CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 2 de diciembre de 2020
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Tiempo de ruptura
Gustavo Esteva - La Jornada - Lunes 30 de noviembre de 2020 Sólo por ceguera políticamente patológica no se ve el significado actual del zapatismo ni se celebra su aniversario. Faltan ya palabras e imágenes para referirse a la catástrofe que estamos viviendo. El mundo que teníamos cae a pedazos alrededor de la peor manera imaginable. La ridícula promesa de regresar a cierta normalidad es otra forma de amenaza: se busca llevar aún más lejos el horror que caracterizaba ese mundo que desaparece. No hay optimismo posible. Todas las opciones están cargadas de violencia y destrucción. Parece imposible detener a una clase dirigente inmoral e irresponsable, que lleva adelante el despojo al que se dedica y devasta todo a su paso, la naturaleza lo mismo que el tejido social y la cultura. El colapso climático es ya conciencia general y experiencia cotidiana. Se repite, ansiosamente, que no sabemos si el nuevo clima será compatible con la vida humana. Si lográramos dejar de lastimarla como estamos haciendo quizá la madre tierra podría recuperarse; pero deberíamos hacerlo ya, ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Y así se pierde el ánimo: no se ve cómo lograr ese cambio tan radical, acabando de golpe el consumismo que nos hace cómplices de la destrucción que realizan quienes producen lo que consumimos… Se sabe también que el colapso socio-político es aún peor. Se necesita ser muy cínico para llamar todavía “Estado-nación democrático” a lo que hoy existe en el mundo entero o para sostener, contra toda experiencia, que puede haber un capitalismo responsable, honesto, con sentido social, capaz de traer bienestar a las personas y bendiciones a los pobres sin dañar al ambiente. Pero el imaginario político se habría agotado; no parece haber un régimen alternativo. Habría que actuar en ese marco. Y así, en esa condición tan desoladora como realista, cuando has1
ta el ánimo más audaz se desespera, el zapatismo cobra fuerza como fuente de esperanza. No es un cuento, una promesa, una ilusión. Menos aún una doctrina, un evangelio, una receta. Es una realidad nueva, construida a golpes de alma a lo largo de 37 años. Zapatismo es saber escuchar. Así nació. Y dijo bien el comandante Tacho: Dialogar no es simplemente oír al otro, a la otra, sino estar dispuesto a ser transformado por la otra, el otro. Quienes inventaron el zapatismo empezaron por escuchar-se, por dejarse transformar… y no han dejado de hacerlo hasta hoy. Por eso han cambiado continuamente. Una de las cosas más difíciles de entender es cómo cambiar profundamente, hasta el grado en que parece estarse caminando en sentido contrario al que se traía… sin traicionarse. El reto parece muy difícil, pero en el fondo es sencillo: “Para todos, todo; nada para nosotros”. Sí, así de simple. Se trata de comportarse al revés de lo que sostiene la norma dominante, que guía universalmente a la sociedad capitalista y es el reino del agandalle individual. Es zapatismo poner la mirada en lo que cada quien, en su lugar, puede transformar, aquello en que puede meter las manos. No imaginar el cambio como alguna utopía general, sino sentipensarlo haciéndolo, convirtiendo cada día en construcción del mundo nuevo. Y los zapatistas muestran como nadie cuán lejos se puede llegar mediante transformaciones basadas en empeños cotidianos localizados. Pero no es localismo. No se trata de aislarse del mundo. Al mismo tiempo, sin perder la pista, sin dejar de estar en contacto con el suelo que se pisa, levantar la mirada. Por eso los zapatistas organizan encuentros nacionales, internacionales, intergalácticos… y el año próximo irán a Europa. Se trata de entrelazarnos con otras y otros igualmente dedicados a construir el mundo en que quepan muchos mundos. Necesitamos como nunca celebrar el zapatismo y aprender a escuchar. Tenemos que dialogar con personas sumisas y obedientes que agacharon la cabeza ante instrucciones insensatas dadas en nombre de la supuesta pandemia. La campaña de miedo apartó 2
la atención general de las cosas que realmente importan y sigue contando los cuerpos que habrían sido afectados por el virus. En vez de culpar a los obedientes, que son las víctimas, hace falta dialogar con ellas y ellos, mostrarles en qué consiste el cuidado enraizado, consciente y abierto, realizado con otras y otros. En México, 2019 fue el año más violento del siglo y hubo más violencia, en términos proporcionales, que en cualquier otro país. Este año hubo más muertes de diabetes que las atribuidas al virus y siguen muriendo muchas más de condiciones claramente asociadas con nuestro modo de vida. Sólo enfrentaremos la amenaza real del virus resistiendo lo que nos debilita y enferma, y dando especial atención a los más afectados por ese enemigo que internalizamos con nuestros consumos. En vez de seguir hundiéndonos en el régimen ferozmente autoritario de la sociedad de control, que nos confina y aísla, necesitamos escucharnos. Escuchar ante todo a los zapatistas. Antes de que sea demasiado tarde. Cuando aún podemos alimentar esperanzas y realizar las rupturas necesarias. gustavoesteva@gmail.com
La estafa en la Montaña
Abel Barrera Hernández - La Jornada - 30 de noviembre de 2020 “Vamos a reconstruir Tlacoapa y lo vamos a dejar mejor que antes de las lluvias”, comentó Rosario Robles, en abril de 2014, a las familias del pueblo me’phaa, que perdieron sus viviendas por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, en septiembre de 2013. Haciendo gala del poder que ostentaba por su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria se lució diciendo “traigo la encomienda para coordinar todas las obras que se van a realizar en Guerrero”. El Congreso federal ya había autorizado 37 mil millones de pesos, para poner en marcha el Plan Nuevo Guerrero, en 2014. El gobernador Ángel Aguirre nombró a Miguel Alemán Velasco 3
como presidente del Consejo Ciudadano, en representación de la sociedad guerrerense, para dar seguimiento a la reconstrucción del estado. El plan promovería el desarrollo estatal integral de mediano y largo plazos, con acciones como el desarrollo logístico e industrial del puerto Balsas, en la Costa Grande de Guerrero, hasta el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán. La autopista intercostera que conectaría desde Michoacán hasta Puerto Chiapas; la autopista Puebla-Tlapa-Marquelia en La Montaña y la Costa Chica, y el camino Filo Mayor, en la Sierra de Guerrero. Ninguna secretaría proporcionó información sobre el avance de estas obras. Los millones de pesos se esfumaron entre los empresarios y los funcionarios federales. La rebatinga salió a relucir cuando el Congreso de Guerrero en 2015, solicitó al presidente de la República, la liberación de estos recursos que se encontraban en manos del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El mismo Senado de la República hizo un exhorto para que se informara el destino de estos fondos. Todo se mantuvo en la opacidad y los miembros del consejo ciudadano se encargaron de avalar las supuestas obras que se asignaron a empresas provenientes de los estados de México, Hidalgo y Michoacán. En 2014, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) manejó 2 mil 474 millones de pesos del Plan Nuevo Guerrero y reportó un avance financiero de 70 por ciento en cuanto a la reconstrucción de viviendas. En el siguiente año obtuvo 2 mil 804 millones de pesos, informando de manera general el ejercicio de 72.9 por ciento de los recursos autorizados. El puerto de Acapulco se transformó en el centro de estas transacciones financieras del Plan Nuevo Guerrero. La situación dramática de los pueblos de la Montaña quedó supeditada a los intereses macroeconómicos que se dirimieron entre los grupos de poder protagonizados por Rosario Robles y Luis Videgaray. El manejo discrecional de los recursos y la asignación de obras estuvieron palomeadas por la titular de la Sedesol de 2013 al 2015, y posteriormente como titular de la 4
Sedatu. El Plan Nuevo Guerrero tuvo otro aporte de 40 mil 222 millones de pesos, destinados a cuatro principios rectores: construir un nuevo Guerrero; implementar proyectos sociales para la productividad; promover el ejercicio transparente de los recursos y la participación ciudadana. Ante el manoseo truculento de los fondos para la reconstrucción, los pueblos de la Montaña crearon el Consejo de Comunidades Damnificadas (CCDM) para exigir su participación en las reuniones regionales e incidir en la toma de decisiones, relacionadas con la construcción de viviendas, reparación de puentes y caminos, así como la precaria infraestructura escolar y médica. Las comunidades desplazadas de los municipios de Malinaltepec, Acatepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán, Metlatonoc y Cochoapa el Grande, se vieron obligadas a improvisar campamentos en las cimas de la Montaña. La intervención del gobierno federal fue indignante porque se limitó a proporcionar despensas, colchonetas y láminas para acondicionar sus cobertizos. Los maestros y maestras se las ingeniaron para improvisar espacios, con pizarras y tablones para dar clases a las niñas y niños. Las mujeres se organizaron para instalar la cocina comunitaria, preparando los alimentos a ras de la tierra y con la leña que recolectaban los jefes de familia. Soportaron las inclemencias del tiempo durante un año, con la promesa de que el gobierno del estado se encargaría de comprar los terrenos, mientras la Sedatu se comprometía a construir sus viviendas. Con la entrega de folios hicieron creer a las familias damnificadas que en breve construirían sus viviendas. A pesar de que más de 15 comunidades contaban con los dictámenes del Centro Nacional de Prevención de Desastres que ordenaban su reubicación, los funcionarios federales endilgaron a las mismas comunidades su oposición a salir de sus terrenos agrietados. Ante la indolencia de las autoridades, el Consejo de Comunidades Damnificadas convocó a una marcha masiva en Tlapa para evidenciar la estafa del Plan Nuevo Guerrero. Su reclamo 5
sobre el manejo de los 70 mil millones de pesos, destinados a la reconstrucción de los pueblos, llegó a la Secretaría de Gobernación. Ante la indignación por tanta canallada, el gobierno federal apoyó el programa alimentario propuesto por los pueblos “que llueva maíz en la Montaña”. Acordaron también que la Sedatu verificaría en campo, el censo de las 4 mil 300 viviendas que reportó el CCDM. Recorrieron 121 comunidades de 12 municipios donde corroboraron que 4 mil 250 viviendas no habían sido registradas en la base de datos de la Sedatu. A pesar de esta protesta, pudo más la arrogancia y la ambición desmedida de la protagonista estelar de la estafa maestra. El caso de Tlacoapa es inaudito: es la única cabecera municipal de la Montaña que no cuenta con carretera pavimentada. Hasta la fecha los enfermos se atienden en la oficina del Comisariado de Bienes Comunales, porque el hospital básico no se encuentra equipado. Los casos de muertes maternas se han incrementado durante estos 7 años por la indolencia de las instituciones de salud. Las 119 viviendas reportadas con daños totales quedaron inconclusas. Algunas sólo cuentan con una base de cemento armada con tela para gallinero. Otras más sostenidas con armex y mortero. A quienes mejor les fue, cuentan con un techo agrietado que, en temporadas de lluvias, las familias se refugian en sus casas de cartón. Nunca más regresó a la Montaña la secretaria Robles que siempre mostró su animadversión contra los indígenas que la increparon. Las empresas Habitad, Grupo de Oro Fuerte SA de CV, Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial, llegaron a las comunidades para tirar un carro de arena y pedir la firma del comisario y de las familias damnificadas. Aun así, la organización de los pueblos no ha sucumbido. Con el nuevo gobierno de López Obrador se ha podido resarcir este grave daño. De las 4 mil 250 viviendas, se han construido 403 con el apoyo del INPI, la Conavi y la Sedatu. Es una experiencia inédita, donde las familias ejercen directamente los fondos de su vivienda, como una forma efectiva para desterrar la estafa de las empresas y las autoridades corruptas. 6
La guerra por el agua en Morelos
Luis Hernández Navarro - La Jornada - 30 de noviembre de 2020 Cuauhtémoc Blanco, el mediocampista mexicano que más goles ha concretado en competencias oficiales, anotó un autogol. El pasado 24 de septiembre, ya como gobernador de Morelos, declaró que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, “sabe quién” asesinó al activista Samir Flores Soberanes, pero no quiere revelarlo, porque tiene “miedo”. Samir Flores, el comunicador nahua que conducía el programa Amanecer ranchero en la radio comunitaria Amiltzinko, opositor del Proyecto Integral Morelos (PIM), fue arteramente asesinado afuera de su casa, en Amilcingo, Morelos, el 20 de febrero de 2019. Apenas el día anterior había participado en un encuentro organizado por el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Erik Flores, abogado de los paramilitares responsables del asesinato de 45 inocentes en Acteal, Chiapas. El herrero cuestionó allí “las mentiras que están diciendo acerca de la termoeléctrica en Huexca y el PIM”. Pero, en esa ocasión, Carmona hizo mutis. Eso, a pesar de que el 25 de septiembre de 2019, declaró ante el Congreso de Morelos que estaban identificados los asesinos del ambientalista y que a la brevedad serían aprehendidos. A raíz de sus declaraciones, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT) preguntó a Cuauhtémoc Blanco en un comunicado: “¿Usted sabe quién mató a Samir, señor gobernador? ¿Por qué dice que el fiscal tiene miedo? ¿A quién, a quiénes o a qué le tiene miedo? ¿Estaría usted dispuesto a declarar lo que sabe sobre el asesinato de Samir, señor gobernador?”. Su respuesta, como la del fiscal, fue un sonoro silencio. Agravio sobre agravio, el homicidio no esclarecido del indígena nahua adquirió aún más relevancia la madrugada del 23 de noviembre, cuando 300 elementos de la Guardia Nacional desalojaron dos campamentos que los ejidatarios instalados desde 2016, 7
en las orillas del río Cuautla, en San Pedro Apatlaco, para impedir el desvío del agua del cauce a la termoeléctrica en Huexca. Antes del amanecer, un campesino que hacía guardia en el plantón, mostró a los uniformados un amparo. Ellos respondieron que no querían verlo. La CFE y la secretaria de Gobernación han declarado, falsamente, que no hay impedimento legal para reanudar las obras. Pero los ejidatarios cuentan con 19 amparos vigentes y suspensiones de plano contra el PIM: nueve por el agua del río Cuautla y contra el acueducto. Tres más contra el acueducto, entre los que se encuentran los dos de los pueblos nahuas de Amilcingo y Atlixco. Y otro contra la termoeléctrica, interpuesto por Huexca desde 2014 (https://bit.ly/2Vd7L8L). Pero eso al gobierno federal le tiene sin cuidado. El agua del río Cuautla la usan los campesinos para sus siembras. Con ella riegan granos, frutas y hortalizas con las que dan de comer a sus familias. En ella les va su vida, su patrimonio y la sobrevivencia de sus pueblos. Según Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata: “Tenemos por concesiones, por decreto presidencial desde 1926 dotaciones todos los ejidos y se especifica claramente que toda el agua del río Cuautla y sus afluentes, incluyendo la planta tratadora pertenecen a los ejidatarios, es una sola agua, así que cómo la van a dividir ellos”. No siempre existió este choque entre obradorismo y pueblos morelenes. En mayo de 2014, en Yecapixtla, Morelos, Andrés Manuel López Obrador se opuso a la termoeléctrica. En un mitin, señaló: “No queremos la construcción del gasoducto o de la termoeléctrica o de las minas, ya que van a destruir el territorio y contaminar las aguas”. Añadió: “Imagínense que quieren construir una termoeléctrica, en Anenecuilco, la tierra donde nació el mejor dirigente social que ha habido en la historia de México, Emiliano Zapata. Es como si fueran a Jerusalén y construyeran un basurero tóxico o una planta nuclear”. El gobierno justifica la entrada en operación de la termoeléctrica para no perder los 25 mil millones de pesos que se han invertido en la obra. “La planta –dijo el Presidente– es de la CFE, de una 8
empresa pública, de una empresa de la nación […] Si no funciona la planta se pierde esa inversión, que es presupuesto público, dinero del pueblo”. “Avaló” la realización de la obra con una consulta patito, aprobada sólo por 24 mil 783 personas, en su mayoría habitantes de municipios ajenos al proyecto. En 2018, AMLO obtuvo en Morelos 613 mil 906 votos, 96.12 por ciento más que en la “consulta”. Sin embargo, más allá de pesos y centavos, el PIM es un proyecto sumamente riesgoso. El gasoducto que alimenta la termoeléctrica está instalado en una zona considerada de alto riesgo por la sismicidad causada por el volcán Popocatépetl. La terminal de ciclo combinado que la integra, instalada a unos cuantos metros de la población, está mal planeada y emite un ruido infernal. Por si fuera poco, se planea construir allí mismo otra terminal. Y, aunque se dice que usará aguas residuales, probablemente deberá tomar el líquido del cauce del río Cuautla. En Morelos, el agua, como la tierra, es de quien la trabaja. A sus pueblos, su defensa les viene como herencia. Y han sido fieles a ella. Así los hicieron zapatistas, jaramillistas, Vinh Flores (tío de Samir, asesinado como él por defender a su pueblo) y Samir Flores. Como hace 100 años, en la actual guerra por el agua, los herederos de Zapata y Jaramillo se disponen a hacer valer su legado. @lhan55
Biden o la restauración del Estado canalla Carlos Fazio - La Jornada - 30 de noviembre de 2020
El pasado 23 de noviembre, al anunciar sus primeros nombramientos, el virtual presidente electo de Estados Unidos (EU), Joe Biden, aseveró que “no hay tiempo que perder cuando se trata de nuestra seguridad nacional y política exterior”. En lenguaje orwelliano, Biden expresó su decisión de restaurar el papel del hegemón del capitalismo mundial como “Estado canalla” ( roguestate); la aplicación del imperio de la fuerza en los asuntos 9
mundiales que diferentes administraciones demócratas del último medio siglo han practicado con total fruición al margen de la Organización de Naciones Unidas y el derecho internacional. “Necesito un equipo listo desde el primer día que me ayude a recuperar el lugar de Estados Unidos en la cabecera de la mesa, unir al mundo para enfrentar los mayores desafíos que tenemos y promover nuestra seguridad, prosperidad y valores”, indicó Biden, recuperando los principales lineamientos de la doctrina de Estado canalla, que en distintos episodios contemporáneos ha exhibido la alarmante exacerbación del “menosprecio de las obligaciones contractuales” de Washington en el concierto internacional. Según Noam Chomsky, como muchos otros términos del discurso político, el concepto “Estado canalla” tiene dos usos: uno propagandístico, aplicado a determinados enemigos de EU, y un uso literal, que se aplica a los estados que no se consideran obligados a actuar de acuerdo con las normas internacionales, como ha sido el caso de EU. Ejemplos sobran. En 1963, en un informe a la American Society of International Law (ASIL, por sus siglas en inglés), el ex secretario de Estado Dean Acheson, consejero de cuatro presidentes de EU y principal artífice de la diplomacia de guerra de Washington en la época de la guerra fría, afirmó que la “conveniencia” de una respuesta a un “desafío (al) poder, posición y prestigio de EU (…) no es una cuestión legal”. Según él, el derecho internacional “no obliga” a EU. Acheson se refería al bloqueo a Cuba, uno de los principales blancos de la subversión, el terrorismo de Estado y la guerra económica de 11 sucesivas administraciones en la Casa Blanca. En 1993, el presidente Bill Clinton informó a la ONU que EU “actuará multilateralmente cuando sea posible, pero unilateralmente cuando sea necesario”. Y en 1999, durante el segundo mandato del demócrata, su secretario de Defensa, el republicano William Cohen –con el Congreso dominado por los republicanos Clinton nombró a Cohen jefe del Pentágono para enviar la señal de trabajar con espíritu bipartidista en temas de 10
Seguridad Nacional−, declaró: “No podemos convertirnos en la policía del mundo, pero tampoco debemos convertirnos en los prisioneros de los acontecimientos mundiales”. Agregó que EU estaba dispuesto a hacer “uso unilateral del poder militar” para defender “intereses vitales”, que incluían “asegurar el acceso sin obstáculos a mercados clave, aprovisionamiento de energía y recursos estratégicos” y, desde luego, todo lo que Washington pueda decidir que está dentro de su “jurisdicción interna”. Ahora, con absoluta fidelidad a los mitos del Destino manifiesto y el “excepcionalismo” estadunidense, Biden quiere sentar a EU en la “cabecera” de la mesa de las negociaciones internacionales. Para ello, los nombramientos de Antony Blinken como secretario de Estado, y de Avril Haines como directora de la Inteligencia Nacional, envían la señal de que habrá continuidad a la proyección imperial de Washington. Descrito como el alter ego de Biden y “vendido” con fines propagandísticos como reputado “europeísta” y garante del “multilateralismo”, Blinken, cuya nominación deberá ser confirmada por el Senado, forma parte del “partido de la guerra” de la era Obama, y desde el gobierno de Clinton se destacó por sus posiciones intervencionistas. Como asesor adjunto de Seguridad Nacional (2013-15) bajo la vicepresidencia de Biden, Blinken, cercano al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desarrolló planes de agitación y desestabilización política en todo Medio Oriente. Fue uno de los impulsores de la patraña sobre los arsenales de armas químicas de Bashar Al Assad en Siria, que llevó a la intervención militar de EU y al patrocinio encubierto, con 500 millones de dólares, de las milicias y grupos terroristas como parte de una operación de “cambio de régimen” de la administración Obama. Antes había apoyado la catastrófica invasión a Libia, en 2011. Como operador de la diplomacia de guerra de Washington, intentará ahora reforzar el papel de la OTAN para cercar a Rusia. Colaboradora de Biden, Avril Haines trabajó en la CIA en el gobierno de Obama, antes de suceder a Blinken como asesora adjunta de Seguridad Nacional. En 2013, como vicedirectora de la CIA 11
defendió el uso de técnicas de “interrogatorio mejorado” (sic) sobre militantes islamitas, prácticas que una investigación del Comité de Inteligencia del Senado calificó de “tortura”. Además, es responsable del marco legal de la secreta guerra de drones que costó la vida a casi 800 civiles presuntos terroristas en Pakistán, Somalia y Yemen; ella decidía quién debía ser asesinado. Ahora se convertirá en la primera mujer al frente de la llamada “comunidad de inteligencia”, una federación de 16 agencias que incluye a la inteligencia militar y civil, y oficinas civiles de análisis-estadístico que contribuyen a la planificación de misiones militares y actividades de espionaje en el exterior. Haines responderá directamente ante el presidente Biden. El próximo asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, es partidario de acentuar las herramientas no militares, en particular la guerra económica, para intentar separar a China, Rusia y Cuba de Venezuela, a fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro; sus ideas respecto a cómo hacerlo coinciden bastante con la estrategia empleada por Trump.
Para una historia razonada de las pérdidas Márgara Millán* - La Jornada - 28 de noviembre de 2020
Jean Robert escribió en 2017, en un texto denominado “En el espejo de la Escuelita Zapatista: por un sentido común controversial”**, que habría que realizar lo que denominó “una historia razonada de las pérdidas”. Hablaba de cómo la modernidad es una guerra contra la subsistencia de los pueblos y mostraba cómo es posible reconocer en la historia de la modernización, “un proyecto de transformación de los pueblos en una forma que desposee a los pobres de sus capacidades innatas y vuelve más ricos a los ricos”. ¿Cuáles eran esas capacidades innatas de “los pobres” que los múltiples proyectos modernizadores deshacen? ¿Cuáles y de dónde provienen los mecanismos que pueden ser entendidos como “una guerra contra la subsistencia de los pueblos”? 12
Jean Robert nos enseñó a mirar a los pueblos como colectividades creadoras de mundo, por cierto, no capitalista; mundo donde lo colectivo tiene aún densidad, tanto en las prácticas de la reproducción social de la comunidad, como en el horizonte de una vida plena y deseable. Ver su libro La potencia de los pobres, que escribió junto con Majid Rahnema en 2008. ¿Cómo se destruye la subsistencia de los pueblos? Parecería que esto que se denomina modernización, desarrollo, industrialización, son palabras que ocultan un hecho sustancial que podemos resumir como destrucción y colonización, ambos procesos históricos de larga duración. Procesos que en nuestro país no se detuvieron con la independencia, y tampoco con la revolución, continuaron durante la época nacionalista del Estado, se exacerbaron con el neoliberalismo y, por desgracia, continúan también en el “cambio de régimen” presente. Jean Robert menciona cuatro ejes de esa guerra contra los pueblos y sus formas de existencia: la guerra del Estado y del mercado contra la subsistencia; la enajenación, es decir, el abandono de la autonomía; la modernidad-modernización-occidentalización; y la coerción industrial. Así, resulta que a mayor grado de modernización –del entorno, de las formas de vida, del consumo– le es correlativa un mayor debilitamiento de la autonomía de los pueblos, es decir, un mayor debilitamiento para desarrollar y hacer florecer su diversidad de formas de vida y de autorganización, que por muchos años las naciones originarias, hoy denominadas pueblos indígenas, han cultivado y actualizado dentro de esta nación que de alguna manera les ha sido impuesta. ¿Y cómo actúa el Estado en este gobierno frente a esta realidad de los pueblos-naciones precedentes a la gran nación mexicana? El liberalismo republicano que defiende hoy, como antaño, el derecho individual y el interés nacional, es ciego frente estos sujetos políticos y sus derechos colectivos, es sordo frente a sus querellas y sus propuestas, frente a sus formas de entender y proponer alternativas al “desarrollo”. Para el Estado, la nación emana de él: “nación de Estado”, dice el maestro Bolívar Echeverría. Por eso su retórica nos resulta 13
tan lejana, porque se desvincula de la vida concreta de quienes dice representar. Y desde que la ideología del desarrollo domina el mundo, el mandato del Estado y su nación es “el combate a la pobreza”. Una pobreza, hay que decirlo, medida en las escalas de esta ideología del desarrollo, donde cada persona quiere tener un empleo, donde el dinero es lo que manda. Y es aquí donde podemos entender a cabalidad los ejes que más arriba consignábamos: la guerra del Estado y del mercado contra la subsistencia, es decir, contra la autonomía de los pueblos. Estado y mercado coinciden con esta ideología del desarrollo, que siempre va a destruir las bases necesarias para que existan la soberanía alimentaria y la diversidad cultural. La enajenación, es decir, las comunidades originarias son reconocidas como “pobres”. No como comunidades que han cultivado su autonomía, sujetos políticos que han persistido en la vida campesina, no asalariada, cultivando sus tierras, conservando su entorno, y cuando es necesario, defendiendo el agua y sus formas de estar en el mundo; comunidades que perviven frente a la industrialización masiva, la urbanización sin límite; y es ahí donde conectamos con la coerción industrial, que sólo imagina el desarrollo como grandes corredores industriales contra la vocación agrícola de los pueblos. Sólo así podemos entender la tozudez, la ceguera y la falta de escucha que este gobierno ha tenido frente a los ejidatarios y las comunidades que han dicho no a la termoeléctrica en Morelos desde hace años. Sólo desde este lugar de certeza inamovible se puede entender que el gobierno de la Cuarta Transformación se haya negado a dialogar con los ejidatarios, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, FPDTA-MPT; y que justo para conmemorar la Revolución Mexicana, y sobre todo la firma del Plan de Ayala, enviara a la Guardia Nacional para romper el plantón de Apatlaco y cumplir con su designio: la termo va porque va. ¿Quién necesita más electricidad en Morelos? ¿Porqué un corredor industrial en tierras de vocación agrícola? ¿Por qué empecinarse en echar a andar una termoeléctrica, que muy pronto será obsoleta, a menos de 300 metros del Jardín de niños del poblado de Huexca? ¿Por qué no tender puentes, escuchar argumentos, reconsiderar, hacer algo en común con quie14
nes fueron parte del movimiento de apoyo del actual Presidente? ¿Cómo comprender estas prioridades de quien dice –y dice mal– mandar obedeciendo? Y todo esto, después de que nadie da con el móvil del asesinato de Samir Flores. Luego de que la consulta en las comunidades afectadas por el Proyecto Integral Morelos claramente dijo no a la termoeléctrica. Este 23 de noviembre, es por todo esto, un día de tristeza, como lo fue el 20 de febrero del año pasado. A Jean Robert le interesaba la persistencia de eso que la modernización transforma. Y preguntaba, ¿qué es eso que la modernización transforma? Es, sin duda, la autonomía de los pueblos. Su pensamiento se hará presente en todas estas resistencias frente al desarrollo, que no es la solución, sino justo el problema. En memoria de Jean Robert. ** En Modernidades alternativas, coordinado por Daniel Inclán y Márgara Millán, México, UNAM-Del Lirio, 2017. *Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
Operación Chinameca
Gilberto López Y Rivas - La Jornada - 27 de noviembre de 2020 En la madrugada del 23 de noviembre, aprovechando la emergencia sanitaria de Covid-19, que “cayó como anillo al dedo”, expresaría el Presidente, cientos de militares con uniforme de la Guardia Nacional, acompañados de policías estatales y municipales antimotines, desalojaron y desmantelaron dos plantones-campamentos que ejidatarios mantenían pacíficamente en resistencia activa al Proyecto Integral Morelos (PIM), desde 2016, en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, Morelos, ubicado en las márgenes del río Cuautla. Esta acción represiva del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que bien podría ser denominada Operación Chinameca, se 15
efectuó a pesar de los 19 amparos vigentes y suspensiones de plano que protegen el agua que, por dotación presidencial, mantienen concesionada los 32 ejidos de Cuautla, Ayala y ejidos abajo desde 1926, para uso exclusivo agrícola, y, en consecuencia, no para la termoeléctrica de Huexca. Asimismo, Conagua reconoció, en documento oficial del 5 de octubre de este año, que el agua de la planta de tratamiento también forma parte de la concesión otorgada a los campesinos porque es agua de retorno, por lo que su uso para otros fines viola este derecho, vigente hasta 2035. Los labriegos desalojados, en carta enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denuncian, asimismo, las ilegalidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Asociación de Usuarios del río Cuautla Manantiales, Afluentes y Corrientes Tributarias Gral. Eufemio Zapata Salazar AC (Asurco) “para presionar a las asambleas de ejidatarios a firmar el desistimiento de los amparos y el desalojo del plantón a través de un convenio irregular, cuando hemos sido claros con: ¡NI UNA GOTA A LA TERMOELÉCTRICA! Las Guardianas y Guardianes del río Metlapanapa, en una denuncia en redes sociales, señalan la injusticia que el gobierno de López Obrador y la 4T ejerce contra los campesinos del plantón Zapatista de Apatlaco y contra los pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Recuerdan como en 2001, el PIM se hacía llamar Transportadora de Gas Zapata, “desde entonces a la fecha han pasado 19 años y cinco sexenios con gobiernos de diferentes colores y nombre (PRI, PAN, Morena), todos subordinados al mismo patrón: el gran capital neoliberal. Con el nombre de las empresas españolas Elecnor, Anagas, Abengoa y las distintas industrias que se le han sumado en el camino: Gas Natural del Noreste, Continental, Saint Gobain, Burlington, Nissan y la minera canadiense Álamos Gold, el presente gobierno de la 4T sigue obedeciendo fielmente a sus patrones capitalistas (…) El Presidente de la República, fiel a sus ídolos juaristas y maderistas, traicionó, una vez más, a los pueblos originarios”. 16
Por su parte, las y los integrantes del comité de redacción de la revista En el Volcán Insurgente, expresión de la corriente crítica de trabajadores de la cultura, que ha dado un seguimiento puntual a la problemática de Morelos, manifestaron su más enérgica protesta por el desalojo de los campesinos que a lo largo de estos años han defendido agua, territorio y comunidad. Consideran que con esta acción autoritaria se pretende imponer el Proyecto Integral Morelos, “al margen de la ley, de la voluntad expresa de los pueblos y del principio precautorio más elemental,” y se advierte que, de manera inmediata a la agresión militar, se iniciaron, esa madrugada, los trabajos de conexión del último tramo del acueducto para trasladar ilegalmente el agua del río y de la planta tratadora de Cuautla para enfriar las turbinas de la termoeléctrica de Huexca, llamando “a todos los ciudadanos a pronunciarse y exigir que se respeten la voluntad de los pueblos, frente a los megaproyectos etnocidas y ecocidas” (Correo Ilustrado, 24/11/20). Las protestas contra el ilegal desalojo se iniciaron el mismo día. Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada en el estado, informaba: “en rechazo a la operación, que incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros durante tres horas, (…) unos 200 campesinos y ejidatarios bloquearon seis horas la carretera Cuautla-Ayala, (…) encabezados por Jorge Zapata, nieto del general revolucionario Emiliano Zapata (quien) pidió a López Obrador cancelar el proyecto porque, subrayó, acabará con la vida campesina por la que luchó Emiliano Zapata. Vienen más manifestaciones más fuertes. Esto no va a parar aquí, apenas va a empezar, advirtió” (24/11/20). En representación de 17 de los ejidos y comunidades que llevan procesos legales, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) hizo un llamado urgente a todas las personas, pueblos, organizaciones nacionales e internacionales a sumarse a la protección del legado zapatista y detener la embestida neoliberal de concluir el PIM pasando por encima de los pueblos originarios. ¡Al EZLN, en su 37 aniversario! 17
El Mexe y el adiós a las normales rurales Zósimo Camacho - Revista Contralínea - 27, Nov, 2020
Las normales rurales del país se enfrentan al mayor reto de su historia. En el sexenio que más apoyo esperaban recibir –luego de décadas de estrangulamiento económico, acoso y ataques– podrían desaparecer. El discurso desde el gobierno federal reza que a estas escuelas no les faltará nada y que con la “cuarta transformación” saldrán fortalecidas. ¿Cómo es que están al punto del adiós si desde el Poder Ejecutivo se les aplaude por su contribución al país? Todo radica en lo que entiende el presidente, Andrés Manuel López Obrador, por normalismo rural. El modelo que se ensaya para las 16 escuelas normales rurales es el que se aplicará en la Escuela Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe, Hidalgo, institución de próxima “reapertura”. El Mexe fue uno de los pilares de la educación en México. En 82 años (1926-2008), formó miles de maestros que contribuyeron a transformar cientos de comunidades campesinas e indígenas del estado y de otras entidades de la República. Hasta el día de su cierre, tenía una vida académica vibrante y un sólido reconocimiento social. La vinculación de la escuela con las comunidades aledañas a su sede era tan estrecha que los pueblos consideraban a esta normal como suya y a sus estudiantes, como sus hijos. Y en muchos casos, la filiación era literal, pues la matrícula estudiantil se nutría cada generación con alumnos y alumnas provenientes de esas localidades. También esta normal era uno de los motores más potentes que animaban la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Los otros eran – y siguen siendo– Tenería, Estado de México (Lázaro Cárdenas); Ayotzinapa, Guerrero (Raúl Isidro Burgos), y Tiripetío, Michoacán (Vasco de Quiroga). El Mexe fue cerrada en un operativo ejecutado por los gobiernos federal (Felipe Calderón) y estatal (Miguel Ángel Osorio Chong), con el apoyo de las cámaras empresariales y los grandes medios de 18
comunicación. El cierre significó un duro golpe para el normalismo rural y para la FECSM que, hasta la fecha, no ha podido superar. El presidente, vehemente lector de la historia de México, tiene conocimiento de lo que significó El Mexe para el normalismo y para las luchas por la transformación del país. Sabe del poderoso mensaje que significa ser el presidente que “reabrió” la normal Luis Villarreal. Podrá decir: “Miren, mientras los neoliberales cerraron este pilar del magisterio, nosotros, la 4T, la estamos reabriendo”. Pero que le endilguen el apelativo de “normal rural” a cualquier escuela no la convierte en auténtica normal rural. Para ello debe contar con determinadas características tanto materiales como programáticas que la distingan de las otras instituciones de educación superior y, aún, de las otras normales que no son rurales. De entrada, las normales rurales son escuelas para pobres. El primer requisito que deben cumplir los aspirantes es provenir de familias campesinas u obreras que no tienen recursos para enviar a sus hijos a escuelas públicas (mucho menos, privadas). De hecho, representan la única opción real de acceso a educación superior para familias de la Montaña de Guerrero, la Sierra Tarahumara o la Sierra Mixe, por poner sólo tres ejemplos de un país donde un cuarto de la población vive en pobreza extrema y casi tres cuartas partes en pobreza a secas. El sistema del normalismo rural está diseñado para estas familias. Por ello, las normales rurales se caracterizan por ser internados. Los alumnos viven en la escuela y no tienen que estarse trasladando todos los días desde sus hogares. Algo que además sería imposible, pues provienen de comunidades apartadas, incluso de estados distintos a donde ubican los planteles. También tienen comedores que sirven tres comidas al día. Los alumnos no tienen que pagar cuotas o colegiaturas. Por el contrario, reciben una beca para sus necesidades académicas. Se les apoya, pues, para que se formen como maestros rurales. Ese es el modelo. De ahí el escándalo generado entre los gobiernos 19
neoliberales, para quienes la educación no es un derecho sino un “servicio” que los “usuarios” deben pagar. Además, el normalismo rural consta de cinco ejes formativos: el académico, por el que cumplen la currícula exigida por las autoridades educativas; el político, mediante el cual se preparan en materialismo dialéctico (marxismo) y se organizan para la defensa del normalismo rural; productivo, por el que se instruyen en técnicas de producción agropecuaria (milpas, huertas y granjas) y aprenden oficios (carpintería, herrería, serigrafía); el deportivo, consistente en el aprendizaje de las bases de la activación física y la práctica de deportes (como atletismo, natación, futbol o voleibol), y el cultural (con clubes de danza, música, teatro, payasística). Nada de esto tendrá El Mexe. Ni siquiera se les regresan sus instalaciones. Se podrá llamar Luis Villarreal y se le endilgará el apellido “normal rural”. Pero se trata de una escuela más. Ante las demandas de los egresados y los aspirantes para que se considere el internado, el presidente ha dicho que “no se puede todo; era becas o internado. Y se decidió que becas”. Las becas son similares a las que su gobierno de por sí ya destina a los estudiantes de educación media superior. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se prevé una disminución de recursos en 95 por ciento para las escuelas normales rurales. Probablemente es un error y no es de esa magnitud el tamaño del recorte. Pero cualquier disminución a sus presupuestos será un atentado contra estas escuelas que ya de por sí trabajan en raquíticas condiciones. Si la anunciada reforma al normalismo rural implica que las 16 escuelas se transformen en lo que ahora se proyecta para El Mexe, estaremos ante la andanada más fuerte contra estas escuelas desde 1968, cuando las Fuerzas Armadas cerraron la mitad de los planteles. La FECSM está hoy debilitada por la división en su interior. La llegada de la 4T causó confusión en sus filas y un sector creyó que la continuidad del normalismo rural estaba garantizada. 20
Los tecnócratas intentaron por todos los medios, incluida la violencia, cancelar este paradigma educativo. No pudieron. Hoy calculan mal desde el gobierno federal si piensan que no habrá resistencia activa de los estudiantes campesinos socialistas. Nunca ha sido pacífico el cierre de una normal rural. Fragmentos La Guardia Nacional encabezó el desalojo de los ejidatarios morelenses que se oponen a la termoeléctrica en sus tierras. El pasado lunes 23, a las 2:00 de la madrugada, los efectivos militares desmantelaron el plantón que los campesinos mantenían desde 2016. Vaya mensaje del presidente para los descendientes de Emiliano Zapata y para Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hay disposición de usar a la nueva Fuerza Armada cuando se trate de ellos.
La toma de edificios crece por parte de las feministas en México para presionar al Estado
Laura Castellanos - washingtonpost.com - November 25, 2020 La marcha del 25 de noviembre en la capital mexicana, que conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y fue replicada en otros lugares del país, comprendió un abanico de expresiones que fueron de las pacíficas a las radicales con destrozos, como parte de la mayor rebelión feminista en la historia de México y una de las más notables en el mundo. La beligerancia mostrada por algunas de las manifestantes es una respuesta desesperada, de contrataque simbólico, ante la crisis humanitaria provocada por la violencia patriarcal incrementada en la última década. En estos meses las mexicanas no solo han tomado las calles para protestar, también —cada vez 21
más— han recurrido a la apropiación de instalaciones educativas y gubernamentales como mecanismo de exigencia para que cese dicha violencia. De enero a octubre de 2020 se han registrado 777 feminicidios y 2,384 homicidios dolosos de mujeres, que representan la cifra más alta —hasta ese mes— en los últimos cinco años. Este lustro tiene también el mayor reporte de mujeres desaparecidas desde 1964, cuando inició el registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda: 35,968, de las cuáles 55% son menores de 18 años. Karla Quintana, la titular de la institución, ha advertido que hay un indicador “escalofriante” que revelaría que mafias de trata sexual pueden estar detrás, porque 90% de las menores tienen entre 10 y 17 años. Esta insurrección surgió en agosto de 2019, cuando mujeres manifestantes que protestaban contra agresiones policiacas, de forma inédita y a la luz del día, realizaron acciones directas: actos fuera de la institucionalidad o legalidad, algunos violentos, usados por movimientos emancipadores para confrontar el orden social. Estas acciones han comprendido cristalazos, pintas, cierres de vialidades, quema de objetos, y la toma de instalaciones escolares y gubernamentales, entre otros. La potencia de tal levantamiento ha sido la emergente cuarta ola feminista mexicana, multiplicada por medio de decenas de colectivos, llamados por ellas colectivas, que desde distintos frentes en el país confrontan las diversas violencias patriarcales y pretenden construir relaciones de género nutridas por la sororidad. Para las estudiantes, las tomas de instalaciones han sido la acción directa central como mecanismo de exigencia para erradicar el acoso sexual por parte de maestros y alumnos. Las precursoras fueron las universitarias de las facultades de Filosofía y Letras, y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes permanecieron cerca de un semestre al interior de los planteles. 22
La modalidad se replicó entre estudiantes de otros estados del país y alumnas de nivel medio superior de la capital, aun durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, lo que ha obligado a la burocracia académica, señalada por los colectivos feministas de encubrir a acosadores, a responderles. En algunos casos, la respuesta ha sido el encubrimiento o la cárcel en casos de destrozos, pero también las negociaciones exitosas. Esta vía salió del ámbito escolar y ha puesto en escena a nuevas actoras sociales, como las madres que tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Ciudad de México, para presionar por la resolución de los casos de sus familiares víctimas de violencia y convertir el lugar en un refugio para mujeres violentadas. Pero 13 de las activistas han sido citadas a declarar a la Fiscalía General de Justicia capitalina acusadas de robo, daño a propiedad ajena y daño a inmuebles. Yesenia Zamudio, una de las madres que participaron en la toma, logró presionar por el caso de su hija María de Jesús Jaimes, para que fuera reclasificado de “suicidio” a feminicidio. También obtuvo una disculpa pública por parte del gobierno federal y las autoridades del Instituto Politécnico Nacional, donde la joven estudiaba. La acción directa motivó a otras mujeres a replicarla, de manera simbólica o fugaz, en oficinas de derechos humanos de diversos lugares del país. Y aunque las que irrumpieron en la sede de Ecatepec, Estado de México, fueron desalojadas por la Policía, que las trasladó a la Fiscalía de Atizapán y atacó a otro grupo de feministas y de reporteras que esperaban al exterior, esa forma de lucha no ha sido suspendida. Un centenar de otomíes, la mayoría mujeres y menores de edad, tomaron las instalaciones centrales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, también en la capital, tras denunciar que la violencia institucional obstaculiza su proceso de solicitud de créditos para viviendas y protestar por los ataques paramilitares a 23
comunidades zapatistas en el estado de Chiapas. Se trata de la primera apropiación de una sede federal en la historia de las resistencias de los pueblos originarios. De igual forma sorprende que esta modalidad haya irrumpido, el 24 de noviembre, en el conservador estado de Puebla. Colectivos feministas, la mayoría integrados por universitarias, han tomado pacíficamente las instalaciones del Congreso local para exigir la instalación de una mesa de negociación que de cauce a la legalización del aborto y la aplicación efectiva del mecanismo de Alerta contra la violencia de género. Ante esta crisis, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido con recortes que han aumentado la vulnerabilidad de las mujeres. Integrantes de 116 organizaciones del Frente Feminista Nacional, con presencia en 25 de las 32 entidades del país, denunciaron que la política gubernamental hacia las mujeres ha sido clientelar —generalmente entregada de forma directa y no comunitaria— y para cubrir necesidades básicas, no enfocada en cambiar la situación estructural, lo que en su opinión ha hecho retroceder las condiciones sociales de las mujeres a las que tenían en los años setenta. Las integrantes del Frente señalaron además que la reducción de recursos para programas de atención de cáncer en las mujeres, salud sexual y reproductiva, y prevención y atención de las violencias de género, entre otros impactos, provocará más muertes. El Instituto Nacional de las Mujeres rechaza esas afirmaciones al señalar que el gobierno duplicará los recursos en programas de igualdad entre hombres y mujeres en el presupuesto de 2021, pero reconoce que ha habido desaparición de programas y que su resignación presupuestal aún deberá verificarse. Ante la inmovilidad del Estado para hacer frente a la crisis humanitaria por la violencia de género, tomar el espacio público para protestar y apropiarse de los edificios, se ha convertido en la última alternativa de las mexicanas para exigir su derecho a una vida libre de violencia, al aborto seguro y a la justicia social. 24
Ëëp. Entre el libro y la voz
Yásnaya Elena A. Gil - 29 Nov 2020 - El País En occidente el canto y la poesía fueron divorciándose paulatinamente hasta quedar totalmente separados en el canon contemporáneo Después de un tiempo de haber pasado unos meses en territorio paipai en el desierto de Baja California, mi amiga Elena Ibáñez, lingüista especialista en lenguas yumanas, me comunicó que uno de los últimos cantores tradicionales había fallecido. El tiempo en el que estuvimos en territorio paipai me ayudó a cuestionar todas las ideas que tenía sobre lo que es un pueblo indígena; hasta ese momento, mis reflexiones estaban bastante influidas por lo que observaba solamente en mi contexto mesoamericano. Durante los meses que estuvimos ahí nuestro objetivo, bajo la coordinación de Elena Ibáñez, era documentar lo mejor posible las lenguas de la familia lingüística yumana que lamentablemente se encuentran en inminente riesgo de desaparición, una parte importante del proceso de documentación implicaba hacer registros de la función poética de la lengua. A diferencia de ese fenómeno llamado literatura, en el que la producción poética se relaciona con un objeto, concreto o digital, que conocemos como libro, en otras tradiciones la creación poética se halla aún indisolublemente ligada al canto y a la música. En la tradición occidental, la poesía también estuvo estrechamente ligada a la música como la palabra “lírica” refleja, aunque en la actualidad quienes hacen poesía no sean concebidos como cantores sino más bien como escritores. Con algunas contadas excepciones que han causado mucha controversia, como el Premio Nobel de Literatura otorgado en 2016 al cantautor estadounidense Bob Dylan, la producción poética actual en la tradición literaria está relacionada sobre todo con la escritura más que con el canto. En contraste, el canto y la función poética mantienen una relación esencial en lenguas como el paipai o el raramuri y esta unión, en muchos casos, cumple funciones rituales o curativas dentro de cada una de estas culturas. Las personas especializa25
das en estos menesteres son muy apreciadas socialmente pero, como escribe Ana Cely Palma en su extraordinario libro escrito originalmente en lengua rarámuri y titulado Mirada interior en castellano, “el ‘escritor rarámuri’ no se imagina a sí mismo como escritor, su primer oficio es cantar y cantar es un acto comunitario cuyo servicio nadie cuestiona porque es tan necesario como otro cualquiera”. Su abuelo, el gran músico y cantor rarámuri Erasmo Palma, compuso más de 600 creaciones que evidencian este maridaje antiguo entre el canto y la poesía. Además de manejar los recursos del habla poética, estos especialistas manejan también las técnicas del canto propias de su tradición. En el contexto paipai, uno de los últimos cantores nos explicaba que las narraciones de la tradición oral están aderezadas de momentos en los que el narrador se detiene y canta una escena: la historia del héroe tiene un momento lírico en el que el narrador se detiene y canta la sensación que en el protagonista produce la contemplación de la luna llena mientras descansa sobre una piedra. Después de ejecutar el canto, el especialista en estos menesteres regresa a la historia formando así un corpus en el que la narración se conjuga con el canto de múltiples escenas. Lamentablemente, con la muerte de los últimos cantores y la inminente desaparición del paipai se habrán perdido las técnicas musicales y poéticas asociadas a este noble oficio. De regreso al sur, el antropólogo Pedro Pitarch recopiló en el libro La palabra fragante. Cantos chamánicos tzeltales las piezas poéticas cantadas con la que hombres y mujeres chamanes conjuran las enfermedades y acompañan los rituales en las comunidades tzeltales de Chiapas. Lamentablemente, este oficio se halla también en un inminente peligro de desaparición pues, como lo consigna Pitarch, no hubo ya aprendices que abrevaran de este corpus poético. La discusión sobre el hecho de que los cantautores en lenguas hegemónicas deben o no considerarse poetas para poder recibir premios de literatura muestra que en occidente el canto y la poesía fueron divorciándose paulatinamente hasta quedar totalmente separados en el canon contemporáneo. Antiguamente, los bardos 26
-narradores músicos y poetas ambulantes- recitaban y cantaban la historia de sus pueblos y ejercían su oficio como “un acto comunitario cuyo servicio nadie cuestiona porque es tan necesario como otro cualquiera”. En el territorio que hoy conocemos como Irlanda, los bardos tenían un reconocimiento social que les aseguraba estima, respeto y admiración. En otras latitudes, como en Mali en el continente africano, los especialistas ejercedores del canto y la poesía son conocidos como djeles, personas que adquieren y se entrenan desde temprana edad en los conocimientos específicos en estos menesteres que le son propios a su cultura. Otra característica en común entre los chamanes tseltales, los cantores paipai y rarámuris, los juglares y los djeles es que su poética prescinde de la escritura, en su lugar la memoria se constituye como el soporte por excelencia en el que se hayan plasmados los tejidos poéticos que se realizan a través del canto. Mientras que el poemario escrito constituye en la actualidad el cuerpo mismo de la poesía, en estas tradiciones son la voz y la memoria los vehículos que hacen posible la ejecución y la transmisión de las piezas poéticas. Si pensamos en el Poema de Mio Cid y en La Iliada no como libros u obras cerradas por la escritura sino como tejidos orales que vivían en la memoria de muchos juglares y otros tantos Homeros, su incorporación al canon literario resulta hasta extraño. Estas creaciones vivían en un sistema en el que el canto y la poesía aún no se habían divorciado y en el que la escritura no era el soporte de la poesía, por más extraño que suene ahora. La escritura como sinónimo de literatura aún no entraba en funciones y los soportes de lo poético eran la voz hecha canto contenida en la memoria. Esta tradición que en occidente se pone en entredicho cuando se discute si Bob Dylan puede o no recibir un Premio Nobel de Literatura, sigue muy vigente en los mecanismos poéticos de las muy variadas y contratantes lenguas indígenas. Lejos de las ferias del libro perviven tradiciones en las que la poesía se halla más cerca de la voz que de la escritura, más cerca del canto que del libro y estas tradiciones son reconocidas como un acto comunitario tan fundamental como otro cualquiera que no está 27
validado por editoriales ni por premios, becas o estímulos; se trata de tradiciones poéticas ligadas a la curación, a la fiesta y al ritual que, lamentablemente están amenazadas por la extinción lingüística. En todo esto pienso cada vez que me comunican la muerte de algún cantor tradicional que, como uno de los últimos de su estirpe, se lleva al otro mundo toda una poética en su memoria y en su voz.
Madruguetes y traiciones para imponer la termoeléctrica y el PIM Daliri Oropeza - Pié de Página - 24 noviembre, 2020
Son siete traiciones y dos madruguetes con los cuales la gestión de la autonombrada 4T busca imponer la termoeléctrica y el Proyecto Integral Morelos, pasando por encima de los derechos, las leyes, y justificando la soberanía energética del país El gobierno de la autonombrada 4T cree que con madruguetes y con la imposición de la termoeléctrica de Huexca a través de una serie de traiciones va a activar el Proyecto Integral Morelos, que abarca Puebla y Tlaxcala también. Un megaproyecto meramente energético. Justifican la entrada de la Guardia Nacional en pos de resguardar la soberanía energética. No hablan que detrás hay empresas extranjeras. No hablan del gasoducto y las zonas industriales proyectadas alrededor del Volcán Popocatépetl. Ignoran que las y los ejidatarios de Cuautla, activistas y pueblos afectados están reorganizando su lucha contra este megaproyecto industrial. Los ejidatarios tomaron las oficinas de la asociación civil Asurco (concesionaria del río Cuautla cuyo presidente firmó a favor del acueducto) y ahí colocaron el plantón desde donde tuvieron una asamblea en la cual invocaron al Jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata. 28
Una ejidataria de Ayala invitó a sus compañeros a tomar acción ante el atropello. No faltaron los “Zapata vive la lucha sigue”. Ya tienen próxima fecha de asamblea. Hoy aplaudieron después de que un ejidatario dijera que llegarán hasta las últimas consecuencias. Que la historia se repite, y no durarán en repetir lo qu sucedió en 1911, enunció otro ejidatario. La llegada de la Guardia Nacional a las dos de la mañana al plantón que impedía la terminación del acueducto que conecta el agua con la central termoeléctrica de Huexca —desde hace 4 años en Apatlaco, Ayala, orillas del río Cuautla— es solo un atropello más derivado de y traiciones en tiempos de la autonombrada 4T. Las 7 traiciones de AMLO y la autonombrada 4T ·A sus compromisos de campaña El presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó su propia palabra. En Yecapixtla, un mitin en mayo del 2014, prometio cancelarlo: “Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, esa termoeléctrica, y no queremos tampoco las minas que nada más van a destruir el territorio y van a contaminar las aguas”, dijo el político en su caminar por la presidencia. Ahora, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que se inaugura a finales de año. ·Al derecho y la ley como tal No importa que haya 19 amparos vigentes contra el Proyecto Integral Morelos: 9 por el agua del río Cuautla y contra el acueducto —que con el madruguete entraron a terminar— el cual conecta el agua con la termoeléctrica. 3 son contra el gasoducto, incluidos los de 2 pueblos nahuas: Amilcingo y Atlixco. Uno es contra la termoeléctrica, interpuesto desde 2014 por Huexca. Primero, Olga Sánchez Cordero titular de Segob mintió desde la mañanera que habían resuelto los amparos vigentes y lo único que hicieron fue sobreseer un amparo negándoles el derecho a 29
los ejidatarios de defender su derecho al agua y canalizar todos los expedientes abiertos sobre el PIM. Luego, el vocero de la CFE, Luis Bravo, aseguró que no existe ningún impedimento legal para el inicio de las obras ni para el inicio de operaciones “ya que no existe ninguna orden alguna de jueces que lo impida”. Destacó que la obra fue aprobada en una consulta y puso por delante el acuerdo con Asurco. Además la Conagua y Semarnat dijeron en octubre de 2020 que no está permitido el acueducto. Pero ya entraron a terminarlo. ·A los derechos de los pueblos La 4T se está brincando por completo el derecho de los pueblos en su extensión dimensional. Se vuela La Constitución: “El artículo 2º constitucional establece un marco general para el desarrollo de órganos de representación de las comunidades indígenas, reconociéndoles sus derechos a la autonomía y a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario y el acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales”. Como la propia CNDH lo define: “Los Pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 1) Además se trata de una traición a la Declaración universal de los derechos de los pueblos: -Artículo 1 Todo pueblo tiene derecho a existir. -Artículo 3 Todo pueblo tiene el derecho de conservar en paz la posesión de su territorio 30
-Artículo 5 Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior. -Artículo 6 Todo pueblo tiene el derecho de liberarse de toda dominación colonial o extranjera directa o indirecta y de todos los regímenes racistas. -Artículo 16 Todo pueblo tiene derecho a la conservación, la protección y el mejoramiento de su medio ambiente. -Artículo 17 Todo pueblo tiene derecho a utilizar el patrimonio común de la humanidad, ·A la libre determinación Varios de los amparos que tienen contra el megaproyecto son de pueblos nahuas por no haber sido consultados sobre el Proyecto Integral Morelos. AMLO realizó una consulta en febrero de 2019 después del asesinato del defensor del territorio, nahua de Amilcingo, Samir Flores Soberanes. Pese a que por más de 8 años los pueblos y comunidades han rechazado el megaproyecto. No obstante, en la propia consulta que realizó el gobierno de AMLO, los pueblos afectados directamente por el PIM dijeron que no quieren la termoeléctrica. En por lo menos 4 pueblos quemaron las papeleras y las urnas de dicha consulta. En Huexca, retiraron la casilla y realizaron su propia consulta en asamblea pública con más de 500 personas que firmaron en contra de la termoeléctrica. “Nosotros queríamos hablar con él [AMLO] y él se hizo sordo. Hoy no queremos hablar con él, hoy queremos que el Proyecto Integral Morelos se retire de nuestras comunidades y de nuestros territorios”, expresó Teresa Castellanos en el mitin de la conmemoración de los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata en Chinameca Morelos. 31
·Al medio ambiente y la salud Además, cualquiera de la autonombrada 4T o gobierno local omite por completo hablar de los daños ambientales o a la salud de quienes habitan cerca de la termoeléctrica o el gasoducto. En 2015 comenzaron las pruebas en la termoeléctrica: “los niños comenzaron a ser afectados. Como que se volvieron locos. Se peleaban”, relata Teresa Castellanos. Hasta la periferia de Huexca se escucharon los 110 decibeles de ruido que hace la estación. Las pruebas duraron tres meses, suficientes para que quienes ahí viven constataran: “perdimos la audición”. Salía gas gris de las turbinas, “nos enfermamos de gripa por meses”. Las aguas con químicos contaminaron las barrancas de guayabos y papayos, “ya nació un niño con un solo ojo”. Un ejemplo del daño que pueden hacer las termoeléctricas es lo que sucede en Europa donde, de las 30 empresas más contaminantes, 26 son centrales termoeléctricas. ·Al río y a los ejidatarios La CFE asegura que el agua que se necesita para enfriar el gas que echa a andar la termoeléctrica no vendrá del río Cuautla sino de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Sin embargo, es la misma agua que va al caudal del río, con la cual los ejidatarios ocupan para la siembra. Aunque digan que no afectarán el río ni el medio ambiente, y que no le quitarán el agua a los ejidatarios, resulta una falacia pues esa agua tratada que solía ser parte del caudal hará falta en el afluente para el riego. Les dicen que no faltarán aguas para su siembra, pero no dicen de dónde van a sacar el agua que dejaría de sumarse al río. ·A la memoria El mismo día que AMLO anunció que 2019 sería el “año de Emiliano Zapata”, es el mismo que descalificó a las y los defensores del territorio que protestaban contra la termoeléctrica y el 32
PIM en su mitin llamándolos “radicales de izquierda: para mí no son más que conservadores”. Ahí Samir Flores lo comparó con la traición de Madero a Zapata, por la cual fue asesinado. “Es lamentable lo de Andrés Manuel López Obrador. No puedo dejar de pensar en un momento: cuando Madero entra el poder y le da la espalda al general Zapata. Esto me recuerda a esa página de la historia”. A los pocos días lo asesinaron. Quienes imponen el proyecto Integral Morelos olvidan que está en tierra de Zapata, y en la región por donde El Jefe recorrió junto con su ejército. Los 2 madruguetes ·Asesinato de Samir Flores ·Cuatro días antes de la consulta obradorista sobre la termoeléctrica de Huexca, fue asesinado poco después de las 4 de la mañana Samir Flores Soberanes, persona nodal en la articulación de las resistencias y la defensa del territorio contra los megaproyectos en la región. El crimen sigue impune, pese a que Cuauhtemoc Blanco declaró qu el fiscal de Morelos sabe quién lo mató. Aún con el crimen sin resolver, quieren imponer el PIM. ·Desalojo del plantón de Apatlaco En la historia quedará cómo el obradorismo pasó encima de la voluntad y decisión de los pueblos y ejidatarios usuarios del río Cuautla la madrugada del 23 de noviembre de 2020 cuando, con más de 300 elementos de la Guardía Nacional en coordinación con la policía estatal desalojaron el plantón de Apatlaco. Desde 2016 este plantón evitaba la terminación del acueducto que activaría la termoeléctrica y el PIM. Los ejidatarios siguen inconformes con lo sucedido.
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RECOPILATORIO CAMINOS DE LA AUTONOMÍA BAJO LA TORMENTA 2 DE DICIEMBRE 2020