Recopilatorio 10 de Octubre

Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 10 de octubre de 20181

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¿Aeropuerto o agua?

Fernando Córdova Tapia* - La Jornada La Ciudad de México está catalogada internacionalmente como una de las ciudades con mayor riesgo de quedarse sin agua potable. Esta situación está ya a la vuelta de la esquina. De acuerdo con Ramón Aguirre Díaz, director general del Sistema de Aguas de Ciudad de México, en el escenario actual no está garantizado el abasto más allá de 2019. Esto nos debería tener en un estado de emergencia a los más de 20 millones de habitantes de la zona.

Sin embargo, estamos haciendo exactamente lo opuesto.

Necesitamos comprender que seguimos viviendo sobre un territorio lacustre y que cada año el agua seguirá reclamando sus afluentes naturales en busca del lago de Texcoco. Llevamos 500 años tratando de desecar la cuenca y seguimos creyendo que lo podremos lograr con más y mejor infraestructura gris. La historia nos muestra que no importa cuánto nos esforcemos, la naturaleza lacustre no se puede contener.

Resulta paradójico que se sufra por falta de agua cuando se vive sobre lagos. Para entender este sinsentido hay que recordar que toda la ciudad está en un continuo proceso de hundimiento debido a la sobrexplotación del acuífero. Para entender esto basta con imaginar una ciudad asentada sobre una esponja con agua. Mientras la esponja se mantenga saturada de agua, la ciudad se sostiene, pero conforme se va secando la esponja (considerando que extraemos el doble de agua de la que infiltramos) la ciudad comienza a hundirse. El problema con el hundimiento es que año con año somos más vulnerables a las inundaciones, es decir, la misma lluvia de hace cinco años hoy nos genera mayores problemas de inundación.

Para luchar contra las inundaciones hemos declarado una guerra contra el agua, insistimos en entubar los ríos y expulsar de la cuenca el agua de lluvia mezclada con el drenaje. Así, cualquier gota de lluvia que cae sobre la ciudad invariablemente llega al sistema de drenaje, hace un recorrido hacia Texcoco y de ahí es expulsada de la cuenca por medio de más infraestructura gris. Así, cada temporada de lluvias, el agua cae sobre una plancha de concreto sin zonas de retención/captación perdiendo cualquier oportunidad de ser aprovechada o infiltrada. Esto es lo que nos está arrastrando a un severo problema de desabasto. Por 3

si fuera poco, acompañando esta irracionalidad hemos recurrido a la continua importación de agua de otras cuencas para mantener el desmedido crecimiento urbano de la ciudad. Y es así como pendemos, literalmente, de un tubo.

Necesitamos, obligadamente, encontrar la mejor manera de coexistir con el agua en un ambiente que siempre ha sido acuático en lugar de luchar por repelerla. Desde hace ya 50 años se ha reconocido que una solución real es regresar a la vocación lacustre de la cuenca mediante la rehidratación y restauración del lago de Texcoco. La recuperación de esta área prioritaria es fundamental para lograr el restablecimiento del equilibrio hídrico de la cuenca. Sin embargo, un grupo de personas pensó que era una mejor idea construir un aeropuerto sobre ese lago.

De cara a una inminente crisis hídrica, ni siquiera deberíamos estar preguntándonos si continuar o no con la construcción del aeropuerto.

Ese proyecto debe ser cancelado porque nos está arrebatando la única esperanza de tener seguridad hídrica en el futuro cercano.

El terreno Federal de Texcoco tiene una superficie de 10 mil hectáreas.

El proyecto aeroportuario se construye sobre 5 mil. Hoy día, con un avance constructivo de 20 por ciento, el único cambio irreversible sobre el terreno es la plancha de concreto de la terminal aérea que tiene una superficie aproximada de 100 hectáreas, es decir, sólo el uno por ciento del terreno federal ha sufrido cambios irreversibles.

Cancelar el proyecto ahora abriría una ventana de oportunidad sin precedente para la recuperación hidrológica del lago de Texcoco. Así, no sólo basta con cancelar el proyecto, sino que se debe asegurar, de una vez por todas, la recuperación de la vocación lacustre de la región. Una resolución de este tipo marcaría el inicio de un necesario cambio de paradigma en la forma en la que se concibe la relación que existe entre la naturaleza y la ciudad.

Sin embargo, mientras usted lee estas líneas estamos enterrando esa posibilidad debajo de un necio aeropuerto. * Doctor en ecología. @fercordovatapia #YoPrefieroElLago 4

Obras del NAICM han generado “un fuerte impacto social y ambiental”: pueblos de la Cuenca del Valle Redacción Desinformémonos - 8 octubre 2018

Las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) han generado “un fuerte impacto social y ambiental” en al menos 43 municipios del oriente de estado de México, aseguraron habitantes de los pueblos y comunidades de la Cuenca del Valle que se oponen a la construcción del proyecto.

Señalaron que entre los principales daños se encuentran las minas clandestinas, la devastación de cerros, desabasto de agua y desaparición de flora y fauna, así como desplazamiento forzado, extracción de material pétreo y relleno de socavones con lodos tóxicos.

Agregaron que, de acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, hay 119 minas autorizadas, pero son más de 150 las que extraen material pétreo para el proyecto en 28 municipios.

Además, se han retirado 5 millones de toneladas de tierra y escombros y en 20 municipios se han reportado daños a viviendas por la operación de las minas y el paso de góndolas.

Por otra parte, las zonas afectadas se han extendido hasta regiones protegidas, entre ellas los cerros de Tezontlalli, Gordo, Colorado y San Nicolás Tlaminca.

En cuanto a la salud, los pobladores de al menos 13 municipios presentan daños por polvos y ruidos de la explotación pétrea, agregaron.

Los pueblos denunciaron que además las obras del NAICM han representado una amenaza para el tejido social y la paz en las comunidades, pues “hay amenazas, detenciones y dos casos de asesinato, el más reciente el del ingeniero Javier Ramos Arreola, opositor a la destrucción del cerro del Tenayo, ocurrido en el municipio de Tlalmanalco a finales de septiembre pasado”.

Integrantes de los pueblos se reunieron con Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos de la 5

Secretaría de Gobernación, Josefa González Blanco, que encabezará la Secretaría de Medio Ambiente, y Román Meyer, propuesto como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otros próximos funcionarios, y acordaron realizar en los próximos días un recorrido por algunas comunidades para registrar los daños denunciados por sus habitantes.

El próximo 28 de octubre se llevará a cabo la consulta ciudadana sobre el NAICM, por la que los pueblos han llamado a la sociedad en general a conoces y analizar las consecuencias y los impactos del proyecto.

Los ausentes y su alcance Eric Nepomuceno - La Jornada

Este domingo se abren las urnas de las más tensas, tumultuosas y enigmáticas elecciones presidenciales en Brasil desde un ya muy lejano 1961. Poco después –1964– vino el golpe militar que instauró una dictadura que sobrevivió a lo largo de largos, larguísimos 21 años, en que votar para presidente era un sueño lejano.

En 1985 le tocó al Congreso elegir, por el ‘voto indirecto’ impuesto por la dictadura, es decir, sin participación popular, al primer civil para ocupar la presidencia luego de 21 años. Y el elegido fue Tancredo Neves, un conservador abierto al diálogo. Ironía del destino, éste murió y asumió su candidato a vicepresidente, José Sarney, que a lo largo de la dictadura fue uno de sus defensores más activos.

En 1989 se retomó el voto popular luego de 28 años. Y el electorado cometió un tremendo error; eligió a un aventurero descabellado, Fernando Collor de Mello. Poco duró su mandato: en 1992, fue defenestrado por el Congreso, luego de un juicio –cargado de pruebas– por corrupción.

Luego de tanto y acumulado lío, hoy vuelven a abrirse las urnas, en una disputa marcada mucho más por las ausencias que por las presencias.

La primera ausencia es la del candidato de la ultraderecha, un capitán retirado y diputado desde hace 28 años, Jair Messias Bolsonaro. A lo largo de una larguísima carrera en la Cámara de Diputados logró el respaldo de sus pares para aprobar dos, sí apenas dos, de los 170 6

proyectos de ley que presentó a sus pares. Ejemplo de propuesta, que ni siquiera llegó a votación en el Pleno: obligar a que antes del inicio de cada jornada en las escuelas brasileñas se interpretara el himno nacional.

Su ausencia en la campaña que termina hoy, con la primera vuelta de las elecciones, se debió al ataque sufrido el 6 de septiembre, en una manifestación callejera: un desequilibrado le asestó una cuchillada que casi lo llevó a la muerte. Con eso, ganó un espacio en los noticieros que de otra forma jamás hubiera alcanzado; transformado en víctima, se benefició de manera inesperada e impedido de comparecer a los debates transmitidos por televisión, escapó de las preguntas de adversarios y principalmente del peligro que estaría en sus respuestas. Ahorró al público de sus frases homofóbicas, racistas, misóginas y de su defensa exaltada de la tortura y la violencia. Ha sido un caso raro en que una puñalada se transformó en beneficio.

El segundo gran ausente es el ex presidente Lula da Silva. Luego de un juicio en que ha sido condenado sin prueba alguna, detenido en una celda desde abril pasado, su ausencia se transformó en presencia: determinó que el ex alcalde de São Paulo y su ex ministro de Educación, Fernando Haddad, lo representara en los comicios.

Cuando fue nombrado oficialmente por el Partido de los Trabajadores, el 11 de septiembre, Haddad contaba con escaso 4 por ciento de intención de voto. Tan pronto de supo que sería el nombre indicado por el ausente Lula, tuvo inicio una carrera que lo trajo, este domingo, a 25 por ciento.

Es verdad que sus seguidores esperaban que ese repunte se mantuviese, y que ahora existe preocupación a raíz de la reacción del candidato de ultraderecha. Pero se considera que la unión de fuerzas de izquierda y centro-izquierda en la segunda vuelta podrá significar el triunfo frente a Jair Bolsonaro. Ausente, encerrado en una celda, Lula da Silva fue presencia decisiva en esa primera vuelta electoral que termina hoy.

Y, por fin, hay que considerar la tercera gran –y quizá la más determinante– ausencia en la campaña electoral: Michel Temer, el traidor que ocupaba la vicepresidencia de Dilma Rousseff y la remplazó luego del golpe institucional armado en el Congreso.

Político mediocre, de trayectoria irrelevante, al asumir la presidencia Michel Temer trajo un conjunto de mediocridades cuya única marca es la de la corrupción. Impuso medidas que, en términos prácticos, significaron un retroceso brutal en conquistas sociales alcanzadas no sólo 7

bajo los mandatos de Lula y Dilma Rousseff, sino desde mucho antes.

Tanto él como los integrantes de su pandilla son olímpicamente rechazados por la mayoría inmensa de los brasileños. Su ausencia en la campaña electoral ha sido, en verdad, una presencia determinante.

Gracias a haber impulsado, y luego participado, del gobierno de Temer, el Partido de la Social Democracia Brasileña, el PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quedó relegado, en el pleito de este año, a un humillante cuarto lugar. Su candidato, Geraldo Alckmin, ex gobernador de São Paulo, fracasó de manera rotunda, encerrando una disputa polarizada; PT de Lula versus el PSDB de Cardoso.

Si no ocurre una muy poco probable victoria de Bolsonaro hoy, mañana empieza otra elección. Y por primera vez en 24 años, el centro, representado desde entonces por el PSDB de Cardoso, estará eliminado.

Costos de una injerencia Pedro Miguel

La guerra que declaró Felipe Calderón costó al país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 121 mil 683 muertos; en el primer sexenio del año en curso el gobierno de Enrique Peña Nieto alcanzó y rebasó en mortandad a su antecesor tras un 2017 que fue el año más sangriento del que se tenga memoria (29 mil 159 homicidos violentos) y entre enero y abril de 2018 el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 10 mil 395 asesinatos dolosos; en total, durante el salinato y el peñato la población habrá perdido a más de 250 mil de sus integrantes y otros 38 mil estarán en el limbo de la desaparición forzada, que en muchos casos es simplemente el pudridero de una fosa clandestina o de un contenedor refrigerado que recorre pueblos y regiones sin que nadie sepa qué hacer con su carga.

Siguiendo las recetas impuestas desde el extranjero, los primeros gobiernos neoliberales cancelaron todo horizonte de mejoría para decenas de millones, echó del campo y de la industria a otros millones y una pequeña parte de ellos –los que no pudieron o no quisieron irse a Estados Unidos, agregarse a la mendicidad o poner un puesto en un mercado ambulante– acabó en alguno de los segmentos delictivos: 400 mil empleos directos genera el narco en sus diversos procesos, desde los campesinos sembradores de mariguana y amapola hasta los capos 8

célebres, pasando por menores dedicados al halconeo, madres de familia que completan el gasto con el menudeo de dosis, camellos de medio kilo, transportistas de gran escala, gatilleros y sicarios ultraviolentos, contadores, médicos, abogados, secretarias, infiltrados profesionales en las estructuras policiales, militares, políticas y judiciales.

La siguiente generación de neoliberales al mando puso en práctica la idea de eliminar a la mayor cantidad posible de ese mundo y alentar a sus habitantes a que se mataran entre ellos. En un inicio Peña Nieto prefería los arreglos discretos y las capturas incruentas por sobre las aparatosas ejecuciones de Calderón, pero pronto las cosas se salieron de control y ocurrieron Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y otras masacres.

Total, un cuarto de millón de muertos; 58 diarios, en promedio, uno cada 24 minutos, durante 12 años. Y no todos han sido narcotraficantes ni delincuentes de otros ramos. Hay también soldados, policías y marinos, así como gente que no tenía nada que ver. Ya encarrerada, la violencia se abatió sobre choferes, albañiles, curas, periodistas, políticos, comerciantes, músicos, empresarios, estudiantes, profesionistas, trabajadores sexuales, niñas y niños, adolescentes, ancianas y ancianos. Y bebés.

Es imposible saber si la estrategia catastrófica le fue ordenada a quien la inició –Calderón– desde Washington, pero hay pruebas de que fue operada por la embajada estadunidense en varios de sus tramos y de que el usurpador cedió al gobierno vecino decisiones que habrían debido tomarse en México. Ayer, al responder a una declaración de Roberto Madrazo en el sentido de que en 2006 Andrés Manuel López Obrador habría ganado la Presidencia si hubiera habido un recuento de votos –es decir, que Fox, Calderón y Luis Carlos Ugalde hicieron fraude, y que el Tribunal Electoral lo legitimó–, el michoacano aseguró que “el apoyo político en todo el proceso de transición fue creciendo significativamente a mi persona”.

Miente. En un cable confidencial fechado el primero de septiembre de ese año, el entonces embajador Anthony Garza advertía que Calderón se encontraba “en la mayor situación de debilidad política posible”, hablaba de la erosión de “su finísima línea de legitimidad”, ante la cual iba a “necesitar mucho apoyo de Estados Unidos”, e informaba: “Desde la embajada nos embarcaremos de inmediato en un proceso de planificación de la transición con el equipo de Calderón” para “promover las áreas que son prioritarias para nosotros” (https://is.gd/AwuzwH).

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Meses más tarde el calderonato, por medio de Genaro García Luna, le ofrecía al entonces secretario de Seguridad Interior de Washington Michael Chertoff, “libre acceso a nuestra información de inteligencia en seguridad pública”(https://is.gd/Q2hsK7) y para 2010 el sucesor de Garza en la representación diplomática, Carlos Pascual, diseñaba el relevo del Ejército por la Policía Federal en Ciudad Juárez, un plan al que Calderón se limitó a dar “luz verde” (https://is.gd/PQ4R4M).

Aunque la supeditación de Peña Nieto a Washington está probada en forma contundente con sus actos de gobierno –y aquí importan más las reformas estructurales que las caravanas ante Donald Trump–, en materia de seguridad pública tomó, al parecer, cierta distancia. Queda entonces la incógnita de por qué decidió seguir, cambios cosméticos de por medio, la desastrosa estrategia calderonista. Lo cierto es que ha sido una de las más mortíferas intervenciones estadunidenses en México y que se ha desarrollado en pleno siglo XXI. navegaciones@yahoo.com navegaciones.blogspot.com - twitter: @navegaciones

Romo y el saqueo de la Lacandona Carlos Fazio /IV

Uno de los objetivos primordiales del Plan Puebla-Panamá en la porción mexicana −como parte de un programa integral que combinaba intervencionismo político, económico y policiaco-militar subordinado a la “seguridad nacional” de Estados Unidos (EU)− tenía que ver con la biotecnología, ramo en que las empresas de Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, destacaban a comienzos del siglo XXI, en particular en Chiapas.

Entendida como la aplicación comercial de técnicas de ingeniería genética, la biotecnología puede tener, también, usos en los campos civil y castrense con fines de contrainsurgencia, en el contexto del ya mencionado Plan Chiapas 2000 de la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia que junto con la Secretaría de Marina habían iniciado un acelerado proceso de subordinación militar al Pentágono; el llamado “tercer vínculo”.

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Para comprender lo anterior es necesario romper el tabú impuesto hace más de dos décadas por la dictadura del pensamiento único neoliberal, y recuperar el análisis geopolítico y geoeconómico, develando la forma en que el capitalismo está pensando el espacio para que sea funcional a sus intereses corporativos. Lo que lleva evidentemente a otro componente esencial: la expansión del imperialismo en la actualidad.

Desde la perspectiva de lo geoeconómico y lo geopolítico, se puede evaluar cómo el contenido actual de las fuerzas productivas, sintetizado en las biotecnologías –pero que abarca también sectores como el de los hidrocarburos y la minería−, redefine los propios espacios naturales y sociales del planeta como reales fuerzas productivas estratégicas (capitalistas), y evidencia la interconexión del desarrollo tecnológico y el espacio físico mundial y del complejo espacio social (valoración, explotación, reproducción, lucha de ­c lases).

El tema remite, también, a la creación de una nueva estructura militar, que a partir de una decisión unilateral del entonces secretario de Defensa estadunidense, Donald Rumsfeld, entró en operaciones el primero de octubre de 2002: el Comando Norte (NorthCom), responsable de la defensa interior de Estados Unidos ante las “nuevas amenazas” surgidas de enemigos no convencionales, irregulares o asimétricos. Como zona geográfica México fue incluido de facto dentro de las estructuras del nuevo comando regional del Pentágono.

La creación del Comando Norte respondió a un relanzamiento de la visión más militarista de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”), y como tal, junto con los restantes comandos del Pentágono, formó parte de una política expansionista imperial en beneficio de las corporaciones multinacionales con casa matriz en EU. Lo cual remite al concepto geopolítico de nación: la nación es una sola voluntad, un solo proyecto; es voluntad de ocupación y de dominación del espacio. Ese proyecto supone poder: la nación como un poder que impone su proyecto a los otros, los estados más débiles, que ofrecen menos resistencia (verbigracia México).

Supone, pues, la conquista del espacio con sus recursos naturales, fuentes de materias primas, población con determinado poder adquisitivo (el espacio como mercado), situación con respecto a las grandes rutas marítimas y terrestres (de allí la importancia geoestratégica del Istmo de Tehuantepec).

Desde un inicio el Comando Norte tuvo un alcance geopolítico. Su proyección espacial tiene que ver con la geografía, la política, la economía 11

capitalista (en cuanto a su funcionalidad para la extracción de plusvalía) y lo militar. Forma parte de una estrategia que remite a la idea de “espacio vital” ( lebensraum), con sus reminiscencias pangermanistas (el Estado como organismo en crecimiento) y hitlerianas. Tiene que ver con “perímetros de seguridad” y “fronteras inteligentes”, presiones raciales, económicas y poblacionales, objetivos de las potencias imperialistas que han cobrado nuevo auge en nuestros días. Visto así, Donald Trump es el último eslabón presidencial de un proyecto imperial que lleva años de gestación.

Como definió el sueco Rudolf Kjellen en 1916, “los estados están sujetos a la ley del crecimiento”. Los estados vigorosos que cuentan con un espacio limitado obedecen a un “imperativo categórico” de extenderlos, ya sea por la colonización, la anexión o la conquista. A ellos, la geopolítica les reserva un destino manifiesto. Es en ese mismo sentido que Lacoste nos remite a “la geografía de los militares y las empresas ­multinacionales”.

Ante una eventual pérdida de hegemonía de EU, la administración Bush recrudeció la diplomacia de guerra y sus programas de inteligencia y contrainsurgencia encubiertos bajo la “guerra al terrorismo”, incluida su proyección sobre México, con la sumisa aquiescencia y subordinación de Vicente Fox y su canciller Jorge G. Castañeda Gutman (y luego de Felipe Calderón). En ese contexto, el Comando Norte fue el componente militar de un proyecto global que incluyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y al Plan Puebla-Panamá, y cuyo significado estratégico fue la posesión y el control del espacio geográfico como fuerza productiva, en el contexto de una lucha interimperialista de EU con sus competidores capitalistas industrializados.

Justicia y pueblos indígenas en Chiapas: violencias y autonomías Gilberto López y Rivas

El libro Justicia y pueblos indígenas en Chiapas. De la violencia a la autonomía, de Giovanna Gasparello (UAM-Tirant Humanidades, México, 2018), será de lectura necesaria en la antropología y ciencias afines, y para quienes se interesan en los pueblos originarios del 12

México rebelde y en resistencia. El trabajo constituye una importante contribución teórica y empírica en un tema de acuciante actualidad: las autonomías de los pueblos indígenas y la impartición de justicia en el contexto de violencia que vive nuestro país.

Esta contribución se basa en una exhaustiva revisión actualizada de la bibliografía y en interpretaciones novedosas y creativas sobre las condiciones, tejidos, obstáculos, contradicciones y desarrollos de los procesos autonómicos, desde una perspectiva crítica, integral y comparativa.

El trabajo profundiza en la violencia en sus variadas manifestaciones, destacando la revisión del concepto, que abarca sus articulaciones con la política, el Estado, la ciencia del derecho, la cultura, y que refiere, en especial, a la violencia estructural, y la que el Estado impone a la sociedad mediante supuestas guerras contra el narcotráfico, como control social y apertura corporativa de territorios.

La obra se distingue por el abundante material empírico que se obtuvo en penetrantes trabajos de campo, de lo que deriva otra cualidad de lo que fue una excelente tesis de doctorado: el explícito compromiso de la investigadora con los sujetos estudiados, su acompañamiento de movimientos indígenas autonómicos.

La investigación penetra con magistral manejo de información comparativa en el proceso autonómico: el sentido de lo colectivo, la concepción profundamente humana de sus sistemas normativos en la impartición de la justicia, el carácter dinámico de lo comunitario en las transformaciones de los sujetos autonómicos, particularmente en su confrontación con el Estado, las corporaciones, las fuerzas armadas y los paramilitares.

El estudio de la justicia autónoma de los zapatistas de la Selva Lacandona es puesto en una fructífera comparación con el sistema judicial del estado, en lo que corresponde a la justicia para los pueblos indígenas y el sistema carcelario chiapaneco. La etnografía evidencia un persistente racismo histórico e institucional, junto a la politización de la justicia; en tal contexto, destaca la lucha de los “presos políticos, de conciencia e injustamente presos”, en su mayoría indígenas, quienes desde el interior del sistema de (in)justicia local, entre 1996 y 2008, 13

dieron vida por una inédita defensa de sus derechos en el sistema penal y por su libertad, expresado en las agrupaciones La Voz de Cerro Hueco, El Amate y Los Llanos.

Es muy pertinente que Giovanna se haya concentrado en las justicias, ya que su administración autónoma pone en jaque el corazón mismo del Estado. Si bien hay una visión en cuanto a salud o educación que el Estado quiere imponer como propia, es en lo jurídico donde se dan las mayores resistencias para la aceptación de los autogobiernos indígenas. La fuerza de la contienda alrededor del ejercicio de la justicia se debe a que, en la etapa neoliberal, el Estado ha fortalecido sus instituciones represivas de manera exacerbada, profundizando la judicialización de sus estructuras.

Consecuencia de esto es la creciente criminalización de los movimientos sociales en general, y, en particular, de las policías comunitarias y prácticas de justicia autónoma; por ejemplo, se ha llegado a inculpar de secuestro equiparado a algunas autoridades indígenas porque, en el ejercicio de sus funciones reconocidas por la asamblea comunitaria, encarcelaron a una persona durante dos o tres días.

En tal contexto, se vuelve más difícil para los pueblos indígenas ejercer su derecho a la administración de la justicia. La sola posibilidad de que las autoridades indígenas juzguen quebrantamientos a la ley de esta naturaleza las convierte en criminales. En este tema, el Estado no duda en enviar a sus sicarios judiciales y fuerzas armadas, si es necesario, con el único objetivo de ejercer lo que considera su monopolio, esto es, el uso de la fuerza y la represión. Así, la justicia es considerada también monopolio del Estado y en dicha visión autoritaria y criminalizadora, se vuelve otro brazo de la violencia estatal.

La obra implica una suerte de relevo generacional en las investigaciones sobre los procesos autonómicos que se inician en la antropología mexicana, en los años 80, con la irrupción de los temas étniconacionales en la Revolución Popular Sandinista, que después de años de desencuentro finalmente resultan en el reconocimiento constitucional de la autonomía regional de la Costa Caribe nicaragüense.

Recomiendo la lectura de este libro, para aprender, a partir de la información y la interpretación de la experiencia zapatista, la contribución de los pueblos indígenas a una propuesta civilizatoria alternativa.

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Ayotzinapa y los errores de Peña Nieto Jesús Cantú , 7 Octubre - Proceso

A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, únicamente hay tres certezas: la cadena de errores que ha cometido el gobierno federal en relación con las investigaciones de los hechos; la indignación que desataron en México y el extranjero; y la persistencia de los padres de los estudiantes en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Los yerros empiezan en la valoración misma de los acontecimientos, pues en un primer momento el presidente Enrique Peña Nieto pretendió minimizarlos y delegó totalmente la responsabilidad de las investigaciones a las autoridades estatales. Fue hasta una semana después, cuando José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, ya había huido, que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación.

Casi un mes después, el 23 de octubre de ese año, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ante la indignación nacional e internacional, se vio obligado a solicitar licencia a su cargo; y dos semanas después, el 7 de noviembre, en rueda de prensa el entonces procurador Jesús Murillo Karam pretendió cerrar el caso anunciando su llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habrían sido cremados por el cártel Guerreros Unidos, en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.

El 11 de noviembre, cuatro días después de la declaración de Murillo Karam, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que no se había confirmado que los restos hallados en el basurero y otras fosas de Guerrero correspondiesen a los de los estudiantes desaparecidos. El 18 de noviembre, el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron conformar un grupo de expertos internacionales que acompañaran las investigaciones de las autoridades mexicanas en relación con este caso.

El 27 de noviembre, apoyado centralmente en la “verdad histórica”, Peña Nieto presentó un plan para combatir la inseguridad, orientado a la creación del llamado mando único con el fin de eliminar las policías municipales, conformar una corporación de nivel estatal y crear una coordinación única nacional. Dicho plan nunca se pudo concretar a pesar de la insistencia del presidente.

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El 6 de diciembre el EAAF confirmó que el fragmento de hueso hallado en una fosa común pertenecía a uno de los estudiantes. El 16 de enero del 2015 se anunció a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que auditaría las investigaciones de la PGR. El 6 de septiembre de ese mismo año, el GIEI dio conocer su informe en el que rechazó la versión de la PGR y contundentemente afirmó: “…no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014… Toda la evidencia recolectada muestra que en el basurero municipal de Cocula sólo se han dado fuegos de pequeñas dimensiones cuya temporalidad no puede ser debidamente definida”.

Dicho informe también estableció una serie de recomendaciones (Proceso 2030) para continuar las investigaciones y desentrañar la verdad. Esto dio pie a que se concretara un nuevo acuerdo para que el grupo continuara su trabajo durante seis meses más; en víspera de que concluyera el plazo, el 1 de abril de 2016, la PGR dio a conocer un nuevo dictamen sobre el incendio del basurero, de otro experto, en un intento de descalificar el primero realizado por el GIEI. El grupo de expertos concluyó sus labores en México y el gobierno de Peña Nieto pretendió nuevamente cerrar el caso.

Pero el 4 de junio de este año, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito emitió una sentencia en la que ordenó crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, “como un procedimiento alternativo para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR”. En dicha comisión deberán participar las víctimas, sus representantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales. El 22 de junio, la PGR impugnó dicha sentencia y la semana pasada, el 21 de septiembre, el mencionado tribunal la confirmó, así que lo único que queda es cumplirla.

El 26 de septiembre, justo en la conmemoración del cuarto aniversario de los trágicos acontecimientos de Iguala, el juez primero de Procesos Penales Federales en Matamoros ordenó la liberación de ocho integrantes de Guerreros Unidos acusados del asesinato y quema de los normalistas. El gobierno federal ha sido incapaz de resolver el caso y ha fracasado en sus intentos de imponer su “verdad histórica”.

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En octubre de 2015, Zeid Ra’ad Al Hussein, entonces Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, señaló que el caso Ayotzinapa “representa un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”.

Días antes, el 2 de octubre de 2015, Rose-Marie Belle Antoine, entonces presidenta de la CIDH, al dar a conocer el informe preliminar de la visita que hicieron representantes del organismo para constatar cuál era la situación de los derechos humanos en México, señalaba: “Los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. El día de hoy se cumple el 47° aniversario de la masacre ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La masacre continúa hasta el día de hoy en la impunidad, sin un número final, mucho menos una identificación individual del total de personas que fueron ejecutadas o desaparecidas en ese contexto.” Tres años después aún predominan la impunidad y las violaciones a los derechos humanos; ningún avance se ha logrado en la resolución de los dos hechos a los que hacían referencia los dos altos funcionarios de derechos humanos de los organismos internacionales. Las heridas se mantienen abiertas y en ninguno de los dos se conoce todavía la verdad y, mucho menos, se ha logrado la justicia.

Aunque ambos casos son los más presentes en la memoria colectiva, son muchos más los que están exactamente en las mismas condiciones y es imperativo resolverlos para avanzar en la construcción de un México más justo, libre, pacífico y democrático.

Antimonumento 68 en el Zócalo Gloria Muñoz Ramírez - Los de Abajo

Apartir del 2 de octubre, el Antimonumento 68 se levanta en Ciudad de México. La figura con la insignia del Comité 68 llegó camuflada dentro de una gran cabeza de cartón con el rostro de Gustavo Díaz Ordaz, en una camioneta que se perdía entre la marcha conmemorativa del 50 aniversario de la matanza estudiantil. Un rápido y eficaz operativo 17

descubrió la nueva escultura que fue colocada por decenas de manos en la jardinera que está entre la Plaza de la Constitución y la calle Madero.

“1968. 2 de octubre no se olvida. Fue el Ejército. Fue el Estado”, se lee en un costado de este antimonumento reivindicado por los pueblos que lo hicieron posible. No hay cabeza visible, pero ahí están cientos de normalistas del país, los campesinos de Atenco, los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, cientos de activistas y decenas de medios de comunicación consignando el acto.

“A 50 años de la matanza de Tlatelolco, nosotros optamos por la memoria viva”, dice el historiador y luchador social Alberto Híjar. “Ni memoria embalsamada ni héroes de bronce, la memoria histórica convoca a superar la añoranza estéril para dar lugar a señales y símbolos que hagan evidente la relación entre el pasado, el presente de lucha y el futuro deseado”, añade en un acto simultáneo al que se lleva a cabo al fondo de la plaza. Todo está cargado de símbolos.

Con el Antimonumento 68 se interpela de frente al Ejército justo en la plaza en la que todos los días una escolta castrense iza la bandera nacional, este 2 de octubre a media hasta. El señalamiento es contundente, al igual que la demanda de que el nuevo gobierno federal abra de una vez por todas los archivos militares y que se sepa la verdad de lo que pasó hace 50 años en Tlatelolco y en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014.

Los activistas exigen a las autoridades respeto a la nueva escultura. Y esa misma noche empieza a circular en Change la petición para que permanezca.

El gobierno de Ciudad de México anunció consultas ciudadanas para el caso, pero la gente ya decidió. Este antimonumento sí los representa. www.desinformemonos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx

El maíz, indispensable ante el cambio climático Michel Olguín / Edición Diana Rojas - Desinformémonos - UNAM

Esta planta nos permitirá tener alimento en diversas circunstancias.

El maíz, planta domesticada por nuestros antepasados, es la principal base de alimentación de México. Después de miles de años, la podemos encontrar en diferentes presentaciones, desde el pinole, las tortillas, los tacos, las enchiladas, los sopes, las memelas, las tostadas, los totopos y hasta en el atole.

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Además, tiene una capacidad de adaptarse a diversos ecosistemas, una característica que lo convierte en un espécimen prodigioso. Incluso, en un escenario de devastación de la naturaleza por los efectos del cambio climático, el maíz es una de las especies con mejores probabilidades de sobrevivir.

Por ello, “es invaluable con relación al cambio climático, porque nos permitirá tener alimento en diversas circunstancias”, dijo en entrevista para UNAM Global Cristina Barros, investigadora de la gastronomía mexicana.

Domesticación De generación en generación, durante aproximadamente mil años, se pasó el conocimiento sin interrupción. “Esto implica una observación profunda del conocimiento de la naturaleza, porque a diferencia del arroz y el trigo, el maíz ha sufrido muchos cambios”.

Esto puede notarse en el trigo arqueológico, muy parecido al actual, lo mismo pasa con el arroz, pero en el caso del maíz, el teocintle (antecesor del maíz domesticado) es muy diferente.

Se trata de un pasto que da una espiga con semillas sin cobertura.

No son muchas, son duras, y es una planta robusta de hojas verdes que permiten la captación de energía solar para su conservación con mazorcas que tienen hasta 500 granos.

Y cuando se maduran, las semillas simplemente saltan y se esparcen.

Esto era un problema para su recolección y por ello, nuestros antepasados idearon unas semillas atadas para su mejor manejo. “Y es así como se hacen estas mazorcas que hoy conocemos”.

Posteriormente, el maíz se adaptó a diferentes climas y ecosistemas.

Puede encontrarse en las costas, en altitudes de más de tres mil metros sobre el nivel del mar como en la Sierra de Chihuahua, e incluso, se adaptó a las selvas y a zonas semiáridas.

Además, contiene vitaminas, minerales y proteína; en la milpa, que es su entorno, tiene un intercambio virtuoso excepcional. Por ejemplo, en el caso del frijol se enreda en la caña del maíz y cuando se cocinan juntos tenemos todos los aminoácidos y proteínas. “Un taco de frijol es sensacional y si le ponemos salsa más”, finalizó la investigadora.

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1968: La larga marcha y su agenda inconclusa Rolando Cordera Campos (I) - La Jornada

Entre la libertad ganada y el inicio del reclamo democrático de masas en 1968 y el presente político, dominado por un pluralismo indiscutible y un orden democrático entendido como mandato político mayor, se ha querido trazar una línea recta. Al hacerlo, se soslaya la secuela inicial del movimiento y se incurre en una omisión mayor: la que hoy podemos atribuir a todos los actores de la transición a la democracia: la cuestión social y sus implicaciones sobre la práctica y el discurso político que entonces emergía.

Este olvido mayor, en los años 70 fue reclamo masivo de derechos sociales, de respeto a la democracia sindical y por bienes públicos esenciales para un hábitat digno. Estas movilizaciones se vieron y entendieron como herederas del movimiento estudiantil del 68. Y así fue, porque sus proclamas pasaron por las grietas abiertas por el movimiento en el muro del autoritarismo presidencialista.

Se trata de un desafío que adquiere amplitud y profundidad con el Frente Nacional de Acción Popular, las jornadas proletarias del SUTERM encabezado por don Rafael Galván y, después, con la Corriente Democrática de los electricistas, la sindicalización de bancarios, académicos y trabajadores universitarios, las invasiones de tierras rústicas y urbanas.

Esas movilizaciones y sus voces conforman el magno coro para el lanzamiento de la reforma electoral del presidente López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, pero no hallan en ese reformismo cauce ni respuesta adecuadas. Los grupos dirigentes, derrotados o arrinconados, optan por la retaguardia o la negociación gremial específica, mientras que la reforma electoral desplegaba sus potencialidades pluralistas y representativas en lo político.

Tomadas en conjunto, esas demandas deberían haber servido para bosquejar un abanico de opciones para la política y el desarrollo del país, hasta ser una alternativa a la ruta cuyo desgaste político arrancó con el 68. En su lugar sobrevino la gran crisis de la pauta de desarrollo precipitada por el sobrendeudamiento externo, una aguda cadena de inflación y devaluación e inéditas presiones de organismos financieros internacionales que obstaculizaron la búsqueda de opciones nacionales, 20

congruentes con el cuadro social y político que se tenía. En vez de ello, las élites dirigentes en la economía y la política encontraron en el cambio estructural globalizador, con profundas reformas de mercado y la apertura externa radical, el camino a seguir.

A la contracción de los resortes de la intervención del Estado en lo social, se sumaron amplias e intensas privatizaciones del sector público y se olvidó atender las cuestiones sustanciales del desarrollo: la redistribución económica y social y un aprendizaje democrático que llevara a la naciente ciudadanía política a planos relacionados con la administración de la economía política del Estado en su conjunto.

La construcción de un Estado constitucional moderno implica una combinación institucional efectiva entre su impronta democrática y sus compromisos constitucionales con la justicia social. Así lo plantearon los contingentes de los años 70 y lo recogieron las fuerzas del Frente Democrático Nacional en los 80, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, en los hechos, tanto el tema social como una respuesta histórica del Estado, inscrita en la tradición revolucionaria y constitucional, de nueva cuenta fueron dejadas de lado, soslayadas e incluso desnaturalizadas por la implantación salvaje del individualismo y su rápida traslación a las formas de entender la política estatal por parte de los grupos dirigentes. En lugar de contrato social renovado, se le ofreció al país competencia sin cauce ni cuartel.

A 50 años del estallido estudiantil, debemos reconocer estas posposiciones y olvidos. Para darle a aquel reclamo primigenio su obligada consumación en una democracia social propiamente dicha. Así lo requieren México y su modernidad, siempre inconclusa, marcada por profundas brechas de desigualdad y vulnerabilidad social.

El movimiento del 68 fue un punto de partida en la vida social y política del país. Las banderas izadas por los estudiantes eran políticas, no defendían intereses particulares o gremiales ni de contenido económico o redistributivo.

Resumían anhelos de libertad, elementales derechos cívicos, y un firme reclamo al gobierno y al Estado de que respetara su propia legalidad.

De principio a fin el movimiento fue constitucionalista. De ahí su fuerza y legitimidad perdurables. Su desenlace trágico no se olvida y por ello es preciso inscribirlo en una historia compleja y del presente.

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No puede reducirse ni asimilarse a aquellos acontecimientos tristes que nos produjeron rabia y furia, sobre todo en los más jóvenes e inexpertos.

Para hacer florecer el recuerdo, hay que convertirlo en el inicio de una reflexión comprometida con la razón histórica.

La de los estudiantes fue una proeza mayor al volverse nueva conciencia del país real, a partir de la cual sería posible conjugar las memorias: de la trágica y cruel, al momento festivo y lúdico y, sobre todo, al recuerdo del cultivo y respeto a la deliberación colectiva, la solidaridad compartida, el reconocimiento racional y emocionado de unos líderes que no mentían ni se someterían a las abusivas decisiones del poder.

Todo esto hizo del Movimiento un orgulloso portador de la gran promesa de una mutación civilizatoria de la sociedad y del Estado. Portador portentoso de la necesidad de construir y conservar una memoria de la política como “actividad creadora”, a decir del gran peruano Mariátegui.

“Que el cumplimiento de la Constitución tuviera que ser exigido por un movimiento tachado de “subversivo”, nos ilustra el gran filósofo Luis Villoro, ponía al descubierto toda la mentira ideológica en que vivía el régimen. Es curioso observar que ningún otro movimiento estudiantil en el mundo reivindicó su propia Constitución, porque en ningún otro país existía ese divorcio entre el discurso y la realidad como en México”.

El olvido otro Gustavo Esteva /I

No debemos olvidar. Pero tampoco encubrir.

Se dijo y escribió lo que hacía falta el 2 de octubre, pero sigue pendiente derivar las consecuencias pertinentes de la conmemoración y recordar el contexto.

Como insisten los padres de Ayotzinapa, lo primero es la verdad.

No puede haber justicia si no la conocemos. Lo dijo bien Rosario Castellanos: “No hurgues en los archivos pues nada consta en actas […]

Recuerdo, recordemos / hasta que la justicia se siente entre nosotros”.

Sin embargo, ¿qué sería la justicia? ¿Desenterrar al Díaz Ordaz y 22

encerrar al Echeverría? ¿Cazar o denigrar culpables adicionales? ¿Bastan esclarecimiento y castigo? ¿En eso consiste la justicia? ¿Eso buscamos hoy con todos los crímenes encima?

Trazó el rumbo una de las madres de Ayotzinapa: no recuperará la serenidad hasta que lo ocurrido con su hijo no pueda ocurrir con nadie más. Tomémoslo en serio. ¿Qué haría falta para que así fuera?

El monopolio de la violencia legítima otorgada al “Estado” se perdió hace tiempo en México; los gobiernos no tie­nen ya monopolio de la violencia y me­nos aún legitimidad. La de AMLO parece estar fuera de discusión. ¿Es suficiente? Es cierto que hay “una apertura a la esperanza”(Magdalena Gómez, La Jornada, 2/10/18). El presidente electo se compromete a no usar nunca más la fuerza para reprimir los movimientos sociales. Sin embargo, “su compromiso personal […] no garantiza que esto no vuelva a suceder” (Luis Hernández Navarro, La Jornada, 2/10/18).

El asunto no consiste en confiar o no en su palabra, sino en preguntarnos si eso es todo. A final de cuentas, lo que es­tá en entredicho es el diseño mismo del Estado-nación, que sólo es la forma política del capitalismo y una estructura de dominación y control, supuestamente democrática.

Una posibilidad real de justicia sólo puede existir si adoptamos un nuevo horizonte político, más allá de esa estructura.

Eso es lo que empieza a cundir. “Es el momento […] de empezar a construir autonomía de base social […] y encontrar alternativas comunitarias al Estado-nación”, se sostiene dentro del movimiento catalán. El 11 de septiembre, en la fiesta nacional de Catalunya, se coreó la consigna “el pueblo manda, el gobierno obedece” (Mireia Pérez, La Jornada, 1/10/18).

Tenía razón el finado sup Marcos cuando señaló que 68 era más que Tlatelolco. Fue “la calle como territorio de la otra política, la de abajo, la nueva, la luchadora, la rebelde”. Fue “aprender de la abierta confrontación entre varias formas de hacer política”. Treinta años después, escribió en 1998, “la lucha continúa”(2/10/1998) Un movimiento centrado en los universitarios amplió espacios políticos, económicos y sociales para ellos. Logró también avances hacia 23

la “normalidad democrática”. No debe subestimarse su contribución, directa e indirecta, a cerrar el ciclo de dominación que por 90 años asociamos con el Partido Revolucionario Institucional y llegó a su fin el pasado primero de julio, aunque sigan en circulación zombis que aún portan la franquicia y otros quieran tomar en sus manos la estafeta.

Falta lo que falta. Al recordar y conmemorar la otra política, la de abajo, no olvidemos el contexto que la sembró. Por buenas razones se destaca Berkeley, el mayo de París, Tlatelolco… Pero los reflectores sobre el 68 y los estudiantes pueden ocultarnos la década entera, que es inevitable llamar revolucionaria.

Hubo realmente un “espíritu de los sesenta” y junto a su corriente individualista hubo otra solidaria y comunitaria; todo se puso en cuestión: “la familia, el trabajo, la educación, el éxito, la cordura, la locura, el cuidado de los niños, el amor, el urbanismo, la ciencia, la tecnología, el progreso, la riqueza” ( José Ma. Sbert, 2009). “Era necesario cambiarlo todo” (Germán Dehesa, 1997). The sky is the limit.Despegó un nuevo movimiento feminista, cuando Betty Friedan fundó en 1966 la National Organization for Women. Fue Martin Luther King. “Parecía poderse ver de repente todo lo que una sociedad tenía de intolerable, al mismo tiempo que las posibilidades de otra realidad social… Para 80 por ciento de la humanidad, fue como si la Edad Media llegara súbitamente a su fin en los sesenta” (Henri Weber, 1998). Y algo muy importante: se creyó de pronto en “el sustrato de los excluidos e inadaptados, los explota­dos y perseguidos de otras razas, los des­empleados y los in-empleables”(Marcuse, en Kumar 1991). Los jóvenes “no desean un futuro como el nuestro, que hemos probado que éramos unos cobardes… agotados por la obediencia, víctimas de un sistema cerrado” (Sartre, en Winock 1997). La década termina como un ciclón. Praga, los Guardias Rojos, las Panteras Negras, Woodstock…

Fue un error colgar la revolución de líderes que la traicionaron. Pero no se equivocaron quienes crearon la Comisión Trilateral para sofocarla e inventaron la equívoca etiqueta neoliberal para su campaña. Es esto lo que ahora termina. Empieza a ser posible, en medio del horror y la devastación, lo que entonces no pudo ser. gustavoesteva@gmail.com 24

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Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 10 de octubre de 2018

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