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l Alto Comisionado de la ONDS de la Presidencia delCongresodeMinistros, VladimiroHuaroc,destacó recientementeunrecuento alentador de los diez primeros meses, en el que destacó que se ha logrado avances por los cuales en la actualidad en todas las regiones donde se han producido conflictos sociales, el Estado trabaja mancomunadamente con la población dialogando y canalizando sus inquietudes con el fin no solo de solucionar o distender los conflictos, sino también de llevar el apoyo que los pueblos del Perú necesitan para lograr la verdadera inclusión social que se merecen. El titular de la ONDS destacó que en de diez meses de labor de la oficina que dirige se ha podido resolver 32 conflictos sociales mediante el diálogo con las poblaciones y comunidades, orientado, señaló, a alcanzar objetivos comunes que beneficien a los pobladores más necesitados.
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Huároc destacó en tal sentido el trabajo que la ONDS desarrolla a través de las mesas de diálogo y desarrollo a lo largo de todo este tiempo, en contacto con los directamente involucrados para aplicar una dinámica de comunicación relacionada a los beneficiosquetienelainversiónprivada con responsabilidad social, alusión evidente a los conflictos generados por la intrusión de empresas mineras que rechazan muchas poblaciones al considerar afectadas su economía agrícola y su medio ambiente por una
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Conflictos: entre el diálogo y la violencia
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Acerca del caso Conga, consi-
derado una piedra en el zapato que obstruye los planes gubernamentales de viabilizar grandes inversiones en el sector minero,el titular de la ONDS señaló que se necesita acompañar el proceso de diálogo con los actores principales, aparente referencia al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, con quien ha dicho estar dispuesto a reunirse con el primer ministro, César Villanueva. Según Huároc, el Gobierno del Presidente Ollanta Humala, siempre tiene las puertas abiertas para el diálogo franco en beneficio de esa región norandina, que por los hechos ya conocidos, pasa por una situación difícil. Sin embargo, señaló que la población cajamarquina tiene la predisposición de trabajar conjuntamente, a través de las mesas de diálogo, para buscar la solución definitiva al impase minero en la zona. Respecto al proyecto Cañariaco
en la sierra lambayecana, indicó que el mencionado proyecto se encuentra en proceso de exploración, al precisar que la empresa minera ya manifestó su disposición de continuar trabajando en la zona, por lo que reiteró el seguimiento al diálogo entre las partes en beneficio de la población circundante al proyecto minero. Eso demuestra, dijo, el compromiso del Gobierno en continuar con el diálogo en todas las localidades donde se presenten conflictos sociales. Huároc, aclaró que las cifras manejadas por la Defensoría del Pueblo para los casos de conflictos sociales, difieren de las de su oficina en que las variables son distintas pues la dependencia defensorial incluye también impases de carácter estrictamente locales y la ONDS se avoca a temas de conflicto social a nivel macro.
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n optimista ministro de Energía y Minas parecía convencido en que en 2014 se concrete por fin el proyecto Conga, frenado desde 2011 por resistencias sociales en Cajamarca que han causado la caída de dos gabinetes ministeriales, uno por no haber podido viabilizarlo mediante el diálogo y otros por fracasar en el empeño de sacarlo adelante por la fuerza. En el marco de la última Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el ministro Merino afirmó que las expectativas del gobierno apuntan a la puesta en marcha en 2014, de tres megaproyectos mineros: Tía María, Quellaveco y Conga. Señaló que en el caso de Tía María que se desarrolla en Arequipa cuyo proyecto se encuentra paralizado por falta de licencia social, se viene trabajando dos talleres informativos, mientras que el de Quellaveco, en Moquegua, ya consiguió la aceptación de las organizaciones sociales. Sobre el proyecto Conga, Merino recordóquesehanhechonotablesavances en el tema de mayor acceso al agua y recordó que el temor a que se afecte la provisión de agua fue el argumento para que se paralice el emprendimiento. El esfuerzo realizado por la empresa Yanacocha para atender esa inquietud, según Merino, se refleja en que Yanacocha ha construido el reservorio Chailguagon y ha solicitado autorizaciones para la construcción del segundo reservorio denominado Perol, que según dirigentes sociales de la zona es el preludio de la desaparición de la laguna del mismo nombre. Entre esfuerzos del Estado para sacar adelante el proyecto, que parten del entendido de que al pueblo de Cajamarca lo que le interesan son obras que alivien sus necesidades, Merino mencionó que el gobierno ha culminado, junto a la municipalidad de Cajamarca, los estudios para el reservorio de Chonta, que dará 30 años de agua a la zona. “Es necesaria la ejecución, no solo de Conga sino de todos los otros proyectos que cumplan estrictamente los temas ambientales pero que incluyan, también, trabajo a la gente que le cambie la vida”, ha dicho el ministro. “En realidad nosotros esperamos que la empresa (Yanacocha) cumpla lo que ha ofrecido: con más agua, no hay razones para que (Conga) no vaya, no hay razones técnicas que no se puedan superar, porque en el mundo estamos viendo cómo se compite para traer inversiones, porque estas dan oportunidades a los jóvenes para trabajo, a eso tenemos que ir, los enemigos no estamos en el país, la competencia es en el mundo que se llevan las inversiones, el tiempo es ahora, porque cuando los precios bajen de repente el cobre no va a valer. Hoy
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CAJAMARCA
Conga, el nudo por desamarrar FOTO: JHONEL RODRÍGUEZ
ción como siempre lo ha hecho, no tiene respeto por proyectos como Tía María y Conga, aunque Yanacocha debe aprender a respetar sus propios acuerdos con el Estado; pero nos demuestran que nunca han respetado ningún compromiso”, afirmó. “Les digo que nos dejen en paz y no se quieran venir a aprovechar de un año electoral, creyendo que todos estamos distraídos y el pueblo no va a tener capacidad de lucha; que no subestimen a la población y sus dirigentes sociales”, agregó.
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FOTO: JHONEL RODRÍGUEZ
día tenemos que luchar todos para sacar todos los proyectos responsablemente”, argumenta Merino.
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Sin embargo, el optimismo del ministro se estrelló con una declaración del presidente regional y principal opositor de Conga, Gregorio Santos Guerrero, líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) y que no oculta sus aspiraciones a ser candidato presidencial. Afirmó que el Gobierno pretende ingresar a Cajamarca a saquear los recursos naturales. Además, descartó que las próximas elecciones municipales y regionales vayan a encontrar al pueblo de Cajamarca desunido, según sugirió, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Por el contrario, advirtió que, de continuar lo que llamó acciones represivas gubernamentales,, la lucha podría reactivarse en cualquier momento. “Lo de Merino es una provoca-
El vicepresidente regional cajamarquino, César Aliaga sostuvo que, por su conducta povocadora, el ministro Merino parece estar buscando trabajo en Yanacocha, y el gobierno sabe que el tema es difícil y que el conflicto social no se ha terminado ni el movimiento de rechazo a Conga se ha debilitado Adelantó que en cuanto la empresa empiece a desarrollar las fases más poroblemáticas, como el desagüe de las lagunas, la protesta se va a reanudar de manera inmediata y violenta, porque hay un gran sector del campesinado decidido a luchar, frente a solo 32 comunidades que apoyan el proyecto. Sostuvo igualmente que el problema no es Gregorio Santos, sino la posición de las comunidades cercanas al proyecto. El tema se está introduciendo por otra parte en el terreno electoral. “El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos , utiliza el tema de Conga para ocultar los actos de corrupción en su gestión”, afirmó el candidato a la alcaldía de la provincia de Cajamarca, Rodolfo Ortiz. Emplazó a Santos a que, en lugar de hacerse la víctima frente a los severos cuestionamientos de la Contraloría General de la República, de la Fiscalía Supranacional y del mismo Congreso , se ponga a derecho y responda por el mal destino de 130 millones de soles, por lo que tiene una denuncia formal El presidente regional sostiene que las acusaciones en su contra son falsas y constituyen una maniobra del gobierno para desacreditarlo y castigarlo por su posición de rechazo al proyecto Conga.
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INFORME
Mapa de la conflictiv ElXIIIInformedelObservatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz por sexto año consecutivo, presenta el monitoreo de cinco zonas de intervención: Piura, Cusco, Cajamarca, Apurímac y Junín.
E
n el segundo semestre de 2013 se reporta la consolidación del modelo económico basado en la extracción de recursos minerales, dice el informe, según el cual el discurso del presidente Humala en la clausura de PERUMIN resultó un claro indicador de la apuesta del actual gobierno.Todo apunta a la continuidad de las políticas que han estado vigentes en las últimas décadas y que incluso se busca profundizarlas mediante la flexibilización y facilitación de las reglas del juego para los inversionistas y el desbloqueo de los proyectos mineros que hasta la fecha no se han materializado, dice el informe. Fruto de este compromiso, se han establecido sanciones para los funcionarios que obstaculicen las inversiones. =EHJ=K9JAGK El gremio de empresarios mineros ha ido en la misma dirección, señala y cita como prueba de ello que la hoja de ruta minera presentada en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2013 que se traza como objetivos aumentar la certeza de implementación del marco legal vigente, -dejando mostrar su preocupación por la aplicación de la consulta previa-, y aminorar los tiempos de aprobación de los permisos, entre otros. Hay que tener en cuenta además que la implementación de los proyectos mineros viene de la mano de la construcción de centrales hidroeléctricas que van a cumplir el rol de abastecimiento de energía de estos proyectos. Ello evidentemente va a generar impactos ambientales mayores sin que a la fecha se hayan diseñado instrumentos de gestión ambiental que permitan
medir los mismos. En este escenario las tensiones permanecen en varias regiones del país aunque con características distintas a la de años precedentes, como lo muestra el presente informe. Apurímac se sigue consolidando como el nuevo centro de inversión minera, concentrando el 21% de la cartera de inversión minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac Ferrum, Los Chankas, entre otros. Solo el proyecto de Las Bambas demanda una inversión de más de US$ 5,200 millones. Además, cobra mayor fuerza en varias regiones, -en especial Apurímac-, el conflicto con la minería informal y la ilegal, frente a la cual el Gobierno sigue sin establecer políticas públicas integrales que den respuesta a la problemática social, ambiental y económica que se deriva de esta actividad.
La estrategia del gobierno para enfrentar los conflictos y las resistencias parece apostar al cansancio de los pobladores, olvidándose de abordar las bases objetivas que han explicado los conflictos en distintas regiones del país, sostiene el reporte. ;GFKMDL9 J=<M;A<9 Por otro lado, las únicas reformas anunciadas,comoladelServicioNacional de Certificación Ambiental (SENACE), muestran retrasos significativos, según el documento. Con otras características, el tema de la implementación de la consulta previa para los pueblos indígenas ha terminado siendo reducida a procedimientos que no responden a los estándares que plantea el propio Convenio 169 y en la que se sigue pretendiendo marginar a buena parte de las poblaciones andinas que se reconocen
como pueblos indígenas, sostiene el informe. Todo ello, dice, muestra que se han impuesto las resistencias a realizar cambios en las políticas vigentes que permitan actividades extractivas en el país bajo adecuados estándares ambientales y sociales. El crecimiento de la actividad minera en esas condiciones no solo no es sostenible, sino que seguirá produciendo una fuerte conflictividad social. Caso Apurímac. Este año registra que el 66.5% de su territorio está concesionado a la minería, más de un millón 388 mil hectáreas, 12% más que el año 2012. La venta del proyecto Las Bambas por la empresa minera Glencore Xtrata, -en respuesta a la exigencia realizada en abril por el Ministerio de Comercio en China-, se ha convertido en una nueva posibilidad de inversión para numerosas
empresas que están presentando sus ofertas, entre ellas, destaca la fuerte apuesta que están realizando las corporaciones chinas. Minmetals presentó la primera oferta para adquirir este proyecto, como así lo anunció el director gerente de la citada firma estatal, Gu Liangmin. Asimismo, según fuentes del sector, Chinalco Mining Group y Jiangxi Copper podrían pagar los US$5,900 millones que vale el proyecto de cobre. Por otro lado, uno de los problemas más graves que enfrenta la región de Apurímac es el de la minería informal, fenómeno que, según el presidente del Gobierno Regional, Elías Segovia, se deriva de los obstáculos que existen en la normativa actual. En Apurímac, existen 45 asociaciones de mineros artesanales y ninguna de ellas ha logrado formalizarse. Un hecho relevante en este período ha sido el anuncio del Gobierno Regional de haber logrado destrabar el millonario proyecto de hierro Apurímac Ferrum-paralizado durante casi dos
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vidad años debido a litigios entre sus accionistas, y cuyo costo de desarrollo supera los US$2.600 millones- gracias al acuerdo mediante el cual la empresa minera debe ceder un pedazo de terreno a la comunidad campesina para su explotación, a cambio de que ésta la autorice a usar su territorio superficial para el proceso de exploración. Caso Cusco. Esta región tiene el 23.6% de su territorio concesionado, más de un millón 695 mil hectáreas. Como resultado del crecimiento sostenido de la actividad minera en la región se abrieron varios procesos de diálogo mediante los cuales las organizaciones y autoridades están planteando a las empresas los estándares sociales y ambientales bajo los cuales debe desarrollarse la actividad minera en sus territorios. Es el caso de lo que acontece en Chamaca donde la autoridad local y las poblaciones han iniciado un proceso de diálogo con la empresa minera canadiense HUDBAY MINERALS. INC CANADÁ con su proyecto Constancia, en el que se han llegado a varios acuerdos entre la empresa y la población en los últimos meses. Este proceso comenzó en noviembre de 2012 cuando la Asamblea Popular -integrada por las Autoridades locales, las Organizaciones Sociales, las Comunidades Campesinas y los representantes de la empresa HUDBAY- decidió instalar una Mesa de Diálogo como respuesta a la preocupación que generaba entre la población la presencia de esta compañía en la zona por su impacto en las actividades agrícola-ganaderas y por la posible contaminación del agua. Otro proceso donde se ha abierto el diálogo es en Espinar donde se ha acordado la continuación de los Monitoreos Ambientales Participativos, aunque las negociaciones para la Reformulación del Convenio Marco siguen detenidas. Aún no se ha llegado a un consenso en el aporte económico entre el municipio y la empresa. Asimismo, uno de los temas que ha generado malestar en la provincia ha sido la reducción del monto de canon minero que recibe el municipio de Espinar, en consonancia, con lo que le sucede a Cusco que ha recibido casi un 90% menos respecto al 2012. Por otro lado, el caso Majes Saguas II, que ha enfrentado a los Gobiernos Regionales de Cusco y Arequipa, y en el que destaca la férrea oposición de Espinar al proyecto, frente a la luz verde otorgada en noviembre por el Gobierno Regional Cusco al proyecto, ha puesto en alerta a la provincia de Espinar.
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Caso Cajamarca. El 42.2% del territorio cajamarquino está concesionado a la minería. El sistema de vigilancia establecido en Conga, también llamado como “guardianes de las lagunas” o “ronderos guardianes del agua”, promovido por las rondas campesinas y pobladores afectados, ha asumido un rol fundamental en la defensa de las tierras y de los recursos hídricos de la región, frente a la compra de terrenos por parte de intermediarios de las empresas mineras. Como consecuencia de su activo papel de oposición al proyecto, las rondas campesinas están en el punto de mira de las fuerzas de seguridad, siendo objeto de violentas agresiones y del hostigamiento. El futuro del proyecto Conga sigue sin ser revelado, lo cual ha generado gran incertidumbre, alimentada además por
los diferentes funcionarios del gobierno central que emiten declaraciones contradictorias sobre la paralización o no del proyecto. Estas declaraciones y eventos están enmarcados en declaraciones de la propia empresa Yanacocha que asegura reevaluará el proyecto minero Conga a partir de 2015. Por otro lado, el desarrollo del megaproyecto Chadín 2 se ha convertido en un nuevo foco de tensión en la región, luego de la violenta represión de la policía en julio de 2013, contra pobladores afectados. Finalmente, cinco años después del asesinato de cinco civiles durante las protestas en la región, todavía siguen sin ser identificados ni sancionados los responsables. Caso Junín. Más de un millón de hectáreas de su territorio se encuentra
concesionado, es decir un 27.4% de su territorio. Uno de los hechos más relevantes ha sido el giro decisivo que podría tomar el proceso penal por delito de insolvencia fraudulenta abierto hace dos años por Consorcio Minero (Cormin) al accionista controlador de Doe Run, el multimillonario Ira Rennert, y a Bruce Neil, ex gerente general de la empresa en nuestro país. Las pruebas recogidas por Cormin, y en manos del Ministerio Público, documentarían que la adquisición del Complejo Metalúrgico de La Oroya por parte de Doe Run (1997) fue fraudulenta. Aunque el caso fue archivado por la Corte Superior de Justicia el pasado mes de mayo, podría ser reactivado por la Corte Suprema de Justicia y las pruebas presentadas por Cormin se harían públicas.
En el caso de Morococha se ha decidido por aprobación mayoritaria del pleno del Congreso de la República el trasladado de la capital del distrito de esta localidad a la de Carhuacoto que, de ahora en adelante, se denominará “Nueva Morococha”. Este cambio ha generado controversias ya que se señala que no cumple con las condiciones de seguridad necesarias para ser capital de distrito ni con los requisitos legales necesarios. Caso Piura. El 32% de su territorio está concesionado a la minería. En esta región se pretende reactivar la actividad extractiva como así lo ratificó el presidente Humala en su discurso dirigido a los empresarios mineros en la 31 Convención Minero-Perumin donde planteó su compromiso de hacer de la minería una palanca para el desarrollo y su compromiso para desbloquear los proyectos mineros que hasta la fecha no se hayan materializado. El presidente señaló la importancia de la producción de oro y cobre en la Macro Región Norte, pareciendo referirse- pues no lo citó específicamente-al Proyecto Río Blanco, el cual ha generado una fuerte resistencia de la población local de Ayabaca y Huancabamba que ha logrado finalmente que la empresa cierre sus oficinas hasta que no se den las condiciones para operar en la zona. Asimismo, en el territorio de la comunidad de Locuto, en Tambogrande, la fuerte presencia de la empresa minera Buenaventura dio lugar a que se convocara una consulta comunal que fue frustrada ya que algunos dirigentes denunciaron que hubo fraude. Otro caso que se ha visibilizado en el semestre es el malestar de la población de Bayóvar con la empresa Miski Mayo, subsidiaria de Vale de Rio Doce y que explota los fosfatos de Bayóvar. Los pescadores y maricultores están preocupados por la contaminación.
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Habrá más conflictos por la minería ilegal Af^gje] \]d GZk]jnYlgjag \] ;gfÈa[lgk Eaf]jgk ]f ]d H]j & =d [j][aea]flg \]k[gfljgdY\g \] dY eaf]j Y af^gjeYd YZj] mf `gjargfl] eYj[Y\g hgj dY [gfÈa[lana\Y\&
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l último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú identifica a la minería informal como uno de los principales focos de conflicto a nivel nacional con un crecimiento explosivo y descontrolado. Entre 2005 y 2011 el número de titulares en régimen de minería artesanal se han incrementado en un 20%, mientras que el área concesionada prácticamente se triplicó, pasando de 1.5 millones a 4.4 millones de hectáreas, muchas de las cuales se convertirán en operaciones legales o serán tomadas por mineros ilegales. Jose de Echave, investigador de CooperAcción, resaltó que si bien el 2012 los conflictos sociales han disminuido, pero los conflictos latentes se mantienen en proyectos mineros como Conga (Cajamarca), Espinar (Cusco), Tía María (Arequipa) y en Madre de Dios por la concentración de la minería ilegal.
Señaló que la agenda de los conflictos se ampliaron, en años pasados los temas que movilizaban a las poblaciones era el agua y la tierra y que actualmente los conflictos latentes son por la reducción del canon minero, la incesante minería informal en un número creciente en regiones y las políticas para destrabar las inversiones. El informe destaca que la región Apurímac sigue siendo, de entre las zonas monitoreadas, la región que concentra mayor cantidad de conflictos sociales, y sigue consolidando como el nuevo centro de inversión minera, concentrando el 21% de la cartera de inversión minera con proyectos como Las Bambas, Apurímac Ferrum, Los Chankas, entre otros. Solo el proyecto de Las Bambas demanda una inversión de más de US$ 5,200 millones. De Echave señaló que durante el 2011 y 2012 las inversiones mineras no se han reducido, que según cifras
oficiales del Ministerio de Energía y Minas muestran que en esos años las inversiones se incrementaron en un 18% pasando de US$ 7,243 millones a US$ 8,549 millones, una tendencia que continuó durante el primer semestre de 2013, aumentando en un 19%. Es decir que las políticas para “destrabar las inversiones” no han tenido justificación.
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Ana Leyva, abogada de Fedepaz señaló que la minería ilegal en la región Piura se viene desbordando y que las competencias que se les ha dado a todos los gobiernos regionales son insuficientes porque no tienen capacidades para abordar el tema, por lo que se requiere que el Estado tenga capacidad multisectorial para enfrentarla. Así el informe agrega que de las aproximadamente 70 mil Declaraciones de Compromiso presentadas a
noviembre de 2012, a agosto de 2013, sólo 20.875 mineros habían iniciado el trámite de formalización. A comienzos del 2012, el Ministerio de Energía y Minas estimó que hay unos 100.000 mineros, en su mayoría informales, y unas 400.000 personas que dependen de estas actividades. Pablo Sánchez de Grufides presentó el impacto del megaproyecto de la hidroeléctrica Chadín 2, conformado por 24 hidroeléctricas, y que se convierte en Cajamarca en un nuevo núcleo de tensión, luego de la violenta represión de la policía en julio de 2013, contra pobladores afectados. Los pobladores denunciaron irregularidades en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del megaproyecto. Afirmó que el megaproyecto desaparecería el río Marañón, que pasaría de un caudal de 450 m3/ segundo a 70 m3/segundo durante el llamado de embalse.
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a escena oscila entre las secciones de temas sociales y policiales y se ha vuelto cada vez más frecuente: sicarios asesinan “al paso” a un dirigente de construcción civil, en la puerta de su casa o de su centro de trabajo. Son las mafias del terror que actúan en el sector construcción, sin que las autoridades pongan coto a su delictiva actividad. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, tiene la trágica cifra a la mano: son nueve los dirigentes de su gremio de origen, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que han sido asesinados por mafias de extorsionadores que asolan las edificaciones, para traficar con puestos de trabajo y cobrar cupos a los constructores, y parece no haber nadie que desarticule esas bandas de hampones que usan la cobertura del sindicalismo paralelo para sus atrocidades. Tanto Huamán como el citado gremio y los familiares de las víctimas asesinadas por las mafias han pedido al premier César Villanueva y al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que la policía actúe con contundencia para desarticular esas bandas y acabar con las extorsiones, amenazas y asesinatos de dirigentes. El norte chico se ha convertido en epicentro de esas actividades criminales, que siembran el terror en ciudades como Barranca, Paramonga, Huacho y Pativilca. “Capturen a los cabecillas de esas mafias, desarticulen a esos seudosindicatos y destituyan a los policías corruptos que los protegen”, asevera Huamán, quien recientemente encabezó una marcha sindical hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar la situación y pedirle a esa entidad apoyo contra lo que el sindicalista no duda en llamar lacra. La lista de víctimas de los mafiosos, indicaHuamán,sehaincrementadocon los recientes asesinatos de los dirigentes sindicales Juan Falcón Caldas y Mario Mendoza Chávarri (de Huacho), así como Gilmer Castro Arteaga y César García Chinchay (de Paramonga). Las organizaciones delictivas que han proliferado con el complaciente reconocimiento del Ministerio de Trabajo a sindicatos paralelos, durante el último gobierno de Alan García, asesinaron el 21 de octubre a Jesús Aníbal Ruiz Díaz, secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Paramonga en la puerta del local sindical de esa ciudad como represalia por enfrentar y denunciar en forma constante a los mafiosos.
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CONFLICTO DELINCUENCIAL
Construcción: Las mafias del terror
Según Huamán, el autor intelectual del asesinato de Ruiz, quien recibió siete balazos, dos de ellos en la cabeza, es Miguel Ángel Tapia Ramos, alias “Pollo a la Brasa”el secretario general del grupo de construcción civil de la Central de Trabajadores del Perú (CTP), ligada al Partido Aprista. Habría pagado 15 mil soles para mandar a matarlo, señala. A la familia de Ruiz le preocupa que Miguel Lastra, Aurelio Vega, Juan Mendoza y Johnny Nalvarte, detenidos por el asesinato del sindicalista, queden impunes, y tienen la versión de que la mafia de la construcción habría hecho una bolsa de 200 mil nuevos soles para sobornar a jueces y fiscales a fin de librarlos de culpa. Además, la viuda y las hijas del finado dirigente fueron amenazadas el 3 de noviembre, de madrugada, por sicarios que dispararon a la puerta de su casa.
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para ellos figuran entre los beneficiarios de los numerosos indultos otorgados por el expresidente García.
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El modus operandi de la mafia es conocido. Apenas comienzan los trabajos de una construcción, se presentan y exigen la mitad de los puestos de trabajo. Si no les hacen caso, vuelven con una banda armada y atacan la obra, amenazan a los ejecutivos y maestros de obras y finalmente la empresa afectada acepta negociar y consiguen su objetivo. Además, de los puestos de tra-
bajo, en los que ponen a allegados a cambio muchas veces de dinero, los delincuentes exigen hacerse cargo de la seguridad armada de la obra, con lo cual virtualmente controlan la misma en forma permanente. Pedro Péndola, presidente del Comité de Edificaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), ha declarado que las constructoras están lidiando con mafias infiltradas en los sindicatos. “Es obvio que delincuentes que hace una década se dedicaban a secuestrar personas han encontrado una forma rápida y segura de obtener dinero”, ha declarado el dirigente empresarial. Las mafias también causan evidentes perjuicios a las empresas, por lo que en reiteradas oportunidades Capeco ha actuado junto a la CGTP y la Federación de Construcción Civil para demandar acción para frenar a los criminales.
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