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Third World Network
Viernes, 19 de setiembre de 2014
AĂąo 2014 ÂŚ NÂş 181
Benjamin Webb - Paddling with Purpose
Instrumentos necesarios para tomar decisiones En los Ăşltimos aĂąos, en el PerĂş han surgido distintos proyectos que corresponden a una misma actividad. En dichos lugares, la poblaciĂłn teme a los impactos acumulativos y sinĂŠrgicos que esos proyectos pueden producir en el medio ambiente y en sus condiciones de vida. ÂżExiste alguna manera de prevenir los daĂąos o, en todo caso, de detener R PRGLÂąFDU ODV LQWHUYHQFLRQHV contraproducentes? (PĂĄg. 2-3)
El Fondo Verde para el Clima Meena Raman*
C
uando el martes 23 de setiembre concurran a Nueva York para participar en la Cumbre sobre el Clima convocada por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, los lĂderes de los paĂses desarrollados tendrĂĄn una oportunidad Ăłptima para anunciar sus contribuciones al Fondo Verde para el &OLPD FUHDGR SDUD ²QDQFLDU ODV DFFLRnes previstas por la ConvenciĂłn Marco sobre el Cambio ClimĂĄtico. El ĂŠxito de la COP 20, que tendrĂĄ lugar en diciembre en Lima, depende en gran medida de cuĂĄntos fondos se comprometerĂĄn, para cubrir cuĂĄntos aĂąos, si vendrĂĄn como donaciones o SUpVWDPRV \ ²QDOPHQWH VL VH LPSRQdrĂĄn con estas promesas mĂĄs condiciones a los paĂses en desarrollo. Quienes no anuncien sus contribuciones en setiembre tendrĂĄn una Ăşltima oportunidad para hacerlo en noviembre, cuando se realice la primera FRQIHUHQFLD IRUPDO VREUH OD ²QDQFLD-
ciĂłn del Fondo Verde. Este cronograma surge de la segunda reuniĂłn preparatoria, celebrada en Bonn la semana pasada, que terminĂł sin resolver varios temas clave. MĂĄs de veinte gobiernos asistieron a la cita, en la cual Third World Network (TWN) participĂł como observadora en representaciĂłn de las organizaciones de la sociedad civil. (O JRELHUQR DOHPiQ UHD²UPy VX promesa de mil millones de dĂłlares en forma de donaciĂłn no condicionada para la formaciĂłn bruta de capital del Fondo Verde. Estados Unidos, Francia, Suecia, Suiza, Finlandia, Holanda, Dinamarca, Noruega, el Reino Unido e Italia FRQ²UPDURQ TXH KDUiQ SURPHVDV HVWH DxR SHUR QR LQGLFDURQ FLIUDV GH²QLWLvas. Francia seĂąalĂł que la mayorĂa de su compromiso serĂĄ en subvenciones, pero habrĂĄ tambiĂŠn una parte en forma de prĂŠstamos. TambiĂŠn manifestaron su intenciĂłn de hacer contribuciones MĂŠxico y Corea del Sur, miembros de la OrganizaciĂłn para la CooperaciĂłn y el Desarrollo EconĂłmico (OCDE), asĂ como Colombia y PerĂş. “La cuestiĂłn decisiva para la COP 20 es la efectiva capitalizaciĂłn inicial del Fondoâ€?, dijo Christiana Figueres, secretaria ejecutiva de la ConvenciĂłn Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimĂĄtico. Es
HO ¨EDUyPHWUR GH OD FRQ²DQ]DŠ SDUD la reuniĂłn de Lima, subrayĂł. Uno de los problemas que emergieron en Bonn es el grado de control que tendrĂĄn los donantes. El reglamento actual de la Junta del Fondo Verde para el Clima establece que sus decisiones se toman por consenso, pero los paĂses desarrollados insistieURQ HQ GH²QLU SURFHGLPLHQWRV GH WRPD de decisiones en los casos en que ĂŠste no sea posible. Varios de ellos opinaron que los votos debĂan ser ponderados en funciĂłn de las contribuciones y que este asunto deberĂa resolverse antes de la conferencia de donantes en noviembre. Noruega argumentĂł que este tipo de voto serĂa “un incentivo para las contribucionesâ€?. Zambia y Cuba consideraron que esto equivalĂa a anteponer nuevas con-
El ĂŠxito de la COP 20 de Lima depende de cuĂĄntos fondos se comprometan, si ĂŠstos vendrĂĄn como donaciones o prĂŠstamos, y si con estas promesas se impondrĂĄn nuevas condiciones a los paĂses en desarrollo.
diciones a la capitalizaciĂłn del Fondo Verde. La sociedad civil, en tanto, seĂąalĂł que esta propuesta llevarĂa a una ¨LQÂłXHQFLD LQGHELGDŠ GH ORV GRQDQWHV en la toma de decisiones, que deberĂa ser equilibrada entre paĂses desarrollados y en desarrollo. Finalmente, la decisiĂłn se postergĂł hasta octubre. 2WUR WHPD SROpPLFR VH UH²HUH DO URO del Banco Mundial. Al crearse el Fondo Verde para el Clima, se estableciĂł que este organismo, donde los paĂses desarrollados tienen mayorĂa y Estado Unidos poder de veto, servirĂĄ como sĂndico interino, situaciĂłn que puede ser revisada tres aĂąos despuĂŠs de su puesta en funcionamiento. Pero lo que no estĂĄ GH²QLGR HV D SDUWLU GH TXp PRPHQWR VH considera que estĂĄ funcionando. Si es a partir de los primeros desembolsos, el papel administrador del Banco Mundial podrĂa caducar en 2018, pero el organismo interpreta que su plena operaciĂłn solo comenzarĂa en 2018, al terminar el periodo denominado de “movilizaciĂłn inicial de recursosâ€?, con lo cual continuarĂa como administrador al menos hasta 2021. Finalmente, el alemĂĄn Manfred Konukiewitz, copresidente de la Junta del Fondo Verde, dijo que la fecha serĂĄ decidida por ĂŠsta y no por el Banco Mundial. En cuanto al destino de los fondos, Estados Unidos, el Reino Unido
y Noruega opinaron que deberĂa permitirse a los paĂses contribuyentes determinar el uso de parte de sus contribuciones, alegando que eso permitirĂa una mayor entrada de recursos. Estados Unidos, en particular, pretende que al menos una parte de sus contribuciones sean canalizadas por el Fondo Verde al sector privado. Suecia, Finlandia, Holanda, Dinamarca y Alemania expresaron cautela contra esta focalizaciĂłn de las contribuciones, ya que lo importante es garantizar que la mayorĂa de las contribuciones a la formaciĂłn bruta de capital no estĂŠn predeterminadas. Zambia, Cuba y la representante de la sociedad civil objetaron toda adjudicaciĂłn de fondos no decidida colectivamente por la Junta del Fondo Verde. $O ²QDO VH DFRUGy TXH HQ HVWD etapa inicial los contribuyentes podrĂĄn solicitar que sus contribuciones se dirijan a una de las dos ventanillas del Fondo Verde para el Clima (mitigaciĂłn y adaptaciĂłn) y al Fondo para el Sector Privado. Estas contribuciones focalizadas no superarĂĄn el veinte por ciento del total y este procedimiento no crearĂĄ precedentes para futuras re²QDQFLDFLRQHV * Asesora legal de Third World Network (TWN).
agenda Estado ÂżdĂłnde estĂĄs? HĂŠctor BĂŠjar www.hectorbejar.com
En los aĂąos ochenta del siglo pasado, el mundo vio a Gran BretaĂąa como un ejemplo cuando Margaret Thatcher privatizĂł el gas, la electricidad, los ferrocarriles, las aerolĂneas, las comunicaciones, el agua, el acero y el carbĂłn. Sin embargo, una serie de desastres en los ferrocarriles llevaron nuevamente al control por parte de la Network Rail, propietaria y operadora de la infraestructura, una compaĂąĂa que por ahora es privada no lucrativa (no puede distribuir dividendos) y serĂĄ convertida en un cuerpo estatal a partir de este aĂąo 2014, en Inglaterra y Gales. El cambio de opiniĂłn del electorado inglĂŠs respecto a las privatizaciones ha hecho que los laboristas declaren que si ganan en las elecciones del 2015 cambiarĂĄn los prejuicios contra el sector pĂşblico. Desde The Guardian, Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad de Cambridge, aconseja a los laboristas acabar con el dogma de la privatizaciĂłn y decirle a la gente que el VHFWRU S~EOLFR HV IUHFXHQWHPHQWH PiV H²FLHQWH TXH HO VHFWRU SULYDGR FRPR lo demuestra la historia del capitalismo. En los dĂas iniciales de la industrializaciĂłn, dice Ha-Joon Chang, la Alemania y el JapĂłn del siglo XIX instalaron factorĂas modelo para promover nuevas industrias en el acero, la construcciĂłn de barcos y otros grandes experimentos que el sector privado consideraba riesgosos. DespuĂŠs de la segunda guerra mundial, los paĂses europeos usaron empresas estatales para desarrollar industrias de tecnologĂa avanzada. El mayor ejemplo es Francia con Alcatel, Renault y Saint Gobain; Austria, Finlandia y Noruega con industrias de alta tecnologĂa. El ejemplo mĂĄs dramĂĄtico es Singapur. Las empresas estatales producen el veintidĂłs por ciento del PBI y operan en un amplio rango de actividades, como aerolĂneas, comunicaciones, electricidad, semiconductores, ingenierĂa, industria naval. TaiwĂĄn, otro milagro asiĂĄtico, tiene un sector estatal que alcanza al diecisĂŠis por ciento del Posco, la empresa estatal Las empresas estatales PBI. de Corea del Sur, fue instalada mĂĄs exitosas estĂĄn inicialmente con la asesorĂa del Banco Mundial y es ahora una de en los Estados Unidos: mĂĄs grandes empresas de aceel ejĂŠrcito desarrollĂł la las ro en el mundo. En Brasil, Embraer computaciĂłn, la marina es la tercera constructora mundial ÂąQDQFLy OD LQYHVWLJDFLyQ de aviones civiles; Petrobras es el mundial en la exploraciĂłn de semiconductores y los lĂder marĂtima de petrĂłleo y gas. Es coRUJDQLVPRV GH GHIHQVD nocido el caso de la CorporaciĂłn desarrollaron el Arpanet. Nacional del Cobre (Codelco), la empresa estatal de Chile procedente de la nacionalizaciĂłn en 1971 por Salvador Allende, que extrae y exporta el cobre chileno. EstĂĄ construyendo cinco grandes proyectos mineros, es la empresa mĂĄs importante del paĂs y la cuprĂfera mĂĄs grande del mundo. Codelco ha dado a Chile 112,000 millones de dĂłlares desde 1971. A diferencia de paĂses como el PerĂş, donde cada presidente nombra a sus amigos para dirigir las pocas empresas estatales que superviven, la direcciĂłn de Codelco es institucionalizada. El directorio estĂĄ conformado por cuatro directores designados a partir de una quina seleccionada por el Consejo de la Alta DirecciĂłn PĂşblica, un director escogido a partir de una quina presentada por la FederaciĂłn de Trabajadores del Cobre (FTC) y un director elegido de una quina presentada, en conjunto, por la FederaciĂłn de Supervisores del Cobre (FESUC) y la AsociaciĂłn Nacional de Supervisores del Cobre (ANSCO). El presidente del directorio es nombrado por el Presidente de la RepĂşblica, de entre los directores. El Presidente Ejecutivo es designado por el Directorio de la empresa y es el encargado de la administraciĂłn de la CorporaciĂłn. Las mĂĄs exitosas empresas estatales se encuentran en los Estados Unidos. El desarrollo de la computaciĂłn fue realizado por el ejĂŠrcito, la marina ²QDQFLy ODV LQYHVWLJDFLRQHV VREUH VHPLFRQGXFWRUHV \ ORV RUJDQLVPRV GH GHfensa desarrollaron el Arpanet, precursor de internet. La historia del capitalismo estĂĄ llena de ejemplos de exitosas empresas estatales. En la RepĂşblica Popular China y la FederaciĂłn Rusa, las empresas estatales son el corazĂłn del desarrollo. En los tiempos que corren, prohibir al Estado incursionar en la economĂa es daĂąino, obsoleto y va contra los intereses nacionales y la experiencia internacional.
Instrumento para tomar decisiones e
Ordenamiento /RV DFWRUHV VRFLDOHV TXH HQ IRUPD FRWLGLDQD LQWHUYLHQHQ HQ HO WHUULWRULR \ OR WUDQVIRUPDQ GHEHQ VHU SDUWH GHO SURFHVR GH IRUPXODFLyQ \ JHVWLyQ del plan de ordenamiento territorial. 6L ELHQ HO RUGHQDPLHQWR DPELHQWDO H[LVWH QR KD\ XQD SODQLÂąFDFLyQ LQWHJUDO TXH PLUH DO WHUULWRULR HQ WRGDV sus dimensiones y como una unidad.
Ana Leyva*
E
Q FLHUWDV iUHDV JHRJUi²FDV GHO paĂs estĂĄn previstos o en ejecuciĂłn proyectos correspondientes a una misma actividad. Tenemos, por ejemplo, la cuenca del RĂo Maraùón, donde se ubicarĂĄn mĂĄs de veinte centrales hidroelĂŠctricas, y la provincia de Espinar (Cusco), en donde se ubican un conjunto de proyectos mineros, prĂłximos unos a otros. En dichos lugares, la poblaciĂłn teme por los impactos acumulativos y sinĂŠrgicos que esos proyectos pueden producir en el medio ambiente y en sus condiciones de vida. Algo comĂşn es que esas iniciativas, aun cuando pertenecen a un mismo rubro, no son parte de una polĂtica, un plan o un programa diseĂąado por el Estado, con objetivos de mediano o largo plazo, sino que generalmente son impulsados por empresas privadas que intentan aprovechar la potencialidad de un recurso natural que se encuentra “disponibleâ€? en un lugar determinado. Frente a ello, la pregunta que suelen realizar las organizaciones sociales y la sociedad civil interesada en estos temas es si existe alguna manera de prevenir los daĂąos, o en todo caso, de detener o modi²FDU ODV LQWHUYHQFLRQHV TXH HQ FRQMXQWR podrĂan resultar contraproducentes. Uno de los instrumentos que permiten regular iniciativas que concurren en un mismo espacio es el Ordenamiento Territorial (OT). UNA APROXIMACIĂ“N CONCEPTUAL En tĂŠrminos coloquiales, Domingo GĂłmez Orea seĂąala que ordenar el territorio es poner cada cosa en su lugar. En este caso, se trata de ordenar las actividades humanas en un espacio determinado, con el objetivo de establecer una relaciĂłn armoniosa, funcional y bella con el sistema territorial. Bajo esa perspectiva, el ordenamiento territorial nos sirve para iden-
WL²FDU GLVWULEXLU RUJDQL]DU \ UHJXODU las actividades humanas en el territorio, de acuerdo con ciertos criterios y prioridades que permitan un sistema WHUULWRULDO DUPyQLFR IXQFLRQDO \ H²ciente, que proporcione a la poblaciĂłn equipamiento y servicios necesarios y un marco adecuado para la calidad de vida. (Domingo GĂłmez Orea. OrdenaciĂłn del Territorio. Instituto Geominero de EspaĂąa, Editorial AgrĂcola EspaĂąola S.A., 2002,PĂĄg. 2.) 'H IRUPD PiV HVSHFt²FD VH GH²QH al ordenamiento como el proceso mediante el cual se orienta la ocupaciĂłn y utilizaciĂłn del territorio y se dispone cĂłmo mejorar la ubicaciĂłn en el espacio JHRJUi²FR GH ORV DVHQWDPLHQWRV SREODciĂłn y vivienda), la infraestructura fĂsica (vĂas de transporte, puentes, puertos, redes de servicios pĂşblicos, etc.) y las actividades socioeconĂłmicas. (Instituto *HRJUi²FR $JXVWtQ &RGD]]L \ 3UR\HFWR Checua. *XtD VLPSOL²FDGD SDUD OD HODboraciĂłn del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal: https://www. mpl.ird.fr/crea/taller-colombia/FAO/ AGLL/pdfdocs/guia_sim.pdf, pĂĄg. 17.) El ordenamiento territorial se concreta mediante la formulaciĂłn de los planes de ordenamiento territorial y su implementaciĂłn. Entre sus caracterĂsticas principales tenemos: SistĂŠmico. En el ordenamiento territorial se analiza los distintos sistemas existentes en el territorio (institucional, legal, biofĂsico, social y econĂłmico) en sus mĂşltiples interacciones y como un todo. Participativo. Requiere de una activa participaciĂłn social para que el proceso sea autĂŠntico, legĂtimo y realizable. Flexible. Facilita su ajuste y complementaciĂłn cuando es necesario. Prospectivo. Construye una visiĂłn de futuro, es decir, un modelo de sistema territorial. Este modelo es lo que se intenta plasmar con la realizaciĂłn del plan de ordenamiento territorial.
AsĂ mismo, es necesario conocer los componentes de los planes de Ordenamiento Territorial. En Ecuador (SecretarĂa Nacional de 3ODQL²FDFLyQ \ 'HVDUUROOR 6(13/$'(6 GuĂa para Planes de Ordenamiento Territorial: https:// www.google.com.pe/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=SENPLADES), dichos documentos comprenden: El DiagnĂłstico. Se analiza el territorio en sus distintos sistemas y en las mĂşltiples relaciones que se producen entre sĂ, asĂ como los desequilibrios y problemas territoriales que en ĂŠl se presentan. La Propuesta. Comprende el modelo territorial; la visiĂłn de corto, mediano y largo plazo; los objetivos y las estrategias; las metas y los resultados. )RUPDQ SDUWH GH OD SURSXHVWD OD GH²QLFLyQ de estrategias de poblamiento, de utilizaciĂłn del territorio, de consolidaciĂłn de asentamientos humanos; asĂ como tambiĂŠn el establecimiento de los sistemas estructurantes (movilidad, energĂa y conectividad). El Modelo de gestiĂłn. Precisa los datos de programas y proyectos; cronograma, presupuestos y responsables de la ejecuciĂłn.
a global
Viernes, 19 de setiembre de 2014
en el PerĂş
territorial e inversiones Benjamin Webb - Paddling with Purpose
En el territorio existen actores sociales que cotidianamente intervienen en ĂŠl y lo transforman. Estos actores deben ser parte del proceso de formulaciĂłn y gestiĂłn del plan de ordenamiento territorial. Su participaciĂłn le da legitimidad al SURFHVR SRUTXH VRQ HOORV ORV TXH VHUiQ EHQH²FLDGRV o afectados directamente con las decisiones que se adopten. Lo Ăłptimo no es solo que participen sino que se pueda llegar a decisiones concertadas. El involucramiento de los actores permite que compartan una misma visiĂłn del territorio y del sistema territorial que se pretende alcanzar. AsĂ como tambiĂŠn permite comprometerlos con los objetivos y las acciones propuestas. Pero ademĂĄs, con ello se evita que existan resistencias TXH SXHGHQ GL²FXOWDU R KDFHU IUDFDVDU HO SODQ PLANIFICACIĂ“N TERRITORIAL En el PerĂş encontramos distintos desequilibrios territoriales: superpoblaciĂłn y despoblamiento; pobreza en algunos lugares y concentraciĂłn de ORV EHQH²FLRV HQ RWURV RSRUWXQLGDGHV GH GHVDUUROOR en algunas zonas del paĂs o estancamiento en
otras; concentraciĂłn de la presencia del Estado o su ausencia casi absoluta. TambiĂŠn existe una inadecuada localizaciĂłn de actividades y usos del territorio. Estas prĂĄcticas nos generan problemas serios como el deterioro de los bosques, las zonas marino-costeras y los ecosistemas de alta montaĂąas; el deterioro de la calidad ambiental (se localizan industrias en medio de las ciudades, etc.); riesgos de desastres y accidentes debido a que habitamos en zonas peligrosas (como HGL²FLRV R FHQWURV FRPHUFLDOHV HQ DFDQtilados, viviendas en falda de los cerros, etc.); pĂŠrdida de belleza paisajĂstica; conÂłLFWRV VRFLDOHV HQ HO XVR GHO DJXD \ RWURV recursos naturales; crecimiento desigual y centralista, y con ello tugurizamos ciudades y generamos el colapso de los servicios pĂşblicos y la infraestructura. En ese contexto, el ordenamiento territorial resulta importante porque nos ayuda a:
z Inducir un desarrollo territorial equilibrado y sostenible. z Decidir de manera informada sobre el territorio. z Utilizar los recursos naturales sin destruirlos ni deteriorarlos. z Conservar nuestra riqueza natural y patrimonio cultural. z Proteger los territorios comunales y conservar nuestra diversidad Êtnica y cultural. z Contar con inversiones públicas y privadas que tienen una relación mås armoniosa con el ambiente. z Ubicar el equipamiento y las redes de servicios públicos e infraestructura donde mås se necesite y donde potencie mejor las actividades productivas, recreacionales y culturales de la población. z Mejorar nuestra calidad de vida, habitando espacios seguros, menos contaminados y bellos. z Fortalecer la gobernanza y la conviYHQFLD SDFt²FD GH OD VRFLHGDG \D TXH
constituye en sĂ mismo una vĂa para UHVROYHU FRQÂłLFWRV VRFLDOHV En el PerĂş, desde los aĂąos noventa, VH SODQL²FD SRFR SXHV VH KD FRQVLGHUDGR que el mercado y la iniciativa privada pueden resolver los grandes problemas pĂşblicos. Sin embargo, de lo poco avan]DGR HQ SODQL²FDFLyQ WHUULWRULDO OR TXH tenemos son planes de carĂĄcter fundamentalmente sectorial. AsĂ encontramos planes de acondicionamiento territorial y planes de desarrollo urbano, donde lo rural aparece solo como algo residual. Por otro lado, existe el ordenamiento ambiental, acompaĂąado de toda una normatividad. Son parte de este tipo de instruPHQWRV ORV SODQHV PDHVWURV TXH GH²QHQ HO uso y la ocupaciĂłn del territorio de un ĂĄrea natural protegida; igualmente, los planes de manejo forestal. La Ley de Recursos HĂdricos establece, ademĂĄs, la posibilidad de crear zonas de protecciĂłn para preservar zonas productoras de agua. Otros planes que buscan ordenar el territorio con una ²QDOLGDG FRQFUHWD VRQ ORV SODQHV UHJLRQDOHV de prevenciĂłn y atenciĂłn de desastres. /R TXH QR H[LVWH HV XQD SODQL²FDFLyQ integral, que mire al territorio en todas sus dimensiones y como una unidad. Esta ausencia ha llevado a vacĂos en la SODQL²FDFLyQ \ D OD H[LVWHQFLD GH FRQÂłLFWRV GH XVRV \ GHUHFKRV 3HUR DGHPiV ha sido la vĂa para que los sectores que promueven la inversiĂłn decidan sobre el uso del territorio al margen de los actores sociales y polĂticos directamente involucrados en su gobernanza. La presiĂłn que ejercen las industrias extractivas sobre el territorio llevĂł a que la demanda de ordenamiento territorial entre en la agenda gubernamental. Una primera respuesta fue la incorporaciĂłn de OD ]RQL²FDFLyQ HFROyJLFD HFRQyPLFD =(( HQ /D =(( FRQVWLWX\H XQD PHWRGRlogĂa y proceso que permite formular un diagnĂłstico sobre el territorio con miras a VHU XWLOL]DGR HQ ORV SURFHVRV GH SODQL²FDciĂłn del desarrollo y del territorio a nivel regional, provincial y distrital. Asimismo, OD =(( GHEH VHUYLU GH PDUFR GH UHIHUHQFLD espacial a los planes sectoriales, asĂ como para promover y orientar la inversiĂłn pĂşblica y privada. Posteriormente, el Ministerio de EconomĂa y Finanzas aprobĂł normas para incluir en el Sistema Nacional de InversiĂłn PĂşblica (SNIP) la posibilidad de ²QDQFLDU SUR\HFWRV GH LQYHUVLyQ SDUD HO “Fortalecimiento de Capacidades hacia el Ordenamiento Territorialâ€?, lo cual ha permitido que los gobiernos regionales inicien desde 2006 las primeras etapas
GH IRUPXODFLyQ GH OD 0DFUR =RQL²FDFLyQ EcolĂłgica y EconĂłmica y que algunos gobiernos locales tambiĂŠn lo hagan en su ĂĄmbito de acciĂłn. Sin embargo, estos procesos son muy largos, trascienden muchas veces mĂĄs de una gestiĂłn y no concluyen en un plan que contenga la GH²QLFLyQ \ UHJXODFLyQ GH XVRV QHFHVDULD Ante la falta de voluntad polĂtica, los actores sociales han insistido en la necesidad de una polĂtica y ley de ordenamiento territorial. Por ello, en 2010 se aprobaron los lineamientos de PolĂtica para el Ordenamiento Territorial; y en 2013 la PolĂtica de Estado NÂş 34 sobre Ordenamiento y GestiĂłn territorial. Empero, en el aĂąo en curso se han dado normas que promueven la inversiĂłn y que buscan frenar la implementaciĂłn de ellas. De otro lado, un actor presente a lo largo del territorio y con derechos establecidos en ĂŠl son las comunidades campesinas y nativas. Gran parte de ellas constituyen poblaciones indĂgenas, pues son descendientes de pueblos preexistentes al Estado, que ademĂĄs conservan su territorio, los componentes fundamentales de una cultura propia, comparten una misma cosmovisiĂłn, etc. Desde 1995, el Convenio 169 de la OrganizaciĂłn Internacional del Trabajo (OIT) rige para el PerĂş y, por lo tanto, tambiĂŠn la consulta previa a los pueblos indĂgenas sobre las decisiones administrativas y legislativas que los pueden afectar. AdemĂĄs, en 2011 se aprobĂł la ley de Consulta Previa y en 2012 su Reglamento. Si bien todo actor debe participar en el proceso de toma de decisiones sobre el territorio que habita, las comunidades campesinas y nativas, como colectivo, deben ser ademĂĄs consultadas sobre las decisiones que pueden afectar su territorio, su acceso a los recursos naturales o sus opciones de desarrollo. La consulta debe aplicarse a las decisiones que tiene que ver con polĂticas, planes, programas, proyectos o normas jurĂdicas. En el caso del plan de ordenamiento territorial, la consulta deberĂĄ realizarse sobre los aspectos pertinentes que pueden afectar a la comunidad o pueblo indĂgena en los tĂŠrminos antes seĂąalados.
* Especialista en temas de Ordenamiento Territorial de la ONG CooperAcciĂłn. ArtĂculo elaborado en base al estudio “Instrumentos para la toma decisiones sobre el uso del territorio y para garantizar la sostenibilidad ambiental de los polĂticas, planes, programas y proyectosâ€? encargado por FĂłrum Solidaridad PerĂş (FSP).
El Ăşltimo viernes de cada mes, todo sobre la COP 20
agenda global
Viernes, 19 de setiembre de 2014
Se extiende la lucha contra los “buitres� Martin Khor*
L
a deuda externa estĂĄ mostrando nuevamente su desagradable rostro. Varios paĂses en desarrollo estĂĄn sufriendo la reducciĂłn tanto de sus ingresos por concepto de exportaciones como de sus reservas de divisas. A ningĂşn paĂs le gustarĂa tener que recurrir a la ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar el default (cesaciĂłn de pago de sus obligaciones), ya que eso seguramente les acarrearĂa aĂąos de austeridad y aumento del GHVHPSOHR \ DO ²QDO HO PRQWR GH OD deuda podrĂa incluso empeorar. AdemĂĄs, es probable que haya bajo crecimiento, recesiĂłn, agitaciĂłn social y polĂtica, como les ha ocurrido en el pasado a numerosos paĂses latinoamericanos y africanos, y les ocurre hoy a varios paĂses europeos. Cuando no se encuentra una soluciĂłn, entonces algunos paĂses reestructuran sus deudas. Pero dado que no hay un sistema internacional para una soluciĂłn ordenada de la deuda, es el paĂs el que debe tomar su propia iniciativa. /RV UHVXOWDGRV VXHOHQ VHU FRQÂłLFWLYRV ya que tiene que enfrentar la pĂŠrdida de reputaciĂłn en el mercado, ademĂĄs de la ira de los acreedores. Pero, para evitar la convulsiĂłn interna, el paĂs se traga la pĂldora. Ésta fue la experiencia de Argentina, cuya deuda pĂşblica alcanzĂł el ciento sesenta y seis por ciento del PBI en 2002. DespuĂŠs de muchos aĂąos de deterioro e inestabilidad polĂtica, Argentina cayĂł en default en 2001. A continuaciĂłn arreglĂł dos canjes de deuda para 2005 y 2010, reestructurando asĂ su deuda con el noventa y tres por ciento de sus acreedores, quienes accedieron a recibir alrededor de un tercio del valor original. Pero el siete por ciento de los acreedores, conocidos como holdouts (del inglĂŠs to hold out: quedarse fuera de la negociaciĂłn de amortizaciĂłn), no estaban de acuerdo con la reestructuraciĂłn. $OJXQRV IRQGRV GH FREHUWXUD LQÂłX\HQtes -abarcaban solo el uno por ciento de los acreedores- que habĂan comprado parte de la deuda a muy bajo precio en el mercado secundario procuraron que el tribunal de Nueva York donde se ha-
bĂan contratado los prĂŠstamos originales emitiera una orden judicial ordenando el pago total. Hay varios de estos fondos -ahora denominados “buitresâ€?- que se especializan en comprar deudas en problemas a precios muy bajos (por ejemplo, a diez por ciento del valor original del prĂŠstamo) y luego recurren a los tribunales insistiendo en que les paguen el total y con intereses. Como buitres, sobrevuelan y se abalanzan para alimentarse de los cuerpos muertos o moribundos. Solo que en este caso se trata de los paĂses y se les exige que expriman mĂĄs sus exangĂźes economĂas para pagarles, que es como extraer sangre de una piedra. DespuĂŠs de un largo proceso que llegĂł a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el Poder Judicial de ese paĂs decidiĂł que los fondos de cobertura que no aceptaban la negociaciĂłn y que presentaron el caso debĂan recibir el pago total de la deuda, y con intereses. AdemĂĄs, sentenciĂł que el noventa y tres por ciento de los acreedores que ya habĂa accedido a que les pagaran con un gran descuento, ahora no podrĂa recibir el pago, a menos que al mismo tiempo se les pagara a los fondos buitres en su totalidad. La decisiĂłn del juez de Nueva York Thomas Griesa se basĂł en el principio de pari passu, segĂşn el cual todos los acreedores deben recibir igual trato. Dos semanas antes, Argentina ya habĂa arreglado con el banco de Nueva York Mellon el pago de intereses al mencionado noventa y tres por ciento de acreedores pero, como consecuencia de la decisiĂłn judicial, el banco entonces se negĂł a recibir el pago. Los fondos buitres quieren su cuota. El fondo principal, NML Capital, propiedad del magnate Paul Singer, tendrĂa una ganancia estimada de mil seiscientos por ciento. La presidenta de Argentina, Cristina FernĂĄndez, se negĂł a someterse a estos fondos. De haberlo hecho, el paĂs podrĂa haber tenido que pagar tambiĂŠn a todos los acreedores el valor total, que asciende a 120,000 millones de dĂłlares, lo que resulta imposible. Este increĂble giro de los acontecimientos ha causado indignaciĂłn entre
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PublicaciĂłn del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).
Redactor responsable: Roberto Bissio Redactor asociado: Carlos Alonso Bedoya
varios grupos de interĂŠs pĂşblico y el fuerte malestar y preocupaciĂłn de los gobiernos de los paĂses en desarrollo. Pero la situaciĂłn tambiĂŠn les preocupa a los Ministerios de Finanzas de los paĂses desarrollados, que se han visto afectados. Hace unos pocos aĂąos, Grecia reestructurĂł su deuda, de la que los acreedores privados acordaron asumir una pĂŠrdida. Aceptar la decisiĂłn de la corte de Nueva York como el nuevo modo de resolver las crisis de endeudamiento harĂa casi imposible para cualquier paĂs reestructurar sus deudas, ya que los fondos buitres se abalanzarĂan a bloquearlo. (O LQÂłX\HQWH DQDOLVWD GHO Financial Times Martin Wolf ha apoyado a Argentina en su batalla contra los fondos buitres. ArguyĂł, incluso, que el nombre dado a esos fondos es injusto para con los verdaderos buitres, porque ellos al menos realizan una valiosa tarea. La AsociaciĂłn Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por su sigla en inglĂŠs), un grupo de banqueros e inversionistas con sede en Suiza, emiWLy D ²QHV GH DJRVWR QXHYDV QRUPDV destinadas a reducir la capacidad de los fondos especulativos de socavar la reestructuraciĂłn de la deuda.
Es una buena noticia que el centro de la discusiĂłn de la deuda se encuentre ahora en las Naciones Unidas, un foro mundial en el que los paĂses en desarrollo tienen una mayor participaciĂłn en la toma de decisiones. El Grupo de los 77 (G-77) mĂĄs China, que en la Cumbre del Sur celebrada en mayo en Bolivia habĂa reclamado un mecanismo adecuado de reestructuraciĂłn de la deuda global, logrĂł la semana pasada que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara por ciento veinticuatro votos a favor, once en contra y cuarenta y un abstenciones, una resoluciĂłn que reconoce que los esfuerzos de un Estado para reestructurar su deuda no deben ser obs-
taculizados por los fondos de cobertura que buscan sacar provecho de la crisis. La Asamblea General tambiĂŠn decidiĂł establecer un marco jurĂdico multilateral para la reestructuraciĂłn de la GHXGD VREHUDQD SDUD ²QHV GH FRQ el objetivo de aumentar la estabilidad GHO VLVWHPD ²QDQFLHUR LQWHUQDFLRQDO Un mecanismo internacional de reestructuraciĂłn de la deuda serĂĄ una soluciĂłn sistĂŠmica, ya que los paĂses con crisis de endeudamiento pueden recurrir a un tribunal o sistema internacional y ya no necesitarĂan hacer por su cuenta una engorrosa reestructuraciĂłn de la deuda. Ahora habrĂĄ una dura batalla para conseguir que se aplique la resoluciĂłn de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que entre los once que se opusieron a la propuesta del G-77 (Alemania, Australia, CanadĂĄ, Estados Unidos, Finlandia, HungrĂa, Irlanda, Israel, JapĂłn, Reino Unido y RepĂşblica Checa) se encuentran todos los paĂses clave en ODV ²QDQ]DV PXQGLDOHV TambiĂŠn el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estĂĄ considerando otra resoluciĂłn dirigida a la creaciĂłn de marcos legales para restringir las actividades de los fondos buitres y para reestructurar la deuda soberana. El 15 de agosto, el ComitĂŠ Asesor del Consejo de Derechos Humanos aprobĂł una decisiĂłn en la que seĂąala que “Argentina habĂa sido objeto en agosto de 2014 de un ataque de especuladores llamados fondos buitresâ€? que “violan el derecho de los pueblos al desarrollo asĂ como los derechos econĂłmicos y sociales de los ciudadanos de los paĂses afectadosâ€? y recomendĂł al Consejo Derechos Humanos realizar “una investigaciĂłn profundaâ€? sobre las actividades de los mismos. Es una buena noticia que el centro de la discusiĂłn de la deuda se encuentre ahora en las Naciones Unidas, un foro mundial en el que los paĂses en desarrollo tienen una mayor participaciĂłn en la toma de decisiones. Las negociaciones que se avecinan serĂĄn difĂciles, pero valen la pena ya que la prevenciĂłn y la gestiĂłn de una crisis de la deuda es ahora una prioridad para un nĂşmero creciente de paĂses.
Parque por la Paz Villa Grimaldi.
La Ley de AmnistĂa en Chile: mĂĄs allĂĄ de lo simbĂłlico El jueves 11 de setiembre, durante la conmemoraciĂłn del 41Âş aniversario del golpe de Estado que derrocĂł al gobierno constitucional de Salvador Allende, la presidenta Michelle Bachelet anunciĂł la tramitaciĂłn con “suma urgenciaâ€? de un proyecto de ley que deroga y anula la Ley de AmnistĂa, que legalizĂł en Chile la prĂĄctica sistemĂĄtica de exterminio de opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). El procedimiento de urgencia REOLJD D TXH OD GHFLVLyQ GH²QLWLYD del Senado se dĂŠ en un plazo de quince dĂas y la gobernante Nueva MayorĂa cuenta con los votos para la derogaciĂłn de la ley en las dos cĂĄmaras del Congreso. 0iV DOOi GH OR VLPEyOLFR HO ²Q GH la amnistĂa podrĂa derivar en la reapertura de juicios que fueron cerrados invocando la polĂŠmica norma y avanzar en la revelaciĂłn del paradero de los detenidos desaparecidos. “Hemos creĂdo que a cuarenta y un aĂąos del golpe de Estado‌ Chile tiene que seguir avanzando en mĂĄs verdad, mĂĄs justicia y en reparaciĂłnâ€?, declarĂł la presidenta chilena el viernes 12, durante una visita a Uruguay. El Decreto Ley de AmnistĂa, aprobado en 1978 por la Junta Militar presidida por Pinochet, dejĂł sin sanciones a los militares y civiles responsables de crĂmenes de lesa humanidad entre el 11 de setiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, periodo en que se cometieron las peores violaciones a los derechos humanos. Se excluyĂł el caso del asesinato del excanciller Orlando Letelier, ocurrido el 21 de setiembre de 1976 en Washington, para evitar problemas con la justicia estadounidense, que realizaba una acuciosa investigaciĂłn. (IPS)
* Director ejecutivo del Centro del Sur.
El Instituto del Tercer Mundo (ITeM) es una organizaciĂłn sin ďŹ nes de lucro, no gubernamental y polĂticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en AmĂŠrica Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur.
Este nĂşmero fue elaborado con el aporte editorial del Ă rea de IntegraciĂłn Solidaria de Forum Solidaridad PerĂş (FSP), en el marco de su campaĂąa Maraùón RĂo Vivo enfocada en la promociĂłn del debate sobre el impacto de megaproyectos hidroenergĂŠticos y la necesidad de una EvaluaciĂłn Ambiental EstratĂŠgica (EAE)..
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