IMPORTANCIA DE LA MEJORA REGULATORIA EN EL ENTORNO MIPYME, UNA MIRADA A LA METODOLOGÍA AIN

Representación gremial

Rosmery Quintero Presidente Ejecutiva Nacional de Acopi

La mejora normativa es una de las tres palancas que, conjuntamente con la política fiscal y monetaria, permiten una mejor administración de la economía, la implementación de políticas y la corrección o estímulo de comportamientos de los miembros de una sociedad. Adicionalmente, las economías con una mejor regulación presentan incrementos de 2 a 3 puntos porcentuales en su PIB y son más resistentes al enfrentar externalidades negativas generadas en el mercado (OCDE, 2011).

A partir de este escenario, en el año 2004 se emite por primera vez el concepto de Análisis de Impacto Normativo en el país como campo que busca tres aspectos fundamentales: (1) Adopción y adaptación de herramientas, (2) Desarrollo institucional y (3) Generación de capacidades; todas estas consecuentes en elevar los niveles de calidad de las normas que se expiden desde el Gobierno Nacional.

Años posteriores, y estructurado el CONPES 3816, titulado “Mejora normativa: análisis de impacto” se emite todo un conjunto metodológico consecuente a estudiar los resultados generados a partir de una nueva o actual normatividad, para determinar sus impactos económicos, fiscales, ambientales y sociales.

De esta manera, se espera solventar los problemas consecuentes a normas contradictorias o poco claras que afectan el desempeño nacional a nivel competitivo, impidiendo el surgimiento de nuevos emprendimientos y provocando un difícil desarrollo, crecimiento y sostenimiento de las mipyme, ya que persiste el desequilibrio entre la relación costo – beneficio de seguir las normatividades actuales y/o someterse a las regulaciones vigentes que inciden en su actividad comercial, además de los bajos niveles de confianza, efectividad y transparencia y calidad de la producción normativa colombiana.

Explicada la importancia de su implementación, Acopi en su papel de gremio representativo de las mipymes ha hecho uso de esta metodología a través del estudio “Simplificación normativa y políticas diferenciales”, aplicando un análisis ex – post a las problemáticas de largos períodos de facturación y reembolso de incapacidades médicas, las cuales han tenido relevancia en la composición del CONPES 3956 de política de formalización empresarial y han ayudado a estructurar el proyecto de ley de plazos justos, próximo a debatirse en este mes.

A ello se suma la inclusión del AIN en los aportes realizados al Plan Nacional de Desarrollo y por último a la propuesta de actualización de la Ley 590 del 2004, el cual introduce la herramienta de Análisis de Impacto normativo como uno de los pilares consecuentes a mejorar el desempeño del segmento, esto, por medio del fortalecimiento de los Consejos superiores Pymes y de microempresas y/o Comisiones Regionales de Competitividad que comprendan en su estructura unidades regionales de impacto normativo.

Como resultado se espera una tarea más especifica en identificar los problemas normativos, obstáculos, o cuellos de botella a nivel regional referentes a trámites engorrosos o de gran dificultad para el segmento de las mipyme, creando una institucionalidad fuerte, que no solo incida en fomentar una mayor productividad y competitividad en el segmento, sino que, a partir de investigaciones propias, cree estrategias relevantes para potencializar el desenvolvimiento de estas empresas.

Adicionalmente, a través del Gráfico 1, se ilustran las nuevas funcionalidades propuestas por nuestro gremio hacía estas entidades, propendiendo crear una sinergia entre cada una de ellas para alcanzar al objetivo final de generar un entorno económico pro - mipyme.

Así las cosas, esta iniciativa además de permitir evaluar a un nivel más específico los beneficios o amenazas de las estrategias económicas que imperan en el país, también enfatizará en normativas que vayan de la mano con la creación de productos especializados por región, en aprovechamiento de sus características climáticas y avances a nivel tecnológico que generen valor agregado al bien y/o servicio final ofertado.

Estas unidades de análisis normativo tendrán como soporte técnico a gremios empresariales como Acopi, que divisen y evalúen de una mejor manera el panorama económico de las mipyme, siendo fuente directa de información sobre las posibles barreras técnicas existentes en la actividad comercial de las empresas, y a su vez la potencialización de sus actividades económicas regionales.

De esta forma, se expone la transversalidad y relevancia de la implementación de esta herramienta de análisis de impacto normativo a nivel económico, social y político en el país, concatenado entre otras cosas a afianzar los niveles de formalización empresarial y hacer más atractivo el mercado nacional, destacándose como una solución factible para fortalecer las políticas públicas próximas que incentiven la creación de empresas y propendan a dinamizar la capacidad de crecimiento en las empresas.