialista en el mundo árabe con numerosas publicaciones al respecto.

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Resumen

Abstract

El sistema político de la República Libanesa presenta una serie de complejidades, siendo una de las más trascendentes el gran número de partidos que presenta. Para poder dilucidar cuáles son los que realmente importan, se empleó la teoría de Giovanni Sartori (Italia, 1924-2017) para contar partidos y Se tomó como período de análisis el lapso que va de 2014 a 2016, en el cual la presidencia del país estuvo vacante, y las agrupaciones muy activas en las negociaciones. El resultado del estudio arroja un sistema de partidos bajo la categoría sartoriana de “pluralismo extremo”, brindando fundamentos, desde la teoría política, que permiten explicar el funcionamiento de una intrincada red de lealtades en un contexto de lucha por obtener la mayor cantidad posible de ventajas.

The political system of the Lebanese Republic presents a series of complexities. One of the most important is the great number of political parties that are present in the mentioned system. In order to be able to realize which ones really matter, Giovanni Sartori’s theory (Italy, 1924-2017) to count parties was used. The interval that goes from 2014 to 2016 was taken as the term of analysis; then, the Presidency of the country was vacant, and the political associations were very active in the negotiations. The result of the study indicates a party system under the Sartorian category of “extreme pluralism”, which in turn allows us to explain how, from a political theory perspective, an intricate network of loyalties operate, in a context of struggle to obtain the greatest possible advantage.

Palabras Clave

Keywords

LÍBANO / SISTEMA DE PARTIDOS / DISPERSIÓN

LEBBANON / PARTY SYSTEM / SCATTERING


Sartori y los sistemas de partidos Para el politólogo Giovanni Sartori, la cantidad de partidos en sí misma no interesa, sino que lo que importa es cuáles tienen capacidad de coalición con el gobierno o bien los que, por su aptitud de chantaje, pueden afectar la táctica y la dirección de la competencia. Por su parte, el sistema político libanés reviste una cierta complejidad, que es fruto del carácter consensual de su democracia parlamentaria (Assi, 2016): • El Poder Ejecutivo está envestido colectivamente en el presidente de la República con mandato por seis años sin posibilidad de reelección y un Consejo de Ministros. El Jefe de Estado, que debe ser cristiano católico de rito maronita, tiene que nominar a un primer ministro que profese la religión islámica sunita. Las carteras al interior del gabinete se reparten equitativamente entre musulmanes y cristianos. • El Poder Legislativo, por su parte, reside en la Cámara de Diputados, que elige al presidente y aprueba la conformación del Consejo de Ministros. Sus 128 bancas son repartidas de manera igualitaria entre musulmanes y cristianos. Una vez cada cuatro años, los legisladores eligen al portavoz de la Legislatura, que preside las sesiones. esta última función recae en un musulmán chiita. Las agrupaciones políticas son actores relevantes en el escenario institucional libanés y no son ajenas a esa dinámica confesional. El análisis propuesto por Sartori resulta de utilidad para describir el sistema de partidos, con varios que realmente importan. El número, en comparación con otros países, es notablemente alto. Esa situación, como bien advierte el autor, complica las negociaciones que habilitan mayorías parlamentarias. Por lo tanto, la generación acuerdos en contextos de ese tipo resulta muy dificultoso.

Siguiendo a Sartori (2005), se pueden identificar dos características esenciales que vuelven relevante a un partido: 1. Posibilidades de coalición. Por más pequeño que sea, un partido es relevante según su posibilidad de generar con su apoyo una mayoría gubernamental. 2. Posibilidades de chantaje. Por más pequeño que sea, un partido es relevante siempre y cuando su aparición altere la táctica de competencia entre otros partidos orientados hacia el gobierno. Asimismo, Sartori advierte que la clasificación de sistemas de partidos en unipartidistas, bipartidistas y multipartidistas es insuficiente. Para ello, toma en consideración los dos puntos mencionados y conforma una categorización nueva: 1. Bloque unipartidista: dentro de esta categoría, hay tres clases de regímenes. En primer lugar, los de partido único, donde el poder político es monopolizado por un solo partido. En segundo lugar, los de partido hegemónico, donde un partido permite la existencia a otros solo como satélites o subordinados. En tercer lugar, están los de partido predominante, donde el partido gobierna en solitario siempre y cuando pueda sostener una mayoría absoluta favorable. 2. Bipartidismo: en este régimen, dos partidos compiten por una mayoría absoluta que está al alcance de cualquiera de los dos. 3. Bloque multipartidista: lo componen tres tipos de regímenes. Primero, el pluralismo limitado, donde entre tres y cinco partidos son considerados importantes. Luego, están los de pluralismo extremo, donde la cantidad aumenta a entre seis y ocho. Finalmente, están los escenarios de atomización, donde, al no haber consolidación del sistema, ningún partido tiene efectos sobre otro. La vacante presidencial y la paralización de la Legislatura En marzo de 2013, el primer ministro del Líbano, Najib Miqati, presentó la renuncia al presidente de la República (Chulov, 2013), Michel Sleiman, por profundas diferencias al interior de “8 de Marzo”, la coalición gobernante. El premier, que formaba parte de un minúsculo partido, manifestó sus diferencias con Hezbolá, socio principal de la alianza en el poder.

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La crisis política que dejó al Líbano sin un presidente entre 2014 y 2016 brinda un marco adecuado para poner en juego el aparato teórico que ofrece el autor. Al revisar la crisis, es posible delimitar cuáles son los partidos que realmente importan en el sistema político libanés, y así identificar a los actores principales en ese contexto de dificultad que atravesó el País de los Cedros.

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El presidente decidió entonces encargarle al diputado independiente Tammam Salam la formación de un gobierno de unidad nacional. Para ello, comenzaron prolongadas discusiones entre los partidos con motivo de la asignación de las carteras más estratégicas. Esas cuestiones no se resolvieron hasta febrero de 2014, cuando el nuevo primer ministro y su gabinete prestaron juramento. Al interior del Consejo, la toma de decisiones era compleja. De las 24 bancas, las dos alianzas principales, “8 de Marzo” y “14 de Marzo”, obtuvieron ocho cada una. Estos grupos estaban seriamente enfrentados. Las ocho restantes fueron repartidas entre los socialistas (dos bancas) y el presidente y el primer ministro (tres bancas cada uno). En el Líbano, las decisiones ministeriales se toman en conjunto, consultando el parecer de los demás titulares. Siendo necesarios trece votos para aprobar cualquier proyecto llevado a su seno, en este gabinete de unidad nacional cada decisión involucraba una densa red de negociaciones y compromisos. Mientras tanto, la Cámara de Diputados había prolongado su mandato que terminaba en junio de 2013, a través de una ley especial. Aludiendo presuntas consecuencias que la profundización de la crisis en Siria podría tener en los comicios, los legisladores votaron extender sus períodos hasta noviembre de 2014. Esa situación de indefiniciones era el preludio de tiempos más graves. En febrero de 2014 comenzaron las discusiones para la elección presidencial. El 23 de abril los legisladores concurrieron a votar a un nuevo Jefe de Estado. Uno de los principales candidatos, Michel Aoun (Movimiento Patriótico Libre, MPL) -que lideraba la bancada mayoritaria de la facción cristiana del Parlamento- llamó a votar en blanco. Había intentado, sin éxito, ser el único candidato de los cristianos. Los resultados de la compulsa fueron los siguientes: •

Samir Geagea (Fuerzas Libanesas, FL): 48 votos

Henri Helou (Partido Socialista Progresista, PPS): 16 votos

Amin Gemayel (Kata’eb): 1 voto

En blanco / nulos: 59 votos

Ausentes: 4 diputados

Nadie obtuvo la mayoría calificada necesaria. Los diputados se retiraron inmediatamente y no realizaron una segunda ronda. Por cuestiones de quórum, no hubo más elecciones hasta la definitiva, que finalmente se realizó en octubre de 2016. Michel Sleiman terminó su período el 24 de mayo sin que la Cámara de Diputados pudiese elegir a un nuevo presidente. El puesto quedó, provisoriamente, en manos del primer ministro. Al mismo tiempo, ante la vacante de la Jefatura de Estado y el escenario cada vez más sombrío en la vecina Siria, el Parlamento dictó una nueva ley que prolongaba nuevamente su mandato, esta vez hasta mayo de 2017. El marco situacional, tanto la falta de elecciones como la ausencia de un presidente con plenos poderes, sumado a un débil gobierno de unidad nacional, fue un duro golpe para el funcionamiento del sistema político. Así, El Parlamento, ante la falta de acuerdos, dejó de sesionar. En diciembre de 2015, el PPS emergió con una nueva propuesta: la candidatura de Sleiman Frangieh. Éste, nieto del presidente homónimo que gobernó el país entre 1970 y 1976, lideraba un pequeño bloque de apenas tres diputados. Su partido Marada pertenecía a la alianza “8 de Marzo”. Inicialmente, recibió el apoyo del Movimiento del Futuro (MDF) y de Amal. Sin embargo, los socios mayoritarios de su coalición no lo apoyaron: Hezbolá permaneció en silencio, y el MPL lo criticó por su falta de representatividad. Los partidos buscan alternativas En enero de 2016, Michel Aoun (MPL) formó una alianza con su rival Samir Geagea (FL), quien depuso su candidatura (Perry, 2016). Finalmente, las dos bancadas de mayoría cristiana más numerosas de la Cámara de Diputados se mostraron unidas. Sin embargo, la candidatura de Aoun todavía presentaba resistencias. Asimismo, la parálisis gubernamental que ya azotaba a la presidencia y la Legislatura comenzó a extenderse al Consejo de Ministros:

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• En enero, el ministro de Justicia Ashraf Rifi renunció para presentarse como candidato a las elecciones municipales de Trípoli, donde ganó la intendencia por amplio margen. Al no haber un pre-


sidente de la República, el primer ministro podía aceptar renuncias, pero no nombrar funcionarios nuevos. Los musulmanes perdieron, por tanto, una banca en el Consejo de Ministros. • En junio, disconformes con la inacción del gobierno, tuvieron lugar las renuncias de los ministros de Economía y Comercio y de Trabajo. Ambos eran afiliados al Partido Kata’eb. Los cristianos se quedaron sin dos bancas en el órgano ejecutivo. • Durante agosto y septiembre, un grupo de ministros organizó un boicot para protestar contra la parálisis gubernamental y la desventaja cristiana en el Consejo de Ministros. Eran los titulares de las carteras de Relaciones Exteriores y Expatriados (MPL), Educación (MPL), Agua y Energía (Tashnaq), Industria (Hezbolá) y Asuntos Parlamentarios (Hezbolá). Todos pertenecían a la coalición “8 de Marzo” y favorecían la candidatura de Michel Aoun. • También en esos meses, se unió a la protesta el ministro de Cultura que, aunque pertenecía a Marada, el partido de Frangieh, acabó beneficiando a los aliados de Michel Aoun. En octubre, Hezbolá regresó al gabinete y, una vez allí, comenzó a alentar el fin del boicot. Esto era el signo de que, por debajo de la superficie, la posibilidad de la elección presidencial era cierta y las partes se acercaban a un acuerdo. El 20 de octubre una conferencia de prensa tomó a todos por sorpresa. Saad Hariri, el líder del MDF, anunció una alianza con Michel Aoun (Perry y Bassam, 2016). Mientras el primero era enemigo jurado de Hezbolá, a quien involucró en el asesinato de su padre en 2005, el segundo debía al Partido de Dios gran parte de la fortaleza de su candidatura.

Jumblatt, el referente socialista, había quedado afuera de los pactos Aoun-Geagea y Aoun-Hariri. Su partido, si bien era fundamentalmente representativo de la comunidad drusa, contaba a los cristianos entre su primera minoría de votantes. Por lo tanto, si la alianza nacional Aoun-Geagea se replicaba a nivel local, corría el riesgo de perder asientos en el Parlamento y los municipios: el poder simbólico que desde lo discursivo planteaba la unidad del arco político cristiano sería difícil de superar. Jumblatt decidió entonces comprometer los votos de su bancada a favor de Aoun-Hariri, para evitar que el acuerdo Aoun-Geagea le quitase poder electoral (Dakroub, 2016). Solo Amal, Marada y Kata’eb se mantuvieron firmes en su postura de rechazo a Aoun, pero sus votos ya no eran imprescindibles. El 31 de octubre de 2016, con el camino allanado, el Gral. (R) Michel Aoun se convirtió en el 13er presidente de la República del Líbano, con los siguientes resultados: •

Michel Aoun (MPL): 83 votos

Sethrida Tawk de Geagea (FL): 1 voto

En blanco / anulados: 43 votos

Ausentes: 1 diputado

El sistema de partidos libanés bajo la mirada de Sartori A modo de resumen, el cuadro situacional de las agrupaciones políticas al momento de la finalización de la crisis era el siguiente: • Hezbolá, un actor partidario con poder de veto, representativo de un sector de los chiitas, fue el primero en proponer a Aoun para la presidencia de la República y fue además su principal apoyo. Este partido, de opiniones firmes, fue la “fuerza de choque” de la candidatura. El objetivo de Aoun fue siempre llegar a un consenso entre los cristianos para presentar una única propuesta al Parlamento. Hezbolá promovió la falta de quórum en la Legislatura y el gabinete para sostener esa posición. El respaldo que Hezbolá le dio a Aoun fue decisivo para su victoria. • Los dos partidos mayoritarios de la mitad “cristiana” de la Cámara de Diputados, el MPL y FL dieron un mensaje de unidad muy fuerte en un país en el que las lealtades comunales son vitales.

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Con el grupo mayoritario sunita a favor de la alianza cristiana Aoun-Geagea, ya respaldada por los chiitas de Hezbolá, la elección del candidato del MPL como presidente del Líbano era un hecho. Aoun necesitaba, para cumplir con el Pacto Nacional, a un musulmán sunita como primer ministro. Era un secreto a voces que nominaría para el puesto a Hariri, siendo éste el titular de la bancada sunita más importante del Parlamento.

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Mientras el primero se quedó finalmente con la presidencia, el segundo le dio el apoyo fundamental para que pueda alcanzar ese objetivo y la candidatura de Michel Aoun sea indiscutiblemente representativa del sector maronita. Cuando FL declinó la posibilidad de tener un candidato propio, y en cambio apoyó al MPL, logró instalar con fuerza la idea de unidad entre los cristianos en el Líbano. • El MDF sostuvo un rol hegemónico en la facción sunita de la Cámara de Diputados. La candidatura presidencial de Frangieh, el principal contendiente de Aoun, no se cayó hasta que este partido no le retiró su apoyo. La adhesión del MDF al candidato del MPL le dio a la postulación la fuerza de la representatividad libanesa: no sería solo un presidente de la facción cristiana, sino de todos los libaneses. • Amal, representante de la facción chiita en paridad con Hezbolá, ha ejercido la presidencia de la Cámara de Diputados desde 1984. Aunque sus diputados no votaron por Michel Aoun, permitieron la convocatoria a la sesión legislativa que dio la victoria del candidato. Sin su “permiso”, la sesión no hubiese tenido lugar, porque solo el titular de la Legislatura puede convocar a las sesiones. • El PPS salió al cruce de Aoun primero con la candidatura de Henri Helou y luego con la de Sleiman Frangieh. Parecía dispuesto a evitar que Aoun llegase a la presidencia. Además, más tarde criticó las alianzas con Geagea y Hariri. Su oportunismo político lo llevó a adherir al representante del MPL para evitar que el rechazo electoral si hubiese sostenido una postura contraria a la unidad de la facción cristiana (Aoun-Geagea) y de cristianos y musulmanes (Aoun-Hariri). • Marada, la agrupación de Sleiman Frangieh, no logró los consensos necesarios para que su candidato llegase a la presidencia, a pesar de mostrarse dispuesta a realizar concesiones y compromisos con otras agrupaciones mayoritarias. • Kata’eb, movimiento profundamente enfrentado a Hezbolá, rechazó cualquier posibilidad de coalición con otros partidos cercanos a esa agrupación, autoexcluyéndose en nombre de sus principios de la repartición del poder.

• Hezbolá, MPL, FL y MDF manifestaron ambas características: tanto capacidad de coalición como de chantaje. Sin el acuerdo de estos cuatro actores, la elección presidencial no hubiese sido posible, porque ninguno de los candidatos propios obtenía la mayoría suficiente de los votos para asegurarse la elección. Al mismo tiempo, bloquearon durante largo tiempo los comicios, ausentándose de las sesiones del Parlamento. Su presencia permitió no solo el acto eleccionario sino la formación de un gobierno. • Amal y PPS no dieron cuenta de su capacidad de coalición, pero sí de chantaje. Sus votos no eran necesarios para acabar con la crisis y lograr la victoria de Aoun, pero controlaban determinados mecanismos institucionales y representativos necesarios para asegurar la legitimidad del nuevo dignatario. Aunque Amal no participó directamente en la formación del gobierno, su aprobación fue clave para habilitar la elección, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, perteneciente a este partido, era el único que podía convocar a sesiones al Parlamento. Asimismo, el PPS presentó capacidad de chantaje, aunque su influencia en la disputa es menor que la de los otros cinco actores mencionados. Su jugada fue una reacción posterior al accionar de los otros actores. Sin embargo, pensando en su propia conveniencia, logró asegurar su estabilidad, al mismo tiempo que garantizó la representatividad entre los drusos al candidato del MPL, ampliando su base de consenso. • De las agrupaciones mencionadas, dos quedaron fuera de la lista de actores necesarios según la categoría sartoriana: Marada y Kata’eb. Aunque ambos se opusieron públicamente a la candidatura de Aoun, ni uno ni otro demostraron tener influencia en el proceso. Marada, por un lado, era dependiente del apoyo de otros partidos para sostener la candidatura de Frangieh, que no tenía fuerza por sí sola. Kata’eb, por otro lado, no logró incidir en la elección más allá de su postura principista en contra de Aoun, en tanto aliado de Hezbolá. El uso de las herramientas que brinda el autor permitió dilucidar que son seis los partidos que intervienen en la vida de los libaneses de manera determinante. Por ello, se ubica al sistema de partidos políticos del Líbano bajo la clasificación de “pluralismo extremo”. Todas las características generales que el autor atribuye a un formato de ese tipo se hallan presentes en el sistema político libanés.

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Sartori sostiene que los electorados de este tipo son complejos y presentan una alta dispersión del voto, dada la competencia multidimensional por los sufragios de los votantes que se establecen entre los partidos. Se podrían enumerar, como dimensiones posibles, el lugar de residencia, la religión que

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Puesta bajo la mirada de Sartori, esta exposición sobre los hechos de la crisis 2014-16 y su posterior resolución permite identificar cuántos son los partidos que realmente importan en el complejo sistema político libanés.


profesa, la ideología que el partido representa, el líder que conduce el partido, etcétera. Estas dimensiones generan tantas combinaciones, que poseen prácticamente electorados cautivos, ya que para cada combinación hay una expresión política posible. El autor indica que en los sistemas de este tipo las oposiciones suelen jugar sucio, incluso arriesgando la estabilidad del sistema. La prevalencia de impulsos centrífugos, propios de un discurso radicalizado, impide la formación de acuerdos. Las diferencias, al mismo tiempo, exceden lo político, para disentir en cambio en cosmovisiones generales. Son por tanto oposiciones mutuamente excluyentes, incapaces de cooperar entre sí. Suele existir un partido de centro, en el que convergen las polarizaciones, pero cuya estabilidad es muy frágil, afirma el analista.

*Recibido 19 de Septiembre Aceptado 3 de Octubre

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En conclusión, la dispersión del sistema de partidos libanés, con seis agrupaciones que realmente importan, según el esquema sartoriano, es una de las principales causas endógenas de las crisis recurrentes de su sistema político. Generar acuerdos en contextos de ese tipo resulta muy trabajoso. Ello implica que la resolución a corto plazo de un panorama crítico en un escenario de esas características resulta impracticable.

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SARTORI, G., 2005, Parties and Party Systems: a framework for analysis, Londres, Oxford University Press.

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EVALUADORES EXTERNOS DE ESTA EDICIÓN Licenciada en Relaciones Internacionales. Doctora en

Gisela Pereyra Doval Relaciones Internacionales. Profesora Adjunta de la

cátedra de Problemática de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora del CONICET. Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR); Ads-

Verónica Deutsch cripta en el Seminario “Religión, política y economía en

las relaciones internacionales de Medio Oriente y Norte de África”; Miembro del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico (UNR). Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR); Maestranda

María Cecilia Ginés en Estudios Internacionales (North Carolina State University).

Licenciada en Sociología (Universitá La Sapienza di Roma)

Leticia Marrone - Magister en Cooperación Internacional - Docente de

la asignatura Diseño de Proyectos de Cooperación en Universidad Nacional de Avellaneda - Gestora de proyectos de CI.

Lucia Martinez de Lahidalga

Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR), Miembro del Instituto Rosario de Estudios Árabes e Islámicos-Grupo de Estudio del Medio Oriente (IREMAI-GEMO).

Licenciada en Relaciones Internacionales (UNR); Alum-

Emilia Portis na Investigadora Programa de Estudios América Lati-

na - África 2012 - 2016; Ayudante alumna Seminario de Gestión de Proyectos Internacionales 2013-2014; Becaria Programa Amartya Sen Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas 2014 (UNR).

Entre Rios 583 1er piso dpto. B CP 2000 - Rosario - Santa Fe – Argentina Tel/Fax: (54) (0341) 440-0925 / 440-8968 E-mail: funifrosario@fundamentar.com cepi@fundamentar.com contacto@fundamentar.com www.fundamentar.com

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