Corrupción en México: ¿Una Cuestión Cultural?

Mtro. Héctor Torres Sánchez, Asesor Independiente Académico de la EBC y de la FESC de la UNAM, htc.31h@gmail.com

Indudablemente, uno de los problemas que más afectan a nuestro país, por todas las implicaciones que genera, es la corrupción. El gobierno federal actual llegó al poder con un candidato que enarbolo como bandera principal la del combate a la corrupción, en su campaña prometía que a partir del 2 de julio de 2018 -un día después de la elecciónla corrupción terminaba. Ya cerca de las votaciones, el candidato, cambió la fecha a la toma de posesión, el 1 de diciembre de ese mismo año, la promesa se mantenía. Ya en el gobierno, durante casi cuatro años, y mostrando un pañuelo blanco, en más de una treintena de veces , en sus conferencias matutinas afirmaba que en su gobierno ya no había corrupción, sin embargo, la realidad mostraba circunstancias diametralmente distintas. Ante el escándalo y la gravedad del caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), en octubre de 2022, atino a declarar: “sigue habiendo corrupción, pero ya no es como antes.”

A nivel mundial, dentro de los indicadores que se encargan de evaluar el desempeño de los países en materia de corrupción, uno de los más antiguos y significativo es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que anualmente publica Transparencia Internacional, con sede en Alemania. En este indicador, desde 1995 el desempeño ha sido malo, la calificación de nuestro país, en aquel año, fue de 32 en escala de 100, y a pesar de haber alcanzado un “pico” en el 2002 con 37 puntos, la evaluación histórica más alta (en ese año influenciada por la creación del, en aquel entonces, Instituto Federal de Acceso a la Información) y la más baja en 1997 con un puntaje de 25; la realidad es que en estos 28 años los resultados, entre esas dos cifras, han sido mediocres y revelan la falta de avance en esta materia. Es relevante tener presente que en los últimos tres años la puntuación de nuestro país se ha “estacionado” y ha sido de 31, cifra más cercana al histórico más bajo, que al más alto.

En este mismo renglón, comparando a México con los países del continente americano, los resultados no son alentadores: para 2022 la media continental es de 43, el país mejor evaluado es Canadá con 74, mientras que el peor es Venezuela, con una puntuación de 14, a partir de ello, se aprecia que nuestro país, con la calificación de 31, se encuentra por debajo de la media continental, a 43 puntos de la calificación más alta y tan solo 17 por encima de la más baja. Estos resultados no son aislados, en otros indicadores tanto globales como regionales la tendencia del desempeño de México se encuentra con un comportamiento de deterioro como constante, es decir, sin mostrar alguna mejoría. Así lo muestra, por su parte, la organización internacional World Justice Project que publica, desde 2015, el Í ndice de Estado de Derecho (IED), en este indicador el puntaje se mide en escala de 0 a1 y considera la evaluación de ocho componentes, de los cuales, el segundo se denomina Ausencia de Corrupción, en cual el resultado obtenido por nuestro país en 2015 fue de 0.33, mientras que para 2021 ha llegado a 0.26, resultado que se repitió en 2022. Otro referente, a nivel de América Latina, está representado por el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (ICCC) que, a partir de 2019, anualmente, emite Americas Society, en éste índice, que también cuenta con escala de 0 a 1, se revela, igualmente, una tendencia a la baja, adicionalmente, permite concluir que de los tres segmentos evaluados, el que evita un resultado aun menor, tiene que ver con los esfuerzos de la sociedad civil y los medios de comunicación para investigar y sancionar actos de corrupción; para 2019 fue de 4.65, en 2020 de 4.55 y, el último publicado, 2021 de 4.25.

Sobre este problema, en 2014, el presidente de la república Enrique Peña causo mucha polémica al afirmar que: “la corrupción es un problema cultural.” Posteriormente, aclararía que esa afirmación no es una condena al país, sino que el reconocimiento de esa condición es un paso necesario para lograr su erradicación.

Pero, para poder dar respuesta a la pregunta inicial, es importante ubicar la forma en que se define la corrupción. De acuerdo con Transparencia Internacional se entiende como: “el abuso del poder para beneficio propio.” Esta definición, para el ciudadano común, resulta bastante cómoda, pues lo mantiene “ajeno” a ella, ya que la corrupción está referida a quienes cuentan con poder, es decir, a quienes son funcionarios públicos: diputados, senadores, alcaldes, gobernadores; y a quien sea que se desempeñe en una función dentro de la administración pública. En ese sector en el que se acuñaron expresiones como: “el que no tranza no avanza,” “político pobre es un pobre político,” “el año de Carranza…” “no me des, solo ponme donde hay.”

Sin embargo, es necesario reconocer, en primera instancia, que, en muchas ocasiones son los particulares los que encuentran en la corrupción una salida a un trámite, a una licencia, a un servicio, a evitar una sanción. Por otro lado, al considerar una de las definiciones que establece la Real Academia de la Lengua Española (RAE) sobre corrupción que menciona: f. Deterioro de valores, usos o costumbres; entonces, podemos ubicar que cualquier cosa que sea contraria a las disposiciones que rigen la vida social, se encuadra como corrupción. En ese sentido, podemos identificar que en nuestra dinámica cotidiana somos parte de prácticas cuya realización coincide con ese concepto: desde el robo de la señal de internet, de las cuentas de las plataformas, la privatización del espacio público, la compra de productos robados, de piratería o de clones; de ahí pasamos a la comercialización del mercado negro de cigarros, de bebidas alcohólicas; hasta llegar a la extorsión, al secuestro, a la trata de personas, al narcotráfico; muchas de estas actividades que producen millonarias cantidades de dinero “sucio” que dan origen a un nuevo e importante delito: el lavado de dinero.

En otro orden, pero también dentro de ese concepto, están las empresas que ofrecen productos distintos de lo que dicen sus empaques, en franco engaño al cliente; las que no aseguran a sus trabajadores o lo hacen con salarios menores, no expiden CFDI por sus operaciones, las que abusan de la subcontratación, los que simulan operaciones o alteran contratos. También los prestadores de servicios que engañan a sus clientes, los que ofrecen cosas que no hacen, los que abusan de la confianza de sus prestatarios.

Todas estas circunstancias son parte de una dinámica que, continuada en el tiempo, no hace sino deteriorar el estado de derecho y, que, en algún momento, son normalizadas por la sociedad.

Ahora, es necesario referir el concepto de cultura, que de acuerdo con la RAE se entiende como: f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. En la cual identificamos tres elementos sustantivos: primero, es un “conjunto de modos de vida y costumbres,” no se califican como buenas o malas, solo como aquellas prácticas que un núcleo social realiza. Segundo, “en una época” no son permanentes, son cambiantes, se realizan en un espacio limitado de tiempo; y, por último, “por un grupo social”, es decir son asociados a una colectividad específica.

De tal manera que, si esas acciones que en la sociedad mexicana hemos normalizado y, por ello, son parte de los modos de vida y costumbres, en la época contemporánea, podemos identificar que, efectivamente, la corrupción se enmarca como parte de la cultura del mexicano desde hace décadas.

Es lamentable que la corrupción sea parte de la circunstancia permanente de la sociedad del México contemporáneo, sin embargo, reconocerla de esa forma es parte de la solución, ya que tendría implícito que se asume como parte del problema y, siendo así, se caería en la cuenta de que, en lo individual y como colectividad, hemos dejado de hacer cosas, tenemos cosas que hacer mejor o, también, dejar de hacer otras tantas; en cualquiera que sea nuestro ámbito: como servidores públicos, trabajadores, empresarios, empleados, profesionales, comunicadores, amas de casa, estudiantes; es decir, cualquiera que sea nuestro papel. Mientras que, por parte de los tres niveles de gobierno, no es menor considerar que el sistema de leyes que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción en el año 2015 y que, de acuerdo con el Lawyers Council for Civic & Economics Rights, es el conjunto de normas jurídicas, en la materia, mejor evaluado de América Latina, sin embargo, en términos de ese mismo estudio, requiere de un esfuerzo presupuestal para mejorar su funcionamiento, así como de una adecuada implementación, y de la independencia acompañada de la competencia de las autoridades que forman a sus distintos componentes.