CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 1 de mayo de 2019
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El lenguaje travestido de la 4T Javier Sicilia , 28 abril, 2019 - Proceso
Hacia finales del siglo XX, Lanza del Vasto, el discípulo católico de Gandhi, contó a los suyos una parábola: “Tengo un amigo pez. Hacía mucho que no lo veía y fui a visitarlo. Mi amigo es difícil. No tiene muchos temas de conversación y buscaba uno que pudiera interesarle. De camino, mientras me dirigía a su casa, lo encontré: el agua. Llegué al borde del estanque. Después de saludarnos, le dije: ‘Háblame del agua’. Mi amigo me miró con su ojo de pez y con su lengua de pez me respondió: ‘¿Agua, qué es el agua?’”. Las parábolas –el lenguaje predilecto del Evangelio– son géneros literarios: narraciones breves y simbólicas que, mediante la comparación (su sentido etimológico), guardan, como las fábulas, una enseñanza cuyas interpretaciones son polisémicas. La de Lanza se refiere a Dios (el agua) en el que, dice San Pablo, “vivimos, nos movemos y somos”, y al pez (el ser humano), cuya cerrazón le impide reconocerlo. Dejemos de lado a Dios y pensemos en la atmósfera (árboles, aire, tierra, relaciones de solidaridad y de soporte mutuo). Allí, desde que el ser humano es el ser humano, vivimos, nos movemos y somos. Sólo que nuestra condición de seres obtusos, como el pez, la ha ido corrompiendo, haciéndola inhóspita, asfixiante, tóxica. No percibimos su corrupción, pero sentimos sus efectos (hecatombes ecológicas, desgarramiento del tejido social, muertos, desaparecidos, miseria, inseguridad, temor, angustia), sin lograr recomponerla. Podríamos decir como el San Agustín de las Confesiones: Veía donde estaba el mal, pero no salía de él. Nosotros, sin embargo, no lo vemos. A diferencia de Agustín, percibimos su sintomatología, que tomamos por el mal, y buscamos sanarnos mediante políticas públicas no sólo cada vez menos eficaces, sino, para decirlo con Iván Illich, iatrogénicas, es decir, acciones que, al intentar sanar, enferman más. El tema es complejo –Illich pasó toda su vida analizándolo en decenas de libros fundamentales, que resumió en una frase: la corrupción de la 1
gratuidad del amor: servicio, hospitalidad, acogimiento, proporción, es lo peor. Una parte de ese mal o, mejor, uno de sus rostros más profundos son los desarrollos de la sociedad industrial: sus servicios –la economía de mercado, base del capitalismo y del llamado neoliberalismo– y el recurso al dinero o a las dádivas y los controles del Estado para acceder a ellos, formas en las que la corrupción del amor se expresa. Muy pocos se atreven a decirlo. Quienes lo hacen (Illich, Jacque Ellul, Ted Kaczynski, el Unabomber –hay que leer su manifiesto, no sus atentados terroristas–, los pueblos indígenas, etcétera) son ignorados o acusados de premodernos, conservadores, enemigos del Desarrollo. Obnubilados por las aparentes bondades de esa sociedad, preferimos continuar atacando sus síntomas que encarar la enfermedad. Intoxicados de sus “bondades”, amamos a tal grado el placer y los deseos que nos provocan, que nos negamos a asociarlos con nuestra adicción. La 4T es ejemplo de ello. Nadie en el espacio político ha detectado la sintomatología del mal que padecemos como ella. Por eso ganó de manera arrolladora. Desgraciadamente, en lugar de atacar el mal, limitando la economía de mercado, atendiendo las regiones y promoviendo formas de vida no vinculadas con el industrialismo irracional, su propuesta es una vuelta al pasado que, además de que no volverá –“Nadie se baña dos veces en el mismo río”–, es la base de la enfermedad que nos corroe: los inicios de la modernización del país, del Progreso industrial contra el campo, de la fábrica contra el trabajo común, del control del Estado contra las autonomías pueblerinas, de la producción y el consumo irracionales contra las economías solidarias, de lo que ahora es el neoliberalismo –esa forma moderna del colonialismo– contra cualquier otra alternativa de vida. En este sentido, el Juárez que elogia la 4T no es distinto al Maximiliano que execra; el Madero que encomia no es diferente al Díaz que desprecia; los chairos no se distinguen –fuera de que unos estaban excluidos y los otros no– de los fifís; el AMLO que endiosan las izquierdas trasnochadas no es mejor que el Calderón o el Peña Nieto que acusan. Unos y otros, con diferentes perspectivas –más sociales o más privadas–, crearon el ambiente inhóspito, asfixiante y tóxico que la 4T pretende seguir desarrollando con un lenguaje travestido. 2
Lo que la 4T se resiste a ver es que vivimos una crisis civilizatoria. Es decir, una crisis en donde las instituciones nacidas de la revolución industrial y del liberalismo nos llevaron al desastre y necesitamos construir lo nuevo. Para ello hay primero que reconocer el mal. Contra el fascismo tecnoburocrático que la 4T, en su ceguera, pretende sostener y continuar, “existe –escribió Illich en La convivencialidad– otra posibilidad: un proceso político que permita a la población determinar el máximo que cada uno puede exigir en un mundo limitado; un proceso consensual destinado a fijar y mantener límites al crecimiento de la instrumentación; un proceso de estímulo a la investigación radical, de manera que un número creciente de gente pueda hacer cada vez más con menos”, sin dañar los límites en donde la atmósfera mantiene su equilibrio. De lo contrario continuaremos sitiados en el agua intoxicada que nuestra cerrazón impide ver. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales y refundar el INE.
Con el gatopardismo hemos topado Magdalena Gómez
Se ha dado a conocer la decisión presidencial sobre la desaparición de las zonas económicas especiales (ZEE). Este hecho se había enunciado en entrevista (La Jornada, 30/11/18). En aquel momento se vio como un atisbo esperanzador del necesario viraje frente al bloque de reformas estructurales que promovió el peñanietismo. Hoy damos cuenta de que la medida, aún por formalizarse, está lejos de implicar un replanteamiento a la línea marcada del impulso a megaproyectos a contrapelo de los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de sustituir unos proyectos y unas regiones por otras. Así lo ha entendido el empresariado que, estando involucrado en las llamadas zonas económicas especiales, ahora habla de participar en el nuevo plan de inversiones. Está vigente la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (DOF, 1/6/16) y sabemos que una ley se abroga por decisión del Con3
greso de la Unión. Lo que es factible de retirar desde el Ejecutivo son los decretos de creación de las ZEE que la ley referida asignó como facultad presidencial. De hecho, el anterior presidente avanzó al respecto y tres de ellas ya contaban con el decreto de creación (Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas), otras dos tenían el dictamen de aprobación (Salina Cruz y Progreso) y en las dos restantes (Tabasco y Campeche) se revisaba su dictamen. Ahora se anuncia que desaparecen y en su lugar se creará una zona libre con seis parques industriales a lo largo del Istmo de Tehuantepec –que une los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz–. Si revisamos los planteamientos de la ley de ZEE encontramos que son similares a los que ahora se señalan para el Istmo o para el tren que llaman Maya: se logrará la generación de empleos de alta calidad y bienestar social para la población, se focalizarán estímulos y otros incentivos de orden económico que favorezcan a las empresas que se establezcan en las regiones. A las empresas de las potenciales ZEE se les ofreció 100 por ciento de condonación de impuestos y ahora será un poco menos, además se anuncia un esquema mixto donde se harán partícipes a los dueños de las tierras de los supuestos beneficios en el caso del Istmo. La ley de ZEE no fue objeto de consulta; sin embargo, en la misma se indica que “con la finalidad de tomarlos en cuenta, realizarán la consulta previa, libre e informada y cualquier otro acto que se requiera para salvaguardar los derechos de pueblos y comunidades indígenas [artículo 18]”. No habría necesidad de reiterarlo, sí de aplicarlo, no se hizo. En contraste, para el Istmo ya lo analizamos (2/4/19); se realizó una supuesta consulta regional que algunas organizaciones indígenas han calificado de simulación, con sólidas razones y han reiterado su rechazo al megaproyecto con el lema “El Istmo es nuestro”. Sin embargo, el pasado fin de semana el propio Presidente de la República dio por hecho la aceptación del proyecto que se ubicará en el Istmo de Tehuantepec: “Ya se hizo la consulta y la gente está en favor del proyecto transístmico, ya se llevó a cabo la consulta hace como 15 días, y les vamos a informar. Lo que pasa es que se hizo el trabajo abajo, en los pueblos; ya se llevó a cabo la consulta”. Ni modo, dijo, es una noticia “mala” para los conservadores. “Perdieron. Lo que quieren es seguir robando, eso es lo que les importa y por eso quieren que nos vaya mal, nada más que se van a quedar con las ganas.” En esta ocasión suponemos que los pueblos y sus organizaciones indígenas no son parte de 4
los conservadores referidos, incluso en uno de sus eventos realizó una consulta “a mano alzada”entre los asistentes, que resultó “favorable”. Nada que ver con los estándares del derecho a la consulta. A la fecha no se conoce el proyecto enunciado y ya fue aceptado, según se dijo. Un indicador de los “resultados” de la supuesta consulta es el tradicional uso de las demandas de quienes son invitados a estos eventos; así lo consignó el INPI: “Entre las principales peticiones realizadas durante las asambleas regionales destacan la necesidad de impulsar la pesca y la agricultura en la región; la revisión de todos los parques eólicos que están funcionando en el Istmo; la participación de las comunidades en los programas de prevención de incendios forestales y la capacitación en el cuidado de las especies en peligro de extinción y áreas naturales; la atención a sus necesidades de infraestructura caminera; la construcción de una subestación eléctrica; la necesidad de un desarrollo integral que garantice la preservación del entorno natural y las culturas de los pueblos y la atención a los problemas de despojo de tierras y conflictos territoriales”. (INPI 035/2019). Está claro que al consenso democrático electoral en la elección presidencial se le está dando un uso contrario a lo que Garzón y Valdez denomina “el coto vedado”, esto es, el conjunto de derechos fundamentales que debe ser resguardado gane quien gane. En ello van los derechos de los pueblos indígenas.
El alebrije de la reforma educativa Luis Hernández Navarro
“La reforma educativa esel mismo perro pero con otro collar”. El autor de la frase no es un maestro de la CNTE. Tampoco un opositor fifí, ni un académico contestatario. La opinión es del filósofo Enrique Dussel, uno de los intelectuales de habla hispana más reconocidos internacionalmente. Perseguido por los militares argentinos, se exilió en México y se naturalizó mexicano. Es, además, integrante destacado de Morena. Su afirmación no es exagerada. La reforma educativa de la Cuarta Transformación (4T) es, en esencia, el mismo erizo neoliberal de Enrique 5
Peña Nieto, al que se le han limado algunas de sus espinas más filosas. En esta ocasión, como en 2012-13, se volvió a poner la carreta delante de los bueyes. En lugar de aterrizar en la Constitución un gran proyecto educativo nacional que exprese con claridad los grandes ejes para transformar la enseñanza en el país, se acabó aprobando un alebrije legal que tiene como motivación central confinar a los maestros en un régimen laboral de excepción. Un alebrije es una fiera imaginaria fabricada por artesanos, llena de colores, con elementos de animales diversos. La artesanía puede tener, a un tiempo, cabeza de perro, melena de león, alas de pájaro, cola de reptil, pezuñas y púas de puercoespín. La reforma educativa de la 4T es un alebrije legal elaborada con conceptos neoliberales, tira de materias, deseos de justicia social y asuntos laborales que tendrían que estar en el artículo 123 pero que se coloca ron en el 3°. Es el perro del que habla el doctor Dussel, pintado color vino tinto. Es un alebrije que conserva camuflados los aspectos medulares de la reforma educativa del Pacto por México de 2013. La nueva reforma es un texto omiso, contradictorio, confuso, incoherente y tramposo. Reforma que, en los hechos, acabó sepultando y diluyendo lo que, en la iniciativa original del presidente López Obrador aparecía como eje central: la educación para el bienestar. La investigadora Elsie Rockwell encontró en su redacción ¡64 ejes! El investigador Juan Carlos Miranda analizó los conceptos utilizados y las veces que se repiten en el texto. Sus hallazgos no dejan duda. Domina el lenguaje de los tecnócratas educativos. “Agente” (al referirse a los “docentes”) se repite 27 veces; “mejora” o “mejorar”, 216 menciones, y dentro de esta categoría, las expresiones: “mejora continua”, 83; “calidad”, 154; la palabra: “excelencia”, 51; “evaluación”, 265; “diagnóstico(a)”, 26; “aprendizaje”, 104, y “equidad”, 76 (https:// bit.ly/2Xyf7TE ). Igual que con la reforma educativa del Pacto por México, la de la 4T pone la carreta delante de los bueyes. En lugar de arrancar con un proyecto educativo transformador y derivar de él una reforma educativa, se propuso legislar primero y elaborar después un proyecto pedagógico. 6
Si lo hizo así es porque su diagnóstico y su marco de referencia para la definición de la política educativa tiene elementos esenciales con el de Peña Nieto. Se trata del mismo perro con otro collar, del que habla Enrique Dussel. No en balde, las intervenciones de AMLO sobre el tema se han limitado a insistir en la necesidad de recentralizar la nómina magisterial, evitar el tráfico y venta de plazas y otorgar becas. Obviamente, son problemas que hay que atender, pero en sí mismos no constituyen un cambio educativo de gran aliento. Un gobierno que ganó los comicios con el lema “primero los pobres”debería destinar más recursos para la educación a quienes más lo necesitan. No sólo como política pública, sino como derecho. Esto no quedó contemplado en la nueva legislación, al no hacerse explícitas las obligaciones del Estado para cumplir con ese derecho. Una administración que ha insistido correctamente en la necesidad de revalorar a los docentes debería reconocerlos explícitamente como profesionales y no como “agentes”. Uno de los aspectos del alebrije legal que más escándalo, ilusiones y malentendidos ha causado es el transitorio decimosexto. Según el PAN y sus intelectuales, abre el camino a la venta de plazas. La afirmación es un absurdo. Fiel a los vientos recolonizadores que soplan en el país, el transitorio es un espejito que se da a los maestros a cambio del oro de la aceptación del proyecto. En los hechos, es una cortina de humo para mantenerlos en un régimen de excepción laboral. Dicho transitorio apunta que los derechos laborales de los docentes se regirán por el apartado B del artículo 123. Sin embargo, dice que la admisión, promoción y reconocimiento dependen de un apartado especial: el Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras. O sea, una trampa. ¡Como si la admisión, promoción y reconocimiento no fueran una parte sustantiva de las relaciones laborales! Miles de maestros en el país, que no son conservadores ni fifís, rechazan el alebrije legislativo. No quieren la nueva correa para el mismo perro. Lo demostrarán a lo largo del sexenio. Twitter: @lhan55 7
Asonada golpista. Venezuela, el títere y el titiritero Luis Hernández Navarro
La escenografía Una palabra resume el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro de este 30 de mayo: fracaso. Faroleando, la oposición venezolana apostó a derrocar al mandatario. Perdió. Después de algunas escaramuzas, su convocatoria se desinfló rápidamente. Más allá de la escenografía montada para la ocasión y del griterío ensordecedor de quienes fantasean con el fin de la Revolución Bolivariana, el saldo de la jornada es claro. De un lado, los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantienen leales al mandatario venezolano y decenas de miles de chavistas resguardan el Palacio de Miraflores. Del otro, la cabeza visible de la operación, el líder opositor Juan Guaidó, anda a salto de mata, mientras el prófugo Leopoldo López y esposa tuvieron que refugiarse en la embajada de Chile y luego en la de España. El bluff golpista comenzó temprano en la madrugada. Fue más una representación propagandística que una acción militar en forma. Posando para las cámaras de video en la Autopista del Este, al lado del distribuidor vial Altamira, rodeado de un pequeño grupo de militares desertores, en su mayoría de baja graduación, y policías, con la base militar La Carlota a sus espaldas, Juan Guaidó llamó al pueblo de Venezuela a tomar las calles, dar inicio la fase definitiva de la Operación Libertad y a hacer realidad el “cese definitivo de la usurpación”. Autoproclamándose jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Asamblea Nacional arengó a sus uniformados imaginarios: “Hoy convoco a los soldados, y a todas las familias militares a acompañar esta gesta […] Son muchos los militares que se suman […] El momento es ahora”. General sin tropa, Guaidó giró órdenes, no a través de su alto mando, sino de Twitter: “Pueblo de Venezuela, es necesario que salgamos juntos a la calle. Organizados y juntos movilícense a las principales unidades militares. Pueblo de Caracas, todos a La Carlota”, escribió en uno. “En este momento –mintió en otro– me encuentro con las principales unidades militares de nuestra fuerza armada dando inicio a la fase final 8
de la Operación Libertad”. Ya encarrerado, fantaseó en uno más: “¡Las calles de Venezuela se siguen llenando de gente y más gente!” Con el factor sorpresa de su lado, los alzados lograron un efímero éxito tempranero: liberar a Leopoldo López, quien cumplía condena en prisión domiciliaria. Y, antes de chocar de frente con la realidad, acompañados de guarimberos armados con pistolas, vivieron unos cuantos minutos de gloria. No les duró mucho. Con ocho tanquetas, cuatro ametralladoras 7.62 y fusiles de alto poder, trancaron la vía e intentaron avanzar sobre La Carlota. No pudieron tomarla. Se desinflaron más rápido que despacio. Soldados y policías que participaron inicialmente en la escaramuza se retiraron. “Fuimos engañados. Nos dijeron que íbamos a participar en otra operación”, denunciaron. La mazorca se fue desgranando paulatinamente. No era aún mediodía, cuando 80 por ciento del personal militar que formaba parte de la asonada abandonó a los jefes de la conjura. Una a una, las ocho tanquetas fueron llevadas a sus lugares de origen. Desalojados de la autopista, los golpistas trataron de marchar rumbo al Palacio de Miraflores. Tampoco tuvieron fortuna. Las oficinas del presidente estaban rodeados de miles de simpatizantes chavistas. Tuvieron que replegarse hacia el barrio de Altamira. Menos exitosa aún resultó la convocatoria de Guaidó a que los ciudadanos tomaran las calles. Ni siquiera en los barrios que históricamente controlan, los antichavistas pudieron movilizar la cantidad de simpatizantes que tradicionalmente los han apoyado en todos estos años de lucha opositora. Con un palmo de narices quedó también el senador estadunidense Marco Rubio, quien anunció en Twitter: “El 1° de mayo Juan Guaidó encabezará lo que potencialmente será el momento definitivo en la lucha contra el régimen de Maduro en Venezuela. Los líderes de las FANB deben defender la Constitución y proteger a los manifestantes de los ataques de las pandillas armadas de Maduro”. El golpe interminable El descalabro de los antichavistas es el último eslabón de una larga 9
cadena de fracasos golpistas. Apenas el 4 de agosto de 2018, se intentó asesinar, con un ataque de drones, al presidente Maduro. El atentado fue planificado en Colombia, bajo la dirección del político opositor Julio Borges y el apoyo del financista Osmán Alexis Delgado. Borges es un político y abogado venezolano que participó en 2018 como representante de la oposición en las pláticas de paz celebradas en Santo Domingo, de manera simultánea a la organización del atentado contra Maduro. Junto al empresario Parsifal de Sola, desempeñó un papel clave en la fallida Operación Jericó en 2014-15, que intentó otro golpe de Estado. Poco después, al comenzar 2019, el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo coordinó otra fallida tentativa de golpe de Estado contra Maduro. En la acción participaron empresarios, políticos y agentes de la CIA. De acuerdo con el testimonio del coronel retirado, él contactó en Colombia a un funcionario de CIA. Y en ese país se reunió también con el empresario venezolano “Parsifal de Sola y un policía nacional de ese país, quienes me dieron apoyo”. Según el ministro Jorge Rodríguez, el policía colombiano es el enlace del golpista con el ex presidente Juan Manuel Santos. García Palomo fue arrestado el pasado 31 de enero, cuando se internaba en Venezuela para dar el golpe, gracias al trabajo de los servicios de inteligencia locales. Al coronel retirado se le hizo creer que estaba en marcha un levantamiento militar en Caracas, y se puso a su disposición un vehículo para que se trasladara dentro del país. A partir del 10 de enero pasado, cuando Nicolás Maduro asumió como presidente, se echó a andar desde Washington un nuevo guion. El diputado Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela. Amenazador y arrogante, Donald Trump puso sus cartas sobre la mesa: en el transcurso de 2019 podría concretarse una intervención militar de su país en Venezuela. Es sabido que el imperio acostumbra envolver sus agresiones coloniales con juegos de artificio oratorios en favor de los derechos humanos, la democracia y el bienestar. En esta ocasión, el discurso intimidatorio contra la Revolución Bolivariana no fue la excepción. Sólo añadió un 10
ingrediente al guion intervencionista: una inexistente crisis humanitaria. No son palabras al viento. El discurso de Trump y sus amigos expedicionarios camina de la mano de las declaraciones y maniobras de sus títeres venezolanos. Como un muñeco de madera que mueve las labios para fingir que habla, por la boca de Guaidó se escucha, apenas disimulada, la voz del ventrílocuo imperial. Las bravatas y desplantes del autoproclamado han transportado a la oposición venezolana a los tiempos de su peor abyección y sometimiento. En esa ruta, con el pretexto de la ayuda alimentaria, el pasado 23 de febrero, titiritero y títeres se la jugaron a tratar de propiciar, desde la frontera colombiana, la ruptura de las FANB, la deserción de altos mandos, el desbordamiento civil y la acción de grupos paramilitares, para intentar ocupar un territorio “liberado”, en el cual instalar al gobierno del autoproclamado Guaidó. Desafortunadamente para ellos, la arremetida fracasó. Para desencanto opositor, los militares bolivarianos no se dividieron, contuvieron la embestida del antichavismo y mantuvieron el control del territorio. La unión cívico-militar se mantuvo. La supuesta ayuda alimentaria a territorio venezolano (que incluía material para la lucha callejera y la instalación de guarimbas), llevada a Colombia por Estados Unidos y Chile, no pudo traspasar el bloqueo fronterizo. Hace más de 20 años que la Venezuela de Hugo Chávez dio a la historia de nuestro continente un giro radical y puso nuevamente en el centro de su horizonte el socialismo. Ni el imperio ni sus vasallos criollos se lo han perdonado jamás. Como tampoco dispensan al presidente Maduro, elegido mayoritaria y democráticamente por su pueblo, no haber abandonado esa ruta y no haberles entregado un poder que no han podido ganar por las buenas en las urnas. Este 30 de mayo, la Revolución Bolivariana y el presidente Maduro sufrieron otra arremetida imperial. Una más, de una larga cadena de acometidos. Títeres y titiritero se estrellaron de frente con un pueblo que bajo sus pies tiene un mar de petróleo, se niega someterse a los caprichos del colonialismo más pedestre, y que está empeñado en tratar de conquistar el cielo por asalto. Twitter: @lhan55 11
Despojo de agua y tierras, pero nadie hace nada Gloria Muñoz Ramírez - Los de abajo
Yasnaya Elena Aguilar Gil, mixe, escritora y reconocida lingüista, por disposición de las autoridades de su comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre asuntos indígenas, en Nueva York, lo que dijo con todas sus letras en la Cámara de Diputados mexicana en febrero pasado: su pueblo no tiene agua potable porque el 5 de junio de 2017 grupos armados los despojaron de su manantial y destruyeron la infraestructura hidráulica. ¿Puede una cultura sobrevivir sin agua? No. Pero parece que a nadie importa, pues el gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat Hinojosa ha actuado con negligencia, ineficacia y/o complicidad con quienes les han arrebatado el vital líquido. La Cámara de Diputados tampoco movió un dedo y por eso estos días llegó el caso a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, por la violación colectiva del derecho humano de acceso al agua cometido en agravio de toda la comunidad de Ayutla. El gobierno de Murat se ha limitado a organizar un diálogo infructuoso con los agresores, quienes también han despojado de tierras a los comuneros, en un clima de violencia en el han asesinado a Luis Juan Guadalupe, han lesionado con armas de fuego a siete personas y han secuestrado a cuatro mujeres, todo lo cual ha sido denunciado sin que haya ninguna respuesta. “Los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado de Oaxaca han orillado a las autoridades de Ayutla a negociar con esos grupos violentos el acceso al agua a cambio de que Ayutla ceda las tierras que le han sido despojadas”, exponen los mixes en el expediente entregado a la relatora de la ONU. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas se escuchó la mixe hace dos meses en la Cámara de Diputados. Nada cambió. “Es la tierra, el agua, los árboles los que nutren la existencia de nuestras lenguas. Bajo un ataque constante de nuestro territorio, ¿cómo se revitalizará nuestra lengua? Nuestras lenguas no mueren, las matan. El Estado mexicano las ha borrado. El pensamiento único, la cultura única, el Estado único, con el agua de su nombre, las borra”, dijo Yasnaya Elena Aguilar Gil. www.desinformémonos.org - losylasdeabajo@yahoo.com.mx 12
Agricultura del bien común Silvia Ribeiro *
Afinales de marzo de 2019 se presentó públicamente la asociación de agricultoras, educadores y comercializadores agroecológicos Agricultura del Bien Común (ABC), red de grupos de varios estados del centro de México. Trabajan juntos desde hace varios años en un proceso que los llevó a formar un “sello aval de confianza”, que se llama justamente ABC. Este sello es una garantía que ofrecen de que sus productos, tanto frescos como procesados, son resultado de producir sin químicos y con cuidado del medio ambiente y la salud de productores y consumidores. Aunque la asociación conoce bien el concepto de agricultura orgánica y las actividades de los miembros se pueden definir como tal, el sello ABC quiere reflejar más que eso. Se trata de “una agricultura que se inserta armónicamente en los ciclos naturales de cada lugar, conservando sanos los ecosistemas donde se ejerce, comprometida con la salud de productores y consumidores, así como en garantizar la fertilidad del suelo y la protección de la biodiversidad vegetal y animal. Además, que contribuye al florecimiento de las culturas agrarias, la eficiencia energética, a robustecer la economía local y regional, la justicia social e intergeneracional y la autonomía de agricultoras y agricultores”. Es una forma de apoyarse para una mejor comercialización, sobre todo en las ciudades, e informar a los que consumen sus productos. Lo plantean como alternativa frente a los sellos de certificación orgánica, que es muy costosa para productores y consumidores, pues exige gran cantidad de trámites e incluso hay megaempresas que hacen de esto su negocio. Ese tipo de certificación es prohibitiva para la mayoría de quienes producen agroecológicamente, porque no pueden pagar los costos y cubrir los trámites necesarios, incluso las muchas formalidades demandadas que no se adaptan a la agricultura tradicional y local, porque en general están basadas en condiciones de países del Norte global. Existen propuestas alternativas de certificación, como por ejemplo la “participativa”, donde grupos de productores fiscalizan mutuamente la calidad de su producción, pero en el caso de ABC aclaran que para ellos este “sello aval de confianza” no es una transición para posteriormente obtener una certificación orgánica, sino una propuesta de una relación diferente entre productores, consumidores, comercializadores, educadores. 13
Se basa en recuperar la confianza entre consumidores y productores de campo y ciudad sin tener que pagar por ello, como sucede con la certificación. Los productores y distribuidores que participan garantizan la calidad de los productos, porque todos suscriben los principios acordados (www. agriculturadelbiencomun.org ) y conocen personalmente las formas de producción de cada integrante de la asociación, además de que sus lugares de trabajo están abiertos a visitas de los consumidores para que las puedan apreciar también. En realidad, esta es la única forma de garantizar que la producción realmente es agroecológica, porque solamente las y los propios productores saben todo lo que aplican en todo el proceso de producción. Por ahora, quienes participan en el sello ABC son algunas productoras y productores agrícolas y pecuarios, así como pequeñas empresas y cooperativas que producen conservas, dulces, productos de cuidado personal, varios con más de dos décadas de experiencia, entre ellos el Rancho Agua Escondida (Manantial de las Flores), el Rancho Ecológico El Amate, la Granja Cocotla, Frutos de Tlayacapan, el Centro Ceres. También es miembro de esta asociación la tienda de productos orgánicos Green Corner y una asociación que se dedica a la formación de jóvenes en agroecología. Están abiertos a integrar nuevos miembros, en un proceso de conocimiento mutuo. Además de esta experiencia van creciendo otras, como tianguis orgánicos, varios organizados por campesinas y campesinos directamente, y las llamadas Redes Alimentarias Alternativas en México, que proponen compartir los riesgos y parte del trabajo de producción entre productores y consumidores. Se trata de iniciativas autogestivas para avanzar en el camino de reapropiarnos de nuestra alimentación y, por tanto, de nuestra salud por parte de quienes vivimos en ciudades y en relación directa con quienes trabajan en el campo, que practican formas sanas y campesinas de producción pero que tienen dificultad para llegar a las ciudades porque a menudo deben pasar por costosos intermediarios comerciales y corporativos. La semana pasada las fundaciones Heinrich Böll y Rosa Luxemburgo de México presentaron el Atlas de la Agroindustria, que muestra cómo una veintena de corporaciones trasnacionales dominan el sistema agroalimentario industrial, con enormes daños a nuestra salud, medio ambiente y economías (https://tinyurl.com/y6cvqy7u). 14
Pese a ello, 70 por ciento de la humanidad se alimenta de lo que producen los y las pequeñas: redes campesinas, huertas urbanas, pesca y cría de animales artesanal, pero que generalmente trabajan en condiciones duras. Para afirmar esta vía, por nuestra salud y medio ambiente, estas experiencias de volver a tejer redes de solidaridad y confianza son fundamentales. * Investigadora del Grupo ETC
Derechos indígenas y políticas gubernamentales en minería Francisco López Bárcenas
Malas noticias para el Presidente de la República. En su conferencia mañanera del 18 de marzo pasado el titular del Poder Ejecutivo anunció que ya no se otorgarán más concesiones mineras en el territorio nacional, al tiempo que también afirmaba que no se cancelará ninguna de las que se otorgaron por gobiernos anteriores. “Se mantienen las concesiones, no se revocan, así de claro, para que no salgan nuestros adversarios a decir que se está perjudicando a la iniciativa privada o a la inversión extranjera. Ya no vamos a dar más, porque, ¿para qué quieren más?, ya es mucho”. Aprovechó para invitar a las mineras canadienses, sólo a ellas, a las de otra nacionalidad no, para que actúen como lo hacen en su lugar de origen donde, según dijo, las normas que regulan de la actividad minera son menos permisivas y por lo mismo provocan menos daños sociales, ambientales. Las declaraciones del Presidente de la República no inquietaron a los empresarios mineros porque, como él mismo dijo, en los pasados 36 años, se entregaron concesiones como nunca, dejando un cuarto del territorio en manos de los empresarios mineros, que por su extensión tardarán mucho en explotar. Dada la situación, suspender el otorgamiento de concesiones no implica recuperar el mineral en beneficio de la nación, para hacerlo se requiere revisar el proceso de otorgamiento y cancelar las que no se hayan otorgado conforme a derecho que son, al menos, las que se han otorgado contraviniendo el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, el territorio, acceso preferente a los recursos naturales en ellos existentes y la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. 15
En esa situación los pueblos indígenas han tenido que enfrentar las ilegales decisiones gubernamentales y la actitud belicosa de las empresas mineras que por nada quieren dejar de apoderarse de los minerales. Para hacerlo recurren a su organización, la movilización y el uso del derecho, exigiendo a los tribunales anulen las concesiones otorgadas a las empresas por ser violatorias de sus derechos. La combinación de la denuncia, la movilización y los argumentos judiciales ha dado buenos resultados y en la mayoría de los juicios el Poder Judicial ha reconocido la razón que asiste a los pueblos, ordenando que se declaren nulas o inexistentes las concesiones impugnadas. Contra la determinación del Presidente de la República de no cancelar las concesiones mineras que violentan los derechos de los pueblos indígenas, los tribunales lo están haciendo en los casos que los indígenas lo solicitan. El caso más reciente es la sentencia dictada el 5 de marzo de 2019, en el juicio de amparo 445/2015, tramitado ante el juzgado segundo de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, que fue presentado por el comisariado ejidal de Tecoltemi, cuyos miembros pertenecen a la comunidad nahua. En la sentencia la juez que conoció del caso afirma que “si en un determinado cuerpo normativo en el que se afecten derechos de las comunidades indígenas, no está regulado el derecho a la consulta y, por ende, a la obtención del consentimiento libre e informado, debe concluirse que existe una vulneración a derechos fundamentes de dichas comunidades”. Con base en base en ese argumento ordenó a la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía, dejar insubsistentes los títulos de concesión impugnados y al Congreso de la Unión que legisle sobre la materia. Frente a la evidencia de que las concesiones mineras otorgadas sobre los territorios indígenas violan los derechos de los pueblos indígenas, el Presidente de la República tiene argumentos para matizar su postura y en lugar de no revocar las concesiones, inicie un proceso de revisión de ellas y las que se hayan extendido conforme a derecho dejarlas vigentes pero las que no, cancelarlas. Otra medida que puede tomar es enviar un memorándum a las autoridades correspondientes para que dejen de litigar contra los pueblos indígenas, como lo vienen haciendo cada que un pueblo les gana un juicio, porque eso equivale a defender de oficio a las empresas. De no tomar medidas en este sentido, el Pre16
sidente de la República podría seguir enfrentando el descontento de los pueblos. Y eso no es bueno para la Cuarta Transformación que se propone impulsar en el país.
La imposible gobernabilidad de las derechas Raúl Zibechi
Cuando comenzó el declive del ciclo progresista, aproximadamente cinco años atrás, planteamos que los eventuales gobiernos de la derecha que los sucedían serían inestables, asediados por una elevada conflictividad social, la profundización de la crisis sistémica y cambios en las relaciones entre las diversas clases sociales (https://bit.ly/2XCMzbB). El fin del progresismo es mucho más que la desaparición de esos gobiernos y que no le sucederá un ciclo derechista o conservador sino un periodo de inestabilidad. Esto quiere decir que veremos cambios bruscos en el escenario político, virajes de la derecha extrema a la izquierda moderada, y viceversa, sin que ninguna de esas fuerzas consiga estabilizar la gobernabilidad. Las razones son las mismas que provocaron el fin del ciclo anterior. Pero antes veamos brevemente la situación en los tres principales países de la región sudamericana. En Brasil el gobierno de Jair Bolsonaro entró en crisis apenas unas semanas después de asumir. A una fuerte caída en su aprobación, se le suma el enfrentamiento con el sector militar, que conforma el núcleo de su gobierno, y las trabas que encuentra para hacer aprobar la reforma previsional, con un trasfondo de estancamiento de la economía. La forma principal que está asumiendo la crisis del gobierno es la puja abierta y pública entre los bolsonaristas y el vicepresidente Hamilton Mourao, que agudiza la inestabilidad. Por abajo, los movimientos no han parado un solo momento. Entre enero y febrero, en pleno verano, el Movimento Passe Livre (MPL), que desencadenó las jornadas de junio de 2013, volvió a las calles con cinco grandes marchas en Sao Paulo. Estos días las organizaciones in17
dígenas están acampando en la Explanada de los Ministerios en Brasilia, provocando una aguda respuesta represiva del gobierno que movilizó la Fuerza Nacional contra la Articulación de los Pueblos Indígenas. En Colombia el gobierno uribista de Iván Duque debió enfrentar una oleada de movilizaciones indígenas, negras y campesinas desde el 10 de marzo, que bloquearon las principales carreteras del país, en particular la estratégica Panamericana que corre de norte a sur y es la vía de las exportaciones hacia Ecuador y el resto del continente. La organización correspondió a una amplia confluencia, realizada en febrero, con 380 delegados de 170 organizaciones, que cuestionaron el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno. La Minga indígena y popular (trabajo comunitario) fue la primera gran movilización nacional posterior a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, enseñó la acumulación de muchos malestares, en particular contra el modelo extractivo en curso. Hubo 25 mil personas en las carreteras, acampadas o movilizadas de forma permanente, lo que forzó al presidente a acudir al Cauca a negociar con los movimientos. Argentina es el caso paradigmático de la imposible gobernabilidad derechista. La crisis desatada en abril de 2018, que llevó el dólar de 18 a 44 pesos, disparó la inflación a 50 por ciento anual y multiplicó la pobreza pero también la fuga de capitales, comenzó en diciembre de 2017 con las masivas protestas contra la reforma de las pensiones. Los de arriba comprendieron que Mauricio Macri no podía imponer su programa y comenzaron a especular frenéticamente. En estos momentos el panorama es de una crisis de credibilidad del gobierno, una oleada de protestas con marchas diarias (en la que destaca el activismo del movimiento de mujeres) y la posibilidad de que Macri pierda las elecciones de octubre. En el medio, un impresentable acuerdo con el FMI que multiplica la deuda y hace que los próximos gobiernos, del signo que sean, tendrán enormes dificultades para sacar al país del atolladero. En esta situación, veo tres aspectos que van a profundizar la crisis de gobernabilidad en los próximos años, generando mayor inestabilidad y planteando profundos desafíos a los movimientos antisistémicos. 18
La primera es la potencia del campo popular. Más allá de la opinión que se tenga de los gobiernos progresistas, es evidente que en las dos pasadas décadas hubo un fortalecimiento de los sectores populares, aunque sus organizaciones a menudo se han debilitado. Este es el núcleo del déficit de gobernabilidad. La segunda radica en las consecuencias del agravamiento de la crisis global, que entra en una fase de caos sistémico. Con ello se reducen las chances de estabilidad económica y política. La tercera es que ninguna fuerza tiene la capacidad para estabilizar la situación. Para hacerlo, la derecha debería derrotar al campo popular, lo que no está en condiciones de hacer. La izquierda puede gobernar si logra mover el modelo extractivo, romper con las agencias globales que lo sostienen y las élites locales que lo avalan. No tiene la voluntad de ánimo para iniciar un ciclo de luchas que debería ser tan potente, que no sólo barrería el extractivismo sino que podría expulsarla del escenario. Brasil, Argentina y Colombia…
Las huellas de un gobierno torturador Tlachinollan - 30 abril 2019
Los días 25 y 26 de abril, en el marco de la 66° sesión del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, una delegación del nuevo gobierno mexicano acudió a Ginebra Suiza, para rendir cuentas sobre el nivel de cumplimiento que ha tenido con los compromisos internacionales asumidos dentro de la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos y penas, crueles, inhumanos y/o degradantes. En estas sesiones más de 120 organizaciones civiles de derechos humanos presentamos un informe sombra, que da cuenta de que en México la tortura y los malos tratos se usan para fabricar declaraciones, que con frecuencia son presentadas y aceptadas como pruebas en las investigaciones y los procesos penales. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), demuestra un patrón común que genera pruebas ilícitas: comienza con la detención arbitraria de las personas; se ejercen distintos tipos de violencia física, psicológica y sexual desde el arresto y durante 19
la estancia en instalaciones fiscales, frecuentemente sin que las personas tengan acceso a sus abogados/as, familias o una revisión médica que certifique sus lesiones; y, mediante tales actos, las personas son coaccionadas con la finalidad de que se auto incriminen de algún delito o bien para fabricar pruebas que sustenten la incriminación de otras personas. Lo anterior se agrava debido a la falta de controles efectivos para garantizar la inmediata puesta a disposición de las personas detenidas ante la autoridad competente, lo cual facilita las retenciones prolongadas e ilegales, incluyendo en lugares irregulares. Si bien tanto el CAT como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han identificado la necesidad de que México cuente con un Registro Nacional de Detenciones, el Estado Mexicano no ha construido un Registro nacional, por lo que es necesario implementar un registro inmediato de detenciones en todo el país como instrumento para combatir las retenciones prolongadas e irregulares, que son espacios de mayor riesgo para la práctica de la tortura. Una vez que se pone a disposición a las personas, continúan los actos de violencia. De acuerdo con el ENPOL 2016, más del 40% de las personas se declaró culpable, porque recibió agresiones físicas, amenazas u otras presiones. En un sinnúmero de casos conocidos, este proceso culmina con la apertura de un proceso penal y a menudo la emisión de una sentencia condenatoria contra las víctimas de tortura, debido a que las y los juzgadores continúan admitiendo las pruebas que se obtuvieron violando derechos humanos. Cuando las personas detenidas denuncian que fueron víctimas de tortura, de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (TPCID), la regla de exclusión suele no aplicarse porque las autoridades judiciales exigen que las víctimas prueben la tortura, y que lo hagan a través de un peritaje médico-psicológico. Lamentablemente dichos peritajes no están disponibles, y cuando sí son practicados, generalmente lo son por personal no independiente, quien llega a conclusiones ‘negativas’ incluso cuando hay secuelas de tortura. Al mismo tiempo, la pequeña minoría de víctimas que tiene acceso a la realización de peritajes por expertos y expertas independientes suele enfrentarse a la práctica judicial de poner en duda la credibilidad de las y los peritos independientes La tortura se usa también para fabricar declaraciones y encubrir graves violaciones a derechos humanos. Un ejemplo emblemático es el caso de la 20
desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (Guerrero) en el 2014. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU investigó indicios de detenciones arbitrarias y tortura contra gran porcentaje de las personas detenidas, incluyendo personas cuyas declaraciones (ilícitas) fueron usadas para construir la versión de los hechos que la PGR difundió públicamente y usó como base de acusaciones penales: la Oficina examinó información sobre 63 personas, obteniendo en 51 casos indicios de tortura, y publicó un informe basado en 34 de esos casos, en los que tiene “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura”, incluyendo un caso en el que se documentó la muerte de uno de los detenidos, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por la Marina. La participación de los militares en tareas policiales durante los últimos 12 años no ha sido eficaz como estrategia de seguridad pública; entre las expresiones está el aumento de la violencia en estos años. La tasa anual de homicidios ha alcanzado niveles históricos en estas dos décadas. Al mismo tiempo, la militarización incrementó el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, privaciones arbitrarias de la libertad, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada y tortura. Según un análisis estadístico realizado por un equipo de reconocidas investigadoras: “[L] a tortura durante las detenciones aumenta en forma significativa con el inicio de la guerra contra las drogas en 2007. En diciembre de 2014, el Relator Especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, recomendó al Estado mexicano retirar a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública; la CIDH hizo la misma recomendación tras su visita al país, al haber constatado que en México la militarización ha tenido como consecuencia el incremento de la violencia, de las violaciones a los derechos humanos, así como el incremento de los niveles de impunidad80. Contrario a estas y otras recomendaciones internacionales, y a la evidencia sobre el impacto de la militarización en la violencia y las graves violaciones a derechos humanos, el modelo propuesto por la actual administración federal ha sido la creación de una Guardia Nacional militarizada para realizar tareas de seguridad pública. En este sentido, en febrero de 2019, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional (misma que fue validada por una mayoría de congresos locales en los 21
primeros días de marzo) que crea la Guardia Nacional, disponiendo que ésta se integrará por elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval y que la SEDENA y la SEMAR participarán en su establecimiento. Por otro lado, durante cinco años a partir de esta reforma, el presidente podrá seguir disponiendo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A pesar de que el modelo de Guardia Nacional aprobado establece plazos máximos para poner fin a ciertas formas de militarización actualmente vigentes, lo cierto es que permitirá que persista un riesgo elevado para los derechos humanos de la población. La política de seguridad pública de tradición represiva para mantener “el orden y seguridad” impulsada por el gobierno mexicano desde hace años, promueve el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura en contextos de protesta social. Un factor clave que subyace en estas violaciones de derechos humanos es un marco legal inadecuado sobre el uso de la fuerza, así como el hecho de que la policía carece de capacitación, equipos y liderazgo que la ayuden a responder adecuadamente a las protestas pacíficas. Lejos de adoptar medidas para proteger a los manifestantes de estos abusos, se ha pretendido adoptar legislación a nivel federal y estatal que legitime el uso de la fuerza en manifestaciones e incluso la persecución penal de los manifestantes con tipos penales como “disturbios” y “ataques a las vías de comunicación”. La experiencia que tenemos como organizaciones defensoras de derechos humanos es que en el país existe un subregistro de casos de tortura, debido a que las autoridades a menudo clasifican los actos de tortura como otros delitos de menor importancia. Es común que los agentes ministeriales no abran investigaciones ante denuncias de tortura, o bien que las abran, pero sin avanzar diligencia alguna, sin antes contar con resultados ‘positivos’ de un peritaje médico-psicológico practicado por la misma institución. En otras palabras, la víctima de tortura tiene la carga de la prueba de someterse a peritajes (generalmente no disponibles dentro de un plazo razonable, ni independientes), de cuyo resultado dependerá la realización de cualquier otra diligencia de investigación. En este punto, se ha identificado un patrón en el que los médicos legistas que realizan las revisiones físicas de las personas que llegan detenidas a la Agencia del Ministerio Público no registran o minimizan las lesiones presentadas, lo que conlleva posteriormente a la emisión de peritajes médicos-psicológicos oficiales basados en estos mismos primeros informes médicos, que, por ende, derivan en conclusiones falsas. En diversos casos, 22
la determinación de las fiscalías es concluir la investigación a través del archivo temporal o incluso del no ejercicio de la acción penal bajo el argumento que la víctima de tortura no ha demostrado los hechos, ya que, de acuerdo con los primeros informes médicos y la negativa de las autoridades investigadas de haber cometido la tortura, no se advierte la comisión de un hecho delictivo. Por otro lado, la presentación de peritajes realizados por peritos independientes resulta ser una labor de litigio para la asesoría jurídica de la víctima, ya que las autoridades de procuración de justicia no suelen valorar como pericial el dictamen independiente, bajo el argumento de que “no son concluyentes” o que “los peritos no cuentan con certificación” o que simplemente el juez no les dará el valor probatorio necesario por no haber sido realizados por peritos oficiales. En el caso de las mujeres indígenas, además de enfrentarse a los mismos riesgos durante detenciones, se enfrentan a la militarización en sus comunidades. Un ejemplo de las consecuencias de lo anterior son los dos casos paradigmáticos de dos mujeres indígenas Me’pháá, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, torturadas sexualmente por elementos de las fuerzas armadas en 2002, en donde la Corte IDH condenó al Estado mexicano. Estos casos, acompañados por “Tlachinollan”, son de los pocos ejemplos en los que existen juicios contra los torturadores, y en uno de ellos se dictó en junio del 2018, una sentencia histórica, al responsabilizar por primera vez a elementos militares por actos de tortura sexual (cometidos contra Valentina Rosendo Cantú). Ese caso es la excepción a la regla de impunidad, en donde el efecto de la presión internacional fue fundamental para que se dictara una sentencia con perspectiva de género e interculturalidad. La defensa de los elementos acusados apeló la sentencia, resolviéndose la toca penal 115/2018 el 7 de diciembre de 2018 con la confirmación de la resolución. Sin embargo, ahora los inculpados han acudido al juicio de amparo; es decir, la sentencia aún puede revertirse. A pesar de todo este cúmulo de pruebas y casos que planteamos ante el CAT, la nueva subsecretaria de asuntos multilaterales y derechos humanos, Martha Delgado, negó, como el gobierno de Peña Nieto, que la tortura en México sea una práctica sistemática y generalizada. Es preocupante que en este primer examen internacional, el gobierno de la cuarta transformación, quiera mantener intactas las huellas de un gobierno torturador. Publicado originalmente en Tlachinollan 23
A 42 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo María Florencia Aguilar
“Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror”. “Las Madres del Amor”. León Gieco. El 30 de abril de 1977, a poco más de un año de haber comenzado la última dictadura cívico-militar, un grupo de catorce mujeres que desconocían el destino de sus hijos decidió acercarse a Plaza de Mayo para ser escuchadas. Ellas fueron Azucena Villaflor, Berta Braverman, Haydée García Buela, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, una mujer de apellido De Caimi y una joven que no dio su nombre. La dictadura prohibió las reuniones entre más de tres personas. Luego de un llamado de atención de los policías que estaban en la Plaza, estas mujeres valientes resolvieron caminar lentamente alrededor de la Pirámide de Mayo, en grupos de dos, tomadas de la mano. Más de cuatro décadas después, todos los jueves a las 15:30 hs, las Madres, símbolo de lucha y dignidad mundial, continúan con su ronda, tal como ese 30 de abril de 1977. En sus redes sociales, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, bajo el lema “Con el corazón en lxs hijxs y la cabeza en la lucha”, invitaron a “celebrar un año más de lucha” y a “ser parte de la historia que no se detiene”. Este martes 30 de abril, las Madres que se atrevieron a todo y supieron salir a luchar en medio del dolor, marcharon en Plaza de Mayo, el lugar que las vio nacer y que las hizo eternas y realizaron un acto político cultural. Este material se comparte con autorización de Resumen Latinoamericano 24
CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 1 de Mayo de 2019