Trabajadores de la Enseñanza. Diciembre 2015 by Trabajadores de la Enseñanza. FETE-UGT

Treballadors de l’ensenyament

Irakaskuntza Langileak

Traballadores do Ensino Diciembre 2015-Enero 2016

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Elecciones generales 20-D: Priorizando la Educación Por un Acuerdo social y político en Educación La enseñanza bilingüe, un puzle diverso e incompleto

PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2016 CURSOS DE LIBRE ACCESO

DENOMINACIÓN

HORAS

EL DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN LA LOMCE

LA PROGRAMACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLER. ADECUACIÓN LOMCE

105

LA PROGRAMACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA: ADECUACIÓN LOMCE

105

ESTRATEGIAS PARA LA DEFENSA ORAL DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

EL APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS BÁSICAS

CIBERBULLING: PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DESDE EL CONTEXTO ESCOLAR Y FAMILIAR

ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

NOTEFLIGHT Y SU USO EN EL AULA: CREACIÓN Y EDICIÓN DE PARTITURAS ON LINE

CÓMO ABORDAR LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO EN EL AULA

TALLER DE COMPETENCIAS: METODOLOGÍA

COACHING PARA EL DOCENTE

CURSO PRÁCTICO DE PIZARRAS DIGITALES 1

CURSO PRÁCTICO SOBRE BLOG Y HERRAMIENTAS 2.0 EN EL AULA

www.feteform.com

Opinión

No nos gusta el Libro blanco propuesto por José Antonio Marina

n plena campaña electoral se presenta un Libro blanco elaborado por José A n t o n i o Marina y encargado por el Ministerio de Educación , y que, según la propia introducción del documento, es un estudio del papel que los docentes debemos asumir en la actualidad para mejorar la calidad del ejercicio docente. El Ministerio, después de la imposición de una ley rechazada por la mayoría de la comunidad educativa y, sobre todo, después de la poca valoración que ha manifestado hacia el profesorado y su labor docente, pretende ahora poner como eje central de todos los problemas del sistema educativo al profesorado y presenta una serie de propuestas sancionadoras como la solución a los mismos, muy lejos de hacer un diagnostico real de la educación en nuestro país, y proyectando una imagen negativa del profesorado y de la realidad de los centros. Una mejora del sistema educativo debe incluir todos los aspectos que lo forman y no únicamente al profesorado. Es una pieza clave pero no la única. En FETE-UGT venimos reclamando desde hace ya muchos años el reconocimiento de la profesión docente, un estatuto del profesorado en el que se establezca una adecuada carrera profesional y una dignificación de condiciones laborales, ya que todo esto incidirá de manera positiva en la estima propia y en la valoración que la sociedad ha de tener de nuestro colectivo como uno de los factores determinantes para una educación de calidad. FETE-UGT siempre ha considerado necesario abordar una serie de aspectos que contribuyan a una mejor preparación del profesorado, a un mayor reconocimiento, valoración y apoyo del mismo. Una sociedad que cree en

la educación valora y reconoce la labor del profesorado. Por ello venimos pidiendo que las Administraciones educativas presten una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en las que el profesorado realiza su trabajo, confiando y reconociendo la complejidad de su labor y contando con él para la toma de decisiones. Si lo que demandamos es un verdadero debate educativo, el punto de partida no puede ser un Libro blanco en el que el profesorado no ha partici-

El Ministerio pretende poner al profesorado como eje central de todos los problemas del sistema educativo y presenta una serie de propuestas sancionadoras

El documento propuesto está supeditado a la LOMCE como concepto ideológico, desconoce la realidad de los centros docentes y es partidista y sectario pado, y más siendo el colectivo al que van dirigidas las propuestas. Recordamos que existe un borrador del Estatuto desde el 2007 pendiente de negociar y que, parece ser, está olvidado por parte del Ministerio, así como otras propuestas a valorar igualmente. El documento concreta una determinada ideología que pasa por una mayor jerarquización en la vida interna de los centros al convertir al director y al gerente (actual secretario) en verdaderos jefes de empresa.

Se considera negativamente al profesorado, al que se somete a distintas pruebas y cribas primando el carácter sancionador. Aborda la formación inicial intentando trasladar el MIR sanitario a la educación, lo que nos plantea numerosos interrogantes que van a afectar a toda la organización del sistema formativo, empezando por la estructura del mismo, las universidades, los docentes , entre ellos, al colectivo de interinos, que ronda el 27% en la actualidad… La propuesta de los Centros Superiores de Formación del Profesorado es otra que nos genera dudas como ¿qué tipos de centros son, quién los forma, qué vinculación tendrán con la universidad, habrá profesorado específico…? El sistema MIR del Libro Blanco introduce una prueba de selección para el acceso al DEP (Docente en prácticas) muy exigente, con númerus clausus que, junto a la superación del máster, más dos años de prácticas tuteladas, amalgaman un proceso formativo lleno de obstáculos y que no asegura la inserción laboral. Por otra parte, el concepto de carrera profesional que proponen supone una continua superación de trabas al plantear una evaluación periódica, individualizada, vinculada a los resultados del alumnado, a los conocimientos del docente, a sus logros…, y además al margen del proyecto educativo del centro, con el agravante de que todo ello puede repercutir en sus retribuciones. Por todo ello, FETE-UGT rechaza el documento propuesto por el Ministerio por estar supeditado a la LOMCE como concepto ideológico, porque parte del desconocimiento de la realidad de los centros docentes y de la labor que se realiza en ellos, por no dar participación en su elaboración y porque es un documento partidista y sectario alejado del consenso que necesita la comunidad educativa. Carlos López Cortiñas Secretario general de FETE-UGT 3 Trabajadores de la Enseñanza

Sumario Trabajadores de la Enseñanza

Redacción

Diciembre 2015-Enero 2016

Directora: Charo Pérez Molina

Opinión

• No nos gusta el Libro blanco propuesto por

Consejo de redacción:

José Antonio Marina

Elecciones generales

Carlos López Cortiñas

Ángeles Villaverde Ruibal

• Propuestas básicas de FETE-UGT ante los comicios

Luis Andrés Muñío Garay

del 20 de diciembre

Miguel Latorre García Jesús Isidoro Gualix Muñoz

• Los partidos políticos, ante las elecciones

Ramón Sans Fonfría

• Por un Acuerdo social y político en Educación

Presupuestos

Maribel Loranca Irueste

Luz Martínez Ten

• La implantación de la LOMCE se lleva el incremento en los Presupuestos de 2016

Redacción: Ángeles García Rodríguez

• Los PGE no apuestan por un incremento

Javier Sanz

presupuestario en la Universidad

LOMCE

19 Edita:

• La evaluación externa no dará información fiable

Federación de Trabajadores de la

sobre las competencias adquiridas

Pública

Enseñanza de UGT

28002 Madrid

• La enseñanza bilingüe, un puzle diverso e incompleto

Teléfono: 91 589 72 02 Fax: 91 589 71 99

• Los idiomas en los programas electorales

Privada

• El convenio de la Enseñanza Concertada

Correo electrónico: comunicacion@fete.ugt.org Web: www.feteugt.es

y su paso por el SIMA

Salud laboral

Avda. de América, 25, 4ª

Facebook: feteugt

Twitter: @feteugt_comunic

Depósito legal: M-41531-1991

• La prevención de riesgos laborales en la enseñanza, una asignatura pendiente

Políticas Sociales •15 medidas prioritarias en Educación contra la violencia

ISSN: 1698 - 613X Trabajadores de la Enseñanza no se hace

de género

responsable de las opiniones vertidas en los

• Un instituto de La Rioja obtiene el primer premio

artículos firmados ni se identifica

‘Ama en igualdad. Di no a la violencia de género

necesariamente con ellos

La información de esta publicación puede ser usada total o parcialmente citando la fuente

4 Trabajadores de la Enseñanza

Elecciones generales

Propuestas básicas de FETE-UGT ante los comicios del 20 de diciembre

n pacto social y político por la educación que dé estabilidad al sistema educativo. Un acuerdo sobre la financiación. Avanzar hacia una escolarización de 0 a 18 años. La defensa y potenciación de la escuela pública. La recuperación de una educación en valores laicos y cívicos. O la consideración del profesorado como motor del cambio educativo. Estas son algunas de las propuestas básicas que FETE-UGT ha remitido a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre. Pero todo ello, tiene una premisa previa: la derogación de la LOMCE.

educación ha perdido durante la crisis. Dada la descentralización de la política educativa existente en nuestro país, la lealtad institucional ha de ser una de las premisas del futuro pacto. La negociación no estaría exenta de complicaciones, dado que habría que abordar asuntos como la relación entre las dos redes educativas, la educación en valores o la gestión de la escolarización, por

FETE-UGT sostiene que el debate parlamentario debe lograr los apoyos y consensos necesarios que conduzcan a un amplio acuerdo educativo que permita elaborar otra norma que tenga garantías de estabilidad en el tiempo, de tal modo que la alternancia política no implique cambios radicales, como ha sucedido Carlos López Cortiñas, secretario general de FETE-UGT, junto hasta ahora. El Políticas sociales, Luz Martínez Ten. objetivo ha de ser una normativa que pueda ser aceptada lo que han de someterse a debate para por la mayoría y que permita centrar poder llegar a un mínimo acuerdo. todos los esfuerzos en las necesidades Mientras tanto, es imprescindible deroreales de nuestro sistema educativo, y gar determinados artículos de la en la que la apuesta por la calidad en la LOMCE, puesto que deterioran el dereenseñanza vaya unida a la equidad. cho a una educación en igualdad de Esa ley debe tener vocación de estabili- oportunidades e impiden una vertebrazar el sistema educativo. Para ello, debe ción social, cultural y territorial de nuespotenciarse un acuerdo de mínimos tro país. consensuado por los partidos políticos Estabilidad educativa. La necesidad y la comunidad educativa. Y es necesade un pacto social y político rio también un acuerdo de financiación por la educación. que garantice la sostenibilidad de una educación de calidad. Para ello, sería A lo largo de los últimos 20 años, las indispensable recuperar durante la pró- leyes educativas han sido un elemento xima legislatura el punto del PIB que la de confrontación en nuestro país, lo

que demuestra la fragilidad de uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. En este sentido, consideramos que la LOMCE, que ha sido altamente rechazada por la comunidad educativa y por varias comunidades autónomas que están ralentizando su implantación, está generando inestabilidad e incertidumbre, y las modificaciones que introduce no van a contribuir a la mejora de la calidad educativa. FETE-UGT sigue creyendo que es necesario un debate con toda la comunidad escolar para analizar de manera conjunta la situación real de nuestro sistema educativo y establecer unas bases consensuadas que le den estabilidad, y no la imposición, sin diálogo, como ha sucedido con la LOMCE. Es necesario avanzar hacia una educación de auténtica calidad que, basada en el principio de igualdad de oportunidades, refuerce la cohesión social y evite a la secretaria de cualquier tipo de discriminación, y que, a través del principio de equidad, posibilite que todo el sistema educativo alcance los niveles más altos de calidad. Consideramos que los elementos de cohesión y coordinación de las políticas educativas de las comunidades autónomas deben pactarse en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y del Consejo Escolar del Estado, con el fin de alcanzar un sistema educativo vertebrado y homologable a nivel de Estado. Por tanto, FETE-UGT reclama a los partidos políticos que se esfuercen por lograr un acuerdo de mínimos en 5 Trabajadores de la Enseñanza

Elecciones generales Educación que dé estabilidad al sistema educativo. Acuerdo de financiación en inversión educativa La crisis económica que venimos sufriendo en los últimos años ha hecho que tanto el Gobierno central como los de la mayoría de las comunidades autónomas hayan procedido a una drástica reducción en la inversión en Educación, lo que está afectando negativamente a la educación de nuestro país. Para FETE-UGT, la educación es una prioridad y una inversión de futuro, por lo que es preciso garantizar la financiación pública a través de mecanismos que estén por encima de la alternancia política y de las discusiones anuales de los Presupuestos Generales del Estado. Por esa razón, reclamamos al Gobierno y a las comunidades autónomas que consensúen un acuerdo de financiación que garantice la aplicación de todas las medidas necesarias para mejorar la calidad de la enseñanza, hasta llegar a alcanzar un mínimo del 5% del PIB como gasto público educativo e ir aumentando paulatinamente hasta situarse en la media de UE. Proponemos a los partidos políticos establecer un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales. Demandamos también un fondo de cohesión interterritorial que asegure una educación en equidad y calidad con iguales garantías en todas las comunidades autónomas, para compensar las desigualdades existentes entre los territorios, y donde se fijen prioridades y límites en caso de reducción de gastos. Avanzar hacia una escolarización de 0 a 18 años La escolarización temprana supone un instrumento determinante para la igualdad de oportunidades, así como para las políticas educativas de integración y socialización. El carácter preventivo y compensador de la etapa de Infantil, refuerza y hace cobrar aún con más sentido su finalidad educativa. Por ello, los gobiernos deben promover la implantación generalizada del Primer Ciclo de E. Infantil (0-3 años) con carácter educativo y gratuito mediante una oferta pública suficiente. Asimismo, han de conseguir que los índices de escolarización en el segundo ciclo de E. Infantil (3-6 años) alcancen el 100% (en la actualidad están en torno al 6 Trabajadores de la Enseñanza

99,5%) y velar por la calidad de la enseñanza que se ofrece en este tramo. Del mismo modo, el facilitar al alumnado la continuidad de su formación en las enseñanzas posobligatorias contribuirá a mejorar sus posibilidades formativas, de titulación y de empleabilidad. Se hace necesario abrir un debate sobre su duración, contenido, estructura…, que nos permita analizar sus problemas y adoptar medidas consensuadas para su mejora. Garantizar la oferta de plazas para este tramo supondría un avance social, si bien tienen implicaciones económicas y laborales, por lo que debería llevarse a los foros de negociación para buscar el consenso necesario. FETE-UGT apoya elevar la escolarización obligatoria hasta los 18 años para garantizar que el alumnado que está en riesgo de abandonar sus estudios pueda continuar su formación, estableciendo vías más flexibles. Necesidad de defender y potenciar la escuela pública Después de la legislatura del Partido Popular, donde los recortes se han centrado especialmente en la escuela

pública, es necesario que el próximo Gobierno que salga de las urnas garantice un sistema educativo en el que la calidad esté unida a la equidad. La filosofía que impregna la LOMCE, ya desde el preámbulo, está lejos de responder a las exigencias que requiere la escuela pública. Para FETE-UGT la red pública es el eje que ha de vertebrar el sistema educativo español. Es la mejor manera de garantizar el acceso de todos al conocimiento en condiciones de igualdad y el mejor modo de corregir las desigualdades de origen. El fin último sería conseguir que la escuela pública sea percibida como un bien común por toda la sociedad, una escuela pública que ha de garantizar una educación de calidad, participativa, laica y con los medios necesarios para atender a todo el alumnado. Para ello es necesario su valoración y su reconocimiento social. Los recortes que viene sufriendo la escuela pública han sido tan grandes y han desaparecido tantas acciones educativas que ha supuesto un retroceso histórico. Los efectos de estos recortes sobre el sistema educativo público, están siendo muy graves. FETE-UGT considera necesario que los

Elecciones generales la mejora de la productividad y punto clave para la construcción de un nuevo modelo productivo más sostenible y diversificado. La Formación Profesional ha de formar profesionales con capacidad de innovación, con dominio de las nuevas tecnologías, y con capacidad para poder moverse profesionalmente tanto en el entorno nacional como en el europeo e internacional. La Formación Profesional de calidad ha de tener la capacidad de adaptarse a los nuevos sectores, sin abandonar la actualización que precisan los tradicionales. En España es necesario aumentar la tasa de población con cualificaciones medias, ya que el número de jóvenes graduados en enseñanzas posobligatorias es reducido en comparación con los europeos. Una de las causas puede ser el elevado índice de fracaso escolar, por lo que las medidas adoptadas para incidir en este problema también incidirán en el aumento de jóvenes con cualificación intermedia.

para el aprendizaje permanente y la formación integral.

FETE-UGT reclama la recuperación de la asignatura Educación para la Ciudadanía como materia común para todo el alumnado

Gobiernos y las comunidades autónomas consensúen un acuerdo de financiación que garantice la aplicación de todas las medidas necesarias para superar esta situación y dar el empuje que necesita la escuela pública para demostrar sus valores y hacer visible el buen trabajo que se está realizando. Recuperación de una educación en valores laicos y cívicos La desaparición en la LOMCE de la asignatura Educación para la Ciudadanía como materia común para todo el alumnado y el nuevo papel que se le otorga a la asignatura de Religión van en contra de la tendencia europea de considerar a la enseñanza cívica como una de las ocho competencias clave

La aparición de la Religión como asignatura con su correspondiente alternativa nos retrotrae a épocas pasadas. La religión pertenece al ámbito privado de la persona y en ningún caso debe ser una asignatura evaluable. Educación para la Ciudadanía tenía una doble finalidad. Por un lado, educar en valores que favorecen el desarrollo de personas solidarias, tolerantes, con capacidad para pensar y discernir, con espíritu crítico… Por otro, educar en valores cívicos y democráticos. FETE-UGT reclama la recuperación de esta asignatura como una materia común para todo el alumnado, de tal forma, que el alumno o familia que lo desee puedan complementarla de forma voluntaria con la enseñanza religiosa. Es el momento de plantearse la revisión de los acuerdos con el Vaticano a fin de avanzar hacia una sociedad laica. Impulso y reconocimiento efectivo de la Formación Profesional La Formación Profesional ha de ser una de las bases de la educación en una sociedad moderna, imprescindible para

FETE-UGT considera que el problema no es el exceso de personas con cualificaciones superiores frente a otras con cualificaciones bajas, sino la necesidad de potenciar la cualificación intermedias, para que nuestro sistema productivo sea más equilibrado. El incremento de la cualificación debe focalizarse en las cualificaciones intermedias, es decir en los ciclos formativos de Grado Medio y en el Bachillerato. FETE-UGT defiende la necesidad de modernización y mejora de nuestro sistema de Formación Profesional, pero también considera importante el reconocimiento de su calidad y el potencial formador que tiene en la actualidad. Es necesario que socialmente sea valorada como una etapa formativa capaz de mejorar la empleabilidad, de ofrecer opciones más variadas de elección de formación y de trabajo. Hay que adoptar medidas para aumentar la capacidad de atracción de la Formación Profesional. Medidas eficaces para superar los elevados porcentajes de fracaso escolar y de abandono escolar temprano Las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, que se realizan del sistema educativo, señalan que los dos grandes problemas de la educación 7 Trabajadores de la Enseñanza

Elecciones generales imprescindible que en el mismo se regulen adecuadamente, entre otras, las siguientes medidas: el acceso a la profesión docente, el establecimiento de una adecuada carrera profesional (horizontal y vertical), unas condiciones retributivas y laborales dignas y adecuadas al grado de responsabilidad docente, y el mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada a partir de los 60 años.

en España son el índice elevado de fracaso escolar y de abandono prematuro de los estudios. Por ello, en España se ha fijado como meta la reducción del índice de abandono escolar prematuro en el 15% para el 2020. Se necesita intensificar las políticas educativas, que junto a políticas laborales, faciliten el retorno a las aulas para una mejor formación de nuestros jóvenes.

Impulso de la Universidad

Las políticas laborales que favorecen la contratación de jóvenes sin cualificar contribuyen al aumento del abandono escolar y paralelamente a la precariedad de los trabajos. Para solucionar este problema se han de poner en marcha una serie de medidas educativas, como el refuerzo de medidas de atención a la diversidad, mayor flexibilidad del sistema que permita y facilite al alumnado vías de retorno a la formación, reforzar la orientación académica y profesional, aumentar la inversión en becas y ayudas al estudio, reducción de ratios, etc. El profesorado como motor del cambio educativo Un sistema de calidad precisa de un profesorado de calidad, que ha de estar bien formado, reconocido socialmente, con una situación laboral digna, bien remunerado, motivado, con recursos apropiados para el desarrollo de su labor y con el reconocimiento de su carrera profesional. Es necesario que las leyes reconozcan estos valores para que la sociedad en su conjunto también lo haga y de esta manera el docente se sienta valorado y motivado para la realización de un trabajo clave en el desarrollo de un país. Los países con mejores resultados académicos son los que más valoran y respetan a sus docentes. La situación de crisis de los últimos años está conllevando una reducción de plantillas en los centros, un incremento de ratios, de horarios, un recorte de recursos, la casi desaparición de formación permanente, la pérdida de poder adquisitivo…, situaciones que dificultan la tarea docente y que junto a la poca valoración de su labor están contribuyendo a un creciente malestar en el profesorado. Por tanto, es el momento de hacer un llamamiento a las Administraciones edu8 Trabajadores de la Enseñanza

FETE-UGT mantiene la necesidad de priorizar la educación, la investigación y, en consecuencia, la universidad pública, como una inversión de futuro, lo que implica reconocer la dimensión social de la misma.

La primera medida que ha de tomar el Gobierno que salga de las urnas ha de ser la retirada de los reales decretos que han consolidado los recortes

cativas para implementar medidas que se dirijan a la recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado que se han ido perdiendo en los últimos años mediante la negociación con las organizaciones sindicales. Negociación de un acuerdo básico entre el Ministerio de Educación y las organizaciones sociales sobre condiciones laborales del profesorado El profesorado como motor del cambio educativo necesita la implementación de medidas que contribuyan a su motivación y al reconocimiento social de su labor docente. La primera medida que ha de tomar el Gobierno que salga de las urnas ha de ser la retirada de los Reales Decretos del 2012, que han consolidado los recortes y nos han retrotraído a las condiciones laborales de los años 70. Otra de las medidas prioritarias ha de ser la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente. FETE-UGT considera

Los cambios que han de experimentar nuestras universidades deben orientarse a la consolidación de un modelo social de universidad pública que garantice su papel como agente educativo, social y económico. Entre las acciones inmediatas, resulta imprescindible garantizar la estabilidad financiera que necesitan las universidades para su gestión de personal, infraestructuras y para desarrollar en las mejores condiciones su labor docente e investigadora. La financiación precaria y escasa que está recibiendo actualmente la Universidad pública debido a los continuos recortes están imposibilitando el normal desarrollo de todo lo que conlleva el Espacio Europeo de Educación Superior, repercutiendo negativamente en la investigación, en las infraestructuras, en un empeoramiento de las condiciones laborales tanto del PAS como del PDI y en una degradación de la Universidad en su conjunto. Por ello, el presupuesto en Educación Superior ha de ser semejante al de la OCDE y los de Investigación y Desarrollo deberían igualarse a los de la media de nuestros vecinos europeos, para avanzar en la modernización e internacionalización de nuestras universidades. Por otro lado, se necesitan unas plantillas suficientes y estables tanto de PDI como de PAS y desarrollar mecanismos no solo para asegurar su poder adquisitivo, tan mermado en los últimos años, sino también para poder ampliar sus carreras profesionales.

Elecciones generales

Los partidos políticos, ante las elecciones FETE-UGT ha remitido a los cinco principales partidos políticos que concurren a las elecciones del 20 de diciembre Partido Popular, PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos- un cuestionario sobre sus propuestas educativas para la próxima legislatura. Al cierre de esta edición, y pese a haberlo reclamado repetidamente. ni el PP ni Ciudadanos han respondido a nuestras preguntas.

PSOE El Gobierno del PP ha tomado decisiones y ha puesto en práctica políticas que, lejos de garantizar una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos y todas, ha provocado el mayor retroceso en materia de educación de nuestra historia democrática. El aumento del número de alumnos en cada curso, combinado con una reducción del número de docentes, se ha traducido en un descenso importante de los elementos que constituyen los factores esenciales de calidad de cualquier sistema educativo.

Esta legislatura ha sido la de los recortes, que se han combinado con la aprobación de la LOMCE, una ley que ha roto cualquier acuerdo y consenso sobre la educación en España. La LOMCE impone un nuevo modelo que sacrifica la equidad en favor de la segregación de los alumnos desde edades tempranas e impone criterios ideológicos, como la evaluación de la asignatura de Religión o el amparo a aquellos colegios que separan por razón de género en sus aulas con fondos públicos. Esta reforma no parte de un diagnóstico riguroso, sino exclusivamente ideológico que nos lleva a una rebaja de la calidad de la enseñanza, que merma seriamente las oportunidades de aprendizaje y supone la degradación del derecho a la educación para todos. Los recortes se han elevado a categoría estructural, cuando el Gobierno se ha comprometido con la Unión Europea, en el Programa de Estabilidad 2014-2017, a que nuestro país reducirá su inversión hasta el 3,9% del PIB, cifra que nos retrotrae a finales de los años 70. En política universitaria, el Gobierno también se ha empeñado en acrecentar las desigualdades. Unido a la política de becas y ayudas al estudio y a la injusta subida de tasas, ha atentado contra la autonomía de las universidades españo-

¿Cómo resumiría, desde el punto de vista de la política educativa, la legislatura recién concluida?

Diversos partidos políticos se comprometieron en julio de 2013 a apoyar la derogación de la LOMCE cuando hubiera una nueva mayoría parlamentaria. La LOMCE ya se está aplicando. ¿Promoverá su formación, tras las elecciones generales, la derogación de la ley Wert y la elaboración de una nueva?

¿Apuesta su partido por un Pacto por la Educación que aglutine a toda la comunidad educativa? ¿Qué aspectos considera que habría que incluir en él?

las al reducir brutalmente su presupuesto y ha eliminado los programas de internacionalización y mejora de las universidades, que constituían la clave para la mejora de la competitividad, investigación e innovación. Además, el cambio en la estructura 3+2 de las enseñanzas universitarias de grado y máster devalúa los títulos de grado y carga nuevamente sobre las familias el sobrecoste de los másteres.

Efectivamente, tal y como nos comprometimos con la mayoría de grupos parlamentarios, el PSOE derogará la LOMCE y paralizará de forma inmediata su aplicación. Asimismo, trabajaremos para alcanzar un acuerdo político y social que permita elaborar una nueva ley con las medidas que se consideren necesarias para la mejora de nuestro sistema educativo, y que cuente con el máximo consenso parlamentario y de la comunidad educativa. El acuerdo y el diálogo debe ser el método para des-

“Esta legislatura ha sido la de los recortes, que se han combinado con la aprobación de la Lomce, una ley que sacrifica la equidad en favor de la segregación”

Cuando ya estaba prácticamente agotada la legislatura, y pese a que existe un borrador de Estatuto negociado con los sindicatos, el Ministerio de Educación ha encargado la elaboración de un libro blanco sobre la profesión docente. ¿Cuál es la opinión de su partido sobre él?

Uno de los principales problemas es el abandono escolar. ¿Cómo considera su partido que debería abordarse?

5 6

¿Qué otras medidas considera urgentes en materia educativa?

arrollar y diseñar un política educativa. Hay que alcanzar un acuerdo político y social mediante el diálogo con todos los sectores de la comunidad educativa para lograr una Ley básica de educación, con vocación de permanencia, que, además de garantizar un sistema educativo estable, basado en la equidad, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusividad, permita mejorar el aprendizaje, la formación educativa y la adquisición de competencias en todas las enseñanzas. Además, deberá contener un acuerdo sobre un suelo mínimo de gasto del 5% del PIB en educación.

El diseño y el desarrollo de un nuevo modelo de profesionalidad docente constituye una pieza clave en la configuración del nuevo sistema educativo que ha de surgir tras la derogación de la LOMCE (junto con el modelo de escuela, el modelo de currículo, el modelo de evaluación y el modelo de distribución competencial entre las Administraciones públicas), de tal manera que, en la próxima legislatura, debe ser la pieza central para vertebrar todo el sistema educativo.

El pasado día 26 presentamos un documento que titulamos ‘Hacia un nuevo modelo de profesionalidad docente’. Nuestro deseo es convertirlo en herramienta de debate abierta al conjunto de la sociedad. En este documento hacemos realidad una vieja aspiración de nuestro partido: adaptar el MIR sanitario al ámbito educativo. El modelo articula 9 Trabajadores de la Enseñanza

Elecciones generales de forma integrada los tres componentes esenciales de cualquier profesión: la formación, la iniciación y el desarrollo. Con la presentación de esta propuesta solo pretendemos iniciar un debate que debe continuarse desde el Ministerio de Educación. Nos comprometemos a dotarlo desde ahí de un marco institucional apropiado mediante la creación de un programa de cooperación institucional. Como toda propuesta de honda transformación, el diálogo, la búsqueda del acuerdo y el consenso deberán marcar todos los pasos a seguir durante el proceso. En este sentido la propuesta del Ministerio adolece de este proceso de diálogo y participación indispensable para que tenga éxito. A pesar de que con la LOE hemos logrado reducir significativamente las tasas de abandono escolar temprano en los últimos años, debemos prestar una atención especial porque todavía no cumplimos con el objetivo de la Estrategia Europa 2020. Para ello, debemos poner en marcha varias medidas que han mostrado su necesidad y su eficacia para lograr los mejores resultados educativos mediante la compensación de desigualdades y la reducción del fracaso y abandono escolar.

Así, la nueva ley que nazca del gran acuerdo educativo deberá estar acompañada de una memoria económica que permita poner en marchas cada una de las medidas que favorezcan el éxito escolar de todos. Algunas de esas medidas son: - Recuperar Programas de Cooperación Territorial como el Plan Educa3 y los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo Educativo (PROA). - Universalización de la educación entre los 0 y los 18 años. - Dotar a los centros de los recursos materiales y humanos necesarios para detectar y atender a la diversidad del alumnado y las necesidades educativas especiales lo antes posible. Además de los tres pilares fundamentales expuestos en la pregunta sobre el Pacto por la Educación, el sistema educativo debe contar con los recursos necesarios para lograr dichos pilares, dotándolo de una financiación adecuada que eleve, a medio plazo, su gasto público al 7% del PIB, al mismo nivel que nuestros vecinos europeos. El incremento tiene que ir dirigido a extender la red pública de escuelas Infantiles para cubrir

10 Trabajadores de la Enseñanza

la demanda de plazas de 0 a 3 años que la población reclama; tiene que dirigirse a recuperar los Programas de Cooperación Territorial tan necesarios para reducir los datos de fracaso y abandono escolar temprano; tiene que destinarse a la universalización de la escolarización pública hasta los 18 años, para que sea asequible y accesible para todos los jóvenes, y tiene que dedicarse también a apostar por la Formación Profesional a través de un plan que la impulse y la dignifique, un plan que permita aumentar la tasa de titulaciones en esta etapa y que amplíe y flexibilice la oferta, y compatibilice formación y empleo. La recuperación de la beca como derecho es una actuación necesaria e irrenunciable para el Partido Socialista, puesto que a través de ello se garantiza la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes, accediendo a las mismas por el cumplimiento de una serie de requisitos, sin dificultar su acceso y mantenimiento, y asegurando que ningún estudiante abandone los estudios posobligatorios por motivos económicos.

IU-UP Desde Unidad Popular–Izquierda Unida, consideramos la legislatura del PP como una auténtica masacre educativa. Los recortes y reformas que ha impuesto suponen una auténtica masacre de la educación pública que durante la democracia había logrado importantes avances en el desarrollo de la red pública.

Esa conquista está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo, en diferentes comunidades autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público. Unidad Popular – Izquierda Unida ha apostado claramente por derogar la LOMCE desde el minuto 1, como así se ha comprometido en su primer punto

del programa educativo para las elecciones del 20-D. Pero, más allá de la derogación, UP–IU no quiere simplemente volver al pasado, sino apoyar decididamente el ‘Acuerdo Social y Político para una nueva Ley de Educación’ en el que IU participa e impulsa desde su comienzo y que comparte nuestras líneas educativas fundamentales. UP–IU no apuesta por un Pacto de despachos o entre partidos políticos, sino por un Acuerdo Social y Político con la Comunidad Educativa, surgido desde la base y con la participación de los propios interesados .

Este Acuerdo Social y Político tiene, entre sus 20 líneas fundamentales, algunas como la ampliación de la red de centros educativos, de titularidad y gestión pública, para cubrir todas las necesidades de escolarización en las diferentes etapas y modalidades educativas; gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la Universidad; supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados en una red única de centros

Elecciones generales especialmente a quienes tienen más dificultades. -Garantizar que en todos los centros que impartan enseñanza secundaria se ofrezcan programas adaptados a la diversidad del alumnado sin establecer clasificaciones entre el alumnado ni itinerarios predeterminados. -Planes de acogida para atender a todo el alumnado nuevo que se incorpora, prestando atención especial al alumnado de minorías o de familias inmigrantes que pueda tener mayores dificultades. -Extensión de la educación pública obligatoria hasta los 18 años, para combatir el abandono educativo temprano, con diversos itinerarios y modalidades formativas desde los 16. -Prioridad a la atención tutorial en la educación obligatoria, otorgando carácter lectivo a la dedicación horaria correspondiente. -Dotar de departamentos de orientación a todos y cada uno de los centros públicos de Primaria y Secundaria, que integren nuevos perfiles profesionales. -Extender los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo a todos los centros públicos, para apoyar al alumnado que lo necesite.

públicos, y la supresión de los conciertos con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales; o una ley de financiación del sistema educativo para garantizar los recursos necesarios y evitar vaivenes presupuestarios en educación, así como igualar la inversión pública educativa a la media europea, y aumentar hasta alcanzar el 7% del PIB en la próxima legislatura. UP–IU considera que el libro blanco de la docencia no solo tiene un marcado carácter electoralista, sino que desprecia el trabajo colectivo realizado ya por los representantes de los docentes y busca imponer el modelo del ‘técnico experto’ al estilo neoliberal.

Imponer a un supuesto ‘experto’ para redactar un ‘libro blanco’ de la docencia es una forma de ningunear a los representantes del profesorado y el trabajo y la reflexión colectiva que vienen haciendo desde hace mucho tiempo los sindicatos, los movimientos sociales y las mareas verdes sobre la docencia. Es más, oculta que en 2012 su antecesor

“Los recortes y reformas que ha impuesto el PP suponen una auténtica masacre de la educación pública, que había logrado importantes avances en el desarrollo de la red pública” anunció en la Comisión de Educación de las Cortes, que el PP tenía ya un proyecto legislativo de Estatuto Docente no Universitario. Proponemos diez medidas:

-Poner los medios necesarios en el momento que el alumnado presente cualquier dificultad, especialmente de forma preventiva en educación infantil y primaria. -Impulsar y apoyar cambios curriculares, metodológicos y organizativos que permitan dar respuesta en cada centro escolar a la diversidad de su alumnado,

-Desarrollar programas cofinanciados de compensación educativa dirigidos a colectivos, centros o zonas que presenten mayores índices de fracaso o abandono escolar, de cara a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación. -Crear un Fondo de Compensación Educativa para financiar actuaciones que aseguren la equidad en el ejercicio del derecho a la educación desde la Educación Infantil a la enseñanza superior en todo el territorio. - Creación de una red pública única de centros educativos, de titularidad y gestión pública, suprimiendo la financiación a centros privados. - Gratuidad total de la educación desde los 0 a los 100 años. - Constitucionalizar el suelo del 7% del PIB para que no se pueda recortar. - Educación inclusiva que asegure el derecho de tod@s al éxito escolar. - Ampliación de las plantillas de profesorado y reducir la ratio a 20 en Primaria y Secundaria. - Reelaborar un currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico, desarrollado con autonomía pedagógica por la comunidad educativa. - Religión fuera de la escuela.

Trabajadores de la Enseñanza

Elecciones generales leyes cada vez que había un cambio entre ellos de gobierno. Por supuesto. Y no solo apostamos, ha de ser protagonizado por ella. El programa de Educación de Podemos lo ha elaborado la comunidad educativa. Nos hemos reunido presencialmente dos veces con ellos. Hemos recogido los documentos y propuestas elaboradas por más de 150 colectivos. Las propuestas que aparecen en nuestro programa vienen de las que más consenso han alcanzado de entre esos más de 150 documentos. Y hemos de señalar que el 90% de las propuestas de la comunidad educativa, coinciden.

Los aspectos a incluir son los que ha marcado la comunidad educativa. Nueva ley de Educación. Nueva ley de acceso docente. Nueva reglamentación de formación de profesorado. El profesorado, su formación, regulación... mediante un Estatuto de la función docente serían elementos muy relevantes para la ordenación de cualquier sistema educativo. Sin embargo, no parece creíble que la iniciativa del nuevo ministro de Educación se haya diseñado con ese proposito... Por varias razones:

4 - Evaluación formativa para la mejora de la acción educativa. No rankings ni evaluaciones externas para competir entre centros. - Cuerpo único de profesorado a partir de una formación inicial de posgrado que combine teoría y práctica. Estatuto docente, acordado con los sindicatos. Estabilidad plantillas, reconocimiento experiencia personal interino y reducción interinidad al 8%.

“Esta legislatura se puede resumir con una palabra: recortes. En todos los ámbitos educativos. En todos los niveles. En todos los sectores”

- Escuelas democráticas: Claustros y Consejos escolares como órganos de gobierno de los centros con elección democrática de los equipos directivos.

importantes de nuestra sociedad: la Educación

PODEMOS Durante esta última legislatura, la política educativa que ha sufrido nuestro país ha sido la imposición del Gobierno del PP, con una nueva ley educativa, la séptima en 33 años, elaborada sin contar con la comunidad educativa. Una ley educativa con la oposición de toda la comunidad educativa y todos los partidos políticos. Una legislatura que se puede resumir con una palabra: recortes. Recortes en todos los ámbitos educativos, en todos niveles. En todos los sectores.

Es cuestión de prioridades, y el Gobierno del PP priorizó otras cosas antes que uno de los pilares más 12 Trabajadores de la Enseñanza

Por supuesto. Desde Podemos, una de nuestras primeras medidas es la derogación de la LOMCE. Con la consecuente elaboración de una nueva ley de Educación, protagonizada y participada por la comunidad educativa, al igual que se ha hecho con la elaboración del programa de Educación de Podemos.

Si no se toma como protagonista en la elaboración de esta nueva ley a su comunidad, estaremos abocados al fracaso, como con las siete leyes educativas anteriores. Hemos de dotar a nuestro sistema de Educación de esa estabilidad que nunca ha tenido, debido a los vaivenes electorales de los partidos del bipartidismo, PP y PSOE, con sus consecuentes cambios de

En la LOMCE no se hace referencia al profesorado, a su formación, perfeccionamiento... Se argumentaba que no era ese el lugar y se aplazaba a un futuro Estatuto de la función docente, que curiosamente en toda la legislatura no se ha iniciado y a los posibles interlocutores se les ha ignorado e incluso 'vapuleado' (Sindicatos, colectivos de docentes, mareas...) En ningún caso han sido reclamados, ni tenidos en cuenta a lo largo de todo este periodo de Gobierno del PP. Por lo que este repentino interés por el docente y su pretendida evaluación para su mejora profesional, no deja de tener solo un valor estratégico. En un momento de elecciones, de relevancia del peso de la opinión pública, el nuevo ministro de Educación, Méndez de Vigo, quería alejarse de la opinión en contra existente sobre la LOMCE y sobre la gestión de su predecesor, José Ignacio Wert. Esta iniciativa le ha venido bien, uniéndola ademas a la relevancia mediática del profesor Marina, que evidentemente se ha prestado al juego. Una vez más, es una estrategia mediática la que guía los pasos de este Gobierno del PP. No un plan real, sincero de mejora de la educación Si bien es verdad que algunos estudios internacionales, como TALIS- OCDE,

Elecciones generales Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, apuntan a la opinión del profesorado favorable a disponer de indicadores sobre el desarrollo de su tarea para mejorarla (opinión que le prestigia) ha sido tergiversada para justificar una evaluación y una remuneración en base a resultados dentro de un discurso de revalorización de la competitividad y de los ránquines como único recurso de mejora profesional. La evaluación de la práctica docente alcanza su máxima potencialidad cuando se convierte en un instrumento de información profesional para la mejora de la labor docente y para diseñar planes de formación. Es cierto que puede cumplir, ademas, un cometido de reconocimiento de las buenas prácticas, para eso debería existir una carrera docente y no una política de 'palo y zanahoria' como la que practica el Gobierno del PP. En nuestro Programa de Rescate Ciudadano llevamos una propuesta específica para acabar con esta medalla de la vergüenza que tiene nuestro país con respecto a Europa: Un plan de choque contra el abandono y el fracaso escolar. Promoveremos la implementación de un programa contra el fracaso

escolar y de apoyo en entornos sociales desfavorecidos destinado a paliar las desigualdades existentes en los distintos centros escolares. Durante los 100 primeros días de Gobierno iniciaremos una primera fase de diagnó́stico y evaluación de necesidades en colaboración con los gobiernos autonómicos, con la finalidad de dotar de servicios y recursos de atención social y educativa a los centros de entornos sociales desfavorecidos. Igualmente, se analizará́ la situació́n de emergencia en cada caso, en una escala de 1 a 5, para proceder a una dotació́n extraordinaria de recursos: profesorado de apoyo, personal especializado, reducció́n de la ratio, dotació́n adicional en nuevas tecnologí́as, material escolar para el alumnado, actividades extraescolares de refuerzo educativo y programa de apertura de centros. El Sistema Educativo actual no se adapta a nuestras necesidades ni a la solución de la problemática que padecemos. Por tanto, se ha de elaborar uno nuevo en todos sus ámbitos. Con un eje clave: Educación a lo largo de toda la vida

Nuestras prioridades son las de la

Comunidad Educativa 1. Nueva ley de Educación, consensuada, participada y protagonizada por la comunidad educativa, con su consecuente financiamiento justo, igualándolo a la media europea y con horizonte el último año de legislatura del 7% del PIB. 2. Educación universal y por derecho de 0 a 6 años. Es la etapa educativa donde se asientan las bases del aprendizaje futuro. Es un derecho que ha de ser garantizado por el Estado. No por conciliación laboral y familiar, sino por ese derecho universal que tenemos todas. 3. Nueva Ley de FP. Participada y consensuada por la Comunidad que participa en esta etapa educativa. 4. Nueva Ley de Universidades, dotándolas de la autonomía que han de tener, con incremento del PIB destinado a la misma. Participada con la comunidad universitaria. 5. Regulación y desaparición de la gran carga de deberes que tienen nuestras niñas y niños a realizar en casa. 6. Sustitución inmediata de las bajas, licencias y permisos del personal docente, no como hasta ahora que han de pasar 10 días.

13 Trabajadores de la Enseñanza

Elecciones generales

Por un Acuerdo social y político en Educación

stamos, de nuevo, en campaña electoral, que se presenta, al decir de muchos, como una campaña decisiva por la gravedad y urgencia de los retos que tenemos planteados y por la novedad de nuevos partidos que irrumpen con fuerza en el tablero político español. Lo es, desde luego, para la Educación, sometida a tensiones y problemas y presentada, a pesar de todo, como un elemento necesario para una renovación y mejora de la vida ciudadana, para el logro de la cohesión social y del progreso económico. En esta tesitura, el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, integrado por profesores y gestores de la educación, tras analizar los programas que los diferentes partidos políticos hacen en materia educativa,ha constatado que todos ellos plantean la necesidad de llegar a acuerdos en educación, incluso algunos de ellos proponen un gran pacto de Estado.

¿Qué elementos de los que intervienen en el sistema educativo priorizan los partidos para el consenso? ¿Cuáles parecen ser los más factibles y cuáles presentan más dificultad? ¿Cuáles, los más necesarios? ¿Por qué la aplicación del consenso básico recogido en la Constitución de 1978 ha sido tan problemático a lo largo de los años? ¿Por qué han fracasado los intentos de conseguir un gran pacto en los años posteriores? El presente documento pretende aportar algunos puntos de reflexión acerca de estos interrogantes. Del consenso como principio, a la confrontación

Como es sabido, el consenso constitucional sobre educación fue el fruto de un generoso esfuerzo de todos los partidos políticos presentes en la asamblea constituyente de 1977. El artículo 27 de la Constitución de 1978 produjo un importante acuerdo en torno a dos valores esenciales, la libertad y la igualdad, enfrentados desde que alboreó en España la modernidad política. El consenso consistió en situar los derechos derivados de ambos valores al mismo nivel de reconocimiento y de protección, tanto el derecho que emana del principio de igualdad -todos tenemos derecho a la educación-, como el que proviene del principio de libertad -todos tenemos derecho a enseñar-. No está de más, en estos momentos, recordar que ese gran pacto escolar -un consenso básico sobre 14 Trabajadores de la Enseñanza

valores e intereses- fue posible gracias a concesiones recíprocas y a mutuas renuncias entre las dos principales fuerzas políticas de la cámara: el partido socialista y el partido conservador (representado entonces por la extinta Unión de Centro Democrático). Sin embargo, la aplicación de este acuerdo básico se ha ido haciendo cada vez más problemático; en realidad, se ha ido desvirtuando por la sucesión de leyes que no lograron garantizar su continuidad. De ese modo, a un espíritu de pacto ha sucedido la confrontación como sistema, una confrontación que se trasladaba desgraciadamente al seno de la comunidad escolar.

del Estado, auspiciado por las organizaciones sindicales, la federación de religiosos de la enseñanza y las asociaciones nacionales de padres y madres, pero aunque se estuvo muy cerca del consenso, las organizaciones de padres de alumnos rehusaron al final su firma.

La necesidad de un nuevo acuerdo en educación

La situación descrita no ha pasado inadvertida para la opinión pública. Ya en la última década del pasado siglo XX se alzaron voces que señalaban la necesidad de un nuevo pacto que hiciera posible la permanencia de las leyes y la sostenibilidad de las reformas. Desde entonces, se han producido diversos intentos, aunque todos se frustraron.

El intento de pacto social de Ángel Gabilondo fracasó porque en el PP pesaron más las consideraciones estrictamente partidistas

En 1997 surgió de la comunidad escolar la ‘Declaración conjunta en favor de la Educación’, que dio a luz un acuerdo encaminado a impulsar un consenso entre las fuerzas políticas, a fin de que la educación fuera considerada por los gobiernos de uno u otro signo una cuestión de la máxima prioridad y, en consecuencia, fuera objeto de una política de Estado; este acuerdo no fue objeto de debate en el Congreso de los Diputados, tal y como se solicitaba, por la falta de interés del Partido Popular, que era el que gobernaba. El segundo intento surgió en noviembre de 2004 en el seno del Consejo Escolar

De nuevo, en 2009,el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, recibió del presidente del Gobierno el encargo de preparar un gran acuerdo que dio lugar a la propuesta de ‘Un pacto social y político por la educación’, acompañada de un presupuesto de 1.500 millones de euros para su realización en tres años. Este intento fracasó porque en el Partido Popular, aunque también estuvo cerca del acuerdo, pesaron más dos consideraciones estrictamente partidistas: una, la estimación de que el pacto político a quien más podía beneficiar era al Gobierno; otra, la probable consideración de que las elecciones generales les iban a favorecer y podrían imponer su

Elecciones generales propio modelo. De las experiencias citadas no hay por qué concluir que la búsqueda del consenso supone erradicar de la vida política el disenso, que es el nivel propio de la actividad de los gobiernos democráticos y de sus políticas públicas. No obstante, hay determinados asuntos que podemos denominar de Estado, tales como la justicia, la sanidad pública, el desarrollo de la ciencia y de la investiga-

bien con los matices propios de la ideología de cada uno y de los intereses que representan, siendo algunos de ellos objeto de confrontación en los años anteriores. Son asuntos que, además, interesan a la opinión pública, especialmente a la comunidad escolar, ya que inciden de manera sustancial en el estado de la cuestión educativa y en su calidad. Nos referimos, concretamente a los siguientes temas:

Formación inicial y permanente del profesorado. Acceso a la profesión docente y Estatuto docente. Derechos y deberes profesionales. Evaluación global del sistema educativo: de centros escolares, del profesorado, de las respectivas administraciones educativas y de los programas desarrollados.

Formación profesional. Mecanismos

Sobre el espacio común definido en los distintos programas políticos, debería haber un acuerdo nacional que culmine en una legislación estable

de coordinación de las administraciones y agentes sociales implicados en la misma

Participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros escolares. La organización escolar. La función directiva La distribución de competencias y los mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones educativas Estabilidad del currículum: materias o áreas de conocimiento básicos; autonomía de los centros; jornada escolar; ratios; etc.

ción o la educación, en los que el disenso debe ceder el paso al consenso en aras de la suprema ley de la política: el bienestar de la res publica. En el caso de la educación, además, la evidencia ha demostrado que ninguna de las concepciones predominantes ha podido imponerse de manera estable, dando lugar a reformas y contrarreformas continuas.

Necesidad de incrementar progresivamente la inversión en educación

Políticas

de equidad: becas, programas de apoyo, gratuidad de libros de texto y material escolar, transporte, comedores, etc.

Políticas de planificación de la oferta educativa pública y privada concertada.

Puntos comunes de los programas electorales sobre la educación

El Colectivo Lorenzo Luzuriaga ha constatado que en los programas educativos de los partidos políticos que concurren a la cita del 20-D hay determinados asuntos que concitan la atención de casi todos, si

Los valores en educación y la laicidad en la escuela

Universalidad de la oferta educativa como derecho para las personas de 0 a 18 años, garantizando el número de plazas necesarias para atender la demanda.

La historia de los pactos frustrados nos enseña que se consiguió un alto grado de acuerdo en determinados problemas, tanto en la comunidad escolar como en las fuerzas sociales y políticas. En la actualidad, los programas electorales de los partidos políticos en educación corroboran que hay objetivos que pueden ser comunes, que hay demandas que pueden ser compartidas por la sociedad y por las diferentes fuerzas políticas. Sobre este espacio común podría y debería haber un acuerdo nacional que culmine en una legislación estable para el sistema educativo. Los vaivenes de los 37 años de democracia debieran servirnos para no repetirlos apostando por el acuerdo. Colectivo Lorenzo Luzuriaga 15 Trabajadores de la Enseñanza

Presupuestos

La implantación de la LOMCE se lleva el incremento en los Presupuestos de 2016

a implantación de la LOMCE se lleva prácticamente el incremento que el Ministerio de Educación experimenta en los Presupuestos Generales para 2016. El resto de partidas permanecen prácticamente iguales o disminuyen. Según un estudio elaborado por FETEUGT, pese a los ligeros incrementos producidos en los tres últimos ejercicios, lo que se ha perdido en inversión educativa desde 2011 es de unos 3.100 millones de euros, más de lo que se ha destinado en cualquier presupuesto anual para educación. Si a esta cantidad se le añaden los más de 3.000 millones adicionales que se restaron como consecuencia de la aplicación de los reales decretos 14/2012 (medidas urgentes de racionalización del gasto público en educación)y 20/2012 (medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad), se puede hablar de unos 6.500 millones menos, una cifra que evidencia la magnitud de los recortes aplicados a la educación en nuestro país. Los ligeros incrementos que se están produciendo no sirven para compensar lo perdido a lo largo de los últimos años. La partida destinada a educación para 2016 nos equipara al año 2007, cuando la inversión era semejante a la actual: 2.483 millones de euros. Las medidas relativas a las retribuciones de los empleados públicos experimentan pequeñas mejoras, que en ningún caso logran equilibrar las condiciones laborales y retributivas de los docentes, cuyo poder adquisitivo se ha retraído más de un 25% desde el 2010. En mayo de ese año, el profesorado de la enseñanza pública sufrió un recorte salarial de un 5% de media, y su sueldo ha permanecido congelado en estos cinco años.

16 Trabajadores de la Enseñanza

El incremento previsto en las retribuciones del profesorado para 2016, que no ha de superar el 1% respecto a las del presente año, es claramente insuficiente, para FETE-UGT, habida cuenta de la reducción acumulada. En relación con la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público, que se dejó de percibir como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, la Administración central ha dejado en manos de las comunidades autónomas el abono de dichas cantidades. Cada Administración pública podrá aprobar

Las escasas medidas favorables pueden suponer una ligerísima mejoría, pero no se acercan a las condiciones laborales y económicas de antes de la crisis

esta retribución, en función de su situación económico-financiera. Hay que recordar que son cantidades que el profesorado ha dejado de percibir pero que estaban contempladas en su salario, por lo que fueron un derecho sustraído y no puede entenderse la devolución de la paga extra de 2012, bajo ningún concepto, como una mejora o recuperación económica de los docentes. Con todo, la capacidad adquisitiva de los profesores se sitúa en términos del año 2000. Para FETE-UGT, la restitución de los derechos suprimidos debe significar la

devolución total e inmediata de la paga extra de diciembre de 2012, y no a plazos, tal y como está sucediendo; la restauración del 100% del importe de las pagas extras reducidas en mayo de 2010; subidas salariales reales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, la recuperación de las condiciones salariales y laborales, como, por ejemplo, la desaparición del descuento en nómina por ausencia de enfermedad, el abono de cantidades por otros desempeños docentes, la formación permanente adecuada, la revisión de la carga lectiva, de las ratios, etc. La recuperación al 100% de la tasa de reposición, que se contempla en los Presupuestos, es un dato positivo, aunque insuficiente para recobrar la continuada reducción de la oferta de empleo público sufrida a lo largo de estos años, y que ha aparejado una disminución drástica de los puestos docentes (en torno a 35.000), así como un aumento de la precariedad laboral. Las pérdidas sufridas son irrecuperables, y las escasas medidas de mejora que se recoge en estos presupuestos pueden suponer una ligerísima mejoría, pero en ningún caso pueden acercarse a las condiciones laborales y económicas que tenían los docentes antes de la crisis. En cuanto a las partidas destinadas a educación en concreto, puede destacarse que, aunque en los Presupuestos para el 2016 se observa un incremento con respecto al 2015 de un 9,28%, sigue siendo una cantidad absolutamente insuficiente. La variación entre los presupuestos en educación del 2016 y del 2011 supone un recorte del 12,64%, es decir, 359,48 millones de euros menos que en el 2011. Eso se traduce en que, de los 12 programas que existen actualmente, nueve han sufrido recortes, sin

Presupuestos Presupuestos Generales del Estado 2016 en educación

contar los que se han suprimido. Ello conduce a la conclusión de que el incremento presupuestario para 2006 se dirige exclusivamente a la implantación de la LOMCE, mientras que el resto queda prácticamente igual o disminuye respecto al ejercicio anterior. Si se tiene en cuenta el gasto público en educación y su relación con el PIB, se puede observar el descenso continuado que se viene aplicando en los últimos años. En especial, desde 2009, cuando el gasto en educación con respecto al PIB se situaba en el 4,99%. En 2011 (año de referencia de este estudio) el PIB en educación era del 4,71%, en tanto que en el 2015 ha descendido al 4,23%, según el propio Ministerio. Este porcentaje, el más bajo de los últimos años, nos sitúa cerca del gasto hace una década. En 2005, era del 4,31% del PIB. De cualquier manera, el compromiso del Gobierno con Bruselas es seguir reduciendo el gasto educativo hasta el 3,7% del PIB en el 2018. A juicio de FETE-UGT, estos presupuestos no van a afianzar el crecimiento de la economía ni la creación de empleo, ni a preservar el Estado de bienestar, tal como proclama triunfalmente el Gobierno. Tampoco van a

mejorar el deterioro de las condiciones de trabajo, ni la pérdida del poder adquisitivo, ni la recuperación del empleo público destruido, ni la pérdida de derechos adquiridos.

Estos presupuestos no van a afianzar el crecimiento de la economia ni la creación de empleo, tal como proclama triunfalmente el Gobierno de Mariano Rajoy

Los recortes que vienen aplicándose en Educación han sido tan considerables, y han desaparecido tantas acciones educativas, que han supuesto un retroceso histórico. A las reducciones y la congelación salarial, se han sumado aumento de ratios, recortes en prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, la disminución de grupos de alumnos, la desaparición de los diversos programas de ayuda y refuerzo del alumna-

do, la desaparición de la gratificación de la jubilación voluntaria anticipada, el recorte de las plantillas de los centros, la congelación de ofertas de empleo público docente, la reducción grave de las partidas para gastos de funcionamiento de los centros educativos y las destinadas a infraestructuras y equipamiento. Los efectos de estos recortes, tanto sobre las condiciones laborales del profesorado, como sobre el sistema educativo público, están siendo muy graves. Siguiendo las directrices de la Unión Europea y de la Internacional de la Educación, que recomiendan dejar la Educación al margen de los ajustes presupuestarios, FETE-UGT reclama a los Gobiernos que prioricen la educación como inversión de futuro, ya que es una garantiza para la cohesión social y para la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía. Sin olvidar la actual situación económica de nuestro país y la necesidad de hacer un uso eficiente del dinero público, FETE-UGT recuerda que el gasto en educación debe ser considerado como una inversión para el futuro y que ha de situarnos en el ámbito internacional educativo que nos corresponde. 17 Trabajadores de la Enseñanza

Presupuestos

Los PGE 2016 no apuestan por un incremento presupuestario en la Universidad

n lo que respecta a Universidades, FETE‐UGT considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2016 no se corresponde con el discurso de nuestros gobernantes, puesto que solo se incrementa un 0,71% en comparación al 2015 y, si se exceptúa el incremento de la ANECA y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, el incremento es solo del 0,07%. Si el incremento del PIB para el 2016 se calcula alrededor del 3%, nos parece muy alarmante esta subida de solo el 0,07% y de solo el 0,19% para becas.

La cantidad global del presupuesto universitario se incrementa en 11.053.000 euros, que corresponde a un incremento del +0,71%. 10.847.980 euros se aportan a ANECA (nueva 18.108), que asume las competencias del CNEAI y, en realidad, la cantidad final para todos los programas y orgánicas (excepto ANECA) queda en la paupérrima cantidad de 1.105.400 euros que corresponde a un incremento del +0,07%, muy inferior al previsto para el PIB y a la vez inferior al IPC, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo de las universidades. ¿Cómo se consigue tener casi el mismo poder adquisitivo de las universidades? Simplemente, con la congelación salarial de su personal, la partida de gasto más importante de las universidades. El incremento de las becas es de 2.802.290 euros, que corresponde a un pobre incremento del +0,19%, muy lejos de los incrementos previsibles del PIB y del IPC. Si se analizan estas cantidades queda claro que todos los demás programas (excepto ANECA y becas) sufren un decremento de ‐1.669.890 euros. FETE-UGT considera positivo el hecho de incrementar la tasa de reposición al 100%, pero es dudoso que se pueda llevar a cabo por parte de las Universidades, puesto que estas deberán continuar cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria. Con los recortes presupuestarios de los años anteriores, una mayoría de universidades cierran difícilmente los ejercicios con estabilidad presupuestaria y muchas tienen importantes déficits acumulados. Los PGE de 2016 no apuestan por un incremento presupuestario y quizá las universidades tengan problemas para 18 Trabajadores de la Enseñanza

Cap. 1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.6 Cap.7 Cap.8 Total

DIFERENCIAS 2016Ͳ2015 PROYECTO PGE E.UNI % BECAS % 4.326,18 37,52 Ͳ15,00 5.791,87 40,42 Ͳ182,71 8,00 91,95 0,00 Ͳ9.180,77 Ͳ10,58 3.000,00 Ͳ750,14 Ͳ28,57 0,00 Ͳ54,63 Ͳ1,58 0,00 3,00 19,83 0,00 143,51 2.802,29

Ͳ1,56 Ͳ60,78 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00

Un 1% de aumento en los módulos de la enseñanza concertada Para la Enseñanza Concertada, los Presupuestos Generales del Estado para 2016 presentan un aumento de un 1% en los módulos de conciertos. Sin embargo, no se hace ninguna referencia a restaurar las cantidades adeudadas en los conceptos recortados por el RD 20/2012. Los recortes que implicaba ese real decreto supusieron un doble perjuicio a los trabajadores de la red concertada. Además del recorte cuantitativo, se añadía la indefinición de cuál era el concepto salarial del que debía

Con los recortes de los años pasados, una mayoría de universidades cierra difícilmente los ejercicios con estabilidad presupuestaria y muchas tienen importantes déficits acumulados poder poner en práctica esta tasa de reposición. En la inauguración del curso académico, al Rector de la Universidad de Murcia le hubiese gustado hablar de la “paupérrima situación financiera de las Universidades públicas”. Está claro que con estos presupuestos no vamos a salir de esta paupérrima situación financiera.

ser recortado, favoreciendo de ese modola diversidad de formas en función del territorio y rompiendo la homogeneidad salarial establecida por el convenio colectivo sectorial. El Gobierno debe incrementar los módulos, pero también establecer con rigor los mecanismos necesarios para que repercuta directamente en las nóminas de los trabajadores de la enseñanza concertaday que sea compatible con la devolución a la normalidad que demanda el convenio colectivo de sector. FETE‐UGT continua pidiendo que se evalúe el sistema de becas y ayudas a los estudiantes implantado en el curso 2013‐2014, que introdujo notables modificaciones respecto a los anteriores sistemas. FETE-UGT se congratula de que en estos presupuestos se eleve en un 0,2% la cantidad destinada a becas y ayudas; no obstante, sigue siendo un incremento no acorde con las perspectivas del Gobierno de recuperación económica. No se incrementa el concepto de compensación a las Universidades públicas; parece que el Gobierno cree que no va a aumentar el número de estudiantes que reciban beca de matrícula. No obstante, se sigue sin saber cuántos estudiantes de Universidades privadas disfrutan de beca de matrícula.

LOMCE

La evaluación externa no dará información fiable sobre las competencias adquiridas

as pruebas de evaluación final previstas en Educación Primaria, y cuyo real decreto regulador se publicó en el BOE el pasado el pasado 28 de noviembre, no van a proporcionar una información fiable y rigurosa sobre el grado de competencias adquiridas por el alumnado, a juicio de FETE-UGT, ya que no se tiene en cuenta la evaluación continua y solo se contemplan los resultados de esta única prueba externa. El sindicato defiende una evaluación formativa, diagnóstica, orientadora y continua a lo largo del proceso de aprendizaje, con el fin de detectar los progresos y las dificultades, analizar las causas y reconducir los desajustes que se vayan presentando en el alumnado. Para FETE-UGT, las evaluaciones externas han de ser de diagnóstico. Han de contar con la participación y colaboración de los centros y el profesorado, permitiendo el desarrollo posterior de planes de actuación y mejora que contemplen medidas específicas. Las pruebas han de estar conectadas con el currículo y no se deben utilizar para establecer clasificaciones. Bajo nuestro punto de vista, la evaluación no puede tener en ningún momento un carácter de control, sancionador y/o excluyente. Se puede confundir evaluar con examinar, si solo se contemplan como medida de evaluación las pruebas que se apliquen al alumnado, centradas únicamente en la valoración de los aprendizajes y dejando fuera otros procedimientos de evaluación. La ley actual potencia las pruebas externas y estandarizadas como muestra principal de evaluación y rendimiento del alumnado. Este tipo de evaluación basado únicamente en una prueba externa devalúa el trabajo realizado por el alumnado y el profesorado durante todo el proceso de aprendizaje, va en contra de la evaluación continua y se puede correr el riesgo de centrar el trabajo diario con el único fin de la superación de dicha prueba. Además es la manera más eficaz de segregación del alumnado y de competitividad entre los centros, si con los resultados se elaboran rankings.

das en este Real Decreto serán las siguientes:

Se realizarán estas pruebas externas al finalizar sexto curso de Educación Primaria a todo el alumnado de todos los centros docentes. La evaluación tendrá carácter censal y será individualizada.

La evaluación final en esta etapa pretende comprobar el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología del alumnado, así como el logro de los objetivos de la etapa fijados en la Ley.

El resultado de la evaluación final tendrá carácter informativo y orientador y no condicionará el paso del alumno a la Educación Secundaria Obligatoria. El resultado de la evaluación final de etapa se expresará en los siguientes niveles para cada una de las competencias: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB).

Los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo y otras condiciones personales o de historia escolar, realizarán pruebas adaptadas a sus necesidades.

En las Comunidades Autónomas que tengan lenguas cooficiales también será objeto de evaluación la lengua cooficial y sus resultados se incluirán en la eva-

luación de la competencia de comunicación lingüística, en la misma proporción que la Lengua Castellana.

Los padres, madres o tutores legales del alumnado podrán solicitar la revisión de los resultados obtenidos en la evaluación ante el organismo competente de cada administración educativa. El modo de aplicación y corrección de las pruebas corresponderá a profesorado funcionario del Sistema Educativo Español ajeno a los respectivos centros docentes. Las Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora de los centros, teniendo en cuenta la situación de partida del centro, la mejoría o empeoramiento de sus resultados, y la problemática socioeconómica del entorno. Un gasto de 1.451.930 euros Según los datos aportados por el Ministerio, se estima que la primera convocatoria de las pruebas de evaluación de Educación Primaria será realizada a un total de 481.375 alumnos que cursan actualmente el 6º curso de Educación Primaria en casi 14.000 centros docentes, tanto centros con financiación pública (públicos y concertados) como privados. Los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 2016 incluyen una partida de 1.451.930 euros para financiar la realización de estas pruebas.

Título de ESO para la FP Básica También se recoge en este Real Decreto la disposición transitoria única sobre la obtención del título de Graduado en ESO por los titulados en Formación Profesional Básica en los cursos 2015/16 o 2016/17. Se permitirá de forma transitoria que los titulados de FP Básica de ambas promociones puedan obtener también el título de Graduado en ESO, siempre

que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la ESO y adquirido las competencias correspondientes. En estos casos la calificación final de ESO será la calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la LOE.

Las características de las pruebas regula19 Trabajadores de la Enseñanza

Pública

La enseñanza bilingüe, un puzle diverso e incompleto considerarse esta amenaza una de las razones por la que el bilingüismo despierta tanto recelo y rechazo por parte del profesorado no bilingüe.

n la Edad Media y en el Renacimiento los estudios universitarios eran impartidos en latín. Hoy en día las enseñanzas impartidas en una lengua extranjera tienen un valor añadido, ya sea las etapas obligatorias como posobligatorias o universitarias.

empleo, las empresas requerían idiomas sin especificar cuál. Sin embargo, sobre la predominancia del idioma inglés, nada se puede hacer, puesto que es considerado como lingua franca, el idioma internacional, y hoy día todas las empresas lo demandan.

Según el informe de cifras clave de la Enseñanza de las Lenguas en los centros escolares de Europa 2012 de EURYDICE, el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE) forma parte de la oferta educativa ordinaria en prácticamente todos los países. Igualmente, asegura el informe, el idioma inglés domina en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Además, la percepción del alumnado sobre la utilidad de una lengua es un factor de motivación para el aprendizaje, y el inglés es, con mucho, la que considera más útil, de ahí que se esté hablando ya de una ‘englishilitation of education’, puesto que es la más utilizada como medio de instrucción.

Aquí en España y como consecuencia de la descentralización de la educación, estamos ante una situación diversa, puesto que cada comunidad autónoma ha desarrollado en los últimos años su propio plan de bilingüismo o plurilingüismo dependiendo de si cuenta con una o dos lenguas cooficiales.

Otros problemas que la inclusión del bilingüismo, a saco, sin planificación ni negociación con los con los representantes del profesorado, está trayendo son, entre otros, el rechazo por parte de la comunidad educativa: véase el famoso TIL Balear, que dio lugar a una de las mayores movilizaciones en esa comunidad autónoma, o el plan de bilingüismo de la Comunidad de Madrid, origen, entre otros, de la marea verde.

Este hecho está trayendo consecuencias que, dependiendo de la comunidad, afecta de manera distinta a las condiciones laborales del profesorado. Así pues, tenemos casos en los que profesoras y profesores después de estar desarrollando su proyecto educativo durante 20 o más años en un puesto de trabajo, de la noche a la mañana, como consecuencia de convertirse su centro en bilingüe, se ven desplazados forzosamente. Podría

Los más veteranos recordarán que hace unos 20 o 25 años, cuando empezó a requerirse al profesorado conocimientos en nuevas tecnologías, se crearon los programas Mercurio y Atenea, y con ellos planes de formación del profesorado que en el antiguo ‘territorio MEC’ eran de unas 100 horas. A diferencia de aquellos, para aprender un idioma, por mucho que se empeñen algunas academias, no bastan 100 horas. El hecho de

En adición a esto, hace unos años, cuando veíamos anuncios de ofertas de

Los idiomas en los programas electorales PSOE “Construir un modelo común para el aprendizaje de idiomas y un Programa de Cooperación Territorial que, teniendo en cuenta las singularidades de las comunidades con lengua propia y las protegidas estatutariamente, y respetando las distintas competencias atribuidas a las comunidades, permita dominar el uso de al menos un idioma extranjero, preferiblemente el inglés, en el que el alumnado pueda alcanzar semejantes niveles de competencia comunicativa mínimos de acuerdo con los niveles de dominio del idioma establecidos dentro del Marco Común Europeo de Referencia para los Idiomas. Además, promoveremos planes de mejora para las Escuelas Oficiales de 20 Trabajadores de la Enseñanza

Idiomas y que así puedan cumplir todos los fines por las que fueron creadas. Incorporar, progresivamente, a todas las enseñanzas profesionales un segundo idioma extranjero para facilitar la internacionalización de las empresas y para evitar que el desconocimiento de idiomas se convierta en un obstáculo para acceder a más oportunidades laborales”.

PP “Impulsaremos la educación bilingüe en lengua extranjeras desde las primeras etapas del aprendizaje. El conocimiento de un segundo idioma e incluso de un tercero es para el Partido Popular un pilar básico para la movilidad y el acceso al mercado laboral. Para ello nos compromete-

mos a doblar el número de auxiliares de conversación, así como sus horas de permanencia en los centros que así lo requieran, de forma que los alumnos reciban más horas de lengua extranjera con nativos en las aulas, favoreciendo la creación de grupos reducidos de conversación. Impulsaremos que un mínimo de la emisión de contenidos dirigidos a la población infantil y juvenil se produzca en versión original en la televisión, para aumentar la exposición de los alumnos a idiomas extranjeros. Incorporaremos a los auxiliares nativos a las clases de infantil para favorecer la exposición temprana a la lengua extranjera. Impulsaremos la adquisición de certificaciones en idiomas y TIC, tanto para los alumnos como para el profesorado”.

Pública que algunas Administraciones, contradictoriamente, exijan un nivel de C1 para la impartición de clase en lengua extranjera, y sin embargo sus Escuelas Oficiales de Idiomas oferten hasta B2, obligando a pasar por centros privados con precios no baratos, tampoco ayuda mucho. Otro factor que afecta negativamente es la segregación que los programas de bilingüismo pueden acarrear entre los distintos centros educativos y la aparición de centros-gueto para determinados sectores de la población con menos recursos. ¿Qué nos espera? Sin afán de ser agoreros, echando un vistazo a los programas electorales de los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 20D, se puede comprobar que todos ellos incluyen alusiones a la enseñanza bilingüe. La buena noticia es que se trata de un problema coyuntural, puesto que, si hoy en día ya se exige a los nuevos aspirantes a docentes un B2 para el ingreso, en 20 años, no será un problema. Ante la situación diversa que hay en las diferentes comunidades autónomas en la implantación del bilingüismo, FETE-UGT plantea las siguientes reivindicaciones:

PODEMOS “Desarrollaremos un Plan de Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras para la educación primaria y secundaria, orientado a mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras y combatir la segregación social asociada al currículo diferenciado en los actuales programas. l plan deberá garantizar que no supone una desigualdad para el alumnado de diferente origen social. El plan se desarrollará durante cuatro cursos escolares: durante el primer año se realizará un diagnóstico y una evaluación de la situación actual, y se creará un nuevo plan consensuado con la comunidad educativa. Durante el segundo y el tercer año se creará un programa piloto en diversos centros, que se someterá a evaluación. Y, finalmente, durante el cuarto año se

El bilingüismo nunca debe servir para la reubicación de efectivos y desvirtuar así las garantías que ofrece el concurso general de traslados

dica y se correría el peligro de modificar las condiciones laborales del profesorado, sin asistencia de pacto donde quedara suscrito el acuerdo entre las partes.

Que

la aplicación de esta norma nunca debe de servir de excusa para la reubicación de efectivos y desvirtuar de esta manera las garantías que ofrece el Concurso General de Traslados.

Que Un

plan de plurilingüismo efectivo homologable en todo el Estado, que sirva de referencia para el posterior desarrollo del bilingüismo en las diferentes comunidades autónomas, permitiendo la movilidad del profesorado y unas condiciones de formación del profesorado que satisfagan la demanda del sistema educativo.

Ante

el clamor existente, la petición por parte de las diferentes comunidades autónomas de un plan que evalúe cómo ha funcionado hasta ahora el bilingüismo, estableciendo los planes de mejora y modificaciones oportunas.

Que

el Ministerio, en este caso y en otros, debe ser el garante de la norma; de lo contrario se crearía inseguridad jurí-

extenderá a todos los centros escolares del país”.

CIUDADANOS “Ciudadanos busca asegurar que todos los estudiantes hablan inglés con soltura al salir del bachillerato o del último ciclo de formación profesional (FP). Por ello, se compromete a trabajar para que todos los estudiantes tengan acceso a un sistema de enseñanza plurilingüe. Propone que en todas las escuelas se eduque a los niños en dos idiomas (español e inglés) o tres (lengua autonómica, español e inglés). Además, propone que los centros de primaria y secundaria de las comunidades monolingües de España ofrezcan, en función de la demanda existente, la enseñanza de una segunda lengua española (catalán, gallego, euskera…), además del castellano, como

no puede servir para recortar plantillas, amortizando plazas de jubilaciones en algunos casos, ni para suprimir o desplazar al profesorado.

Regular con carácter general las titulaciones que se están demandando en los diferentes territorios. No puede ser que, para impartir una misma lengua, se exija la certificación de diferentes niveles de conocimiento .

La utilización de más recursos dando oportunidad, de forma voluntaria, a que todo el profesorado se pueda formar en lenguas, siendo las Escuelas Oficiales de Idiomas las encargadas de esta formación; adaptando los horarios y haciéndolos compatibles con los del profesorado. Secretaría de Enseñanza Pública de FETE-UGT

asignatura optativa, y que las universidades del país ofrezcan las lenguas cooficiales como asignaturas de libre elección. Profesorado: teniendo en cuenta la importancia cada vez mayor del inglés, tendría que ser requisito indispensable para poder dar clases el hablarlo y escribirlo de manera fluida. En países como Finlandia, por ejemplo, los profesores pueden dar clase de manera indistinta en los dos idiomas. La habilitación progresiva en inglés del profesorado debería ser obligatoria para todo el que quiera ejercer la función docente”.

IU-UP “Las Administraciones educativas se encargarán de proteger y normalizar el uso y el conocimiento de la lengua oficial del territorio, que será compatible con el conocimiento de la lengua oficial del estado y una tercera lengua”. 21 Trabajadores de la Enseñanza

Privada

El convenio de la Enseñanza Concertada y su paso por el SIMA

amino ya de tres años desde que se firmó el VI Convenio de la Enseñanza Concertada. Tantas cosas han pasado desde entonces y al tiempo tan pocas. Lo más novedoso es que los colegios concertados siguen activos, no hay novedades, con sus problemas y sus dificultades que no faltan. Pero los mensajes pesimistas que alertaban del fin del convenio colectivo sectorial y los recortes habilitados por los propios sindicatos desde la siguiente nómina a la entrada en vigor del mismo convenio colectivo y que justificaban la ausencia del convenio colectivo se demostraron innecesarios y alarmistas. Fueron irrespetuosos y únicamente sirvieron para incorporar el miedo. Eso sí, no somos tan osados como para ocultar nuestra preocupación por las múltiples cuestiones que en cada territorio van surgiendo y que afectan, en unos casos más que en otros, al empleo en el sector y al mantenimiento del propio convenio colectivo. Por supuesto que dichas cuestiones no tienen nada que ver con el articulado del convenio sino con decisiones administrativas, de gestión, de recortes y falta de liderazgo de quienes puedan gestionar la educación desde el ámbito político. Ahora más que nunca, el trabajador de la concertada aboga por los pactos que estabilicen su puesto de trabajo y su colegio. Parece generalizado el enfado de los profesionales cada vez que, por distintas razones, se pone en tela de juicio su labor. Y el convenio colectivo, en cierta manera, fue y es un pacto laboral del más alto valor. Precisamente porque no fue fácil, es digno de ser tenido en la más alta consideración. Recordando, al amparo de unas jornadas de la Unión General de Trabajadores y la Fundación SIMA en las que la Federación de Enseñanza pudo participar, el proceso de búsqueda de soluciones al bloqueo del convenio colectivo de la Enseñanza Concertada, hemos reflexionado sobre la importancia de la búsqueda humilde de soluciones alternativas cuando las vías principales están bloqueadas. Y en ese sentido el paso por el SIMA como órgano de mediación fue clave. En los siguientes párrafos lo queremos poner en valor. Los trabajadores de la Enseñanza cam-

biaron su percepción de los órganos de mediación y arbitraje cuando en la primavera de 2013 el convenio colectivo de la Enseñanza Concertada (convenio de referencia en la Enseñanza Privada) vivió sus horas más dramáticas. Entendieron que la negociación colectiva es algo más que una secuencia de reuniones con mayor o menor sentido. El convenio de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos es un convenio sectorial

te, y gracias al trabajo de las organizaciones firmantes del convenio, entre las que FETE-UGT se encuentra, no sucedió. Las causas fundamentales del bloqueo fueron cada uno de los recortes que llegaron desde las Administraciones públicas y que afectaron directamente a los espacios competenciales de la mesa del convenio colectivo, como los salarios, la PEA o el complemento por

Ahora más que nunca, el trabajador de la concertada aboga por pactos que estabilicen su puesto de trabajo y su colegio

de ámbito estatal que regula las condiciones de trabajo y los salarios de los más de 130.000 personas que trabajan en los centros de enseñanza de titularidad privada no universitaria, integradas o no integradas, que al menos impartan un nivel educativo sostenido total o parcialmente con fondos públicos y que se hallen autorizados por la Administración educativa competente por razón de su ubicación territorial. Quisiéramos destacar que la negociación del VI convenio se prolongó por espacio de cinco años, lo que es, a todas luces, una extensión en el tiempo que sin duda no es considerada normal. A este respecto, hay que añadir que, durante todo ese tiempo, se variaron varias veces las propuestas, los contenidos de la negociación e incluso afloraron las empatías y las diferencias entre organizaciones. No por inconsistencia de las organizaciones o por haber cambiado de criterio, sino aspectos externos a la propia negociación dinamitaron en distintas fases la propia estrategia de cada organización negociadora e incluso sentaron las bases de una voladura descontrolada del propio convenio colectivo que afortunadamen-

Incapacidad Temporal. Obviamos decir que, en los niveles curriculares objeto del concierto educativo, los salarios vienen marcados desde antiguo por los Presupuestos Generales del Estado. Hasta el V convenio colectivo por puro sentido común y ya desde el VI (como consecuencia de la propia dinámica de los recortes traducidos en modificaciones presupuestarias como con el RD 20/2012) incluido dentro del propio convenio colectivo. Los dos recortes salariales, tanto el RD

8/2010 como el RD 20/2012, tuvieron unas consecuencias perversas en las nóminas de los trabajadores. Lo primero con las cantidades injustamente detraídas, a lo que además se le sumaba la forma en la que se aplicaron. Se aplicaron en porcentajes diferentes dependiendo de la etapa educativa y/o de la comunidad autónoma (recordemos que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y por tanto son las pagadoras de los trabajadores por la fórmula jurídica conocida como pago delegado), de conceptos diferentes o iguales (salario base o complemento autonómico, que es donde se refleja la especificidad de cada comunidad autóno-

para desbloquear un problema del que, hay que reconocerlo, ninguna organización tenía la fórmula del desbloqueo. No era fácil encontrar las soluciones y empezaba a palparse la idea de la ruptura del convenio colectivo fraccionándose en múltiples convenios de empresa que podrían liberalizar el sector. Igualmente, fue complicado crear el clima adecuado con las organizaciones patronales evitando los recelos, comprensibles hasta cierto punto, hacia los propios mecanismos de mediación. Incluso en algún momento determinada organización pudo llegar a sentir el SIMA como un elemento que pretendía mostrar ‘injerencias’ en la mesa nego-

ciadora. Nada más lejos de la realidad. Porque adelantamos que la sensación general al finalizar el proceso fue que el SIMA sirvió, fue útil y acabó percibiéndose como algo unánime. El procedimiento fue extremadamente complejo. Y es aquí de justicia poner en valor la figura del Mediador. Las experiencias de FETE-UGT en el SIMA las tenemos relacionadas con un alto nivel de competencia de los mediadores, y en este caso, exactamente igual. Tanto uno como otro mediador tuvieron una parte importantísima del éxito de la mediación. Su paciencia infinita, su temple, la capacidad de aguante en momentos de gran tensión y siempre buscando la mejor de las salidas, les confiere como artífices del Acuerdo definitivo. Tras numerosas reuniones y aplazamientos (más de lo que el propio SIMA tiene como procedimiento básico), se consiguió redactar un Acta de acuerdo que daba rendida cuenta de lo que fue considerado como el eje vertebrador del futuro convenio colectivo. Las materias más sensibles incorporadas al acta fueron aceptadas por las cuatro organizaciones con representatividad en el ámbito estatal, si bien hay que añadir que una de las organizaciones, la que finalmente se desmarcó de la firma definitiva, presentó una manifestación de parte que maquillaba su posición de aceptación de los importantes avances que consiguieron. Preparaba la batalla en el escenario de la ausencia de la firma.

ma) dependiendo del criterio de cada territorio. La consecuencia fue clara: se ningunearon el espacio y las competencias de la propia comisión negociadora que, recordemos, que es de ámbito estatal. En dicho contexto, FETE-UGT vio claro que había que buscar ayuda en un agente externo, pero de la adecuada solvencia: el SIMA. La primera labor fue asumir por parte de todas las organizaciones sindicales las razones por las que el SIMA era el espacio adecuado

Fue complicado crear el clima adecuado con las organizaciones patronales evitando los recelos, comprensibles hasta cierto punto, hacia los propios mecanismos de mediación

Ya finalizada la labor del SIMA, hubo que seguir avanzando en el proceso de redacción de lo acordado, algo que fue extremadamente difícil pero, como se comprobó el 19 de junio del mismo año 2013 con la firma del convenio colectivo, fue posible. La firma la realizaron finalmente la totalidad de las organizaciones patronales (que gracias al SIMA movieron ampliamente su posición) y por los sindicatos FETE-UGT, FSIE y USO quedándose fuera CCOO, contradiciendo lo firmado en el Acta de acuerdo del SIMA. Se consumó el pacto laboral del convenio colectivo, se consumó el bloque del 90% de la representatividad de los trabajadores del sector. Casi tres años después, han pasado tantas cosas. Y al tiempo tan pocas. Secretaría de Enseñanza Privada de FETE-UGT 23 Trabajadores de la Enseñanza

Salud laboral

La prevención de riesgos laborales en la enseñanza, una asignatura pendiente

a Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) tiene como fecha de nacimiento el 8 de noviembre de 1995, por lo que celebramos su vigésimo aniversario. Esta ley nació como transposición a la legislación española de la directiva europea 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria. A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud e integridad, la ley establece las diversas obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho objetivo. La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que vaya más allá del mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo, como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan. Habiendo pasado ya 20 años desde la publicación y aplicación de la LPRL, es indudable que hemos realizado grandes avances en esta materia, pues cuando se

24 Trabajadores de la Enseñanza

empieza prácticamente de la nada hay amplio margen de mejora, pero es innegable que todavía nos queda mucho camino que mejorar. Es más, podemos decir que, coincidiendo con la grave crisis económica y las medidas que el actual Gobierno ha implantado para hacerla frente, se ha producido un retroceso en las medidas relacionadas con la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras en general, y de los profesionales de la enseñanza en particular. ¿Cómo ha afectado la política generalizada de recortes a la salud laboral de los trabajadores/as de los centros escolares? La práctica totalidad de los recortes econó-

Un entorno escolar masificado es un buen caldo de cultivo para la aparición de estrés, síndrome del quemado o depresión

micos realizados en el sector educativo tienen influencia en tres aspectos fundamentales: se reduce el número de profesores en relación al número de alumnos, se reduce la atención personalizada al alumnado y se aumenta la jornada laboral del profesorado. El conjunto de todas estas medidas, no solo empeora significativamente la calidad de la educación de nuestros escolares y favorece el deterioro de la escuela pública, sino que supone un sustancial empeoramiento de las condiciones de trabajo del colectivo de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Este colectivo encuentra cada vez mayores obstáculos a la hora de desempeñar su trabajo, pues se enfrenta a clases cada vez más numerosas, en los que los comportamientos disruptivos se ven favorecidos, pues hay más alumnos y sus necesidades especiales están peor atendidas. La ausencia de recursos económicos que estaban destinados para la contratación de profesorado de apoyo y especialistas hace que aumente la carga laboral del profesorado que tiene que hacer frente a las funciones suprimidas por los recortes

económicos, produciéndose un sustancial deterioro de las condiciones laborales, lo que unido a las propias características de nuestra tarea hace de nuestro colectivo uno de los principales afectados por trastornos de origen psicosocial. Podemos afirmar que existe una fuerte correlación entre una serie de factores presentes en el entorno laboral de los centros escolares, llamados factores de origen psicosocial, y en los que juegan un papel fundamental el tipo de relaciones humanas que se producen en el trabajo, y una serie de trastornos en la salud de los trabajadores, como son el estrés, el síndrome del quemado o la depresión. Todos estos datos han sido contrastados en múltiples estudios, como el realizado el año pasado por nuestra organización a más de 2.500 trabajadores del sector. En ellos se muestran cifras de entre el 40 y el 50 % del profesorado que manifiesta sentir niveles de estrés alto o muy alto, mientras que los niveles del síndrome del quemado o burnout en el profesorado están sobre el 12%. Lamentablemente, un entorno escolar masificado, en el que no se pueden atender las necesidades educativas especiales de un alumnado cada vez más diverso, y en el que el profesorado se enfrenta a jornadas más extensas y en peores condiciones laborales, es un buen caldo de cultivo para la aparición de estrés, síndrome del quemado o depresión, trastornos que pueden generar graves consecuencias para la salud de los trabajadores y trabajadoras. La crisis económica se convierte en una excusa para el incumplimiento de las normas en prevención de riesgos laborales, que ya eran de por sí poco implementadas. La escasez de recursos económicos hace que tanto empresarios, para el caso de centros educativos de titularidad privada, como la propia Administración del Estado, en sus diferentes niveles de competencia, para los centros de titularidad pública, incumplan sistemáticamente sus obligaciones en esta materia. Así pues, aprovechemos la conmemoración de una fecha tan significativa como es la aparición de la LPRL para reivindicar una mejora en la salud laboral y prevención de riesgos laborales de nuestro sector.

Políticas Sociales

15 medidas prioritarias en Educación contra la violencia de género 8 C

on motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, FETE-UGT ha presentado 15 medidas prioritarias en Educación contra la violencia de género.

Incluir en los Centros de formación del Profesorado, especialistas en igualdad, para orientar,formar y asesorar a los y las docentes.

Potenciar la coordinación de los equipos psicopedagógicos y de orientación con otros servicios y entidades (servicios sociales, centros de acogida, policía, etc) en las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar, escolar o social.

Creación de Unidades de Igualdad en las Consejerías de Educación, con presupuesto, recursos y especialistas que promuevan la coeducación, la prevención y actuación ante situaciones de violencia de genero (Ley Orgánica 3/2007)

Creación de un servicio especÍfico de atención telefónica o telemática (040) a la violencia de género para niñas y jóvenes

Creación en todas las Comunidades Autónomas, de un protocolo de actuación de violencia de género especifico para los centros educativos y universidades.

.. Incorporar la perspectiva de género en los estudios e investigaciones sobre convivencia escolar, bulling, ciberacoso y relaciones entre iguales.

. Incorporar materias específicas de igualdad, violencia de género y coeducación en la formación inicial del profesorado, titulaciones oficiales de grado de Ciencias de la Educación y en los másteres universitarios.

. Inclusión, en el temario para el ingreso a la Función Pública docente, de materias específicas para la formación en igualdad, desarrollo del modelo coeducativo y prevención de la violencia de género.

Incorporar al currículo la educación en igualdad, la educación afectivo sexual, la prevención de violencia de género y recuperar Educación para la Ciudadanía.

Incorporar en el proyecto de centro, la figura de responsable en igualdad con formación específica y recursos que promueva campañas de sensibilización y actividades extraescolares.

Potenciar la función tutorial, como elemento esencial para detectar, atender y derivar situaciones que puedan conllevar violencia de género.

Promover la colaboración de las AMPAS para la formación en igualdad y prevención de violencia.

. Fomentar, en los centros educativos y Universidades, la participación de los estudiantes y las estudiantes en el desarrollo de acciones de igualdad y prevención de violencia de género

. Fomentar la formación en el uso responsable de las redes sociales y nuevas tecnologías libres de violencia de género.

. Promover que las editoriales, la industria de los juguetes y de los videojuegos que se dirigen a menores y jóvenes, respeten un código ético que contemple la igualdad y la prevención de la violencia de género.

25 Trabajadores de la Enseñanza

Políticas Sociales

Un instituto de La Rioja obtiene el primer premio ‘Ama en igualdad. Di no a la violencia de género

ETE-UGT convocó, con ocasión de la celebración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un concurso de vídeos bajo el lema ‘Ama en igualdad. Di no a la violencia de género’. El video galardonado con el primer premio ha sido el elaborado por el IES Celso Díaz, de la localidad riojana de Arnedo. En total, se recibieron 70 videos, realizados por alumnas y alumnos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional de todas las comunidades autónomas. Las aulas son el espacio natural en el que transcurre una parte de las vidas de chicos y chicas, y el escenario en el que se enamoran por primera vez o se enfrentan a ilusiones y miedos, inseguridades o decepciones en las relaciones que establecen con sus iguales o incluso con sus referentes. En los centros educativos vemos a diario a grupos de adolescentes y jóvenes que están aprendiendo a quererse, a relacionarse, a decir y decidir lo que quieren o lo que prefieren. Por ello, FETE-UGT considera que la comunidad educativa debe brindar experiencias positivas que permitan construir relaciones basadas en el respeto, el cuidado, la autonomía, la libertad, la corresponsabilidad y la igualdad entre hombres y mujeres, de manera que se trabaje la prevención en la violencia de género.

Alicia Romero, secretaria general de FETE-UGT de La Rioja (a la derecha), durante la entrega del primer premio al equipo del IES Celso Díaz, de Arnedo.

Galardonados 1º premio IES Celso Díaz, de Arnedo (La Rioja). ESO. 2º premio IESO Colonos, de Gévora, (Badajoz). 3º ESO, 3º Diversificación y FPB. 3º premio IES G. M. Jovellanos, de Fuenlabrada (Madrid). Aulas de compensación educativa 3º premio IES Conde Diego,

de Porcelos (Burgos). Aula EBO. Mención especial para S.C.A Séneca, de Córdoba. 3º ESO. Mención especial para CEIP Los Pinos, de San Pedro del Pinatar, (Murcia). 5º de Primaria. Mención especial para IES Nª Señora de la Cueva Santa, de Montanejos (Castellón). 3º ESO

Fotogramas del vídeo realizado en el IES Celso Díaz, de Arnedo (La Rioja), titulado ‘Mi película’ y galardonado con el primer premio. 26 Trabajadores de la Enseñanza

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