El Valle tiene Bancada: Proyecto de Ley 254 del 21 de julio de 2020 Matricula Cero
La crisis económica y sanitaria desatada por la pandemia del covid-19, así como las prevenciones decretadas por el gobierno nacional al establecer la cuarentena obligatoria la cual se extendió desde marzo hasta agosto del presente año, trajo consigo afectaciones a los y las estudiantes de estratos más bajos de universidades públicas y privadas. A raíz de esta situación, el movimiento estudiantil a nivel nacional posicionó en el debate público la necesidad de que el Estado y sus entidades territoriales encaminaran esfuerzos para financiar los semestres 2020-2, y en algunos casos, el 2021-1. El objetivo del movimiento estudiantil a nivel nacional era lograr la gratuidad en el pago de matrículas por parte de los y las estudiantes de las Instituciones de Educación Superior, con el fin de evitar la deserción que se prevenía a raíz de los problemas económicos que aquejaron a todas las familias colombianas. Así, desde universidades como la Universidad Surcolombiana, Universidad del Magdalena, Universidad del Tolima, Universidad Nacional, entre otras, se buscó establecer diálogos con los gobiernos locales, departamentales y el nacional para fijar los términos para que la matricula cero fue una realidad. No obstante, ante las negativas y la falta de voluntad política de los gobiernos, emergieron mecanismos de presión y de protesta desde los movimientos estudiantiles de cada universidad con el fin de lograr negociaciones que establecieran la gratuidad por lo menos en los siguientes dos semestres. Dadas las condiciones de aislamiento físico generadas por la emergencia sanitaria, la movilización masiva y en las calles podría implicar riesgos para la salud de los manifestantes y sus familias. De esta forma, decidieron los y las estudiantes tomarse las universidades y realizar huelgas de hambre como mecanismo de presión contundente para en primera medida, ser escuchados, tenidos en cuenta y a partir de ello, establecer negociaciones que permitieran el logro de la matricula cero.
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Tras días de protesta y huelga de hambre, distintas universidades lograron la matricula cero o en buena medida, descuentos para determinados estratos socioeconómicos. Por su parte, en medio de la coyuntura, la bancada de la oposición presentó el Proyecto de Ley 254 del 21 de julio 2020 “Por medio del cual se garantiza matrícula cero”. Presentamos en esta entrada la posición de los congresistas del Valle del Cauca Christian Garcés -Representante a la Cámara por el Centro Democrático- y Wilson Arias -Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo- sobre este proyecto de ley. Sus posiciones responden al respaldo o no de este proyecto, a su viabilidad y a la posibilidad de garantizar en futuras situaciones el acceso a la educación superior de calidad de manera gratuita. Para el Representante Garcés “lo primero que debemos hacer es buscar la viabilidad financiera de este tipo de propuestas para poderlas materializar. El Covid-19 golpeó muchos sectores sociales y económicos del país, incluyendo el sector académico. De ahí la necesidad de trabajar por el fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas. Me preocupa que el proyecto de Ley se enfoque únicamente en las primeras, toda vez que las IES privadas atienden buena parte de la demanda existente en el territorio nacional y juegan un rol indispensable para la generación de conocimiento en Colombia”. No obstante, considera que, ante la escasez de recursos públicos, la aprobación del proyecto sirva para profundizar los huecos fiscales del Estado. En este sentido, propone hacer equipo con el Ministerio de Educación Nacional el Ministerio de las TICs y las IES públicas y privadas “para encontrar alternativas de solución que no generen impacto fiscal, entendiendo que la capacidad de endeudamiento del Estado es limitada, que incitar al gasto público siempre incide en el alza de los impuestos y que no existe un camino único para lograr la matrícula cero, o algo que se le parezca”. Por su parte, el Senador Arias afirma que está totalmente de acuerdo con la propuesta. Para él, la actual coyuntura ha acelerado la crisis económica por lo que es necesario “garantizar derechos de manera universal y no focalizada, lo que históricamente nunca ha sido así, por el contrario, ha prevalecido la política de la hiper focalización,
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financiarización de la educación y disminución de los aportes del Estado a las IES”. En términos financieros, según la respuesta del Ministerio Nacional de Educación, la matrícula cero para todos los estudiantes de las IES a nivel nacional costaría 700.000 millones de pesos semestrales, es decir, 1.4 billones anuales, “el mismo monto que el gobierno nacional le iba a prestar a Avianca”. En cuanto a las limitantes de este proyecto de ley, el Representante del Centro Democrático afirma que su preocupación radica en que “se trata de una iniciativa que de ser aprobada nacería desfinanciada. Sólo sería viable si replantean sus fuentes de financiación y tiene en consideración que las IES públicas también deben poner de su parte para hacer realidad la matrícula cero o algo que se le parezca. Para lograrlo, sugiero administrar los recursos con los que cuentan más eficientemente, recortar burocracia innecesaria y fortalecer la cooperación con los organismos de control y las veedurías ciudadanas, para prevenir episodios como los registrados en la Universidad Distrital a finales de 2019 en Bogotá”. En un sentido contrario, el Senador Arias considera que la limitante sobre todo es de voluntad política: “me permito expresar que este tipo de iniciativas siempre se ven afectadas por la voluntad política de las mayorías del congreso de la república, que, en materia de derechos e inversión social, siempre han estado del lado del gobierno nacional y su doctrina de la austeridad fiscal. Más, si es un proyecto de Ley que busca generar gratuidad de manera indefinida, cuando la política del gobierno Duque ha sido de regresividad tributaria, negando la posibilidad de aumentar la tributación de los más ricos y así costear derechos como la Educación o mejoras para la salud”. Frente a la posibilidad de sostener este tipo de iniciativas en el tiempo con el objetivo de garantizar el acceso universal a la educación superior pública de manera gratuita, el Representante Garcés afirma que “sería ideal que la Educación Superior pública a la larga fuese gratuita, de calidad y de la más amplia cobertura. Pese a ello, lo cierto es que la matricula cero en el mediano y largo plazo es inconveniente para la Nación”. A su vez, añade que “la realidad es que el actual Gobierno Nacional heredó un país que ya contaba con un déficit de 4.6% PIB, ahora para la atención de la pandemia y la
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financiación del presupuesto actual y del año entrante, se hizo necesario que el Ministerio de Hacienda recurriera a créditos internacionales y alcanzara un déficit de 8.2% PIB, por lo cual mantener una medida como la propuesta, de momento es inviable”. En este mismo sentido, para el Senador del Polo Democrático Alternativo, solo es posible hablar de una verdadera política que garantice el acceso real a la educación pública si se modifica la ley 30 de 1992, fundamentalmente en sus artículos 86 y 87, los cuales a su juicio han sido los generadores del déficit histórico de las 32 universidades públicas del país que asciende a los 18.2 billones de pesos. Así, considera que el alcance de este tipo de iniciativas es permitir dos cosas: “la primera, propiciar el debate sobre los riesgos y defectos del actual modelo en un enfoque de derechos, cobertura y calidad; y, en segundo lugar, debe darse un acuerdo común donde se posibilite transitar hacia un modelo de educación superior, pública gratuita y de calidad. Así, si bien la Matrícula cero obedece a un momento coyuntural, con la urgente necesidad de evitar una masiva deserción estudiantil, en todo caso la medida de gratuidad debe prolongarse para convertir la Educación Superior en un Derecho fundamental cobijado por el Estado”. Así pues, las posiciones de los congresistas se encuentran en un punto: la educación superior debe ser gratuita -para el caso del Senador Arias- y debería ser gratuita -en el caso del Representante Garcés-. Este punto de encuentro, pero también de distanciamiento radica fundamentalmente en un aspecto: la capacidad del Estado en lograr este tipo de políticas. Para el primero, el Estado debe aunar esfuerzos y del mismo modo, cuenta con la capacidad de lograr implementar políticas que permitan el acceso a la educación superior de manera gratuita. Por su parte, para el Representante Garcés, en medio de la coyuntura actual y en medio de los déficits fiscales que atraviesa el país, no es viable lograr este tipo de iniciativas meramente a partir de la financiación del Estado. Se trata entonces, de una responsabilidad que para cada caso debe ser o no debe ser asumida por el Estado.
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