Informe "Situación sobre los derechos humanos en el estado de México" 2018-2019

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, de carácter civil, autónomo, independiente, apartidista, plural, diverso y democrático. Contribuye, apoya y acompaña a organizaciones, personas, pueblos y comunidades que participan en la ardua lucha por el respeto a los derechos humanos.

Contacto: Oficinas Atizapán: Paseo de San Francisco, Segundo Piso, No. 133, Colonia, Jardines de Atizapán, Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México, Código Postal 52978. Teléfono de Oficina: (52)(55) 67936747 de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

Oficinas Nezahuálcoyotl: Tlalpan no. 364, col. Vicente Villada, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, Código Postal 57710.

Correo Institucional: cdhzeferinoladrillero@zeferinoladrillero.org y cdhzeferinoladrillero@gmail.com El “Zeferino Ladrillero” divide sus áreas de trabajo para acompañar, según su especialidad, a cada organización, personas, pueblos o comunidades que nos otorgan la confianza al caminar por su causa.

Área de Administración y Procuración de fondos: Jésica Hernández Ana Peniche Alonso Peniche Área de Comunicación: José Víctor Rodríguez Nancy Rodea Argelia Zacatzi Erika Garrido Ángel Zúñiga Área de Documentación Citlalli Cleto

Área Jurídica Fabiola Vite Gloria Méndez Antonio Núñez Jesús Fierro Juan Manuel Mancera Armando Soria Evelin López Esther Flores Área de Protección Citlalli González Coordinación general José Antonio Lara

Área de Educación Iber Mora Claudia Jiménez 1

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ÍNDICE

Introducción ¿Dónde estamos parados? Breve análisis del contexto 1.

Tres casos urgentes en el Estado de México 1.1 San Pedro Tlanixco 1.2 Santa Lucía y el Nuevo Aeropuerto 1.3 La pedrera

2.Las

3.

deudas del Edomex 2.1 Santiago Tianguistenco 2.2 La Magdalena Panoaya 2.3 Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 2.4 Santa María Cahuacán 2.5 Santa María Apaxco 2.6 San Francisco Tlalcilalcalpan 2.7 Los pueblos indígenas 2.8 Otras deudas

De norte a sur, de este a oeste…

3.1 Sistemas comunitarios de agua 3.2 Situación de las mujeres en la entidad 3.3 Los presos políticos

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INTRODUCCIÓN Durante los siete años de trabajo que el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” lleva de vida pública, ha compartido los pasos con distintos pueblos y organizaciones. Generamos un sin número de puentes de apoyo para fortalecer los horizontes políticos y democráticos para encontrar la justicia jurídica y social.

Este transitar no ha sido fácil, el despojo y represión del Estado mexicano articulan un modelo que impone sus condiciones, y que, carece como objetivo la vida digna de los pueblos.

Un modelo que implica una seria “crisis de los derechos humanos” enel país, con despojo territorial, personas asesinadas, desaparecidas, privatización del bien público, violencia contra los derechos fundamentales, dentro de la lógica depredadora.

Ante esta circunstancia, observamos que los derechos humanos es una herramienta para comprender y develar el funcionamiento óptimo de la razón y el buen convivir entre los ciudadanos y sus gobernantes.

Herramienta que permite cavar trincheras frente a las múltiples reinvenciones de la acumulación originaria que nos define como país periférico; para tejer estrategias; para caminar y transformar el rostro, cuerpo, tiempo, de nuestros mundo.

No es fácil cargar con una historia donde la democracia se disfraza de rostro eficiente, limpio y puro, pero que cubre un interior con peste y podredumbre, corrupción, engaño, horizonte político carentes de justicia, respeto y democracia.

En la entidad mexiquense, lo mismo se puede identificar con el nombre de Isidro Fabela, Carlos Hank González o Peña Nieto. Puede ser una Ley para criminalizar la protesta social, para reprimir o despojar.

Este supuesto triunfo se traduce en derrota para los pueblos en un contexto donde, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tan sólo 21.2 por ciento de sus habitantes pueden ser consideradas “población no pobre y no vulnerable”1.

Aquí, en el estado de México, los actos de corrupción de servidores públicos son los más numerosos del país2, en sus 125 municipios se registra el mayor índice de impunidad (80.06 puntos), el mayor número de carpetas de investigación (202 mil 205) pero el pobre número de mil 209 sentenciados en primera instancia (es decir, sólo el 0.59 por ciento de las carpetas acaba en sentencia)3.

La entidad mexiquense tiene la mayor incidencia delictiva de todo el país. Por ejemplo, el municipio de Ecatepec alcanza 95 por ciento4 de todo el territorio mexiquense.

Según el reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, la entidad que gobierna Alfredo del Mazo Maza es la segunda con el mayor índice de asesinatos5 en todo el país.

1https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/EstadodeMexico/PublishingImages/EdoMex_Cuadro1.JPG 2Según datos del área de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana en la entidad mexiquense se registró el número más alto

de actos de corrupción por cada cien mil habitantes en el país, con 62 mil 160 (información febrero 2018)

3https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 4http://www.proceso.com.mx/489405/edomex-infierno-llegue 5http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-V%C3%ADctimas-2018.pdf

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En este contexto, este informe que presenta el “Zeferino Ladrillero” tiene la intención de aportar referentes para obtener justicia y dignidad. Visibiliza la situación de los derechos humanos en el estado de México a través de los procesos organizativos de los pueblos mexiquenses. Acompañamos la lucha “al aire” de personas ubicadas en Tecámac, Apaxco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Zumpango, entre otros muchos más, quienes persisten por recuperar su derechos a la vida y a un medio ambiente sano.

Los “pueblos de fuego”, como San Pedro Tlanixco, luchan por obtener dignidad de los que fueron presos políticos y ser reconocidos sus derechos indígenas; en este marco también se ubican las pobladores de Santiago Tianguistenco que, con su característico trueque buscan dignificar sus usos y costumbres heredados de por décadas de sus antepasados.

“Los pueblos de agua”, que se organizan en sistemas comunitarios, y que, protegen el llamado “oro azul” para que no se convierta en una mercancía y un privilegio para quien pueda pagarla.

Finalmente la lucha de los “pueblos de tierra”, como Santa María Cahuacán y San Salvador Atenco, que se mantienen al pie de lucha desde hace más de 15 años para preservar su tierra de cultivo de lo que algunos llaman “progreso”, pero como pareciera que sólo importa el interés de algunos, el despojo para la construcción (o ampliación) de un aeropuerto que intenta ser trasladado a zonas de Tecámac y Zumpango.

Este informe mantiene un recuento de aquellas víctimas de feminicidio que aún no alcanza la justicia, porque en la entidad no se reconoce la violencia de género, implícita en sus muertes.

Se reconoce la digna lucha de los pueblos mexiquenses que, a pesar de vivir entre la represión social, persisten para impedir el atropello de sus garantías individuales y tener acceso a una vida digna.

La confección de este documento es comunitario en tres niveles. En primer plano con las víctimas, quienes son testigos directos de los atropellos. Con los defensores, quienes hacemos eco de la sistemática violación. Y, con aquellos que toman las decisiones en el mundo político, y quienes deberían reconocer esta situación sistemática de violencia contra las personas. A estos últimos resaltamos el producto de esta radiografía con la intención de hacer notar una verdadera “crisis” en materia de los derechos humanos en el país, de manera particular en la entidad mexiquense.

Se ofrecen datos crudos para resaltar la importancia de comprender la situación que vive la entidad, testimonios y experiencias de resistencia, que históricamente ha sido invisible en el discurso oficial.

Agradecemos el acompañar, mirar y preguntar sobre el recorrido que hacemos en esta noble tarea de defender los derechos humanos.

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¿Dónde estamos parados?

(Breve Análisis de Contexto)

A poco más de un año de la elección presidencial, sin duda alguna un acontecimiento histórico para nuestro país, la participación de la sociedad mexicana es importante y los resultados electorales impactan en la vida pública del país, sin embargo, ¿nos encontramos verdaderamente ante la cuarta transformación del país? o ¿simplemente nos encontramos ante una nueva etapa más del sistema político mexicano que ya todos conocemos?

Las reflexiones siguientes son resultado de un análisis colectivo del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, y no aspira a representar a ningún pueblo ni organización de los cuales acompañamos, simplemente es un modesto aporte al análisis que realizan en todos lados y de todas las formas. El ejercicio impulsa la reflexión necesaria de los actores que defienden derechos humanos desde tierra mexiquense.

Identificamos dos ejes desde donde entendemos lo que pasa ahora y pasará, al menos, durante la primera etapa del gobierno obradorista: La legitimidad y contradicciones del gobierno de la República Con una importante participación en las urnas y una diferencia significativa entre los votos obtenidos por los distintos candidatos a la presidencia, el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador goza de un importante respaldo popular, situación que al menos desde 1988 no se tenía en este país.

Electoralmente hablando, tenía, al menos, unos 30 años que en México no dejaba de existir un olor a fraude electoral, exceptuando tal vez la del año 2000, donde el foxismo logró la silla presidencial (pero eso merece otro análisis específico del que no nos ocuparemos ahora), pero las presidencias de Zedillo y Peña Nieto indudablemente mantuvieron ese tufo a pesar, incluso, del posible reconocimiento a sus triunfos por los opositores, ya no digamos las presidencias de Salinas y Calderón. Resulta indudable que a diferencia de todos los presidentes electos en el México reciente, López Obrador goza de un respaldo popular que se había olvidado.

El 1 de diciembre de 2018 Andrés Manuel López Obrador rindió protesta en la Cámara de diputados ante la legitimidad ciudadana, el ambiente fue de aceptación y confianza, acciones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco --con las particularidades que la consulta tuvo--, su discurso de austeridad y de acabar con la corrupción generaron expectativas a quienes en julio votaron por él, pero también a quienes desde otros caminos trabajan por la dignidad y la justicia.

Sin embargo, otras acciones tomadas por el representante del Poder Ejecutivo no han sido tan acertadas y han provocado inconformidades incluso en aquellos que en algún momento, aunque con recelo, llegaron a confiar en un cambio o incluso acudieron a las urnas para votar por un personaje que parecía –al menos en el discurso- marcaría la diferencia frente a los últimos gobiernos de México, evidentemente fallidos.

A nueve meses de aquel 1 de diciembre, la aceptación del Andrés Manuel ha ido en declive. Las contradicciones molestan cada vez a más grupos, su autoritarismo asusta a otros, y sus promesas más fuertes de campaña no se vislumbran ni a mediano ni largo plazo, la austeridad prometida ha trastocado los programas sociales que afectan a sectores importantes de la población y definitivamente, a pesar de nombrarse progresista, tiene tintes conservadores muy marcados, lo que también se contradice con el juarismo en el que dice inspirarse su gobierno.

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Por otro lado, hay actos simbólicos importantes que aún lo mantiene con un alto nivel de legitimidad, como abrir la exresidencia oficial de “Los Pinos” al público desde su primer día, las ventas y subastas del avión presidencial y demás propiedades de uso oficial, las conferencias por la mañana que provocan una sensación de cercanía y rendición de cuentas para con la ciudadanía. Estas acciones le merecen a López Obrador la simpatía de muchos, a pesar de esto, el nivel de aceptación de su gobierno ha disminuido considerablemente.

La oposición Así como el presidente goza aún de legitimidad, también es muy evidente que hay un rechazo hacia él, su gabinete y cualquier decisión que tome. El rechazo proviene no sólo de quienes se han desencantado del gobierno actual, sino sobre todo de quienes desde siempre han sido sus opositores políticos.

Por supuesto que los predecesores de López Obrador han tenido una fuerte oposición pero fue quizá desde el gobierno de Felipe Calderón cuando esta oposición se hizo más visible y explotó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Calderón recibió las críticas por haber asumido la Presidencia después de un evidente fraude electoral, por la decisión de declararle la guerra al narcotráfico obteniendo a miles de personas asesinadas y desaparecidas e impunidad para los militares y policías que participaron en éstos y otros crímenes.

Pero, además, otras tragedias como la ocurrida en 2009 en la guardería “ABC” de Hermosillo, Sonora, cuando más de 40 menores de edad perdieron la vidas tra un incendio que alcanzó la estancia infantil donde permanecían.

Por su parte, Peña Nieto inició su mandato con protestas ciudadanas contra él, su partido y las instituciones electorales; durante los seis años de su gobierno enfrentó críticas por la represión ejercida contra defensores de derechos humanos y periodistas, masacres como la de Ayotzinapa, despojos territoriales, por actos de corrupción, despilfarro de él y su familia y sus constantes errores en público que dieron lugar a críticas y burlas permanentes en redes sociales.

Era de esperarse que Andrés Manuel también contaría con adversarios encargados de señalar sus errores y criticar sus decisiones, sin embargo, pareciera que las élite que durante muchos años perpetuó y legitimo la arbitrariedad de los presidentes anteriores han comenzado cuestionar acciones que, en antaño, pasaron por alto.

Grupos políticos y económicos, empresarios, sociales y demás, emiten críticas al gobierno actual con narrativas poco propias de la derecha mexicana: hablan de violación a los derechos humanos, de respeto al medio ambiente, de legalidad, de respeto a las minorías, señalan y condenan cualquier indicio de corrupción, nepotismo y autoritarismo.

Sin duda las críticas son necesarias e incluso justificables, sin embargo lo que aquí queremos señalar es que provienen de un grupo que, en otros tiempos, y frente a otros actores, no lo hubiera hecho; esta situación indica que no son es una oposición real sino una oposición oportunista que aprovecha los errores garrafales del presidente para intenta fortalecerse.

Esto se traduce de manera directa en escollos para los pueblos, organizaciones, movimientos sociales que, por años, o de manera reciente, se oponen a políticas gubernamentales al defender sus derechos humanos, pues si se atreven a rechazar las acciones del Presidente de la República, temen ser confundidos con la derecha oportunista quienes, por su puesto, buscan legitimarse al intentar hacerlos sus aliados.

Por otro lado, la polarización continúa en los diálogos cotidianos. Pareciera ser que estar en contra de López Obrador lleva a respaldar a los gobiernos predecesores, y a la inversa; señalar cómo la derecha está lucrando políticamente con los errores del gobierno actual lleva a quien sea a ser un seguidor devoto de Andrés Manuel.

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Lo que es innegable es que hay un amplio abanico de posturas ante la situación política actual y que en definitiva irán cambiando en los poco más de cinco años que restan, mientras tanto, existen quienes sin importar el color y la persona que gobierne siguen dignificando la lucha emprendida por una vida digna y que, aunque el caminar se torna difícil, nos tomamos de la mano de forma colectiva para generar optimismo.

El estado de México En el estado de México reviste una importancia significativa en este nuevo escenario, sobre todo, eso se tiene claro en el Palacio de gobierno de Toluca. La sobrevivencia política del PRI, aunque decidan cambiarle el nombre, depende como en el año 2000, en buena medida, del afianzamiento de sus bastiones a lo largo y ancho del país. Hoy por hoy, con todo y la derrota electoral que vivieron, la entidad mexiquense tiene a un grupo político hegemónico y es tricolor.

Hay que precisar que si bien la mayoría de municipios y escaños en el Congreso local se tiñeron de color guinda, no puede dejar de lado que una parte significativa de esos espacios fueron cedidos a antiguos, priistas, panistas, perredistas, o dicho de una forma, los cacicazgos regionales mutaron para mantener el control político de estas regiones. A aún falta tiempo para verificar si el funcionamiento de los municipios del estado de México están ligados a la federación o con el gobierno local, de ahí que en muchos de estos espacios de control caciquil falte tiempo para observar lo que ocurre.

Si bien es cierto que la legitimidad, las contradicciones y la continuidad del modelo se asientan con algunas características de la realidad nacional, en el estado de México se tiene tres matices importantes. El gobierno estatal no cambió y la realidad a la que nos referimos también impactará, por otro lado, los cacicazgos harán lo posible por adecuarse a este escenario para perpetuar su existencia y, finalmente, que para esta supervivencia resulte importante la participación de otras instituciones con “supuesta” autonomía en la entidad.

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Tres casos urgentes en el estado de México Desde el “Zeferino Ladrillero” consideramos que la situación actual exige que los pueblos y organizaciones actualicen su análisis y planteamientos, sin renunciar a la importante lucha apartidista y desde las propias comunidades, de reconocer que el escenario está en movimiento y que requiere, así como un nuevo análisis, nuevas estrategias para continuar con la defensa de la tierra, el territorio, medio ambiente, agua, derechos de los pueblos indígenas, originarios, libertad de los presos políticos, que es la lucha de fondo e histórica de los pueblos, más allá de los cambios gubernamentales.

Hoy, en la entidad reconocemos la existencia de tres casos emblemáticos que, por historia, temporalidad o circunstancias del contexto político y social, viven momentos importantes de trasgresión de las garantías individuales o, en su caso, dignificación de sus propios derechos humanos.

En 2019 ha sido de alegría y profundo reencuentros para los pobladores de San Pedro Tlanixco, comunidad nahua ubicada en el municipio de Tenango del Valle. Luego de haber vivido 16 años de cárcel Teófilo Pérez González y Pedro Sánchez Berriozábal, 13 años Rómulo Arias Mireles y 12 años Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, fue demostrada la inocencia de cada uno de ellos, quienes lograron la libertad y fueron absueltos de cualquier cargo penal.

Desde el penal de Almoloya, de izquierda a derecha: Marco Antonio, Lorenzo, Dominga, Rómulo, Teófilo y Pedro.

Fotografía: ONU DH México, 2018

Poco más de una década y media de las acciones de familiares, amigos y habitantes de la comunidad, lograron que el 17 febrero de 2019 Dominga, Marco y Lorenzo salieran de prisión. Posteriormente, el 5 de abril de 2019, lo hicieran Pedro, Rómulo y Teófilo.

Las seis personas de indígenas nahuas, discriminados y criminalizados, porque el caso de San Pedro Tlanixco es un claro ejemplo de los modos en que el Estado despliega la violencia sociopolítica en alianza con el poder empresarial, documento un ataque a las personas defensoras de los derechos humanos (y más aún si estas son indígenas).

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El “Zeferino Ladrillero” ubica una acción de racismo institucional y cultural que persiste hasta nuestros días de autoridades, que expresan en el ámbito jurídico, en la nula conciencia no sólo de conocimiento sobre las garantías individuales, sino en materia de pueblos indígenas, como dan cuenta los hechos en este caso.

En 2002, San Pedro Tlanixco vio amenazado el río Texcaltenco que nace en sus territorios por empresarios extranjeros floricultores de Villa Guerrero. Los habitantes ya organizados, desde tiempos antiguos, en sistemas comunitarios de agua, decide levantar la voz y defender este recurso fundamental para la reproducción de la vida biológica, social y cultural de su comunidad. En este contexto, el 1 de abril de 2003, representantes de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (ASFLORVI) irrumpieron en el pueblo de San Pedro Tlanixco. En un confuso accidente, Isaac Basso (presidente de esa asociación) cayó a un barranco y falleció, sin que se pudiese determinar que alguien de la comunidad tuviese responsabilidad o participación en el hecho.

A raíz de este lamentable suceso se comienza a criminalizar a la comunidad, perseguir a los principales liderazgos que defendieron el agua que emana desde el volcán Xinantécalt (mejor conocido como Nevado de Toluca), y el posterior arresto, tras ser acusados de un delito que no cometieron.

Es importante resaltar que todos los encarcelados mantuvieron una participación importante de activismo en la región, al ejercer cargos al interior del Comité de Agua de San Pedro Tlanixco y como activos miembros de la comunidad en defensa de este recurso natural.

Desde el inicio del conflicto, los pobladores indígenas enfrentaron actos de racismo y discriminación no solo por parte de los empresarios extranjeros, sino por parte de integrantes de instituciones como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual no solo dejó de facilitar el diálogo para que Tlanixco recuperara su agua, de acuerdo a una concesión previa que el pueblo mantenía.

En esta misma línea, la Procuraduría General de la República (PGR) cuyo expediente PGR/TOL/V/017/2002 declara a la región de San Pedro Tlanixco como un “pueblo terrorista” luego de haberse cometido un “homicidio” contra un extranjero.

Y por la capacidad de la comunidad en convocar a grandes cantidades de personas con el repique de campanas (sin considerar que esta acción forma parte de los sistemas normativos de la comunidad).

Por si fuera poco, los representantes del Poder Judicial ya que el juez empleó argumentos discriminatorios, como el hecho de que un supuesto testigo haya visto a una señora “morena y chaparrita” en el lugar de los hechos para inculpar a Dominga González, o el hecho de desconocer la identidad indígena de los sentenciados, al argumentar que “no hablan su lengua originaria”; además de que no “saben leer y escribir” (asumiendo, por ende, una postura argumentativa que el analfabetismo es propio a los indígenas).

Esta sistemática violación a los derechos humanos genera cambio en la estructura organizativa, divide a sus habitantes, los atemoriza para hacerlos desistir de la defensa de sus derechos y al ser discriminados o estigmatizados, son obligados a negar su pertenencia a un pueblo indígena.

Evidentemente el caso Tlanixco no fue la excepción, la comunidad dejó de defender el agua por miedo a ser detenidos como sus compañeros y el día de hoy --en octubre de 2018-- la comunidad recibe agua potable solo una vez por semana.

Esta situación lleva al surgimiento de nuevos liderazgos en la comunidad como Maricela Molina, Tomasa Pérez, Silvia Cruz, Tomasa Estrada, Raquel Saldívar, Yolanda Álvarez hermanas, esposas, hijas de los presos emprendieron la búsqueda de justicia para sus familiares y visitaron, durante más de 15 años, a abogados, organizaciones, instituciones que pudieran ayudarlos en la búsqueda de verdad y justicia.

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Con nostalgia los hoy expresos dicen “la cárcel no solo fue para nosotros, sino también para nuestras familias”. Después de tocar muchas puertas en 2018 se inició una campaña a la que se sumaron activistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones, colectivos, medios de comunicación, artistas y más para reconocer la inocencia de los defensores indígenas y exigir su libertad.

En noviembre de 2018 el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado donde expresa, que después de revisar el caso de Tlanixco, encontró irregularidades en el proceso que concluyen en violaciones a los derechos humanos de los seis defensores, además de señalar argumentos que sustentan su inocencia.

Familiares y compañeros de los presos y la presa de Tlanixco exigiendo justicia

Finalmente, después de estar más de 10 años presos, se demostró que los defensores de Tlanixco siempre dijeron la verdad; siempre han sido inocentes, pero un sistema de justicia que desconoce y que no se interesa por conocer los derechos de los pueblos indígenas los llevó a padecer la cárcel. Junto con la liberación de los 6 presos se ha logrado la cancelación de las órdenes de aprehensión contra Rey Pérez y Santos Alejandro Álvarez quiénes tuvieron que estar durante 16 años prófugos, alejados de su familia y su comunidad, realizando una vida en la clandestinidad para evitar un injusto encarcelamiento El caso de Tlanixco es paradigmático, refleja las consecuencias de un estado que despoja a los pueblos indígenas, que vulnera o desconoce sus derechos y que es deficiente en estrategias para que puedan acceder a la justicia y que de continuar así, más casos como este seguirán ocurriendo.

Se han enfrentado a cuatro situaciones puntuales que tipifican la violación a los derechos humanos sufrida: detención arbitraria, tortura, privación arbitraria de la libertad por un período prolongado de tiempo (en promedio 13.5 años) y violación de los derechos de los pueblos indígenas

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Los arrestos se originaron en un ambiente violento, se ha constatado que se ejerció tortura físicas y psicológica no sólo contra los acusados, sino también hacia sus familias; se infundió miedo en la comunidad con operativos policiales altamente represivos. En sus testimonios todos los expresos dan cuenta de haber enfrentado situaciones de tortura: “Cuando me detuvieron fue todo muy violento, los policías ingresaron a mi casa a la una de la mañana, me acaban de operar de la matriz y estaba muy mal de salud. Entraron más de 20 judiciales encapuchados, me sacaron a la fuerza, me suben al auto con golpes y en la gasolinería otras patrullas nos estaban esperando, eran muchas. En Toluca me agredieron mucho, me dijeron que me iban a violar si no decía dónde estaban mis compañeros, me llevaron al penal y me castigaban sin razón. La custodia me decía que tenía que barrer diario, me golpeaban y me decían que me podía defender por que iba por homicidio. La custodia le pedía a las compañeras que me siguieran golpeando y me amenazaba con seguir castigándome”. “durante el camino me golpearon, me amenazaron de muerte y me dijeron que si me salvaba pasaría el resto de su vida en prisión, también me preguntaban por el paradero de dos compañeros que estaban prófugos por el mismo delito”.

Las seis víctimas directas y sus familiares coinciden en el hecho que la experiencia traumática vivida es irreparable, que nada ni nadie les va a devolver todos estos años de encarcelamiento injusto. El modo en que se cometió la violación de los derechos humanos en su contra implica un efecto en su dignidad como personas tanto a ellos como a sus familias, siendo profundamente trastocados sus proyectos de vida. Han sido incuantificables el sufrimiento y las aflicciones vividas, así como la alteración en su condición de vida material y emocional: “...siento que aún estoy en la cárcel, escuchó a los custodios, no duermo bien, no siento la libertad, trato de echarle ganas, pero me da mucho sueño y me deprimo.

Me da tristeza todos los años que pasé ahí adentro, lo mal que me trataron, todo el miedo que tenía. Ahora quiero ir al panteón a ver a mi mamá, pero mi familia no quiere que vaya porque eso me hace sufrir mucho...es que mi mamá se murió porque yo estaba en la cárcel, se fue agotando, estaba angustiada por mí y se enfermó. Mi papá también se murió cuando yo estaba en la cárcel se acabaron por mi culpa y no estuve ahí para ayudarlos”. “...lo que más me duele es que mi mamá nunca supo que yo estaba en la cárcel, ya tenía 80 años y hubiese sido algo muy triste para ella. Ya mi hermano estaba preso y lo iba a visitar a él, pero nunca supo que yo también estaba ahí. No queríamos darle más tristeza, murió hace dos años y no pude estar ni acompañándola en sus últimos años, ni en su funeral. Yo perdí a mi madre y mi padre estando en la cárcel, no pude tener más hijos por estar en la cárcel y queríamos hacer una familia con mínimo tres hijos. Perdimos lo que más se quiere en la vida, pero no queremos tener rencor, no queremos venganza, somos inocentes de todo esto y nunca vamos a recuperar ese dolor”hacer una familia con mínimo tres hijos.

Perdimos lo que más se quiere en la vida, pero no queremos tener rencor, no queremos venganza, somos inocentes de todo esto y nunca vamos a recuperar ese dolor”

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Ante esto, la exigencia de “reparación del daño” es un derecho constitucional y amparado internacionalmente. La falta de reconocimiento de esta violación sistemática por parte de las autoridades pertinentes no solo va en contra de legislación nacional e internacional, sino que impide la construcción de una sociedad civil que confíe en sus instituciones y su democracia. Este reconocimiento tiene una dimensión individual, familiar y social, especialmente cuando las violaciones han significado un quiebre a nivel general del proyecto de vida de las víctimas, tanto directas como indirectas. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala: “...en la reparación integral del daño en casos que impliquen violaciones a derechos humanos, no se pone énfasis en el repudio de una conducta individual considerada antijurídica sino en el impacto multidimensional de un hecho lesivo, incluyendo tanto el sufrimiento de la víctima como la cadena de impactos negativos desatada por un hecho. Así, resulta necesario precisar que una violación a derechos humanos debe entenderse a partir del principio constitucional de indivisibilidad de los derechos, pues para comprender la magnitud del hecho victimizante no debe revisarse únicamente la gravedad del daño, sino el impacto que éste pudo tener respecto de otros derechos”6.

La búsqueda de verdad y justicia es una lucha, un atrevimiento ante un escenario definido por la corrupción, egoístas intereses económicos e impunidad. Luego de tantos estos años de ilegalidades y abusos se ha podido acceder a la verdad al quedar demostrada la inocencia de los inculpados. Sin embargo, la reparación integral es un paso fundamental para acceder a la justicia que le fue denegada durante años y reconstruir la confianza en las instituciones del Estado mexicano, particularmente de la entidad mexiquense.

Santa Lucí a y el nuevo aeropuerto7 Ante el enorme crecimiento de la capital del país y los procesos de gentrificación que surgen, la demanda de agua va en aumento; quienes afrontan las consecuencias son las comunidades cercanas a esta ciudad que por diversas razones son privilegiados por poseer en su territorio fuentes importantes de agua, muchas de ellas, con diferentes estrategias han logrado protegerlas. Pero esto cada vez es más complicado.

Andrés Manuel López Obrador presentó, en un inicio, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) como una de sus principales propuestas de campaña. Fue hasta que tenía la presidencia asegurada que mencionó la posibilidad de cancelarlo en Texcoco pero para trasladarlo a la Base Militar de “Santa Lucía” en Zumpango, estado de México.

Esto pareciera responder en cierta medida a las demandas acumuladas por más de 15 años del Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra (FPDT) y pone en una situación de alerta a los municipios aledaños de Zumpango y Tecámac, que al tratarse de un megaproyecto es evidente que provocará una afectación ambiental, social y de riesgo para las comunidades aledañas.

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, diciembre 2018, Tomo I, pág. 402. Tesis aislada (Constitucional).

7Análisis a partir del Dictamen técnico de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional, del proyecto “Construcción de un aeropuerto mixto civil /militar con categoría internacional en la base Aérea Militar no. 1 (Santa Lucía, edo. Méx.), su interconexión con el AICM y reubicación de instalaciones militares” presentado en la Reunión Pública de Información el día 30 mayo a cargo de la licenciada. Karina Jiménez Valle

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En octubre de 2018, López Obrador, aún sin estar en funciones, convocó a una consulta pública en donde la ciudadanía decidiría donde prefería que se construyera el aeropuerto. La estrategia para la consulta no fue clara y evidentemente estuvo sesgada a que los votantes eligieran entre tres opciones, entre las que estaba el NO al aeropuerto. Del 25 al 28 de octubre de 2017 se instalaron mil 073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 entidades del país, entre las cuales se dividieron las más de 500 mil boletas que se imprimieron,8 aunque la metodología para esta consulta no fue clara y poco apegada a lo que marcan las disipaciones nacionales e internacionales en el tema, los resultados fueron abrazados por quienes durante 15 años exigieron la cancelación del NAICM. Si bien la consulta estuvo sesgada para resultar favorable a las aspiraciones del proyecto de nación de López Obrador, es evidente que la decisión final de cancelar el aeropuerto es legítima, no tanto por los resultados de la consulta, pero sí por la incansable exigencia de los pueblos del FPDT de que se respetara su territorio y la vida de los pueblos aledaños al lago de Texcoco; por defender el lugar donde campesinos de la región, encuentran una forma y gusto de vivir la vida sembrando sus campos, viendo la vida crecer para “darle gusto” a otro sector de población con características y condiciones socioeconómicas distintas al grueso de la población mexicana que pretendía utilizar el NAICM. Mientras tanto, desde octubre del año pasado los municipios de Tecámac y Zumpango se mantiene alertas pues al cancelarse el aeropuerto en Texcoco, la base aérea de “Santa Lucía” parece ser el nuevo destino del NAICM. Igual que hace 15 años, hasta el momento no se ha consultado a las comunidades cercanas.

La forma apresurada en que se tomó la decisión de asignar “Santa Lucía” para la construcción del proyecto aeroportuario ha limitado realizar estudios de viabilidad completos y confiables, pues a la vista saltan cuestiones que no se contemplan en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 25 de julio de 2019.

En primer lugar esta MIA, solo contempla la construcción del aeropuerto internacional, pero en ella no se expresan los impactos que generarán proyectos secundarios como las obras de interconexión con el aeropuerto “Benito Juárez” y las reubicación de las instalaciones militares.

Además menciona únicamente los impactos ambientales, económicos y sociales directos en todas las etapas del proyecto aeroportuario pero no aquellos lugares de donde se obtendrá la materia prima. Sin contar que la MIA no define el monto para la prevención, mitigación y recuperación de daños ambientales que podrían causarse.

Una de las principales preocupaciones de los habitantes de la región es el agua, pues en la MIA no se describen elementos legislativos que garanticen abasto de agua en la región durante las etapas del proyecto. Lo que sí se menciona es la gran cantidad de agua que se requerirá sobre todo en la etapa de operación del aeropuerto tanto para el servicio de pasajeros, mantenimiento y limpieza tanto de las instalaciones como de las unidades de transporte aéreo, hoteles, estaciones de servicio, mantenimiento de áreas verdes, entre otras.

La MIA menciona que para abastecerse de agua durante todas las etapas del proyecto se hará uso de los tres pozos ubicados dentro de la base aérea militar, que si bien, en efecto son parte de la base aérea lo cierto es que el agua que se extrae de ese pozo proviene de la misma cuenca de donde las comunidades aledañas extraen agua para su consumo, entonces, si se comienza a extraer toda la cantidad de agua que se necesita para el aeropuerto la cuenca se secará y las comunidades se quedarán sin agua y en algún momento tampoco habrá suficiente para cubrir la demanda del aeropuerto.

8 https://www.24-horas.mx/2018/10/23/conoce-el-proceso-de-consulta-ciudadana-sobre-el-nuevo-aeropuerto/

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Ya de por sí hay una sobre explotación de 800 por ciento de la cuenca Cuautitlán – Pachuca puesto que también en la región, sobre todo en Tecámac, se han desarrollado proyectos de urbanización que han incrementado considerablemente el número de habitantes. Si consideramos que el aeropuerto necesitará seis millones de litros diarios de agua para satisfacer la demanda de pasajeros --y que sólo un millón será de captación y aguas tratadas-- resulta evidente y preocupante que los cinco millones restantes serán obtenidos de esta cuenca.

Y finalmente, tampoco se menciona de manera clara qué pasará con las aguas residuales, cuál será su destino final. Tampoco menciona qué medidas se tomarán para evitar la contaminación del suelo y subsuelo durante las etapas de preparación y construcción del megaproyecto.

Pero el agua no es el único problema que han previsto los habitantes de las comunidades aledañas al aeropuerto militar --que se pretende ampliar a uno civil de carácter internacional-- y la MIA no esclarece una solución.

Por ejemplo, el documento menciona los tipos de residuos que se van a generar, la cantidad y la disposición final de estos, ya que se hará en rellenos sanitarios dispuestos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) o el mismo municipio, sin embargo, al no especificar la cantidad de residuos no podemos saber si estos serán suficientes para dar cabida a los residuos que generarán unos ocho millones de personas al día, que son los usuarios diarios que pretende recibir el aeropuerto, esto sin contar que muchos rellenos sanitarios no cumplen con la norma oficial y operan casi de manera clandestina.

De esta forma, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía se convierte en otro proyecto que en primera atenta contra el medio ambiente y en segundo lugar se anuncia sin considerar a quienes serán afectados de manera directa.

A pesar de haberse realizado una “supuesta” consulta, además de lo que ya mencionamos arriba, esta no se hizo de acuerdo a lo que estipulan los tratados internacionales: previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Y es que siquiera se considera que hay pueblos indígenas u originarios en la región.

Si bien, estos pueblos han perdido varias características como la lengua y la vestimenta debido a la urbanización principalmente, también es cierto que mantienen ciertas particularidades propias de los pueblos originarios que hace años se asentaron en la zona, como sus forma de organización económica, social y política; recordemos que basta con que los pueblos y las personas se autoadscriban como tal para ser considerados indígenas.

Este sentido de pertenencia se traduce su forma de organización comunitaria, por ejemplo, la elección de sus autoridades a través de asambleas, organizar las fiestas patronales a través de mayordomías, realizar trabajos comunitarios, entre otras muchas más. Estas prácticas socioculturales genera sentido de pertenencia a la comunidad a todos sus habitantes, sin embargo, esto no es considerado por las autoridades quienes pues en la MIA solo se reconoce como afectados a aquello ciudadanos que pertenecen al núcleo agrario excluyendo a quienes no pertenecen.

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No se reconoce que no sólo quienes pertenecen al núcleo agrario serán afectados, sino la comunidad en general y en diferentes aspectos, por ejemplo, en edificios públicos como escuelas, iglesias, hospitales o parques que podrán dañarse por los ruidos excesivos durante la construcción y una vez que el aeropuerto funcione, el ruido también dañaría la salud de los habitantes pues este persistiría durante el día y la noche.

Por otro lado, también se perdería el sentido comunitario, pues al tratarse de un proyecto de tal magnitud la urbanización invadirá las comunidades modificando las instituciones comunitarias e incorporándose a una dinámica marcada por la ciudad, empresas transnacionales y de servicios.

Ante todas estas posibilidades que afectarán a la población de los municipios aledaños a Santa Lucía requiere que esta sea escuchada; que surjan alternativas desde los pueblos, que se garanticen sus derechos humanos, su identidad, que sus necesidades sean igualmente atendidas que las necesidades de aquellos a los que su ritmo de vida les exige un nuevo aeropuerto, esto debe hacerse de inmediato antes de que el proyecto comience y entonces la discusión se centre en los derechos ya violentados, en las inversiones que se perderían y sobre todo para que la historia de Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se repita.

La Pedrera La organización Alianza única del Valle A. C. (AUV) nace en 1997 como una necesidad de la sociedad civil de organizarse para acceder a un derecho humano básico: la vivienda. Personas de las colonias populares de Naucalpan, Nicolás Romero y Atizapán se han cobijado en esta organización para poder acceder a un lugar estable para vivir, dado que han tenido que abandonar su lugar de origen o deben moverse de domicilio continuamente por diversas razones como que sus antiguas viviendas fueron dañadas al punto de ser inhabitables, o porque son desplazadas por inseguridad o por la construcción de centros comerciales o residencias. Así pues se han organizado para encontrar un nuevo lugar para vivir, pero también para que las condiciones sean más dignas para quienes ya tienen una vivienda establecida.

A largo de sus más de 20 años de lucha han creado nuevo predios donde se han establecido integrantes de esta organización, pero también han diversificado su búsqueda por otro derecho humanos como el derecho a la salud y a la educación para lo que han generado estrategias para alcanzarlos.

Lamentablemente, en el estado de México además de que no se garantizan los derechos humanos también existe una persecución y criminalización para quienes por sus propios medios y con sus propias herramientas buscan acceder a ellos.

La Alianza única del Valle (AUV) ha sufrido a los largo de su historia diversos episodios de represión, uno de los más significativos el ocurrido el 19 de julio de 2011 donde un grupo de paramilitares, que se identificaban entre ellos con una pulsera fluorescente, invadieron con el respaldo de granaderos los campamentos de la AUV instalados en el predio de Guadalupe en el municipio de Naucalpan. De dicha agresión resultaron 40 personas detenidas, varias personas desplazadas y por supuesto, temor de una futura agresión.

La agresión se justificó al criminalizar a los integrantes de la AUV como invasores de territorios, es decir se les acusa de invadir predios o terrenos que supuestamente son propiedad privada, sin embargo, las acusaciones no tienen razón de ser, porque sus integrantes han obtenido el derecho de ocupar los terrenos bajo diferentes formatos y los predios establecidos están legalmente reconocidos, pagan impuestos de agua, predial luz, entre otras muchas más.

Las problemáticas de estos predios son frecuentes y han tenido diversos niveles de agresividad. Uno de los casos más recientes es el del predio “La Pedrera” ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

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En 2006, la AUV adquiere la posesión del predio “La Pedrera” con una extensión de 19 mil 500 m2, a partir de ese momento es donde habitan unas 30 familias. Pero fue hasta mayo de 2018 cuando se percataron de la devastación de un cerro vecino al predio, y al considerarlo una agresión al medio ambiente, presentaron denuncias y quejas correspondientes a la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem) y a la La Comisión de Derechos Humanos (Codhem), ambos mexiquenses, de lo que se generó la cancelación de las obras de devastación dado que la empresa que realizaba la devastación no contaba con la autorización necesaria.

A partir de ahí es que las amenazas y agresiones contra la comunidad de “La Pedrera” comenzó.

Personas que dijeron ser cercanas al fiscal regional de Tlalnepantla amenazaron a los vecinos con desalojarlos de manera ilegal, amenazas que incluyeron a defensores del medio ambiente.

Las amenazas se vieron cumplidas el día 30 de noviembre de ese mismo año cuando un grupo de hombres vestidos de civil, armados, llegan a “La Pedrera” y con lujo de violencia sacan a todos y cada uno, niños incluidos, amenazados con pistola de arma de fuego en la cabeza, y los dejan en la calle, generando esta acción cuatro personas detenidas. Los vecinos llamaron a la policía y cuando estos arriban lo hacen para “asegurar” “La Pedrera” bajo órdenes del ministerio público Antonio Moctezuma Barrera.

Resultó que, efectivamente, el agente del ministerio público Antonio Moctezuma Barrera ordenó asegurar el predio en mención bajo el supuesto delito de despojo, pues en su dicho, la empresa Expectras era la dueña legítima del predio.

Los habitantes de “La Pedrera” intentaron entregar el documento que comprueba que tenían legalmente la posesión del predio, sin embargo, el ministerio público no aceptó recibir ningún documento hasta tiempo después.

Mientras tanto, Expectras asegura que el terreno fue invadido hace apenas un año, pero los vecinos cuentan con documentos que avalan que llevan 13 años en el lugar: recibos de consumo de energía eléctrica, predial actas de nacimiento de los menores de edad, actas de matrimonio, credencial de elector y demás documentos que no les han querido recibir.

Finalmente el ministerio público acordó que los vecinos de “La Pedrera” no tienen personalidad dado que no tenían posesión del inmueble, pero sí reconoce que la empresa adquirió el terreno, aunque esta supuesta adquisición se realizó cuando los vecino de “La Pedrera” ya llevaban varios años en el lugar.

Tras esta acción del ministerio público la empresa Expectras envió seguridad privada para custodiar el lugar, pero además se han dedicado a robar las pertenencias de las familias quienes a la fecha permanecen en un plantón fuera del cerco de seguridad para cuidar sus pertenencias y como una forma de exigir justicia.

El personal de seguridad privada ingresa en reiteradas ocasiones a los domicilios de los habitantes para robar aparatos electrónicos, dormir en sus habitaciones, cocinar, ver televisión y demás mientras los propietarios, tras el cerco de seguridad solo pueden mirar impotentes como otros hacen uso de sus pertenencias mientras ellos viven en la banqueta.

Los actos violentos e intentos de robo están respaldados por la policía municipal quienes pareciera que responden al interés de la empresa Expectras. Los intentos de robo buscan, además, destruir las viviendas para que la Fiscalía pueda sustentar que el terreno ha estado baldío y legitimar darle la razón a Expectras.

Los vecinos de “La Pedrera” exigen se les reconozcan su derecho a permanecer en ese lugar que adquirieron de manera legal y que se les permita ocupar nuevamente sus viviendas. Asimismo hacen un llamado al gobernador de la entidad a cesar con la toma del predio y el despojo de los hogares de más de 30 familias.

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Las deudas del estado de México Es necesario visibilizar las deudas que tiene el edomex con los pueblos dignos de la entidad mexiquense, que se aglomeran en distintas exigencias comunes iniciando con el reconocimiento de derechos de los pueblos originarios con quienes la deuda es histórica y se profundiza con el pasar de las administraciones en los tres niveles de gobierno. En este apartado mencionamos las luchas que hemos tenido la posibilidad de documentar y que se han organizado desde distintos frentes.

Santiago Tianguistenco En el municipio de Santiago Tianguistenco habitan principalmente personas originarias identificadas como otomís o ñha ñhu´s como ellos prefieren ser llamados, quienes preservan dentro de sus territorios una de las prácticas más antiguas de la humanidad: el trueque. Tianguistenco proviene del náhuatl que significa “en la orilla del mercado” lo que hace referencia a que, desde siempre, el lugar ha sido punto importante para el intercambio de productos.

El Tianguis de trueque de Santiago Tianguistenco da sustento a aproximadamente 400 familias quienes intercambian leña muerta9 que recolectan de sus montes por alimentos de primera necesidad, animales e incluso ropa o zapatos de segunda mano. Quienes participan de esta actividad no son solamente otomís y no pertenecen únicamente al municipio; también comparten esta actividad tlahuicas y nahuas de los municipios de Ocuilan y Xalatlaco quienes recolectan la leña que intercambian por productos que llevan personas provenientes de los municipios de Mexicalcingo, Tenango, Ocoyoacac, Capulhuac y Almoloya del Río quienes se reúnen todos los días martes desde que sale el sol hasta poco después de mediodía para realizar el trueque.

Sin embargo, los truequeros han tenido que defender esta forma de vida desde hace años. Aunque el trueque se practicaba desde tiempos prehispánicos y resistió -con algunos cambios- a la conquista, la colonización y otros procesos históricos, lo cierto es que poco a poco dejó de practicarse como una forma habitual o como forma de vida; hasta reducir en los municipios colindantes con Tianguistenco, poco a poco las familias dejaron de truequear sus productos hasta quejar reducido a apenas 30 familias que lo practicaban y parecía muy posible que desapareciera.

En marzo de 2001, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo en el lugar en que los indígenas realizaban el trueque acusándolos de talamontes, fueron detenidos de manera arbitraria y tratados de manera cruel y degradante durante los meses y años siguientes se desató un hostigamiento y persecución contra los truequeros violentando sus derechos como parte de los pueblos indígenas.

La represión fue tal que muchos más dejaron de practicar el trueque y algunos otros se vieron forzados a abandonar su territorio para desplazarse a Estados Unidos. Mientras tanto los verdaderos talamontes deforestaban los bosques de manera libre e incluso con el cobijo de las autoridades municipales y estatales.

9 (A la leña muerta o a la madera muerta se le denomina como “Toda la biomasa leñosa muerta que no forma parte de la hojarasca, ya

sea en pie, sobre el suelo y dentro del suelo. La madera muerta incluye la madera que yace en la superficie, las raíces muertas y los tocones de un diámetro igual o superior a 10 cm. o cualquier otro diámetro utilizado por el país. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Departamento Forestal, Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales. Términos y Definiciones, Programa de Evaluación de Recursos Forestales, Documento de Trabajo 144/S, Roma, 2010, p. 16. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-am665s.pdf)

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Ante esto, algunos truequeros o descendientes de ellos decidieron recorrer las comunidades que con anterioridad practicaban el trueque para invitarles a retomar la actividad compartiendo que era un derecho ancestral y que como tal debían preservarlo, poco a poco la práctica del trueque se fue retomando y dignificando con el respaldo de los pueblos otomíes, nahuas, y tlahuicas y sus autoridades comunitarias.

Sin embargo, la agresión y el hostigamiento continuaban por lo que en 2008 nace en asamblea el Consejo Indígena del Trueque (CIT) integrado por todos los truequeros con la finalidad de contar con su propio reglamento y una representación que les otorgará una credencial y que pudiera ser su vocera ante las autoridades que los reprimían, pero también una representación que les permitiera buscar que su actividad dejara de ser criminalizada.

Dentro del reglamento aprobado por el recién creado Consejo se menciona en que el trueque es una práctica prehispánica que debe heredarse a las futuras generaciones pero que debe ser sustentable permitiendo la conservación del territorio y la cultura milenaria de los pueblos. Hace hincapié es que se intercambiará únicamente leña muerta, que los truequeros deberán participar en los trabajos comunitarios que se acuerden incluyendo la reforestación de los bosques, así como algunos acuerdos para una convivencia armónica y respetuosa dentro del espacio donde realizan el intercambio.

A pesar de que el CIT ha intentado entablar el diálogo con autoridades de los diferentes nivel de gobierno, los truequeros siguen siendo perseguidos e incluso extorsionados, de 2003 a la fecha han sido detenidos un buen número de integrantes, siendo 8 quienes permanecieron varios años en prisión, al resto los han liberado a través de fianzas y en los últimos años la incidencia de algunos integrantes del trueque ha logrado que sus compañeros puedan salir en horas en libertad y sin ningún cargo.

En la búsqueda por dignificar el trueque algunos investigadores, estudiantes y periodistas han documentado su proceso de criminalización, pero sobre todo, el valor cultural que tiene, a partir de entonces las autoridades -principalmente las autoridades municipaleshan intentado utilizar al tianguis del trueque como botín político, para atraer el turismo al municipio, como si las prácticas ancestrales y quienes las realizan fueran piezas de museo;

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para alardear que trabajan por indígenas que habitan el territorio cuando son las mismas autoridades quienes los persiguen; y para atraerlos como votantes, asegurando que se les respetará su actividad si apoyan políticamente a ciertos personajes Durante la administración municipal anterior encabezada por Antonio Barrera Alcantara se intentó con mayor ahínco apropiarse del tianguis del trueque deslegitimando a los representantes del CIT e intentado colocar como representantes a personas cercanas a él y que por supuesto no son reconocidos por quienes participan en el trueque. En diversas ocasiones Ernestina Ortiz Peña, representante del CIT ha sido agredida y difamada, por lo que en el año 2018 fue incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lamentablemente esta medida no ha dado los resultados deseados.

Barrera Alcantara pretendía controlar y administrar el tianguis del trueque y realizó diversas artimañas para lograrlo, entre ellas infiltrar a fayuqueros al tianguis del trueque para dividirlo, desconocer al CIT y nombrar, desde al ayuntamiento a los representantes del trueque quienes responderían a los intereses del ahora expresidente.

Esos “representantes” fueron nombrados en 2017 como parte del “Consejo Municipal Indígena Pluricultural de Santiago Tianguistenco” por el entonces presidente municipal; no fueron electos en asamblea por los integrantes del Tianguis del Trueque bajo sus propios sistemas normativos. Desde entonces han intentado desprestigiar a Ernestina Ortiz Peña y su larga trayectoria como activista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas.

Se le acusa de cobrar una cuota a los truequeros para fines personales porque se negaba a la credencialización por parte del municipio, pero Ernestina Ortiz señala que el municipio no es la autoridad competente para credencializarlos y reconocer su actividad pues este derechos les corresponde por ser pueblos indígenas, además de identificar que administrar el tianguis le permitiría al expresidente cumplir los requisitos para proponer al municipio como Pueblo Mágico y recibir más recursos, utilizando a los indígenas como mercancía. A estas acusaciones se suman agresiones físicas y amenazas reiteradas hechas por los fayuqueros que han invadido el Tianguis, personas cercanas al ex presidente y los “representantes” nombrados por él.

A pesar de todo lo anterior la exigencias del CIT se centran en el respeto a sus actividad que esta deje de ser criminalizada y dejen de ser equiparados con talamontes como se hace en art. 229 del Código Penal del estado de México10 pues su actividad se basa en un concepto de respeto a la madre tierra, así mismo que se formalicen los acuerdos del CIT con diversas autoridades donde se especifica que a quienes porten la credencial de que pertenecen al Tianguis del Trueque no se les podrá detener ni sancionar por poseer leña; y finalmente que se les otorgue un lugar digno donde puedan intercambiar sus producto, pues actualmente los realizan a pie de carretera donde son susceptibles a sufrir un accidente y finalmente que les permitan seguir organizándose de acuerdo a sus propios sistemas normativos.

10 Artículo 229.- Al que sin autorización legal realice, auxilie, coopere, consienta o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques, cualquiera que sea su régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra, se le aplicarán de cinco a quince años de prisión y de quinientos a mil días multa. Cuando la destrucción de los productos de los montes o bosques sea a consecuencia de la tala de árboles, sin autorización de la autoridad correspondiente, se impondrá una pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil días multa. A los autores intelectuales, instigadores, a quienes obtengan un lucro indebido o a quienes controlen o inciten a menores de edad para cometer este delito, se les impondrá una pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil días multa. Se impondrán de doce a veinte años de prisión y de mil quinientos a tres mil días multa: I. Cuando en la comisión de este delito se empleen instrumentos como motosierras, sierras manuales o sus análogas y demás objetos utilizados para el daño y destrucción de los montes o bosques; II. Cuando en la comisión de este ilícito se utilicen vehículos, camionetas o camiones cargados con tocones de madera; III. Cuando en la comisión de este ilícito participen servidores públicos. Los instrumentos y efectos del delito se asegurarán de oficio por el Ministerio Público, quien los pondrá a disposición de la autoridad judicial para el decomiso correspondiente, independientemente de que puedan estar a disposición de otra autoridad. No será punible el uso de leña para consumo doméstico, de material leñoso proveniente de vegetación forestal sin ningún proceso de transformación que podrá ser utilizado como combustible en el hogar, para rituales o productos artesanales, hasta en un volumen menor a medio metro cubico. No será punible la comercialización y transporte de árboles de navidad obtenidos de plantaciones forestales autorizadas legalmente o registradas ante la autoridad forestal con fines de comercialización o uso doméstico. Lo anterior sin perjuicio que, en los operativos que las autoridades realicen en el ámbito de su competencia, se acredite su legal procedencia

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La Magdalena Panoaya Los pueblos y comunidades indígenas asentados en la entidad han perdurado a pesar de despojos, desplazamientos, la discriminación y el rezago y poco a poco han ido recuperando derechos que en algún momento les fueron arrebatados y han conquistado otros tantos como una forma de reparación de la deuda histórica que se tiene para con ellos.

Uno de estos derechos es el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, derecho reconocido a nivel nacional y por organismos y tratados internacionales y que garantiza que cualquier decisión que afecte de manera directa e indirecta a las personas pertenecientes a un pueblo indígena debe ser consultada con toda la comunidad.

El derecho a la consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe se encuentra previsto en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 6 y 15 y en el artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos, pese a esto no ha sido respetado.

Por otro lado, los pueblos indígenas también han pugnado por el reconocimiento de su identidad y hoy en día es suficiente con que una persona se autoadscriba como indígena para que lo sea sin que necesite el reconocimiento de ninguna institución o cumplir con ningún otro tipo de requerimientos, aunque las características habituales de los pueblos indígenas son su lengua, su vestimenta, costumbres, tradiciones y cosmovisión específicas las personas pueden asumirse indígenas sin obedecer a estas características.

Algo similar ocurre con los pueblos originarios, muchos pueblos que, asentados desde tiempos ancestrales en territorio indígena, han perdido su lengua, vestimenta o quizá algunas costumbres, sin embargo reivindican su origen indígena y por tanto son acreedores a los mismos derechos que los pueblos y comunidades indígenas registrados y reconocidos plenamente como tal.

En vista de lo anterior, el pueblo originario de la Magdalena Panoaya en el municipio de Texcoco se une a la lista de los pueblos que no fueron consultados pero sí son afectados por decisiones y acuerdos que son tomados de manera indiscriminada.

A principios de 2018 la incertidumbre de los habitantes de la Magdalena Panoaya en Texcoco aumentó con respecto a los límites territoriales de su comunidad, esta preocupación comenzó cuando a algunos ciudadanos que tramitaban su credencial para votar se les expedía con el nombre, número y colonia correctas pero señalando que pertenecían al municipio de Atenco.

Así pues, el 4 de febrero de 2018 a través de una asamblea comunitaria se designó a una comisión que se encargaría de investigar e informar al resto de la comunidad sobre la situación en que se encontraba su pueblo en relación a sus límites territoriales o lo que derivara de la investigación.

Derivado e esta investigación se tuvo conocimiento de que durante 2014 se llevó a cabo un procedimiento que modificó los límites territoriales de los municipios de Texcoco y Atenco lo que derivó en que la comunidad de la Magdalena Panoaya pasará a formar parte del municipio de Atenco, con lo que todo ello implicaba. La decisión fue tomada como un acuerdo amistoso entre las administraciones municipales de Atenco y Texcoco quienes solicitaron la intervención de la Comisión de Límites del gobierno, del Área de Geografía del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del estado de México para aprobar y firmar el Convenio Amistoso en julio de 2014, mismo que fue ratificado por la legislatura del estado de México días después.

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Posteriormente, el 19 de agosto de 2014 se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el Decreto 291, en el que se aprueba dicho Convenio sin que en ningún momento del proceso se le consultara o informara a las comunidades afectadas, quienes conocieron con precisión la situación hasta casi cuatro años después.

La reacción de los vecinos de la Magdalena Panoaya no se hizo esperar; han promovido un amparo en el que señalan varias violaciones a sus derechos como pueblos equiparables a un pueblo indígena, como la ausencia de una consulta previa, de información oportuna, violación al debido proceso y la seguridad jurídica y el derecho que como pueblos originarios tienen de preservar y fortalecer su identidad, pues han formado un arraigo hacia el municipio de Texcoco.

El descontento de la población de la Magdalena Panoaya radica en el sentido de pertenencia que tienen con el municipio pues es una comunidad asentada en el lugar desde tiempos inmemoriales con características, formas de vida y de organización delimitadas y que, son descendientes de indígenas nahuas que se establecieron cerca del lago de Texcoco y aunque no hayan mantenido la herencia todos los rasgos y prácticas identitarias de los nahuas, son sucesores de estos. Por eso es que rechazan totalmente la incorporación de su comunidad al municipio de Atenco pues atenta contra sus derechos culturales e identitarios.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convirtió en un caso paradigmático en nuestro país. El proyecto continúo desarrollándose alrededor de escándalos por corrupción, eventos de represión (siendo el más sangriento el mayo rojo en 2006), estudios que evidencian el daño ambiental que causaría y la inviabilidad del proyecto y por supuesto la oposición de los campesinos debido al despojo de sus tierras, territorio, y las consecuencias medioambientales que acarrearía una obra como esta.

A raíz de las constantes y diversas violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas de manera directa o indirecta por el megaproyecto nace en 2001 el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) conformado en un principio por 13 pueblos, los afectados directamente por esta obra; 17 años después comunidades de otros municipios aledaños a Atenco se han unido al FPDT o han creado sus propias organizaciones para hacer frente a este megaproyecto.

Más allá de las muestras de corrupción que diferentes fuentes periodísticas han dado a conocer que hay dentro del NAICM, y de los beneficios políticos y económicos que este megaproyecto pueda proporcionar a la élite de nuestro país y de nuestro estado, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra refrendan el compromiso que tienen, justamente con la tierra y el territorio.

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La construcción del aeropuerto no solo impediría que los campesinos de las tierras despojadas no pudieran continuar sembrando alimentos, significa también el deterioro de cerros y minas que contribuyen a la erosión del suelo. Además por la ubicación del NAICM otros tantos municipios sufrirán estragos por inundaciones.

La zona oriente del estado de México fue afectada casi en su totalidad por un proyecto que finalmente no concluyó pero cuyas afectaciones no solo fueron momentáneas sino que serán a largo plazo y serán irreversibles Además del despojo de sus tierras, del daño medioambiental y a las formas de vida de sus comunidades, el FPDT ha reclamado otras violaciones a sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la consulta pues al ser un mega proyecto el aeropuerto afectaría grandes magnitudes de la forma de vida y de organización de los pueblos y comunidades aledañas, sin embargo, los campesinos no se enteraron del mismo hasta que se les dio a conocer el decreto expropiatorio de sus tierras.

El conflicto traspasó la presidencia de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña cada periodo con sus particularidades, sin embargo el FDPT no había obtenido una respuesta favorable, durante 2018 el Frente escuchó que un precandidato a la presidencia afirmaba que el aeropuerto se cancelaría.

Como se mencionó al principio de este informe, el corto camino que ha recorrido AMLO desde su pre candidatura hasta lo pocos meses en la presidencia ha estado lleno de contradicciones; una vez que fue candidato electo afirmó que el NAICM no se cancelaba sino que se construiría con recursos privados y cuando no era aún presidente legalmente sometió el aeropuerto a consulta, luego abrió la posibilidad de construirlo en otro lugar con todas las implicaciones que traerá en ese nuevo lugar.

Mientras tanto, el territorio de Atenco y Texcoco quedó muy lastimado; la zona donde se comenzaron los trabajos de construcción, así como las obras secundarias del NAICM presentan daños que podrían ser irreversibles. Por eso para los pueblos de Atenco y Texcoco es importante que el espacio que ya no se recuperará para las cosechas sea ahora un espacio de encuentro común para los pobladores de la región y quede como un recordatorio de la larga lucha emprendida por el FPDT. Sin embargo, a pesar de haberse cancelado algunos trabajos continúan operando y poniendo en riesgo a los defensores, tal es el caso de Nieves Rodríguez Hernández que ha sido amenazada y hostigada pues se opone a vender su terreno para la conclusión de la autopista Teotihuacán-México-Texcoco. Estas agresiones aunque no son recientes si son preocupantes pues nos indica que sigue existiendo la urgencia de terminar la carretera.

Y es que dadas las inversiones y contratos que se firmaron mientras se contemplaba a Texcoco, cancelarlo en este lugar significa pérdidas económicas para empresarios que habían invertido en este mega proyecto Además, a pesar de trasladar el aeropuerto a Santa Lucía la Manifestación de Impacto Ambiental contempla afectaciones a los municipios de Atenco y Texcoco, en conclusión: la discusión no debe centrarse en el sitio donde se construirá el megaproyecto, sino en las afectaciones ambientales y sociales que provocará.

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Santa Marí a Cahuacán La comunidad de Santa María Cahuacán pertenece al municipio de Nicolás Romero, es una de las comunidades indígenas más antiguas de la región, la cual forma parte de las tantas comunidades de nuestro país que han padecido los intentos de asimilación forzada del estado.

La identidad de esta comunidad está determinada por las grandes extensiones de bosque de su territorio que preservan fauna y flora importante para la región, además ser importante para la recarga de los mantos acuíferos, Cahuacán ha sido siempre respetuosa de sus bosques pues saben la importancia que tienen para su comunidad y para la preservación del medio ambiente en general.

Pero como es común esta zona boscosa está siendo asediada para proyectos privados: residenciales, corredores industriales y la autopista Atizapán-Atlacomulco. Evidentemente los pobladores no están de acuerdo con estos proyectos pero tampoco han sido consultados, por el contrario estos proyectos han ido insertándose en la comunidad de manera paulatina para ser imperceptibles. Por otro lado, la venta de tierras comunales y ejidales a particulares también es común y ha sido una problemática recurrente en Cahuacán pues desde siempre han tenido conflictos porque suelen llegar particulares que dicen ser dueños de terrenos dentro de los bosques de la comunidad, las autoridades comunitarias con el respaldo de los habitantes han tratado de resolver estos conflictos pero no siempre han tenido éxito.

En 2014 fueron despojados de 630 hectáreas de terreno entre tierras comunales y propiedad privada, varios vecinos fueron desalojados por granaderos y seguridad privada de sus viviendas pues supuestamente estas hectáreas tenían dueño, pero dos años después como producto de una ardua lucha pudieron recuperar esa porción de territorio, a partir de ahí la organización en defensa del bosque se fortaleció.

Se buscaron los títulos de propiedad que datan de la época virreinal, se pidió la asesoría de un abogado agrario para acreditar la propiedad y exigir que se les reconozca como legítimos dueños. además de buscar la manera de ser reconocidos como pueblo originario, pues el El Estado parte de no querer reconocer la existencia de pueblos indígenas para no respetar sus derechos.

Se formó un comité que se encargaría de estas actividades legales y que en su mayoría estuvo conformada por personas que fueron despojadas de sus viviendas o tierras de cultivo en 2014.

Otra problemática, más reciente pero del mismo nivel de gravedad es la tala de bosques por grupos de delincuencia organizada. Los habitantes comenzaron a darse cuenta de que de los montes bajaban tráilers con madera, esto empezó a ser más común y denunciaron la acción ante Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero con el argumento de que esos terrenos tienen un dueño las denuncias no avanzaron porque supuestamente el dueño cuenta con los permisos para talar pues es su propiedad y puede hacer cualquier actividad en ella.

Para evitar la tala los habitantes de Cahuacán se han organizado en brigadas de vigilancia dentro de los bosques, pero esta actividad se ha visto rebasada ya que los taladores cargan con armas largas, lo que pone en un riesgo inminente a quienes participan en la labor de vigilancia y resguardo del bosque. Mientras tanto las denuncias siguen si proceder.

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Santa Marí a Apaxco La situación de Apaxco tiene antecedentes de hace casi un siglo. En 1928 surge la compañía de Cemento Pórtland Apaxco, S.A. y se instala en ese territorio, años más tarde se convertiría en Cementos Holcim Apaxco , S.A. Se asentarían en el lugar otras cuatro cementeras más y una calera, desde entonces el municipio entero se vería afectado como consecuencia de la irresponsabilidad de las empresas y del gobierno quien es omiso para hacer valer las obligaciones que deberían tener las empresa para con el medio ambiente y la salud de la población e ignora las peticiones de los habitante que exigen tener acceso a un medio ambiente sano.

Habitantes de Apaxco cuentan que hace algunos años a todas horas una capa de polvo cubría la superficie del municipio pues las fábricas de cemento no tenían filtros que evitaran que los residuos del producto se dispersaran por el aire. La comunidad se organizó y lograron reducir ese problema. Sin embargo no solo el aire ha sido contaminado por las cementeras, hace algunos años 12 campesinos limpiaban los pozos de agua de la comunidad, bajaron a las profundidades de estos y 11 murieron, quien sobrevivió cuenta que el olor que se respiraba dentro de sus pozos de agua era muy intenso y exactamente igual al olor que despide la fábrica cuando incinera basura para el funcionamiento de sus hornos. Las 11 muertes siguen impunes.

El agua y el aire contaminados han mermado la salud de los apaxquenses, si bien no hay una documentación que dé cuenta de la magnitud del problema, es común ir a Apaxco y observar personas con alopecia y problemas en la piel, además los habitantes cuentan que todos conocen o tienen un familiar que ha muerto de cáncer; la tercera causa de muerte en este municipio son los tumores malignos.

La preocupación de la población aumentó cuando la empresa Holcim comenzó a incinerar residuos tóxicos para hacer funcionar los hornos que necesitan para la fabricación del Cierre simbólico de la planta Hilcim Apaxco, nov 2017 cemento. Pilas, medicamentos, residuos industriales, etc son trasladados a Apaxco en donde se incineran y el bióxido de carbono es arrojado indiscriminadamente al aire. Todo lo anterior bajo el argumento de que “se da tratamiento” a residuos peligrosos.

La comunidad se ha organizado. Han hecho peticiones a la empresa, a distintos niveles de gobierno para garantizar su derecho a un medio ambiente sano y a una vida digna. Se han vinculado con otros pueblos y comunidades que también son víctimas de las empresas cementeras y eso ha fortalecido la lucha interna del pueblo y les ha dado herramientas para exigir sus derechos humanos.

Por otro lado, como es común, han sido criminalizados. La empresa Holcim ha iniciado una campaña de deslegitimación hacia quienes se han organizado. Los acusan de desprestigiar a la compañía y de querer que las empresas se vayan de la comunidad, con lo que varios pobladores perderían las pocas fuentes de empleo que generan. Sin embargo, los apaxquenses afirman que la única petición que hacen es que se implementen las medidas necesarias para garantizar la salud de los pobladores de Apaxco.

Además de las afectaciones a la salud de los habitantes de Apaxco la materia prima que las cementeras 26

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

necesitan para fabricar los 12.6 millones de toneladas de producto que, según la página de internet de Holcim, producen al año provoca erosión del suelo.

Los defensores del derecho humano al medio ambiente sano de Apaxco denuncian a las cementeras por no cumplir con los estándares que garanticen la salud y la vida de los habitantes del lugar, así como a los tres niveles de gobierno por ser omisos ante las peticiones que en reiteradas ocasiones han hecho los defensores y defensoras.

San Francisco Tlalcilalcalpan En San Francisco Tlalcilalcalpan se lleva a cabo una de las festividades más conocidas en los alrededores: el paseo de los locos, llevada a cabo durante la fiesta patronal de la comunidad, el 4 de octubre. Se trata de un desfile de disfraces y carros alegóricos que durante todo el día celebran al ritmo de la música en las principales calles de la comunidad. Lo más representativo de esta fiesta son los disfraces, pues suelen son muy creativos, elaborados y diversos; desde monstruos, hadas, personajes de la a política y la televisión se encuentran en esta festividad esperada por toda la comunidad, quienes reivindican esta fiesta como parte de su identidad comunitaria pues lleva muchos años realizándose y la forma en que se organiza fortalece los lazos comunitarios. Y es justamente esta identidad y formas de organización las que están en riesgo ante la situación territorial actual.

San Francisco Tlalcilalcalpan se localiza al oriente de la ciudad de Toluca, justamente en los límites entre los municipios de Zinacantepec y Almoloya de Juárez, aunque desde 1892 perteneció a este último municipio. Justamente es por su posición geográfica que la pertenencia de esta comunidad haya tenido diversas variaciones a lo largo de su historia. En 1870 se le dio la categoría de municipio, pero años después al formarse los municipios de Villa Victoria y Zinacantepec, Almoloya de Juárez perdió territorio por lo que, en compensación, Tlalcilalcalpan pasó a formar parte de su jurisdicción.

Hoy por hoy, las diversas delegaciones que conforman San Francisco Tlalcilalcalpan se han organizado para solicitar a la legislatura estatal que se les otorgue nuevamente, como en 1870, la calidad de municipio independiente. Esta solicitud no surge de manera injustificada o espontánea. La comunidad, en el dicho de sus habitantes, presenta un rezago económico y social importante; las calles y escuelas se encuentran en mal estado, algunos habitantes carecen de energía eléctrica y la falta de agua también es un problema recurrente entre sus habitantes. Los vecinos han hecho la petición a las instancias correspondientes para que se atiendan estas problemáticas pero no han obtenido respuestas favorables. Sus habitantes se consideran personas trabajadoras por lo que saben que ellos podrían dar solución a sus problemas si se les permitiera desprenderse de la administración del ayuntamiento de Almoloya de Juárez.

Aunque estas problemáticas son recurrentes en todas las administraciones municipales fue en diciembre de 2016 cuando la comunidad toma la decisión de solicitar que su comunidad sea el municipio 126 de la entidad. Tras un acuerdo amistoso entre los municipios de Zinacantepec y Almoloya de Juárez, en el que por supuesto no se consultó a la comunidad, San Francisco Tlacilalcalpan quedó dividido, pues parte de su territorio fue cedido al municipio de Zinacantepec en este acuerdo amistoso.

Tras este hecho la preocupación y enojo de la población se intensificó, puesto que al estar divididos su identidad se iría perdiendo con el paso de los años, pero además y sobre todo se percataron que los terrenos cedidos eran fuente importante de agua de la comunidad, por lo que estaban perdiendo población, identidad, tierra y agua. Fue entonces que de una manera más organizada empezaron a diseñar una estrategia para solicitar se les reconociera como municipio independiente.

Propusieron una iniciativa que denominaron iniciativa “Juan Corrales” en honor a un luchador social de la comunidad de la época de la revolución quien en 1929 recuperó 19,500 hectáreas de territorio en favor 27

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

de Talcilalcalpan, hecho por el que fue asesinado. Juan Corrales se ha convertido para los habitantes de Tlalcilalcalpan un estandarte de la lucha por su territorio, consideran se debe continuar con él trabajo que realizó en su época y recuperara todo el territorio que les pertenece. Han realizado un trabajo de investigación y documentación para documentar las peticiones que hacen al legislativo y ejecutivo estatal.

Desde 2017 han comenzado a recabar los requisitos solicitados para la conformación del nuevo municipio, sin embargo se ha encontrado con diferentes trabas en el proceso, pues a más de dos años de presentar su iniciativa su solicitud no ha sido favorable y ellos han emprendido otras acciones políticas, como manifestaciones, marchas y plantones para ser escuchados y atendidos, pero en vez de que esto suceda el pasado 16 de marzo fueron desalojados de manera violenta de un plantón que mantenían pacíficamente en el zócalo de la ciudad de Toluca, frente al Palacio de Gobierno.

Alrededor de las 2:24 de la madrugada del día 16 de marzo, alrededor de 80 policías irrumpieron en el plantón, agrediendo física y verbalmente a hombres y mujeres para desalojarlos de la plaza de los mártires frente a Palacio de Gobierno, pues días después se realizaría en el lugar un evento musical. A pesar de esto han continuado realizando diferentes actividades para ser escuchados, el trabajo no solo se dirige hacia las autoridades sino al interior de su comunidad con actividades para fortalecer la identidad y reconocer la importancia que para ellos tiene ser reconocidos como un nuevo municipio.

Los pueblos indí genas En el estado de México los pueblos indígenas han sido estigmatizados y relegados a condiciones que vulneran sus derechos humanos, particularmente en la entidad mexiquense no existe un reconocimiento de los pueblos indígenas; los municipios donde existe población indígenas no están totalmente reconocidos por la instancia estatal competente lo que redunda en la falta de reconocimiento de los derechos de estas poblaciones indígenas no reconocidas.

Una de las principales trabas a las que los pueblos o comunidades indígenas se han enfrentado es que al no tener esta calidad en “La ley de Cultura y Derechos de los Pueblos indígenas del estado de México” sus derechos como pueblos indígenas se ven coartados de origen.

El Catálogo de reconocimiento de pueblos indígenas establecido en el artículo 6 bis de la ley ya mencionada excluye de manera injustificada a los pueblos indígenas que no aparecen en el contenido del texto, al no ser numerados en una lista que evidentemente es limitativa y que carece de conocimientos y que ante esta situación, la respuesta sea la de negar el acceso, donde los criterios de reconocimiento no tendrían que existir, sino de respeto a la palabra; forma se ser de los pueblos indígenas.

Es evidente que este catálogo limita el avance en la conquista de derechos de los pueblos indígenas; va en contra de la característica de los derechos humanos de progresividad; es un derecho de los pueblos que se perfecciona con el respeto del Estado y de los no indígenas; no puede haber una legislación que limite tanto el acceso a los derechos de los pueblos indígenas decidiendo con tanto desconocimiento. Y es natural pues al no pertenecer a un pueblo o comunidad indígena, los que legislan, pareciera imposible poder entender sus formas de organización pero ante el desconocimiento lo que podemos hacer es respetar y velar por la continuidad de estas formas de vida y organización.

Así los pueblos indígenas se ven limitados al exigir respeto a su territorio, bienes naturales derechos culturales, forma de organización, social política y económica pues al hacerlas valer ante el Estado, este no solo no niega los derechos, sino que aún más grave niega la existencia del pueblo o comunidad indígena sin considerar las formas de vida que han tenido estos, dejándose guiar por una legislación posterior al asentamiento de los que ahora reclaman este respeto, que nada tiene que ver con la realidad; una legislación que no previó la participación de estas personas.

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En este momento de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas es inconcebible que se les niegue su existencia, mediante disposiciones de carácter normativo; el origen de esta la ley es la protección a este grupo vulnerado históricamente, es por demás contradictorio que se cuestione la existencia de pueblos y comunidades indígenas.

Otras deudas Ante la falta de reconocimiento de su identidad, comunidades originarias de la entidad han padecido hostigamiento en distintos niveles en la gestión comunitaria de agua. Esto en los municipios de Zumpango, Coyotepec, Ixtapaluca, y Ecatepec, estos últimos han padecido cortes de energía eléctrica, que si bien son competencia de Comisión Federal de Electricidad, también lo es que el municipio no ha tenido voluntad para evitar dicha dificultad. Por otro lado en el municipio de Coyotepec, el despojo de la administración de agua potable de Coyotepec (AAPCOY) legal y legítima sigue sin ser investigada y atendida adecuadamente debido a la nula voluntad de la fiscalía mexiquense por perseguir el delito de despojo.

Por su parte en Zumpango, en la comunidad de San Sebastián es asediada por grupos opositores, afines a las administraciones municipales pasadas, que por medios violentos han despojado de uno de los pozos de agua a la comunidad para mantener vivas las serias intenciones municipales de otorgar concesiones para las inmobiliarias que han inundado el municipio. Asimismo, estos grupos han iniciado una campaña de amenazas a defensores del agua que van desde el volanteo con fines de desprestigio como delitos de daño en bienes a sus casas y amenazas a mano armada a una de las defensoras, motivo por el cual consideramos urgente la acción del gobierno municipal y estatal como de fiscalía estatal para evitar la elevación del conflicto.

Mientras que, en septiembre del año pasado en la comunidad de Tlapacoya y El Molino pertenecientes al municipio de Ixtapaluca, se vivió un episodio de represión11 propinado por la policía municipal quienes rompieron un plantón que los habitantes habían instalado en respuesta a un proyecto de Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Odapas) que pone en riesgo el agua que abastece a la comunidad y su autonomía originaria. Es importante denunciar la ilegal detención de tres defensores del agua de la comunidad que si bien fueron liberados al poco tiempo, su detención fue resultado de la criminalización de personas defensoras. Desafortunadamente, dos semanas después de estos hechos violentos; fue privado de la vida en la comunidad de San Rafael, municipio de Tlalmanalco, estado de México, el defensor Ramos Arreola opositor a la construcción del NAICM cuyo homicidio no fue esclarecido ante la opinión pública y por quien es importante alzar la voz, pues ello permeo en el ánimo de sus compañeros de defensa por el cerro del Tenayo.

Otro adeudo que tiene el estado de México con sus gobernados es lo referente a la gestión de residuos sólidos urbanos, pues debemos recordar la defensa que ha realizado el grupo de mujeres defensoras del Fondo Popular por la Vivienda, grupo integrado por familias, que después de ser “arrojadas a la basura”12 exigen el saneamiento de su territorio y la adecuación de un espacio para habitar y poder realizar actividades al aire libre sin que su salud peligre.

Tras un proceso de desplazamiento, un grupo de mujeres junto con sus familias fueron ubicadas en el municipio de Tecámac en un predio ubicado a unos metros de un tiradero clandestino abierto. Les dijeron que este seguiría en funcionamiento sólo un año más; por esta razón y a falta de otro lugar a donde ir, se instalaron en la zona.

11 Acción Urgente. AU-CDHZL 5/2018. Visible en: https://www.zeferinoladrillero.org/acciones-urgentes/au-cdhzl-5-2018/ 12 Reportaje realizado por Contralínea donde se narra la problemática de familias en Tecámac que padecen la deficiente ordenación

territorial en el municipio, consultable en: https://www.contralinea.com.mx/archivo revista/2014/10/29/tecamac-familias-arrojadasla-basura/ y que ha sido abordado en informes anteriores del CDHZL

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Este basurero ha sido el destino de miles de toneladas de basura proveniente de la Ciudad de México y la zona metropolitana del estado de México que de forma indiscriminada se depositan en esta zona de Tecámac, afectando la salud de personas adultas, jóvenes, niños y niñas de las colonias Lomas de Tecámac, La Esmeralda, Santa Cruz Chiconautla y colonia Cuauhtémoc.

A las políticas públicas a desarrollar por el gobierno mexiquense, le acompaña el ordenamiento ecológico territorial estatal que de ser adecuado terminaría con los conflictos en comunidades defensoras de su territorio y medio ambiente sano, ejemplo de ello es el Movimiento de Defensa de la Laguna de Axotlán, quienes han defendido desde hace más de una década, la ancestral laguna de Axotlán frente a intereses empresariales logrando que el municipio de Cuautitlán Izcalli emita medidas cautelares, pero que ello no da fin al acecho empresarial por lo que se hace urgente la revisión a dicho instrumento en garantía del derecho humano al medio ambiente sano y vivienda digna.

Cabe mencionar que la laguna de Axotlán tiene un valor importante como regulador ambiental ante el crecimiento cada vez más abrupto de la mancha urbana que se extiende con rapidez en los municipios ubicados al norte de la capital del país. La laguna de Axotlán ayuda a limpiar el aire, contribuye a la preservación de flora y fauna acuática y a la conservación del ecosistema de la región y favorece la recarga de los mantos acuíferos y es por ello la exigencia de impedir la inversión privada en el lugar.

Finalmente nos parece importante mencionar una última deuda que nos recuerda dos de las principales características de los derechos humanos: la progresividad y la interdependencia; nos referimos a la posibilidad de reconocer la energía eléctrica como un derecho humano.

En un ejercicio del litigio estratégico, se obtuvo la sentencia del juicio de amparo indirecto del ciuddano Salvador Mendoza donde se entiende a la energía eléctrica como un elemento que garantiza otros derechos. Esto nos abre un antecedente para la defensa del derecho humano de los pueblos indígenas y comunidades originarias, así como tarifas justas para los diferentes sectores de la sociedad de acuerdo a sus posibilidades.

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

De norte a sur, de este a oeste…

Además de las luchas particulares de cada comunidad que a veces suelen ser parecidas e incluso compartidas, identificamos para este informe tres características que además de atravesar la entidad de norte a sur y de este a oeste comparten la especificidad de ser problemáticas históricas que por su puesto deben ponerse en la mesa de los legisladores para atenderse.

Sistemas comunitarios de agua En el municipio de Santiago Tianguistenco habitan principalmente personas originarias identificadas como Hace años, cuando el agua era un bien natural disponible en ríos, lagos, lagunas y ojos de agua, los pueblos y comunidades decidieron organizarse para acceder de manera más fácil al vital líquido; a través de asambleas formaron comités ciudadanos quienes, como autoridades legitimadas por la comunidad, se encargaron de aplicar recursos y mano de obra de las propias comunidades, realizar labores de ingeniería para poder llevar agua hasta sus casas, luego encontraron formas de organizarse para dar mantenimiento a sus redes de distribución, administrar los recursos y lograr que toda persona pudiera acceder al agua, sistemas de sanciones, de rendición de cuentas y reglamentos.

Las montañas boscosas del estado de México son grandes receptores de agua de lluvia que de forma natural la filtran convirtiéndola en apta para el consumo humano. Ríos, lagos y lagunas también son grandes fuentes de abasto de agua para pueblos, barrios y comunidades, quienes de manera sustentable la reparten para cubrir necesidades básicas de higiene, consumo y en ocasiones para el riego.

El agua potable es un derecho humano que garantiza un nivel de vida adecuado y por tanto los estados deben buscar la forma de garantizar que todos y todas podamos a acceder a él. En nuestro país se han implementado pocas estrategias para que a cada persona se le garantice este derecho, y más bien está visto solo como un servicio que las administraciones municipales, como mandato del artículo 115 constitucional13, deban ser las encargadas de garantizar agua potable a sus ciudadanos no como un derecho humano, sino como un servicio.

Esta forma de mirar al agua potable como un servicio coarta las estrategias que el Estado debería implementar para respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua; limita la partición de ONG´s o/y OSC´s y toma muy poco en cuenta la participación de la ciudadanía, pero lo más importante es que, al ser un servicio, el agua tiene un costo para quienes queremos y podemos acceder a él, costo que si no se cubre no se accede al agua.

A pesar de las estrategias que impiden acceder al agua de forma equitativa, los comités ciudadanos de agua potable han perdurado; a través de recursos y mano de obra comunitaria se organizan para llevar el agua que nace en sus territorios hasta sus hogares, no para usarla de forma indiscriminada con fines de lucro, sino para cubrir necesidades básicas retribuyendo aquella fuente de agua con cuidados y protección priorizando el uso personal y doméstico del agua al uso industrial o comercial.

La existencia de los comités de agua potable figura como una forma organizativa más, es una práctica ancestral constituida como forma de vida de las comunidades y que tiene su razón de ser y de seguir existiendo por el simple hecho de que así las comunidades se han abastecido de agua desde tiempo inmemoriales y ha sido una práctica heredada a la presentes generaciones.

13 Artículo 115 constitucional, fracción III.Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales…

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Los comités de agua potable son electos en consenso por la asamblea comunitaria. Quienes sean electos deben asumir la responsabilidad que implica un cargo fundamentalmente honorario, deben someterse a los reglamentos que la misma comunidad impone, pero también hacer valer el reglamento impuesto para los cuentahabientes, son los encargados de administrar y dar buen uso a los recursos recaudados para el mantenimiento de las redes de distribución y por tanto cada cierto tiempo deben rendir cuentas ante las asamblea que les encomendó la tarea.

A su vez son los encargados de encontrar y mantener la fuente que proveerá agua a la comunidad, puede ser un río, lago, laguna, ojos de agua o manantial o bien se construyen presas que se nutren de agua de lluvia y a las que se deben dar mantenimiento constantemente para que el agua que se distribuya sea de calidad, suficiente y apta para el consumo humano, luego se debe encontrar la forma de llevar esa agua a cada hogar, se compran entonces mangueras, tubos, bombas de agua, toda la comunidad contribuye a la compra de estos materiales y también al trabajo necesario para ponerlo a funcionar.

Los comités ciudadanos son los encargados de convocar a la comunidad para estas tareas y las de mantenimiento para evitar que las fuentes de abastecimiento se contaminen o se agoten. Recaudan y administran adecuadamente los recursos a los usuarios no como un pago por el agua potable sino como una cuota de recuperación para el manteniendo de la red, este sistema de transparencia y rendición de cuentas es una de las prácticas que más legitima a los sistemas comunitarios pues si el comité hace malos manejos de los recursos recaudados son removidos del cargo y sancionados por la misma comunidad, ejercicio contrario a los sistemas municipales quienes no tienen estrategias eficientes y accesibles de rendición de cuentas.

Esta forma de organización comunitaria es una práctica común en todo el país pero por las condiciones geográficas del estado de México posee captadores de agua que resultan muy importantes pues incluso nutren, por ejemplo, al sistema Cutzamala el cual abastece de agua potable a la ciudad de México.

Según los datos obtenidos por el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” a través de la información otorgada por los propios municipios del estado de México en su página de acceso a la información, de los 125 ayuntamientos mexiquenses, 93 cuentan con al menos un sistema comunitario de agua, sumando aproximadamente 1 mil 279 comités de agua potable en toda la entidad.

En el siguiente mapa podemos observar que esta forma de organización domina gran parte del territorio estatal, con un 74.4 por ciento (93) de los municipios que cuentan con al menos un sistema comunitario de agua potable, frente a un 18.4 por ciento (23) que dice no tenerlos y un 7.2 por ciento (9) que no contestó.

Municipios que dicen no tener sistemas comunitarios de agua Municipios que no respondieron la solicitud de información Municipios que cuentan con sistemas comunitarios pero desconocen cuántos son Municipios con conocimiento de número de sistemas comunitarios

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Como se puede observar en el mapa anterior, no hay un comportamiento particular. Existen sistemas comunitarios de agua potable en los municipios más pequeños y más grandes de la entidad, al norte y al sur; en el oriente y en el poniente y contrario a lo que se podría pensar incluso los municipios que conforman la zona metropolitana de la ciudad de México también cuentan con sistemas comunitarios de agua, quienes resisten a pesar de la lucha constante por el agua que enfrentan por su cercanía con la gran ciudad.

Incluso el “Zeferino Ladrillero” tiene documentados casos de sistemas comunitarios que con aguas de sus territorios abastecen a la capital del país a través de acuerdos amistosos que no siempre se cumplen.

A pesar de que los datos que nos dan la suma de 1 mil 279 sistemas comunitarios de agua o comités de agua fueron proporcionados por los municipios, aseguramos que la cifra no es definitiva.

En primer lugar porque de los 93 municipios que tienen sistemas comunitarios de agua diez reconocieron su existencia pero no tienen conocimiento de cuántos son ya que “al organizarse por usos y costumbres el municipio no tiene injerencia y no tienen un padrón de los mismos”, por otro lado otros nueve municipios no respondieron la solicitud de información enviada, por lo que no podemos saber si cuenta con comités comunitarios y cuántos son.

Por otro lado, el “Zeferino Ladrillero” ha recabado testimonios de integrantes de las comunidades donde hay comités comunitarios aunque el municipio respondió que no los hay, como el caso de Tenango del Valle. O casos en los que sus habitantes mencionan que hay más sistemas comunitarios de los reportados por el municipio, como el caso de Lerma14 Sin embargo, a pesar de estos sesgos en los datos el número registrado da cuenta de que esta forma de organización es común y funcional en el estado de México y representa para las comunidades una figura identitaria pues les permite organizarse, reforzar sus sentido de pertenencia a su comunidad, reproduce prácticas históricas como las asambleas, las faenas e incluso la lengua, pues algunos nombres de los comités o las comunidades tienen origen indígena.

A continuación se enumeran los sistemas comunitarios de los que se tienen registro en el estado de México.

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Acambay

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Nombres de los comités o comunidades donde operan 1.Tierras Blancas, Mado sector II, Santa María las Arenas, Las Arenas y Las Trojes. 2.Tixmadeje Chiquito. 3.Loma del Fresno-La Peñita.

4.Dateje, Bovini, Loma Linda y Ganzda. 5.Tixmadeje-Doxteje. 6.

Estancia I, II y Chanteje. 7. La Florida. 8.La Loma. 9.Las Mangas A.C. 10.San Francisco Shanxi. 11.San Francisco Shanxi, Loma del Pirul y El Pedregal. 12.San José Bocto 13.San Juanico Sector I. 14. Sistema Multiple Agostadero 15.Sistema Multiple Barrancas-Golondrinas 16.Sistema Multiple La Caridad 17.Sistema Multiple San Juanico 1 18.

Agostadero A.C. 19.Hondiga A.c. 20.La laguna 21.San Francisco Ejido 22.San Pedro de los Metates 23.Santa María Tixmadeje 24.Poblado de San Francisco Shanxi II 25.Sistema Multiple Detiña 26.Doxteje Barrio Primero 27.Esdoca de Arriba 28.Asociación de comuneros de la unidad de riego pozo 3 San Pedro de los Metates 29.Asociación de comuneros de la sociedad del pozo 1 San Pedro de los metates 30.Asociación de usuarios pozo 12 La Soledad (mixto)

14 La comunidad de San Pedro Tlanixco tiene su comité de agua potable y el municipio de Lerma cuenta con al menos seis más de lo que el municipio reportó oficialmente.

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Acolman

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Aculco

Nombres de los comités o comunidades donde operan 1.Acolman (cabecera municipal) 2.Cuanalan 3.San Bartolo 4.San Marcos Nepantla 5.San Mateo Chiltepec 6.San Miguel Totolcingo 7.Santa Catarina 8.Santa María Acolman 9.Tepexpan 10.San Miguel Xometla 11.San Pedro Tepetitlan 12.Tenango 13.San Junaico 14. San Francisco Zacango 15.San Lucas Tepano 16.Emiliano Zapata 17.Los Ángeles 18.San José No cuentan con la información

Almoloya de Alquisiras

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Se enumeran las comunidades; en algunas puede haber más de dos comités en una misma comunidad. 1.Agua Fría Ahuacatitlán (Aguacatitlán. 2.Almoloya de Alquisiras 3.Aquiapan 4.Buenos Aires 5.Capulmanca 6.Cerro de Tlapexco (Segunda Manzana) 7.Cerro del Guayabo 8.Colonia Guadalupana Cuarta Manzana 9.Cuauhtenco 10.Cuevillas 11.Loma Larga 12.Los Pinos 13.Los Ranchos 14.Mesa del Río 15.Plan de Vigas 16.Plutarco González (Higueras.17. Progreso los Hernández (Colonia los Hernández) 18.Quinta Manzana Rancho de los Pérez 19.San Andrés Tepetitlán 20.San Antonio Pachuquilla 21.San José Tizates (Tizates) Sexta Manzana 22.Tepehuajes 23.Totoltepec de Arriba 24.Totoltepec de la Paz 25.Triguillos 26.Vista Hermosa 27.Yerbabuena

Almoloya de Juárez

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1.Barrio la Unión Cieneguillas 2.Benito Juaréz 3.Ejido San Cristobal 4.Ejido San Diego 5.Paredón 6.Ejido San Pedro 7.La Tinaja 8.Laguna de Tabernillas 9.Loma de Salitre 10.La Solidad Ocoyotepec 11.Salite de Mañones 12.San Aguastín Citlali I 13.San Agustín Citlali II 14.San Agustín Poteje 15.San Lorenzo Cuahtenco 15.Santiaguito Tlalcilalcali 17.Almoloya de Juaréz Cabecera 18.Cabecera 1era sección 19.Cabecera 2da sección 20.Cabecera 3era sección 21.Barrio San Pedro 22.Cieneguillas de Guadalupe 23.Mina México 24.San Francisco Tlalcilalcapa 25.San Miguel Almoloyan 26.San Pedro La Hortaliza 27.Santa Catarina La Hortaliza 28.Santa Juana 1era sección 29.Santa Juana Centro 30.Santa María Nativitas 31.Mayorazgo de León I 32.Mayorazgo de León II 33.Mextepec 34.San Pedro La Hortaliza 2nda sección 35.Loma Blanca 36.Tres Barrancas 37.Rosa Morada 38.Rancho San Nicolás Amealco 39.Ejido Almoloya de Juárez 40.Las Tazas 41.Piedar Ahumada 42.Palos Amarillos 43.Barrio del Carmen 44.Cañada de Gadarrama 45. La Gavia 46.Lázaro Cárdenas 47.Arroyo Zarco Centro

Almoloya del Río

0

Amanalco

Sin respuesta 00019/AMANALCO/IP/2018

Amatepec

4

1.La cabecera municipal (Amatepec) 2.San Simón 3.El Naranjo 4.Palmar Chico

Amecameca

1

San Antonio Soyatzingo

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Apaxco

2

1.Santa María 2.El Mirador

Atenco

10

1.Francisco I madero 2.La pastoría 3.San Francisco Acoexcomac 4.Santa rosa 5.Zapotlán 6.Atenco 7.Santa Gertrudís 8.Isabel 9.Ixtapan 10. Benito Quezada

Atizapán

1

El comité presta el servicio a todo el municipio

Atizapán de Zaragoza

9

1.Pueblo de Chiluca 2.Pozo La Estadía 3.Pozo Club de Golf Bellavista 4.Pozo Ahuehuetes 5.Pozo la Aceituna 6.Poxzo San Mateo 7.Pozo Baños Atizapán Centro 8.Pozo UNITEC 9.Pozo Pueblo de San Mateo.

Atlacomulco

19

1.Cuendó 2.San José del Tunal 3.San Pedro del Rosal 4.Chosto de los Jarros 5.Manto del Río Ejido 6.San Lorenzo Tlacotepec 7.Tecoac 8.Mesa de Chosto 9.San José Tóxi 10.San Juan de los Jarros 11.Bobashi de Guadalupe 12.Manto del Río Pueblo 13.San Pablo Atotonilco 14.Rincón de la Candelaria 15.San Antonio Enchisi 16.San Bartolo Lanzados 17.San Jerónimo de los Jarros 18.San Martín de los Manantiales 19.Comité General del Sistema de Agua Potable (Maye, San Bartolo El Arenal, Tierras Blancas, Cerrito Colorado y Lagunita Cantashi)

Atlautla

3

1.Amalacaxco 2.Coaxolo 3.Huixilac

Axapusco

0

Ayapango

0

Calimaya

8

1.Santa María Nativitas 2.San Marcos de la Cruz 3.San Lorenzo Cuauhténco 4.Zaragoza de Guadalupe 5.San Diego de la Huerta 6.San Andrés Ocotlán 7.San Bartolito Trartelolco 8.La Concepción Coatipac

Capulhuac

10

1.Cabecera municipal 2.San Nicolás Tlazala 3.Colonia Agua Blanca 4.Colonia Xometitla 5.Colonia La Poza 6.Colonia Lomas de San Juan 7.San Miguel Almaya 8Santa María Cuaxusco 9.Delegación Guadalupe Victoria 10.San Isidro Tehualtepec Sin respuesta 00005/OASCHALCO/IP/2018

Chalco

Chapa de Mota

Nombres de los comités o comunidades donde operan

24

1.La esperanza 2.Barajas 3.Cadenqui 4.Dongú 5.Ejido de Barajas 6.El Chabacano 7.El quinte 8.La Concepción 9.La Alameda 10.La esperanza 11.La Loma 12.La Ladera 13.La Palma 14.Las ánimas 15.Macava 16.Mefi 17.San Felipe Coamango 18.San Francisco de las Trncas 19.San Gabriel 20.San José 21.San Juan Tuxtepec 22.San Elena 23.Santa María 24.Tenjay

35

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Chapultepec

2

No hay más datos

Chiautla

12

1.La Concepción 2.Ocopulco 3.San Lucas Huitzilhuacán 4.Tlaltecahuacán 5.Ixquitlán 6.Tepetitlan 7.Atenguillo 8.Amajac 9.Nonoalco 10.Huinahuac 11.Chimalpa 12.Cabecera Municipal

Chicoloapan

0

Chiconcuac

3

1.Santa María 2.San Pablito 3.San Miguel

Chimalhuacán

3

1.Sistema Guadalupe 2.Sistema Naranjos 3.Sistema San Pedro

Coacalco de Berriozábal

2

1.Administración Del Sistema De Agua Potable De San Lorenzo Y La Magdalena Coacalco, Edo. De México 2.Sociedad Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales Calpulli del Valle, S. C. L

Coatepec Harinas

15

Cocotitlán

1

1.San Andrés Metla

Coyotepec

1

El comité presta el servicio a todo el municipio

Cuautitlán

0

Nombres de los comités o comunidades donde operan

1.Acuitlapilco 2.Agua bendita 3.El Chiquihuitero 4.Zacatones 5.Cabecera 6.Chiltepec 7.Cochisquila 8.Colonia Guadalupe 9.Ixtlahuaca de Villada 10.Llano grande, Potrero 11.Potrero redondo 12.Meyuca de Morelos 13.Primera de Analco 14.Puerta del Carmen 15.San José del Progreso

No cuentan con la información

Cuautitlán Izcalli

Donato Guerra

19

1.San Lucas Texcatitlan Barrio del Rincón 2.Santiago Huitla Pantepec 3.El Campamento 4.El Capulín, El Plan de San Juan de Xoconusco 5.San Jaun Xoconusco 6.Capulín 7.Machero 8.La Fundición 9.Cabecera indígena 1er cuartel 10.Cabecera Municipal 11.San Lucas Tecaxtitlan 12.San Miguel Xoltepec 13.San Francisco Migualtepec 14.San Simón de La Laguna 15.San Simón de la Laguna 16.San Antonio de la Laguna 17.San Martín Obispo 18.Ejido de Migualtepec 19.San Francisco Mihualtepec

Ecatepec de Morelos

7

1.Pueblo San Pedro Xalostoc - pueblo 2.Santa Clara Coatitla 3.San Isidro Atlautenco 4.Santa María Tulpetlac 5.Nuevo Laredo 6.Santo Tomás Chiconautla 7.Pueblo Guadalupe Victoria

36

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Ecatzingo

0

El Oro

39

1.Pueblo Nuevo de Los Ángeles 2.Sistema múltiple de agua potable comunidades de López Mateos, Bassoco, La Palma mpio. de el Oro 3.Sistema múltiple de agua potable San Juanico Centro Venta del Aire, a.c. 4.Sistema múltiple de agua potable Tapaxco 5.El Tejocote y presa Brockman 6.La Magdalena Morelos 7.La Mesa 8.La Concepcion Segunda 9.La Concepcion Segunda (parte alta) 10.La Concepcion Segunda (parte baja) 11.La Concepción Segunda (barrio la mesa) 12.Laguna La Mesa 13. El Gigante 14.El Gigante 15.El Gigante (parte baja) 16.Barrio Peñitas 17.Barrio Peñitas 18.Santa Rosa de Lima centro 19.Santa Rosa de Limas zona alta 20.Santa Rosa de Lima, barrio Cruz Alta 21.Santa Rosa de Lima barrio de enmedio 22.Santa Rosa de Lima barrio La Loma 23.Santa Rosa de Lima barrio La Loma 24.Santa Rosa de Lima barrio Yeshto 25.Santa Rosa de Lima barrio Yeshto 26.Santa Rosa de Lima 27.Santa Rosa de Guadalupe El Gavilan 28.Santa Rosa de Guadalupe 29.Estación Tultenango 30.San Nicolás el Oro 31.San Nicolás el Oro parte baja 32.San Nicolás el oro, la Venta 33.Santiago Oxtempan Pueblo 34.Santiago Oxtempan pueblo Barrio las Lajas 35.Santago Oxtempan Pueblo 36.Santigo Oxtempan Pueblo 37.Cerro Llorón 38.Lalnito Cuatro 39.Loma del Capulín

Huehuetoca

4

1.San Pedro 2.San Miguel 3.Tlaltepoxco 4.San Buenaventura

Hueypoxtla

3

1.Santa María Ajoloapan 2.Emiliano Zapata 3.San Pedro La Gloria

Huixquilucan

Nombres de los comités o comunidades donde operan

No cuentan con la información

Isidro Fabela

0

Ixtapaluca

8

1.Tlapacoya 2.Coatepec 3.Río frio 4.Manuel Avila Camacho 5.Ayotla 6.Valle verde 7.Tlalpizahuac 8.Acozac

Ixtapan de la Sal

10

1.San Pedro Tecomatepec 2.San José El Arenal 3.Hierbas Buenas 4.El Refugio 5.Santa Ana Xochuca 6.El Abrojo 7.Los Naranjos 8.Llano de la Unión 9.San Diego Alcalá 10.Riego Ixtapan

Ixtapan del Oro

No cuentan con la información

Ixtlahuaca

No cuentan con la información

Jaltenco

0

No cuentan con la información

Jilotepec

14

1.San Pablo Huantepec 2.San Pablo Huantepec 3.Doxhicho 4.El Durazno de Cuauhtémoc 5.Dexcani Bajo 6.Dexcani Alto 7.Aldama 8.Xhimojay 9.Teupa 10.El Rosal 11.Emiliano Zapata 12.Acazuchitlan 13.San MartinTuchicuitlapilco 14.Dedeni Dolores 37

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Jilotzingo

6

Jiquipilco

Nombres de los comités o comunidades donde operan Los comités prestan el servicio a todo el municipio Sin respuesta 00022/JIQUIPIL/IP/2018

Jocotitlán

15

Joquicingo

3

Juchitepec

1.Mavoro 2.Tiacaque 3.Ojo de Agua 4.El Lindero 5.San José Boquí 6.Santiago Yeche 7.Loma de Endare 8.San Juan Cuajomulco 9.Santiago Casandeje 10.Santa María Endare 11.Santa María Cinteje 12.San Miguel Tenochtitlán 13.Boyecha 14.Huemetla 15.El Ruso 1.Maxtleca de Galeana 2.El Guarda de Guerrero 3.San Pedro Techuchulco No cuentan con la Información

La Paz

Sin respuesta 00005/OASLAPAZ/IP/2018

Lerma

4

1.San Lorenzo Huitzizilapan 2.Colonia Guadalupe Victoria 3.Colonia Adolfo López Mateos 4.La Concepción Xochicuautla

Luvianos

20

1.Cañadas de Nanchititla 2.Cruz de Calvos 3.El Campanario 4.Vallecitos 5.Piedra Grande 6.Hermiltepec 7.San Simón Piedra Grande 8.Puerto del Salitre 9.El Estanco 10.San Sebastian 11Rincón de la Presa 12.Cerro de Castelanes 13.El Pueblito 14.San Antonio Las Lajitas 15.Ciprianes 16.Potrero de Vallecitos 17.El Sauz Palo Gordo 18.Mesa de Nietos 19.Palo Gordo 20.Naranjo de San Isidro

Malinalco

32

1.Planta Alameda 2.Amate Amarillo 3.La Angostura 4.Colonia Hidalgo 5.Colonia Juárez 6.Chalma 7.Jalmolonga 8.La Ladrillera 9.Monte Grande 10.Pachuqilla 11.Palmar Grande 12.Palo Dulce 13.San Sebastián 14.El Platanar 15.El Puentecito 16.Puente Caporal (La Guancha) 17.San Andrés Nicolás Bravo 18.San Nicolás 19.San Pedro Chichicaso 20.San Simón el Alto 21.Los Tepehuajes 22.Jesús María 23.Colnia Aldama 24.Colonia La Huerta 25.La Loma 26.Loma del Cóporo 27.El Zapote 28.Campos de San Martín 29.Club de Golf Malinalco 30.La Joya Redonda 31.Colonia Casa Blanca 32.Ejido de Chalma

Melchor Ocampo

2

1.Visitación 2.San Francisco Tenopalco

Metepec

9

1.San Jerónimo Chicahualc 2.San Salvador Tizatlalli 3.Álvaro Obregón 4.San Miguel Totocuitlapilco 5.Magdalena Ocotitlán 6.San Lorenzo Coacalco 7.Jesús Jiménez Gallard0 8.San Gaspar Tlahuelilpan 9.Ejidal Lázaro Cárdenas

Mexicaltzingo

0

38

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Morelos

18

Naucalpan de Juárez

1

1.San Francisco Chimalpa

Nextlalpan

3

1.Santiago Atocan 2.San Mateo Acuitlapilco 3.Pueblo de Xaltocan

Nezahualcóyotl

0

Nicolás Romero

3

1.La Colmena 2.El Tráfico 3.Granjas Guadalupe

Nopaltepec

0

Sin respuesta 00019/NOPALTE/IP/2018

Ocoyoacac

8

1.Cabecera municipal 2.Santa María Tpexoyuca 3.San jerónimo Acazulco 4.San Pedro Atlapulco 5.El Pedregal 6.San Pedro Cholula 7.San Antonio "el llanito" 8.col. Guadalupe Hidalgo

Ocuilan

0

Sin respuesta 00015/OCUILAN/IP/2018 y 00021/OCUILAN/IP/2018

Otumba

0

Otzoloapan

0

Otzolotepec

23

Ozumba

2

Papalotla

0

Polotitlán

1

Nombres de los comités o comunidades donde operan 1.Barrio 1° cab. Mpal 2.Barrio 2° cab. Mpal 3.Barrio 3° cab. mpal.

4.Barrio 4° cab. mpal. 5.Caxboncuac 6.Ejido San Antonio 7.Las Tinajas 8.Rancheria San Antonio 9.San Gregorio Macapexco b°1° 10.San Gregorio Macapexco b°2° 11.San José La Epifania 12.San Lorenzo Malacota 13.San Marcos Tlazalpan 14.San Sebastian Buenos Aires 15.Santa Clara de Juárez 16.Santa Cruz 17.Tlalpujahuilla 18.Xhinte de Lagos

1.Colonia Guadalupe Victoria 2.Villa Seca 3.Puente San Pedro 4.La Purisima 5.La Raya 6.Santa María Tetitla 7.Cabecera municipal, Derivación la col.Guadalupe Victoria y Purísima 8.Las Peñas 9.Santa María Tetitla 10.Ejido de Capuluhac 11.Las Trojes 12.Ejido de Mozoquilpan 13.Santa Ana Mayorazgo 1 y II 14.Santa Ana Jilotzingo I y II 15.Huanica I y II 16.Concepción de Hidalgo 17.Cerro de Tezontle 18.La Palma San Agustín Mimbres 19.El Panteón San Agustín Mimbres 20.Tres Marías San Agustín Mimbres 21.Fabrica María 22.La Florida San Agustín Mimbres 23.San Mateo Mozoquilpan 1.Sistema Sureste 2.Sistema Alfredo del Mazo

1.Abastece las comunidades de: Celayita, El Tesoto, San Agustín el cuervo y San Nicolás de los cerritos

39

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Rayón

0

San Antonio la Isla

0

San Felipe del Progreso

64

1.San Pedro el Alto Barrio el Temporal 2.Santa Rita de la Cuesta 3.San Pedro el Alto Barrio Cieneguillas Centro 4.Rioyos Buenavista 5.Santa Anita Nichi Pueblo 6.Santa Ana Nichi Ejido 7.San Nicolás Guadalupe 8.Fresno Nichi Barrio el Zapote y Barrio Centro 9.Fresno Nichi Barrio Zaragoza 10.San Antonio la Cienega Barrio el Salto 11.San Miguel la Labor 12.San Nicolás Mavati, manantial las canoas 13.San Juan Cote 14.San Nicolás Mavati, manantial las Piletas 15.San Pedro el Alto Barrio Mimbre 16.Santa Ana Nichi ejido Barrio Loma Linda 17.San Jerónimo Bonchete 18.Ejido La Virgen 19.San Pedro el Alto Barrio Tameje 20.Santa Ana Nichi ejido Barrio Las Palomas 21.Dios Padre 22.Santa Ana Nichi Barrio La Mesa 23.San Jerónimo Mavati manantial Bonchete 24.San Nicolás Guadalupe Barrio San Francisco 25.Ejido San Mavati Barrio Charcos Azules 26.Dolores Hidalgo 27.La Ciénega 28.San Pablo Tlalchichilpa 29.Fresno Nichi Centro y barrio El Zapote 30.Calvario del Carmen 31.San Pedro el Alto Rancho La Virgen 32.Choteje la Choste 33.Fresno Nichi Barrio el Caminito 34 San Antonio de las Huerta La Palma 35.Ranchería La Virgen 36.Choteje el Tanque 37.Santa Ana Nichi ejido Barrio Las Amapolas 38.San Antonio de las Huertas Manantial el Campo 39.Ejido La Virgen ojo de agua 40.Ejido San Jerónimo Mavati barrio Casa Viejas 41.Fresno Nichi Barrio Zaragoza Manantial la Luna 42.San Miguel la Labor presa Tepetitlan 43.Ejido San Jer´nimo Mavati barrio las Presas 44.Dios Padre el Capulín 45.La Manzana 46.La Carrera 47.Yameje Barrio 48.El Tunal 49.Cabecera 50.Emilio Portes Gil 51.Palmillas 52.San Juan Jalpa 53.San Pedro el Alto Pozo I 54.San Pedro el Alto Pozo I 55.Pozo Profundo Ejido San 56.Pozo Profundo San Antonio 57.Charcos Azules 58.San Agustín Mextepec pozo 2 59.San Antonio La Cienega Pozo Profundo 60.San Lucas Ocotepec 61.El Obraje 62.Santa Rita de la Cuesta 63.Rincón de lo Pirules 64.Ejido Palmillas

San José del Rincón

87

1.Santa Cruz del Tejocote Colonia Benito Juárez 2.Santa Cruz, Barrio Tejocote Centro 3.Los lobos 2da sección 4.Rosa de palo Amarillo 5.Los Lobos 6.Ejido El Consuelo 7.San Joaquín del Monte 8.Palo Amarillo 9.Guadalupe Las Cabras 10.Buena Fe, Rancho el Porvenir 11.Ejido los Pintados 12.Rancheria de los Dolores 13.San Juan Palo Seco 14.Colonia Emiliano Zapata, Ampliación La Mesa 15.Poblado La Soledad Ejido 16.La Mesa, La Esperanza, Buena Vista Casa Blanca, Guadalupe Buenavista y la Trinidad Concepción 17.Puentecillas El Depósito 18.Las Rosas 19.Ejido Buena Vista Casa Blanca 20.Ramaje, Ejido Rancho Arriaga 21.Fabrica Pueblo Nuevo 22.San Joaquín Lamillas 23.Sebati 24.Guarda de Guadalupe 25.Barrio Santa Ana, Pueblo Nuevo 26.Guarda La Lagunita 27.Yondece El Grande 28.Garatachea 29.San Isidro La Trinidad Concepción 30.San José Onofre 31.San Joaquín Lamillas Barrio 32.El Fresno, La Curva, San Antonio y El Panteón 33.San José del Rincón Ejido 34.Ejido Jesús Carranza 35.Guarda de San Antonio Buenavista 36.Comité Agua Zarca Pueblo Nuevo 37.San Antonio Pueblo Nuevo 38.Santa Rita de la Cuesta y Soledad El Guarda 39.Poblado Cieneguillas 40.San Antonio Pueblo Nuevo, El Lindero,

Nombres de los comités o comunidades donde operan Sin respuesta 00020/RAYON/IP/2018

40

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Nombres de los comités o comunidades donde operan Santa Cruz y Santa Rita 41.El Huizache y Yondece del Centro 42.Rosa de la Palma 43.La Chispa 44.Rnacho El Guarda Ejido 45.Rosa Concepción 46.Fábrica Concepción 47.Cedro de la Manzana 48.Las Rosas el Puente 49.El Cerrito Pueblo Nuevo 50.Pancho Maya 51.Poblado Agua Puerca 52.Cañada del Sauco 53.Concepción la Venta el Salto 54.La Lagunilla San Joaquín del Monte 55.San Ramón las Rosas (parte alta) 56.La trampa Grande 57.Sabaneta Quintana 58.Llano las Rosas Parte Alta 59.Guadalupe Chico 60.La Manzana Yondece del Cedro 61.Canoas San Felipe de Jesús 62.La Mesa El Lijadero 63.San Jerónimo de los Dolores 64.San Diego Pueblo El Pintado Pueblo Nuevo 65.La Cañada ejido El Depósito 66.Puentecillas Rameje y El Cable 67.San Jerónimo Pilitas 68.La Palma y Santa Juanita 69.La Mesa Chivate 70.Concepción del Monte 71.El pintal y Rameje 72.Pathe Mula de los Cedros 73.Ejido el Depósito y Loma del Cedro 74.San Miguel del Centro 75.Llano las Rosas 76.San francisco Solo 77.San Joaquín del Monte, La Desviación, La Estación Trinidad y Buenavista Casa Blanca 78.San Diego Pueblo Nuevo 79.El Tori Ejido la Soledad y Estación Trinidad 80.Minita del Cedro I 81.Minita del Cedro II 82.San Juan Evangelista fracción X 83.San Francisco de La Loma 84.Falda Loma 85.Providencia Ejido El Depósito 86.El Llano Grande Jaltepec 87.San Miguel del Centro

San Martín de las Pirámides

4

1.San Martín de las Pirámides 2.Santa María Palap 3.San Pablo Ixquitlan 4.Santiago Tepetitlan

San Mateo Atenco

7

1.Col. Álvaro Obregón, Santa María 4.San Isidro 5.La Magdalena 6.Santiago 7.Guadalupe, San Lucas

San Simón de Guerrero

0

Santo Tomás

31

Soyaniquilpan de Juárez

7

Sultepec

0

Tecámac

8

1.Poblado de Santo Tomás 2.Pueblo Viejo 3.Los Nogales 4.Colonia de Guadalupe 5.Santa Bárbara 6.Rincón Grande 7.Potrero de Abajo 8.El Plan 9.Rincón Chico 10.Potrero de Arriba 11.El Llano 12.Rincón Vívero 13.El Aguacate 14.El Jocoyol 15.Frontón vívero 16.Sañitre de la Cal 17.Cieneguillas 18.El Sifón 19.El Ocotal 20.La Laguna 21.San Miguel 22.San Pedro el Grande 23.Salitre Bramador 24.Sandemialma 25.San José Barbechos 26.Salitre Terrenos 27.San Pedro Ixtapatongo 28.Ojo de Agua 29.Las Canoas 30.Tacuitapan 31.Las Fincas 32.Loma Bonita 1.Col. Álvaro Obregón, Santa María 4.San Isidro 5.La Magdalena 6.Santiago 7.Guadalupe, San Lucas

1.Santa María Ozumbilla 2.Tecámac Centro 3.San Pedro Pozohuacan 4.Reyes Acozac 5.San Pablo Tecalco 6.San Jerónimo (algunas comunidades tienen dos comités)

41

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Tejupilco

13

Temamatla

2

1.Reyes Aclatixhuayan 2.Santiago Zula

Temascalapa

5

1.San Luis Tecuatitlan 2.Santa Ana Tlachahualpa 3.San Miguel Atlamajac 4.San Mateo Teopancala 5.Presa del Rey

Temascalcingo

41

1.Ahuacatitlán 2.Barrio de la Corona 3.Marrio de maro 4.Bombaro 5.

Boshesda 6.Calderas 7.Cerritos de Cárdenas 8.El Garay 9.El Rodeo 10.Ex Hacienda Solis 11.Junacatlán 12.Junta Local de Agua Potable 13.La estanzuela 14.La huerta 15.La Magdalena Cruz Blanca 16.Las Magdalenas 17.Mesa de los Gárnicas 18.Mesa de Santiago 19.Mesa del Venado 20.Pastores 21.Pozo de las Palomas 22.Pueblo Nuevo 23.San Antonio Solis 24.San Francisco Tepeolulco 25.San Francisco Tepeolulco, col. Lázaro Cárdenas 26.San Francismo Solis 27.San José Ixtapa 28.San José Solis 29.San Juanico el Alto 30.San Mateo el Viaje 31.San Miguel Solis 32.San Nicolás 33.San Nicolás 34.San Pedro Potla 35.San Vicente Solis 36.Santa Ana Yenshu ejido 37.Santa Ana Yenshu la Mesa 38.Santa Lucía 39.Santa María Candesha 40.Santa Rosa Solis 41.Santiago Coachochitlán

Temascaltepec

43

1.Carboneras 2.Cieneguillas de González 3.Mesón Viejo (tanque) 4.Msón Viejo (captación) 5.La Lágrima 6.La Guacamaya 7.Labor de Cabras 8.Mesas de Real de Arriba 9.San Andrés de los Gama (tanque) 10.San Andrés de los Gama (caja) 11.Tequesquipan (río) 12.San Juan Ejido 13.Milpas Viejas 14.Tequesquipan (centro) 15.Los Ocotes 16.San Antonio Albarranes 17.La Comunidad 18.Cantarranas 19.Fortín 20.Doña Rosa 21.El Varal 22.Cabecera municipal y Barrio de Santiago 23.La Mina Albarrada 24.Telpintla 25.La Albarrada 26.San Lucas del Pulque 27.San Lucas del Pulque Barrio de Santa Ana 28.Jesús del Monte 29.Potrero de San José 30.San Mateo Almomoloa 31.San Francisco Oxt. barrio de La Mesa 32.San Francisco Oxt. el Centro 33.San Francisco Oxt. Rinconada 34.San Francisco Oxt. Los Remedios 35.Rincón de San Miguel 36.San Miguel Oxtotilpan 37.Santana Comunidad 38.Cerro Pelón 39.San Pedro Tenayac Barrio Bosque I, 40.San Pedro Tenayac Barrio Bosque II 41.San Pedro Tenayac Barrio Centro 42.San Pedro Tenayac San Pedrito 43.San Pedro Tenayac 44.El Salitre 45.La Finca 46.Potrero de Tenayac

Temoaya

2

1.Sistema Jiquipilco 2.Sistema Temoaya

Tenancingo

31

1.Santa Ana Ixtlahuatzingo 2.La Ocotalera 3.Los Morales 4.El Zarco 5.San Martín Coapaxtong 6.San Juan Xochiaca 7.San Gabriel Zepayautla 8.La Mesita 9.San Simonito 10.San Miguel Tecomatlan 11.San Pedro Ejido Tecomatlan 12.Tepoxtepec 13.Chalchihuapan 14. San Juan

Nombres de los comités o comunidades donde operan 1.El tecolote 2.Peña blanca 3.Cola de caballo 4.La hacienda 5.Los mangos 6.Paso de la zarcita 7.Ojo de agua 8.La arrayanera 9.El manguito 10.Manantial 11.Pozo 12.Pozo 13.Pozo, estas 13 fuentes de abastecimiento proporcionan agua a 24 comunidades

42

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Nombres de los comités o comunidades donde operan Tetitlan 15.El Carmen 16.Quetzalapa 17.Tepalcatepec 18.Col. Guadalupe Victoria 19.Santa Cruz Xochiaca 20.Plan de Guadalupe 21.Plan de San Martin 22.San Antonio Agua Bendita 23.San José Chalmita 24.Agua Dulce 25.Agua Bendita 26.Monte de Pozo 27.Terrenate 28.La Loma 29.Gualupita 30.Col. San Ramón 31.Barrio Santa Teresa

Tenango del Aire

0

Tenango del Valle

0

Teoloyucán

11

1.Santa María Caliacac 2.Santo Tomás 3.Colonia Agrícola Santo Tomás 4.Analco 5.San Juan 6.Santiago 7.San Bartolo 8.Cuaxoxoca 9.Zimapán 10.Ex Hacienda San José 11.Santa Cruz Teoloyucan

Teotihuacán

8

1.San Francisco Mazapa 2.Santa María Coatlan 3.San Sebastián Xolalpa 4.Barrio de Purificación 5.Santa María Maquixco 6.Santiago Atlatongo 7.Santa María Cozotlan 8.San Lorenzo Tlalmimilolpan

Tepetlaoxtoc

0

Sin respuesta 00028/TEPETLAO/IP/2018

Tepetlixpa

0

Tepotzotlán

6

1.Barrio de Capula 2y3.San Mateo Xoloc (2 sistemas) 4.Santa Cruz 5.Santiago Cuautlalpan 6. Cañada de Cisneros

Tequixquiac

4

1.Tlapanayola 2.San Miguel 3.San Mateo 4.Colonia

Texcaltitlán

9

1.Tlacotepec 2.Santa María 3.Ratrojo Largo 4.Carbajal 5.Ejido Venta Morales 6.Las Tablas 7.Poblado de San Francisco 8.Yuytepec 9.Acatitlán

Texcalyacac

No cuentan con la información

Texcoco

No cuentan con la información

Tezoyuca

1

Tianguistenco

28

El comité presta el servicio a todo el municipio 1.Techmaninalli 2.Meztitla 3.Mezaoa Sec. II 4.Tlacomulco 5.Ahuatenco 6.San Lorenzo Huehutitlán 7.Tlaminca 8.Atlantlacpa 9.San Pedro Tlaltizapan 10.Tzitzacazapa 11.Chiquixpac Sec. I 12.Santiago Tilapa 13.Ocotenco 14.Chiquixpac Secc. II 15.Coamilpa de Juárez 16.San José Mezapa Secc. I 17.Tlacuitlapa 18.El Mirasol 19.Santa Cruz de Bravo 20.San Bartolo del Progreso 21.Guadalupe Yancuictlalpan 22.La Lagunilla 23.Villas de San Nicolás Coatepec 24.La Magdalena de los Reyes (en algunas comunidades hay dos comités) 43

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Timilpan

4

Tlalmanalco

0

Tlalnepantla de Baz

0

Tlatlaya

12

1.El Zapote 2.Cuahuilotes 3.Puesrto de los Martínez 4.Puerto del Organo 5.Salitrillo 6.Ancon de los Curieles 7.Palma Torcida 8.Plan de Cuadrillas 9.Ancon de los Curieles 10.San Antonio del Rosario 11.Colonia Benito Juárez 12.Tlatlaya

Toluca

34

1.Cacalomacan 2.Calixtlahuaca 3.San Andrés Cuexcontitlán sección 1 centro 4.San Andrés CUexcontitlán sección 2 5.La Concepción 6.San Andrés Cuexcontitlán sección 3, Santa Rosa, San Andrés Cuexcontitlán sección, Jicaltepec 7.San Antonio Buenavista 8.San Buenaventura (barrio Guadalupe) 9.San Felipe Tlalmimilolpan 10.San Juan Tilapa 11.San Lorenzo Tepaltitlán 12.San Marcos Yachihuacaltepec 13.Ejidos de San Marcos, Yachihuacaltepec 14.Colonia Sebastián Lerdo de Tejada 15.San Mateo Oxtotitlán 16.Santa Cruz Otzacatipan 17.San Pablo Autopan 18.Barrio de Jesús Autopan 19.Aviación Autopan 20Ojo de agua Autopan 21.Barrio Guadalupe Totoltepec 22.Santa Ana Tlapaltitlán (Santa María Zozoquipan) 23.Santa María Totoltepec 24.Santiago Tlacotepec 25.El Refugio Tlacotepec 26.Tecaxic 27.San José Buenavista El Chico Tlachaloya 28.San Carlos Tlachaloya 29.Tlachaloya 2a. sección, 30 colonia Julián Escalante Tlachaloya 2a sección 31.Fraccionamiento El Rosario, San Felipe Tlalmimilolpan 32.Fraccionamiento Misiones de Santa Esperanza, Santa María Totoltepec 33.Fraccionamiento el campanario, San Felipe Tlalmimilolpan 34.Fraccionamiento El Pedregal, Cacalomacan

Tonanitla

0

Tonatico

1

1.San José de los Amates

Tultepec

0

Sin respuesta 00037/TULTEPEC/IP/2018Lázaro Cárdenas

Tultitlán

2

1.Santa María Cuautepec en zona Sur 2.San Pablo de las Salinas en Zona oriente.

Valle de Bravo

34

Nombres de los comités o comunidades donde operan 1.Huapango 2.El diablito 3.La campesina 4.Cañada de lobos

1.Santa María Pipioltepec 2.San Nicolás Tolentino 3. San Juan Atezcapán 4.Cerro Colorado 5.Mesa de Jaimes 6.San Mateo Acatitlán 7.Loma de Chihuahua 8.San Simón el Alto 9.Cuadrilla de Dolores 10.Santa Teresa Tiloxtos 11.El Castellano 12.Los Suecos 13.Tenantongo 14.Tehuastepec 15.Cerro Gordo 16.Rincón Estradas 17.La Candelaria 18.Casas Viejas 19.El Fresno 20.Mesa de Palomas 21.La Palma 22.Las ahujas 23.San José Potero 24.El Manzano 25.Conejeras 26.Mesa Rica 27.Los Alamos 28.Huerta de San Agustín 29.Peña Blanca 30.Valle escondido 31.El Aguacate 32.Atezquelites 33.Las Mesas 34.Santa Magadalena Tiloxtos 44

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Valle de Chalco Solidaridad

Nombres de los comités o comunidades donde operan No cuentan con la información

Villa de Allende

68

Cada comunidad tiene un comité de agua, son 68 comunidades en el municipio

Villa del Carbón

23

1.El arenal 2.El ocotal 3.La cañada 4.La Capilla 5.La Esperanza 6.Las Moras 7.Loma Alta 8.Loma Alta Taxhimay 9.Los Arana 10.Llano de Zacapexco 11.Los Molinitos 12.Monte de Peña 13.Palo Hueco 14.San Jerónimo 15.San Isidro del Bosque 16.San Lucas Sn Luis Anáhuac 18.San Luis Thaxhimay 19.San Salvador de la Laguna 20.Santa Catarina 21.Xhajay 22.El Águila 23.La Ciénega 24.La Cruz del Arenal 25.Piequexhimo 26.Potrero Largo 27.Temanacoya 28.San Isidro Monte de Peña 29.El Salto

Villa Guerrero

42

1.Buenavista 2.Coxccacoaco 3.Cruz Vidriada 4.Cuajimalpa 5.El Carmen 6.El Islote 7.El Izote 8.El Moral 9.El Peñón 10.El Venturero de Santa María 11.Jesús Carranza 12.La Finca 13.La Joya 14.La Loma de la Concepción 15.Los Arroyos 16.Los Ranchos de San José 17.Matlazinca 18.Porfirio Díaz 19.Potrerillo de Santa María 20.Potrero de la Sierra 21.Potrero del Moral 22.Potrero Nuevo 23.Progreso Hidalgo 24.San Bartolomé 25.San Diego 26.San Felipe 27.San Francisco 28.San Gaspar 29.San José 30.San Lucas 31.San Martín 32.San Mateo Coapexco 33.San Mateo Coapexco Ejido 34.San Miguel 35.San Pedro Buenos Aires 36.Santa María Aranzazú 37.Santiago Oxtotitlán 38.Tequimilpa 39.Totolmajac 40.Villa Guerrero 41.Zacango 42.Zanjillas

Villa Victoria

88

1.Barrio de Rameje 2.San Diego Suchitepec 3.Palizada 4.Mesa de Suchitimber 5.Mesa del Espinal 6.La Alameda 7.San Roque 8.Mina Vieja 9.San Diego del Cerrito 1era sección 10.San Agustín Berros 11.Suchitimber 12.Barrio de los Cedros 13.San Agustín del Fresno 14.Barrio Centro del Cerrillo 15.Exhacienda de Ayala 16.Cuadrilla Vieja 17.El Espinal 18.Los Remedios Suchitepec 19.Turcio Primera Sección 20.Loma de Lienzo 21.Barrio San Isidro 22.Agua Zarca 23.San Agustín Canohillas 1era sección 24.Barrio Anexo El Centenario 25.Barrio Los Velázquez 26.Barrio Los Matorrales 27.Turcio Segunda Sección 28.El Espinal 29.San Luis El Alto 30.San Luis La Manzana 31.San Luis La Gavia 32.San Marcos de la Loma 33.Las Milpas 34.Palizada Barrio Ojo de Agua 35.Dolores Vaquerías 36.Turcio Tercera Sección 37.Propiedad Laguna Seca 38.La Puerta del Pilar 39.Campo Nuevo 40.El Capulín 41.El Sitio Centro 42.San Joaquín del Monte 43.San Agustín Altamirano 44.San Antonio del Rincón 45.Ejido Laguna Seca 46.San Agustín Altamirano 2da seción 47.Sansón 48.Barrio los Aviones 49.Barrio El Cerrillo 50.La Campanilla 51.La Presa 52.El Atole 53.Santa Cruz de la Rosa 54.Loma de Rosa 55.Loma del Burro 56.Loma Larga 57.Potrero de San Diego 58.Ejido de Villa Victoria 59.San Agustín Canohillas 2da sección 60.Jesús María Monte Alto 61.Agua Grande 62.El Fresno San Agustín 63.Los Cedros 64.Ejido de las Peñas 65.Bo. El Gallito 66.Mina Vieja 67.El Catorce 68.Laguna Seca Ejido 2da sección 69.Loma de San

45

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Municipio

No. de sistemas comunitarios

Nombres de los comités o comunidades donde operan José 70.Centro del Cerrillo II 71.El Jacal 72.San Isidro Monte Alto 73.Barrio de San Miguel 74.Potrero de San Diego 75.Venta de Ocotillos 76.Santa Isabel del Monte 77.San Pedro del Rincón 78.Cerritos del Pilar 79.Col. Dr. Gustavo Baz 80.Hospital Ejido 81.Hospital Propiedad 82.Los Padres Ejido 83.Los Padres Propiedad 84.Sección de Guadalupe 85.San Roque 86.Casas Coloradas 87.Barrio El Vivero 88.Loma de Guadalupe

Xalatlaco

8

Xonacatlán

0

Zacazonapan

1

El comité distribuye agua potable a todo el municipio

Zacualpan

5

1.Zacualpila 2.Piedra Parada 3.Despoblado 4.Mamatla 5.Los Ejidos

Zinacantepec

15

Zumpahuacán Zumpahuacán

Total

8 localidades, todo el municipio

1.San Juan de las Huerta 2.Colonia Recibitas 3.Santa Cruz Cuautenco 4.Ojo de Agua 5.Colonia Morelos 6.Colonia Independencia y Ejido de San Cristobal 7.Colonia Ignacio Zaragoza 8.La Peñuela 9.Raíces 10.Loma Alta 11.San José Contadero 12.San Pedro Tejalpa 13.San Antonio Acahualco 14.Colonia Ricardo Flores Magón 15.-Santa María de lMonte y sus barrios No cuentan con la información

14

1.Pueblo Nuevo de Morelos 2.San sebastián 3.San Bartolo Cuautlalpan 4.San Juan Zitlaltepec 5.San José La Loma 6.Cuevas 7.España 8.Loma Larga 9.1 de Mayo 10.Rancherá Buenavista 11.Santa Lucía 12.El Rincón 13.Santa María de Guadalupe 14.San Miguel Bocanegra

1279

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

A pesar de que la lista anterior puede no ser definitiva, lo que es innegable es la relevancia que tiene esta forma de organización comunitaria, la existencia de los comités comunitarios contribuye a: Garantizar el acceso al derecho humano al agua Disminuir los costos de mantenimiento y distribución al sostenerse a través de faenas comunitarias Fortalecer la cohesión social de los pueblos y comunidades Asegurar la participación de los usuarios en la toma de decisiones respecto a la administración el servicio Reducir prácticas de corrupción y favorece la rendición de cuentas de los recursos obtenidos por la administración del servicio Priorizar el uso personal doméstico sobre el uso industrial o comercial Promover el cuidado y mantenimiento de fuentes hidrológicas pequeñas como lagunas, ojos de agua, presas Garantizar que se priorice el disfrute del agua para el consumo y necesidades humanas y no para grandes empresas A pesar de los puntos anteriores, la ley de agua nacional y la ley de agua del estado de México no contemplan la figura de los sistemas comunitarios y más bien los pone en riesgo al reconocer a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como única autoridad para el manejo de las aguas nacionales, concesionar cuencas, resolver conflictos por cuestión de agua e imponer sanciones, sin embargo, esta medida puede ser riesgosa al no contar, la dependencia federal, con ningún tipo de contrapeso, sobre todo si tomamos en cuenta las prácticas de corrupción, malos manejos como prácticas comunes de la desconcentrada.

Además, las atribuciones que da a los municipios ponen en riesgo las pequeñas fuentes hidrológicas que las comunidades poseen dentro de sus territorios y que mantienen para la prestación del servicio a través de los comités ciudadanos o sistemas comunitarios de agua, pues corren el riesgo de ser sobreexplotadas para dar mayor abasto a ciudadanos, pero también a grandes empresas.

Si bien se contempla la figura de los consejos de cuencas como estrategia para incluir la participación ciudadana, esta figura no tiene poder de incidencia ni mucho menos de toma de decisiones.

Ante estas circunstancias los sistemas comunitarios de agua están bajo amenaza de desaparecer, pues bajo estas formas, no tendrían la posibilidad de disponer del agua que nace o se almacena en sus territorios aunque sea para uso doméstico y deberán soportar la posible sobreexplotación de sus fuentes hidrológicas con la posibilidad de que aumenten los costos para acceder al vital líquido.

Por otro lado, los sistemas comunitarios sobreviven también, a pesar de los constantes conflictos que surgen con la Comisión Federal de Electricidad. Para la distribución del agua potable, algunos sistemas comunitarios utilizan únicamente la fuerza de gravedad para llevar el agua de las partes altas de sus territorios a las casas habitación. Empero, otros sistemas requieren plantas de bombeo para distribuir el líqui47

Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

do lo cual representa cubrir el gasto de energía eléctrica empleada para tal fin. Sistemas comunitarios de agua como en Tecámac y Zumpango, se enfrentan a deudas de millones de pesos por concepto de energía eléctrica empleada para la distribución del agua.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se niega a condonar deudas generadas por tarifas inadecuadas respecto a las actividades que los sistemas comunitarios realizan, amenazando con cortar la energía lo cual afectaría el acceso al derecho humano al agua de miles de familias. Sostenemos que las tarifas son inadecuadas debido a que el consumo de energía eléctrica corresponde a actividades sin fines de lucro.

Durante éste ejercicio el “Zeferino Ladrillero” se contactó con al menos diez sistemas comunitarios del estado de México y entidades vecinas que reportaron problemáticas de adeudos con Comisión Federal de Electricidad debido a altas tarifas, adeudos históricos, falta de concesión con Comisión Nacional de Agua y por lo tanto imposibilidad de cambio tarifa por una asequible, debido a que la concesión de Conagua es requisito para ello; en algunos casos se enfrentan a cobros extrajudiciales con el fin de hostigar a los representantes de los sistemas y finalmente amenazas de corte.

De lo anterior, se desprende que tanto el gobierno del estado de México como el gobierno Federal manejan una tendencia a obstaculizar el desempeño de los sistemas autónomos del agua valiéndose de la falta de recaudación de los sistemas, los cuales no recuperan los mismos ingresos que los organismos descentralizados municipales puesto que el uso es meramente doméstico, por lo que sus tarifas son sociales, simbólicas y generalmente solo cubren el mantenimiento de la red de distribución.

Otra adversidad a la que se enfrentan los sistemas, es la ausencia de dispositivos jurídicos en la Ley de Agua del estado de México y el Código Financiero del estado de México y municipios; el primer instrumento normativo denomina a la figura comunitaria como “grupos organizados de usuarios” que prima facie no es un término con el que los sistemas comunitarios se identifiquen del todo puesto que, no sólo son un grupo organizado, sino son una autoridad formal dentro del territorio, elegida por voto directo, con un mecanismo propio y efectivo de rendición de cuentas y transparencia, ejerciendo un derecho consuetudinario que por antigüedad amerita ser contemplado como autoridad dentro de los cuerpos normativos mexiquenses.

El empeño legislativo de la entidad opta por no nombrarlos autoridad ni reconocerlos finalizando en un ejercicio de discriminación consciente con el fin de invisibilizarlos, no respetarlos como figura de autoridad ni como forma de organización y finalmente municipalizarlos. Sin embargo el número de sistemas comunitarios de agua que existe en el estado de México exige en todo caso su reconocimiento en las legislaciones.

Situación de las mujeres en la entidad Por la compañía que hace el “Zeferino Ladrillero” de diversos pueblos y comunidades del estado de México reconocemos la labor de las personas defensoras de los Derecho Humanos de esta entidad, mujeres que dentro sus comunidades juegan un papel fundamental. Todas tienen una participación activa en sus organizaciones; desde la gestión y logística de eventos, difusión de los mismos, articulación con otros movimientos, visibilización de sus luchas, investigación y documentación y generalmente en las acciones directas de defensa para repeler agresiones físicas en donde están en la primera línea de defensa, exponiendo muchas veces su integridad a la represión gubernamental que invade sus territorios con granaderos o maquinarias enviadas por empresarios que de derechos humanos y género no saben nada.

Dan su opinión, proponen y se confrontan en las asambleas del pueblo, son parte de los núcleos de defensa, aprenden y custodian la información sensible de sus tierras ancestrales, cuerpos de aguas y viviendas para que las leyes les hagan justicia; sin embargo, 95 por ciento de ellas no son consideradas en la toma de decisiones, ni ocupan cargos de autoridad.

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Pese a lo anterior, la participación de las defensoras ha sido determinante para la historia de las luchas asumiendo tareas de interlocución, rendición de cuentas, planeación en las estrategias de defensa, articulación con otras luchas y con sus cuerpos han logrado detener en muchas ocasiones intentos de despojo de pozos comunitarios, intromisión de granaderos a los territorios, defensa del pueblo de golpeadores, cambios de medidores por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante la segunda mitad de 2018 y lo que va de 2019, el “Zeferino Ladrillero” tiene registradas agresiones a dos defensoras del estado de México, el primer caso las amenazas constantes a Nieves Rodríguez integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el caso de Ernestina Ortiz Peña, actual representante del Consejo Indígena del Trueque de Santiago Tianguistenco y como parte de este proceso el asesinato de Eulodia Lilia Diaz Ortiz, también integrante del Consejo.

Nieves Rodríguez se ha negado a entregar su terreno donde está su casa y ha vivido gran parte de su vida para que se construya una de las carreteras de interconexión con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) que aunque supuestamente se ha cancelado, las obras secundarias continúan en construcción, razón por la cual Nieves ha sido amenazada y hostigada.

Por su parte Ernestina Ortiz a pesar de estar incorporada al Mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas ha sido difamada y agredida en diferentes ocasiones por defender el tianguis del trueque. La agresiones, aunque se han centrado en ella por ser la representante del Consejo Indígena del Trueque, han sido generalizadas a tal grado que el 25 de marzo de 2019 fue asesinada Eulodia Díaz, el agresor había sido respaldado por el anterior presidente municipal como supuesto representante indígena del trueque, pero al no ser reconocidos por los integrantes era agresivo y violento con ellos.

Además de estas mujeres hay en la entidad muchas más que defienden derechos humanos, actualmente el “Zeferino Ladrillero” tiene registradas en la entidad a seis mujeres incorporadas al Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, tres por defensa de agua, 1 por defensa contra la violencia de género, una por defensa del medio ambiente y finalmente una por defensa de derechos culturales.

No podemos hablar de mujeres defensoras en la entidad, sin mencionar a Dominga González. El día 9 de julio de 2007, a la edad de 45 años, Dominga, defensora del Derecho Humano al Agua, fue arrestada cuando se encontraba en su casa ubicada en San Pedro Tlanixco.

Según el dicho de sus familiares para el arresto se usaron más de 30 patrullas ministeriales con cinco policías aproximadamente cada una. Además, Dominga afirma haber sido agredida verbalmente, amenazada e intimidada por elementos de la policía ministerial de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia del estado de México.15 En noviembre de 2017, Dominga recibió sentencia de 50 años de prisión, esa noche mientras su cabeza escuchaba resonar la noticia, dimensionó todos los años que lleva interna en el penal de “Santiaguito”, lejos de su pueblo, su casa, y su familia, fue entonces cuando se descubrió pensando “No me quiero morir en la cárcel”.

Sin embargo, en abril se ingresó una apelación a dicha sentencia y en febrero de 2019 Dominga regresó a su casa. Ella, sabedora de su inocencia estuvo siempre convencida que merecía libertad, tiene claro haber estado 13 años en prisión por el delito de ser “una mujer morena y chaparrita”, que su agravante, según la lógica judicial, es autoadscribirse indígena y defensora16 .

15 https://www.zeferinoladrillero.org/sentenciaracista-caso-tlanixco/ 16 Durante el cuerpo de la Sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Causa

Penal 32/2013, Sentencia de 27 de noviembre de 2017, se desprende que pone en duda su calidad indígena por no hablar la lengua.

Considera también que los usos y costumbres faltan al respeto a las normas jurídicas. igualmente considera que ser defensora de derechos humanos perjudica su situación jurídica 49

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El gobierno del estado tiene una gran deuda no sólo con las defensoras de los derechos humanos, sino con todas las mujeres de la entidad, quienes en su casa, las calles, trabajo o escuela día a día viven cuidando de sí mismas porque no hay garantías de seguridad para poder habitar. Además de las agresiones empleadas contra las defensoras de derechos humanos por realizar esta labor, las mujeres defensoras se desenvuelven en un ambiente que pone en riesgo la integridad y la vida de las mujeres debido a la perpetuación de la violencia de género existente en el país y específicamente en esta entidad que ocupa el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional.

A casi cinco años de que en el estado de México se activará la a Alerta de Violencia de Género (AVG) en los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli, pocos resultados de las acciones que supuestamente han emprendido el gobierno estatal y los municipales para erradicar la violencia de género son perceptibles.

En noviembre de 2017 el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”17 exigió al gobernador Alfredo Del Mazo activar la Alerta de Violencia de Género en los 125 municipios de la entidad, pues los casos de feminicidios se extendían a todo el territorio estatal y considerábamos necesario que se tomaran medidas concretas y urgentes para erradicar este fenómeno. No hubo una respuesta favorable por parte de Del Mazo.

En la página del gobierno mexiquense18 se describe en qué consiste la alerta de violencia de género, así como el marco legal nacional e internacional en que se basan los protocolos de actuación, estadísticas de incidencia delictiva contra las mujeres contrastando los datos de la entidad con los nacionales, las medidas y acciones que están tomando los municipios en alerta, mapas que señalan las colonias con mayor incidencia en estos mismos municipios, además de las líneas telefónicas de atención a mujeres en situación de violencia.

Desafortunadamente, el incremento de los feminicidios en la entidad da cuenta de que las acciones emprendidas no son suficientes o no están funcionando. Desde que Alfredo del Mazo tomará posesión como gobernador de la entidad el número de feminicidios registrados por el Sistema Nacional19 de Seguridad ha aumentado considerablemente, sumando en total del 1 de septiembre de 2017 al 31 de julio de 2019, 176 feminicidios según los datos oficiales(al momento de esta redacción el Sistema Nacional de Seguridad no ha actualizado los datos del mes de agosto).

17 https://www.proceso.com.mx/503783/activistas-exigen-a-del-mazo-active-la-alerta-violencia-genero-en-edomex 18 http://alertadegenero.edomex.gob.mx 19 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

La gráfica anterior muestra cómo han incrementado los casos por feminicidios y que infortunadamente los sucesos no se limitan a los municipios donde está activada la alerta, en 23 meses en que se basan los datos de este apartado (septiembre 2017-julio 2019) se han presentado un número significativo de feminicidios en diversos municipios como Zumpango (once casos) y Chimalhuacán (nueve casos) y superado por los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl con 18 y 12 feminicidios respectivamente.

La urgencia por activar la alerta en toda la entidad y fortalecer las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y municipales es en primer lugar, el incremento del número de casos y en segundo lugar porque el fenómeno se extiende cada vez más por el territorio estatal, sumando 59 municipios en los que durante los primeros dos años de la administración de Alfredo del Mazo ha habido casos de feminicidio, lo que significa el 47.2 por ciento de municipios donde ha ocurrido por lo menos un feminicidio.

Municipios donde ha ocurrido por lo menos un feminicidio de septiembre de 2017 a junio 2019

Número de casos de feminicidio por municipio Acambay

2

Coacalco

1

Naucalpan

5

Tlalnepantla

3

de Baz Aculco

1

Cuautitlán

4

Nicolás

Izcalli Almoloya

de 3

Ecatapec

5

Toluca

5

1

Tlalmanalco

1

Romero 18

Otumba

Juárez

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Amanalco

1

Huixquilucan

3

Otzolotepec

1

Tonanitla

2

Atenco

1

Huehuetoca

6

Ozumba

1

Tultepec

2

Ixtapaluca

8

San José del 1

Tultitlán

4

Atizapán

de 5

Zaragoza Atlacomulco

Coyotepec

Rincón 1

1

Ixtlahuaca

Jaltenco

2

1

San Martín las 1

Valle

Pirámides

Chalco

Tecámac

6

de 6

Valle

de 2

Bravo Cuautitlán

1

Jilotepec

1

Temoaya

1

Villa

de 2

Allende Chalco

6

La Paz

3

Teoloyucan

2

Villa

del 2

Carbón Chapultepec

1

Lerma

1

Tepotzotlán

2

Villa Victoria

1

Chicoloapan

2

Metepec

1

Tenancingo

1

Xonacatlán

1

Chimalhuacán

9

Melchor

1

Texcoco

2

Zinacantepec

3

1

Tezoyuca

1

Zumpango

11

Tianguistenco

1

Tenango del 1

Ocampo Chincouncuac

1

Nextlalpan

Cocotitlán

1

Nezahualcóyotl 12

Valle

Además de lo alarmante que puedan ser las cifras, es preocupante también el seguimiento que se da a la investigación de los casos, pues a pesar de que la activación de la alerta de género prevé la capacitación de los servidores públicos encargados del proceso médico, legal, de investigación y procuración de justicia los trámites no suelen ser amigables para quienes denuncian o suelen re victimizar a las mujeres. Además de que el proceso suele ser muy largo.

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Informe “Situación sobre los derechos humanos en el estado de México 2018- 2019”

Además de lo alarmante que puedan ser las cifras, es preocupante también el seguimiento que se da a la investigación de los casos, pues a pesar de que la activación de la alerta de género prevé la capacitación de los servidores públicos encargados del proceso médico, legal, de investigación y procuración de justicia los trámites no suelen ser amigables para quienes denuncian o suelen re victimizar a las mujeres. Además de que el proceso suele ser muy largoEsto significa que además de fortalecer e incrementar las medidas preventivas de la violencia de género en la entidad, se debe también reestructurar los protocolos de investigación, acceso a la justicia y reparación del daño.

Nuestra entidad, según datos oficiales ocupa el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional con 42 casos en la primera mitad de 2019, únicamente seguido por Veracruz con 98 casos de enero a junio de este año.

Los datos narrados previamente son datos oficiales, obtenidos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo la realidad es aún más cruda, se han cometido asesinatos de mujeres que no son investigados y catalogados como feminicidios, existen datos recabados por organizaciones de la sociedad civil que arrojan otras lamentables cifras.

Presos polí ticos En la historia de la humanidad, las elites políticas o económicas han recurrido frecuentemente a usar los sistemas jurídicos penales - punitivos, vigentes en los ámbitos de territorialidad y temporalidad, en contra de personas que se oponen a sus intereses.

El estado de México, como parte fundamental de nuestra República, no es la excepción en esta práctica y aporta lamentables cifras con respecto a los presos políticos que nuestro país mantiene y ha mantenido en sus prisiones tanto federales como locales.

Habría que decir que seguramente son decenas de personas las que durante los años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sufrido la cárcel como consecuencia directa de su labor en defensa de algún o varios derechos humanos.

Otra característica fundamental de este ejercicio anquilosado, pero que desafortunadamente sigue utilizándose en mayor o en menor medida, es que se señala a personas defensoras de derechos humanos pero que además son inocentes de los hechos que se les señala, dicho de otra manera, estas personas que son privadas de su libertad, la gran mayoría de las veces no cometieron el delito que se les señala, ni siquiera esos delitos de corte más político como el motín, la sedición o la rebelión.

Es decir, el Estado mexicano, y más concretamente el estado de México, ha encarcelado a personas defensoras de los derechos humanos, inocentes de cualquier conducta delictiva, como un ejercicio de castigo político, para hacerlos a un lado de su camino en sus proyectos políticos o económicos o de empresas y/o empresarios que tengan una importante cercanía con quienes toman las decisiones.

En la entidad mexiquense podemos enunciar a los recientes casos resueltos, como el caso del profesor César Hernández Neri, los seis indígenas nahuas de San Pedro Tlanixco y los ocho otomíes de Salazar, en el municipio de Lerma, los primeros dos casos con un tiempo bastante largo en prisión preventiva.

Estos casos dan cuenta que los gobiernos mexiquenses han encontrado en los delitos de “prisión preventiva oficiosa” una justificación común para garantizar la prisión. Con esta práctica se impide que estas personas sigan ejerciendo la defensa de sus derechos, se les aleja de sus comunidades y se desvía la atención de los movimientos sociales al enfocar sus energías en la libertad de sus compañeras y compañeros.

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Otra complejidad definitoria de este escenario se refiere a la amplitud o vaguedad con que se define la “violencia”, aunado a que los jueces prefieren la aplicación de medidas lesivas.20 Todo esto se ve agravado por el hecho de que una prisión preventiva puede llegar a ser de 15 años (como en el caso de San Pedro Tlanixco), la existencia de testigos fabricados, aleccionados e incluso torturados por las propias autoridades es otra práctica común. Estas malas prácticas no solo se reducen a la construcción de la prisión preventiva, sino que también las sentencias se basan en testigos únicos, los cuales carecen de credibilidad, argumentos racistas, respondiendo a una lógica de criminalización de la defensa de los derechos humanos.

Lo anterior hace realmente complicada la defensa de los presos políticos y las autoridades impartidoras de justicia comienzan a ceder hasta que además de la defensa legal existe presión social. Sin embargo la justicia tarda en llegar para los presos políticos varios años y en el proceso debilitan los procesos de lucha por la que fueron encarcelados y es por eso que esta artimaña continúa vigente.

Conclusiones y recomendaciones El estado de México es una entidad que resulta estratégica para diversos temas a nivel nacional; su ubicación geográfica y su cantidad de población lo dotan de una importancia política importante, pero además su cercanía con la capital del país lo hace atractivo para extender la metrópoli y dotarla de servicios básicos, cercanía con centros de trabajo y de estudio, comunicaciones, por si fuera poco ofrece también la posibilidad de acceder, por ahora, a un medio ambiente sano.

Pero todas estas posibilidades que ofrece ponen en riesgo su territorio, su agua y el acceso a los derechos humanos de sus pobladores; puede ser por omisión o por comisión pero las instituciones encargadas de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los mexiquenses no están cumpliendo con sus obligaciones y ante esto los pueblos han encontrado una posibilidad en la organización comunitaria, más allá de las estrategias jurídicas y políticas que emprenden los pueblos mexiquenses, le apuestan a lo colectivo a recuperar y fortalecer aquellas características de la comunidad: la solidaridad, la empatía, el tequio, las faenas comunitarias, el espacio público, la lengua, la música.

En definitiva son estos aspectos lo que los terminan uniendo para defender su territorio, su agua, su identidad ante la ausencia de unas autoridades e instituciones que más bien los despojan y los ignoran, por eso mientras no haya acceso a la justicia para estos pueblos seguiremos escuchando sus voces colectivas exigiendo sus derechos humanos. Finalmente la historia nos ha enseñado que la organización de la sociedad logra el reconocimiento de los derechos humanos.

Después del análisis de los casos descritos en el informe y de reiterar que cada una de las luchas de los pueblos y comunidades es por el respeto de a la dignidad como personas y como pueblos, en este sentido los gobiernos --en sus tres niveles-- deben emprender acciones y evitar ser omisos en atender las peticiones de la ciudadanía organizada.

Dado que es necesario que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias reconozcan las violaciones a derechos humanos, investiguen, se pronuncien y actúen, desde el Centro de Derechos Humanos hacemos las siguientes recomendaciones:

20 En los casos aquí señalados, las y los jueces de todo el catálogo de medidas escogieron aquellos que los y las privan de su libertad.

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Generales: Reconocimiento de violaciones a los derechos humanos Iniciar quejas por la Codehem, quien debe investigar, pronunciarse y sobre todo emitir recomenda ciones Investigación de daños y/o delitos ambientales Verificar y seguir las obras de mitigación por la propaem Permitir el acceso a expedientes de denuncias populares a personas con interés legítimo por parte de Propaem Agua: Reconocimiento jurídico, político y administrativo de los sistemas comunitarios de agua como figura de autoridad autónoma Reconocimiento de su personalidad jurídica, patrimonio propio y jurisdicción Implementar la figura de “sistema comunitario de agua” en las legislaciones aplicables Adecuar una tarifa de energía eléctrica específica para sistemas comunitarios de agua asequible y apegada al principio de proporcionalidad21 Acceso a una partida presupuestal federal para equipamiento técnico de acuerdo a las necesida des de los sistemas comunitarios de agua, del mismo modo otorgar facilidades para revisión y/o renovación de instalación Cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de “Santa Lucía”, así como abrir diálogo con las comunidades para escuchar sus propuestas.

Aire: Clausura material y definitiva del tiradero clandestino de Tecámac así como reparación del daño por parte de los responsables en acuerdo con la comunidad. Junto a esto garantizar la no repetición, impidiendo la autorización de proyectos similares Cese a la incineración de residuos peligrosos, bajo la figura de tratamiento térmico de residuos Implementar políticas públicas de basura cero efectivas y sustentables Reconocimiento de la Laguna de Axotlán como Área Natural Protegida Crear y aplicar los ordenamientos territoriales con participación ciudadana en todos los municipios Reparar de manera integral del daño para las personas afectadas en cuestiones de salud, vivienda y recreación.

Tierra: Reparar de forma efectiva a los daños causados por la construcción de la primera etapa del NAICM que ha sido cancelado

21 Ver apartado de Avances jurídicos estratégicos para la justiciabilidad de los Derechos Humanos

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Reparar de forma efectiva a los daños causados por la construcción de la primera etapa del NAICM que ha sido cancelado Cancelación de la construcción de las autopistas 1.- Atizapan- Atlacomulco 2.- Pirámides- Texcoco y reparar de manera integral el daño a las comunidades afectadas.

Detener la autorización de proyectos inmobiliarios que no son acordes con los ordenamientos ecológicos y territoriales.

Actualización de Atlas de riesgo en los municipios para procurar la protección de los habitantes y evitar construcciones ilegales que pongan en peligro la vida y la integridad de las personas Vigilancia por parte de autoridades ambientales de obras las de mitigación22 señaladas en los proyectos actualmente autorizados.

Fuego: Aplicar de manera efectiva el consentimiento y consulta libre, previa e informada culturalmente adecuada y de buena fe, en la aprobación e implementación de megaproyectos.

Respetar y cesar con el hostigamiento de gobiernos municipales así como de la comisión especial en materia indígena de la legislatura del estado de México contra las autoridades e instituciones indígenas.

Armonizar los instrumentos jurídicos nacionales con los tratados internacionales que reconocen el derecho de autoadscripción.

Garantizar el acceso a la justicia de los pueblos y personas indígenas.

Reconocer la autoadscripción de un pueblo o una persona para denominarlo como indígena.

Cese al hostigamiento de los integrantes del Consejo Indígena del Trueque, reconocimiento de su actividad como parte de sus prácticas ancestrales.

Revisar el artículo 229 del Código Penal del estado de México para considerar las particularidades de los integrantes del Consejo Indígena del Trueque en el uso de leña muerta.

Presos políticos Reconocer la criminalización de que son objeto las personas defensoras de los derechos humanos Libertad inmediata a los presos políticos del estado de México Impedir la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos

22 acciones que buscan la reducción de los impactos ambientales producidos por la actividad humana

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Situación de las mujeres en el estado de México.

Reconocer el aumento en casos de feminicidios Activar la Alerta de Violencia de Género en los 125 municipios del estado de México.

Implementar medidas de evaluación participativa con organizaciones de la sociedad civil sobre el funcionamiento y directrices de la alerta de violencia de género.

Sanción efectiva a empresas y/o instituciones cuyos integrantes cometan delitos o pongan en peligro la integridad de las mujeres.

Cese de encubrimiento a quienes ejercen violencia contra las mujeres en cualquiera de sus mani festaciones dentro de instituciones educativas y gubernamentales; así como la participación activa en las investigaciones para el esclarecimiento y castigo de feminicidios perpetrados y posiciona miento claro y firme de las autoridades educativas en cuanto a la búsqueda de la justicia.

Facilitar los procesos para iniciar carpetas de investigación por delitos contra la mujer, eliminando los prejuicios de las autoridades ministeriales que tratan de disuadir a las víctimas para desistirse de sus denuncias, evitar revictimizar y capacitar de manera efectiva para brindar un trato digno Garantizar la reparación integral del daño a víctimas de violencia de género

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