“Ley de Solidaridad Sostenible”: Algunos aspectos clave y posiciones desde la Bancada del Valle del Cauca en el Congreso de la República. En la entrada anterior visibilizamos algunos de los puntos que se habían anunciado de manera especulativa sobre el proyecto de reforma tributaria, causando polémica en distintos sectores de la sociedad colombiana, entre ellos, la bancada vallecaucana en el Congreso de la República. En el presente caso, se busca abordar, ya de manera explícita, algunas de las disposiciones contenidas en la “Ley de Solidaridad Sostenible”, que han causado polémica y han sido objeto de debate académicos, analistas y especialmente por congresistas. El jueves 15 de abril del año en curso, el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso de la República la propuesta de reforma tributaria por medio de la cual busca recaudar 26,1 billones de pesos para aliviar el déficit fiscal que ascendió a los 90 billones producto de las demandas económicas generadas en medio de la pandemia. El Proyecto de Ley tiene por objeto “optimizar la política fiscal para consolidar una infraestructura de equidad en un marco de sostenibilidad de las finanzas públicas, que contribuya a fortalecer la política de erradicación de la pobreza” a partir de la redefinición de la regla fiscal, la focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales. En relación con este último aspecto, a saber, la redistribución de cargas tributarias, el texto preparado por el Ministerio de Hacienda contempla gravar con IVA del 19% los servicios de agua, luz y gas para los estratos 4, 5 y 6 y el servicio de internet para estratos 3 en adelante. De igual manera, algunos productos de la canasta familiar pasarán de estar exentos de cobro al IVA para ser excluidos, esto quiere decir que la devolución del IVA que se hace a el proceso de costo de producción se eliminará, incrementando inevitablemente el costo de estos productos. La gasolina y el ACPM serán gravados con el 19% afectando a propietarios de automotores, pero también los costos en el transporte público y en el transporte de productos desde zonas rurales a urbanas.
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Así, los costos de la vida cotidiana se encarecerán sin tener en cuenta los altos niveles de desigualad que existen en los ingresos de las y los colombianos. En este punto, quienes se verían afectados en mayor medida serían las clases medias y empobrecidas ya que, al tener menos ingresos, estarían al mismo nivel tributario de personas con mayores riquezas. Esto, sin tener en cuenta las fronteras difusas entre estratos y desconociendo las realidades de miles de hogares en los que el estrato es un número asignado por el lugar en el que vive, sin tener en cuenta realmente los ingresos mensuales. A partir de la imposición de mayores cargas tributarias a las clases populares en la canasta familiar, en los medios de transporte y en el pago de servicios públicos, se plantea recolectar 7,2 billones de pesos en 2022. Asimismo, contempla una disminución en el ingreso anual por el cual las personas naturales deberían declarar y pagar renta. Para 2022, aquellas personas que devenguen 2,4 millones de pesos mensuales deberán declarar renta. Para 2023, estas mismas personas deberán pagar renta (alrededor de $64.000 pesos anuales) mientras para quienes sus ingresos superen los 1,6 millones de pesos será obligatorio declarar renta. La idea de esta propuesta es ampliar los aportantes del impuesto de renta ya que para para el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, devengar más de 2,4 millones de pesos mensuales es sinónimo hacer parte de la población con niveles altos de ingreso. Por su parte, también expidió la posibilidad para las administraciones municipales de las capitales del país, previa aprobación del Concejo Municipal, el establecimiento de peajes al interior de las ciudades con el objetivo de recaudar recursos que serían utilizados en el mantenimiento del estado de las carreteras, cuya responsabilidad recae sobre la Alcaldía. En este sentido, los costos de transporte se incrementarían aún más si se tiene en cuenta que el combustible será gravado con IVA y a su vez, habrá que pagar determinadas cifras por acceder a determinado lugar de la ciudad por medio de vehículos privados o de transporte público. Un duro golpe para la ciudadanía empobrecida que no reconoce las situaciones de pobreza que se han ido incrementado por la pandemia.
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Para algunos analistas, como el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, Jorge Rodríguez, se trata de una reforma que directamente ataca el bolsillo de la ciudadanía del común mientras sostiene los problemas históricos de la tributación colombiana: la imposibilidad de gravar grandes capitales con impuestos que permitan la financiación del Estado y la redistribución de la riqueza. Si bien se contempla un impuesto al patrimonio del 1% para riquezas de más de 5000 millones de pesos, se trata de un impuesto transitorio que no da cuenta de una intensión por gravar los grandes capitales en el país. Al respecto, diversas posiciones han surgido por parte de la Bancada del Valle del Cauca en el Congreso las cuales han sido rastreadas por Twitter. Empezando por el partido de gobierno, los congresistas Christian Garcés, John Harold Suárez y Gabriel Velasco han coincidido con la posición de su bancada sosteniendo la inviabilidad de gravar productos de la canasta familiar y servicios públicos con IVA del 19%. Christian Garcés @ChriGarces 18 abr. Desde el @CeDemocratico proponemos que en la Reforma Social Sostenible los servicios públicos queden sin IVA para todos los estratos. Solidaridad y sostenibilidad son reactivación #CDPropone Gabriel Velasco Ocampo @gabrieljvelasco 18 abr. El @CeDemocratico propone que no se cobre IVA a servicios públicos en ningún estrato. ¡Solidaridad y sostenibilidad son reactivación! John Harold Suárez Vargas @jhsuarezv 18 abr. Referente a la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, NO apoyaremos: Cobro del IVA a los servicios públicos ni a la canasta familiar. Gravámenes a pensiones. Medidas que afecten a los campesinos colombianos. #LeyDeSolidaridadSostenible Por su parte, desde personalidades de otras colectividades partidistas se han encontrado duras críticas al documento de reforma:
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Wilson Arias @wilsonariasc 15 abr. ¡Absurdamente increíble! La Reforma Tributaria le desmonta impuestos a los más ricos. Antes los accionistas que ganaban dividendos por más de $10 millones de pesos pagaban tarifa del 10%, con esta reforma pagarían tarifa del 0% por recibir hasta de $29 millones. #AtracoTributario 17 abr. A hoy puedo confirmar que la #ReformaTributaria pone a declarar renta en 2022 a quienes ganen $2,4 millones de pesos, no $4 como dijo el Gobierno, que sí viene con sobretasa a la gasolina, IVA a servicios públicos, trae recortes sociales y beneficios tributarios para banqueros. Luis Alberto Albán Urbano @AlbanComunes 16 abr. #LaReformaEs #LaGranEstafaTributaria, una medida que buscan que seamos los colombianos de a pie quienes paguemos la crisis que el mal gobierno ha generado. Roy Barreras @RoyBarreras 17 abr. Reforma Tributaria que cobra a colombianos por comer,por beber agua,por trabajar,por pensionarse y por morirse para recoger 14 billones para aviones de guerra + fracaso en vacunación + fracaso en seguridad + destrucción de la paz + glifosato: Sobran motivos para #ParoNacional28A Juan Fernando Reyes Kuri @ReyesKuri 16 abr. El ex MinHacienda, J.C. Echeverri, dijo que el cannabis podría evitarnos una reforma tributaria, pero el gobierno hoy prefiere ponerle IVA a servicios públicos y gasolina, y encarecer canasta familiar. ¡#LaReformaEs insistir en meterle la mano a los bolsillos vacíos de la gente!
A partir de lo anterior, se puede visibilizar la postura de algunos representantes del Valle del Cauca frente al proyecto de reforma tributaria. Sin embargo, pese a que el trámite de aprobación de la misma requiere debates y reformulaciones sobre la misma al interior del Congreso, la
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ciudadanía, desde diversos sectores sociales, ha convocado a una movilización nacional el 28 de abril, con varios objetivos claros dentro de los que se encuentran la necesidad de la implementación efectiva de los Acuerdos de Paz, el cese del tratamiento de guerra a las comunidades de zonas rurales con presencia de cultivos de uso ilícito, por el derecho a la vida y en contra de la reforma tributaria mal denominada solidaria.
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