AMÉRICA XXI 141 - MARZO DE 2017 by América XXI

Año XIV - Nº 141 Marzo de 2017

Ecuador: balotaje el 2 de abril Argentina: deuda externa y sacudones políticos Bolivia: Evo y su relación con Macri Paraguay: choques por la reelección Informe: extranjerización de la tierra Debate: qué es Trump

El mundo repudia a Trump

Venezuela:

Contundente respuesta a la arremetida contrarrevolucionaria

trump Deroga

El Decreto

Repudio mundial a Trump

Desde los cinco continentes y dentro de Estados Unidos, el Presidente recibe un rechazo social contundente. La situación pone en riesgo la política exterior llevada por Washington hasta ahora y provoca que más jóvenes cuestionen el capitalismo en el país.

Maduro responde a las agresiones El Gobierno se mantuvo firme ante las denuncias del gobierno estadounidense y la CNN, y denunció la propaganda de guerra. La oposición está fracturada, se niega al diálogo y apuesta a la injerencia internacional. La Revolución va a fondo con los Clap.

Bitácora

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Nota de tapa / Análisis de la noticia Repudio mundial a Trump Por Adrián Fernández e Ignacio Díaz América Latina a cargo de su destino Por Luis Bilbao

Venezuela 16 Contundente respuesta a las agresiones 19 20

Argentina Sacudones políticos Por L.B. Sumisión a un fraude sin fin

Ecuador 22 Elegir entre rumbos opuestos

Colombia 34 Sin guerra con las Farc pero la paz tarda en llegar

Brasil 24 Temer cuesta abajo Por Julia de Titto

México 36 Un país ganado por la indignación

Uruguay Fallo incompleto para las expectativas uruguayas Por Darío Rodríguez Techera

Informe especial Voracidad terrateniente expulsa a las comunidades Por Inés Hayes

Paraguay 30 Plazos para la reelección Por Jorge Zárate

Historia - Teoría - Debate 40 ¿Qué es, qué significa Trump? Por Barry Sheppard

Bolivia 32 Evo marca el camino en su relación con Macri

Cultura 46 Teatro de Cali: del barrio al escenario 48 Guamanique, al compás de los tambores

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Director: Luis Bilbao | Colaboran en esta edición Asistentes: Caracas: Maryena Presa Velázquez · Montevideo: Georgina Rodríguez Redacción: Ignacio Díaz. Adrián Fernández. Iván Gómez. Inés Hayes. Roxana Martínez. Barry Sheppard. Darío Rodríguez Techera. Julia de Titto. Jorge Zárate. Diseño gráfico y Arte: Ana María Pizarro Ruiz. Miguel Vayo | Corrección: Carolina Ocampos Redacción central: Av. Belgrano 1915 3°A (CP 1094) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: (54-11) 4952-4800. Es una publicación de Heráclito Ediciones SRL Correo electrónico: director@americaxxi.com.ve | asistente@americaxxi.com.ve América XXI. Prohibida su reproducción total o parcial. Depósito Legal N° pp200.02CS1450 | ISSN 1690-4141 (Venezuela) | ISSN 1667-8182 (Argentina) | Impresión: En Caracas: Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura. Guarenas, Venezuela. En Montevideo: Imprimex Industria Gráfica - Vera Helguera 88 - Canelones. En Buenos Aires: Guttenpress - Tabaré 1760. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En La Paz: La Andariega Ediciones Calle 19 # 8024 zona de Calacoto. En Quito: Manollo´s Imprenta - Productos Manollos S.A. RUC: 1792432286001. Mañosca OE1-74 y Av. 10 de agosto. Edif. Guimel. Oficina 3. Quito-Ecuador. Distribución en 1000 puestos en La Paz y a través de organizaciones sociales en todo el país. Argentina: Interior y exterior: DISA. Pte. Sáenz Peña 1836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre de esta edición: 22/2/17

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“Somos un país a la deriva, que no sabe lo que quiere ser” Eduardo Villas Boas, comandante en jefe del Ejército de Brasil

“La campaña de CNN es para justificar una agresión en Venezuela y destruir a nuestra Patria, para que le pongan la mano a nuestro país los poderes del mundo. Ya lleva varios años esa campaña nacional e internacional” Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

En 2050 China representará el 20% de la economía mundial y la India desplazará a Estados Unidos al tercer lugar, según un informe de la consultora Pricewaterhouse Coopers sobre los PIB medidos en paridad de poder adquisitivo. Rusia desplazará a Alemania como principal economía europea y Brasil será la quinta economía mundial.

“No asociemos los Clap a una bolsa. En este momento tenemos que mejorar la distribución. (Pero) vamos a un concepto de organización, de producción, de control territorial. Los Clap son una herramienta política de organización popular” Freddy Bernal, jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) de Venezuela

“Los políticos y líderes militares suenan cada vez más beligerantes y las doctrinas de defensa, más peligrosas. Los comentaristas y personalidades televisivas se unen al coro belicoso. Parece como si el mundo se estuviera preparando para una guerra” Mijaíl Gorbachov, último presidente de la Unión Soviética

Cuatro años “Hay que mantener la bandera de la dignidad y de los principios en alto, aún a riesgo de quedarse solo en cualquier momento”. Hugo Chávez Frías, La Habana, 14 de diciembre de 1994. Aquel joven coronel se presentaba en la mítica capital cubana como “un soldado latinoamericano entregado de lleno, y para siempre, a la causa de la Revolución de esta América nuestra”. Fue apenas unas semanas después de recuperar la libertad tras la rebelión contra Carlos Andrés Pérez dos años antes. En aquel discurso presentó a los latinoamericanos

su propuesta bolivariana, visión anticipada en dos décadas del mundo que luego se pudo ver. Le llevó apenas 20 años pasar de un hogar humilde con grandes necesidades insatisfechas a comandar una revolución en América Latina. Durante 14 años lideró un proceso político inédito en los últimos 200 años. La Revolución Bolivariana respira la siembra de Chávez: conciencia de un pueblo movilizado y revolucionario, partido político fuerte y fuerza armada leal. Exhibió hasta su último día los ideales de una revolución pacífica dispuestos

Bitácora · 5

“España está en las mejores condiciones para ser un interlocutor de Estados Unidos en Europa, América Latina, y también en el norte de África y Medio Oriente” Mariano Rajoy, presidente de España

“Durante su campaña electoral y después de ella, (Trump) confirmó lo que hemos estado diciendo por más de 30 años sobre la corrupción política, económica, moral y social en el sistema gobernante estadounidense” Ali Khamenei, líder supremo de Irán

“Cada tres días matan un líder social. Hoy ni el Estado ni nadie de las élites dominantes responden por este accionar” Pablo Beltrán, jefe de la delegación de paz del ELN de Colombia

“La próxima guerra será en Turquía”

Estos hombres Estos hombres que vuelven, sienten la gracia de los puros espíritus del crepúsculo? Se diría que sí. Parecen flotantes fantasmas pálidos. Los que están parados en las puertas frente al dulce abanico de la luz última –nobles estatuas de melancolía– sentirán aún más la caricia de impalpables alas extrañas? Ah, si ciertamente fuera así, una serena dicha fuera nuestra. Pero aquél hombre vago sólo siente que a la inseguridad terrible de su vida se une la tierra negra, que en su casa deshecha no le espera la lámpara rodeada de risas, sino un montón oscuro de infantiles figuras contraídas, y la desesperada, femenina, pregunta cotidiana. Pero yo sé que un día verás, oh hermano mío, en el horizonte, temblar, bajo el rocío, para ti, limpios jardines...

Juan L. Ortiz

Ismail Hakki Pekin, ex director de la inteligencia turca

“Existe corrupción en el Vaticano, pero estoy en paz. Si existe un problema, escribo un mensaje a San José y lo pongo bajo una estatuita que tengo en mi habitación” Papa Francisco

“El gobierno no puede cometer más errores” Elisa Carrió, diputada oficialista en Argentina

a unir revolución y paz. Chávez no sólo supo emerger entre una dirigencia política putrefacta en su país sino que, además, entendió que nuevas fuerzas políticas y sociales iban a surgir en otros países a la sombra de la crisis del capitalismo y de las debilidades del imperialismo. Supo ver y explicar que era necesario construir un mundo donde sus gobernantes fueran la expresión del pueblo (con sus contradicciones a cuestas) y no de las élites dominantes. No impuso ninguna de sus ideas ni por la fuerza ni por la extorsión pero

sí a través de una oratoria única que le puso pasión y solidez a sus argumentaciones teóricas. Nunca nadie estuvo a su altura para confrontar ideas. Sus detractores se apoyaron en ese tono vehemente, belicoso en apariencia, para intentar deslegitimarlo. Chávez se mostró como guerrero para hablar de la paz. Y se diferenció sin pelos en la lengua de líderes mundiales que hablaban de paz pero hacían la guerra. Advirtió que Siria y Libia acabarían devastados por la locura imperialista. Fue acusado de colaborar con la guerrilla de

las Farc pero fue el primero en pedirle públicamente que abandonen la lucha armada. Vio antes que ningún otro líder el proceso de paz que hoy celebra Colombia y el mundo. Chávez, motor de las grandes definiciones políticas del nuevo siglo, mostró el camino y demostró que es posible. Vio las jornadas épicas que vendrían y también vio la desestabilización imperialista. A mayor unidad mayor dificultad, enseñó. Pocos hombres y mujeres han dejado tanto en un transitar tan breve. Será que Chávez vive.

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Fiscales de 11 países investigan en conjunto el caso Odebrecht Representantes del ministerio público de Brasil, otros nueve países de América Latina y Portugal acordaron investigar en conjunto los alcances de la red de corrupción de la empresa Odebrecht, constructora brasileña implicada en decenas de casos de sobornos y pagos ilegales que involucran a las más altas esferas políticas de varias naciones. Así lo acordaron durante una reunión en Brasilia el 16 de febrero organizada por la Procuraduría General de Brasil y a la que asistieron fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela. Habían sido invitados pero no asistieron representantes de El Salvador, Guatemala, Antigua y Barbuda y Mozambique. Un comunicado indica que se acordó establecer “la más amplia, rápida y eficaz cooperación” y crear “equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales”. En todos los países mencionados se investiga la actuación del grupo Odebrecht en la financiación ilegal de campañas electorales, pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas y operaciones financieras irregulares. La dimensión internacional se conoció a fines de 2016 tras las revelaciones que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos,

según los cuales la constructora admitió que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África. Durante febrero se conoció el pedido de captura contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, tras el presunto pago a un testaferro de 20 millones de dólares por Odebrecht para lograr la construcción de una carretera. También se conocieron denuncias sobre el supuesto aporte ilegal para la campaña de reelección del colombiano Juan Manuel Santos y el panameño Juan Carlos Varela. En Colombia el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que el ex senador Otto Bula, detenido por los sobornos, afirmó que parte de las coimas iban a la campaña de reelección del presidente Santos en 2014. También está detenido el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales. En Panamá las denuncias involucran al actual gobierno y al anterior. La Fiscalía insiste en que la Justicia debe pedir el testimonio de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). El actual gobierno de Juan Carlos Varela está sospechado por la participación en la trama una empresa en la que es accionista un familiar del hermano del mandatario, el diputado oficialista José Luis Varela.

Francia: nuevas reacciones contra la violencia policial El violento arresto y posteriores daños físicos de un joven en los alrededores de París provocaron una nueva ola de protestas y disturbios en Francia como las que tuvieron lugar a mediados de 2016. La reacción de pobladores que viven en las afueras de la capital se produjo contra las acciones policiales y su impunidad para actuar con los sectores más marginados. Los hechos se dispararon tras el violento arresto el 2 de febrero de Théo, de 22 años, que fue sodomizado y acabó internado con heridas de consideración. Cuatro agentes fueron imputados por violencia y uno, además, por violación. Los manifestantes recordaron además la muerte en julio pasado de Adama Traoré, que intentó escapar del control de los agentes y fue asesinado. Ambas víctimas eran negros que vivían en zonas desfavorecidas de los alrededores parisinos. Centenares de personas fueron detenidas durante febrero en numerosas protestas. En los primeros 15 días fueron dañados más de 200 vehículos y 160 contenedores incendiados. Una de ellas ocurrió en la zona de Barbés, norte parisino, convocada espontáneamente y sin permiso de las autoridades que acabó en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes y con da-

ños materiales. Otra sucedió en Rouen donde se produjeron 21 detenciones y dos heridos leves por choques entre policía y manifestantes. Estos hechos, que ocurrieron a menos de 10 semanas de las elecciones presidenciales francesas, hicieron recordar a los levantamientos de 2005 que terminaron con automóviles incendiados y violentos enfrentamientos entre cientos de jóvenes y la policía y un decreto de toque de queda. El presidente, François Hollande, que no está en campaña por la reelección, visitó a Théo en el hospital y prometió investigación transparente y severidad con los policías que hayan sobrepasado sus atribuciones. También estuvo en algunas de las localidades más convulsionadas. La violencia policial se coló como tema electoral desde diferentes ópticas. Mientras algunos dirigentes conservadores que siguen al candidato François Fillon señalaron que faltó dureza contra los manifestantes, el ultraderechista Frente Nacional (FN) de la candidata Marine Le Pen, que lidera los sondeos de la primera vuelta, reprocha a las autoridades la falta de mano dura y la falta de solidaridad con los policías.

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Siria: tregua insuficiente para atender la emergencia humanitaria El alto el fuego acordado en Siria el 30 de diciembre pasado se agrieta. Así como hay zonas en las que cesaron los combates de mayor magnitud, otros sitios están vedados a las organizaciones internacionales que asisten con alimentos y medicinas a millones de personas. Según datos de Naciones Unidas más de 13 millones de sirios necesitan asistencia humanitaria en el país. Unos cuatro millones de civiles se encuentran en áreas de muy difícil acceso por razones de seguridad y también por obstáculos burocráticos. De ellos, cerca de 650 mil civiles están cercados militarmente. En las zonas de menor intensidad del conflicto armado trabajan instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG). Pero en aquellos puntos donde no se respeta la tregua la situación es muy preocupante ya que la entrada de alimentos y otros artículos vitales disminuye. La Oficina de Naciones Unidas para la Ayuda Humanitaria resumió que en las zonas de combate hubo un alto porcentaje de autorizaciones de las partes en conflicto pero por diferentes razones sólo llegan uno o dos convoyes por mes. El mismo organismo ejemplificó que en diciembre se pidió autorización para cubrir las necesidades de 930 mil personas pero sólo llegó un convoy para seis mil habitantes mientras que en enero sólo ingresó ayuda para 40 mil. En todos los casos representa menos del 1% de las necesidades más urgentes. Alepo, ciudad capital de la provincia

del mismo nombre que fue recuperada por las fuerzas gubernamentales en diciembre; Deir-el-Zur; el área rural de Damasco y Al Raqa, son los cuatro centros poblados que la ONU considera más críticas. En estos puntos se desarrollan intensos combates. Deir-el-Zur y Al Raqa permanecían a fines de febrero bajo control del grupo extremista Daesh, mientras que en Alepo y en las afueras de Damasco, el ejército sirio intenta quebrar los últimos focos de resistencia. Esto se produce en medio de gestiones políticas y diplomáticas para una salida negociada al conflicto que comenzó hace seis años y que dejó hasta el momento más de 300 mil muertos, cientos de miles de heridos y unos 11 millones de desplazados y refugiados. A fines de enero se estableció un acuerdo de cumpliento parcial en Astaná, capital de Kazajistán, entre el gobierno sirio y grupos de los llamados “moderados”, monitoreados por Rusia y Turquía. Para fines de febrero estaba previsto un nuevo intento en Ginebra esta vez impulsado por la ONU. Febrero fue particularmente cruento. No sólo por los choques entre el ejército regular sirio y Daesh sino también por las acciones de Turquía. El gobierno de Ankara libra su propia batalla contra las milicias kurdas que luchan tenazmente contra Daesh pero son considerados “terroristas” por el gobierno turco. En en la ciudad de Al Bab, bastión del Daesh en la provincia de Alepo, murieron a causa de las bombas turcas entre el 7 y el 20 de febrero 124 personas, entre ellas 38 niños y 27 mujeres y casi 500 desde el pasado noviembre.

Sobre CNN en Venezuela Es una obligación ética tomar posición frente a la clausura en Venezuela de la señal de CNN en castellano. Defiendo la libertad de expresión. Y entiendo el periodismo como un trabajo comprometido en la defensa de ideas. Lo sepa o no, ningún periodista es ajeno a la lucha de clases. Cuando en el fragor de esa lucha un medio de prensa defiende ideas, debe garantizársele el espacio para su labor. Y combatirlo en ese terreno. Cuando en función de su ubicación en la confrontación de clases apela a campañas sucias, calumniosas y destinadas a contrarrestar un proceso de revolución social, le caben las leyes del combate y debe ser silenciado. Lo hecho por CNN en castellano durante las últimas semanas respecto de Venezuela no es periodismo ni defensa de ideas. Es una operación de guerra, contra un país al que Estados Unidos pretende invadir. Nada más legítimo que defenderse de una agresión imperial.

Las quejas de CNN sobre este silenciamiento sólo merecen desprecio. En años de clandestinidad jamás condené la represión capitalista porque se me impidiera la libertad de prensa. Cuando se lucha por una revolución, o como en este caso por una contrarrevolución, apelar a tal subterfugio es un acto de hipocresía y cobardía. Como diría Atahualpa Yupanqui, “de esos no soy”. De manera que en consecuencia con toda una vida de trabajo periodístico, en las más diversas circunstancias, respaldo el derecho del gobierno revolucionario de Venezuela a defenderse también en esta fase de la guerra y cortar la señal de CNN . Que los fariseos giman y sigan mintiendo. Los revolucionarios socialistas sabemos adónde vamos. Y cómo hacerlo. L.B.

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Rechazo al Presidente dentro y fuera de Estados Unidos

Repudio mundial a Trump

Un amplio arco ideológico ataca a Trump, el presidente con mayor cantidad de protestas en contra en sus primeras semanas de gobierno.

Como nunca antes poblaciones y gobiernos se manifiestan en el mun- chas en 17 ciudades contra las políticas y do contra la máxima autoridad de Washington. Diversos sectores se declaraciones de Trump, cuyo eje fue el levantan en el país y aumenta la radicalidad en organización de base. repudio a la construcción de la totalidad

ntes de tomar su primera decisión política desde la Casa Blanca, Donald Trump ya había recibido el mayor rechazo internacional que se recuerde contra un presidente de Estados Unidos recién asumido. El día siguiente de su investidura, la Marcha de las Mujeres convocada en Washington lograba replicarse simultáneamente en 70 países. A las concentraciones en Londres, París, Madrid, Bruselas, Atenas, entre decenas de ciudades europeas, se sumaron manifestaciones en puntos tan disímiles como México, Canadá, India, Australia o Kenia. Para entonces, el 45º presidente de Estados Unidos todavía no había lanzado el decreto para prohibir la inmigración desde siete países de mayoría musulmana, ni confirmado que iba a completar la construcción del muro en la frontera con México, ni ratificado que se lo haría pagar a ese país (ver Trump cumple…). El mo-

vimiento de resistencia civil se masificó tras las órdenes migratorias y promueve movilizaciones y protestas en los próximos meses con réplicas en varios países. Uno de los principales focos internacionales de protestas contra Trump es Londres. Justo cuando el eje Washington-Londres se vuelve fundamental por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, decenas de miles de británicos salieron a las calles para repudiar las expresiones discriminatorias de Trump, el decreto migratorio contra los musulmanes y la anunciada visita de Estado que hará este año el flamante presidente. En sólo 24 horas se juntaron más de un millón de firmas para exigir que la primera ministra Theresa May no reciba a Trump. México es el otro punto central de las manifestaciones contra el mandatario estadounidense. Sólo en un día bajo la consigna “Vibra México” se registraron mar-

del muro fronterizo. Como en Gran Bretaña, las demandas también se trasladan al propio gobierno, que en el caso del presidente Enrique Peña Nieto agravan una situación ya de por sí extremadamente delicada por su desprestigio y la crisis económica y social que vive el país. Los posicionamientos frente a Trump y sus medidas se han vuelto un tema de gran importancia para varios gobiernos y fuerzas políticas de distintos países. La relación con Rusia sigue navegando en aguas turbulentas luego del espionaje interno en el quedó involucrado el asesor de seguridad nacional Michael Flynn, obligado a renunciar antes de cumplir un mes en el cargo. Buscaba mejorar las relaciones con Moscú y encontró la férrea resistencia del poder estadounidense (ver Cortocircuitos…). Otro ejemplo de los reposicionamiencontinúa en pág. 10

Nota de tapa / Análisis de la noticia · 9

América Latina a cargo de su destino Por Luis Bilbao

ueva e inesperada pugna estratégica se ha desatado en América Latina. Es el resultado del advenimiento de Donald Trump a la Casa Blanca. Dada la degradación política que desarticula por estos días a Brasil, más la desestabilización difícilmente reparable a mediano plazo del gobierno mexicano, el nuevo cuadro pone frente a frente a Caracas y Buenos Aires. Esto es así porque Trump y el colapsado esquema de poder estadounidense, al romper con los planes estratégicos del Departamento de Estado, en la práctica separan de modo tajante al continente a la altura del Río Bravo y obligan/permiten a América Latina hacerse cargo de su propio destino. Bajo control de los centros de poder tradicionales en Estados Unidos la línea de acción del Departamento de Estado consistía, hasta el inopinado triunfo de Trump, en tender un eje entre Washington y Buenos Aires para ahogar a los países del Alba y aplastar la Revolución Bolivariana de Venezuela. El nuevo Presidente no reemplazó aquel plan. Si acaso tiene uno alternativo, hasta ahora no lo ha mostrado. Se limitó a dinamitarlo. Esa conducta expresa la probada torpeza del excéntrico ocupante de la Casa Blanca. Pero resulta de una realidad que lo antecede y largamente lo excede: la decadencia estadounidense, la ruptura de su hegemonía global y sobre todo su irreversible pérdida de peso en el hemisferio, que por una ironía de la historia tomó un perfil tan grotesco como el peinado de Trump. Tras las groseras balandronadas de Trump –en primer plano su ataque a México y el intento de convertir a Venezuela en un nuevo Irak– se percibe la incapacidad objetiva para el imperialismo de mantener el control estratégico sobre la región, con su inexorable corolario: la fuerza militar como único recurso para imponerse. A eso apunta la provocación contra el gobierno de la Revolu-

ción Bolivariana, con la insostenible denuncia por narcotráfico contra el vicepresidente Tareck El Aissami. El riesgo de escalada existe. El 15 de febrero Trump llamó por teléfono a Macri. En una charla de cinco minutos el centro de interés lo ocupó Venezuela. Luego, en el informe sobre la conversación, la Casa Blanca subrayó “el liderazgo que el presidente Macri juega en la región”. ¿Un retorno al intento de eje Washington-Buenos Aires? Improbable, aunque habrá más datos objetivos cuando se concrete la invitación de Trump para que el presidente argentino lo visite en mayo. En todo caso, hay hechos suficientes para afirmar que éste ya está involucrado en un nuevo juego y difícilmente acate linealmente la conducta exigida por Trump, de abierto tono belicista contra Venezuela. Macri aspira sin ocultamientos a ese “liderazgo regional” retóricamente concedido por el showman estadounidense. La primera condición para semejante propósito es evitar hechos de violencia mayor que desencadenarían un pandemónium en toda la región y harían volar por los aires, en primer lugar, a su propio gobierno. En principio esto aleja la perspectiva de una agresión militar directa contra la Revolución Bolivariana, aunque ya está visto que a la irracionalidad capitalista que dicta la política estadounidense se suman ahora las pulsiones de un Presidente, cuyas facultades mentales han sido puestas en cuestión en un documento firmado por 35 de los más renombrados psiquiatras de Estados Unidos y publicado en el New York Times. Continuidad y desconexión Hay en este replanteo regional una elocuente línea de continuidad con la tendencia de convergencia dominante en la región desde comienzos de siglo. Ahora desconectada de Estados continúa en pág. 50

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Organizaciones políticas de izquierda experimentaron un rápido crecimiento ante el escenario planteado por el nuevo gobierno republicano.

tos frente a Trump fue el ofrecimiento del presidente Mariano Rajoy para ser “interlocutor” de Washington para América Latina, el Norte de África y Medio Oriente, que despertó un fuerte repudio dentro y fuera de España. La alcaldesa de Barcelona condenó la forma de actuar “servil” y “sin la menor dignidad” de su presidente. “Que quede claro: nosotros y nosotras no nos ofrecemos a colaborar cordialmente con Trump, sino con las redes de alcaldes, ciudades, mujeres, jueces, asociaciones, movimientos, artistas y profesionales de todo el mundo que se están organizando para resistirse a sus políticas”, respondió Ana Colau. Partidos y dirigentes de otros países también se ven presionados a tomar posición de cara a sus poblaciones, o asumir el riesgo de mostrarse indiferentes. El repudio generalizado a la figura de Trump tiene dos particularidades. Una es la hostilidad de la prensa liberal estadounidense, con el diario The New York Times y la señal televisiva CNN a la cabeza, que atacan al nuevo gobierno con una virulencia que no tiene antecedentes. Se apoyan en el rechazo mayoritario que manifiestan los propios estadounidenses: el 3 de febrero CNN dio a conocer una encuesta según la cual tras dos semanas en la Casa Blanca Trump tenía una desaprobación del 53% de los

ciudadanos. Además, 60% se opone al muro y el 53% al veto migratorio. El otro dato distintivo es el amplio arco ideológico desde donde se ataca a Trump. Defensores del libre comercio, sectores progresistas socialdemócratas, diversidad de organizaciones sectoriales, líderes políticos pro-estadounidenses, dirigentes que apoyan las guerras de Washington y organizaciones revolucionarias se entremezclan en una condena que parece unánime contra el mandatario estadounidense. Resistencia interna La orden migratoria de Trump, luego frenada tras sucesivas derrotas judiciales, permitió ratificar el clima social que se vive en el país desde que el presidente asumió en el cargo. Pero la inmigración no fue el único núcleo convocante de las numerosas acciones ciudadanas que tuvieron lugar en las principales ciudades desde el 20 de enero. Las marchas contra el Presidente en su primer mes de gobierno coincidieron con el fuerte debate político sobre los secretarios (ministros) que lo acompañarán en su administración. Cientos de estudiantes universitarios y secundarios salieron a las calles para sumarse al rechazo de las políticas migratorias y, además, contra las pro-

puestas educativas de Trump. La secretaria de Educación, Betsy DeVos, pasó ajustadamente el filtro del Senado gracias al voto de desempate del Vicepresidente. Sin antecedentes en políticas educativas y cuestionada por su rechazo a la educación pública, fue rechazada por todos los senadores demócratas y dos senadoras republicanas. Tom Price, el nuevo secretario de Salud y encargado de desmantelar el sistema Obamacare, también pasó ajustadamente el filtro del Senado con 52 votos a favor y 47 en contra. Ambos pasaron a integrar la lista de ministros nominados con menos apoyo en la historia estadounidense. Cada vez que Trump decidió viajar a Palm Beach, su lugar elegido de descanso, fue recibido con manifestaciones de protesta. Allí se realizó una “Marcha por la Humanidad”, para rechazar su presencia en la gala anual de caridad que organiza la Cruz Roja y advertir a esta institución que estaba compartiendo una cena con quien dispuso el cierre de fronteras a los refugiados y la destrucción del sistema de salud que, según denunciaron, dejará a 30 millones de estadounidenses sin seguro médico. Por esos días se confirmó que varios jugadores de fútbol americano del equipo de los New England Patriots, campeones del Super Bowl, se negaron a visitar al Presidente y rompieron con una tradición según la cual la Casa Blanca invita a los equipos que ganan cada una de las grandes ligas deportivas del país. No fue un hecho menor: el fútbol americano es el deporte más popular del país y la final fue vista por más de 110 millones de personas. A este cuadro se agregan las contundentes expresiones de rechazo de la gran mayoría de intelectuales y artistas estadounidenses, particularmente de actores y actrices de Hollywood conocidos en todo el mundo. Premiadas figuras como Robert de Niro, Meryl Streep, el director Michael Moore y muchos otros tomaron un papel activo y militante contra el nuevo mandatario al participar en actos públicos y campañas audiovisuales. Agenda cargada de manifestaciones Se espera que una de las convocatorias más importantes del primer semestre del año sea la “Marcha de los inmigrantes” del 6 de mayo. Unas 120 mil personas han confirmado su asistencia a través de

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las redes sociales bajo la etiqueta #WeAllBelong (“Todos pertenecemos”). Sus organizadores aseguran que los estadounidenses no serán “intimidados por los ataques contra los inmigrantes y contra los que buscan oportunidades en el país”. El 22 de abril, Día de la Tierra, se movilizará la comunidad científica para denunciar que Trump “ignora la ciencia para perseguir agendas ideológicas que ponen en peligro el mundo”. La marcha incluirá evidencias del cambio climático que el Presidente considera falsas. La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (Aaas), que publica la revista Science, pidió a Trump que incluya en su Gobierno a científicos “creíbles” y no “individuos que rechazan la evidencia científica en asuntos de crítica importancia pública como las vacunas y el cambio climático”. Buena parte de la comunidad científica y activistas ecologistas se opusieron a la designación de Scott Pruitt al frente de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) por sus lazos con la in-

dustria de los combustibles fósiles y su desconfianza sobre los efectos del cambio climático, concepto definido por Trump como una “estafa inventada por China”. Una semana antes, el 15 de abril, se esperan varios miles de personas frente a la Casa Blanca para exigirle a Trump que haga públicas sus declaraciones de impuestos, como han hecho otros mandatarios tradicionalmente. Otros colectivos sociales se movilizan a diario para reclamar por sus derechos recortados tras la llegada de Trump. El mandatario afirmó que respeta el derecho de protesta, pero en su cuenta de Twitter calificó a sus promotores como “anarquistas profesionales, matones y manifestantes pagados”. Insistió en que “como Presidente, no tengo otro deber superior que proteger al pueblo estadounidense (porque) los terroristas radicales islámicos están decididos a atacar”. Una de las organizaciones de veteranos de guerra más grande del país advirtió sobre las consecuencias de las medidas

contra los países de mayoría musulmana. “Tenemos hermanos y hermanas iraquíes que pelearon a nuestro lado. Y ahora se les ha cerrado la puerta de Estados Unidos en las narices. Es inmoral y es malo para nuestras tropas (que ahora) recibirán menos ayuda de los habitantes locales”, dijo Paul Rieckhoff, fundador de la organización Veteranos de Irak y Afganistán (Iava), que reúne a 400 mil ex combatientes de las guerras posteriores a los atentados de 2001. En la misma línea se expresaron dos ex secretarios de Estado, John Kerry y Madeleine Albright, además de varios ex altos funcionarios de seguridad nacional, entre ellos León Panetta, ex jefe de la CIA y del Pentágono. “El veto de Trump –sostienen– puede poner en peligro a las tropas de Estados Unidos”. Juegos de poder Los gobiernos de varios Estados también reaccionaron contra las primeras medidas de Trump. El fiscal general del

Más jóvenes contra el sistema Entre las múltiples consecuencias que provocó el triunfo de Donald Trump y su llegada a la Casa Blanca se destaca una mayor politización de millones de estadounidenses. Es sabido que organizaciones nacionalistas, ultraconservadoras y fascistas han crecido en los últimos años en los países desarrollados y que el triunfo de Trump tiene un núcleo de apoyo militante en la llamada “derecha alternativa”, de posiciones xenófobas y racistas. Menos conocido es el fenómeno que se ha desencadenado en las organizaciones políticas de izquierda, que experimentaron un rápido crecimiento ante el escenario planteado por el nuevo gobierno republicano. Con un activo papel en las protestas, distintas agrupaciones de Estados Unidos han recibido un creciente número de afiliados, particularmente de jóvenes. Ya el año pasado, una encuesta de la universidad de Harvard difundida por los grandes medios había revelado que la mayor parte de la juventud estadounidense (de 18 a 29 años) rechaza el capitalismo (51%) frente a un 42% que lo apoya. Y un 33% aseguró que apoya el socialismo. El grueso de esos jóvenes apoyó durante las primarias al candidato Bernard Sanders, que levantó varias consignas de izquierda. Otro estudio de Harvard sobre el proceso electoral concluyó que “Sanders no está moviendo al Partido Demócrata a la izquierda, (sino que) hay una generación moviéndose a la izquierda”, aunque agregó que hay más jóvenes que ahora se consideran “demócratas” gracias a él, que logró 14 millones de votos. Alrededor de Sanders se formó un movimiento de lucha por un salario mínimo de 15 dólares la hora. También ganaron adeptos los reclamos de gratuidad de la educación en todos los niveles y por un seguro de salud pública, entre otras consignas clásicas de la izquierda que generaron entusiasmo.

La llegada de Trump a la Casa Blanca despertó en amplias franjas de la población la voluntad de asumir un mayor compromiso político-social y los jóvenes están a la vanguardia. Ahora las organizaciones anticapitalistas compiten con la socialdemocracia para captar a los nuevos militantes. La principal fuerza de la Internacional Socialista en el país, la DSA, pasó de ocho mil a 14 mil afiliados desde mayo de 2016 hasta enero, y en las dos semanas posteriores a la asunción de Trump sumó dos mil nuevos miembros. Algunos jóvenes que se integraron a la organización, citados por la prensa, declararon contra el capitalismo y reivindicaron el socialismo, pese a que la fuerza no combate el sistema. Agrupamientos revolucionarios como Alternativa Socialista, dijeron al medio Al Jazeera que desde la elección de Trump crecieron 30% sus afiliados. En el mismo sentido se expresaron desde el Partido Socialista de Estados Unidos y otras formaciones anticapitalistas, que vieron crecer la asistencia a sus actividades y captaron un renovado interés por la teoría marxista. Si bien se trata de organizaciones pequeñas y sin peso nacional, la tendencia a organizarse en demanda de transformaciones sociales es evidente desde que estalló la última crisis económica y surgieron organizaciones como Occupy Wall Street y desde 2014 Black Lives Matter, que generaron muchas adhesiones entre los jóvenes. En 2015 una encuesta de Gallup reveló que sólo el 38% de la población pensaba que los dos partidos del sistema hacían un “trabajo adecuado” y el 60% manifestó que es necesario un tercer partido político. La tendencia parece haberse profundizado tras el último proceso electoral. ¿Surgirá un nuevo partido de los trabajadores estadounidenses? La posibilidad parece lejana, pero las nuevas generaciones ya giraron a la izquierda.

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estado de Washington, Bob Ferguson (demócrata), interpuso una demanda contra la orden ejecutiva sobre migración y refugiados y fue el primer Estado en dar ese paso. Ferguson es uno de los 16 fiscales estatales que a fines de enero suscribieron una carta en la que califican la orden de Trump como “inconstitucional, antiestadounidense e ilegal”. Lo mismo sucede con el Estado de Minesota, también gobernado por demócratas, que alega que el veto de Trump supone un ataque a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, donde se protege la libertad religiosa. Idéntico criterio utilizó para la demanda el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses. La fiscalía general del Estado de Nueva York se unió a la iniciativa con el argumento de que “la orden ejecutiva del presidente Trump no sólo es inconstitucional y fundamentalmente antiamericana, sino que perjudica profundamente a nuestras familias, economía e instituciones educativas y de salud”. El fiscal Eric Schneiderman dijo que “es clara” la intención de Trump “de discriminar a los musulmanes” y recuerda que en el 22,5% de los habitantes del Estado de Nueva York (equivalente a más de 4,4 millones) son nacidos en el extranjero. De ellos, 15 mil personas provienen de alguno los siete países afec-

tados con la prohibición: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen. Otra demanda fue hecha por el fiscal general de San Francisco, Dennis Herrera, en nombre del alcalde de esta ciudad. Herrera denunció que Trump retiró los fondos federales a las que llama “ciudades santuarios”, por tener normas más tolerantes sobre la deportación a los inmigrantes indocumentados. Es el caso de San Francisco, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, entre otras. Por la misma razón Trump acusó al Estado de California de estar “fuera del control” y amenazó con retirarle fondos federales en caso de que se declarase un “Estado santuario”. Los demócratas también hacen su juego político y se acomodan rápidamente en su rol de oposición. Legisladores se movilizan con el argumento de “recuperar la decencia del país” y motorizaron varios proyectos de ley para bloquear las órdenes ejecutivas de Trump y realizar presentaciones ante la Justicia. Más de 100 diputados de la Cámara de Representantes advirtieron al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que del veto “depende la vida y el bienestar de muchos individuos y las alianzas con gobiernos extranjeros para combatir el terrorismo”. También la Asociación de Abogados de Estados Unidos, que cuen-

ta con más de 400 mil asociados, pidió a Trump retirar la orden contra ciudadanos extranjeros. Sin dudas una de las demandas contra el veto migratorio que más sorprendió fue la de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos, entre ellas Apple, Facebook, Google, Netflix y Microsoft, que advirtieron a la Justicia sobre las consecuencias que tendría en su producción el decreto antinmigración. La presentación señala que la orden presidencial dificultará “reclutar, contratar y retener a algunos de los mejores empleados del mundo”. Acatar o irse La disputa institucional alrededor de las decisiones del mandatario tuvo su primera víctima cuando Trump despidió a fines de enero a la fiscal general interina, Sally Yates, por afirmar que no estaba “convencida” de que la medida antinmigrantes “sea legal”. También relevó de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) puesto en el cargo en 2012 por Barack Obama. Seis mil de los 20 mil empleados del ICE se dedican específicamente a deportaciones. Trump anunció que contratará 10 mil nuevos agentes. El último día de enero alrededor de mil

Trump cumple sus promesas de campaña

Además del muro con México, Trump eliminó regulaciones federales firmadas por Obama.

Donald Trump liquidó rápidamente la incógnita sobre lo que realmente haría cuando llegara al poder. Las especulaciones sobre un posible retiro de sus propuestas más controversiales, ante el rechazo a su hoja de ruta de un sector del Partido Republicano –que controla ambas cámaras legislativas– quedaron sepultadas. Desde que tomó el poder el 20 de enero, el nuevo mandatario puso en marcha muchas de las medidas que prometió al electorado para los

primeros 100 días de gobierno con el objetivo de “restablecer la prosperidad económica, la seguridad para nuestras comunidades y la honestidad para nuestro gobierno”, según se lee en el simbólico contrato de campaña que difundió antes de la votación del 8 de noviembre. En apenas días, Trump derogó por decreto el programa sanitario Obamacare e instruyó a su nuevo secretario de Salud a desmantelarlo; retiró al país del Tratado Transpacífico (TPP) de libre comercio; anunció la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) que comparten Estados Unidos, México y Canadá; congeló la contratación de empleados en el Estado (salvo militares, personal de seguridad y salud); suspendió la inmigración de países que considera “propensos al terrorismo”; decretó la construcción de los tramos faltantes del muro en la frontera con México y mantuvo la promesa de que el costo será reembolsado por ese país; eliminó regulaciones federales y algunas órdenes firmadas por Obama, como la reforma del sistema financiero, entre otras. Precisamente el 3 de febrero Trump firmó dos órdenes ejecutivas para modificar la reforma financiera impulsada por Obama tras la crisis de 2008. La llamada ley Dodd-Frank, aprobada en 2010, buscó incrementar la regulación y la supervisión sobre las grandes entidades financieras. Para Trump “la ley es desastrosa porque está entorpeciendo los mercados y reduciendo la disponibilidad de crédito”.

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El presidente mexicano Enrique Peña Nieto fue humillado por Donald Trump. Las marchas dentro de su país atacaron a ambos mandatarios por igual.

diplomáticos estadounidenses de todo el mundo firmaron un documento para protestar contra el veto porque “amargará inmediatamente las relaciones en buena parte del mundo musulmán que considera que la prohibición ha estado motivada por la religión”. La respuesta del Gobierno frente a todos estos casos fue: acaten la orden del Presidente o renuncien a sus cargos. Unos días más tarde el Senado confirmó al legislador republicano Jeff Sessions como fiscal general. El hombre es conocido por sus posiciones radicales contra las minorías y los inmigrantes. De su paso como fiscal para el distrito sur de Alabama (1981-1993) los demócratas le recordaron sus comentarios racistas y sus persecuciones judiciales contra los defensores de los derechos civiles de los afroamericanos. Desde el Senado –fue representante de Alabama por 20 años– confrontó contra los proyectos legislativos que pretendían encauzar legalmente a 11 millones de indocumentados que viven en el país. Se opone al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo y está a favor de la mano dura contra las pandillas y el narcotráfico. También se opuso al decreto de 2012 mediante el cual Barack Obama estableció el programa de Acción Diferi-

da (Daca) que frenó la deportación de 750 mil jóvenes que llegaron al país siendo niños. Trump y Session prometieron eliminar este programa. Otro aporte en el mismo sentido fue la elección del juez conservador Neil Gorsuchpara, vinculado a la derecha cristiana, antiabortista y defensor de la pena de muerte, para ocupar un cargo vitalicio en el Tribunal Supremo. Con él, el máximo órgano judicial volverá a tener mayoría conservadora. En febrero el secretario de Seguridad Nacional se paseó por la frontera con México para estudiar el proyecto de construcción de los tramos faltantes del muro y felicitó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con esta frase: “son quienes se ensucian todos los días haciendo el trabajo de la nación”. El Presidente vincula todos los problemas de los estadounidenses (economía, narcotráfico, trabajo, violencia, corrupción) a los inmigrantes y azuza una mayor polarización social al interior del país. Primeros impactos geopolíticos Fuera de las fronteras, Trump genera el mismo repudio firme y diverso: trabajadores y sectores de las clases dominantes lo condenan desde distintas posiciones. Uno

de los mayores peligros para Washington es que el rechazo al Presidente provoque una expansión del sentimiento antiestadounidense en poblaciones de distintas partes del mundo. En los países musulmanes eso será inevitable. Tras un breve período de distensión con Irán, el ayatolá Alí Jamenei respondió a Trump dando irónicamente las gracias por mostrar “el verdadero rostro de Estados Unidos”. La relación con Irán también se recalentó el 15 de febrero cuando Trump anunció que abandonaba la política de las últimas décadas de abogar por una solución de dos Estados entre Palestina e Israel. Ese día recibió en Washington al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y dijo que aceptará “una solución de uno o dos Estados”, postura que abre un nuevo capítulo de confrontaciones internacionales. Más allá de la situación particular surgida en torno a Rusia (ver Cortocircuitos…), para los gobiernos del mundo quedó en evidencia que las relaciones bilaterales con las nuevas autoridades de la Casa Blanca serán tensas y estarán signadas por la desconfianza. Según The Washington Post, en la primera conversación telefónica con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, Trump lo reprochó por haber firmado “el

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peor acuerdo de la historia” sobre refugiados con Barack Obama, que obligaba a Estados Unidos a recibir inmigrantes provenientes de ese país; le dijo que era “de lejos la peor” conversación que había mantenido y colgó el teléfono a los 25 minutos de una reunión pautada para una hora. Australia es un aliado central para Estados Unidos. Otro presidente cercano al país, el mexicano Enrique Peña Nieto, fue directamente humillado por Donald Trump. Luego que se pautara su visita a la Casa Blanca, el presidente estadounidense firmó la orden ejecutiva para la construcción del muro. Peña Nieto había decidido no cancelar el viaje, pero luego Trump publicó: “Si México no quiere pagar el muro, mejor que cancele su visita” y dejó al presidente mexicano sin opción. Gobiernos de otros países cercanos a Washington, como Canadá y Japón, ya visitaron al multimillonario presidente. En la visita del japonés Shinzo Abe no hubo inconvenientes, aunque durante la campaña Trump había considerado que las rela-

ciones comerciales eran desfavorables con ese país y necesitaban modificaciones. Sí hubo tensiones previas al viaje del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que había condenando enérgicamente el decreto migratorio de Trump contra países musulmanes y refugiados. Si bien en Estados Unidos el mandatario de Canadá eligió resaltar las visiones coincidentes en materia de economía y seguridad, no dejó pasar la oportunidad para destacar la bienvenida dada por su país a 40 mil sirios, días después de que su par estadounidenses frenara la recepción de refugiados. Uno de los mayores cambios de Trump se produjo respecto de China. En campaña, había atacado reiteradamente la política económica del país asiático y tras ganar las elecciones se comunicó con la presidente de Taiwán (cuya independencia no reconoce China). Además, durante su presentación en el Senado, el canciller Tillerson amenazó con prohibir el acceso de China a las islas artificiales construidas en el mar del Sur de China, acción equivalente a iniciar una guerra.

Sin embargo, en una conversación telefónica mantenida con el presidente chino Xi Jinping en febrero, Trump se dio vuelta y se comprometió a respetar la política de “una sola China” (lo que implica negar la independencia de Taiwán). La reunión fue “larga y extremadamente cordial”, según informó la propia Casa Blanca. Otra victoria de Pekín fue la salida de Estados Unidos del acuerdo comercial transpacífico (TPP), diseñado para quitarle espacio y mercados a China. Los países que iban a formar parte del acuerdo quedaron perplejos y Xi Jinping ya se prepara para ocupar parte del lugar abandonado por Washington. Cambiante e imprevisible, Trump avanza con su hoja de ruta todo lo que puede. Las reacciones en su contra crecen dentro del país y tienen dimensión internacional. Con su gobierno comenzó también un período de mayor tensión, incertidumbre y desconfianza a nivel mundial. Desde Buenos Aires, Adrián Fernández e Ignacio Díaz

Cortocircuitos por Rusia Las complejas tensiones entre el poder estadounidense y la actual administración de Donald Trump provocaron la temprana renuncia del asesor de seguridad nacional Michael Flynn, antes de cumplir siquiera un mes en el cargo. Flynn es un teniente general retirado, de aceitadas relaciones con Rusia. Sus posiciones son compartidas por un sector minoritario entre los militares y las empresas estadounidenses que abogan por una distensión en las relaciones con Moscú y un cambio parcial en la política exterior de Washington. Esa línea busca instalar Trump junto al nuevo secretario de Estado, Rex Tillerson, ex director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobil, que tiene importantes acuerdos para la exploración y explotación de hidrocarburos con la rusa Gazprom. Ambas son las empresas más poderosas de cada país. Flynn fue duramente criticado por la prensa estadounidense desde su nombramiento. El año pasado compartió en Moscú una cena para el canal Russia Today (RT) –donde hizo apariciones regulares como analista– y fue fotografiado junto al presidente Vladimir Putin. Pero había logrado sortear la primera ola de críticas y parecía que su puesto estaba garantizado. Sin embargo, la filtración a la prensa de que mantuvo una conversación telefónica con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak, días antes que el presidente Obama anunciara nuevas sanciones a Rusia, pusieron a Flynn contra las cuerdas. El teniente general retirado no había sido confirmado en su puesto al momento de hacer la llamada y la intervención de civiles en disputas diplomáticas con otros países es ilegal. Algunos periodistas, envalentonados, vincularon el hecho con el caso de espionaje Watergate, que terminó con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia. Es evidente que un sector del establishment busca que el mandato de Trump termine como sea antes de tiempo.

Servicios de inteligencia empujaron la renuncia del asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

La información sobre la conversación telefónica de Flynn y Kislyak fue provista desde los servicios de inteligencia, que evidencian importantes fracturas internas desde la campaña electoral. Por eso al día siguiente de la renuncia Trump disparó: “La verdadera historia acá es por qué hay tantas filtraciones ilegales saliendo de Washington”. Las disputas de la CIA con su gobierno son evidentes y ya se cobraron la primera víctima. Flynn fue nada menos que director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), principal estructura militar de espionaje extranjero del Departamento de Defensa. Pero su período duró dos años (2012-2014) por diferencias con sus superiores. Como Asesor de Seguridad Nacional Flynn iba a estar por encima de las 16 agencias de inteligencia estadounidenses y se cree que planeaba revertir un conjunto de reformas hechas durante las presidencias de Obama y Bush.

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Arremetida contrarrevolucionaria en Venezuela

Contundente respuesta a las agresiones

El martes 21 de febrero periodistas de distintos Estados del país se pronunciaron contra las agresiones imperialistas a Venezuela. Foto: AVN

“E

El Gobierno se mantiene firme ante la campaña infame de Washington desacato. Además, la Contraloría General y denuncia una propaganda de guerra. La oposición está fracturada, de la República (CGR) debió intervenir recientemente la Dirección de Auditoría no quiere dialogar y apela a la injerencia internacional.

n Estados Unidos se ha impuesto una inercia estratégica de las políticas de Bush y Obama, que hoy están mandando en todos los organismos estadounidenses, bajo el auspicio de la derecha venezolana. Ellos no pueden aceptar que Venezuela esté recuperándose, que poco a poco estemos recuperando la economía”, denunció el presidente Nicolás Maduro tras advertir que dirigentes opositores promueven una intervención directa contra el país. Las tensiones políticas internas se dispararon cuando la oposición decidió abandonar las mesas de diálogo con el gobierno nacional. Desde entonces, su núcleo duro arrecia en intentos por sacar del poder al Presidente, en línea con la escalada de ataques lanzada desde Washington. Pero tienen un problema

mayúsculo: la estructura de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reúne al conjunto de las agrupaciones de oposición está fracturada, sus seguidores la desprecian públicamente y su poder de movilización se redujo notablemente, como se vio en la última marcha del 18 de febrero en Caracas en reclamo de la liberación de Leopoldo López. Para intentar salvar la coalición, los miembros acordaron una reestructuración y la salida de su secretario ejecutivo, Jesús Torrealba. En su lugar asumió José Luis Cartaya –figura casi desconocida en el país– como nuevo “coordinador general” de la MUD y se crearon tres secretarías para repartir cargos. En el plano legislativo, la oposición no puede hacer uso de su mayoría propia porque mantiene a la Asamblea Nacional en

Interna del órgano legislativo debido a las denuncias por el manejo inadecuado de los recursos ejecutados durante el ejercicio fiscal 2016. Entre las irregularidades se destaca la denuncia por el desembolso de casi 200 millones de bolívares, el 2 de enero, a nombre del diputado Ramos Allup, días antes de dejar la presidencia de la Asamblea Nacional. Nueva ofensiva contrarrevolucionaria Ante la inoperancia interna, la oposición depende de la campaña internacional contra Venezuela, con eje en los medios de comunicación. El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sin ninguna prueba que consideraba que el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, tenía “un papel importante en el tráfico

Foto: AVN

internacional de narcóticos” y lo incluyó en su lista de Narcotraficantes Especialmente Designados. “Ante la infamia y la agresión imperialista: moral intacta, mayor firmeza y convicción antimperialista y mayor conciencia chavista”, respondió El Aissami al anuncio del gobierno de Donald Trump. “En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antimperialista. ¡Venceremos!”, agregó. Esta denuncia se suma a otras similares hechas anteriormente contra el primer vi-

cepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, y el Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol. Una semana antes, la cadena CNN emitió un programa para intentar vincular burdamente al gobierno venezolano con el tráfico de pasaportes al servicio del terrorismo internacional. La fuente utilizada para la denuncia fue un agente opositor infiltrado en la embajada venezolana en Irak, descubierto y expulsado de su cargo en septiembre de 2016. En medio de estos ataques, el nuevo

presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, visitó los parlamentos de Colombia y Brasil, y fue recibido por el canciller del gobierno ilegítimo de Michel Temer, José Serra. En un discurso ante el congreso colombiano, Borges señaló que “se hace urgente un proceso de liberación en Venezuela” y pidió apoyo a los países de la región para “salir de la crisis”. Pareció estar solicitando una intervención internacional contra el país. Rápidamente, la Asociación de Abogados Bolivarianos de Venezuela introdujo ante la Fiscalía General una demanda para pedir el antejuicio de mérito por delitos de usurpación y lesa patria a Julio Borges. Se entiende que si la Asamblea Nacional está en desacato, su presidente carece de tal investidura y mucho menos puede recorrer otros países usurpando funciones exclusivas del Presidente. Aunado al viaje de Borges, otra delegación de diputados opositores viajó a Estados Unidos. Encabezada por Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, la delegación mantuvo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y solicitó la imposición de sanciones a dirigentes venezolanos oficialistas días antes que Washington lanzara la operación contra el Vicepresidente de Venezuela. El plan se completó con la reunión de Donald Trump y Lilian Tintori –esposa de Leopoldo López– en la Casa Blanca el 15 de febrero, con el reclamo

Venezuela da el ejemplo con migrantes colombianos Una delicada situación se vivió en la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente en los Estados Táchira y Zulia, al confirmarse el desplazamiento de al menos 96 familias colombianas hacia territorio venezolano. Anunciada públicamente por el gobierno de Venezuela primero y confirmada luego por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, le emigración se produjo en dos grandes grupos. Ambos afirmaron estar huyendo de las amenazas y persecuciones de paramilitares que tomaron localidades del norte de Santander tras la desmovilización de guerrilleros de las Farc. La inmediata presencia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en la zona permitió comprobar y atender la situación de los migrantes colombianos junto al gobierno venezolano. Acnur informó que la mayoría de los desplazados arribaron a Zulia por el Río Catatumbo y notificó la inmediata activación de la “red nacional de protección de refugiados” bajo la dirección del presidente

Nicolás Maduro. Este organismo de la ONU agradeció y felicitó la “respuesta solidaria y rápida de las autoridades de Venezuela, al acoger a los refugiados y a otros miles que tuvieron que huir de la violencia en sus países de origen”. Los nuevos inmigrantes recibieron ayuda humanitaria y se les abrió el proceso de refugio a todos los que manifestaron interés en permanecer en Venezuela. La solidaria respuesta del gobierno bolivariano contrastó con las últimas denuncias hechas desde Colombia, donde autoridades gubernamentales cuestionaron la migración de profesionales venezolanos a Bogotá y el Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, usó el término “venecos” para referirse peyorativamente a los venezolanos durante una entrega de viviendas. Pese el bombardeo mediático diario contra Venezuela, los ataques a la moneda nacional, el tráfico de alimentos y gasolina promovidos desde Colombia, una vez más el gobierno bolivariano ratificó su carácter humanitario y de hermandad con los pueblos latinoamericanos.

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del presidente estadounidense para la liberación de López. En paralelo, los medios buscan instalar progresivamente el concepto de que Venezuela sufre una dictadura encabezada por Maduro. Respuesta firme En rueda de prensa internacional convocada en Caracas, Delcy Rodríguez denunció la “operación de propaganda de guerra contra el país”. El Gobierno decidió ante la sistemática y reiterada difusión de contenidos que constituyen agresiones e infamias directas contra Venezuela y la dirección revolucionaria, sin derecho a réplica y sin pruebas, quitar inmediatamentede la parrilla de programación a la señal estadounidense. El director del ente rector de las comunicaciones en el país (Conatel), Andrés Eloy Blanco, argumentó que “CNN se convirtió en un cañón de instigación de violencia en el país, al odio religioso y político”. Maduro denunció directamente que “CNN está promoviendo una intervención general y masiva contra Venezuela”. El Psuv salió rápido a denunciar el peligroso vínculo entre estas acciones y el decreto del ex presidente Obama que califica a Venezuela como una “amenaza” a la seguridad de Estados Unidos. Tal decreto “pretende ser reavivado con

falsos positivos”, denunció el partido revolucionario, en referencia a las graves denuncias sin fundamentos que intentan vincular al Gobierno con narcotraficantes y terroristas. “La infamia y el descrédito son manejados como instrumento político para pretender deslegitimar a la máxima dirigencia de la Revolución y generarcondiciones que justifiquen una intervención extranjeraen nuestra Patria”, se lee en el comunicado. Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana consideró las acusaciones como un acto de injerencismo del gobierno estadounidense que ofende a todos los venezolanos y afirmó que “la nefasta estructura de la DEA es empleada de manera criminal para afectar Estados y gobiernos progresistas en función de oscuros intereses”. Clap: la clave económica La nueva arremetida nacional e internacional contra la Revolución Bolivariana se da en un contexto nacional donde la prioridad del Gobierno es la reactivación del crecimiento económico, así como también garantizar la paz y estabilidad del país. En ese punto, los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) cumplen un papel vital, no sólo en la producción y distribución de alimentos. Sobre este instrumento Maduro expli-

có: “Los Clap no son simplemente una caja. Critico fuertemente a los compañeros que ponen al pueblo a hacer cola para entregarle una caja. Ese no es el camino, el camino es ir casa por casa, abrazar al pueblo, incorporarlo, fortalecer los Clap a nivel asambleario, en la base. Que nadie desnaturalice los Clap”. Y llamó luego a consolidar esta herramienta popular por ser “la respuesta socialista desde las bases a la guerra económica”. “Sigo insistiendo en apostar todo el poder para los Clap porque sé que miles de nuevos líderes han surgido en las comunidades”, concluyó el Presidente. Sin embargo, la distribución a través de los Clap ha generado un serio fenómeno de corrupción y mafias que atentan contra su razón de ser. Por eso el Coordinador Nacional de los Clap, Freddy Bernal, ha sido enfático en promover la denuncia como método para garantizar la debida distribución casa por casa. Fueron habilitados distintos canales para recibir todas las denuncias y varias personas fueron detenidas por revender a altos costos las bolsas de alimentos en distintos Estados del país. Por eso Maduro aseguró que “todo miembro del gobierno que vea desfigurando la esencia de los Clap será removido de su cargo”. Desde Caracas, con informes de Roxana Martínez

Reestructuración de Pdvsa

Nicolás Maduro en el acto de juramentación de la nueva directiva de Pdvsa Foto: AVN

“Cero tolerancia con la corrupción y la traición”, sentenció el presidente Nicolás Maduro al anunciar una “reestructuración absoluta” y un “golpe de timón” en la petrolera estatal venezolana. La medida había sido adelantada en noviembre, pero recién en enero fue designada la nueva junta directiva de Pdvsa, que está integrada por la canciller Delcy Rodríguez, quien asumió como vicepresidente

de Asuntos Internacionales; la vicealmirante Maribel Parra en la vicepresidencia ejecutiva; Simón Zerpa en Finanzas y César Triana como presidente de Pdvsa Gas. Todos tienen la tarea primordial de “sanear Pdvsa de la corrupción e iniciar un proceso de transformación completa e integral”, señaló el presidente de la empresa, Eulogio del Pino. Los cambios demuestran que la lucha contra la corrupción sigue su curso. A inicios de año fue destituido y detenido Juancarlo Depablos, presidente de la subsidiaria petroquímica de Pdvsa, Pequiven. También fueron aprehendidos nueve directivos de la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo del país, incluido el presidente de la Corporación del Petróleo y director de la faja, Pedro León Torres. Las investigaciones se mantienen ante las irregularidades presentadas por la adquisición de equipos a sobreprecio. Ante esta realidad y la susceptibilidad de la empresa a sabotajes internos, se produjo su necesaria reestructuración. La tarea encomendada por Maduro es lograr una Pdvsa socialista, eficaz y eficiente, para lo cual es esencial vencer la corrupción y la burocracia enquistadas en la principal empresa del país.

Preso otro secuestrador, mientras avanza el plan de saneamiento

Sacudones políticos en Argentina ¿H

Detenido el ex jefe del Ejército con gravísimos cargos por vio- humanos no cooptadas por el Estado, es laciones a los derechos humanos, el cuadro político se completa fruto también del intento de tapar la realidad satisfaciendo un reclamo muy procon una sucesión de reveses de todo orden para el oficialismo.

ay una crisis política del gobierno Macri? Sí. ¿Desembocará esta coyuntura en un colapso? Altamente improbable a corto y mediano plazos. La Confederación General del Trabajo (CGT) programa una movilización para el 7 de marzo. Por azar –sí, por un azar que disgusta tanto a la cúpula sindical como al gobierno– ese mismo día la ex presidente Cristina Fernández acudirá a los Tribunales imputada por numerosas causas de enriquecimiento ilícito que la ubican en difícil situación. La protesta sindical será acompañada no sólo por otros agrupamientos menores sino también, muy significativamente, por cámaras empresariales espantadas por una deriva económica que tras la abrupta caída de 2016 (4,9% en la industria), pese a signos de tímida reactivación, se prolonga en derrumbe del consumo (10% en lo que va del año), la producción en varias áreas y el empleo (sin datos firmes todavía). Esto en momentos en que Argentina discute las llamadas “convenciones paritarias”, donde sindicatos y empresas pugnan por definir el nivel salarial con la asistencia del Estado. La CGT lleva a cabo una ronda de negociaciones con todos los partidos e instituciones principales: de lleno en función política, en ausencia del Partido Justicialista como eje para la acción. En tanto, con tropiezos, en zigzag, insuficiente respecto de lo buscado, el plan de saneamiento capitalista avanza de la mano de Mauricio Macri y con el acompañamiento de todas las fracciones políticas que, en una fragmentación sin precedentes, disputan la representación de la burguesía. También integran ese bloque no explícito las cúpulas sindicales, más allá de gestos de protesta. Se anuncia incluso una huelga general antes de fines de marzo, que en caso de realizarse bajo la dirección de las actuales cúpulas sindicales no torcería un milímetro el curso esencial de los acontecimientos.

“Todos saben que una hipotética explosión social y el consecuente desplazamiento de Macri, sería la detonación de una situación prerrevolucionaria para la cual el sistema no tiene anticuerpos.”

Todo el poder establecido está igualmente empeñado en que el sistema se estabilice y avente las amenazas de un nuevo colapso, que en caso de ocurrir –y esa posibilidad no puede descartarse– sería incomparablemente más grave que el de 2001. Por eso la iglesia, también con declaraciones que enmascaran su compromiso, se suma al conjunto empeñado en que el sistema no sufra una herida irreparable. Todos saben que una hipotética explosión social y el consecuente desplazamiento de Macri, sería la detonación de una situación prerrevolucionaria para la cual el sistema no tiene anticuerpos. Por eso, pese a todo, la ruptura del bloque interburgués y la eclosión de una inmanejable crisis política no es, al momento, lo más probable. Secuestrador en prisión No es verdad que el gobierno de Cambiemos sea incapaz de aprender. La detención del jefe del Ejército designado por Cristina Fernández, César Milani, si bien resulta del incansable esfuerzo de familiares y organizaciones de derechos

fundo de la sociedad argentina: juicio y castigo a los culpables por la represión, tortura, secuestro y asesinato de miles de personas en los años 1970. Como sea, Milani está preso. Además de hechos represivos aberrantes, afronta también acusaciones por fulminante enriquecimiento ilícito. Quienes lo arroparon durante los últimos años por orden del gobierno anterior, se hallan en difícil situación. Tanto que a cinco días de su detención, sólo un par de kamikazes salió al ruedo. Uno (su socio actual en una cadena de comida chatarra y ex secretario de Comercio) para decir que es inocente. Otro (un diputado del Frente para la Victoria) para asegurar que esto es posible por la política de Cristina Fernández. No parece haber límites para la impudicia en la Argentina de hoy. Transparencia En la raíz de todo, sin embargo, está la realidad económica. Afortunadamente, ahora es transparente cuando un Presidente actúa a favor de un grupo económico (el caso del Correo es un escándalo a la vista de todos); es transparente que se gobierna para los ricos (¿cuándo no fue así, desde la Organización Nacional hasta la fecha?); que lavadores de dinero y tránsfugas de la peor calaña están en lugares clave del Estado, como por ejemplo el servicio de espionaje, la Oficina Anticorrupción, el propio Congreso y la Justicia. Será igualmente diáfano en plazos no lejanos que recesión y desocupación no resultan de la maldad de un Presidente, por más hijo de papá que sea (ver pág. 20). La crisis es un dato objetivo, fruto de la lógica inexorable de un sistema ya incapaz de dar lo elemental a los seres humanos. Aquí, o en cualquier parte del mundo, como lo prueba con estridencia la conducta de Donald Trump. Buenos Aires, 20 de febrero L.B. @BilbaoL

Marzo de 2017

La deuda eterna argentina

Sumisión a un fraude sin fin

La deuda pública llega hoy a 305 mil millones de dólares. Macri sumó 45 mil millones en 2016. De origen ilegítimo, es instrumento de saqueo, bloquea el desarrollo y empobrece a sus habitantes.

rgentina debía 178 mil milones de dólares cuando en mayo de 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner. Diez años después, su sucesora, Cristina Fernánadez, se jactaba de que entre ambos habían pagado 200 mil millones de dólares de aquella deuda. En realidad esa cifra superó los 230 mil millones. Economistas oficialistas y, con escasas excepciones, también opositores, afirmaban que el país se había desendeudado. No obstante, tras 12 años de gobierno de Kirchner y Fernández, al traspasar el mando a Mauricio Macri en diciembre de 2015 la deuda pública argentina era de US$ 239.959 millones. Según datos del ministerio de Economía (Mecon) la diferencia es que algo

más del 60% se adeudaba a agencias del sector público, 27% a privados y 12% a organismos multilaterales de crédito. Durante 2016 el gobierno de Cambiemos tomó deuda por 45 mil millones de dólares. Luego de reemplazar a su ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, y dividir la cartera en dos –Finanzas a cargo de Luis Caputo y Hacienda, con Nicolás Dujovne a la cabeza– Macri multiplica el endeudamiento y en los primeros dos meses de 2017 sumó casi 16 mil millones de dólares. Para cumplir con el plan de atraer inversores externos, el Ejecutivo debió solucionar primero el conflicto con los Fondos Buitre, aquellos tenedores de bonos por US$ 16 mil millones que no entraron

en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y fueron favorecidos por la justicia estadounidense, cuya jurisdicción aceptaron Kirchner y su ministro Roberto Lavagna. Esa medida impedía que pudieran cobrar el resto de los bonistas. Finalmente, en abril de 2016 se pagaron los US$ 16 mil millones para cancelar la deuda con los bonistas minoristas, entre ellos el poderoso NML Capital, de Paul Singer, que obtuvo una desorbitante ganancia de 1600%. Luego de cumplir con la sentencia el endeudamiento retornó a su fuente externa; incluso numerosas provincias emitieron bonos en dólares, en su mayoría para financiar gastos corrientes, donde la Nación es el respaldo. Provincias como Córdoba, Salta, Santa Fe, Buenos Aires y recientemente Entre Ríos, emitieron bonos por entre 300 y 700 millones de dólares. Según el plan financiero de 2017, anunciado por el ministro Caputo, se planea emitir US$ 43 mil millones (mm), entre refinanciamiento (21 mm) y nueva deuda (22 mm). De ese total, se tomará deuda por US$ 3.850 millones de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, BID o la CAF; alrededor de US$ 6 mil millones se colocarán en bonos y US$ 4.500 millones en Letras del Tesoro en dólares. Habrá también colocaciones por 10 mil millones de dólares en el mercado internacional y 14 mil millones de pesos en el mercado local. Otros US$ 2 mil millones se colocarán en entes públicos y organismos del Estado. Durante el kirchnerismo, referentes de Cambiemos criticaron el endeudamiento constante que el gobierno de Cristina Fernández hacía con el Banco Nación, el Banco Central y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Sin embargo, el nuevo gobierno retomó esta práctica: el pasado 9 de febrero se anunció un préstamo del Banco Nación por 25 mil millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) que se suma a los fondos tomados de la Anses en enero por más de mil millones de dólares.

Domingo Cavallo, funcionario durante la dictadura y ministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa

Breve historia reciente Antes del último golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda del Estado argentino era de 7.900 millones de dólares, según los últimos datos de 1975. A la salida de la dictadura, en 1983, tras la estatización de deuda privada por parte de Domingo Cavallo, funcionario del gobierno militar, el monto se había multiplicado casi por seis para alcanzar los 45.100 millones. Al término del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, y pese a haber pagado más de 20 mil millones, el monto de deuda ascendía a 65.300 millones. Menem pagó alrededor de 80 mil millones y en 1999 dejó la presidencia con una deuda de 122 mil millones. Luego de la crisis económica, política y social que arrasó al gobierno de la Alianza en diciembre de 2001, Adolfo Rodríguez Saa, presidente de transición electo por la Cámara de Diputados, declaró la cesación de pagos (default) de una deuda que ascendía para 2003 a U$S 178 mil millones y en 2004 era de US$ 191.296 millones. Néstor Kirchner presentó en 2005 la primera oferta a los acreedores con una quita de U$S 27.057 millones, aceptada por el 76% de los bonistas. Las críticas al canje apuntaron a la emisión de un “bono estímulo” atado al PIB que obliga al país a pagar una tasa mayor cada año que el crecimiento supera el 3%. Como hasta el

año 2011 la Argentina creció ininterrumpidamente, la quita original comenzó a decrecer. Otro punto clave del gobierno de Kirchner fue el pago a fines de 2005 de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional por US$ 9.810 millones, con la excusa de “ahorrar intereses” y tener mayor soberanía en las decisiones del rumbo económico. En 2010 el gobierno de Cristina Fernández volvió a abrir el canje, que generó la adhesión de casi el 93% de los acreedores. Sin embargo, la economía argentina había detenido su crecimiento y los pagos de capital y de intereses de la deuda comenzaron a realizarse a través del uso de reservas del Banco Central, al terminarse el superávit de los años anteriores. Como se ve, no hubo desendeudamiento real sino transferencia de la deuda externa al sector público. El caso más sensible fue el de la Anses, cuyos fondos se destinan al pago de jubilaciones y pensiones. Y al compás de un acelerado crecimiento del déficit fiscal, aumentó la emisión de dinero sin respaldo, presionó sobre la ya elevada inflación, alentó el desequilibrio de la balanza de pagos y la caída de las reservas de divisas. Entender la deuda El primer acreedor del país fue la inglesa Baring Brothers, en 1822. Con

ese préstamo surgió por primera vez en la historia argentina el término “deuda externa”. Pero con el tiempo comenzó a utilizarse otro concepto más abarcativo: “deuda pública”, que es la deuda que el Estado mantiene con prestamistas dentro o fuera del país. Un modo de comprender la dimensión de la deuda pública para una economía es compararla con una serie de indicadores, entre los que se pueden mencionar el Producto Bruto Interno, la relación entre pagos de deuda externa y exportaciones; las reservas; y en un contexto de endeudamiento con el sector público también es importante la recaudación tributaria. Los economistas liberales –aunque no sólo ellos– se conforman si la deuda es menor a un determinado porcentaje del PIB. De esta manera desdibujan el hecho de que mediante el pago de intereses y sucesivas refinanciaciones los excedentes del país van a parar a manos del capital financiero, internacional o local, bloqueando la inversión y cualquier perspectiva de desarrollo ulterior real. Basta comparar la fuga de riquezas por pago de intereses y capital con las aspiraciones de inversión para supuestamente relanzar el crecimiento para comprobar el saqueo legal al que es sometido la nación. He aquí los datos presentados por el Mecon: sólo en sus dos últimos años de gobierno Cristina Fernández pagó por capital e intereses poco menos de 60 mil millones de dólares. Macri siguió el ritmo y pagó 31.310 millones en 2016. En lugar de emitir dinero, el nuevo gobierno financió el déficit fiscal con endeudamiento. La conclusión es que en los últimos tres años se pagó un tercio de la deuda actual y, sin embargo, el número total no ha descendido. Sólo se pagaron los intereses de la deuda y el capital fue refinanciado, con nuevos intereses, en un círculo vicioso que no tiene fin. Nadie duda de la ilegitimidad del endeudamiento durante la dictadura. No obstante, pasaron 34 años, siete presidentes y los partidos políticos mayoritarios no hicieron sino continuar sometiendo al país a esa sangría. Desde Buenos Aires, con informes de Iván Gómez

Marzo de 2017

Moreno y Lasso se preparan para el balotaje en Ecuador

Elegir entre rumbos opuestos

Ambos candidatos disputarán la presidencia el 2 de abril

El conteo rápido determinó que habrá segunda vuelta el 2 de abril entre el oficialista Lenín Moreno y el banquero Guillermo Lasso. La derecha se reagrupa y Alianza País llega con confianza.

uedó a las puertas del triunfo en primera vuelta, pero no le alcanzó. Según el conteo rápido oficial, al 22 de febrero y con el 98,5% escrutado, el candidato de Alianza País (AP), Lenín Moreno, fue el más votado con 39,33% y terminó a 0,66 puntos porcentuales de la victoria. La participación fue alta: 81,8%. Para ganar la elección del 19 de febrero, el ex vicepresidente de Rafael Correa necesitaba superar el 40% y conseguir una diferencia de más de 10 puntos sobre el segundo. Esto último sí lo logró, ya que el banquero opositor Guillermo Lasso (de la alianza Creo-Suma) alcanzó un 28,2%. En las elecciones legislativas, AP logró preservar la mayoría propia con no menos de 72 asambleístas (de 69 necesarios) y, pese a que tenía 100, seguirá controlando la Asamblea Nacional. Dura batalla en puertas Rápidamente el resto de la derecha y sectores empresariales se reagruparon detrás del candidato opositor que llegó a la

segunda vuelta. El Partido Social Cristiano (PSC), que quedó tercero y muy lejos del balotaje con la candidatura de Cynthia Viteri (16,2%), se acomodó de inmediato. Su líder y alcalde de Guayaquil desde 2000, Jaime Nebot, declaró al día siguiente de la elección que “por culpa de otros no se pudo consolidar una candidatura de unidad nacional alrededor de la figura del señor Lasso”, y llamó a votarlo pese a haberlo confrontado con dureza durante la campaña. Otro que confluirá con el candidato liberal es Abdalá Bucaram (hijo), que terminó quinto con 4,8%. Quien no apoyará al banquero es el general retirado Paco Moncayo, que quedó en cuarto lugar (6,8%) encabezando una alianza de centroizquierda conformada por Izquierda Democrática, Centro Democrático, Unidad Popular y Pachakutik. “Personalmente no apoyaré a nadie”, avisó la misma noche de la elección el candidato socialdemócrata, que se mostró disconforme con los resultados obtenidos. Y el quinto, Iván

Espinel (3,2%), se reunió el 22 de febrero con Lenín Moreno, aunque sin tomar posición frente al balotaje. Los otros dos candidatos, Washington Pesántez y Patricio Zuquilanda, no llegaron al 1%. El punto de confluencia entre distintas fuerzas opositoras fue el rechazo al recuento de votos, que tras un rápido inicio en la noche del domingo 19 de febrero, avanzó con lentitud el lunes y el martes (ver recuadro). Ante la hipotética posibilidad de que Lenín Moreno llegara al 40% y ganara en primera vuelta, la oposición convocó manifestaciones en Quito y Guayaquil para presionar al Comité Nacional Electoral (CNE) y advirtió que no reconocería la eventual victoria oficialista. La consideraba un fraude de antemano, pese a no tener ninguna prueba. Ante la reacción opositora, Moreno llamó a respetar la voluntad popular y respondió que “la violencia no debe definir el resultado”. “Más allá de lo que decida el CNE, ya comenzamos nuestro trabajo, ¡hay tanto por hacer!”, agregó antes de viajar a la provincia de Manabí. Desde allí pensaba seguir “la lucha por una patria mejor, sin violencia pero con libros, sin insultos pero con hospitales, sin odios pero con vivienda y trabajo, sin mentiras pero con oportunidades, universidades y becas”, destacó. El destino del viaje no fue casual. Manabí y Esmeraldas sufrieron el gravísimo terremoto de abril de 2016 (7,8 según la escala sismológica) y sus réplicas, que dejaron 680 muertos y grandes zonas destruidas. Durante la campaña, un sector de la oposición aprovechó el hecho para denunciar el supuesto fracaso y estafa de la reconstrucción y las medidas llevadas adelante. Sin embargo, en Manabí el candidato de AP obtuvo 54% y el de Creo apenas 18,1%, mientras que en Esmeraldas los números fueron 40,6% y 28,1%. Estos resultados fueron “la mejor respuesta a las calumnias y mentiras sobre la reconstrucción”, celebró Rafael Correa. El Presidente también salió al cruce de los candidatos opositores que convocaron manifestaciones en las calles para que el CNE confirmara anticipadamente la se-

La participación electoral fue alta: 81,8%. Foto: Agencia Andes

gunda vuelta. “Con el 10% de los votos todos sabíamos quiénes eran los ganadores de la primera vuelta, pero nadie sabía si el binomio ganador llegaba o no al 40%. Por eso no se proclamaron resultados en base a proyecciones y se hace el conteo voto a voto, lo cual ha sido aprovechado por los perdedores para generar violencia y hablar de fraude”, explicó Correa y alertó: “¡El viejo país intentando resucitar!”. “En todo caso, por la violencia nada lograrán. ¡Somos más, muchísimos más!”, celebró desde su cuenta de Twitter. Otro motivo de alegría para el Presidente fue el triunfo del Sí en la consulta popular sobre paraísos fiscales (55% a favor). Ahora la Asamblea Nacional tiene hasta un año de plazo para modificar las leyes necesarias y reglamentar las nuevas restricciones.

Cuando eso ocurra, los funcionarios públicos y todos los que aspiren a cargos de elección popular no podrán tener dinero en paraísos fiscales. Para poder serlo, deberán regresar los recursos al país. Apoyos opuestos Entidades como el Comité Empresarial Ecuatoriano (cuyo presidente fue candidato a asambleísta nacional por el PSC) y la Cámara de Comercio de Guayaquil se sumaron a las presiones contra el CNE. “Le pedimos a los empresarios dejar en libertad a todos sus colaboradores para que estén en las calles y nos ayuden a salvaguardar el voto por el cambio. (...) Un día de libertad por una vida de libertad”, declaró el presidente de la organización que reúne a los comerciantes de la ciudad.

Envalentonado, el banquero opositor ya anunció la preparación de una “mesa de gobernabilidad” con líderes políticos, sociales y gremios, para ofrecer espacio a opositores en un hipotético futuro gobierno suyo Del lado de AP, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que agrupa a 15 organizaciones nacionales; la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin); la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, la Coalición de Organizaciones Sociales (COS) –que reúne a 27 colectivos a nivel nacional– y la Red de Maestros –profesores públicos– respaldan activamente a Lenín Moreno. El secretario encargado del movimiento político, Óscar Bonilla, afirmó: “Estamos preparados para continuar con nuestra lucha” y resaltó que AP “es una fuerza victoriosa con más de un millón de votos (de diferencia) sobre el candidato que sigue”. Lenín Moreno también envió un mensaje cargado de optimismo: “El candidato más fácil de derrotar es Lasso”, alentó. “Todas las encuestas y simulacros dan como perdedor a Lasso de concretarse una segunda vuelta”, justificó luego. Ante la propuesta del candidato derechista de hacer “un debate público por semana”, contestó: “Yo fijaré el momento que vamos a dialogar”. Por si quedaban dudas, reafirmó: “Iremos a la segunda vuelta y los volveremos a derrotar, así como les hemos derrotado en todas las instancias en que se han presentado hasta el momento”.

CNE: “El escrutinio ha funcionado de manera impecable” Luego de una rápida presentación de más del 50% del escrutinio, apenas tres horas después de que finalizaron las elecciones el domingo 19 de febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) demoró sin embargo hasta el miércoles para dar resultados finales. Pese a las quejas públicas de candidatos opositores, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, defendió que “el sistema de escrutinio ha funcionado de manera impecable” y que las especulaciones surgen por el estrecho margen que hubo para definir si había o no una segunda vuelta. “Ojalá podamos hacer un mejor ejercicio de cultura política”, lamentó Pozo ante la actitud tomada por un sector de la oposición que llamó a protestas contra el organismo electoral. El presidente del CNE explicó que el retraso en el final del escrutinio se debió a tres cuestiones “normales en todo proceso electoral”: la inconsis-

tencia de algunas actas, la llegada rezagada de otras y demoras habituales en el proceso de entrega de resultados preliminares oficiales. La ley electoral dispone para estos casos –cuando no hay segundas actas– que cada Junta Provincial Electoral debe resolver esa irregularidad con el reconteo de votos en audiencias públicas de escrutinio, es decir, en presencia de representantes de las fuerzas políticas acreditadas. “Es un tema de responsabilidad y no de velocidad”, argumentó la autoridad electoral. Pozo explicó que el 80% de las actas se ingresaron en apenas cinco horas por la calidad del sistema de escrutinio y el resto del proceso se cumplió con normalidad en tiempo y forma, teniendo en cuenta la necesidad de resolver inconsistencias. Adelantó además que iniciarán acciones legales contras las personas que han agredido a funcionarios del CNE durante el tiempo de escrutinio.

I.D.

Marzo de 2017

Resurge la figura de Lula como alternativa presidencial en Brasil

Temer cuesta abajo

Golpeado por la corrupción y una recesión catastrófica, el Presi- y las están aprobando en tiempo récord”, dente sufre un rechazo masivo e irreversible. El PT cree que Lula completó el ex mandatario, en un intento por poner al PT en acción para no sólo puede ganar las próximas elecciones y busca una refundación.

ientras las últimas encuestas difundidas muestran que el gobierno de Michel Temer tiene la peor imagen positiva desde que asumió la presidencia (10% según un estudio de la consultora MDA publicado el 15 de febrero), Lula da Silva, ex presidente y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), reaparece como posible triunfador de las elecciones presidenciales de 2018. El rechazo a Temer se explica tanto por la delicada situación económica como por las causas de corrupción vinculadas a Petrobras que cada semana afectan a más integrantes del gobierno brasileño (ver recuadro). Según el Banco Central Brasileño, la actividad económica cayó un estrepitoso 4,55% en 2016. La recesión llegó a los tres sectores fundamentales de la economía brasileña: agricultura y ganadería, industria, comercio y servicios. Como consecuencia, la situación laboral es cada vez más grave. En enero la Organización Internacional del Trabajo pronosticó que la desocupación seguirá creciendo en 2017 y trepará al 12,4%, afectando a 13,6 millones de ciudadanos.

¿Vuelve Lula? Luiz Inácio da Silva ganaría en primera y segunda vuelta, según el sondeo de MDA, tanto a Temer (del Pmdb) como a los candidatos más fuertes de la derecha y centroderecha: Marina Silva (Partido Socialista Brasileño, PSB) y Aécio Neves (Partido de la Social Democracia Brasileña, Psdb). Aunque otras encuestas lo ponen por debajo de Marina Silva en un balotaje, su popularidad se sostiene. Por más que sean sólo datos preliminares y todavía muy lejanos a la elección, los números entusiasman al PT, que confía en que su máximo líder lo devuelva al gobierno en 2018, dejando atrás el impeachment a Dilma Rousseff y abriendo un nuevo capítulo en la historia brasileña. Ante esta posibilidad, el propio Lula definió una nueva línea de acción para el que supo ser el partido de izquierda más grande del continente. “Nos quedamos gritando ‘fuera Temer’ y Temer está ahí adentro”, dijo en enero. “Gritamos ‘no habrá golpe’ y hubo golpe. Estamos gritando contra las reformas

reclamar contra las medidas regresivas del gobierno de Temer, sino para volver a constituirse como una opción política para la próxima elección. En junio los petistas se reunirán en el Sexto Congreso, que llevará el nombre de la fallecida esposa de Lula, Marisa Leticia, para intentar una reconstrucción en torno a la figura del ex presidente. En el documento elaborado por la dirección del Partido se plantea que el PT tiene “una incapacidad para hablar con la sociedad” debido a que quedó “preso de las dinámicas electorales” y se alejó de la organización de luchas sociales, y también porque abandonó por momentos el programa partidario en aras del “marketing político y la gobernabilidad”. En el autocrítico balance también sostienen que el viraje realizado en 2002 –con la llegada de Lula al poder“fue práctica sin teoría” y que nunca fue discutido por el Partido. Por otro lado, aseguran que su política de alianzas debe orientarse principalmente hacia las organizaciones sociales y sectores progresistas articulados, de forma embrionaria, en el Frente Brasil Popular. “La

coalición propuesta debe aglutinar en su interior (…) a todas las fuerzas que estratégicamente se alineen con una perspectiva antimperialista, antimonopolista, antilatinfundista y radicalmente democrática en su programa. La consolidación de una izquierda antisistema con clara identidad programática y organizativa constituye un elemento insustituible de nuestra política”, resumen. También sostienen que por la dinámica del capitalismo brasileño a veces es posible incorporar tácticamente a fracciones de la burguesía contra la oligarquía dominante. Lula comenzará un recorrido por el interior del país para animar a la militancia y ponerla en sintonía con el objetivo de regresar al Palacio de Planalto, mientras intenta ser electo como presidente del Partido. Pero, para poder ser efectivamente candidato, deberá antes sortear los cinco procesos judiciales que pesan sobre él, vinculados a los casos de corrupción en Petrobras. Para la fiscalía, Lula fue el “comandante máximo” de esas operaciones. Mientras, el Psdb, cerebro del juicio político que destituyó a Rousseff y actual opositor al PT, se enfrenta a varias dificultades tras cuatro derrotas consecutivas en presidenciales contra el partido de Lula. Aunque falta más de un año para las elecciones (si no se adelantan por una salida temprana de Temer), todavía no se vislumbra cuál podría ser el candidato que dé la derecha para disputar la presidencia, dado que su coyuntural aliado, el Pmdb

de Temer, no parece tener figuras relevantes por ahora. De todas formas, el propio Neves sostuvo que continuarán apoyando el gobierno de Temer “para bien o para mal”. En el Psdb pretenden que el presidente puesto por el Congreso asuma el costo de las duras reformas que exige el capital y además saben que no ganarían unas elecciones anticipadas, tal como muestran las encuestas. Temer contra los trabajadores En paralelo a la discusión sobre el futuro político de Brasil, el gobierno de Temer sigue avanzando con su agenda antipopular, con una reforma del sistema de seguridad social en marcha. Las principales medidas de esta reforma afectan los derechos de la clase trabajadora en general y las mujeres en particular. Por un lado, pretende aumentar la edad jubilatoria femenina de 60 a 65 años, e igualarla a la edad establecida para los hombres. Esto ignora la realidad social y laboral brasileña, que marca niveles de precarización mayores en el caso de las mujeres: el Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (Ibge) develó que las mujeres brasileñas trabajan, en promedio, cinco horas semanales más que los hombres y según informó el periódico Brasil de Fato, las mujeres ganan 25% menos del salario que los hombres a igual tarea. Además, establece un mínimo de 25 años de aportes jubilatorios para recibir el 72% de la jubilación y más de 49 años de apor-

tes para percibir una jubilación completa. La secretaria general de la CUT, Maria Apareceida Faria, aseguró que la reforma previsional perjudicará profundamente a la clase trabajadora. “La tasa de desempleo viene creciendo en el país, principalmente después del golpe. ¿Cómo podemos pensar que los trabajadores conseguiremos trabajar 49 años ininterrumpidos para llegar a la jubilación, como propone esta reforma? ¿Y las mujeres que muchas veces ven su trayectoria interrumpida por un embarazo o un familiar enfermo?”, se preguntó. En rechazo a estas políticas, el Frente Brasil Popular –que articula más de 60 organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Movimiento de los Sin Tierra (MST), la Central única de Trabajadores (CUT), la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), la Marcha Mundial de Mujeres y el Levante Popular de la Juventud– lanzó una agenda de movilizaciones para el 8, 15 y 31 de marzo. La primera convocatoria es en apoyo al Paro Internacional de Mujeres, la segunda será el “día nacional de lucha contra la reforma previsional” y la última, en el aniversario del golpe militar de 1964. Este frente de organizaciones, junto con otro llamado “Pueblo sin Miedo” (Frente Povo Sem Medo) han sido los actores más dinámicos desde el golpe parlamentario de 2016. Julia de Titto

Operación Leviatán: nuevas denuncias de corrupción

Represa de Belo Monte

El jueves 16 de febrero se dieron a conocer los primeros resultados de la investigación que lleva adelante la Policía Federal sobre los sobornos en torno a la obra de la represa de Belo Monte (Estado Pará), la mayor obra pública de Brasil, cuyo presupuesto es 9.484 millones de dólares. Esta investigación, que ya se conoce como “Operación Leviatán”, es considerada la expresión más grave del caso Lava Jato y apunta directamente al senador Edison Lobão (Pmdb), que era ministro de Minas y Energía durante la construcción de la represa en 2014, y su hijo Marcio Lobão, quien es acusado de cobrar sobornos de las empresas constructoras. Este último habría sido el encargado de cobrar una coima del 1% de la obra (casi 100 millones de dólares) para dirigir ilegalmente hacia la campaña electoral presidencial. En el expediente se mencionan también a Romero Jucá, Valdir Raupp, Renan Calheiros y Jader Barbalho, todos miembros del Pmdb. Hasta el momento, 44 senadores están siendo investigados por la causa de Lava Jato y 27 están acusados de corrupción. Entre ellos, Renan Calheiros (Pmdb), presidente del Senado y mano derecha de Temer.

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Marzo de 2017

Italia reconoció plan criminal de dictaduras en Suramérica

Fallo incompleto para las expectativas uruguayas do Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Trócoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Chávez Domínguez.

Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos se sintieron defraudadas ante el fallo de la Corte

La Corte de Italia no dejó dudas sobre la existencia del Plan Cóndor. Pero confirmó la sensación de impunidad que viven familiares y víctimas uruguayas de las últimas dictaduras en la región.

esazón. Ese fue el estado de ánimo de la delegación uruguaya, que incluyó al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que asistió a Roma al juicio sobre la participación en el Plan Cóndor de 33 imputados, varios de ellos uruguayos. La decisión de la Justicia italiana de condenar sólo a algunos jefes militares fue cuestionada y se espera que sea apelada. El fallo de la III Corte Penal de Roma reconoció la existencia de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas montadas en el Plan Cóndor, condenó a los máximos responsables y eximió de penas a otros mandos subalternos. La Justicia sólo condenó “a los cabecillas de las dictaduras”, mientras que mandos medios e inferiores quedaron ab-

sueltos. En tal lógica el excanciller de la dictadura cívico-militar uruguaya, Juan Carlos Blanco, fue condenado a “cadena perpetua”. Otros, como el marino Jorge Tróccoli, prófugo, residente en Italia y clave en la desaparición de miembros de los Grupos de Acción Unificada (GAU), fue absuelto. El fallo condenó a ocho miembros del plan cóndor: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa más Juan Carlos Blanco. La inocencia recayó en los uruguayos, algunos de ellos presos en Uruguay en condiciones privilegiadas, José Ricar-

Incomprensión El pronunciamiento de la Corte romana fue un mazazo para la delegación uruguaya y para los organismos defensores de derechos humanos. No obstante señalan como un hecho positivo que el Plan Cóndor haya sido reconocido como tal. La presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), la ex fiscal Mirtha Guianze –presente en Italia– comentó que hay una interpretación que no comprendió cuál fue el papel de los grados jerárquicos inferiores en el funcionamiento del aparato represivo en las dictaduras latinoamericanas. “No se necesitaba una orden de un superior para matar y si se mataba no había sanción para el que lo hacía” explicó. Agregó: “no sé cómo se manejaron” los magistrados para emitir el fallo. Guianze lamentó el fallo, pues eran casos “sobre los que teníamos muchísimas pruebas”. Por su parte, el vicepresidente de la República –también una de las tantas víctimas de la dictadura– destacó la presencia del Estado uruguayo junto a los familiares y víctimas del terrorismo. Sobre la sentencia expuso que “esperábamos otra cosa”. Expresó su defraudación aunque –aclaró– “respetamos la separación de poderes”. Sus responsabilidades institucionales marcan de alguna manera sus acotaciones, remarcó. Muchas voces críticas, además de los asistentes al fallo, se hicieron escuchar. En la misma ciudad de Roma una indignada María Victoria Moyano, hija de desaparecidos, dio su punto de vista cues-

de desinformación y confusión. Es lapidario saber que 180 causas no han salido de la instancia presumarial. Ya en octubre pasado el Observatorio en derechos humanos Luz Ibarburu dejó planteada su inquietud ante la impunidad “de la que goza la enorme mayoría de quienes han sido denunciados como presuntos autores, coautores, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad”. Las distintas organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos hablan de renunciamientos y que, pese a que se avanzó sobre los principales represores, la calificación de sus crímenes no quedó comprendida en la figura de crímenes de lesa humanidad.

tionando al gobierno uruguayo: “tengo todo el derecho de cuestionar al gobierno. Estamos acá porque en Uruguay los juicios no existen”. Cuestionó que “me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo más perverso es que en Uruguay no puedo iniciar un juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad”, contraste al que calificó como “una vergüenza”. El 22 de diciembre de 1986 el Parlamento Nacional de una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas aprobó la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, conocida popularmente como ley de impunidad. Esa losa es la que, 30 años después y con mucho ocultamiento y complicidades diversas, sigue impidiendo los juicios a los violadores de los derechos humanos. Los ciudadanos ya no son iguales ante la ley. Crysol, una asociación que nuclea a ex presas y presos de la dictadura, afirmó que rechaza “enfáticamente el fallo de la corte de Roma”. La organización entiende, junto a miles de compatriotas, que una condena “firme y tajante para todos los encausados de Uruguay” hubiera sido muy positiva. Era una “gran caricia en el alma” de quienes, contra viento y marea mantienen enhiestas las banderas de juicio y castigo a los terroristas de Estado. Uno de sus miembros, Baldemar Tarocco, comentó que el “nuevo golpe” exige

redoblar el esfuerzo en la “búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos”. Tímidos avances El fallo de Roma, por extensión, puso en la picota la ausencia de justicia en Uruguay. Informes de organismos vinculados a los derechos humanos indican la baja judicialización existente en el país. En su edición del 23 de diciembre pasado el semanario Brecha, tomando como uno de sus insumos un informe del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), revela que “13 causas en Uruguay son vinculadas a casos de crímenes del Plan Cóndor y éstas abarcan solamente 111 víctimas, es decir 63% del total”. Agrega que “las cuatro causas con sentencia firme abarcan sólo a 70 víctimas, un 39,5 % del total de las estimadas 177 víctimas uruguayas”. A ello hay que agregar que durante 20 años la ley de impunidad bloqueó todo intento de tramitar justicia. La primera condena, vinculada al Plan Cóndor, se verificó en 2009. Dos policías y seis militares fueron condenados por la comisión de 28 homicidios. Los avances han sido tímidos y han generado debates entre el Gobierno –que no siempre fue claro– y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los militares y civiles partícipes de las atrocidades de la dictadura siguen cultivando el silencio cuando no generando operativos

Reportan retroceso La situación hace que Mirtha Guianze sostenga que Uruguay es el país más atrasado en materia de derechos humanos. Afirma que “aún en Perú rige el concepto de crimen de lesa humanidad, un país que se pensaba que podía estar más atrasado que Uruguay”. Cree que el sistema judicial al estar politizado, debido a los acuerdos partidarios, impide realizar nuevos enjuiciamientos. Observa una “indefinición” por parte de la Suprema Corte de Justicia, máximo organismo judicial que, al cambiar su integración, muchas veces cambia pronunciamientos. Revelando la capacidad de propuesta del organismo que preside, creado durante el actual gobierno del Frente Amplio (FA), la especialista comentó que le han aportado iniciativas para viabilizar la investigación de los delitos de lesa humanidad. Ellos no tienen competencias para investigar; ese rol le cabe a la Justicia. Muchos creen que la movilización, atada a la denuncia de renunciamientos, podrá incidir en el avance de las causas y levantar las losas, visibles e invisibles, que impiden llegar a la verdad y la justicia; con el consiguiente castigo a los responsables. Varios aspectos han prosperado en todos estos años fruto de la lucha del pueblo organizado. Pero en relación a la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad, Uruguay sigue rezagado. En cambio, otros sectores con capacidad de incidencia apuestan al olvido. Desde Montevideo, Darío Rodríguez Techera

Marzo de 2017

Provoca turbulencias la enmienda constitucional

Plazos para la reelección en Paraguay

Palacio de gobierno paraguayo

La discusión por la enmienda trasciende al Ejecutivo y al Congreso y gana las calles con marchas a favor y en contra. Cada postulante tiene propios intereses en la reforma. Los tiempos se acortan.

l presidente Horacio Cartes y los ex presidentes Fernando Lugo y Nicanor Duarte Frutos motorizan la posibilidad de una enmienda constitucional que los habilite a competir por el ejecutivo a partir del 2018. Por el contrario, los principales rechazos nacen de aquellos dirigentes políticos que compiten en las internas con el actual mandatario o con sus antecesores. La instalación de este tema en el escenario político generó un clima enrarecido ante las diversas opiniones que inclusive llegaron a manifestaciones callejeras. El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (Plra), Efraín Alegre; el principal opositor de Cartes en la interna del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez (hijo) y las huestes del intendente de Asunción, Mario Ferreiro (Avanza País), acusan a sus rivales de intentar “violar la Constitución” en una escalada de intervenciones.

Este grupo de opositores a la reforma tiene el respaldo de buena parte de la prensa patronal. Los grupos de Aldo Zucolillo (ABC Color, Radio Cardinal) y de Antonio J. Vierci (diario Última Hora, Canal 4 Telefuturo, Radio Monumental, entre otros) sostienen la idea de que no se puede reformar la cuestión electoral por enmienda constitucional. Se amparan en el artículo 290 que en su parte final dice: “... No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado...”. A pesar de ello importantes constitucionalistas locales e internacionales se manifestaron a favor de la posibilidad de cambiar el artículo en una interpretación amplia en la que se asegura que dicha

redacción no impide la enmienda. También sostienen que como reaseguro está el mecanismo del referendo vinculante que debe darse dentro de los 180 días posteriores para conocer la voz del pueblo. Esta segunda postura es ampliamente difundida por los medios del Grupo Nación que responde a la familia del presidente (diarios La Nación, Crónica y Popular, Radio 970 AM, entre otros). Marchas y contramarchas El Frente Guasu (FG), la fuerza política que conduce Fernando Lugo, suspendió una marcha que tenía prevista para el 21 de febrero argumentando problemas de organización. En realidad, la posibilidad de una contramarcha alentada por los opositores a la enmienda y el cruce violento en algún lugar del centro de Asunción, provocaron preocupación en todas las carpas. La posibilidad de suspender la convocatoria creció cuando el ministro de

Defensa, Diógenes Martínez, dijo públicamente que si la policía se veía sobrepasada por una movilización convocaría a las fuerzas militares. El FG expresó su rechazo a “cualquier intento de atemorizar a la ciudadanía a fin de evitar que esta ejerza su derecho a expresarse” Recordó que “es responsabilidad de todos los sectores políticos asegurar que el debate se dé en un ambiente de no violencia y respeto absoluto a los derechos ciudadanos”. En un comunicado, agregó que “en el marco de esta disputa política, la movilización pacífica de manera unitaria y coordinada resulta estratégica”. Por tal motivo instó “a los compañeros y compañeras a que prosigan con los trabajos de organización y discusión en todos los rincones del país, a fin de dar un mayor tiempo de organización a aquellos distritos y departamentos que aún se encuentran generando los recursos y coordinando puntos de movilización para acompañar el momento del debate de la enmienda a nivel institucional”. De los tres presidentes o ex presidentes mencionados, Lugo es quien lidera todas las encuestas para una eventual candidatura en 2018. Los seguidores de Cartes aseguraron a la prensa que quieren finiquitar el plan por la reelección para evitar alargar la discusión “por los plazos electorales y el clima político que se vive”.

Aristas La discusión alcanzó carriles impensados cuando abogados del Partido Colorado presentaron ante la Fiscalía una serie de diálogos en un grupo de Whatsapp entre quienes están en contra de la enmienda. Pretendían probar que se intentaría un “magnicidio” contra el presidente Cartes. La principal acusada es la senadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista, PDP), quien ridiculizó la denuncia y acusó a José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este, empresa emblema del Grupo Cartes, de pensar “macabramente” y dar órdenes a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Por su parte el senador Miguel López Perito (Avanza País, contrario a la enmienda) que fuera jefe de abinete de Lugo, escribió una carta abierta al expresidente: “¿No te parece, Fernando, que tu figura convocante podría sumarse a las voces que demandan más cordura, entendimiento y compromiso de voluntades para reencauzar el azaroso camino de nuestra Patria? Hacer lo contrario sería faltar a tu propia naturaleza y, en un giro extraordinario y muy doloroso, serías responsable de aquello que tanto has aborrecido”. Otro ex presidente favorable a la reelección, Nicanor Duarte Frutos, alertó que “el dinero y el aparato volverán a perder”, en referencia a que Cartes pueda utilizar su poder económico para torcer el resultado

de la próxima elección presidencial si es que se le abre la puerta para ser candidato. Ese es el principal argumento que esgrimen quienes se oponen a la enmienda. Otros alientan que sin Cartes, Lugo y Duarte Frutos, el panorama se mostrará favorable a nuevas candidaturas como las de los mencionados Alegre, Abdo Benítez y Ferreiro. Así lo expresó Abdo: “No se dan cuenta el juego que están jugando. Acá nosotros podemos permitir 15 años de cartismo. No va a ser fácil ganarle a una persona con tanto poder económico y que pueda usar el cargo de la presidencia y toda la estructura para su campaña electoral... ningún presidente en la región que consiguió (reformas para) su reelección perdió esa reelección”. Lejos del debate, Paraguay no alcanza a salir de la recesión económica que afecta el día a día de la gente que ve perder el poder adquisitivo de sus salarios y enfrenta las indolentes políticas de Horacio Cartes, el presidente que al asumir había prometido terminar con la pobreza y que ahora pretende la reelección. La temática de la enmienda aparece divorciada de la opinión pública, más preocupada por el estado de los edificios escolares, la falta de insumos en los hospitales y una secuencia de problemas de los que la clase política parece haberse olvidado en esta disputa de no acabar. Desde Asunción, Jorge Zárate

Un video oportuno para explicar la ruta de los bolívares Según la Justicia paraguaya, las 30 toneladas de billetes venezolanos incautados a mediados de febrero en una vivienda de la ciudad de Salto del Guairá, cercana a la frontera con Brasil, fueron introducidos al mercado negro a cambio de un millón de dólares. Tras las primeras investigaciones judiciales fueron imputados tres paraguayos y un brasileño, según explicó el fiscal del caso, Julio César Yegros, en base a las imágenes. “Existe una filmación en la que estaban ofreciendo la mercancía”, señaló Yegros. Las tres personas que fueron identificadas en la grabación están acusadas de lavado de dinero y asociación criminal mientras que también fue imputado y procesado el dueño de la vivienda donde se halló el cargamento de bolívares. El detenido por ceder su vivienda es Bruno José Da Costa, paraguayo. Según la prensa paraguaya la familia Da Costa Amaral es conocida en la localidad por su cercanía con políticos influyentes. “Son amigos del poder”, señalan las fuentes consultadas por los medios de comunicación. Mirian Amaral, una de las cabezas de la familia, es concejal municipal del Partido Colorado mientras que Leandro Da

Costa, padre del detenido, atiende negocios familiares. Antes de ser concejal Amaral fue funcionaria de la Dirección Nacional de Aduanas hasta diciembre de 2015. El negocio familiar es la importación y venta de armas. El comercio de Salto del Guairá se llama Casa Rossi, dedicado a la venta de armas. La firma quedó en manos de los tres hijos de Leandro: Andrés, Erilo y el detenido Bruno. El fiscal informó que la investigación ahora trata de determinar de dónde y de qué manera llegó el dinero venezolano a Paraguay. Se trata de billetes de 100 y 50 bolívares guardados en 530 sacos. Yegros confirmó que las autoridades paraguayas trabajan de forma conjunta con las venezolanas y con la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Una de las hipótesis que se manejaron es la posible utilización del papel de los billetes (de buena calidad) para la falsificación de otras monedas. A fines de 2016 el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el retiro de todos los billetes de 100 y denunció que estos estaban siendo extraídos del país por grupos criminales con fines diversos.

Marzo de 2017

Tras roces por políticas migratorias Bolivia y Argentina buscan mejorar vínculos

Evo marca el camino en su relación con Macri

Bolivia repudió las expresiones de la ministra argentina de seguri- mente pedir al gobierno argentino que dad que vinculó a inmigrantes suramericanos con el narcotráfico. la aplicación de las nuevas medidas migratorias de Mauricio Macri no coEl hecho marcó un punto de inflexión entre ambos gobiernos.

vo Morales y Mauricio Macri se reunirán en abril en Buenos Aires para analizar una serie de temas comunes a la relación bilateral. El encuentro entre los presidentes de Bolivia y Argentina se confirmó luego de un proceso de distensión en el que intervinieron los cancilleres de ambos países y que alcanzó su punto de mayor aspereza con la decisión argentina de impedir el ingreso o eventualmente deportar sin demora a inmigrantes con cargos o sospechas de narcotráfico. Ambos mandatarios hablaron telefónicamente el 10 de febrero para cerrar una semana de tensiones por un tema delicado para ambos países: Bolivia, junto a Paraguay, es el principal país de origen de las corrientes migratorias de las

últimas décadas. Antes también habían hablado los ministros de exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, y de Argentina, Susana Malcorra. Morales informó que acordó con Macri impulsar una agenda de conversaciones bilaterales. Explicó que discutirán “sobre comercio, inversión y, evidentemente, los temas de migrantes”. Agregó que también analizarán el comercio bilateral marcado fundamentalmente por la venta de gas natural boliviano hacia Argentina. La conversación telefónica entre Morales y Macri se produjo después de una visita que realizaron a Buenos Aires delegados del gobierno de Bolivia para aclarar algunas cuestiones vinculadas con la relación bilateral y fundamental-

metan excesos contra la amplia comunidad boliviana. Tras aquella reunión en la capital de Argentina, el presidente del Senado boliviano, José Alberto Gonzales, detalló que “se ha decidido instalar dos puntos focales, dos personas que del lado argentino y del lado boliviano van a verificar que no hayan excesos” en la aplicación de esas políticas. Advirtió que “cualquier exceso que se cometa inmediatamente va a ser transmitido a las autoridades e inmediatamente se van a tomar acciones”. Leyes duras A fines de enero Macri promulgó un decreto que modifica las leyes argentinas sobre migración. El objetivo, anunció el presidente argentino, es acelerar los procesos de deportación y prohibición de in-

greso en el país de extranjeros que hayan cometido delitos graves. Este anuncio estuvo precedido con declaraciones de funcionarios argentinos a las que se sumaron algunos medios comerciales de comunicación que históricamente estigmatizan a los inmigrantes latinoamericanos. Por esos mismos días el diputado argentino ultra reaccionario Alfredo Olmedo se manifestó públicamente a favor de la construcción de un muro en la frontera entre Argentina y Bolivia. El senador González explicó que la mesa de trabajo será “de carácter técnico-jurídico” y estará integrada por el ministro de Gobierno (interior) de Bolivia, Carlos Romero, y la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Gonzales fue recibido por Bullrich en Buenos Aires. La delegación boliviana estuvo integrada también por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarems Endara. El Senador señaló que el objetivo del encuentro era “hacer saber la molestia que han generado” las declaraciones de algunos funcionarios argentinos –entre ellos la propia ministra– “en torno a una suerte de estigmatización o de generalización donde lamentablemente se involucraba a los bolivianos con hechos delictivos, con el narcotráfico”. La representante argentina había relacionado el aumento del narcotráfico en Argentina con la inmigración de paraguayos, peruanos y bolivianos. Al momento de anoticiarse de estos conceptos el presidente Evo Morales comparó las palabras de Bullrich con el “discurso xenofobo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras señaló durante su visita a Buenos Aires que “las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich y de otros políticos fueron denigrantes y han lastimado el sentimiento nacional”. El presidente del Senado reflexionó que “con esta visita oportuna y positiva (…) se ha logrado finalmente aclarar estos temas y se ha generado un espacio” de diálogo entre ambos gobiernos. Afirmó que según lo transmitido por la ministra argentina “no es que a sola denuncia o a partir de un procesamiento

judicial automáticamente corra la expulsión”. Agregó que todos los funcionarios argentinos con lo que hablaron (entre ellos el vicecanciller, Pedro Villagra, y el director de Migraciones, Horacio García) garantizaron que las modificaciones “de ninguna manera tienen el objetivo de restringir los derechos de los migrantes”. Respecto a las declaraciones de Bullrich, el senador oficialista reafirmó que tras esta reunión en Buenos Aires “no hay ningún motivo por el cual alguna autoridad (argentina) podría volver a salir a los medios con un discurso de características xenófobas o discriminatorias”. Al referirse al decreto de Macri el presidente del Senado boliviano reflexionó que en ese texto se observa una “presunción de culpabilidad” contra los inmigrantes. Pidió que si algún ciudadano boliviano siente violados sus derechos, lo denuncie inmediatamente. Por último recordó que, según las cifras que maneja el gobierno de La Paz, de casi 1,2 millones de bolivianos que viven en Argentina el porcentaje de encarcelados por cometer delitos es insignificante. Como ejemplo recordó que de las 39 mil personas que están detenidas en cárceles de la provincia de Buenos Aires, sólo 190 son de Bolivia. “Esperamos que este sea un tema superado para abril”, señaló, y lamentó que la ministra no acompañara a los visitantes para hacer declaraciones en común ante la prensa. Bullrich prefirió dar su opinión en entrevistas particulares con algunos medios privados de comunicación. Allí justificó que “hay un ruido de parte de Bolivia (que) no es consistente ni con sus decisiones políticas ni con sus leyes”, en referencia a las reacciones del Ejecutivo boliviano sobre la estigmatización de los inmigrantes y las reformas legislativas de Macri. Tras asegurar que las leyes bolivianas son más duras que las argentinas en materia de inmigración, la ministra argentina concluyó: “nosotros no lo estábamos teniendo en cuenta y es algo muy importante (en endurecimiento de las políticas). Por eso Argentina tuvo enorme posibilidad de que crezca el delito de narcotráfico en los últimos años, no solamente con países fronterizos. Hemos tenido problemas con la mafia china, con algunos ciudadanos rusos... Estos temas se discuten porque hoy el delito es trasnacional”.

Puentes, no muros Apenas se conocieron esas declaraciones y los alcances del decreto de Macri el nuevo canciller boliviano, Fernando Huanacuni, condenó las expresiones xenófobas. “Para nadie es extraño que el racismo y la xenofobia existen, es una realidad que vivimos los bolivianos en diferentes lugares. Pero que las autoridades se manifiesten en este contexto sí es una preocupación, porque los gobiernos están trabajando por una integración para facilitar la migración”, lamentó. Luego condenó la criminalización de la inmigración y la ejecución de políticas con una “visión xenófoba o racista” y aclaró que “Bolivia está construyendo puentes y no muros”. Desde el gobierno argentino comunicaron que las declaraciones hechas por la ministra Bullrich “no son los lineamientos de la República de Argentina”, pero no hubo marcha atrás en el decreto 70/2017 que afecta a residentes bolivianos, entre otras comunidades de inmigrantes. Las autoridades bolivianas cuestionan del nuevo decreto la reducción del período de la residencia precaria de 180 a 90 días, el aumento del plazo de prohibición de reingreso de cinco a ocho años y la aceleración del proceso legal para la expulsión de extranjeros. Mientras la delegación de su gobierno estaba en Buenos Aires el presidente Morales expresó su deseo de trabajar con Macri pese a las diferencias. “Tenemos diferencias ideológicas, de carácter cultural y social, tenemos diferencias de programas, pero finalmente somos electos con el voto del pueblo. Yo quiero trabajar con el presidente Macri para hacer respetar a nuestros pueblos de Bolivia y Argentina, pero también de América Latina”, dijo el 7 de febrero durante un acto en la región andina de Oruro. Evo prometió que el trabajo conjunto entre Bolivia y Argentina será una “justa reivindicación de los latinoamericanos ante las políticas del Norte”, en referencia a las nuevas normas decretadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Somos de la patria grande, no somos del Norte y todas las autoridades de América Latina tienen que entender que somos una patria”, insistió.

Marzo de 2017

La desmovilización abre una etapa fructífera pero incierta en Colombia

Sin guerra con las Farc pero la paz tarda en llegar

Con la llamada “última gran marcha de las Farc” se abrió un período de 120 días para dejar las armas.

Hombres y mujeres dejan las armas y vuelven a la vida civil. to, municiones, enseres, electrodomésLos grupos paramilitares generan terror y aprovechan la des- ticos, muebles, víveres, medicamentos, carpas, lonas, camas, colchones, mantas, movilización para ampliar su expansión en todo el país.

asi siete mil miembros de las Farc pasan sus últimas noches en condición de guerrilleros del movimiento insurgente más antiguo de América. Veintiséis zonas albergan a jóvenes y adultos que ingresaron con uniforme de combate y armas y saldrán de civil. A los últimos comandantes se los ve comprometidos con su responsabilidad surgida en los acuerdos de paz. Confían con reservas en el gobierno colombiano y se saben desprotegidos ante una extrema derecha voraz. Cada acto es una certeza en el cumplimiento de los acuerdos pero a su vez un paso en un terreno minado. El 1 de febrero delante de delegados de la ONU policías y militares y más de un centenar de guerrilleros y guerrilleras armados y en formación se estrecharon la mano en Pondores, paraje del departamento nor-

teño de La Guajira, y proclamaron el fin de 52 años de conflicto armado. Ese día se anunció oficialmente el fin de la etapa de desplazamiento desde los campamentos guerrilleros a las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (Zvtn), espacios en las que dejarán las armas y los uniformes. Para llegar a las Zvtn hombres y mujeres realizaron travesías de largas horas y días desde los campamentos guerrilleros en los montes y las montañas colombianas. Batallones armados, con uniforme de combate y parada militar se entremezclaban con grupos de civil, veedores, asistentes y pobladores que ayudaron en la movilización. Miembros del Ejército ofrecían protección tal como se estipuló en los acuerdos de La Habana. El trasteo o traslado incluyó armamen-

documentos y fotografías personales. También mascotas que compartieron durante años la vida en los frentes guerrilleros. Todos a bordo de vehículos terrestres y acuáticos, tracción mecánica y también a sangre. Se utilizaron casi un millar de automotores, 80 lanchas, 35 mulas de carga y una decena de tractores a lo largo de 36 rutas de desplazamiento en 14 departamentos del país. Con esta llamada “última gran marcha de las Farc” se abrió un período de 120 días para la dejación de armas y, además, definir quiénes se someten a la llamada justicia transicional y determinar quiénes serán amnistiados y los indultados. Al ingresar a cada Zona Veredal los guerrilleros de las Farc registraron sus armas que al final del proceso serán retiradas por la ONU y entregaron para su destrucción,

pólvora, granadas y minas antipersona. Oficialmente se estiman 6.200 insurgentes de los cuales 32% son mujeres. Se excluyen de esta cifra a milicias que en algunas regiones del país colaboraban con las Farc sin ser parte de ellas y a pequeños grupos que desistieron de firmar el acuerdo. Cada zona de transición demanda medidas de seguridad, infraestructura, caminos, servicios básicos como agua, baños y cocinas y sitios para el pernocte no sólo de los guerrilleros que dejarán las armas sino también de los inspectores de ONU que los acompañan. Muchos batallones guerrilleros cuestionaron las demoras del Gobierno en la habilitación de los terrenos y decidieron que sus propios integrantes trabajaran para acelerar los tiempos de la desmovilización. Sembrar terror Fuera de las alambradas de las Zonas Veredales subyace uno de los problemas irresueltos: grupos paramilitares asesinan, amenazan y azotan con total impunidad a organizaciones sociales y políticas, a militantes de izquierda y defensores de derechos humanos. La Comisión “Justicia y Paz” documentó hasta 2015 que 3.666 paramilitares reconocieron más de 50 mil violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes. De esa cantidad sólo 33 habían sido condenados hasta ese año.

Varias organizaciones no gubernamentales plantearon su temor sobre el desplazamiento de otros grupos armados hacia las zonas que dejan libres las Farc. La Fundación Paz y Reconciliación especificó que al final del desarme esta guerrilla abandonará el 98% de los 242 municipios en los que operaba. Alertó que tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN, en proceso de diálogo con el Gobierno) como bandas criminales (organizaciones de extrema derecha surgidas del paramilitarismo) y la delincuencia común e incluso pequeños grupos disidentes de las Farc han copado las regiones liberadas. La misma organización rechazó la idea gubernamental de que el asesinato de líderes sociales a manos de paramilitares o bandas criminales sean casos aislados alejados del proceso de paz. Detalló que por el contrario, en 2016 fueron asesinados 96 líderes y en el primer mes de este año nueve y especificó que el Clan del Golfo es uno de los grupos paramilitares más activos de Colombia. Otra de las organizaciones que hace seguimiento del proceso de desmovilización, Voces de Paz, denunció que el traslado de los insurgentes a las zonas de transición permitió la llegada de los paramilitares a los territorios desocupados. Lo mismo apuntó el representante del ELN para el nuevo proceso de diálogo

instalado en febrero en Quito, Pablo Beltrán, cuando señaló que hay poblaciones rurales que le piden al grupo guerrillero protección ante la invasión paramilitar de los territorios dejados por las Farc. “Nos interesa ayudar a que la gente se organice con mecanismos de defensa, de alerta, de seguridad propia y ataques en contra de los paramilitares”, dijo y resaltó que “la comunidad debe aprender a cuidarse, vigilarse y protegerse”. En el norte de Santander se registraron avances paramilitares sobre comunidades campesinas. “Voces de Paz ha venido manifestando la preocupación ante los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno en varios compromisos acordados, especialmente en lo que tiene que ver con la falta de garantías y adecuadas medidas de protección y seguridad para la población colombiana y las comunidades rurales en particular”, señaló la organización en un comunicado e instó a las autoridades estatales a actuar “cuanto antes”. Como se ve el acuerdo con las Farc y posiblemente con el ELN solucionará un conflicto armado con base política mientras que las bandas criminales y grupos paramilitares ejercen impiadosas violencia criminal con base ideológica. Las milicias de las Farc pronto quedarán desprotegidas como lo están desde hace décadas dirigentes políticos y sociales.

Camino al partido político Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP) anunciaron un calendario que llevará a mediados de año a la creación de su propio partido político. Esta acción se dará de manera simultánea a la desmovilización acordada en La Habana. Tanto la guerrilla como el gobierno colombiano estiman que para mediados de 2017 estará concluido el proceso de desmovilización y dejación de armas. Para entonces, la insurgencia insiste en que estará formado su propio partido político. Las Farc prometieron durante una conferencia de prensa realizada el pasado domingo que su nuevo partido político será abierto, democrático y moderno, capaz de albergar a todos los que pretenden un cambio positivo para Colombia. El jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, explicó que a finales de mayo podría tener lugar el congreso fundacional del nuevo partido. Hasta entonces en cada una de las 26 zonas de transición se discutirán en asambleas los documentos programáticos y estatutos. Señaló que la decisión de transitar de manera paralela la dejación de armas y la constitución del partido fue tomada durante el pleno del Estado Mayor Central de las Farc-EP que se realizó en enero pasa-

do. Allí se decidió además ampliar la dirección guerrillera de 35 a 61 miembros para garantizar el proceso de pacificación. El anuncio coincide con la habilitación de las llamadas zonas de transición donde desde febrero y por varios meses las milicias dejarán su etapa como grupo armado. El compromiso alcanzado en La Habana establecía 180 días para la desmovilización a partir de diciembre pero esa logística sufrió dos meses de demora. Como parte de este proceso de reacomodamiento de fuerzas políticas la ex senadora Piedad Córdoba anunció su candidatura a las elecciones presidenciales colombianas de 2018. Lo hizo ante la tumba del líder revolucionario Fidel Castro: “He querido venir a decírselo porque necesito de su acompañamiento, para que ilumine con su energía y me dé la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil”, dijo la dirigente colombiana. En 2010 fue destituida de su cargo de senadora e inhabilitada para ejercer cargos públicos, por “extralimitación” en sus funciones como mediadora entre el gobierno y las Farc. Sin embargo en octubre pasado un alto tribunal de Colombia le devolvió todos los derechos políticos y está en condiciones de ser candidata para cargos electivos.

Marzo de 2017

Movilizaciones contra Trump y Peña Nieto

México ganado por la indignación

Las manifestaciones contra el presidente mexicano aumentaron desde la asunción de Donald Trump

Para tratar de calmar las aguas, el 23 de Los presidentes de Estados Unidos y México son los blancos de protesta de la población. López Obrador gana espacio rumbo a las febrero el canciller estadounidense, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Inelecciones de 2018 y la corrupción amplifica el malestar social.

o han cesado las protestas que detonaron el 1 de enero contra el gobierno de Enrique Peña Nieto por el aumento de entre 14 y 20% de los precios de la gasolina. El resultado inmediato del levantamiento contra el presidente mexicano fue la anulación momentánea de un segundo aumento de 8% previsto para febrero. Pero a corto plazo el costo político podría pagarlo su fuerza, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en las elecciones de este año para las gobernaciones del Estado de México, Coahuila y Nayarit. También habrá elecciones para autoridades locales en esos estados y en Veracruz. Las cuatro votaciones estatales marcarán el inicio de la carrera presidencial que culminará un año después, en junio de 2018. A esta altura, Peña Nieto tiene

apenas 12% de aprobación y un fulminante 86% de imagen negativa, según los últimos números publicados en la prensa mexicana. Son cifras récord para un presidente que, encima de todo, debe lidiar con un cuadro económico difícil y el imprevisible gobierno de Donald Trump al norte de la frontera. La economía mexicana y su dirigencia política están íntimamente subordinadas a Washington, por eso Peña Nieto quedó absolutamente descolocado y sin reacción ante la embestida humillante de Trump, que reafirmó que hará pagar la construcción de los tramos restantes del muro fronterizo a México y obligará al país a renegociar un acuerdo de libre comercio más favorable a Washington y, en consecuencia, más perjudicial para el país latinoamericano.

terior, John Kelly, viajaron a México para reunirse con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. El canciller mexicano, Luis Videgaray, viajó dos veces a Washington en menos de un mes para organizar estos encuentros y la fallida reunión bilateral entre Trump y Peña Nieto. Pese a estos intentos, el aspirante a embajador en Estados Unidos Gerónimo Gutiérrez advirtió en el Congreso que la relación bilateral está en un “punto crítico” y corre el riesgo de un “descarrilamiento mayúsculo”. Protestas de doble dirección A las manifestaciones contra el gobierno nacional se sumaron desde fines de enero las expresiones de repudio contra Donald

Trump. La más organizada se produjo el domingo 12 de febrero bajo la consigna “Vibra México”, en busca de una respuesta nacional contra los ataques a los inmigrantes mexicanos y el país hechos desde la Casa Blanca. Las protestas llegaron a 17 Estados con éxito dispar y tuvieron como denominador común el rechazo al muro fronterizo. La mayor concentración fue en la capital, donde unas 20 mil personas se reunieron al grito de “¡Fuera Trump!”, pero también aprovecharon para repudiar al gobierno mexicano con pancartas contra la corrupción y el Presidente. Algo similar ocurrió en la marcha de Guadalajara, de la que formaron parte unas 10 mil personas. Sin embargo, algunos han considerado el día nacional de manifestación como un fracaso por el número de asistentes y cuestionaron a sus organizadores por insistir durante la convocatoria en que no hubiera expresiones en contra de Peña Nieto para dar un mensaje de “unidad nacional” contra Trump. Pero el rechazo al mandatario mexicano es tan amplio que igualmente las expresiones contra el gasolinazo, la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y los pedidos de renuncia estuvieron muy presentes durante toda la jornada. Desde la ciudad estadounidense de Los Ángeles se sumó a la protesta el dirigente de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador, donde encabezó un importante acto de solidaridad con los inmigrantes. “Estamos aquí para mostrar nuestro apoyo sincero, nuestra solidaridad con todos los migrantes, con los trabajadores de México y otros países que han venido a Estados Unidos a buscarse la vida”, afirmó el líder del partido Morena y agregó que convocará “a muchos abogados para defender a los migrantes de México y el mundo”. Su fuerza política busca reunir a un grupo de 100 abogados que defiendan solidariamente a inmigrantes. El acto de López Obrador fue el paso previo de una gira que el 20 de febrero inició por Chicago, El Paso, San Francisco, Laredo y Nueva York entre otras ciudades. En campaña Luego de la aparición de López Obrador en Los Ángeles, la prensa estadounidense tomó la noticia y algunos medios como The Wall Street Journal hicieron hincapié

en el fortalecimiento de este dirigente político de cara a las elecciones de 2018. Al registrar los problemas económicos que sufre México, el aumento de la pobreza, el repudio a Peña Nieto y el clima social generado tras el triunfo de Trump, el diario concluyó que López Obrador es hoy el máximo favorito a ocupar la presidencia desde el año próximo. Si bien todavía ningún partido anunció su candidato para la presidencia, el líder de Morena es el más reconocido entre todos los posibles aspirantes al poder. A falta de nombres confirmados, se realizaron algunas encuestas con la pregunta: “¿A qué partido votaría para Presidente?”. Una de ellas, publicada por el periódico El Financiero a fines de enero, ubicó a Morena y el derechista PAN a la cabeza con 25%, al oficialista PRI segundo con 22% y al PRD con 9%. Otro medio, El Economista, difundió en febrero que el PAN lidera las preferencias con 18,8% (tras haber caído 1,4% desde septiembre), Morena lo sigue con 15,9% (tras subir 3,8%), PRI 13% (cayó 6,5%) y PRD 5,1% (cayó 2,7%). En ambos casos entre 30 y 40% de los consultados no expresaron preferencia alguna. Al medir el rechazo a los partidos –según esta última encuesta– es elocuente el desprestigio del PRI (51,5%) y la debacle del PRD (30,7%), que ya es la cuarta fuerza en todas las regiones del país y continúa perdiendo referentes. La desorientación y la transformación del partido en mero aparato lleva a que los perredistas analicen una alianza con el PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón, que gobernaron de 2000 a 2012. Un acuerdo semejante terminaría de vaciar el contenido ideológico del partido y consolidaría la posición de Morena, que ya es la primera fuerza en el centro y sureste del país según encuestas. Ante la gran posibilidad de que López Obrador gane las próximas elecciones, el PAN presentó en febrero una propuesta de ley para establecer la segunda vuelta electoral. De aprobarse el sistema de balotaje, se cree que el PAN y el PRI –los partidos que hoy estructuran el sistema político en representación de los grandes capitales– acordarían un apoyo mutuo para evitar perder el poder frente al ex referente del PRD. López Obrador se mostró tranquilo frente a la posibilidad de que se establez-

ca un nuevo sistema electoral y continuó con su agenda política. El 19 de febrero firmó un documento titulado “Acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México”, en un acto público en Chiapas. Allí pidió dejar diferencias de lado para enfrentar a “las cúpulas del poder, la política y las finanzas”, a “la mafia que ha saqueado al país”. Y desafió al Presidente: “Si Enrique Peña Nieto no interpone la queja por violación a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes yo mismo iré a ponerla ante los organismos internacionales”, prometió. En junio, su partido buscará arrebatarle el Estado de México al PRI, que llevará como candidato al primo del Presidente. Bases de las protestas La situación social que viven la mayoría de los mexicanos es muy delicada. Al aumento de la pobreza su suman el elevado porcentaje de informalidad laboral (más del 57%) y los bajos ingresos del 40,3% de la población ocupada que recibe menos de dos salarios mínimos por mes. El ingreso mínimo legal está por debajo de la línea de pobreza. Estos números se esconden detrás de la engañosa cifra oficial de desocupación: 3,54%. El panorama futuro luce todavía peor. Antes que la elección de Trump golpeara la economía nacional, ya había comenzado la recesión industrial que continúa hasta hoy. La crisis parece estar a la vuelta de la esquina, con la profundización del endeudamiento para cubrir el creciente déficit fiscal y la dificultad de hacer ajustes ante el fuerte rechazo social. La deuda del sector público pasó de representar el 21% del PIB en 2008 a 48% al inicio de este año. Sin embargo es la corrupción lo que más enardece a los mexicanos. Los números oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectaron “irregularidades por 165 mil millones de pesos” (más de 8 mil millones de dólares) en la ejecución del gasto público del gobierno federal y los gobiernos estatales en 2015, según los últimos números disponibles. El repudio a Trump no logra esconder la profunda indignación social que despierta Peña Nieto.

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Extranjerización de la tierra en América Latina y fuerte conflictividad social

Voracidad terrateniente expulsa a las comunidades

Efectivos de la gendarmería nacional avanzan en territorio mapuche

Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Nicaragua sufren la más alta concentración. En Argentina, en 2015 se registraron unos 850 conflictos que afectaron a más de 60 mil familias campesinas.

a represión que a mediados de enero sufrió la comunidad mapuche de la provincia argentina de Chubut dio la vuelta al mundo. Respondiendo a los intereses de la Compañía de Tierras Sud Argentino Sociedad Anónima, que pertenece al grupo textil transnacional Benetton, doscientos efectivos de la Gendarmería Nacional reprimieron con balazos de goma a los integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen, en la Patagonia argentina. Pero antes de la represión aislaron el lugar e impidieron la llegada de organizaciones sociales tanto locales como nacionales. “Entraron a los tiros, golpearon a los hombres, esposaron a las mujeres, rompieron todo”, relató a la prensa Soraya Maicoñia, integrante de la comunidad indígena. La Red de Apoyo de Comunidades en Conflicto responsabilizó de la

represión “al presidente Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, al intendente de la ciudad de Esquel, Martín Bordagaray, al juez José Colabelli y a la Gendarmería Nacional”. La comunidad mapuche de Cushamen reclama que se respete su presencia originaria en el lugar. En la década de 1990 el Estado vendió grandes extensiones de tierra en la Patagonia argentina, entre ellas el área en el que estaba esta población. Desde entonces la multinacional Benetton intenta el desalojo, en connivencia con autoridades provinciales y nacionales. Panorama Según un estudio de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizado en 17

países de la región, los niveles de acaparamiento de la tierra y de los recursos naturales han aumentado en forma notable respecto del siglo pasado. Argentina y Brasil sufren la más alta concentración y extranjerización en la región, seguidos por México, Chile, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú presentan niveles medios altos, mientras que los países de América Central y del Caribe anglófono, poseen niveles bajos. En Guatemala, por ejemplo, de 15,8 millones de habitantes, 53,71% se ubica bajo la línea de la pobreza y 42% pertenece a los pueblos indígenas. La pobreza se concentra en un 75% en el área rural y seis de cada 10 personas viven en la indigencia. Además, de los pequeños productores, 92% ocupan un 22% de la tierra, mientras que apenas 2% de los productores comerciales acaparan el 57% de los territorios. En Colombia, la tenencia de grandes extensiones de tierra en pocas manos es

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una de las razones del conflicto armado que vive el país desde hace décadas. Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas dos décadas, lo que equivale al 15% de la superficie agropecuaria del país. Actualmente, el 77% de la tierra está en manos del 13% de propietarios, pero 3,6% de éstos posee el 30% de la tierra. En Chile, las empresas forestales poseen 2,8 millones de hectáreas de tierras y dos empresas concentran 1,8 millones de hectáreas. Apropiación A mediados de 2016 en Argentina, el gobierno de Mauricio Macri modificó, mediante un decreto, la ley que limitaba la venta de tierras argentinas a multinacionales. “Hay una apropiación de riquezas inconmensurables por parte de sectores especulativos que utilizan como garantía estas tierras dentro del mundo financiero”, dijo Florencia Gómez, integrante del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra. Según un estudio del Ministerio de Agricultura, en 2015 se registraron no menos de 850 conflictos que afectaban a más de 60 mil familias campesinas. La ley de Tierras, sancionada a fines de 2011 por el Congreso argentino, creó un Registro Nacional de Tierras donde los extranjeros que querían comprar tierras o inmuebles rurales debían ser habilitados por el registro. En 2011, luego de la ley, el 6% de las tierras argentinas, unos 16 millones de hectáreas, estaban en manos de extranjeros, mientras que con este decreto se podrán vender más de 20 millones de hectáreas, extensión similar a la utilizada actualmente

para la producción de soya en Argentina. Una de las cuestiones más alarmantes de este decreto es que facilita la venta de terrenos con grandes extensiones de agua potable. Es conocida la historia de Joe Lewis, el multimillonario inglés que entre 1996 y 1997, compró un predio de 14 mil hectáreas a menos de 45 kilómetros de la ciudad de El Bolsón, al sur de la provincia de Río Negro, en torno al Lago Escondido. Desde entonces los habitantes de El Bolsón y la zona luchan contra la extranjerización de la tierra y por poder acceder al lago y su costa, que permanecen cerrados y custodiados por personal de seguridad contratado por Lewis. Pero la historia no termina ahí: Lewis podría convertirse en el único proveedor de energía eléctrica de El Bolsón. El magnate inglés está terminando una central hidroeléctrica instalada junto al río Escondido, que es el desagüe natural del lago del mismo nombre. Ambos cursos de agua son de su propiedad. En 2010 el millonario recibió la autorización de parte de la Legislatura de Río Negro para la explotación del recurso hídrico durante 30 años. A cambio, la provincia recibirá el 12% de los ingresos del emprendimiento. Las autoridades le dieron cinco años para concluir la represa y su central, un plazo que terminó en diciembre pasado. Pero Lewis ya estaría en condiciones de hacerla funcionar y a un precio mucho mayor al actual. Según denunció el ambientalista Federico Soria, “el río tiene un caudal de 12 m3 por segundo y la intención de Lewis es derivar 8,5 para su central. Esto significa que en alguna parte del año estará seco”. En Brasil la cosa no va mejor. El go-

bierno de Michel Temer tiene previsto enviar al Congreso un proyecto de ley que terminará con la prohibición para que los extranjeros compren tierras agrícolas. En la actualidad, los terratenientes del agronegocio controlan el 46% de la tierra. Futuro En Paraguay, el 85% de la tierra, es decir casi 28 millones de hectáreas de las tierras aptas para la agricultura y la producción forestal, están en manos del 2,5% de los propietarios, mientras que el 4,12% está en manos de los pequeños agricultores con menos de 20 hectáreas, que son un total de 260 mil familias. Estimaciones recientes en Uruguay evidenciaron que 27 grupos transnacionales controlan un millón 640 mil hectáreas, un claro reflejo de los procesos crecientes de extranjerización de la tierra que han ocurrido en sectores clave como la agricultura extensiva y la forestación. La discusión sobre la tenencia de tierras no se zanja actualmente entre capitales nacionales o multinacionales aunque en un futuro relativamente cercano puede ser determinante para la supervivencia de los pueblos. Como se sabe América Latina, y en particular Suramérica, es una de las reservas de recursos vitales más importantes del planeta. La extranjerización de la tierra significa el acceso de capitales y poderes internacionales a zonas de una riqueza natural invaluable que incluye terrenos para la cría de ganado, cultivos para la producción de alimentos, bosques y grandes extensiones de agua dulce. Inés Hayes

A desalambrar En América Latina existen cientos de organizaciones campesinas que luchan diariamente contra la extranjerización de la tierra, pero quizás la organización de mayor relieve sea el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) de Brasil. El MST nació en la década del ’70 bajo la bandera de la reforma agraria y la justicia social. Es el grupo más grande de Latinoamérica, formado por un millón y medio de campesinos sin tierra organizados a lo largo de 23 de los 27 Estados de Brasil. El movimiento está organizado por comisiones de campesinos: comisiones de bases en las comunidades, comisiones rurales, estatales y la Comisión Coordinadora Nacional. El órgano máximo es el Congreso Nacional que se reúne cada cinco años. A lo largo de su historia, el MST ha luchado incansablemente por lograr la reforma agraria. Ha llevado adelante marchas, audiencias con gober-

nadores y ministros, huelgas de hambre, campamentos en las ciudades o en las entradas de los latifundios, ocupaciones de órganos públicos o de tierras improductivas. También se han ocupado de que el Estado garantice buenos servicios de salud y educación para que los campesinos y campesinas puedan seguir viviendo en el campo y no tengan que emigrar a las grandes ciudades. En 1987, el MST presentó, en conjunto con las demás entidades del movimiento sindical –Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (Contag) y la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT)– un proyecto de reforma agraria firmado por un un millón 200 mil ciudadanos. El proyecto fue rechazado por el Congreso Nacional. En el Legislativo brasileño reside el verdadero factor de poder y presión para enajenar tierras y expulsar a sus habitantes.

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Qué es, qué significa Trump Por Barry Sheppard Confusión: pese a estar unido en el repudio al nuevo presidente estadounidense, el mundo muestra una remarcable confusión respecto de qué significa su victoria, qué razones hay detrás de ella y hacia dónde va la primera potencia mundial capitalista. El texto que sigue es una contribución para la comprensión de ese fenómeno.

Donald Trump sostiene un rifle Henry de repetición durante su discurso ante miembros del partido republicano de Arkansas. Julio de 2015

na de las características de la reciente campaña electoral presidencial habrá sido la manifestación de las profundas divisiones en el seno de los dos partidos, demócrata y republicano. Esto se añadía al atasco en el Congreso, el pat, entre los dos partidos del capitalismo. Además de esto, el país está muy polarizado a propósito de la raza, la economía y muchas otras cuestiones. Hay que subrayar igualmente que no hay un partido de masas de la clase trabajadora que habría podido convertirse en el campeón de una alternativa. Donald Trump ha aparecido – y luego elegido– como el hombre fuerte que va

a coger los asuntos en sus manos y poner las cosas en su sitio. Aunque la forma en que va a hacerlo exactamente permanezca abierta sobre muchos puntos. El trasfondo de esta desorientación en la política de la clase dominante, es la Gran Recesión de 2007-2008 con los rescates por el presupuesto federal de las instituciones financieras y de la industria del automóvil, mientras la masa de los trabajadores era golpeada por el paro, los desahucios, los recortes salariales, etc. En el lento restablecimiento económico durante los ocho años siguientes, las ganancias han subido pero no el nivel de vida de la clase obrera. El 95% de los

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hogares no han visto subir sus rentas hasta alcanzar el nivel de 2007. La desigualdad en la distribución de la riqueza y de las rentas ha aumentado. Estos ocho años corresponden a los años de la administración Obama. Durante estos ocho años, esta gestión ha hecho poco para contrarrestar la realidad. De hecho, cuando los republicanos recuperaron el control de la Cámara de Representantes en 2010, para girar duramente a la derecha, los demócratas se vieron superados por la derecha pero no demasiado, dando su acuerdo a grandes recortes presupuestarios en los programas sociales. Los aparatos demócrata y republicano prestan poca atención a la desesperación y la cólera creciente en toda la clase obrera, negros, blancos, latinos, asiáticos, y otros. Mucha gente de la llamada clase media teme ser echada hacia abajo, hacia la clase obrera, o ya ha caído. Los dos candidatos que hicieron campaña contra el establishment, Bernie Sanders entre los demócratas y Donald Trump entre los republicanos, sintonizaron con esta cólera. De hecho, el demagogo Trump ha planteado pocas verdaderas propuestas para restablecer los empleos bien pagados. Ha acusado a otros países, particularmente México y China, países con muy bajos salarios en los que las empresas estadounidenses subcontratan los elementos de su producción de fuerte intensidad de mano de obra. Trump se ha jurado emplear las tarifas aduaneras para oponerse a ello. Ha combinado esta posición nacionalista con la estigmatización racista –utilizando la retórica del chivo expiatorio– de los negros, los latinos y las personas migrantes, haciéndoles culpables de la pérdida de empleos de los obreros blancos. La campaña y los debates de las elecciones primarias del Partido Republicano mostraron a Donald Trump atacando a sus opositores del Partido, haciendo uso de insultos y expresiones denigrantes sin precedentes. Su argumento principal –repetido sin cesar– era que un hombre fuerte debía encargarse del gobierno y cambiarlo todo. Él era ese hombre fuerte, por oposición a los “perdedores” que eran sus rivales. Era él el candidato de la “ley” y el “orden” y que si era elegido, emplearía su poder para hacer un gobierno nuevo de arriba abajo.

Al hacerlo, Trump se ha apoderado del Partido Republicano que le está ya completamente entregado. La mayor parte de los republicanos en el Congreso, dejando aparte algunas viejas glorias oficiales marginadas, son tan de derecha que Trump les va como anillo al dedo. Además, cualesquiera que sean las divergencias que puedan tener con él, están superadas por la conciencia que tienen de que triunfarán o caerán con él. Entre los demócratas, las primarias se han reducido rápidamente a dos candidatos, Hillary Clinton y Bernie Sanders. Clinton era la opción del aparato del Partido y como tal fue su campaña. Sanders, por su parte basó su campaña como el opositor al 1% de los superricos y propuso medidas para atenuar la suerte de las trabajadoras y trabajadores, presentándose a sí mismo como socialista demócrata. Sus propuestas comprendían una subida del salario mínimo a 15 dólares la hora, el reemplazo del Obamacare, basado en las compañías de seguros, por un seguro de enfermedad nacional para todos y todas, la gratuidad del acceso a los colegios y universidades públicas de los Estados, y otras propuestas de este tipo. Ante la sorpresa del aparato demócrata, su campaña generó simpatía entre los trabajadores y trabajadoras, y entre los jóvenes en particular, incluyendo los jóvenes negros. En su mayor parte de gente de menos de 25 años, su formación política ha tenido lugar durante los años que han seguido a la recesión de 2007-2008. Bernie Sanders celebró grandes y entusiastas mítines de masas que contrastaban con las modestas manifestaciones de la campaña de Hillary Clinton. El establishment se apiñó alrededor de la ex secretaria de Estado para desacreditar a Bernie Sanders como han revelado los documentos publicados por WikiLeaks. Clinton fue también ayudada por la base tradicional de los demócratas entre las personas negras de más edad. Luego de ser derrotado Bernie Sanders entabló una campaña en favor de Clinton. El talón de Aquiles de la campaña de Sanders fue su apoyo al Partido Demócrata. Su intento de reforma desplazó la creación de un nuevo partido, social-demócrata que se opusiera a la ciudadela de la clase dominante capitalista que es el Partido Demócrata. Durante la campaña posterior a las

convenciones de los dos partidos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump recibían evaluaciones mayoritariamente negativas en los sondeos entre la población. Donald Trump ha hecho campaña como el candidato opuesto al establishment que Clinton representaba. Finalmente, aunque Hillary Clinton logró el voto popular (por alrededor de 2,5 millones de votos), es Trump quien obtuvo la mayoría del Colegio electoral para emerger tras su victoria como el hombre fuerte que iba a transformar el gobierno a su imagen. La base electoral de Trump se sitúa entre los elementos abiertamente racistas de las clases media y obrera blancas. Son ellas quienes se han reagrupado detrás de sus ataques racistas contra los mexicanos y la emigración latina; de su amenaza de “resolver” el problema del movimiento Black Lives Matter y de las comunidades negras en general con aún más ocupación y represión policiales; de sus proposiciones de prohibir a las personas musulmanas la entrada en el país e instituir una lista de vigilancia de las que vivan en el país, incluyendo a quienes tienen la ciudadanía; y de sus alusiones antisemitas. Sus ataques contra las mujeres por su apariencia, y la justificación de sus agresiones sexuales, fueron también aplaudidas. Todas la expresiones de este tipo en sus mítines, que se volvían cada vez más masivos, se celebraban con ovaciones y consignas cantadas a coro, como lo han sido sus incitaciones a la violencia contra cualquier protestatario presente. Los ataques contra Hillary Clinton festejados a los gritos de “¡A la cárcel! ¡A la cárcel”. Es importante subrayar que los racistas declarados son una minoría entre los blancos de todas las clases sociales pero son mayoría entre los blancos de la antigua Confederación de los Estados esclavistas del Sur. Esto está enraizado en toda la historia de los Estados Unidos desde la época de la esclavitud hasta el actual racismo estructural e institucionalizado sobre el que Black Lives Mater ha dirigido su foco. Desde los años 1970, los republicanos han sido vistos en su conjunto como el partido de los blancos. No todos, ni siquiera la mayor parte de quienes han votado por Trump son racistas declarados. Muchos esperan ingenua-

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mente que el empresario obligue al sistema a traer buenos empleos. Y estuvieron dispuestos a dejar de lado el racismo declarado de Trump, su misoginia, y sus brutales intimidaciones, a la hora de votar. La población blanca, temía también, aunque fuera de forma inconsciente, ser rebajada al nivel de los pueblos de color. Trump puede contar no sólo con el control de los republicanos de las dos cámaras del Congreso, sino también de los dos tercios de los Parlamentos de los Estados. Éstos aplican ya algunas de sus propuestas, y se dedican a atacar a los sindicatos, los derechos de voto, los derechos de las mujeres, etc y serán enardecidos por la victoria de Trump. El flamante presidente hereda igualmente muchos aspectos del Estado fuerte de las administraciones pasadas, tanto demócratas como republicanas. El espionaje electrónico tentacular de la NSA (National Security Agency) de todos los norteamericanos y de una gran parte del mundo está ya en sus manos, como también la CIA, el FBI y todas las agencias similares al igual que la Ncis (el Servicio de Investigación Criminal de la Marina), célebre serie de TV del mismo nombre. Desde hace más de medio siglo, la guerra ha sido la prerrogativa de los presidentes. Donald Trump será el comandante en jefe de la más formidable máquina militar que jamás haya visto el mundo.

¿A qué se parecerá el régimen Trump? Las decisiones a la hora de conformar su gobierno y otros puestos dan una idea. Lo que es igualmente importante es la forma en que esas decisiones fueron tomadas. En su lujoso apartamento de la Trump Tower en Nueva York, ha recibido durante las últimas semanas a un gran número de personas para entrevistas privadas, ostensiblemente para examinar un amplio abanico de candidatos y de opiniones. Se ha convertido en un circo mediático cotidiano de especulación sobre sus intenciones. Ha recibido incluso a personajes del establishment republicano como Mitt Romney que se había negado a hacer campaña a su favor. Aunque haya calificado el cambio climático como una inocentada china, ha recibido al demócrata Al Gore, que se ha posicionado desde hace años como portavoz de la necesidad de frenar el calentamiento climático. Muchos representantes de los medios privados pensaron que Trump estaba quizás cambiando. Pero la realidad es que quienes se entrevistaron con él se inclinaron ante como si estuvieran suplicando a los pies de un rey o de un papa. El resultado fue realzarle más aún como el autócrata en el puesto de mando, que tendría en sus manos su destino. Semejante desfile mostraba a los entrevistados como gratificados por su voluntad y devotos al magnate. Es revelador considerar las personas elegidas. Muchos subrayaron que el gabinete gubernamental reunido está en gran medida compuesto por multimillonarios que en su conjunto totalizan más de 9,5 mil millones de dólares de fortuna. Puestos clave serán ocupados por generales, banqueros, CEO´s de petroleras, personajes autoritarios y racistas. Una decisión había sido tomada antes de las elecciones, el del nuevo vicepresidente, Mike Pence quien proviene de los ultraevangelistas cristianos blancos que por primera vez tienen a uno de sus líderes en la Casa Blanca, aunque cada noche vuelva a dormir a otra residencia. Como miembro del Congreso, se ha opuesto a la financiación federal de los tratamientos anti-VIH si el gobierno no financiaba igualmente programas contra la homosexualidad. Se ha opuesto a la autorización, otorgada ya, a los gays para entrar en las fuerzas armadas. En

una de sus declaraciones afirmó: “me alegraré el día en que Roe vs Wade (el juicio del Tribunal Supremo que legalizó el aborto) sea echado al basurero de la historia”. Como gobernador de Indiana, ha firmado una de las leyes antiaborto más restrictivas de los Estados Unidos. Está igualmente en contra de las personas migrantes, apoya las escuelas cristianas contra las escuelas públicas y niega el cambio climático, entre otras cosas. Repasando la trayectoria del resto del gabinete de Trump se puede decir mucho más. El nuevo Fiscal General, Jeff Sessions, es un racista de Alabama, estará encargado de poner en pie la “ley y el orden” de Trump en el interior del país. Como Trump, apoya a la policía contra el movimiento Black Lives Matter, la guerra contra las drogas y la encarcelación en masa, y será duro con las personas inmigrantes. Podría emplear su función contra los disidentes. Steve Bannon será el principal consejero de Trump. Es conocido como el antiguo propietario de Breitbart News del que él mismo ha declarado que era la voz de la extrema derecha “all-right”, un eufemismo para designar a los supremacistas blancos. Pero lo que es menos conocido es un alegato a favor de una presidencia autoritaria. Como Consejero para la Seguridad Nacional el empresario nombró al teniente general jubilado Michael Flynn. Ataca al Islam como religión, declara que “temer a los musulmanes” es “racional”, afirma que Irán es la mayor amenaza para su país, y que la sharia no deja de progresar en los Estados Unidos, etc. Está previsto que el Secretario de Defensa sea el general jubilado, James Mattis, conocido como “Perro rabioso”, comandante central en las guerras de los Estados Unidos contra Afganistán e Irak que destruyeron ambos países. Mattis ha bromeado diciendo que era “divertido” (fun) matar afganos que se resistían a la invasión de los Estados Unidos. Para dirigir los departamentos del Tesoro y del Comercio, Trump ha elegido a Steven Mnuchin y a Wilbur Ross, dos multimillonarios a la cabeza de fondos especulativos (hedge funds) que se han beneficiado de los desahucios durante la la última recesión.

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Como Secretario de Estado, el empresario propuso al director de Exxon, Rex Tillerson, un negador del cambio climático (por usar un eufemismo) cuyas competencias en política internacional están limitadas a las amplias propiedades de Exxon por todo el mundo, que aprovechará para favorecer gracias a su nueva función. El resto del gabinete incluyen personajes que intentarán debilitar o destruir dichas carteras. Comprenden: Ryan Zinke como Secretario de Interior, responsable de gestionar las tierras y las aguas federales de todo el país. Es un antiguo comandante de los submarinistas de combate de la marina y, como congresista de Montana, ha propuesto eliminar las protecciones legales y reglamentarias que tienen relación con las tierras y aguas públicas. Rick Perry, nombrado como Secretario de Energía. Ha propuesto abolir este departamento así como la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA). El ex gobernador de Texas está estrechamente ligado a los gigantes de los combustibles fósiles. Y un negador del cambio climático. En la Secretaría de Trabajo estará el empresario Andrew Puzder, dueño de una gran cadena de comida rápida. Se opone a los sindicatos, al salario mínimo y a las regulaciones de la industria. Es conocido

por sus ataques contra el Departamento de Trabajo cuya dirección va a tomar, departamento al que ha acusado siempre de ser favorable a los trabajadores. Scott Pruit encabezará la Agencia de Protección Medioambiental/EPA y es cercano a los reaccionarios de los combustibles fósiles. Rechaza los postulados del cambio climático y ha construido su carrera combatiendo las regulaciones de proteccionistas del medio ambiente. Trump ha declarado que el EPA ha “gastado durante mucho tiempo los dólares del contribuyente para un programa antienergía fuera de todo control que ha destruido millones de empleos” y que Scott Pruit “va a invertir esta tendencia”. Al frente del Departamento de Vivienda estará Ben Carson, neurocirujano millonario que poco sabe del tema habitacional. Se opuso públicamente a los programas de ayuda a los propietarios de su vivienda, en particular a los de bajas rentas. Carson afirma que los problemas de los más humildes a la hora de acceder a una vivienda propia son por simple falta de voluntad. La secretaria de Educación, Betsy DeVos está a favor de los programas de privatización en detrimento de la educación pública, apoya las escuelas cristianas y ha

impulsado este programa en Michigan. Viene también de una familia de multimillonarios y su hermano Erik Prince fue uno de los fundadores del ejército de mercenarios Blackwater USA contratado por el ejército estadounidense para hacer el trabajo sucio en la guerra de Irak. Tom Rice, miembro de la Cámara de Representantes por Georgia, dirigirá el Departamento de Salud y de servicios a las personas. Ha llevado a cabo una cruzada contra el Obamacare declarando que era la medicina socializada. Va a ayudar a retirarlo para reemplazarlo por algo aún peor. Estos son algunas de las personas de las que Trump se ha rodeado. Lo que va a plantear, son las posiciones de éstas. Hasta dónde podrá ir con este programa dependerá de la oposición que suscite. Lo que Trump hará con certeza En primer lugar, será el candidato de “la ley y el orden”. Aumentará los poderes de la policía para mantener una losa sobre las comunidades negra y latina. No habrá supervisión federal (ya muy escasa) de la violencia policial en las comunidades. No habrá marcha atrás en la guerra contra las drogas, o las encarcelaciones masivas, sino un aumento. Las acciones de empresas privadas en las cárceles han

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el propio Trump como los políticos republicanos son conscientes del peligro que implica si demasiada gente pierde algo de su seguro de enfermedad o ve subir rápidamente los costes de su salud. El empresario devenido presidente designará un candidato para ocupar el puesto vacante en el Tribunal Supremo que dará su voto para derogar la sentencia Roe vs Wade. Este nuevo juez servirá igualmente para apoyar al magnate si éste encuentra problemas legales, lo que es probable. Los Estados serán animados a dictar más restricciones al derecho al aborto.

subido en la Bolsa como consecuencia de la elección de Trump. Habrá aún más militarización de la policía. Aumentará el control, ya imponente, de la frontera con México, pero no la de Canadá. Las deportaciones masivas realizadas por el gran deportador, Obama, van a aumentar con fuerza. Los gastos militares subirán significativamente. El arsenal estadounidense de armas nucleares, ya en vías de “modernización” por Obama, al precio de alrededor de un billón de dólares, también a a aumentará. De alguna manera impedirá a la mayor parte de las personas de religión musulmana ingresar a los Estados Unidos, incluyendo a los millones de personas refugiadas desesperadas de las guerras de Washington contra los países árabes. Es muy probable que se produzcan grandes disminuciones a los impuestos para los ricos. Las reglamentaciones que afectan a las sociedades financieras serán reducidas. Las que afectan a las grandes compañías del petróleo, carbón, y del gas natural, incluyendo el fracking (fractura hidráulica) serán abolidas o quedarán sin repercusión práctica, al igual que las reglamentaciones de otras industrias, incluyendo los bancos y demás entidades financieras. Celebrándolo por adelantado, la Bolsa se ha disparado tras la elección. Trump y el Congreso republicano planean derogar el Obamacare, pero lo que pondrán en su lugar no está claro. Tanto

Lo que probablemente hará Además de aumentar los gastos militares, Trump proyecta grandes trabajos de infraestructura. Esta perspectiva ha sido también un factor de la subida de la Bolsa. Pero ofrece propuestas contradictorias para el financiamiento posible de esos grandes trabajos y el Congreso republicano ha sido siempre reticente a votar gastos para este tipo de proyectos. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente, además de apoyar las proposiciones de Trump para la Big Energie nombradas más arriba, va a recortar otras reglamentaciones medioambientales y dejar probablemente que la Agencia misma deje de ser pertinente. Las protecciones al medio ambiente en el trabajo que protegen a los trabajadores van probablemente a sufrir también. Es probable que Trump aumente los derechos de aduana que gravan las importaciones, particularmente las que vienen de China. Los negocios con Rusia podrían mejorar pero Trump seguirá un programa general proteccionista y nacionalista en economía. A lo largo de toda su campaña, el multimillonario atacó constantemente a los grandes medios de comunicación privados, calificándolos de “basura mugrienta” (scum), o incluso peor. Va a continuar haciéndolo, pues intenta así domesticarlos, un esfuerzo que producirá frutos, y que ha tenido ya cierto éxito. Dará pocas conferencias de prensa y continuará empleando Twitter y otros métodos para pasar por encima de los periodistas. Trump busca modificar las leyes sobre la difamación y la calumnia para hacer más fácil llevar ante los tribunales a las personas y la prensa que “calumnien” a

las figuras públicas como él mismo, algo que es difícil de hacer en el estado actual de la legislación. Los derechos democráticos en general también peligran, ya hay planes en marcha en los Estados gobernados por los republicanos. Cómo van a desarrollarse es algo que queda por ver, pero se esperan más restricciones del derecho de reunión y de manifestación, y más violencia policial con ese motivo. La política exterior es otro asunto importante. El designado para ser Secretario de Estado, Rex Tillerson, es un amigo del presidente ruso Vladimir Putin. La promesa de campaña de Trump de devaluar y de rebajar (downgrade) a la Otan puede ser olvidada, o quizás no. Las promesas de Trump de llevar una guerra comercial contra China recibieron impulso al nombrar a Peter Navarro como su gurú del comercio en la Casa Blanca. Navarro es conocido por sus opiniones extremas contra el comercio con China, que implican “romper el libro de reglas” a propósito de la “relación económica bilateral más importante del mundo” según el Financial Times. Esto puede desembocar en una fisura más profunda entre China y Estados Unidos en todos los terrenos. La designación de David Friedman como embajador en Israel corre el velo de las intenciones de Washington sobre la “solución de dos Estados”. Friedman tiene lazos estrechos con los colonos israelíes de Cisjordania, se opone a todo Estado palestino, incluso uno desprovisto de fuerzas armadas cuyas fronteras y política exterior estén controladas por Israel –es decir, la propuesta de un “Estado” palestino que hace Washington. Friedman está a favor de la anexión de Cisjordania. Trump declaró que desplazará la embajada estadounidense en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén, ratificando así la pretensión de Israel apoderarse de la ciudad. No es extraño por lo tanto que Netanyahu se alegre de “trabajar” con Trump y que haya iniciado a toda marcha la implantación de nuevas colonias. ¿Cuál será la naturaleza del nuevo régimen de Trump? Representantes de la izquierda liberal y algunos socialistas han subrayado el racismo de Trump, su misoginia, su autoritarismo, sus pretensiones demagógicas

Historia - Teoría - Debate · 45

al apoyar a los trabajadores, sus posiciones antidemocráticas para demostrar que es un fascista. Lo que es completamente falso. El fascismo es un movimiento de masas, organizado, e incluso armado, dispuesto a combatir al movimiento obrero (partidos y sindicatos) en la calle antes de tomar el poder y de aplastarle mediante la violencia masiva tras haber tomado el poder, y a instituir un Estado totalitario para hacerlo. La clase dominante capitalista no recurre a esta solución extrema mientras su dominación no haya sido amenazada por los trabajadores. No existe una amenaza así en los Estados Unidos, hoy por lo menos. El fascismo es un asunto serio y emplear este término sin reflexionar implica tomarlo a la ligera. Trotsky, cuando ponía en guardia al movimiento obrero alemán contra el peligro del fascismo en ascenso, decía que el fascismo alemán, basado en una economía más desarrollada, haría parecer al fascismo italiano un picnic. Un fascismo en los Estados Unidos haría parecer, en comparación, al hitlerismo como una versión un grado por debajo. Es cierto que grupos nacionalistas blancos, que tienen una mentalidad fascista, se han sumado a la campaña de Trump. Presumen abiertamente de que éste ha hecho su mensaje más aceptable (mainstream) y que han podido crecer gracias a ello. Pero siguen siendo pequeños, siguen fragmentados. Y son incapaces de unirse detrás de un líder. La nominación de Bannon es significativa sobre todo porque va a ser el principal consejero de Trump, pero es también un hueso a roer lanzado a la extrema derecha “alt-right”. Entonces, ¿cómo caracterizar el fenómeno Trump? Es útil recordar el análisis que hizo Marx del régimen de Luis Bonaparte, elegido presidente de la República francesa en diciembre de 1848 ante la sorpresa general, y que tomó el poder en 1851 en Francia mediante un golpe de Estado militar en un acto que bajó el telón de la revolución de 1848 y estableció un gobierno autoritario del “Emperador Napoleón III” que duró 20 años. Marx citaba a Víctor Hugo que llamaba a Luis Bonaparte Napoleón el pequeño. Efectivamente, en comparación con su famoso tío, Luis era una mediocridad, como Trump. Marx le llamaba una “insípida nulidad”.

Pero entonces, ¿cómo tomó el poder? Fue en el contexto de la incapacidad de los partidos burgueses en disputa para llegar a un acuerdo suficiente entre ellos y entre sus diversas fracciones internas con el fin de lograr gobernar efectivamente. Además, el movimiento obrero estaba en retirada, tras haber sufrido una importante derrota. Se había creado un vacío de poder y Luis Bonaparte lo ocupó, prometiendo ser el hombre fuerte que tomaría las cosas en sus manos y las pondría en orden. Luis Bonaparte prometió un programa masivo de trabajos públicos para desarrollar la industria, como Trump. Era personalmente un corrupto, como Trump, y está fuera de duda que Trump va a aumentar su bolsa y la de sus hijos, también la de sus amigos capitalistas, igual que hizo Luis Bonaparte. Luis Bonaparte tenía el apoyo de la policía -casi todas las asociaciones policiales (abusivamente llamadas sindicatos) en los Estados Unidos han hecho campaña por Trump. También una gran parte de la casta de los oficiales de las fuerzas armadas. Luis Bonaparte tenía lazos estrechos con la mafia. Trump y su padre eran tiburones del sector inmobiliario en Nueva York, con lazos estrechos con el crimen organizado, lo que por otra parte era una necesidad para los promotores inmobiliarios en esa ciudad. Ninguna analogía histórica es perfecta y los Estados Unidos en 2016-2017 no son la Francia de 1851. Pero hay parecidos manifiestos con la subida del mediocre Trump. No ha tomado aún todo el poder en sus manos, con una fachada de democracia burguesa, como había hecho Luis Bonaparte y es posible que no lo haga nunca. En el momento actual parece más bien el astuto maniobrero que era Luis Bonaparte antes de su golpe de Estado. Caracterizaría a Donald Trump hoy como un “me gustaría” ser Luis Bonaparte. Pero bajo un aspecto la situación en los Estados Unidos es muy diferente a la de la Francia de 1851, lo que hace de una presidencia autoritaria de Trump -es lo que vamos a tener- algo bastante más peligroso que el régimen dictatorial de Luis Bonaparte. Es sencillamente la potencia de los Estados Unidos en el mundo de hoy y el poder, económico, policial y político de la clase capitalista de los Es-

tados Unidos comparado a aquellos años lejanos en Francia. El peligro será aún peor si Trump consolida alrededor de su persona una dominación que se parezca al bonapartismo. ¿Qué puede impedirle realizar esa ambición? Luis Bonaparte pudo cabalgar una ola de boom económico por todo un período tras el descubrimiento de grandes yacimientos mineros de oro en California y en Australia. Comenzó a perder apoyo cuando este período de prosperidad decayó. Y fue derrocado cuando Alemania derrotó a sus ejércitos en la guerra franco-prusiana de 1870, que condujo a la Comuna de París (1871). Parece hoy que Trump va a heredar una economía que conoce un modesto crecimiento. En cualquier caso, va a gozar de un período de “luna de miel” que le concederá el beneficio de la duda de que pueda mejorar verdaderamente la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Pero dada la experiencia de la recesión de 2007-2008, los últimos 8 años, y la situación de la economía mundial hoy, es probable que se repita otra crisis económica durante la administración Trump. En consecuencia, los trabajadores que han votado por él podrán sentirse traicionados, lo que minará el apoyo del que puede disponer. ¿Pueden sectores de la clase dominante, exasperados por sus políticas temerarias volverse contra él en un cierto momento? La clase obrera organizada es débil, en tamaño, en fuerza y carece de dirección, pero se puede esperar que no va a confiar en los demócratas sino en su propia fuerza para enfrentarse a Trump y a los continuos ataques de los republicanos contra los sindicatos. No será fácil para Trump poner en práctica los ataques que proyecta contra dos poblaciones grandes y principalmente proletarias, la afroamericana y la latina, que probablemente van a defenderse. Las mujeres, los amerindios, los ecologistas, la gente defensora de las libertades civiles y otros, van a resistir. Son esas fuerzas con las que debemos contar. Traducción de Faustino Eguberri para Viento Sur

Marzo de 2017

Teatro y comunidad en Cali

Del barrio al escenario

Obra El Quijotiz de la Mancha

La organización colombiana Esquina Latina dose a modelos de éxito impuestos por el mercado. Para este accionar se cuenta con áreas especializadas en cose apoya en tres ejes: la formación actoral, el teatro en comunidades y la pedagogía escénica. municación social y escenotecnia, así como en lo administra-

squina Latina nació en 1973, bajo la iniciativa de algunos estudiantes de la Universidad del Valle. Hoy, luego de 44 años de trabajo artístico experimental y más de 20 años de animación sociocultural, ha logrado consolidarse como grupo teatral independiente, en permanente actividad artística y con un grado importante de sostenibilidad económica, gracias al fortalecimiento de un equipo profesional de actores y a su estructura organizativa multidisciplinaria. Según sus coordinadores, “se trata de una entidad consecuente con el pulso de la realidad y la comprensión del mundo como un proceso cambiante, que reconoce en los sectores que luchan contra la marginalidad y la exclusión la fuerza transformadora de la historia. Asimismo, la búsqueda artística parte de un compromiso permanente con el contexto socioambiental, pues tomando partido por las nobles causas de la humanidad es como encontramos fuentes claras de creación y de placer estético”. Es de esta manera que Esquina Latina fomenta y practica la fidelidad artística, caracterizada por la economía en el lenguaje, la militancia en el hedonismo de la creación y la toma de partido por causas sociales, en favor de la justicia y la equidad, resistién-

tivo y lo financiero, en los que se conjuga ética y la eficacia para el mejoramiento continuo de los procesos operativos, propios de una organización teatral con proyección social que actualmente genera 32 empleos directos –con todas la garantías laborales que exige la legislación colombiana– y cerca de veinte indirectos. Los recursos de funcionamiento provienen de la prestación de servicios culturales y de la cogestión de programas socioculturales con el sector público y privado a escala nacional e internacional. Formas de trabajo La compañía teatral está basada en tres ejes de trabajo o programas institucionales articulados entre sí. Uno es el laboratorio teatral o proceso de investigación y formación actoral permanente, desarrollado como un modo de producción que privilegia el proceso de creación colectiva, en procura de resultados de relevancia estética, con contenidos significantes que establezcan relación estrecha con el público. Por este sendero se ha creado un sinnúmero de montajes premiados y reconocidos tanto por su puesta en escena como por su alcance literario. En la actua-

La “cofradía”, el equipo de Esquina Latina.

lidad se mantienen en repertorio 13 obras de teatro y de títeres, reconocidas por su calidad en certámenes locales, nacionales e internacionales. Otro de los ejes es el teatro en comunidades de base. Es un trabajo de interacción con niños y jóvenes, mediante la animación teatral, en el distrito de Aguablanca, otros sectores de población vulnerable de Cali y ocho municipios del Valle del Cauca, como parte del programa Jóvenes, teatro y comunidad. Actualmente existen doce procesos grupales de animación teatral de la Red Popular de Teatro, que cuenta con una base social de más de 400 jóvenes y un calificado equipo artístico de animadores teatrales, constituido por jóvenes, hombres y mujeres formados integralmente en el programa. El tercer eje está centrado en la pedagogía escénica: son aquellas actividades que el teatro Esquina Latina lleva a cabo en el amplio campo de la educación, como talleres de sensibilización teatral, de sociodrama, de animación teatral y de dramaturgia, entre otros, así como la producción de obras de teatro educativo, sobre temas de interés y urgencia social. “Los tres ejes están ligados estructuralmente a la gestión cultural, con la correspondiente dedicación de tiempo, trabajo, condiciones y estrategias creativas y, sobre todo, de disciplina para desafiar las nociones de sentido común que tienden a descalificarla, ya que en algunos círculos artísticos, especialmente teatrales, suele desestimarse la gestión cultural y sus procesos administrativos por considerarla

una actividad prosaica, sospechosa e indigna de la condición del artista; como trampa diabólica de vulgares comerciantes que contamina y prostituye la creatividad”, explican los organizadores. Acorde a sus coordinadores, “la apuesta política como grupo teatral exige a sus artistas interactuar con las comunidades de base, en el contexto de una sociedad subdesarrollada económicamente y regida por las leyes del mercado que impone la doctrina neoliberal, donde la obra de arte se comporta, quiérase o no, como un producto. Las políticas culturales del Estado que podrían ponderarlo en una dimensión más amplia, socialmente hablando, son inoperantes e ineficientes”. “En consecuencia, el mayor reto como institución teatral independiente es afrontar la creación teatral como práctica integral que garantice la cohesión grupal bajo una filosofía de trabajo colectivo, donde el desarrollo es desigual, sostenido por una metodología constructivista —aprender haciendo— para consolidar el equipo y afianzar una apuesta estética. Por otra parte, está el pragmatismo de inventar una estrategia de mercado que garantice la sostenibilidad económica”, indican. Programa jóvenes, teatro y comunidad Desde 1983 Esquina Latina lleva a cabo un trabajo continuo de animación teatral con población vulnerable infantil y juvenil, en sectores marginales de Cali y algunos municipios del Valle y el norte del Cauca. La animación teatral es una forma de trabajo sociocultural que emplea el

teatro de acción social para promover la participación activa de personas y grupos, en el abordaje de sus conflictos. Su particularidad deriva de una metodología más amplia que es la animación sociocultural. El objetivo principal del programa es ayudar a contrarrestar los diferentes tipos de violencia: las violencias urbanas, las violencias juveniles e intrafamiliares, la inequidad de género y los conflictos socioambientales. Se trabaja entendiendo al arte como transformador social y desde la práctica comunitaria del teatro se intenta generar condiciones de cambio. Este programa parte de la base de entender a los jóvenes como sujetos-actores con autonomía y capacidad crítica de su entorno, que emprendan una acción social mediante el desarrollo de diferentes estrategias y actividades hacia la construcción de una sociedad posible. Otro de los enfoques tiende al desarrollo del trabajo en red: los participantes del programa se vinculan a través de diferentes niveles y distintos tipos de relaciones. La acción ambiental a través de la sensibilización, el conocimiento y el desarrollo de prácticas que se orientan hacia la protección y conservación del medio ambiente en contextos urbanos es otro de los ejes. La cuestión política no es soslayada: se trabaja en la concientización de principios democráticos como la igualdad, la participación y la responsabilidad que rigen a los participantes del programa para la toma de decisiones en la transformación de las problemáticas sociales que afectan sus entornos.

Marzo de 2017

Un grupo folklórico recupera las raíces culturales de Puerto Rico

Guamanique, al compás de los tambores

Desde 1994 representa diferentes géneros de de promover el esparcimiento del conocimiento sobre los bailes la música folklórica puertorriqueña. Fomenta y la música tradicionales de Puerto Rico. Además, la compañía pertenece a La Organización Internaciodanza, interpretación instrumental, creación nal del Arte Popular (IOV) y desde hace muy poco tiempo forma de máscaras de carnaval y enseñanza a niños.

uamanique es una compañía folklórica dedicada a preservar y promover los bailes y la música tradicional de Puerto Rico. Fue fundada en 1994 por su director y coreógrafo, Eduardo Calderón, en el pueblo de Vega Baja. Desde entonces Guamanique ha trabajado arduamente en muchísimos escenarios a nivel nacional e internacional, mostrando lo mejor de la cultura puertorriqueña por medio del talento de jóvenes comprometidos a reforzar y conservar las piezas idiosincráticas que definen la identidad del pueblo puertorriqueño. El nombre de la compañía proviene del cacique indígena taíno del área de Guayama, ubicada en el sur de la Isla de Puerto Rico, y representa el reconocimiento a las raíces precolombinas y su legado en las costumbres y tradiciones de los puertorriqueños. Actualmente la agrupación está incorporada al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al Instituto de Cultura Puertorriqueña y trabaja en colaboración con la Compañía de Turismo de Puerto Rico en el desarrollo estratégico de actividades culturales que impacten en el público local y en los visitantes, con el objetivo

parte de la Red de Festivales Folkóricos de América y del Caribe (Redefest). Entre otras funciones, ambas organizaciones facilitan la creación y el desenvolvimiento de festivales internacionales donde se muestran las diferentes manifestaciones culturales de distintos países del mundo. “Por más de 10 años, Guamanique ha demostrado con orgullo y esfuerzos el valor de la cultura en convenciones, festivales locales, festivales internacionales de folklore, obras teatrales, comunidades especiales, escuelas, entre otros”, cuentan sus organizadores.

Representaciones Desde el comienzo del período de la colonización, centenares de españoles fueron a vivir a la isla de Puerto Rico. Una gran parte de la población se concentró en la región central montañosa. Ellos trajeron consigo sus costumbres y tradiciones, incluyendo la música y los bailes. Los coordinadores de Guamanique recuerdan que “con el paso de los siglos, esos patrones culturales evolucionaron y se convirtieron en nuestros. Al mismo tiempo, la música y los bailes cambiaron. El Cuatro,

nuestro instrumento nacional y los ritmos llamados del Seis aparecieron como patrimonio, caracterizándose por su música muy melódica y bailes usualmente sencillos que demuestran los momentos de felicidad del jíbaro puertorriqueño”. Otra de las representaciones que lleva adelante Guamanique es la denominada Danza, género musical nativo de Puerto Rico, que está altamente influenciado por la contra danza francesa y el danzón cubano. La Danza es una forma de música compleja que puede ser variada en su expresión: sus letras pueden ser tanto románticas como festivas. Aunque sus orígenes no están muy claros, probablemente surgió para 1840 como reacción en contra de la rígida contradanza española que ya se bailaba y que fue fuertemente influenciada por los inmigrantes cubanos con su música habanera. El género continuó su evolución hasta que fue llevada a un nivel artístico por parte de Manuel Tavarez. Su discípulo, Juan Morel Campos, la adoptó y la desarrolló hasta su nivel máximo de expresión. La Bomba es otro de los ritmos que desarrollan, basado en la música y el baile de herencia africana. En ella se tocan dos o más barriles, dos palos de madera llamados cuás y una maraca de higüera. El baile consiste en un diálogo rítmico entre el tocador de bomba y los bailarines. Los movimientos ejecutados son ritmos cam-

biantes que emite el bombero en su barril llamado primo o subidor y que crea una interpretación por ambas partes. La Bomba fue y continúa siendo una expresión cargada de emociones y sentimientos profundos. Pero no sólo de baile vive Guamanique. Sus integrantes también crean máscaras, llamadas vejigantes que se utilizan en el Carnaval de Ponce. Este carnaval coincide con el Mardi Gras, el Carnaval de Río de Janeiro y el de Venecia. Las máscaras de Ponce son diferentes a las que se usan en Loíza. Mientras que las de Loíza son hechas de la cáscara de coco, las de Ponce son hechas de papel maché y se asemejan a las máscaras usadas en la República Dominicana en los carnavales que preceden a la Cuaresma. Creados a través de siglos de experiencias e interacciones culturales, la Plena es la forma de expresión musical originada en la ciudad de Ponce. Además es considerada como el periódico musical porque con sus letras se cuentan los acontecimientos de los barrios de Puerto Rico. La Plena usualmente se toca al ritmo de los panderos (pleneros), el cuatro, la guitarra española y el güiro. Pero también, la melodía, puede ser interpretada por el acordeón o un clarinete. En sus años de trayectoria, Guamanique ha recorrido Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,

Venezuela, Corea del Sur, Alemania, Austria, Bulgaria, España, Francia, Finlandia, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia y Suecia. Desde su nacimiento, el grupo da clases de baile a niños y niñas de entre 6 a 13 años y es el primer programa de bailes folklóricos para chicos del país. La idea es enseñarles no sólo a bailar sino también a conocer sus raíces culturales y a expresarse como seres individuales y creativos. El objetivo es “sembrar la semilla de la cultura en nuestros niños y desarrollarla a través de nuestras clases y proyectos, nos permite mantener vivo lo nuestro y perpetuarlo para las futuras generaciones.”, dijo Eduardo Calderón, director artístico y fundador de Guamanique en declaraciones a la prensa. “El programa –explica- surge al identificar que los niños no están en contacto con las danzas puertorriqueñas, por lo que desconocen una parte importante de la historia de Puerto Rico. La cultura, al competir con la ola tecnológica en la que están creciendo los más jóvenes, ha tenido que buscar nuevas formas de estar presente en sus vidas. Por lo que en las clases, aprenden tanto de música, baile, historia y cultura, mientras se divierten sanamente”. “En cada una de las clases buscamos estimular la creatividad de ellos por lo que permitimos que se expresen libremente a la hora de bailar. Por eso no le imponemos patrones o directrices estrictas para que no se cohíban”, enfatizó Calderón, quien posee un doctorado en historia de América y Puerto Rico. En sus más de 20 años de existencia, el Ballet Folklórico Guamanique de Puerto Rico se ha caracterizado por gestionar proyectos culturales y artísticos, tanto en Puerto Rico como internacionalmente. En junio de este año participarán del Festival Mundial de Folklore de la Villa de SaintGhislain en Bélgica. En palabras de Olvin Valentín, bailarín y director ejecutivo de Guamanique: “con nuestra filosofía de enseñanza, ellos ven que pueden crear y mientras más lo hacen se enamoran del ritmo y de la cultura. Al principio ellos se cohíben pero poco a poco van socializando con los demás compañeros, pierden la timidez, se comunican mejor y tienen confianza en que pueden realizar el trabajo”.

50 · Nota de tapa / Análisis de la noticia

viene de pág. 9

Unidos por razones formalmente diferentes pero en el fondo idénticas: la lucha interburguesa resultante de la crisis capitalista mundial. En cualquier hipótesis, en la coyuntura se ha roto el alineamiento automático de una mayoría de países latinoamericanos con Washington y los desafíos del futuro han desatado una batalla, sin precedentes, en dos planos principales: uno entre los países de mayor envergadura con gobiernos conservadores de derecha en la puja por el lugar que ocuparán en el nuevo cuadro; el otro, entre éstos y el Alba. Con este trasfondo se inicia el choque estratégico entre los gobiernos de Argentina y Venezuela. Esa confrontación se muestra en la superficie personificada en Nicolás Maduro y Mauricio Macri. Tras la apariencia, yace la batalla histórica por un camino hacia el futuro, por una opción estratégica no ya para Venezuela y Argentina, sino para toda la región, en un mundo atenazado por el mismo dilema, aunque en situaciones diferentes: avanzar hacia el socialismo o buscar respuesta en la reconstitución del hoy insostenible orden capitalista. Son justamente las características propias de América Latina, indisolublemente ligada en todos los órdenes al norte del continente, las que plantean de manera más neta, más simple y a la vez más espinosa esa alternativa inconciliable. Tal nitidez no hace más sencilla la tarea de Maduro y Macri. Todo lo contrario. La Revolución Bolivariana debe avanzar en la transición al socialismo desde una economía subdesarrollada, acosada por enemigos internos y externos y con un aparato productivo cuya sujeción estructural al poder capitalista aún no ha transpuesto el punto de no retorno. Es una hazaña política haber llegado al cuarto aniversario de la muerte de Hugo Chávez sin que la ininterrumpida conspiración contrarrevolucionaria haya podido conmover –mucho menos derrocar, como proclamaron desde el primer momento– al gobierno de Nicolás Maduro. Esto fue así por tres factores principales: la sostenida unidad cívico-militar, la existencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y la sabia conducta de la dirigencia principal para evitar fracturas y buscar sin pausa la movilización popular. No obstante, la cuesta a remontar es más que ardua, porque el momento internacional, con todos los cambios producidos desde la primacía contrarrevolucionaria de 1991 hasta comienzos de este siglo, no ha dado un salto cualitativo que permita a las autoridades venezolanas marchar acompasadas con una fuerza intelectual, política y organizativa de alcance mundial. Todavía y pese a las transformaciones positivas, lo contrario es verdad. En cuanto a Macri, llegó al poder por un voto de rechazo al gobierno anterior, pero no por consustanciación de las mayorías con su figura, sus propuestas, sus candidatos o sus aliados. La fuerza del gobierno de la incoherente coalición Cambiemos y su presidente reside en la ausencia de alternativa con raíces en la clase trabajadora y las fuerzas revolucionarias, cuya rica tradición está hoy contrarrestada por la división, la confusión y, en no pocos casos, la sumisión a

Marzo de 2017

variantes burguesas supuestamente progresistas. El resultado electoral y su primer año de gobierno –exitoso para los intereses del capital– traduce en realidad la gravísima situación de una sociedad desagregada, con grandes franjas de marginalización, sin pautas de conducta colectiva, con la mitad de la población en la pobreza y la indigencia. Esa realidad social resulta de una economía sistemáticamente saqueada por el gran capital local y extranjero durante los últimos 60 años, al punto de que todos los índices económicos y sociales son hoy peores que los vigentes al fin de la dictadura, en 1983, o tras el colapso general de 2001. Acompañado por un frente único del conjunto de la gran burguesía, las cúpulas sindicales y la iglesia, Macri tiene el mandato de restaurar el capitalismo y recomponer el sistema de poder burgués. Quienes creen que esto es históricamente posible, debaten sobre tal o cual política oficial para llegar más eficazmente al objetivo. Viejas y nuevas corrientes reformistas reclaman mejoras económicas y se desgarran en denuncias de carácter personal contra el Presidente, sin cuestionar el sistema mismo. Así, Macri tiene un amplio espacio de acción. Quienes creemos que el capitalismo no tiene fuerzas intrínsecas –en Argentina y en el mundo– para superar la crisis que lo demuele y aplasta a millones de seres humanos, sea por la violencia, la pobreza o la enajenación, tenemos la certeza del que el gobierno argentino no puede en ningún caso ser exitoso en el largo plazo y está negada de manera absoluta la posibilidad de una Argentina capitalista en desarrollo, paz y justicia. La impotencia estructural de la burguesía local no puede ser neutralizada por la debilidad coyuntural de la clase obrera. Aquí, como en todo el mundo desarrollado, a término la alternativa es socialismo o barbarie. Una barbarie ya visible en muchos aspectos –con el narcotráfico con mayor protagonismo cada día– apuntada inexorablemente hacia una perspectiva fascista que será, en última instancia, la que chocará de frente con la revolución latinoamericana. Maduro y el gobierno revolucionario de Venezuela tienen un basamento exactamente inverso al que sostiene a Macri. A la cohesión social, la estrategia definida y la organización consciente de las masas en el país caribe, se contrapone en el Sur la desagregación, la ausencia de cualquier objetivo que no sea sostener el sistema a costa de lo que costare, la ausencia de conciencia y la inexistencia de organizaciones sólidas y enraizadas de cualquier origen social. La otra cara de la medalla muestra a Argentina aliada a Brasil, México y Colombia para sostenerse entre sí y enfrentar a Venezuela y el Alba. Con los centros imperiales como respaldo de última instancia y más allá de cualquier contradicción. En ese entramado se dirimirá el destino de América Latina. La Revolución Bolivariana tiene potencialmente la posibilidad de convocar a los pueblos de la región y en una acción conjunta paralizar los centros nerviosos del capital en el hemisferio. Esa certeza no debería soslayar la necesidad, urgente, de acudir sin fisuras a formar filas en esta confrontación trascendental. Buenos Aires, 17 de febrero de 2017 @BilbaoL

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