Línea - 01 Setiembre 2013 by Suplementos Diario UNO

CORTESIA: LA REPÚBLICA

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FOTO: JULIO REAÑO

Raúl Wiener

l Perú de comienzos del 2001, que acababa de cerrar el capítulo de Fujimori, era una sociedad herida por la mentira y el abuso del poder. El empeño por permanecer en el poder arguyendo que solo el sátrapa podía evitarnos recaer en la violencia terrorista y en la crisis económica, se había desenmascarado como un plan corrupto para saquear el Estado y mantener a la mayoría de los peruanos en una condición de ciudadanos menores de edad, que debían ser tutelados por un grupo mafioso que había copado las instituciones y que tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas. El país de los miedos que existió a lo largo de los años 90, estaba lejos de ser exorcizado, como que Fujimori todavía tenía una alta votación y el estilo autoritario de enfrentar los problemas se mantenía, como se mantiene, latente en la conciencia de mucha gente. El gobierno de transición de Paniagua fue el producto generado por una situación ambigua en la que el dictador y su asesor huían, mientras el sistema político que habían construido se ajustaba evitando los cambios dramáticos y donde la palabra más socorrida del momento fue la de concertación o nuevos consensos. Parecía que todos los asuntos pendientes podían resolverse a través de una mesa plural de actores que buscarían transformarnos sin mucho sacudimiento en un país más racional y menos enfrentado del que habíamos presenciado en el último año del fujimorismo: la pobreza desatendida, los derechos laborales, la política educativa, las grandes políticas estatales de largo plazo y, por cierto, el balance del conflicto interno y las vías para superar los traumas que deja la guerra. La Comisión de la Verdad anunciada por Paniagua que definió sus primeros miembros y que se echa a andar durante el gobierno de Toledo, quien le agrega además el concepto “y de la Reconciliación”, quedando como CVR, era una expresión de un tiempo en que se creía que una cierta racionalidad podía imponerse a los odios del período anterior. LA CVR SE ECHA A ANDAR Contra lo que suelen señalar los críticos más ácidos de la CVR, este organismo no fue una creación

Los actos de homenaje al décimo aniversario de la CVR estuvieron rodeados por la hostilidad de la derecha y sus medios.

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La CVR como sueño colectivo  =d Af^gje] \] dY ;NJ ]kl~ dd]fg \] ]k^m]jrgk hgj kYdnYj Yd =klY\g q kmk afklalm[agf]k \] dY Y[[a f \] kmk hjghagk ea]eZjgk& de la izquierda ni de los “caviares” (los gobiernos de Paniagua y Toledo no respondían a esas orientaciones), y en su composición se incluyó a un exrrector universitario que nunca fue izquierdista, que la presidió, un general de la aviación que había estado ligado a los servicios de inteligencia, una exministra de Fujimori y diversos intelectuales y activistas de derechos humanos. Nada que no se hubiera visto en otras experiencias de investigación de períodos prolongados de violencia. Tampoco es verdad que tuvieran un diseño destinado a “igualar” a la subversión armada con las fuerzas estatales encargadas de su represión. El punto de partida de la CVR era que esta guerra, con sus trágicas consecuencias, no habría existido si la organización política Sendero Luminoso no hubiera decidido iniciarla y si los métodos que utilizó no hubieran sido tan cruentos y despiadados.

La idea era que si bien un orden social plagado de injusticias y que recorta los derechos alimenta la violencia social, la decisión de tomar las armas para enfrentar al Estado y a las Fuerzas Armadas fue de los insurrectos, que en su mayoría han pagado con su vida o con la cárcel lo que hicieron. Pero la CVR fue más allá. Adop-

tó un punto de vista para juzgar lo sucedido: el de las víctimas de la tragedia que fueron arrastradas por la vorágine de la guerra. Al hacer esto no podía dejar de remarcar que las fuerzas del Estado actuaron muchas veces en contra de la población que aseguraban defender. Al privilegiar el objetivo militar, abandonaron su

obligación con los derechos humanos, y cometieron diversos delitos: asesinatos, desapariciones, violaciones, torturas, etc., como si llevar el uniforme y las armas les autorizara para arrasar. En la época de García y luego en la de Fujimori, operaron además grupos especiales de agentes estatales para eliminar a los que consideraban soportes de la subversión: abogados, periodistas, dirigentes sindicales y otros. La CVR concluyó que estos hechos no eran aislados, sino un patrón de conducta que rigió en muchos momentos y muchos lugares. Cuando se ve el rechazo exacerbado de algunos sectores hacia esta mirada integral del proceso, es inevitable desprender que seguimos teniendo dentro de nosotros personas que justifican las ejecuciones extrajudiciales como usos de la guerra y las poblaciones masacradas como costos colaterales de las acciones militares. Que creen además que están en guerra contra toda la izquierda y que tumbarse el informe de la CVR es una de sus principales batallas. NO HUBO CONSENSO El Informe de la CVR está lleno de esfuerzos por salvar al Estado y sus instituciones de la acción de sus propios miembros. Eso puede discutirse pero estaba en la lógica con la que se formó. Los que van en contra, representan a la corriente políticaideológica que parecía estar derrotada en el 2000 y que luego ha ido volviendo a sacar cabeza y alcanzar puntos de encuentro con varios sectores que antes se consideraban adversarios. No es que hayan cambiado, porque su pensamiento es el mismo, como lo prueba lo que escriben con motivo del aniversario de la CVR. En realidad nunca hubo un consenso mínimo sobre lo que fueron los años de la violencia política. Y si no se dieron resistencias cuando se lanzó la idea y se hizo conocer a los miembros, es porque el Perú estaba todavía muy removido y había muchas ganas de cambiar. Ese impulso acabó rápido. El miedo volvió, incluso en los gobernantes: Toledo no apoyó transformar el Informe en un instrumento del Estado y los siguientes presidentes han andado en cámara lenta respecto a las obligaciones estatales ante las víctimas de la violencia. Pero el Informe ha quedado ahí, como para recordarnos que tuvimos una oportunidad.

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Carlos Tapia

Se calificó como partido a los terroristas.- Es verdad que al inicio del Tomo II, página 25, se lee: “Los orígenes del Partido Comunista del PerúSendero Luminoso (PCP-SL)”. Calificación que se repite en otros tomos. En realidad, la anterior denominación fue aceptada por los comisionados después de leer la introducción al manual MFA 16.00 del CCFFAA y del MINDEF -enero de 2000- y que en su Introducción se lee: “El desarrollo del proceso subversivo llevado a cabo por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso…”. Y en donde, además, reiteradas veces se considera indispensable “una organización política” para que la subversión -de cualquier tipo- pueda avanzar. Esta tesis, coincidía con el documento del SIN de noviembre de 1991, que dice: “Que los grupos alzados en armas son organizaciones político-militares…”. También en la página 25 se define con absoluta precisión que: “El Partido Comunista del Perú conocido como Sendero Luminoso (PCP-SL) es una organización subversiva y terrorista que en mayo de 1980 desencadenó una guerra contra el Estado y la sociedad peruanos”.

Se infló la cifra de las víctimas.- En el Informe Final de la CVR se muestra un listado de 24,692 víctimas mortales, con nombres y apellidos paterno y materno. No se consignaron 4,743

Diez mentiras 7 contra la CVR

en fosas comunes al interior del cuartel Los Cabitos, desaparecidos durante 1983-85?

=d Ymlgj ^m] afl]_jYfl] \] dY ;NJ q ]f ]klYk d fYk \]kZYjYlY$ mfY Y mfY$ dYk YÇjeY[agf]k im] ]d ^mbaegjakeg q kmk YdaY\gk mladarYf hYjY \]kY[j]\alYj Y dY [geaka f q Y km af^gje]& que solo se les conocía el apellido paterno, 19.2% de las víctimas reconocidas. Hay que señalar que a la CVR no se le permitió recoger información del número de víctimas de las zonas del Huallaga y del Vrae, por entonces en pleno combate contra el senderismo. Pero, en los estudios que se tuvo de esas zonas, se encontró que eran donde el conflicto armado había alcanzado la más alta intensidad en todo orden de cosas. También hay que recordar que estas cifras suman los nombres no repetidos de las víctimas mortales consignadas además por el Ministerio Público, la CNDH, COMISEDH, la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo. Ahora, en el Registro Nacional de víctimas mortales, por ejemplo, se ha conseguido identificar a cerca de 8 mil desaparecidos, cuando el Ministerio Público en un informe oficial a la OEA estima que fueron 15 mil. ¿Cuántos peruanos murieron en el conflicto armado

FOTO: LA PRIMERA

El autor es uno de los más profundos conocedores de la violencia de las dos últimas décadas del siglo XX.

interno y NO fueron registrados? Para responder esta pregunta, la CVR aplicó un conjunto de técnicas estadísticas llamadas “Estimación de Múltiples Sistemas” (EMS), usadas para el mismo fin en Kosovo, Guatemala, etc.

Si se dice conflicto armado interno (CAI), se da status beligerante al SL y MRTA.Las normas del Derecho Internacional Humanitario (de donde procede la calificación del CAI), en particular las establecidas en el art.3 común a los acuerdos de Ginebra de 1949, son de aplicación automática y de ninguna manera conceden el status de beligerante a los grupos subversivos. La CVR no condenó claramente a SL.- “Para la CVR, el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos” (IF CVR, Conclusión General 13).

4 Las matanzas de los penales, crimen que los responsables quisieran quede en el olvido y que investigó la XVR.

El Informe Final de la CVR es antimilitar.- “La CVR ha constatado que en diferentes momentos y regiones del país, ocurrieron actos de heroísmo y ejemplos de cumplimiento del deber por parte de policías y militares que arriesgaron o dieron su vida en la lucha contra la subversión armada”. (IF CVR, Tomo I, pp 142-143)

Los militares cometieron “excesos” aislados, pero no violaciones sistemáticas de los DDHH.- En primer lugar, la CVR dice “en ciertos lugares y momentos” sí se produjeron violaciones sistemática o generalizada de los derechos humanos. ¿Cómo calificar que en la base de Mantas hubieran más de 60 violaciones de mujeres campesinas, cuando determinado oficial estuvo al mando y ninguna más cuando se rotó al personal? ¿Qué decir de los 109 restos humanos descubiertos

La CVR no condena la ideología de SL.- En una esforzada síntesis, la CVR desmenuza teóricamente el llamado “pensamiento Gonzalo”, define su carácter fundamentalista (luchar por la sociedad de la permanente armonía), arcaico y alejado de la realidad, y lo califica como una ideología construida para la destrucción y la muerte. (IF II Tomo, pp 83-91)

La CVR fue muy concesiva con la izquierda.- “La CVR hace notar, sin embargo, que un deslinde ideológico insuficiente y en muchos casos tardío, colocó a la mayoría de los partidos de IU en una situación ambigua frente a las acciones del PCP-SL y más aún del MRTA”. (IF CVR, Conclusión General 108). En realidad, agregaríamos, ciertas posiciones “revolucionarias” que se negaban a considerar a SL como principal enemigo del pueblo peruano y del régimen democrático, sin querer facilitaron el transfuguismo de algunos militantes y cuadros a favor de las acciones armadas.

La CVR criticó a los militares pero no a los gobiernos de los años 80.- “La CVR ha recogido amplia evidencia de cómo en el combate a los grupos subversivos se cometieron gravísimas y masivas violaciones de los derechos humanos, lo que involucra en primer lugar a los gobiernos que eran los responsables del conjunto de la acción del Poder Ejecutivo, del cual dependen las fuerzas del orden” (IF CVR, Conclusión General 73). La CVR no reconoce el trabajo de las rondas campesinas antisubversivas.- Es falso. En diversas partes del IF CVR, se plantea que los propios militares, por desconfianza, no aceleraron el proceso de armar a los destacamentos campesinos antisubversivos. Y que la alianza de estos con los militares fue decisiva para el cambio de estrategia antisubversiva, el aislamiento de los senderistas, y su posterior derrota en el campo.

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Henry Cotos

ara Beatriz Alva Hart, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ni el Estado ni la sociedad han tomado real conciencia de la etapa más violenta de nuestro país, que fue la base del informe de la CVR. Han pasado diez años desde que se culminó ese trabajo que recogió el testimonio de miles de víctimas de la violencia y, en vez de haber tomado en cuenta las recomendaciones, se escuchan todavía voces hostiles al informe, cuyos cuestionadores, asegura la abogada, en muchos casos ni siquiera se han tomado el trabajo de leerlo. —Después de diez años, ¿qué sensación le deja el informe de la CVR? —De alguna manera da pena. Hemos avanzado muy poco en las reparaciones económicas y en la necesaria reforma que tiene que tener el Estado para lograr la reconciliación. La inclusión social es necesaria y tiene que darse no solo en el papel. —El informe sigue generando voces encontradas… —Es muy importante que exista debate sobre el informe, todo es perfectible. Es un instrumento que puede servir para una reflexión colectiva y no solamente por parte del Estado, sino de la sociedad en conjunto. —De lo actuado tras el informe, ¿qué es lo que le genera sinsabores? —Éramos conscientes que el proceso de recuperar la memoria, verte y aceptarte como eres, iba a tomar su tiempo, pero deja un sinsabor ver, por ejemplo, que el Consejo de Reparaciones el año pasado no tuvo presupuesto. El debate y las críticas constructivas siempre son bien recibidas, pero no puede ser que todavía se cuestione las cifras y el método del conteo de pescado, cuando antes del trabajo de la CVR ya había cifras de alrededor de 7 mil desaparecidos, sobre lo cual no se hacía nada. —¿Se convocó a todas las personas involucradas? —Hemos convocado a todas las partes. Algunos participaron, otros enviaron por escrito sus testimonios y otros no dijeron absolutamente nada. Hicimos una invitación pública para que la gente se acerque. Si esperaba que se haga una invitación formal lamentablemente no ha sucedido. Convocamos a los líderes de los partidos políticos, de las asociaciones sindicales. Hay dirigentes que han sido víctimas de Sendero Luminoso (SL) como Pedro Huillca. —Los enemigos del informe dicen que los miembros de la CVR

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Pocos avances en diez años  :]Yljar 9dnY @Yjl [m]flY km ]ph]ja]f[aY [geg ea]eZjg \] dY ;NJ& =flj] dYk j][ge]f\Y[agf]k \]d Af^gje] >afYd hgj [mehdajk]$ e]f[agfY dY af[dmka f kg[aYd& fueron permisivos con los terroristas y drásticos con los que combatieron el terror… —Quienes dicen eso ni siquiera han leído las conclusiones. Lo primero que dice el informe es que SL es el principal perpetrador de la violencia, con más del 54% del total de víctimas, fue genocida y que no le importó la vida de los ciudadanos ni las de sus propios militantes. Las FF.AA. cumplieron un papel de defensa, enfrentaron a un enemigo del Estado que era totalmente desconocido. Esa tarea le correspondía a la Policía porque era un tema de orden interno, pero la Policía fue rebasada y entonces las fuerzas armadas nos defendieron. Hubo muchísimos militares héroes y hubo también militares que se equivocaron y en esa equivocación cometieron violaciones de los derechos humanos, pero en ningún parte del informe se equipara a las FF.AA. con SL. —Esos mismos sectores sostienen que las FF.AA. fueron perjudicadas con el informe. —Las FF.AA. cumplieron un papel importantísimo para el país, pero cometieron errores porque no estaban preparadas para enfrentar a SL. Era un enemigo interno que se mimetizaba con la población. Las FF.AA.

utilizaron sus protocolos de guerra externa en una guerra interna. —Ha pasado el tiempo y el número de víctimas se sigue incrementando… —El Registro de Víctimas no es un documento privado, está colgado en la página web de la PCM y la Defensoría del Pueblo. La población afectada por la violencia debe saber que el registro está abierto y pueden acceder a contar su testimonio y que sea evaluado para que puedan ser considerados víctimas. —¿Se ha dado el caso de víctimas que pasaron a ser acusados? —SL entraba a las poblaciones y se robaba a las mujeres para que hagan el trabajo de logística, para que laven y cocinen, y a los niños para convertirlos en soldados. Ese niño de cuatro años en su momento fue víctima, pero luego crece y cuando entra en la ideología y le lavan el cerebro, ese jovencito empuña un arma y mata, entonces se convierte en victimario, pero empezó siendo víctima. Esas cosas también sucedieron y tienen que evaluarse. —¿Fue duro trabajar en la elaboración del informe? —Sí, fue una experiencia de vida muy dura pero enriquecedora. Yo pertenezco a la parte de la sociedad

de los que éramos ajenos, indiferentes, y entonces fue duro. —¿Recuerda uno de esos momentos difíciles? —Claro, cuando me tocó lavar huesos. El Ministerio Público no tenía experiencia en el análisis post mortem de osamentas, de restos óseos, y nos encontramos con muertos de 15 años, que eran puros huesos. Fue entonces que decidimos apoyar en el lavado de huesos para los análisis. En ese tiempo estaba con nosotros Eduardo Vega (actual Defensor del Pueblo). El momento más fuerte para mí fue cuando me tocó lavar un cráneo. Fue muy importante darte cuenta que esos huesos eran de una persona que había sufrido y que está en tus manos devolverle su identidad, identificarlos. —¿Subsiste todavía Sendero? —Pero es otro Sendero, vinculado con el narcotráfico. SL ha sido derrotado militarmente hace tiempo, sin embargo hay un grupo que no está matando, pero mantiene la ideología. Es a través del Movadef y los cuadros senderistas en las cárceles, muchos terroristas están terminando sus condenas y pueden volver a la lucha armada porque finalmente tienen una naturaleza política y eso es lo que se tiene que

combatir con la participación decidida del Estado, para que un sector de la población no tenga opción de elegir entre el Estado y SL. —¿En qué parte de las recomendaciones del informe considera que se ha avanzado? —En la identificación, gracias a un gran trabajo que viene realizando el Reniec. En muchas zonas donde antes la gente nunca había tenido un documento de identidad, ahora lo tiene, ha recuperado su condición de ciudadano y figura en las estadísticas. —¿Y en qué no se ha avanzado lo suficiente? —No se ha avanzado a nivel institucional, en la estructura del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Congreso de la República, la institucionalidad de los partidos políticos para el fortalecimiento de la democracia. Luego el tema educativo, es necesario cambiar las currículas, incorporar la diversidad cultural multilingüe que tiene nuestro país, el tema de identidad, del nunca más. Se debe recoge el informe de la CVR y ver qué se pone en los textos escolares, es necesario que las generaciones nuevas sepan lo que ha pasado en el país para evitar que vuelva a suceder. —Y a nivel económico… —Lamentablemente el programa Juntos no está bien porque no hay un monitoreo. Me da pena que haya salido Carolina Trivelli del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque ella tenía una visión de hacer un registro único de todos los beneficiados, que es muy importante para evitar que haya dupleteo de beneficiarios. —¿Andamos en retroceso o para adelante? —Hay poblaciones desatendidas que son caldo de cultivo para ideologías o grupos violentistas, Sendero con el tema de la lucha y los grupos políticos con el tema de los conflictos sociales. En el Vraem, mediante un programa social, a la gente se le beneficia con una cuestión básica, simbólica, mientras el narcotráfico les paga 50 dólares diarios y no se puede competir con eso.

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Víctor Liza @elgatocontabas

s verdad que el Informe Final de la CVR, presentado el 28 de agosto del 2003, no es la palabra de Dios ni un catecismo a seguir. Pero sí es un documento que, con los errores que pueda tener, presenta un análisis completo de lo sucedido en los años de la violencia política, y hace algunas recomendaciones, muy válidas por cierto, para que hechos como estos no ocurran nunca más. El noveno tomo del informe, que comprende su cuarta parte, denominada “Recomendaciones de la CVR, hacia un compromiso nacional por la reconciliación”, consta de dos capítulos. El segundo de estos, referido a las recomendaciones, tiene cuatro subcapítulos, de los cuales dos se refieren a aspectos fundamentales: el Programa Nacional de Reparaciones y el Plan Nacional de Intervención Antropológico Forense. El subcapítulo referido al Programa Nacional de Reparaciones, manifiesta que si bien los muertos y desaparecidos no podrán volver a la vida, “la reparación es un gesto y una acción que reconoce y reafirma la dignidad y el estatus de las personas”. Además, hace una serie de especificaciones de cómo quienes vivieron entre dos fuegos durante los años ’80 y ’90, siendo muchos familiares de víctimas, deben ser reparados, ya sea económicamente o con otras acciones compensatorias en materia de salud, educación, entre otros temas En cuanto al subcapítulo denominado Plan Nacional de Intervención Antropológico Forense, este advierte que “una de las consecuencias más graves del conflicto armado interno vivido en nuestro país (…) fue la desaparición de miles de peruanos, cuyo paradero aún se desconoce”. Este Plan Nacional propone, además de la búsqueda, exhumación, análisis e identificación de víctimas desaparecidas, junto a cuestiones legales de apoyo, que se conforme una Comisión Nacional para Personas Desaparecidas por el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000,

Encontrar a los desaparecidos, una tarea pendiente.

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Las deudas pendientes  HYkY\Y mfY \ [Y\Y \] dY ]flj]_Y \]d Af^gje] >afYd \] dY ;geaka f \] dY N]j\Y\ q J][gf[adaY[a f ;NJ!$ ]d =klY\g h]jmYfg `Y YnYfrY\g emq hg[g ]f [mehdaj [gf dYk [gf[dmkagf]k q j][ge]f\Y[agf]k im] `arg ]kl] _jmhg \] ljYZYbg ¼hYjY im] fg k] j]halY½ dY nagd]f[aY hgd la[Y g[mjja\Y ]f fm]kljg hY k ]flj] )10( q *((($ lYd]k [geg dY aehd]e]flY[a f hd]fY \] dYk j]hYjY[agf]k q dY Z kim]\Y \] dgk \]kYhYj][a\gk& además de una Oficina de Personas Desaparecidas por conflicto armado interno (OPD). El Plan también sostiene que hay evidencias de que los miles de desaparecidos durante el período de violencia política se encontrarían en los denominados “Sitios de Entierro”, que eran conocidos por los perpetradores de crímenes de lesa humanidad como “fosas comunes” Ambas propuestas, junto a las reformas institucionales para evitar escenarios de violencia política, y los mecanismos de seguimientos, han sido un saludo a la bandera, tanto para los gobiernos centrales que pasaron del 2003 hasta la fecha, así como para los gobiernos regionales y

locales, que también tienen su parte de responsabilidad. A PASO LENTO Casi dos años después de la entrega del informe de la CVR, el Congreso de la República, presidido por Ántero Flores Aráoz, aprobó el 20 de julio del 2005 la Ley 28592 del Plan Integral de Reparaciones (PIR). Ocho días después, el entonces presidente de la República, Alejandro Toledo, le dio su visto bueno junto a su jefe de gabinete Carlos Ferrero Costa. Este fue el primer paso para la implementación del PIR, y al mismo tiempo el único que dio el régimen de la “chakana”, pues habiendo pasado más de la mi-

tad de ese año 2005 y siendo el siguiente un año electoral, los políticos se preocuparon más por este tema que por seguir avanzando en el tema de las reparaciones. Alan García vuelve a la presidencia en el 2006, y se encuentra ante una norma que no había creado. Empero, el proceso de reparaciones se institucionaliza, y se asigna un presupuesto anual de 40 millones de nuevos soles entre el segundo y quinto año del régimen aprista; aunque cabe señalar que hubo un énfasis en reparaciones colectivas, y no individuales. Al mismo tiempo, el presupuesto era considerado ínfimo en comparación con lo que el se-

gundo alanismo destinaba para otros temas. Con ese ritmo, las víctimas de la violencia tendrían que esperar tres o cuatro décadas para ser reparadas. El mismo gobierno de García dejó un candado adicional: el Decreto Supremo 051 del año 2011, de la Presidencia del Consejo de Ministros que encabezaba Rosario Fernández, disponía que el Registro Único de Víctimas (RUV) se cierre definitivamente a finales de ese mismo año, y establecía la irrisoria suma de 10 mil soles como reparación económica a cada víctima. EL ACTUAL GOBIERNO Antes de llegar a la presi-

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Gisela Ortiz es una de las más importantes activistas de la causa de los desaparecidos.

dencia, Ollanta Humala había anunciado, tanto en su plan de gobierno del año 2006 como en el del 2011, que un gobierno suyo cumpliría con las recomendaciones de la CVR para reparar a las víctimas de la violencia política. Efectivamente, apenas Humala asumió el mandato presidencial el 28 de julio del 2011, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, anunció que durante el presente quinquenio el objetivo era reparar al 50% de las víctimas. También indicó que el presupuesto sería de 3,800 millones de soles en el plazo de diez años, según el Plan Nacional de Reparaciones 2011-2021; y que 200 millones por año llegarían del Tesoro Público. A esto se agrega que dentro del Ministerio de Justicia se creó el Viceministerio de Derechos Humanos, con lo que esta cartera pasó a denominarse “de Justicia y Derechos Humanos”, siendo esta iniciativa institucional un gesto político importante. En efecto, con el gabinete Lerner se logró una asignación de 100 millones de soles en di-

=D 9;LM9D B=>= <= ?9:AF=L=$ BM9F BAEzF=R$ k] [gehjge]la Y Y_adarYj dY eg\aÇ[YlgjaY \]d \][j]lg YhjgZY\g ]f ]d k]_mf\g j _ae]f YhjaklY$ im] ^m] Y[gj\Y\Y ]f dY YkYeZd]Y ))- \] dY ;geaka f Emdlak][lgjaYd \] 9dlg Fan]d ;E9F!$ Y\k[jalY Yd Eafakl]jag \] Bmkla[aY q <]j][`gk @meYfgk& Q ]d [mehdaea]flg \] dY hjge]kY ka_m] h]f\a]fl]& ciembre del 2011, que, sumados al presupuesto anual dispuesto por el régimen anterior de 40 millones, debían ser ejecutados el año siguiente. Sin embargo, con la salida de Lerner comenzaron a frenarse estos pequeños avances y el nuevo gabinete, encabezado por Óscar Valdés, hizo caso omiso a los pedidos de que el decreto 051 del gobierno de García sea modificado o derogado, a fin de permitir que el RUV permita que sigan registrándose más víctimas y que haya una mayor asignación a los 10 mil soles por víctima. Valdés no solo fue indiferente a esas demandas, sino que llegó a decir que los testimonios de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del período de violencia habían “teatralizado”

ante la CVR cuando expusieron sus casos. Esto le valió las críticas no solo de la izquierda, sino de otros actores políticos y de la sociedad civil sensibilizados e identificados con las demandas de las víctimas. Tras la salida de Valdés, en julio del 2012, la asignación presupuestal ha seguido siendo baja y para este año ha sido solo de 40 millones de soles, manteniendo lo dispuesto en el gobierno de García. El actual jefe de gabinete, Juan Jiménez, se comprometió a agilizar la modificatoria del decreto aprobado en el segundo régimen aprista, que fue acordada en la asamblea 115 de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y el cumplimiento de

la promesa sigue pendiente.

asignar más recursos en este tema.

BUENAS INTENCIONES Aunque el actual Poder Ejecutivo ha tratado de mostrar alguna voluntad, al menos de palabra, para impulsar el tema de las reparaciones, es poco lo que ha logrado. Pero algunos avances se han dado. Por ejemplo, dentro del Programa Beca 18, una de las banderas sociales del actual gobierno, se impulsó el Programa de Beneficiarios del Programa de Reparaciones en Educación (Repared), que desde su creación en setiembre del 2012 por el Ministerio de Educación hasta la fecha, apoyó a un total de 226 beneficiarios, cuyos familiares fueron víctimas de la violencia política. Los beneficiarios fueron seleccionados gracias al trabajo del RUV, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En 2012 entregó 43 becas, mientras que en lo que va del presente año apoyó a 183 jóvenes, a quienes se les cubrirá sus estudios de pregrado universitarios o en institutos Estas becas comprenden la cobertura de alimentación, hospedaje, movilidad local, material de estudio del beneficiario, el pago de los servicios académicos a la universidad o instituto, un seguro de salud privado, la donación de un laptop y un uniforme si el centro de estudios lo pidiera. En síntesis, ha sido complicado poder generar un buen Plan de Reparaciones, tanto por falta de voluntad política de los gobiernos, candados legales y la poca colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas para

LAS DESAPARICIONES Si en el tema de las reparaciones se ha avanzado muy poco, en la búsqueda de los desaparecidos durante el período de violencia política se ha hecho menos. Una prueba de esto es lo que señala Gisela Ortiz Perea, hermana del estudiante universitario Luis Enrique Ortiz Perea, víctima del crimen de La Cantuta de julio de 1992. Durante la realización de una ceremonia de “pago a la tierra” en el monumento “El Ojo que Llora” el pasado 24 de agosto, la activista de derechos humanos afirmó que solo se ha avanzado en 0,2% en la búsqueda de los desaparecidos por la violencia política. Ortiz Perea agregó que si se sigue con este ritmo, se terminará con el tema dentro de 80 y 100 años. Además de Ortiz Perea, diversas personalidades identificadas con la defensa de los derechos humanos han hecho eco de este reclamo justo en las vísperas del décimo aniversario de la entrega del informe de la CVR. Podemos mencionar entre estos personajes a Salomón Lerner Febres y Sofía Macher, presidente e integrante de este grupo de trabajo e investigación, respectivamente; el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera; la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, por citar algunos nombres que se han pronunciado al respecto. Todos ellos han coincidido en señalar que no se ha cumplido, diez años después, con la creación de la Comisión Nacional para Personas Desaparecidas por el conflicto armado interno entre 1980 y el 2000, además de una Oficina de Personas Desaparecidas por conflicto armado interno (OPD). Por ejemplo, en la fase previa a las movilizaciones del pasado 28 de agos-

Son pocos los que han podido enterrar a sus muertos, la gran mayoría los sigue buscando.

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El expremier Óscar Valdés desdeño las demandas de los familiares de las víctimas.

to, Macher expresó que el tema de las desapariciones “es una gran deuda pendiente”, y sostuvo que las exhumaciones realizadas por la Fiscalía en estos años “solo son un paso”, pues si no se crean oficinas para buscar a los desaparecidos, el problema permanecerá sin resolver. Por su parte, Silva Santisteban criticó que el Instituto de Medicina Legal no tenga los reactivos suficientes para identificar a los desaparecidos. Tanto en la ceremonia del pago a la tierra del pasado 24 de agosto, como en la movilización del 28 en las calles del centro de Lima, el clamor de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los familiares de las víctimas y de los participantes, ha sido que se encuentren a los desaparecidos. Un pedido que suena con fuerza por primera vez en estos diez años de manera pública, pero que muchos peruanos piden desde hace varias décadas. EXHUMACIONES Efectivamente, las exhumaciones han servido para descubrir situaciones increíbles. Tenemos el caso del caserío de Putis, del distrito de Santillana, provincia de Huanta, región Ayacucho, acaso el más emblemático de este período triste de nuestra historia. Gracias a las exhumaciones, un grupo de investigadores forenses descubrió, en mayo del 2008 unas fosas comunes donde estaban cientos de campesinos asesinados por militares en 1984. De esa manera, cerca de 50 familiares que no daban con el paradero de sus hermanos, tíos, madres, padres, pudieron recuperar sus restos. Otro caso reciente, también en la región Ayacucho, fue el de los familiares de las víctimas de la comunidad de Cha-

ca y Chanquil, ejecutados entre 1984 y 1988 a manos de Sendero Luminoso. Estos fueron encontrados en junio pasado, y luego de las identificaciones respectivas, los restos fueron entregados a sus familias para que reciban su sepultura respectiva. Casos de descubrimientos de desaparecidos como estos han sido posibles gracias a las acciones de algunos fiscales que han impulsado su búsqueda, pero no por la presencia de una política de Estado. BARAYBAR Hay un personaje que ha sido el más crítico con el tema de la búsqueda de desaparecidos. Se trata de José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), quien ha advertido que no serían 15 mil los desaparecidos durante el oscuro período de violencia política, sino que podrían llegar hasta 20 mil. Baraybar, un antropólogo peruano que regresó al Perú en el año 2007 para ponerse al frente del EPAF, y que trabajó en varios países del mundo donde hubo conflictos similares como encargado de la Oficina de Personas Desaparecidas y Ciencias Forenses de las Naciones Unidas, ha afirmado que, más que conformar oficinas, es necesario crear un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. El especialista en antropología forense, que también ha opinado sobre sonados casos policiales como los de Myriam Fefer

El experto José Pablo Baraybar, del EPAF, cree que el número de desaparecidos puede llegar a 20 mil

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y Ciro Castillo, ha sostenido que este plan se ha desarrollado en países vecinos como Argentina y Chile, donde los familiares de las víctimas han podido dar con sus paraderos, y darles sepultura. Baraybar también ha sido crítico con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, al manifestar que han privilegiado la judicialización de los procesos a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad,

y que no han incidido en que, en paralelo a estos procesos, se impulse la búsqueda de los desaparecidos. EL ÚLTIMO LUGAR Puso como ejemplo el caso del estudiante universitario Ernesto Castillo Páez, desaparecido en 1990 a manos de la Policía. Baraybar indicó que luego que los cuatro efectivos policiales responsables de este hecho reci-

bieron sus respectivas condenas, estos no quisieron revelar dónde estaba el cuerpo del joven, que entonces tenía 23 años, puesto que ya habían recibido sus penas de prisión. También recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que se busquen sus restos. Aunque Baraybar ha destacado en varias oportunidades que varios violadores de derechos humanos estén tras las rejas, también ha recordado que hasta el momento no se sabe dónde están las víctimas que estos mismos criminales desaparecieron en algún momento. En alguna oportunidad, entrevistado por LA PRIMERA sobre qué lugar ocupaba el Perú en la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en América Latina, Baraybar expresó que el único logro de nuestro país era la condena a Fujimori, pues en cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, “estamos en el último lugar”. También ha sostenido que en el Perú hay desidia con este tema, porque “hay indígenas (entre los desaparecidos) y no le importa al Estado”. Pero sus críticas no han ido solo hacia el Estado. También se han dirigido a la CVR, pues sin dejar de reconocer su trabajo, expresó que cometió el error de “mezclar” a los muertos con los desaparecidos en la cifra de 69 mil víctimas que mostró en su informe final. Las reparaciones, con cuellos de botella; la búsqueda de los desaparecidos, tema en el que no hay voluntad; son temas que la sociedad espera que sean atendidos oportunamente por el Estado en su conjunto. Para que las heridas terminen de cicatrizar.

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