La trampa de las cautelares

LA TRAMPA DE LAS CAUTELARES

Durante años, malos empresarios han obtenido permisos de pesca mediante cuestionables fallos judiciales. Una demanda constitucional a favor del Estado podría poner fin a la perforación del ordenamiento pesquero.

El ordenamiento de la industria peruana de harina y aceite de pescado se ha logrado gracias al estricto cumplimiento de la reforma que se inició en 2008 con el Decreto Legislativo 1084. Dicha norma ordenó una pesquería que se encontraba plenamente explotada, con el fin de no ejercer una presión desmedida sobre el recurso y evitar así poner en riesgo su sostenibilidad.

Lamentablemente, malos empresarios optaron por perforar este sistema, acudiendo al Poder Judicial para obtener irregulares medidas cautelares que les permita pescar sin tomar en cuenta el ordenamiento ni la sostenibilidad de la anchoveta.

“La pesquería de anchoveta se declaró plenamente explotada en 1997, pero mediante medidas cautelares se viene perforando un sistema que busca la explotación sustentable del recurso pesquero”, aseveró Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de la Pesquería (SNP).

Posición gremial Desde que se identificó esta situación, el gremio

pesquero acordó que ninguno de sus asociados participe de manera directa ni indirecta en la gestión y/o trámite ante instancias judiciales para la obtención de resoluciones que contravengan el ordenamiento pesquero vigente.

“La SNP no solo ha levantado su voz sino que, además, viene denunciando el otorgamiento de estos permisos de pesca irregulares y que presentan serios vicios de ilegalidad. Es más, se ha denunciado en varios casos a los magistrados que las han otorgado ante la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma)”, anotó Aljovín.

Decisión anhelada De acuerdo con su Reglamento de Organización y Funciones, el Ministerio de la Producción (PRODU- CE) es el único organismo del Estado autorizado a otorgar derechos administrativos, como cambios de titular de autorizaciones, permisos y licencias para desarrollar actividades pesqueras. Sin embargo, otras instancias han ido más allá de sus atribuciones para otorgar estas autorizaciones.

En este contexto, en marzo de 2016, el Poder Ejecutivo interpuso una demanda de conflicto compe-

tencial contra el Poder Judicial, con el objeto de que el Tribunal Constitucional (TC) declare la nulidad de un conjunto de resoluciones judiciales que otorgan derechos y permisos de pesca, emitidas por diversos órganos jurisdiccionales, toda vez que afectan la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo en materia de pesquería y acuicultura, prevista en los incisos 1 y 3 del artículo 118 de la Constitución y el bloque de constitucionalidad respectivo.

“El TC podría poner fin a estas prácticas fraudulentas, si resolviese la demanda competencial que el Poder Ejecutivo interpuso hace más de tres años ante esta instancia, y que tiene por finalidad que se defina que el otorgamiento de los permisos de pesca es prerrogativa exclusiva del Ministerio de la Producción. La hora de la decisión ha llegado”, subrayó la presidenta de la SNP.