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D]k dd]_ dY `gjY Y [gjjmhlgk Los proyectos para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción y aplicar la “muerte civil” a los corruptos, entre otras medidas, sintonizan con las expectativas de la sociedad civil. En esta edición, el tema se analiza desde diversos ángulos y se recuerda lo que fue la década corrupta del fujimorismo.
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FOTO: LA PRIMERA
El exprocurador Ronald Gamarra también dice que hay
El congresista Heriberto Benítez cree que el Congreso puede hacer mucho.
Duro golpe a la corrupción =kh]jYf im] ]klY n]r k k] Yhjm]Z] aehj]k[jahlaZada\Y\ q em]jl] [anad Henry Cotos J]\Y[[a f
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a muerte civil y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción se encuentran nuevamente en agenda ante el pedido del presidente Ollanta Humala, del 28 de julio, para que el Congreso priorice las iniciativas encaminadas a sancionar drásticamente a los corruptos. “Si se roba al país, se roba a cada uno de los peruanos y lo que queremos (con esta ley) es hacer del Perú un
país decente, digno y sin impunidad”, dijo el mandatario. Desde el 2001 hasta la actualidad, existen en el Congreso de la República más de cuarenta proyectos de ley que pretenden declarar imprescriptibles los delitos cometidos por los funcionarios públicos, 11 por medio de reformas legislativas y de la propia Constitución. El legislador Heriberto Benítez espera que los representantes de todas las bancadas muestren madurez y compromiso en la lucha contra la corrupción para aprobar iniciativas como la “muerte civil” para los deudores
por corrupción y la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública que comprenden diversas modalidades de corrupción, como peculado, concusión, cohecho, abuso de autoridad y otros. Sostuvo que estos delitos típicos que suelen cometer los malos funcionarios públicos no deben prescribir. “Aquel que recibe la confianza del Estado y delinque apropiándose de las arcas públicas, ya no debería ejercer la función pública nunca más. Se trata de un flechazo económico contra la corrupción”. Comentó que en el país existen
antecedentes negativos de prescripción, como el caso del expresidente Alan García, “quien se amparó en la prescripción para evitar ser sancionado por presuntos actos de corrupción cometidos en su primer gobierno (1985-1990)”. En diálogo con LÍNEA, Benítez informó que el tema ya está en el Congreso, “la última vez que se discutió la imprescriptibilidad pedimos que el caso pase a la Comisión de Justicia, lamentablemente fue congelado, ahora se debe priorizar y ojalá se logre el apoyo para que se apruebe”. JUICIO DE RESIDENCIA Además de la muerte civil y la imprescriptibilidad, también se debe considerar el juicio de residencia para los presidentes que culminan su mandato, a quienes el Congreso debe investigar durante uno o dos años en una especie de resonancia política. Al respecto dijo que está preparando un texto para hacer una reforma y se pueda incluir el juicio de residencia, que viene a ser algo parecido a lo que está haciendo la Megacomisión con el expresidente Alan García, pero con
esta figura legal sería algo obligatorio. En torno a los agentes que complementan el delito de corrupción de funcionarios, Benítez explicó que el Poder Judicial ha sentado jurisprudencia, y no solo el funcionario público puede ser arrastrado en estas figuras, sino los cómplices y corruptores. “Quienes no son funcionarios públicos también han sido condenados por corrupción”. Puso como ejemplo el caso de Luis Duthurburu Cubas, testaferro de Montesinos. Otros casos fueron protagonizados por Calmell del Solar, Ernesto Schutz y José Enrique Crousillat, quienes sin ser funcionarios públicos fueron condenados por corrupción. Heriberto Benítez dijo que en la década de Fujimori se han visto hechos escandalosos de corrupción con penas muy leves. “El expresidente fue condenado por corrupción porque se declaró convicto y confeso. El mensaje que nos deja es que aceptó la sentencia para no delatar a sus cómplices. Se dejó condenar, pues si había juicio hubieran caído más delincuentes”. JUECES Y FISCALES El congresista de Solidaridad Nacional refirió que esta norma también debe incluir a jueces y fiscales y a todo aquel que ejerce función publica, pues se han visto muchos casos en los que los administradores de justicia han cometido ilícitos y, sin embargo, no solo se salvan de la cárcel, sino que poco tiempo después se reincorporan a la carrera magisterial. Citó el caso de Fernando Calmell del Solar, quien estaba preso y puso un hábeas corpus. “Un mal juez lo dejó en libertad y aprovechó para irse al extranjero. A ese juez se le denunció, fue sancionado e incluso retirado
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que hacer más eficiente el combate a la corrupción.
del Poder Judicial, sin embargo ahora ya no es juez sino vocal. Se cambian todos los gobiernos y los jueces son inamovibles. Con esta norma, los jueces prevaricadores quedarían inhabilitados”. A nivel judicial no solo hay corrupción por coimas, de manera irregular liberan a presos, imponen penas bajas, otorgan beneficios, y se escudan bajo el criterio de discrecionalidad para no ser sancionados. Pidió al Poder Judicial que informe cuántos magistrados han sido condenados por delitos contra la administración de justicia. “Una modalidad común es el prevaricato, cuando ha sabiendas dicta una resolución contraria a la ley. Por ello un juez puede ser condenado a 6 años de prisión, pero cuando suceden estos casos los llevan a la OCMA, los someten a un proceso administrativo y después los liberan. Cuando pedí informe al respecto, nunca me lo dieron”. El día que se envíe a la cárcel a los jueces por dictar resoluciones contrarias a la Ley, se habrá avanzado en la lucha contra la corrupción. En las cárceles no hay ningún juez. ALGUNOS CASOS Benítez refiere que cuando fue congresista en el período 200–2006, por el caso Becom, el Consejo Nacional de la Magistratura CNM destituyó a cinco vocales: Vicente Walde Jáuregui, José Vicente Loza Zea, Víctor Roca Vargas, Manuel Quintanilla Chacón y Orlando Miraval Flores. El pleno del CNM acordó separarlos del Poder Judicial por afectar el principio de la cosa juzgada al anular una sentencia a favor de la Sunat y dictar un nuevo fallo en contra de dicha entidad recaudadora de impuestos y a favor de la empresa Becom, que con esa sentencia
dejaba de pagar unos 80 millones de soles. “Durante el gobierno de Alan García los magistrados interpusieron recurso de amparo y ahora uno de ellos es vocal supremo, me refiero a Vicente Walde Jáuregui”. El congresista considera como otro caso emblemático el protagonizado recientemente por el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, quien debió inhibirse en el caso de los bonos agrarios por su relación con el Banco de Crédito, tenedor de esos bonos. Relató que Urviola fue diputado por el movimiento Libertad en el período 90–92 y en ese mismo período fue senadora Beatriz Merino por el mismo movimiento. “Luego Urviola fue magistrado dirimente del Tribunal Constitucional (TC) y Beatriz Merino fue apoderada del Colegio de Ingenieros que, sin tener bonos, solicitó el pago al TC. En este caso existen sobrados motivos para que Urviola se inhiba, pero no lo hizo”. Culminó señalando que en “nuestro país los magistrados son intocables, pero eso debe terminar y para ello deben ser incluidos en la muerte civil y la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública”. SIN PRESCRIPCIÓN En un trabajo sobre la materia, el exprocurador Ronald Gamarra y la actual fiscal Jacqueline Pérez Castañeda, sostienen categóricamente que no debe existir barrera temporal alguna
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para realizar la persecución penal de los actos de corrupción. Señalan que «la extensión del flagelo de la corrupción, la gravedad de sus manifestaciones, la lesión que ellas suponen respecto a bienes de primera importancia, las consecuencias que acarrea [...] y el interés de la ciudadanía toda en su represión, nos convence que para realizar una real persecución penal de los actos de corrupción se requiere eliminar toda barrera de carácter temporal que lo impida». Argumentan que la imprescriptibilidad, como respuesta legítima y razonable a la corrupción, «lanzará un mensaje público en el sentido que los beneficios generados por la comisión del delito de corrupción serán siempre significativamente menores a la infinita persecución penal que se activará; y, FOTO: JULIO REAÑO
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, apoya el endurecimiento, aunque los jueces apañadores de los corruptos siguen impunes.
frenará la tendencia a la reiteración de esta conducta». Gamarraconsideraquelaaprobación de estas normas anticorrupción es una gran oportunidad para reivindicar al Congreso con la ciudadanía. CORRUPCIÓN Y POBREZA Sibienlacorrupciónesunfenómeno mundial, en el caso de países como el Perú se da una especial connotación, debido a que se plasma en el desvío de fondos destinados al desarrollo, el deterioro aún mayor de los sistemas de salud, educación y seguridad ciudadana, entre otros, que profundizan la desigualdad social debido a que se traduce en puentes, hospitales y escuelas que no pudieron construirse, y personas que deben vivir sin los beneficios de estos servicios. En opinión del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, la “muerte civil” aplicada a quienes tienen deudas con el Estado, hará más efectiva la sanción contra los delitos de corrupción, porque les impedirá que trabajen en la administración pública y, además, no podrán realizar actividades económicas. ElministrodeJusticia,DanielFigallo, consideraquetantolamuertecivilcomo la imprescriptibilidad son herramientas trascendentales en la lucha contra la corrupciónquepermitiránhacerfrentea la impunidad con mejores herramientas legales, “se atacará a sus bolsillos, que es algo que siempre quieren llenar los corruptos”, afirmó. PARTIDOS NO QUIEREN El exprocurador Luis Vargas Valdivia cree que será complicado que en el Congreso se logren los votos suficientes para aprobar la muerte civil y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, pues muchos partidos
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están en contra de estas medidas. Explicó que los partidos políticos que no están de acuerdo son los que no permitieron la modificación de la Constitución para que en una investigación financiera se pudiera tener acceso al levantamiento del secreto bancario, que son armas fundamentales en lucha contra el lavado de activos y también dentro de ese mismo paquete de lucha anticorrupción. Pese a la negativa de los partidos, dijo que el planteamiento efectuado por el presidente Ollanta Humala es viable. “Mediante la imprescriptibilidad se detectará a muchos funcionarios implicados en actos de corrupción, que eluden la justicia, y posteriormente vuelven en su afán de ocupar cargos públicos. Esto también va para aquellos que son sentenciados y no cumplen con el pago de la reparación civil al Estado. Mientras no salden esta deuda, no deberían estar en la administración pública”. LAS DEUDAS Los corruptos en nuestro país deben más de mil millones de soles (US$ 380 millones) al Estado, de los cuales se han recuperado solo 10 millones, es decir, el 1%. El mayor deudor es el exjefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), Vladimiro Montesinos, quien fue condenado por corrupción, entre otros delitos, y debe casi US$ 152 millones. “La corrupción resta muchísimo dinero que podría ser utilizado obviamente en mejorar algunos servicios que presta el Estado, luchar contra la pobreza, hacer obras sociales, mejorar los sueldos para policías y maestros. El castigo no es solamente la prisión, debe haber la indemnización por el daño causado “, dice el procurador anticorrupción de la República, Julio Arbizu. Por su parte, el exprocurador, Iván Montoyaconsideróqueesafiguradebería aplicarse para los delitos de corrupción más graves y que vinculen a los más altos funcionarios del Estado, debido a que son ellos quienes toman decisiones importantes y generan estructuras de poder y de impunidad. Añadió que no se tendrá éxito si esas medidas no van acompañadas del fortalecimiento de las instituciones de control, como la Contraloría General de la República, la Procuraduría Anticorrupción y los sistemas de control interno de las instituciones del Estado.
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Víctor Liza Twitter: @elgatocontabas
¡Si alguna paternidad reclama, debe ser la de la corrupción sin precedentes en la historia del país!”, exclamó el miércoles 31 de julio el congresista Mesías Guevara, de Acción Popular, en referencia al exdictador Alberto Fujimori. Guevara tuvo esta reacción al ser consultado por la prensa sobre el último audio que difundió Fujimori en RPP, pese a estar preso, en el que pidió que su firma sea restituida en la Constitución de 1993, y reclamó su “paternidad” de la supuesta bonanza económica que vive el país. Esta indignación del parlamentario del partido de la lampa no es solo una reacción subjetiva. Es también una respuesta ante un hecho probado, tanto a nivel nacional como internacional: la década de Fujimori ha sido el régimen más corrupto de nuestra historia, y el séptimo que más robó en el mundo. Para muestra, hay dos botones. En marzo del 2004, la ONG Transparency Internacional (cuyo capítulo peruano es la Asociación Civil Transparencia) publicó su Informe Global de Corrupción de Transparencia Internacional, en el que el régimen de Fujimori aparecía como el séptimo gobierno más corrupto del mundo durante las últimas cinco décadas, con un robo de cerca de 600 millones de dólares. Cinco años después, un informe posterior del Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo, dio cuenta que el Estado peruano solo pudo recuperar 160 millones. Ambos informes, con cifras aproximadas, nos dan una idea del nivel de corrupción de este gobierno,
que se “codea” con otros regímenes cleptócratas del mundo, como el de Ferdinand Marcos en Filipinas, Jean Claude Duvalier en Haití, y Slobodan Milosevic en la desaparecida Yugoslavia, por citar algunos. Pero no solo está probada la corrupción de la década fujimorista en organismos internacionales. El Poder Judicial del Perú también condenó a Fujimori por estos delitos en perjuicio del Estado, y no solo por crímenes de lesa humanidad. Esto fue posible tanto por la ambición de poder de Fujimori como por prestar atención a malos consejos de sus colaboradores, que influyeron en el exdictador, quien aterrizó sorpresivamente en Santiago de Chile desde Japón a fines del 2005, con el objetivo de regresar al Perú para ser candidato en las elecciones del año siguiente. Sin embargo, no contó con que la justicia de este país atendería el pedido de extradición del Poder Judicial peruano, y lo devolvería a nuestra patria para ser juzgado por siete de 13 casos. LOS JUICIOS Golpeado por la condena a 25 años de prisión que el 7 de abril del 2009 la sala presidida por César San Martín le impusiera por violaciones a los derechos humanos, Fujimori buscó aminorar el impacto en el siguiente proceso que se venía: el juicio por el pago indebido de 15 millones de dólares por
supuesta compensación de tiempo de servicios a su tristemente célebre asesor presidencial, Vladimiro Montesinos. Fujimori sabía que un largo proceso como el que afrontó por crímenes de lesa humanidad, socavaría más a sus seguidores y en especial a la candidatura de su hija, Keiko Fujimori, quien postuló a la presidencia en el 2011. Por eso, su defensa se allanó a la sentencia, y sostuvo que el expresidente entregó el dinero a Montesinos para que no diera un golpe de Estado. Sin embargo, el 20 de julio del mismo año Fujimori fue condenado a siete años y seis meses de cárcel por este caso, además del pago de tres millones de soles de reparación civil. La sala consideró que el exdictador es culpable de peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado, pues concluyó que facilitó la fuga de Montesinos y que no supo explicar por qué le entregó tanto dinero. CORRUPTO CONFESO El 30 de septiembre, Fujimori afrontó otra condena. Esta vez fue sentenciado a seis años de prisión por el pago a congresistas para que pasen al oficialismo y la compra de la línea editorial de diversos medios de comunicación a favor de su régimen, tareas que Montesinos hizo cuidadosamente y ante cámaras escondidas.
Si bien la corrupción es un mal endémico, la de Fujimori fue gigantesca.
En esa misma sentencia, que concluía que Fujimori es culpable de delitos contra la administración pública, peculado doloso en agravio del Estado, corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico en agravio del Estado y contra la libertad; también estaba incluido el tema de la interceptación telefónica a sus opositores. También debía pagar una reparación civil de 27 millones 60 mil 216 nuevos soles. A todo esto hay que agregar que en noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Chile decidió autorizar la ampliación del expediente de extradición de Fujimori, para que sea juzgado en el Perú por el caso de
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los diarios denominados “chicha” y su ilegal financiamiento con fondos estatales. Esta ampliación fue ejecutada en virtud a una solicitud de la justicia peruana para que se amplíe el expediente de extradición, pues cuando este fue remitido en septiembre del 2007 por la justicia chilena, solo autorizaba juzgar algunos casos. Antes de todos estos juicios, en diciembre del 2007, Fujimori fue condenado a seis años de prisión por usurpación de funciones y abuso de autoridad, ante el caso del allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, exesposa de Montesinos, a pocos días de su fuga en noviembre del 2000. CORRUPCIÓN FAMILIAR La primera denuncia en contra de Fujimori por casos de corrupción no vino de la oposición a su régimen, que casi no existía luego del autogolpe de 1992. Aunque Fujimori no ha afrontado aún el mandato de la justicia por este tema, es uno de los hechos de corrupción más escandalosos de su gobierno. Esta denuncia fue hecha por la entonces primera dama y luego exesposa del mandatario, Susana Higuchi, quien reveló irregularidades en la administración de las donaciones a la
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ONG Apenkai, creada por Fujimori como una ayuda para supuestamente construir escuelas y brindar vestimenta a los niños pobres. Un reportaje publicado por IDL-Reporteros en abril del 2011, da cuenta del proceso que se utilizaba para desviar fondos con esta ONG. Titulado “La historia de un cheque”, revela cómo Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi, a la sazón embajador del Perú en Japón, manejaron el dinero donado para que termine en sus cuentas personales. El informe explica que en Japón los bancos no se manejan como en Europa o América. El dinero u otros objetos de valor son guardados en los denominados “Okura”. Según el exembajador peruano en aquel país, Luis Macchiavello, “Fujimori tenía un okura en la casa que ya antes se había comprado en el acomodado barrio de Meguro-ku”. También revela que Aritomi manejaba un archivo paralelo al de la embajada, y todas sus gestiones y transacciones eran hechas por teléfono, según funcionarios que trabajaron en aquella legación diplomática por esos años. TURBIAS CUENTAS En el informe, Macchiavello afirmó que
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cuando volvió a hacerse cargo de la embajada en 2001, “la mayor parte de la documentación había sido retirada o destruida y pude comprobar también que en esos años, muchos documentos que llegaban o salían de la Embajada eran manejados exclusivamente por Aritomi en archivos privados”. También dijo que la secretaria de Aritomi, de apellido Tanaka, siguió trabajando un tiempo más en la embajada, y halló uno de los archivos del cuñado de Fujimori en el que había un cheque que no figuraba en las cuentas de la embajada. Las cuentas que manejaba la legación diplomática eran 1002625 en yenes y 1200823 en dólares, pero el cheque descubierto de Aritomi era de la cuenta 1002880 del Banco do Brasil. El cheque hallado fue el 097651 por 25 millones de yenes, girado por Aritomi el 21 de junio de 1993 de esta última cuenta. Además, fue hallada una carta enviada por Aritomi al día siguiente al Banco do Brasil en Tokyo para
que esta suma sea transferida al Banco de la Nación en Lima, y sea entregada nada menos que a Fujimori. Luego, el banco de todos los peruanos giró un cheque de gerencia por 225,118.82 dólares americanos a nombre de Fujimori. Esta cuenta 1002880 fue utilizada para las donaciones, con la sola firma de Aritomi, para que no sean registradas en la embajada, y así se hagan varias transferencias oscuras como la mencionada en los párrafos anteriores. CASO PENDIENTE Los más de 200 mil dólares girados para Fujimori llegaron gracias a la donación de una señora llamada Matsu Utsumi, que tenía 86 años por aquel entonces. Su hijo, Makoto Utsumi, profesor universitario en Tokyo, visitó Lima y constató la situación de la infraestructura educativa. De regreso a su país, contó a su madre esta situación. Esta quedó conmovida y decidió hacer esta donación.
Socios en el crimen y el robo al país.
Otro reportaje de IDL-Reporteros destacó que un año después de la donación de la señora Utsumi, fue construido el Colegio 7233 con el nombre de la donante. Según Apenkai, la obra costó 292,292.81 dólares. Empero, según la comisión investigadora que presidió Mauricio Mulder en 2001, este y otros colegios inaugurados presentaban serias deficiencias de infraestructura, y Fujimori se apropió de gran parte de las donaciones. Por este y otros casos, Aritomi y Rosa Fujimori, hermana del expresidente, vienen siendo investigados por la justicia, que ha pedido su extradición. Ambos permanecen en Japón en calidad de prófugos; mientras Fujimori no ha sido procesado aún por este hecho escandaloso de corrupción, específicamente de desvío de fondos.
Víctor Aritomi, pieza clave en el saqueo de las donaciones japonesas para los peruanos pobres. Japón protege al prófugo.
OTROS SIGNOS DE CORRUPCIÓN Muchos se preguntan qué pasó con los miles de millones de soles que ingresaron a las arcas del Estado durante el fujimorismo, producto de las privatizaciones de empresas del Estado que emprendió el régimen, siguiendo las directrices del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Más allá del desacuerdo o no con estas privatizaciones, lo cierto es que la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros, establecida por el Congreso el año 2001 y presidida por el extinto legislador Javier Diez Canseco, halló diversas irregularidades en estos procesos, además de evidencias de faltantes en la caja fiscal. En estas irregularidades no estaba implicado solamente Fujimori, sino varios de sus colaboradores en el gobierno, en especial algunos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Algunos han sido juzgados y sentenciados por el Poder Judicial. Además, está el asunto de los estudios de sus hijos en el extranjero, como es el caso de Keiko Sofía, quien aunque reconoció haber recibido dineros de su padre para este fin, no ha sabido explicar por qué las fechas de recepción eran tiempo después de haber concluido su carrera universitaria. Sus hermanos tampoco han podido sustentar lo mismo. Lo cierto es que todo este prontuario, con casos probados de corrupción, indicios y temas pendientes por dilucidar, es la comprobación de que la década de Fujimori fue la más cleptócrata de nuestra historia.
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La población debe ayudar FOTO: MARITA SAMANEZ
Denis Merino J]\Y[[a f
La población tiene que tomar conciencia que los delitos de corrupción atentan contra el Estado y particularmente contra los sectores más humildes y denunciar a los que cometan estos delitos con la seguridad que gozarán de protección”, dijo Susana Silva Hasembarnk, coordinadora de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN). Asimismo, coincidió con lo manifestado por el presidente Ollanta Humala en su discurso del 28 de julio respecto a la imprescriptibilidad y muerte civil para los funcionarios de todos los niveles que cometan estos actos. Abogada de profesión, Silva laboró anteriormente en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, la Municipalidad de Lima y la Cruz Roja Peruana. La funcionaria señaló que desde hace casi dos años existen en el Congreso proyectos de ley para sancionar ejemplarmente a quienes desde la administración pública tomen dineros de las arcas estatales o participen en conflictos de intereses, es decir, trabajando para el Estado favorezcan a empresas privadas en las que tienen alguna participación o lo contrario. TRECE PROYECTOS “En lo que va del periodo legislativo 2011-2013 se han presentado hasta el momento 13 proyectos de ley que plantean modificaciones, en los códigos penal y de ejecución penal con la finalidad de incorporar la imprescriptibilidad y la inhabilitación perpetua para los delitos
La tarea es muy grande, dice Susana Silva.
=phj]kY hj]ka\]flY \] dY ;geaka f \] 9dlg Fan]d 9fla[gjjmh[a f$ KmkYfY KadnY& de corrupción, tres o cuatro de ellos tienen dictámenes favorables, esperamos su aprobación lo más pronto posible”, precisó. Los mencionados proyectos de congresistas de las bancadas de Gana Perú, Solidaridad Nacional y Alianza Parlamentaria, proponen la inhabilitación perpetua para funcionarios y servidores públicos, así como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, también como exceptuarlos del derecho de amnistía. El 14 de setiembre del 2011, el fallecido congresista Javier Diez Canseco presentó el proyecto de ley 203 que precisaba “funcionarios, servidores públicos o cualquier persona que haya participado en delitos que afec-
ten gravemente el patrimonio del Estado se encuentran inhabilitados definitivamente para ejercer cargo o función pública” y añadía “los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles”. El citado proyecto pasó el 16 de octubre de ese año a la Comisión de Constitución y ahí quedó. CONTRA LOS POBRES Desde su llegada a la CAN, hace año y medio, Silva coordina acciones a favor de la lucha contra la corrupción, “hechos que indignan por perjudicar a los más pobres del país y a quienes debe caer todo el peso de la ley y que nunca más ingresen a laborar al Estado. Nuestro lema es No a la Impunidad”.
La CAN es una entidad que tiene entre sus miembros a representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Congreso de la República, Conferencia Episcopal Peruana, Consejo Nacional de la Magistratura, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Proética, Sociedad Nacional de Industrias, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y Consejo de la Prensa Peruana, entre otros. Desarrollan su accionar en base al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016,
que precisa la importancia de combatir la corrupción a nivel nacional, regional y local y “colaborar en la mejora de la detección, prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables de actos de corrupción”. Su misión principal está orientado a lograr “un Estado transparente que promueva la probidad en el actuar público y privado; y garantiza la prevención, investigación, control y sanción efectiva de la corrupción en todos los niveles”. RECUPERAR VALORES “Pretendemos rebajar los niveles de corrupción y que la comunidad se indigne con estos hechos y colabore en esta misión que nos hemos impuesto. Tenemos que recuperar auténticos valores como la ética, la honestidad y que los ciudadanos puedan volver a confiar en las instituciones públicas”, señala Silva.
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FOTO: HUGO CUROTTO
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Hay que desterrar la mentalidad del “Roba, pero hace obra”.
Expresa que la gente debe olvidar el dicho “que importa que robe si hace obras” porque no es correcto. “Todos los funcionarios están obligados a trabajar y efectuar obras en forma honrada, sin robar. Para terminar con esta idea promovemos campañas de denuncias”. Sobre el temor de la gente a represalias por denunciar actos de corrupción, sostiene que los denunciantes tienen sus identidades ocultas y que existe un dispositivo en el ámbito penal que los protege. También cita el anteproyecto de ley sobre multas en delitos de corrupción que establece una sanción pecuniaria además de la pena privativa de libertad e inhabilitación para los delitos de concusión, colusión, peculado, malversación de fondos, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, soborno y corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales y que tiene como referente a legislaciones de España, México, Chile, Colombia, Uruguay,
Brasil y Bolivia. Puntualiza que además se pretende modificar el artículo 425 del Código Penal para incluir en la sanción por actos de corrupción a los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades con economías mixtas. RECUPERAR VALORES En el Plan que rige a la CAN se hace referencia a prácticas corruptas pequeñas hasta los grandes desvíos de fondos públicos que la gran corrupción ha producido en los últimos años. “Es claro que la corrupción afecta a la economía del país y a la economía doméstica de los ciudadanos, pero también afecta derechos, acceso a servicios, así como a la gobernabilidad y la confianza en el Estado y en sus funcionarios”, señala. Otro de los objetivos de la
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CAN es posicionar al Perú en espacios internacionales de lucha contra la corrupción como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). La CAN, según el Plan Nacional, auspiciado por una organización alemana, pretende “lograr la recuperación de valores éticos en lo que corresponde a la honestidad, profesionalismo y transparencia en el manejo de recursos del Estado; la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de la administración del Estado; y un cambio importante en los índices nacionales e internacionales de percepción de la corrupción en los próximos años”. PERCEPCIONES Silva dijo que la CAN no recibe denuncias y que las instituciones encargadas de su recepción e investigación son el Ministerio Público, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y la Procuraduría Anticorrupción. Según la VII Encuesta Nacio-
ddYk afa[aYlanYk ]f[YeafY\Yk Y kYf[agfYj \j~kla[Ye]fl] Y dgk [gjjmhlgk& Hgjim] ka k] jgZY Yd hY k$ k] jgZY Y [Y\Y mfg \] dgk h]jmYfgk& E]fkYb] Y dY FY[a f$ *0 \] Bmdag \] *()+! FOTO: JAVIER QUISPE
La corrupción le roba a los pobres.
nal del 2012 de Proética sobre percepciones de corrupción en el Perú, la corrupción es la segunda preocupación más importante para los ciudadanos, luego de la inseguridad ciudadana. El 15% manifiesta haber recibido solicitudes de sobornos, 9% de los cuales asegura haber accedido a estos. En otras mediciones, a nivel institucional, el Sistema de Justicia y el Congreso aparecen con el índice más alto de percepción de corrupción en el Perú.
Por su parte, Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de Corrupción del 2011, ubica al Perú en la posición 80, de entre 183 países. Considerando solamente países del continente americano y el Caribe, nuestro país se encuentra en la posición 14 de un total de 28 países o sea por encima del promedio regional y a nivel sudamericano, entre 10 países, el número cuatro.
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