Edición 153

AĂąo XV - NÂş 153 Marzo de 2018

Argentina: de ahogados y manotazos Brasil: giro al populismo derechista Paraguay: Cartes hunde a los Colorados Bolivia: unidad por el mar Colombia: candidatos contra la paz Siria: Putin construye una salida

Pese a la Casa Blanca y el Grupo de Lima

Elecciones libres en Venezuela

Criptomoneda venezolana

El Petro vigente y en debate

trump Deroga

El Decreto

YA

Venezuela responde con votos

Ante la amenaza de Washington, Maduro llamó a elecciones anticipadas. Serán el 22 de abril, como lo habían acordado con la oposición en República Dominicana. Por divisiones internas y rechazo de la Casa Blanca, la MUD retrocedió y no tendrá un candidato unitario.

El Petro vigente y en debate La criptomoneda venezolana ya fue lanzada oficialmente, en medio de grandes expectativas e incógnitas. Dentro del país se suscitaron importantes planteos sobre el tema, algunos de los cuales se abordan en tres textos publicados en la sección HTD (págs. 38-45).

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Bitácora

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GPS

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Nota de tapa Maduro va a elecciones anticipadas Fronteras calientes Por Roxana Martínez

Argentina 20 De ahogados y manotazos

Por L.B

Honduras 35 Poder impuesto con fraude y balas

Inés Hayes y Nicolás Honigesz

Uruguay 22 Motor económico

Por Darío Rodríguez Techera

Historia - Teoría - Debate 38 Criptomonedas en debate

Brasil 24 Giro al populismo derechista

Por Ignacio Díaz

Colombia 14 La derecha ya eligió

Bolivia 16 Confianza en la demanda

por la salida al mar

Ecuador 28 Doble mensaje para Lenín Moreno

Paraguay 18 Colorados preocupados y en campaña sucia

Por Jorge Zárate

30 32

Cultura 46 27ª Feria del libro en Cuba 48 Baile sin límites

Análisis de la noticia 50 Abril con definiciones

Por Luis Bilbao

Internacional Putin construye una salida para Siria Alianza de hierro contra Palestina Por Adrián Fernández

Twitter: @americaxxi | @BilbaoL Facebook: www.facebook.com/americaxxi

Director: Luis Bilbao | Colaboran en esta edición Asistentes: Caracas: Maryena Presa Velázquez · Montevideo: Georgina Rodríguez Redacción: Ignacio Díaz. Adrián Fernández. Roxana Martínez. Inés Hayes. Nicolás Honigesz. Darío Rodríguez Techera. Jorge Zárate.

Diseño gráfico y Arte: Ana María Pizarro Ruiz. Miguel Vayo | Corrección: Carolina Ocampos Redacción central: Av. Belgrano 1915 3°A (CP 1094) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: (54-11) 4952-4800.

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4 · Bitácora

Marzo de 2018

“Rechazamos que un grupo minoritario de países direccionados por la obsesión intervencionista de Trump quiera convertir a la Cumbre de las Américas en un instrumento de golpismo contra Venezuela. Agredir a un presidente electo democráticamente es agredir al pueblo que lo eligió” Evo Morales, presidente de Bolivia, sobre el Grupo de Lima

“Si ustedes quieren hablar de Venezuela, hablemos de Venezuela, América del Sur y América Latina. Le digo al presidente Macri: no me tenga miedo, convoque como presidente de Unasur a una cumbre y nos vemos las caras” Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

La Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia expuso que apenas se cumplió el 18,5% del acuerdo de paz firmado en septiembre de 2016 entre el Gobierno y las Farc. El Ejecutivo apenas tramitó 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año y en cuanto a la reforma rural sólo se avanzó un 5%.

“Los sirios creen que por su impacto negativo las sanciones occidentales contra el país son inhumanas e injustas y comparables a los daños que causaron los terroristas al ámbito social y económico” Alexandr Kinschak, embajador de Rusia en Damasco

“No estamos usando una zanahoria para convencer (a Corea del Norte) de que hablen. Estamos usando grandes palos y eso es lo que necesitan entender” Rex Tillerson, secretario de Estado estadounidense

Respaldo a Venezuela ante Presidentes de América Los 14 gobiernos del autodenominado Grupo de Lima firmaron una declaración contra las elecciones venezolanas y manifestaron su “respeto” a la decisión del gobierno peruano de no recibir a Nicolás Maduro en la próxima Cumbre de las Américas, en línea con el pronunciamiento previo del Departamento de Estado estadounidense. Washington es el organizador tras bambalinas del Grupo de Lima.

El pronunciamiento de esta minoría consi-

derable de países del continente –15 con Estados Unidos– no logró el apoyo de otros 19 gobiernos latinoamericanos, además del venezolano.

Desde La Habana llegó la primera respuesta a la “intromisión inaceptable” del Grupo de Lima en los asuntos internos de Venezuela y a la decisión de retirar la invitación a Maduro a la cumbre del 13 y 14 de abril. La Cancillería cubana vinculó directamente la última gira regional del Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, con el pronunciamiento del grupo de 14 países.

Bitácora · 5

“Netanyahu (primer ministro de Israel) colaboró con Daesh (Estado Islámico) y le compró petróleo” Aida Touma-Suleiman, diputada israelí

“Soy terco, obcecado y con esa misma convicción actuaré como Presidente de la República. Con terquedad, con perseverancia, rayando en la locura de manera obcecada, voy a terminar con la corrupción” Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de México

“Le hemos ofrecido (a Estados Unidos) tener un trabajo conjunto en la Triple Frontera por el tema terrorismo, y creemos que también vamos a poder contar con una representación de otras agencias, además de la DEA”

Los amigos En el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan sin que se sepa qué, por el camino.

Livianamente hermanos del destino, dióscuros, sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos, me aguantan que siga a flote entre tanto remolino.

Los muertos hablan más pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido.

Así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra.

Julio Cortázar

Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior de Argentina

“Nos preguntan cuándo terminaremos nuestra operación en Siria, ¿y ustedes (por Estados Unidos) ya abandonaron Afganistán e Irak? Dicen que Daesh ya no existe, entonces ¿para qué siguen allí? Tienen planes contra Turquía, Irán o, posiblemente, contra Rusia” Recep Erdogan, presidente de Turquía

“Ganó Menem porque era el mejor, disculpame. Yo estaba con Menem y tuve que votarlo a Cafiero porque mi marido no quería ir con Menem.

Yo quería ir con Menem, disculpame”.

Cristina Fernández, ex presidente argentina, en conversación con el secretario general de la presidencia Oscar Parrilli.

Cuba denunció que la exclusión de Venezuela de la Cumbre de las Américas contradice la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los 33 países miembros de la Celac. Y ratificó su “invariable solidaridad” con el país y “la unión cívico-militar de su pueblo, que encabeza el presidente constitucional Nicolás Maduro”.

También el presidente de Bolivia, Evo Morales, se sumó a la condena contra el Grupo de Lima.

“Rechazamos que un grupo minoritario de países direccionados por la obsesión intervencionista

de Trump quieran convertir a la Cumbre de las Américas en un instrumento de golpismo contra Venezuela. Agredir a un presidente electo democráticamente es agredir al pueblo que lo eligió”, advirtió. A su vez, denunció que Estados Unidos “se opone a las elecciones democráticas” en Venezuela porque “le preocupa que sus agentes y la derecha sean derrotados por el pueblo”.

Incluso Uruguay, a través del vicecanciller Ariel Bergamino, rechazó la exclusión de Maduro de la Cumbre. “El bombardeo de declaraciones, las

exclusiones y las amenazas no ayudan en nada”, señaló y afirmó que “los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos”.

Sobre el Grupo de Lima denunció que “no tiene estatus jurídico”.

A comienzos de febrero, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió al canciller venezolano y ratificó la solidaridad y acompañamiento de su gobierno “con el pueblo de Chávez y Bolívar, conducido hoy por nuestro hermano Nicolás Maduro”.

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Corea del Sur mira al norte y tranquiliza a Washington Corea del Sur intentó poner paños fríos en su distanciamiento con Washington cuando el 20 de febrero adelantó que realizará los ejercicios militares con Estados Unidos que quedaron pendientes antes de los Juegos de Invierno. El proceso de acercamiento con Corea del Norte durante la realización de las competencias rompió la hoja de ruta que pretendía Donald Trump y desorientó la estrategia del Departamento de Estado.

Ese mismo día el Ministerio de Defensa surcoreano aseguró en un informe parlamentario que llevará a cabo las maniobras militares anuales una vez concluyan los Juegos de Pyeongchang, el 18 de marzo. Pese a que no se confirmaron fechas, fue la primera vez que Seúl habló de esta posibilidad tras la histórica visita de una delegación norcoreana encabezada por Kim Yo-jong, hermana del presidente Kim Jong-un.

El intercambio de voluntades entre las dos Coreas, simbolizado en el desfile con una única bandera en los Juegos de Invierno, fue respondida con una invitación de Corea del Norte para que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, participe en Pyongyang en la primera cumbre intercoreana de líderes en más de 10 años.

De manera paralela Moon supo poner paños a las presiones de Washington y su aliado Japón, convencido de que el acercamiento con el Norte es el mejor

camino para disuadir a Kim que congele su carrera nuclear y misilística. A comienzos de febrero rechazó en duros términos el pedido del primer ministro japonés, Shinzo Abe, para que retome rápidamente los ejercicios militares y lo calificó como una violación de la soberanía nacional.

La inauguración de los Juegos de Pyeongchang, ciudad surcoreana ubicada a 80 kilómetros de la frontera, y la visita de una delegación diplomática de alto nivel encabezada por el jefe del Parlamento, Kim Yong Nam, y la hermana menor del Presidente, fue una imagen de las dos Coreas que nunca firmaron el fin de la guerra que los enfrentó en la década de 1950.

La contracara del acercamiento histórico la protagonizó el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, cuando anunció antes de los Juegos que su país impondrá sanciones más agresivas contra Corea del Norte, en momentos en que los dos países avanzaban en su acercamiento.

El dirigente ultraderechista afirmó que su país no permitirá que “la propaganda norcoreana secuestre el mensaje y la imagen de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang”. Como quedó demostrado, Norcorea no impuso otro mensaje que el de acercamiento con su vecino.

Ramaphosa asumió en Suráfrica citando a Mandela El nuevo presidente de Suráfrica, Cyril Ramaphosa, apeló al legado ético de Nelson Mandela para dar un “nuevo amanecer” al país y prometió luchar contra la corrupción. Aseguró que evitará que el país caiga en la tormenta de denuncias que forzaron la renuncia de su antecesor, Jacob Zuma, ante la amenaza de una destitución parlamentaria.

“Debemos honrar a ‘Madiba’ dejando detrás de nosotros la era de la discordia, la desunión y la desilusión.

Debemos dejar atrás la era de la decreciente confianza en las instituciones públicas y de la debilitada confianza en los líderes”, afirmó en el discurso sobre el Estado de la nación ante el Parlamento, el 16 de febrero, un día después de su asunción.

Ramaphosa asumió como nuevo presidente de Suráfrica luego de que el partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (CNA), exigiera la renuncia inmediata a Zuma por numerosos casos corrupción. Tras la acusación a Zuma, Ramaphosa quedó como único candidato ante el Parlamento para asumir la Presidencia, por lo que no fue necesaria una votación.

El nuevo jefe de Estado había encabezado en 1990 el comité formado tras la liberación de Nelson Mandela y también estuvo preso en la década de 1970 por su lucha contra el apartheid. Antes, había surgido como líder sindical organizador de la Unión Nacional de Mineros, sitio desde el que pasó a ser empresario minero luego de que Mandela dejara el poder y asumiera Thabo Mbeki.

El mensaje ante el Parlamento, que marca anualmente el comienzo del año legislativo, reunió a las dos cámaras con invitados de todos los sectores sociales y del Poder Judicial. “Este es el año en el que daremos la vuelta a la marea de corrupción en nuestras instituciones públicas”, dijo.

Zuma había llegado al poder en 2009. En su despedida del cargo, un día antes de renunciar, manifestó su desacuerdo con la decisión del CNA de pedir su renuncia. El caso que provocó su salida data de 1999, cuando era vicepresidente. Se trata de un acuerdo de compra de armas por un monto de 5 mil millones de dólares envuelto en acusaciones de lavado de dinero, corrupción y vínculo con el crimen organizado.

GPS · 7

Ex presidentes peruanos con más problemas judiciales La Justicia de Perú pidió que se tramite a Estados Unidos la extradición del prófugo ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) mientras un tribunal resolvió enjuiciar al indultado Alberto Fujimori por asesinatos paramilitares durante su mandato (19902000). Ambos hechos, conocidos por diferencia de horas a mediados de febrero, ocurren siete meses después de la detención de otro ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) por corrupción.

El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional Richard Concepción solicitó a la Corte Suprema peruana que tramite ante Estados Unidos la extradición de Toledo por el presunto delito de recibir sobornos por unos 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Se le imputa tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del Estado. El magistrado había emitido hace un año una orden internacional de captura contra Toledo que quedó radicada en California, Estados Unidos, sin que su detención se efectúe.

Según la Fiscalía, Toledo recibió 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de beneficiarla en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica del sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta su frontera con Bolivia y Brasil.

Los pagos ilícitos fueron depositados en cuentas bancarias de empresas offshore, ubicadas en paraísos fiscales, como Trailbrifde Ltd. y Merhav Overseas Limited y Warbury

and Co., propiedad del empresario israelí Yosef Maiman, amigo personal de Toledo.

Esos fondos fueron supuestamente traspasados a la empresa Ecoteva, fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, para pagar las hipotecas de las casas del ex presidente en Lima y en el balneario norteño de Punta Sal, además de otra casa y una oficina en Lima por valor cercano a los 5 millones de dólares, en negociaciones en las que supuestamente el ex mandatario intervino.

En el caso de Fujimori la Justicia determinó que el indulto “humanitario” que el presidente Pedro Pablo Kuczynski dio al ex dictador Alberto Fujimori no lo eximirá del proceso judicial que investiga los asesinatos cometidos por los paramilitares del Grupo Colina en la comunidad de Pativilca, el 29 de enero de 1992.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resolvió por unanimidad declarar que “carece de efectos jurídicos para el presente caso la Resolución Suprema emitida el pasado 24 de diciembre de 2017 que concede, entre otros, el Derecho de Gracia por Razones Humanitarias al procesado Alberto Fujimori”.

El ex dictador está acusado de ser autor mediato de homicidio calificado mediante asociación ilícita en el caso de los seis campesinos asesinados por el Grupo Colina en Pativilca hace 26 años.

La responsabilidad de Fujimori en el caso fue señalada por uno de los participantes confesos de los crímenes de Pativilca, miembro del Ejército peruano. Según esa y otras fuentes, el Grupo Colina dependía de Fujimori y el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Guatemala: detienen a Álvaro Colom y casi todo su gabinete El ex presidente de Guatemala Álvaro Colom y casi todo su equipo de gobierno fueron detenidos acusado de participar directa o indirectamente en un caso de corrupción en una obra del transporte urbano de pasajeros conocida como Transurbano durante sus años de gobierno, entre 2008 y 2012.

Además de Colom fueron detenidos el 13 de febrero cerca de una decena de ministros del llamado Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tras 14 allanamientos. Si bien a fines del mes la situación judicial de cada uno fue cambiando, llamó la atención la magnitud del operativo para apresar a la cúpula de todo el Ejecutivo.

La investigación fue liderada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Entre los detenidos se encontraba el presidente de la organización Oxfam Internacional, el guatemalteco Juan Alberto Fuentes Knight, quien fue ministro de Finanzas

durante el gobierno de Colom.

El Transurbano es un sistema de transporte público de la Ciudad de Guatemala que se paga con tarjeta, operado por el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses y la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos.

Los detenidos el 13 de febrero fueron los ex ministros Juan Alberto Fuentes Knight (Finanzas), Salvador Gándara Gaitán (Gobernación), Ana Francisca del Rosario Ordóñez (Educación), Abraham Valenzuela (Defensa), Edgar Alfredo Rodríguez (Trabajo), Óscar Velásquez (Economía), Celso David Cerezo Mulet (Salud), Gerónimo Lancerio Chingo (Cultura) y Luis Alberto Ferraté (Ambiente).

En la cárcel de un cuartel militar de la capital del país compartieron espacio con varios de quienes lo sucedieron en el gobierno a partir de 2012 como el ex presidente Otto Pérez Molina y sus ex ministros Mauricio López Bonilla y Ulises Anzueto.

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8 · Nota de tapa

Venezuela enfrenta con votos la amenaza de Washington

Maduro va a elecciones anticipadas

Nicolás Maduro participó de un acto del partido Patria Para Todos en el teatro Teresa Carreño de Caracas.

S

Habrá presidenciales adelantadas el 22 de abril. Así lo pedían den- tituyente que incluya para el 22 de abril tro y fuera de Venezuela, pero como la oposición quedó fracturada, elecciones legislativas a nivel nacional, en los Estados y municipios, iniciativa Estados Unidos exigió rechazar la vía electoral.

erá muy difícil de explicar. Del supuesto clamor y la exigencia de elecciones generales anticipadas en Venezuela, la oposición y Washington pasaron a reclamar la postergación de la votación presidencial pautada para el próximo 22 de abril. El cambio es radical: los mismos que le piden la renuncia a Maduro prácticamente desde que fue electo para el período 2013-2019, le suplican ahora que culmine su mandato.

Ante la certeza de que no están en condiciones de ganar una elección presidencial, los dirigentes de los principales partidos opositores no alcanzaron un acuerdo y acataron la línea trazada desde Washington. Tras fuertes cruces internos, los restos de la coalición opositora de la MUD anunciaron en una conferencia de prensa el 21 de febrero que no participarán de las elecciones.

“Nosotros sí creemos en el camino electoral”, fue la respuesta de Maduro, que ratificó de inmediato que habrá elec-

ciones “con o sin MUD”. “La MUD se ha hundido en sus contradicciones. Venezuela no quiere violencia, quiere elecciones presidenciales”, dijo y reafirmó que “el único camino que tiene Venezuela es el camino de la democracia, de las elecciones y el voto popular”.

A la maniobra de las principales organizaciones de la MUD no se sumaron sin embargo los partidos opositores Copei, Avanzada Progresista, MAS, Bandera Roja y Movimiento Soluciones, que expresaron su voluntad de ir a las elecciones de abril. Su precandidato más viable es el ex gobernador de Lara Henri Falcón, quien debía decidir su inscripción hasta el 26 de febrero.

“Abstenernos es una ruta que no nos conduce a ninguna parte”, advirtió el dirigente copeyano Pedro Pablo Fernández en la conferencia de prensa conjunta de estas agrupaciones.

El presidente venezolano solicitó además a la Asamblea Nacional Cons-

que fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ante la imposibilidad de organizar el conjunto de elecciones para esa fecha. De todas maneras, las legislativas podrían realizarse también este año.

Con este plan y en caso de ser reelegido, Maduro tendrá cuatro años sin elecciones ni campañas para poder dedicarse de lleno a la recuperación económica del país, una necesidad urgente ante el agravamiento de la crisis durante los últimos meses.

Elecciones libres y generales El Consejo Nacional Electoral (CNE), en cumplimiento con los puntos del acuerdo general que Gobierno y oposición habían alcanzado en República Dominicana (finalmente no firmado por la MUD), instrumentó las exigencias requeridas.

Tal como se había escrito en el denominado Acuerdo de Convivencia y Paz,

Nota de tapa · 9

alcohol y dinero en plena Plaza Altamira de Caracas para operaciones violentas; cerco de algunos sectores urbanos donde no dejaban salir ni entrar a ninguna persona por varias horas o incluso días.

Eso vivió Venezuela durante tres meses, hace menos de un año.

Ya dividida, la oposición decidió aceptar un nuevo llamado al diálogo con el gobierno en República Dominicana, que se prolongó hasta inicios de febrero. Sin embargo, al llegar el momento de firmar el acuerdo ya redactado, que tenía como punto central las elecciones, volvieron a abandonar el camino de las urnas.

La MUD anunció, a través de su portavoz Angel Oropeza, que no participará en las elecciones del 22 de abril.

el CNE convocó las presidenciales en la fecha convenida entre las dos partes: el 22 de abril. A su vez, extendió una invitación a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y los países acompañantes del diálogo para que conformen una delegación de acompañamiento y observación electoral.

El ente electoral venezolano también cumplió con las jornadas de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral dentro del país (hasta el 20 de febrero) y en el exterior (25 de febrero), como lo reclamaba la oposición. Maduro ordenó incluso la reapertura del consulado en Miami para que los venezolanos que viven allí puedan inscribirse y votar.

La presidente del CNE, Tibisay Lucena, se comprometió además a garantizar las 13 auditorías previstas para el sistema de votación en el cronograma electoral, tal como se realizaron en 2012 y 2015, y a evaluar la restauración de todos los centros de votación a sus sitios originales. Algunos habían sido trasladados luego de la ola de violencia del año pasado.

Cierre de un período El origen de la actual crisis en la moribunda coalición de la MUD está en el intento fallido de generar una insurrección social violenta y un golpe de Estado el año pasado. A esa ofensiva llevada adelante entre abril y julio, el gobierno de Maduro le respondió con las urnas.

Hubo elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en julio, a gobernadores en octubre y alcaldes en diciembre.

Con elevada participación, el oficialismo ganó en todos los frentes y capitalizó el amplio rechazo social generado en tres meses de vandalismo y violencia, que sólo lograron complicar más la vida cotidiana de los venezolanos.

Quema de transportes públicos, camiones y depósitos de alimentos; sabotajes eléctricos que dejaron sin luz a la población; transeúntes quemados vivos por ser o parecer “chavistas”; ataques con explosivos y armas de fuego a las fuerzas de seguridad; respuesta violenta de efectivos policiales; envío de jóvenes a atacar cuarteles y sedes militares con bombas caseras; visible armado de grupos mercenarios, que recibían drogas,

Mediadores expusieron a la MUD Fueron los mediadores internacionales de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la delegación opositora quienes confirmaron que la dirigencia de la MUD echó por tierra el acuerdo que ya habían alcanzado ambas partes en Santo Domingo. El 7 de febrero, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, informó frustrado que no se firmaría ningún acuerdo y confirmó que el día anterior las partes habían alcanzado un documento común que iba a ser presentado públicamente.

Tras reunirse con la oposición venezolana, Medina ofreció una conferencia de prensa junto al ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que explicó que ese documento fijaba, entre otros puntos, la fecha de las elecciones presidenciales para el 22 de abril. Esta aclaración del presidente dominicano fue determinante para echar por tierra el argumento utilizado por la derecha venezolana de que las elecciones presidenciales eran una “convocatoria unilateral”. La fecha había surgido del acuerdo.

Medina reconoció además que Maduro se había comprometido a respetar y aplicar en su totalidad el acuerdo, incluido el llamado a elecciones para el 22 de abril y no para el 4 marzo, como era la idea original del Gobierno. Destacó también que el mandatario le dijo “que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el Gobierno firmó el 6 de febrero él está dispuesto a aplicarlos, (incluso) fuera del acuerdo con la oposición”.

Eso mismo hizo Maduro al día si-

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10 · Nota de tapa

Zonas limítrofes: claves de la contrarrevolución

Fronteras calientes La puesta en relieve de graves flagelos que atentan contra la soberanía e integridad de la República ya conllevó a inicios de enero al cierre inmediato de las vías de comunicación aéreas y marítimas de Venezuela con las islas holandesas de Aruba, Bonaire y Curazao.

L

a situación económica es hoy la mayor preocupación de la población venezolana y el principal motivo de emigración.

Esto coloca al país frente a una compleja realidad migratoria en su frontera con Colombia y Brasil, que está siendo utilizada por sectores adversos al proceso revolucio-

nario y minuciosamente tratada por la maquinaria mediática al servicio de la derecha nacional e internacional. Los gobiernos de Santos y Temer justifican, a partir del fenómeno migratorio coyuntural, el despliegue en la frontera con Venezuela de nuevos componentes de las fuerzas militares.

Estrategia visible El 30 de enero, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, anunció que remitiría a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, que abarca una extensión territorial de 159.500 kilómetros cuadrados.

La decisión perjudica gravemente a Venezuela, que no reconoce la jurisdicción de la CIJ, y se ajusta a lo pedido por Guyana.

En los primeros días de febrero, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, visitó Colombia como parte de su gira por México, Argentina, Perú y Jamaica, y de inmediato aumentó la tensión en las fronteras venezolanas.

Tillerson fue presidente de la petrolera Exxon Mobil, la principal empresa socia del gobierno guyanés para la exploración y explotación de petróleo en las costas del territorio Esequibo. Su interés primordial se ha concentrado en el bloque Stabroek, ubicado en la zona en disputa entre Venezuela y Guyana, descubierto en 2015

guiente, cuando la derecha confirmó que rechazaba firmarlo: “Yo quiero anunciar que aquí tengo el acuerdo de República Dominicana, avalado por el presidente Danilo Medina y el ex presidente español (José Luis Rodríguez) Zapatero, firmado ayer por nuestra delegación. Lo voy a cumplir en todas sus partes”, aseguró y lo firmó públicamente.

Por esas horas, el ex presidente Rodríguez Zapatero, mediador del proceso de diálogo en República Dominicana y de otros tantos intentos en los últimos dos años, hizo pública una carta que envió a los partidos de oposición pidiendo que firmaran el documento, porque “el Gobierno se ha comprometido a respetar

escrupulosamente lo acordado”.

La carta del ex mandatario español es reveladora cuando señala que “de manera inesperada para mí, el documento no fue suscripto por la representación de la oposición”. “No valoro las circunstancias y los motivos (de esa decisión), pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos”, señaló públicamente.

“Le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito”, remata el texto enviado al jefe de la delegación de la MUD, Julio Borges.

Zapatero y Medina estaban conven-

cidos de que el acuerdo llegaría, según varios testigos en las reuniones de Santo Domingo. Uno de ellos, el ex canciller venezolano Roy Chaderton, integrante de la delegación del gobierno de Venezuela en el diálogo, aseguró que el texto fue respaldado por Medina y que vio “exultante” a Zapatero el día acordado para la firma. “Lo único que nos quedaba era llegar y ver a la oposición firmando”, comentó.

Medina y Zapatero fueron mediadores en las conversaciones que se desarrollaron desde el 1 de diciembre hasta el 7 de febrero en Santo Domingo. El diálogo contó con la observación de Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadi-

Contrabando de alimentos, combustibles y billetes; inmigración, falsas tareas humanitarias y actividades paramilitares acumulan tensiones en las fronteras con Brasil, Colombia y Guyana.

Nota de tapa · 11

y descripto por el Servicio Geológico de Estados Unidos como la segunda reserva más grande del mundo. La situación pone en evidencia la gran importancia energética de la fachada atlántica del Esequibo.

No es casual que en diciembre la petrolera estadounidense haya informado su disposición de asistir a la República de Guyana con todos los gastos judiciales a los que pudiese tener lugar una eventual controversia con Venezuela, reservando aproximadamente 20 millones de dólares para el momento en que se active el diferendo.

La Asamblea Nacional en desacato, de mayoría opositora, hizo su aporte a esta arremetida contra la frontera venezolana cuando el mismo 30 de enero aprobó una solicitud a la ONU para el establecimiento de un corredor humanitario en la frontera venezolana. En septiembre de 2017 ya había aprobado la emergencia migratoria.

Una semana después, el 8 de febrero, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante una reunión de evaluación y seguimiento en la frontera colombo-venezolana, anunció un conjunto de acciones para el control migratorio que, dijo, se implementaría de manera inmediata en toda la zona fronteriza.

El despliegue de nuevos efectivos de las fuerzas militares colombianas, la puesta en marcha del Grupo Especial Migratorio y del Centro de Atención al Migrante, así como la prohibición de emisión de nuevas tarjetas de movilidad fronteriza, fueron algunas de las medidas decretadas.

Luego, el 15 de febrero, el ministro de Defensa de Brasil, Raúl Jungmann, infor-

mó que su país decretaría la emergencia en el Estado de Roraima, colindante con Venezuela, para duplicar la presencia de efectivos militares y atender el flujo migratorio proveniente de este país.

Amazonas latente En noviembre último se realizaron los ejercicios militares “AmazonLog17” en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, a escasos 700 kilómetros de Venezuela, donde inclusive hubo presencia de tropas estadounidenses. Entre los objetivos de estas prácticas estuvo el “mostrar el desempeño de las tropas tanto para la guerra como para la paz”, según palabras del comandante logístico del Ejército de Brasil, Guilherme Cals Theophilo. Todo ello a partir de las llamadas “unidades logísticas multinacionales integradas”, conformadas por miembros de los ejércitos de varios países de la región que operan en actividades relacionadas con el “control de flujos migratorios, operaciones de paz y asistencia humanitaria”.

No es fortuito que tras los AmazonLog17 se hayan incrementado los llamados de asistencia humanitaria para Venezuela.

Los medios de comunicación afilaron sus armas al dibujar en los principales titulares la alegada “gran crisis migratoria” y reflejar los intentos por instalar un “corredor humanitario” en Venezuela.

Ciertamente, muchos venezolanos se ven empujados a otros países en búsqueda de mayores ingresos ante la crisis económica. Según declaraciones de Santos –sin dar cifras oficiales– el flujo migratorio diario de venezolanos hacia Colombia se-

ría de 37 mil personas. A la ciudad de Boa Vista, Brasil, podrían haber ingresado en los últimos meses aproximadamente 40 mil ciudadanos de Venezuela que pasaron a representar aproximadamente el 10% de la población en esta localidad.

A las medidas migratorias anunciadas recientemente por Colombia y Brasil, se suma la “ayuda técnica y humanitaria” –en palabras del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri– que estaría dispuesta a ofrecer Washington para la atención de los migrantes o refugiados venezolanos en los países que los reciben.

Desde el puente La frontera entre Venezuela y Colombia es considerada como una de las más activas e importantes de Suramérica. Se extiende por 2.219 km y sus pueblos comparten historias, costumbres y tradiciones.

En algunos puntos se constata la libre convivencia de ciudadanos de ambos países, particularmente dentro del territorio de la República Bolivariana, que recibió a más de cinco millones de colombianos que huyeron de la violencia.

Por el Puente Simón Bolívar, que conecta a las poblaciones de Ureña (gobernación Táchira, Venezuela) con Cúcuta (departamento Norte de Santander, Colombia) se movilizan diariamente miles de personas.

Muchas de ellas cruzan el puente tan sólo para ir a trabajar del lado colombiano y retornar a territorio venezolano al final de la tarde. Algunos lo utilizan como puerta de tránsito hacia otros destinos, como Ecuador y Perú. Otros ven en Colombia una

nas, países invitados por el gobierno venezolano, mientras que por la oposición participaron Chile y México. México abandonó su rol curiosamente mientras el diálogo avanzaba y el canciller de Chile dejó el lugar a su embajador ante la República Dominicana, tras insólitas declaraciones de boicot al diálogo.

Hoy se sabe que los dirigentes de la MUD pusieron a prueba el compromiso de Maduro, y cuando el presidente bolivariano aceptó el reto abandonaron el diálogo.

El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, fue quien anunció que no se firmó el acuerdo entre el Gobierno y la MUD

Fallido boicot internacional Durante todo el proceso de diálogo, la derecha continental permanentemente

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oportunidad para instalarse y trabajar para poder enviar recursos a sus familias. Pero lo más común es ver a personas que realizan contrabando o reventa de mercaderías como forma de subsistencia ante la crisis.

Por fuera del tema migratorio hay un compendio de problemas en la zona fronteriza sobre los cuales los medios de comunicación callan, ya que afectan directamente a Venezuela. Muchos fueron puestos en evidencia en agosto de 2015 tras el cierre de la frontera y el decreto de Estado de Excepción en los munici-

pios fronterizos del estado Táchira, colindantes con el departamento Norte de Santander. Desde entonces la campaña de odio desde Colombia se incrementó ya no sólo contra el gobierno bolivariano, sino también contra la población venezolana y el conjunto del país.

Pese a esa medida, el contrabando de gasolina, productos cárnicos, lácteos y otros alimentos continuó, aunque con altibajos. Por allí pasa también la descarada extracción del papel moneda venezolano, billetes que se encontraron el

envió señales de que rechazaría lo que surgiera de Santo Domingo. El triángulo Washington-Miami-Bogotá intensificó su presión sobre los delegados de la oposición de forma elocuente.

El mismo día que el acuerdo estuvo a punto de firmarse y la MUD se levantó de la mesa, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, arribó a Colombia en el marco de su gira regional, que incluyó también a México, Argentina, Perú y Jamaica. El jefe de la delegación gubernamental del diálogo, Jorge Rodríguez, afirmó que Borges recibió en ese momento una llamada desde Bogotá para no firmar.

Apenas horas después de caído el acuerdo, que Maduro firmó de todas maneras, Estados Unidos informó que

rechazaba las elecciones del 22 de abril.

El Departamento de Estado se expresó de esta manera el 8 de febrero, antes de que lo hiciera la MUD. La vocera, Heather Nauert, dijo que “no hay garantías que aseguren elecciones libres, justas y validadas internacionalmente”, pese a que Medina y Zapatero habían afirmado que dichas garantías estaban especificadas y aceptadas en el documento.

De inmediato Washington ordenó al presidente peruano Pedro Kuczynski convocar al autodenominado Grupo de Lima, que se pronunció en la misma línea cuando todavía la MUD no había tomado la decisión de participar o no en las elecciones. Un total de 14 gobiernos alineados a la Casa Blanca manifestaron “su más firme rechazo” a las elecciones

año pasado de a millones en Brasil y Paraguay, y son de libre venta en las casas de cambio o mafias de Cúcuta, mientras en el interior de Venezuela persisten los inconvenientes para obtener efectivo.

La cínica compra de los billetes venezolanos a un precio superior a su valor real denota claramente la estrategia de ataque a la moneda, avalada además por el incremento del dólar en el mercado paralelo.

Nunca antes se habían suscitado procesos de devaluación inducida con un impacto tan fuerte y tan intenso en el tipo de cambio como los que se han venido observando desde septiembre de 2017. Desde entonces, el bolívar ha sufrido una devaluación cercana al 1.500%.

A esto se suman las reiteradas denuncias sobre la presencia de paramilitares en la frontera y dentro del territorio de Venezuela. Un tema que requiere especial estudio es el comportamiento de grupos de delincuencia organizada en el país que reproducen peligrosamente las prácticas paramilitares colombianas, inéditas en la historia venezolana.

Más contrabandos El contrabando de alimentos ha sido reconocido por la propia oligarquía colombiana. Según el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie Rivera, diariamente entran a Cúcuta más de 400 animales de Venezuela, “sin que exista solución”. El Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor) y amenazaron con no reconocer su resultado. La declaración fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, en una insólita maniobra injerencista que tuvo como principal destinatario a la oposición venezolana.

Otros 19 gobiernos de la región se negaron a apoyar la ofensiva.

Las denuncias sobre la presunta ausencia de condiciones electorales son falsas. El Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela incluía, entre otras cosas, la observación y acompañamiento internacional de la ONU y los países acompañantes del diálogo para las elecciones, así como la formación de un grupo especial integrado por la

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estima que alrededor del 80% de la carne que se consume en el área metropolitana de Cúcuta proviene del contrabando.

Las razones del repunte de este delito parecen estar en los pocos niveles de producción y abastecimiento colombianos.

Según información del mismo comité, los habitantes de la región consumen un total de 90 toneladas de carne por día. De esta cantidad, Colombia tiene capacidad productiva para tan sólo 20 toneladas y el resto es cubierto por la carne proveniente de Venezuela que, ante el diferencial cambiario, genera grandes ganancias para los contrabandistas. Una situación similar se evidencia con la venta ilegal de combustible venezolano en Colombia.

En el municipio colombiano de Villa del Rosario se denuncia la existencia de pequeños y grandes almacenes llenos de productos venezolanos, muchos de los cuales son de las empresas Polar y otros son importados y subsidiados por el Estado venezolano. Las autoridades colombianas lo avalan totalmente.

Jorge Forero, observador fronterizo en el Estado Táchira, explica que al menos hasta inicios de año se observó un periodo en el que se logró detener de manera considerable el flujo de contrabando de gasolina. Las gestiones policiales y militares tanto en Cúcuta como del lado venezolano contuvieron durante un período este delito. Algunos afirman incluso que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano tomó

el control en algunas trochas (cruces ilegales), bloqueando en cierta medida el paso por las mismas.

La reducción de los niveles de contrabando se observó particularmente en el efectivo funcionamiento del transporte interurbano en la zona fronteriza, considerando que muchos conductores se dedican diariamente a este flagelo. Sin embargo, para finales de enero e inicios de febrero se activó nuevamente el tráfico ilegal de productos hacia Colombia.

Históricamente desatendidas por el gobierno nacional, las comunidades fronterizas de Colombia se acostumbraron a vivir prácticamente del comercio ilegal de productos venezolanos.

oposición y el Gobierno para verificar el cumplimiento del acto electoral.

En el capítulo de “Garantías del proceso electoral” del documento que ahora es público se leen los siguientes puntos: • Se exhorta para que sean seleccionados los dos rectores designados en fecha 13 de diciembre de 2016 por la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Estos serán fruto del consenso de los firmantes de este acuerdo.

• Gobierno y Oposición acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Unidas que se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo.

• Se asegurará y favorecerá equidad

en el acceso a los medios públicos y privados, y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral.

• Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos, y debida supervisión del Poder Electoral.

• En el seno de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo, se constituirá un grupo de alto nivel que atenderá los asuntos que se presenten y atenderá el buen desarrollo del proceso electoral. Esta Comisión estará integrada por un representante del gobierno, un representante de la oposición y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

• Las partes se comprometen a reconocer el resultado de los comicios pre-

Cañones apuntando Desde Venezuela se siguen evaluado planes y proyectos para el combate de estas problemáticas que desangran al país.

El presidente Nicolás Maduro instruyó al ministro para la Defensa, el General en Jefe Vladimir Padrino López, a coordinar con las autoridades colombianas el diseño conjunto de un plan integral en la frontera. Igualmente, hizo un llamado a todas las delegaciones diplomáticas y consulares del país en el exterior para que den una atención inmediata a los venezolanos que han emigrado.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, denunció que jóvenes venezolanos estarían siendo reclutados por unidades del Ejército de Colombia.

Detalló que sería parte de un peligroso plan que persigue la creación de casos de falsos positivos para provocar una escalada de violencia en la frontera entre ambos países y así justificar una acción injerencista que violente la soberanía nacional de Venezuela.

Según Reverol, el ejército colombiano estaría facilitando documentos de identidad colombiana a los jóvenes venezolanos, quienes inmediatamente serían incorporados al servicio militar obligatorio del país, pasando por un proceso intenso y exigente de adoctrinamiento.

De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno venezolano, se estarían creando posibles fuerzas paramilitares adoctrinadas y con capacidad de movilizarse dentro del territorio. El propósito puede ser crear confusión y caos mediante acciones maliciosas o repetir un escenario como el de la pasada operación paramilitar Daktari, del 9 de mayo de 2004, que buscaba el asesinato de Hugo Chávez.

Mientras tanto, Brasil y Colombia fortalecen sus posiciones militares en las respectivas líneas fronterizas. Sólo al cruzar el puente Simón Bolívar hacia Colombia –advierte Jorge Forero– se observan los grandes tanques y despliegue de funcionarios altamente equipados, que de alguna manera u otra apuntan contra Venezuela.

Desde Caracas, Roxana Martínez

sidenciales del año 2018, independientemente de los mismos.

“Estoy ‘sobrecumpliendo’ el acuerdo de República Dominicana, y estamos dando amplias, absolutas garantías de inscripción en el Registro Electoral a nivel nacional e internacional; y de observación electoral”, declaró Maduro en rueda de prensa internacional al día siguiente del pronunciamiento internacional desde Lima. “Quiero ganar las elecciones en buena ley, (pero) eso es lo que el Grupo de Lima no quiere: ellos conocen los números (de las encuestas)”, aseguró.

No hay dudas: habrá elecciones el 22 de abril y la Revolución Bolivariana se prepara para una nueva etapa en la que su principal oposición continuará siendo la agravada guerra económica.

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Primera vuelta de presidenciales el 27 de mayo, la segunda el 17 de junio

La derecha colombiana ya eligió

Uribe y su candidato Duque pidieron desde Miami acabar con Maduro y con la izquierda colombiana

Resurgimiento paramilitar, represión a movimientos sociales, asesi- simple vista lo que tienen en común las natos de líderes de izquierda y cabeza de playa de una invasión a Ve- tres naciones es que en las dos primeras nezuela. La campaña exhibe la peor cara de la derecha continental. gobierna la izquierda y en la tercera la

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ás allá de quién sea el candidato de la derecha mejor posicionado para la primera vuelta de las elecciones del próximo 27 de mayo, oligarquía y terratenientes colombianos muestran en plena campaña presidencial los ejes de un futuro gobierno. Como en las décadas de 1980 y 1990 los paramilitares hacen una feroz limpieza política en la izquierda y los movimientos sociales; la extrema derecha de Álvaro Uribe justifica e impulsa el terrorismo contrarrevolucionario y el oficialismo de Juan Manuel Santos fortalece sus lazos militares con Estados Unidos.

Por diferentes caminos Uribe y Santos coinciden en esta etapa en reforzar la alianza con el imperialismo sea en Washington o en Miami, reeditando la época que los tuvo como Presidente y Ministro de Defensa, respectivamente. Febrero fue una sucesión de golpes de efecto para preparar la invasión a Venezuela o generar ahogo y fomentar la convulsión interna: movimiento militar hacia la frontera, refuerzos de compromisos militares

con Washington, propaganda sobre “olas de inmigrantes venezolanos” y denuncia de que “en Venezuela hay colombianos presos”, sin admitir que muchos de ellos son mano de obra paramilitar de esa derecha a la que representan.

Herederos de Mas Canosa Mientras Santos acordaba la estrategia militar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, Uribe y su candidato Iván Duque se reunían en Miami con líderes de la contrarrevolución cubana y venezolana. Fueron invitados por la Fundación Inspire America, una organización ultraderechista nacida hace menos de dos años para rechazar los acuerdos de Barack Obama con Raúl Castro.

Fue creada por el abogado Marcell Felipe en busca, como lo definió la prensa ultraderechista, de “llenar el vacío dejado por (Jorge) Mas Canosa”, en referencia al terrorista cubano de Miami, socio del Partido Republicano estadounidense. “La causa de Cuba, Venezuela y Colombia es una sola”, dijo Felipe. A

izquierda está siendo aplastada por la difamación o por las armas por fuerzas ultraderechistas que lideran, precisamente, Uribe y Duque.

Un comunicado emitido por la Fundación Inspire America señaló que en la reunión Uribe “destacó que es responsabilidad de los militares honestos de Venezuela sacar al país de la crítica situación en la que está”. El temor, admitieron, es que en las próximas elecciones en Colombia, en mayo, y México en julio, triunfen fuerzas de izquierda.

El ex subsecretario de Estado de Estados Unidos y ex embajador en Venezuela Otto Reich, asistió a la reunión e hizo un gran aporte para comprender quiénes están detrás de los asesinatos de militantes de las Farc desmovilizadas: “el castrismo ha querido controlar las riquezas de Colombia. Por eso han apoyado al terrorismo de la Farc. Y cuando no pudieron ganar por la fuerza, los castristas convencieron a las Farc de cambiar de estrategia y fingir ser demócratas. Los colombianos no pueden caer en esa trampa y terminar

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como Cuba o Venezuela”.

El 10 de febrero Uribe y Duque ofrecieron en Miami una conferencia de prensa. El ex Presidente insistió en pedirle a los militares venezolanos alzarse contra “la dictadura que masacra al pueblo”. Duque denunció a “aquellas posturas que quieren llevar a Colombia por el espejo de Venezuela”. En el universo de la extrema derecha esa referencia corre para el partido de las Farc y para el candidato presidencial Gustavo Petro. Sobre este último, Uribe señaló que durante su mandato como alcalde de Bogotá “hizo un experimento chavista y quebró a la ciudad”. Su propuesta es “más expropiaciones, más odio de clases”, dijo.

Nada dijo Uribe sobre la resolución de un Tribunal de Medellín que, unos días antes, pidió que se lo investigue por su presunto conocimiento de dos masacres perpetradas hace 20 años por paramilitares en el departamento de Antioquia (noroeste) cuando era gobernador. No es nuevo.

En 2015 la Fiscalía General anunció que investigaría a Uribe por la masacre de El Aro en base a testigos que vieron un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que vigilaba la zona mientras los paramilitares perpetraban la masacre.

Izquierda en riesgo La extrema derecha acusa a Santos de haber facilitado a través del Acuerdo de paz de la Habana el acceso del “terrorismo” de las Farc a la democracia colombiana. Sin embargo, el incumplimiento en las responsabilidades del Estado según los acuerdos de Cuba permitió que en poco más de un año fueran asesinados más de 50 militantes del partido de las Farc, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Una vez que dejaron las armas en tiempo y forma tal como se habían comprometido en las negociaciones de Cuba finalizadas en 2016, decenas de hombres y mujeres fueron asesinados, heridos o amenazados por grupos paramilitares con impunidad del Estado.

Naciones Unidas reconoce, desde su lugar de garante de los Acuerdos, que la guerrilla cumplió con cada uno de sus compromisos. Pero Santos lo hizo en menos del 20%. La Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia informó que el

Quién sí asume con entereza sus ideas bolivarianas es Piedad Córdoba. Fue Senadora de la República desde 1994 hasta su destitución en el 2010, luego de que la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Alejandro Ordóñez, la acusara de colaboración con las Farc. En 2016 el Consejo del Estado retiró su inhabiliación por falta de pruebas.

gobierno colombiano apenas tramitó 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz.

La reforma rural integrada –resistida por la extrema derecha de Álvaro Uribe, las organizaciones patronales rurales y los paramilitares, apenas se hizo en un 5%.

Durante enero se organizaron pequeños focos de protestas y agresiones a los candidatos de las Farc, encabezados por Rodrigo Londoño, que obligaron a la suspensión de la campaña electoral por falta de protección del Estado (uno de los compromisos asumidos en las negociaciones de Cuba). Abucheos y piedras en la tribuna, balas en las zonas más alejadas.

En el espectro definido como progresista o izquierdista democrático asoma Gustavo Petro, quien desde sus cargos como Senador por el Polo Democrático Alternativo (PDA) y como alcalde de Bogotá confrontó en todas sus líneas con Álvaro Uribe primero y Juan Manuel Santos más tarde. En su juventud fue parte de la guerrilla del M-19. En 2010 fue candidato a la Presidencia por el PDA, enfrentó a Santos, y al año siguiente ganó la alcaldía de Bogotá. Petro es “acusado” de “chavista” por la derecha porque en su momento reivindicó al comandante Hugo Chávez.

Petro disputa un espacio en las encuestas con Sergio Fajardo, quien fuera alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia hasta finales de 2015. Se declara “sin ideología” o “no contaminado” por los grandes males de los partidos tradicionales.

Dispersión de derecha Precisamente el hombre que condenó a Piedad Córdoba y que puso trabas en las negociaciones con las Farc, Alejandro Ordoñez es, actualmente, uno de los candidatos de la derecha más reaccionaria colombiana. En la misma línea se ubican Germán Vargas Llera, hasta 2017 vicepresidente y dos veces ministro de Santos y senador de la República en los años de Uribe como jefe de Estado. También está Marta Lucía Ramírez, candidata del Partido Conservador y Juan Carlos Pinzón, quien tiene en su haber uno de los pergaminos más guerreristas de los últimos 15 años. Fue segundo de Santos cuando éste fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe y, con Santos como presidente, fue ministro de Defensa y embajador en Estados Unidos. Se opuso siempre a las negociaciones de paz con la guerrilla. El Partido Liberal lleva como candidato a Humberto de la Calle, hasta 2016 jefe de la delegación del Gobierno colombiano en las negociaciones con las Farc. Fue ministro de César Gaviria (1990-1994) y de Andrés Pastrana (1998-2002) y vicepresidente de Ernesto Samper (1994-1998).

Con los plazos de inscripción abiertos e internas por disputarse luego de las legislativas previstas para el 11 de marzo hay otros hombres y mujeres que, con matices, son emergentes de una derecha poderosa pero sin liderazgos claros. La excepción está hecha con Iván Duque, quien de la mano de Uribe es el mejor posicionado en el espectro más reaccionario.

Esa dispersión de los postulantes de derecha puede dar una chance de pasar a segunda ronda, el 17 de junio, a algunos candidatos de la izquierda o del llamado progresismo. Según los sondeos de las primeras semanas de este año los resultados están abiertos en un espacio político donde la derecha ejerce el verdadero poder político, económico e institucional.

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Evo Morales pide unidad para esperar los alegatos en La Haya

Bolivia confía en la demanda por la salida al mar

Movilizaciones populares, debates y banderazos acompañarán para preparar estas audiencias orales”.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, las exposiciones en la Haya de la delegación boliviana en la evaluó a mediados de febrero que “el Corte Internacional de Justicia.

B

olivia vive con intensidad los días previos a los alegatos orales que, al igual que Chile, expondrá entre el 19 y 28 de marzo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por su demanda para recuperar una salida al mar. El presidente Evo Morales pidió la unidad de los bolivianos mientras los equipos técnicos mantienen reuniones y definen los últimos aspectos de la ponencia.

Bolivia pide ante la CIJ que Chile se avenga a una negociación de buena fe y con efecto vinculante en la demanda por recuperar la salida al mar que tuvo entre 1825, cuando se declaró independiente de España, y 1879, cuando fuerzas chilenas invadieron su entonces puerto de Antofagasta y lograron una victoria militar que convirtió a Bolivia en un territorio mediterráneo.

El equipo jurídico de Bolivia se reunió a mediados de febrero para preparar las exposiciones y programó para unos días

antes de las fechas previstas para los alegatos una reunión en Madrid. El canciller Fernando Huanacuni informó que en la capital española “nuevamente el equipo nacional e internacional nos vamos a estar reuniendo para cuidar esos detalles que han ido aportando historiadores y el equipo de juristas y la parte diplomática de lo que hoy constituye los alegatos orales en la demanda marítima”.

Uno de los agentes designados por el gobierno boliviano para esta instancia, Eduardo Rodríguez Veltzé, informó que el trabajo de los juristas bolivianos y asesores internacionales es prácticamente a tiempo completo. Destacó además “el ánimo que nos acompaña al equipo nacional y a los asesores internacionales”.

Rodríguez Veltzé resaltó además “el rigor y la responsabilidad con la que estamos impulsando esta última etapa” y mencionó que “hemos tenido la suerte de tener un foro completo, si vale el término,

trabajo es absolutamente satisfactorio”.

Mencionó que “Bolivia avanza a paso seguro para contar con un acceso soberano al océano Pacifico mediante el diálogo y la negociación”. Señaló que el país está “asistido por la razón, por la justicia, por el derecho, por la historia y, sobre todo, por la verdad”.

Mirada hacia el mar En este contexto Bolivia vivió de manera especial el 14 de febrero con la inauguración de las Jornadas del Mar que hasta el 23 de marzo respaldarán la demanda histórica. Ese día se recordó un nuevo aniversario de la invasión chilena hace 139 años que marcó el comienzo de la guerra tras la cual Bolivia perdería unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120 mil kilómetros cuadrados de territorio.

El presidente Evo Morales recordó que, más de un siglo después, esa pérdida de territorio “sigue dañando el desarrollo económico del país”. Hizo un

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“llamado patriótico a la unidad” que será clave para “el futuro” del país, y recordó que “el anhelado objetivo” de Bolivia en la Haya es que Chile se vea en “la obligación de negociar”.

El gobierno boliviano recurrió en 2013 a la CIJ de La Haya para que el alto tribunal de Naciones Unidas obligue a Chile a negociar sobre un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico. Chile –que también prepara su alegato– argumenta que las fronteras entre ambos países quedaron establecidas en un tratado en 1904, 25 años después del conflicto.

Tras la serie de alegatos orales que tendrán las delegaciones de ambos países desde el 19 de marzo, la CIJ se tomará hasta seis meses para dirimir la cuestión de fondo por lo que estará en condiciones de emitir una sentencia en el último trimestre de este año.

Morales anunció también que el Gobierno apoya las presentaciones que se harán

en La Haya con una gran movilización ciudadana. El 23 de marzo Bolivia conmemorará una vez más el Día del Mar en el que los bolivianos recuerdan que el en esa fecha, en 1879, se produjo la primera resistencia boliviana ante tropas chilenas.

Bandera del mar El 14 de febrero se presentó oficialmente en Bolivia “la bandera del mar”, una tela de “color azul mar” sobre la cual se han plasmado la bandera nacional tricolor y la multicolor que representa a las naciones de pueblos originarios que forman el Estado Plurinacional de Bolivia.

Estas banderas se presentarán al mundo unos días antes de los alegatos en La Haya junto a una enseña que se pretende sea la más grande del mundo para unir unos 70 kilómetros entre La Paz y Oruro, en el altiplano andino. Morales señaló que el récord suramericano de extensión de una bandera lo tiene Argentina, con una ense-

ña de siete kilómetros con 600 metros y la marca mundial está en India, con una enseña de más de 50 kilómetros.

La bandera está siendo cosida por la Armada de Bolivia con apoyo de estudiantes de la Unidad Educativa Héroes del Pacífico en La Paz, que a mediados de febrero entregaron los primeros 70 metros.

El comandante general de la Armada de Bolivia, vicealmirante Flavio Gustavo Arce, lo definió como “una muestra de la unión del movimiento cívico patriótico que estamos desarrollando”.

Todos los ciudadanos pueden entregar sus banderas en cualquier unidad militar del país. “Cada persona, cada institución, cada empresario que quiera participar tendría que hacer la bandera en las proporciones que se les ha dado, 10 metros de largo y tres de ancho”, para irlas uniendo, explicó. Arce reflexionó que “se está despertando” la conciencia marítima en la población boliviana.

Ocho muertos y más de 15 mil familias afectadas por las lluvias

Las intensas lluvias que se abatieron en Bolivia entre enero y febrero dejaron ocho muertos y más de 15.500 familias afectadas, según un reporte parcial que realizaron el 18 de febrero las autoridades de Defensa Civil. Los nueve departamentos del país permanecieron en alerta amarilla y naranja mientras los municipios estaban abocados a cuantificar los daños económicos y materiales causados por las riadas, inundaciones y deslaves.

El viceministro de Defensa Civil, Carlos Bru, detalló que los desastres dejaron “15.517 familias afectadas, 429 familias damnificadas, 315 viviendas afectadas y ocho personas muertas”. Cinco de las víctimas fatales ocurrieron en la mazamorra (avalancha) que golpeó al municipio de Tiquipaya, en Cochabamba.

A la fecha del informe, Bru detalló que los municipios de San Javier y Loreto del departamento de Beni; Tipuani y Palca de La Paz y Tiquipaya, Vinto y Colcapirhua de Cochabamba se encuentran en alerta roja.

Informó también que las intensas lluvias provocaron que los nueve departamentos del país se encuentren en alerta amarilla y naranja ante las emergencias que puedan provocar las constantes lluvias y la ayuda que necesite la población.

Explicó que la declaración de emergencia autoriza a los municipios y gobernaciones a realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para disponer recursos económicos para atender los desastres.

“Los primeros en acudir con ayuda son los alcaldes y cuando son superados los niveles de ayuda económica, operática y de equipamiento, tienen que acudir al nivel departamental y cuando son desastres, acudimos los tres niveles para salvar vidas”, puntualizó.

El viceministro de Defensa Civil agregó que la cuantificación de daños no es fácil y es una tarea que deben realizar las alcaldías a través del formulario de Evaluación de Daños, en la que se debe tener la certeza de verificar y certificar el nivel de las pérdidas por desastres naturales.

En el mismo sentido, la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, informó que el Gobierno evalúa el impacto económico de los desastres que provocaron las intensas lluvias con el fin de asignar nuevos recursos para el período de reconstrucción de viviendas, infraestructura vial y otros.

Para atender los efectos de las inundaciones, el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF ofreció otorgar créditos con facilidades y de manera inmediata. La ministra de Planificación informó que “muchos de los organismos internacionales nos han hecho llegar ayudas significativas y una vez que tengamos el dimensionamiento haremos la asignación o la búsqueda de ayuda externa que se necesite”.

El Viceministerio de Presupuesto informó que el Tesoro General del Estado (TGE) dispone de 90 millones de bolivianos para atender los desastres naturales, tras la declaración del estado de emergencia aprobada el 7 de febrero por el gabinete de ministros.

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Paraguay elige presidente el 22 de abril

Colorados preocupados y en campaña sucia

El oficialismo intenta cicatrizar heridas internas para mostrarse sólido en el tramo final de la campaña. Pese a los golpes bajos, la alianza de liberales y el Frente Guasu muestra un crecimiento.

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n el tramo más intenso de la campaña presidencial en Paraguay el oficialista Partido Colorado busca dar la idea de una unidad cerrada de todas sus filas hacia las elecciones del próximo 22 de abril. La estrategia para el candidato colorado, Mario Abdo Benítez hijo, consiste en conseguir el voto de sus más de un millón de afiliados, con lo que, piensan, lograrían vencer a la alianza entre el Partido Liberal (Plra) y el Frente Guasu (FG), que lidera Efraín Alegre.

Sin embargo, ese caudal de votos es insuficiente. Están habilitados para votar poco más de 4.260.000 electores por lo cual el electorado histórico del partido oficialista no alcanza para ganar una elección frente a una oposición que crece en las encuestas en base a las impopulares medidas del presidente Horacio Cartes.

Campaña sucia La posibilidad de una victoria de la dupla de la alianza opositora Gran Alianza Nacional Renovada “Ganar” integrada por Efraín Alegre y Leo Rubín motivó las primeras señales de una campaña sucia de parte de las huestes de Abdo Benítez.

En Paraguay se comenta que la campaña del Partido Colorado cuenta con el asesoramiento del venezolano Juan José Rendón, conocido en América Latina como “el rey de la propaganda negra”, experto en desinformación y propaganda de desprestigio para erosionar al adversario político de turno.

El primer golpe fue contra Rubín cuando apareció denunciado por no reconocer la paternidad de una niña indígena. La cuestión tuvo gran repercusión mediática pero que se diluyó cuando la mujer

rehusó a practicarse la prueba de ADN a la que el candidato a vicepresidente se sometió de inmediato.

De manera simultánea, su compañero de fórmula, el liberal Alegre comenzó a construir compromisos con las comunidades indígenas con las que admitió una “deuda histórica” durante una reunión con la Federación para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (Fapi). “Sabemos que es una comunidad que ha sido históricamente excluida y sin las atenciones debidas”, dijo.

Agregó que “sabemos que el Instituto Nacional del Indígena no cumple mínimamente la misión que le corresponde para atender a todos estos compatriotas”.

De los 120 mil indígenas censados en el país, 76% vive en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, en mayoría desposeídos de sus tierras ancestrales.

El segundo golpe de campaña, y ya a través de la plataforma mediática del Grupo Nación, propiedad de la familia del presidente Horacio Cartes, se fundó en señalar “vínculos” de algunos dirigentes del Frente Guasu (FG) con el fantasmagórico ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que actuaría en los tres departamentos del norte de la Región Oriental del país: Concepción, San Pedro y Amambay.

Alegre acusó a quienes “arman esto para desviar la atención” y explicó: “en el tema tráfico de cigarrillos y marihuana Cartes está hasta el cuello”. Además, calificó al diario La Nación como “un pasquín” y aseguró que “al EPP, a Cartes y al crimen organizado los queremos vencer con este gran proyecto de unidad, con esta gran alianza que traerá días mejores al pueblo paraguayo”.

Rubín señaló que el candidato colorado a la presidencia “está cooptado por Cartes y como ahora apoya al presidenciable Mario Abdo Benítez, pone a ‘disposición’ esos medios para ese candidato, machacando la independencia de los medios”, señaló.

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Malestar social El aumento del costo de vida a partir de una suba en los combustibles que se trasladó al precio del transporte público sacudió en enero pasado a la población.

El malestar no alcanzó, sin embargo, para que las centrales sindicales motorizaran una demorada huelga general que permanece latente. Un llamado a la reunión del Consejo del Salario Mínimo terminó licuando la protesta organizada.

Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (Cut-A), calificó a la suba de gasoil y del pasaje como “un golpe bajo de este gobierno que se va.

Es una medida injusta. Automáticamente, suben el pasaje. Se incrementará el precio de los productos de primera necesidad.

Va a generar una inflación galopante”. El dirigente también alertó que “el poder adquisitivo del salario se perdió un 30% en los últimos cinco años”.

También la falta de resolución de la deuda de buena parte de la agricultura familiar campesina reeditó en Asunción las marchas del año pasado. Los trabajadores de la tierra exigen la condonación en base a la Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar sancionada en 2017 luego de más de un mes de protestas en las calles.

Las organizaciones campesinas presentaron una lista con 62 mil nombres para ser beneficiarios pero el Ministerio de Agricultura pidió hacer una depuración.

Quitó a ocho mil personas por ser menores de edad, duplicación de nombres o porque estaban ya fallecidos. De los restantes 54 mil, el gobierno consideró que sólo 18 mil son agricultores mientras continúa la verificación de los restantes 36 mil, situación que provocó serias molestias al interior del campo.

Se intentó paliar el descontento con la entrega de cajas de alimentos que se inició en el departamento de San Pedro, el que tiene los mayores índices de pobreza en el país, pero beneficiando a sólo nueve mil personas.

Servicio militar El candidato colorado Abdo Benítez es hijo del homónimo político que fuera por décadas secretario privado del sangriento dictador Alfredo Stroessner y también un importante dirigente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, nombre en los papeles del partido oficialista).

A medida que avanza la campaña, el tema se le hace más urticante, y en la exposición pública va revelando este fondo

ultraconservador, católico y oligárquico del que proviene. Cuando tuvo oportunidad reivindicó el régimen stronista aunque dijo que estaba “aplazado en derechos humanos”, una obviedad para salir del paso.

Sus declaraciones más polémicas en este sentido tuvieron que ver con su propuesta de restablecer el servicio militar obligatorio (SMO) con el objetivo de “disminuir la delincuencia”.

Su planteo resultó un cachetazo a las madres y familiares de las 147 víctimas del SMO que se pudieron relevar a partir de estudios del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) que todavía buscan se repare adecuadamente esta situación.

En el país el SMO sigue vigente y los jóvenes consiguen evitarlo mediante un formulario por el que plantean la objeción de conciencia. La Federación Nacional de Centros de Estudiantes, otra de las organizaciones activas del Paraguay, rechazó “el autoritarismo, la obediencia ciega, la sumisión, la intolerancia, la xenofobia, el machismo, la relación jerárquica y la muerte” que encierra la propuesta de Benítez.

Desde Asunción, Jorge Zárate

El FMI y el acuerdo con la UE se cuelan en la campaña

En plena campaña electoral el gobierno paraguayo espera para mediados de marzo a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde. “Es una eminencia en lo que respecta a la mujer en el campo económico y también es una persona que ha traído a la agenda económica el crecimiento inclusivo y la inclusión de la mujer”, anticipó la ministra de Hacienda de Paraguay, Lea Giménez.

“Estoy encantada de visitar Paraguay”, dijo Lagarde a través de su cuenta de Twitter en la que mostró sus deseos de reunirse con la ministra Giménez y el presidente del Banco Central, Carlos Fernández, para

ver “cómo podemos trabajar juntos para lograr una economía cada vez más fuerte para todos los paraguayos”.

Paraguay aprobó en el Presupuesto General de la Nación la emisión de deuda por algo más de 600 millones de dólares para 2018. De esa cifra, 500 millones se subastarán en el mercado internacional a través de los bonos soberanos y el resto se colocará en la Bolsa de Valores con bonos a cuatro y siete años.

También se verá en marzo la posibilidad cierta de que se cumpla uno de los deseos del gobierno de Cartes para los últimos meses de su gestión: cerrar “un compromiso serio y firmado” entre el Mercosur y la Unión Europea, en palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga.

“Cuando me refiero a un acuerdo político es a esa voluntad política de decir: señores hemos llegado a un acuerdo, aunque eso se traducirá después ya en el documento que tendrá que ser suscrito posteriormente”, intenta explicar Loizaga.

Ambos bloques han confirmado tras las últimas negociaciones realizadas en Bruselas (Bélgica) a finales de enero que hay predisposición y es “el momento político adecuado” para concretar este acuerdo que vienen negociando desde hace más de 19 años. La UE y el Mercosur negocian desde 1999 un amplio acuerdo de asociación que incluye este tratado comercial, pero las conversaciones estuvieron bloqueadas completamente entre 2004 y 2010 y sólo se retomaron en 2016.

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Mientras aumenta la crisis económica y el malestar social

De ahogados y manotazos en Argentina

Una multitud acudió al llamado del sindicalista Hugo Moyano. Fue una concentración multitudinaria, Pero no resolvió la ausencia de liderazgo. Se mantiene así la neta aunque menor a la originalmente esperada. Se hizo evidente la ausencia de los hegemonía del capital sobre las masas descontentas y apáticas.

¿H

ubo o no un choque frontal el 21 de febrero entre el gobierno y un sector del sindicalismo, entre Mauricio Macri y Hugo Moyano? Más allá de la pirotecnia verbal en los días previos y en el acto mismo, los hechos indican que ocurrió lo contrario: ambos lados buscaron limitar la confrontación y mantener ámbitos de conciliación para el futuro inmediato. La jornada no registró ningún incidente. Y a comenzar por el lugar del emplazamiento del palco, se hizo evidente la colaboración entre los organizadores de la protesta y los gobiernos capitalino y nacional.

Otro signo en el mismo sentido fue la brevedad del acto. Anunciado para las 15hs, comenzó 20 minutos antes. Luego de cuatro oradores, Moyano terminó su intervención a las 15.30. Media hora después, a las 16, la desconcentración era completa y no había sino pequeños grupos dispersos en la amplia Avenida

9 de Julio, en el corazón de la Capital Federal. Los discursos no sólo fueron inusualmente breves. Fueron vacíos. Ni una propuesta; sin programa; ni un proyecto para la acción; nada.

Los discursos previos al del secretario general del sindicato de Camioneros guardaron distancia de cualquier expresión que pudiera dar lugar a acusaciones de querer el derrocamiento de Macri. Debajo del palco, en el triste lugar de quienes buscan con ansia una posición destacada, participaron como observadores quienes sí tienen como desesperada estrategia la salida anticipada del gobierno.

Sólo uno de los oradores propuso dar continuidad a la movilización con nuevos actos y una huelga general. Nadie lo tomó en cuenta, siquiera para refutarlo. La beligerancia es inversamente proporcional a la capacidad para hacer realidad el desafío.

sindicatos de mayor dimensión y peso político, así como la creciente escualidez de las columnas llevadas por intendentes del conurbano. Quedó a la vista la capacidad organizativa y financiera de Hugo Moyano, a la vez que puso en evidencia su aislamiento, la fractura de la Confederación General del Trabajo, la ausencia total del peronismo institucional y el consecuente debilitamiento del proyecto de constituir un amplio frente opositor al gobierno encabezado por Moyano y con el apoyo explícito y presencial de las menguadas huestes de la ex presidente Cristina Fernández.

“El triunvirato de la CGT está agotado” repitió Juan Carlos Schmid, uno de los tres miembros de ese cuerpo dirigente de la principal central sindical.

Con la fractura formal de la CGT, la insuficiente masividad del acto y el contenido de los cinco discursos plasma la relación de fuerzas por completo favorable

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al frente amplio burgués encarnado en el gobierno de Mauricio Macri.

En la mañana del día siguiente, 22 de febrero, Moyano dijo en una entrevista que “por supuesto estoy dispuesto a reunirme con Macri, si él lo cree necesario”.

Todo dicho. En tanto, el Presidente parece dispuesto a continuar apretando el nudo en el lugar donde más duele: el reparto de dinero para las obras sociales sindicales. Es previsible que el Presidente y sus aliados en la CGT, todos respaldados por un frente amplio del capital, continúe en su labor de saneamiento del sistema. Esa determinación no oculta la amenaza cotidiana de un colapso incontrolable.

Estrategias y delirios El agravamiento de la situación económica y un malestar en constante ascenso ha dado lugar a la suposición de que el gobierno de Mauricio Macri puede ser derrocado. La suba en los precios de servicios básicos agobia a todos, en primer lugar a los trabajadores con menores ingresos, pero también a las clases medias bajas, cuyos gastos suben sin proporción con el aumento de sus ingresos. Hasta ahora el Gobierno ha atendido en especial a la extensión y aumento de subsidios, conteniendo así la reacción de los 13 millones de pobres. La persistente inflación (1,8% en enero, calculada en 3% para febrero e incluso más para marzo), diluye la expectativa hasta ahora dominante de que las cosas mejorarían. Aquel clima hizo que Macri y su coalición Cambiemos ganara rotundamente las elecciones legislativas de octubre pasado. Desde entonces, la popularidad del Gobierno y el primer mandatario han caído sin pausa, acentuada por una catarata de probadas denuncias de corrupción en el círculo más íntimo del Presidente. Todo indica que esa dinámica seguirá en los próximos meses.

Los sectores que desde el comienzo mismo del gobierno Macri manifestaban con maquetas de un helicóptero (símbolo de la renuncia y fuga del ex presidente Fernando de la Rúa en 2001) se volcaron con fruición a la movilización convocada por Moyano, también él acorralado por una serie de acusaciones judiciales que pueden llevarlo a la cárcel a él y su familia. Esa comunidad de intereses inmediatos produjo un giró en redondo en las últimas semanas y replanteó la posibilidad

de una alianza con Cristina Fernández, rota en 2011.

En ese cuadro previo salió a la lid un nombre imprevisto para anunciar que Macri renunciará: el ex juez Eugenio Zaffaroni. El jurista llegó a advertir que eso podría ocurrir mediante “un accidente violento”, si no se concretaba por las buenas.

En un pequeño cenáculo se había barajado la idea de que el ex juez pudiera encabezar un “gobierno de transición”.

Semejante idea está despegada de manera alarmante de la realidad. Macri cuenta todavía con considerable consenso social (40% de aceptación según las encuestas).

También y sobre todo tiene el respaldo de un frente amplio de la burguesía Zaffaroni fue juez de las tres últimas dictaduras: Onganía, Lanusse, Videla.

Para la última escribió un código que, no obstante su origen, le hizo ganar prestigio intelectual en el ámbito de los juristas del sistema. Actualmente miembro de la Cidh, instrumento de manipulación y propaganda conducido por Washington.

Tiempo atrás un escándalo develó que Zaffaroni es propietario de siete inmuebles donde funcionaban prostíbulos en la Capital Federal. A la sazón, integraba la Suprema Corte. Estos establecimientos, prohibidos por la ley, van invariablemente acompañados por la trata de personas y la distribución de drogas. En su momento se alegó que no los administraba personalmente. En sordina, vaya a saber por qué prejuicio, quedó claro que estaban a cargo de su pareja. El artilugio bastó para que la basura fuera barrida bajo la alfombra. Cuando a propósito de sus recientes declaraciones un periodista le preguntó si renunciaría a su cargo en la Cidh el ex juez respondió: “¿Por qué? ¿Estamos en Venezuela?”. Elocuente, como su jefa política cuando afirmó que en Venezuela “no existe Estado de Derecho””.

Probablemente por primera vez en su vida Zaffaroni participó el 21 en una manifestación sindical. Marchó con aires de líder junto al hijo del ex presidente Néstor Kirchner. Como sea, quienes pergeñaron el disparatado manotazo a fin de recuperar posiciones y eludir la cárcel, no sólo malinterpretan la coyuntura. Sobre todo desconocen la lógica del devenir argentino.

Los escándalos de corrupción devela-

dos en las últimas semanas en el gabinete ministerial del Presidente, más todos los que se mantienen ocultos con complicidad de tirios y troyanos, muestran la dificultad del sistema para afirmar un elenco capaz de pensar, planificar y realizar la recomposición de la economía, la institucionalidad y la cultura de un pujante país capitalista, con el que sueña la burguesía e inconscientemente anhelan las clases medias e incluso franjas importantes de la clase trabajadora.

Pero dejando de lado incluso la rémora familiar del Presidente, se descubre que su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tenía una empleada doméstica contratada por fuera de las reglas laborales, una cantidad de familiares ubicados como funcionarios con desproporcionados ingresos e incluso la utilización de una intervención oficial en un sindicato para contratar amistades y hacer negocios. Triaca es hijo de un ex dirigente sindical “colaboracionista” y nexo fundamental para las negociaciones con la CGT (y con el propio Moyano), razón por la cual Macri, en período de paritarias, no pudo exigirle la renuncia.

Otro tanto pasa con Luis Caputo, ministro de Finanzas, cuyas conexiones con fondos de inversión instalados en las Islas Caimán reaparecieron a propósito del descubrimiento, el mes pasado, de que el subsecretario general de la presidencia, Valentín Díaz Guilligan tiene una cuenta no declarada por 1.2 millones de dólares, resultado de sus operaciones como vendedor de jugadores de fútbol. Díaz fue obligado a renunciar, pero queda el cabo suelto de otra persona muy allegada al primer mandatario también dedicada a ese producivo género de inversiones: el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Otro botón de muestra es el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien se vio obligado a admitir que la casi totalidad de su cuantiosa fortuna está en el exterior, mientras él recorre países empeñado, según afirma, en “conseguir inversiones”.

En suma: el 21F no cuajó un núcleo capaz de reunir a la oposición tras banderas peronistas. En paralelo, Cambiemos da manotazos con parecida desesperación a la de su contraparte.

L.B 22 de febrero de 2018 @BilbaoL

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Turismo como política de Estado

Motor económico en Uruguay

Casco histórico, Colonia de Sacramento

En enero pasado ingresaron casi 500 millones de dólares, el do- números, en general, dicen lo contrario.

En una temporada, como la que discuble del primer mes de 2017. Durante todo el año pasado este país rre, con un clima muy propicio, los opede 3,6 millones de habitantes recibió 4,2 millones de turistas.

E

l turismo en Uruguay es una fuente de divisas para el país, con creciente impacto en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Lo datos oficiales de 2017 y los de comienzos de este año muestran un crecimiento importante no sólo en cantidad de turistas sino también en los días que deciden permanecer en el territorio.

Los puntos más fuertes del desarrollo del sector lo marcan las condiciones del país, geográficamente definido como “penillanura suavemente ondulado”, sus índices de seguridad –con problemas, aunque inferiores a los presentados en buena parte de América Latina– y las políticas diseñadas en los últimos años por el Gobierno. No son menores dos cuestiones: una suerte de consenso sobre las políticas en la materia y la resignificación social del tema.

El país dispone de un Ministerio de Turismo; posee formación educativa terciaria en estos temas y fomenta la articulación del gobierno nacional con los gobiernos departamentales. Dentro de las políticas ministeriales se destacan la promoción y difusión del país en el exterior

que se manifiesta en la disponibilidad de recursos y la presencia en ferias y eventos en la región y en otros continentes.

Miles de uruguayos trabajan en las actividades que rodean el turismo tanto en la capital, Montevideo, en plazas tradicionales como Punta del Este o Colonia y en otros múltiples centros de recepción de visitantes: alojamientos, gastronomía, transportes, paseos, eventos y locales comerciales de variado porte.

Controles Una de las cuestiones que permanentemente debe realizar el Estado es la constatación que las empresas de servicios turísticos cumplan con sus obligaciones fiscales y con los aportes previsionales para sus trabajadores. Algunas veces se constatan intensas y extensas jornadas de trabajo, al borde de la sobreexplotación. La discusión siempre es la misma: empresarios aduciendo que no los dejan trabajar y el Estado planteando la igualdad ante la ley. Los empresarios, a veces pequeños, alegan que las inspecciones alejan visitantes; los

radores se escandalizaron con el amague de los productores “autoconvocados” del campo que quieren más rentabilidad y han salido a protestar y habían amenazado con cortar rutas. No obstante, para los uruguayos, las vacaciones, si pueden disfrutarlas, son casi sagradas.

En lo interno se ha planteado un turismo para todo el año, más allá del verano.

Las eximias aguas costeras se ven complementadas con distintas posibilidades que se ofrecen fuera de la costa platense y atlántica.

Realidad En 2016, a propósito de la promoción turística, el Ministerio dispuso de 10 millones de dólares para difundir el país en el exterior. En enero del año pasado, Uruguay recibió más de medio millón de visitantes. “Fue un enero realmente extraordinario”, dijo la ministra de Turismo, Liliam Kechichián. Un 20% por encima del mismo mes del año anterior. En tales circunstancias algo más del 20% de turistas son argentinos y brasileños, pese a sus convulsiones internas, con el agregado de

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una progresiva presencia chilena.

El desglose de la información, que da la dimensión del fenómeno, indica que en el mes de enero de este año ingresaron al país casi 500 millones de dólares; un año antes la cifra era casi la mitad. La variante se explica por una multiplicidad de factores entre los que se destacan estadías más largas con mayores gastos.

Las visitas crecen año a año. El gobierno lució eufórico con la revelación que el año pasado este país, de tres millones 300 mil habitantes, recibió cuatro millones 200 mil turistas. Especialistas en la materia señalan que Uruguay se incorporó recientemente a una escueta lista de países que capta más visitantes por año que su población. En América Latina hay pocos casos similares.

En enero pasado pisaron suelo oriental 615 mil visitantes del exterior, permaneciendo en promedio siete días y medio en el país. Este movimiento dejó en “caja” 439 millones de dólares, un 12% inferior a enero 2017 que fue calificado por las autoridades como extraordinario. El contexto económico regional y mundial no es ajeno a las oscilaciones.

Recientemente, en Madrid, la ministra Kechichián estuvo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) trabajando la “Marca País”. En la oportunidad, y en una suerte de política de Estado, el stand de Uruguay exhibió en la capital española la presencia de intendencias departamentales y de operadores privados. “Es una oportunidad para mostrarnos al mundo” afirmó la secretaria de Estado.

Pocas semanas atrás el viceministro Benjamín Liberoff viajó a Finlandia para reunirse con las agencias turísticas que incluyen a América Latina en sus paquetes. Una de las misiones tuvo que ver con conectar el Geoparque Rokua, de aquel país, 400 kilómetros al norte de Helsinki, con su par de la Gruta del Palacio, en el departamento uruguayo de Flores, que desde 2013 se incorporó a la Red de geoparques mundiales.

Liberoff mencionó los aspectos turísticos que despertaron el interés de los nórdicos: el mundo agropecuario nacional –hay más de 130 establecimientos registrados en el Ministerio ofreciendo turismo rural; el festival de la “Patria Gaucha”, en el departamento de Tacuarembó; el tango; la vitivinicultura y la

Valle del Lunarejo, departamento de Rivera

visita de buques cruceros en el sur del Atlántico. La presencia en Finlandia se sustenta, además, en la posibilidad de la instalación de una segunda planta de celulosa –con muchísimas ventajas fiscales y gran controversia– a cargo de la firma UPM. Penillanura Quien llega al país, sin trasladarse grandes distancias, puede disfrutar, además de los destinos costeros en verano, sitios como San Gregorio de Polanco (Tacuarembó) o Mercedes (Soriano), a orillas del Río Negro, balnearios como Laguna Merín (Cerro Largo), Parque Andresito (Flores) o las Cañas (Río Negro).

Fuera de la capital se agregan gran cantidad de festivales musicales, adosados, en febrero, con un largo y antiquísimo, carnaval que tiene expresión en todos los rincones.

Otras ofertas anclan en lo patrimonial, econatural y rural. Hay espacios como las sierras minuanas (Lavalleja) o el Valle del Lunarejo (Rivera), incorporado al Sistema Integrado de Áreas Protegidas (Snap) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). En el valle, de 25 mil hectáreas de sierras, monte nativo, arroyos y quebradas de agua sobre la Cuchilla Negra, se ha documentado la existencia de más de 160 especies de flora y fauna nativas.

Otro de los atractivos destinos es el corredor termal del litoral, en los departamentos de Paysandú y Salto, que reci-

bió en enero 50 mil turistas. Con aportes del propio Ministerio de Turismo, que ha destinado recursos y propiciado estudios, se viene mejorando la infraestructura en torno a los distintos centros termales y se potencian distintas festividades.

Sobre la base que el turismo debe ser disfrutable por todos los sectores, el Ministerio de Turismo tiene un programa de turismo social que incluye traslados, servicio de guía, alojamiento, gastronomía y paseos. El propósito es posibilitar el viaje a destinos turísticos tradicionales y pequeñas localidades con potencial turístico, a precios accesibles. Este programa moviliza 100 mil personas por año, generando trabajo y consumo en las localidades visitadas.

Están involucras en la iniciativa de turismo social 42 ofertas (incluyendo los denominados pueblos turísticos, pequeñas localidades pintorescas), 17 departamentos, 20 agencias de viaje, 14 empresas de transporte y más de 60 hoteles, posadas y decenas de locales gastronómicos.

El gobierno nacional, y en menor medida las intendencias departamentales, han invertido recursos en infraestructura, promoción y en capacitación de recursos humanos para cimentar esta industria en franca expansión. En tiempos de instantaneidad e inmediatez, la “marca Uruguay” crece, generando trabajo y movilizando mercado interno.

Desde Montevideo, Darío Rodríguez Techera

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Brasil sigue a la deriva

Giro al populismo derechista

El plan de la burguesía para salir del PT e imponer ajustes y reformas la población. Según la Constitución, no no tiene partidos ni líderes capaces de continuarlo a mediano plazo. puede haber reformas de la Carta Magna mientras rija una intervención estatal, Temer responde con militarización al rechazo social.

I

ncapaz por el momento de imponer a la población una reforma jubilatoria regresiva, el gobierno no electo de Michel Temer y el conjunto de las fuerzas políticas burguesas del Congreso lanzaron a las Fuerzas Armadas al estado de Río de Janeiro para que se hagan cargo de la seguridad pública. La maniobra fue decidida mediante un decreto presidencial el 16 de febrero y luego aprobada por la gran mayoría de los legisladores, que son repudiados por el grueso de la población.

Atravesado por una escalada de violencia vinculada al narcotráfico, otros negocios ilegales y el empeoramiento de la situación socioeconómica a nivel nacional, el Estado carioca sufrirá ahora la primera intervención federal desde que rige la Constitución de 1988.

Como los antecedentes lo demuestran, la militarización de la segunda mayor ciudad del país se impondrá con fuerza y violencia en los barrios pobres, habitados mayormente por población negra. Apenas Temer anunció la intervención comenzaron a circular por las redes digitales videos

que recomiendan a los habitantes negros cómo actuar ante requisas u operativos militares para evitar ser asesinados. Fueron vistos por millones de personas en pocos días.

Oportunismo La intervención de Río de Janeiro fue en realidad la respuesta de Temer a la falta de apoyos suficientes en el Congreso para aprobar la reforma del sistema de jubilación y pensiones que esperaba celebrar en febrero. Como el proyecto de ley implica cambios constitucionales, necesita de una mayoría de tres quintos, que por el momento no logra reunir. La razón es simple: ante la cercanía de las elecciones de octubre varios políticos se niegan a dar el voto afirmativo para otra ley que tiene amplio rechazo popular; primero quieren ser reelectos en sus cargos.

El presidente no electo buscó tapar la derrota política de la reforma jubilatoria con la instalación de la seguridad pública como supuesta prioridad gubernamental, sin dudas un tema sensible para

por lo que el proyecto previsional fue obligatoriamente postergado.

Una semana después del decreto de intervención, cronistas reportaban desde Río de Janeiro que la policía civil y militar del estado no tenía ninguna información de qué iba suceder ni cómo se iba a desarrollar la medida. Tampoco había hoja de ruta para las fuerzas armadas, lo que demuestra que no fue una acción planificada. Junto a esa medida, que generó protestas, Temer anunció que analiza la creación de un Ministerio de Seguridad.

La última experiencia en la región metropolitana de Río de Janeiro de operativos conjuntos del ejército y la policía militar fue en San Gonzalo, con un saldo de varios muertos y acusaciones cruzadas entre ambas fuerzas por la responsabilidad de los crímenes.

Cuadro político Si, como adelanta el sistema judicial brasileño con cada decisión, el ex presidente Lula termina inhabilitado y preso (ver recuadro), la voluntad mayoritaria

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de la población volverá a ser enterrada.

Primero lo fue con la destitución parlamentaria de Dilma Rousseff, justificada en argumentos jurídicos ridículos; luego, mediante el rechazo de aplicar el mismo procedimiento de impeachment contra Temer, vinculado a evidentes casos de corrupción y con el mayor nivel de desaprobación popular que jamás tuvo presidente alguno en Brasil; por último, lo será con la inhabilitación del candidato que ganaría en todos los escenarios electorales posibles según todas las encuestas.

Luego de la condena en segunda instancia contra Lula, que aumentó su pena a 12 años y un mes de prisión sin agregar pruebas, en el caso del supuesto soborno pagado por la constructora OAS, los sondeos ratificaron que el ex presidente ganaría en octubre si le permiten participar de la elección.

La mayor encuestadora de Brasil, Datafolha, mostró que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) mantiene una ventaja abrumadora en todos los escenarios electorales posibles, con entre 34% y 37% de los votos para la primera vuelta y con amplia ventaja en un eventual balotaje frente a cualquier candidato.

El otro dato clave de la encuesta es que si Lula no fuera candidato, hoy la segunda vuelta la disputarían el ultracon-

servador fascista Jair Bolsonaro (Partido Socialcristiano, de raíces evangélicas) y la ex petista Marina Silva. Ni el partido gobernante (el Pmdb de Temer) ni el derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), que perdió las últimas cuatro elecciones en balotaje con el PT, tendrían posibilidades siquiera de llegar a la segunda vuelta, aunque todavía faltan varios meses hasta octubre.

Bolsonaro, que sería el más votado en una eventual primera vuelta sin Lula, comenzó su campaña electoral tras votar a favor del impeachment de Rousseff y argumentar en su intervención que lo hacía “contra el comunismo, el Foro de San Pablo” y “por la memoria” del coronel que torturó a la ex presidente durante la dictadura instalada en 1964.

En este contexto, desprestigiado el conjunto de los principales partidos políticos tras las escandalosas revelaciones de corrupción que los atraviesan, el discurso populista de derecha ha ganado adhesiones en una minoría considerable de la población.

Representante político de Río de Janeiro y ex capitán del ejército, Bolsonaro es un férreo defensor de la última dictadura militar que pasó luego por ocho partidos políticos distintos –cambios bastante habituales en el país– y propaga un dis-

curso ultraconservador y fascista. Días antes que Temer decidiera intervenir el Estado carioca, Bolsonaro aseguró en una reunión de ejecutivos organizada por el banco BTG que la solución para erradicar la violencia es “ametrallar la Rocinha”, mayor favela de la ciudad.

Bolsonaro se nutre del discurso más reaccionario y anticomunista contra el PT, incubado en los últimos años, que esconde un odio clasista y racial contra las grandes mayorías, en uno de los países con mayor desigualdad social del mundo. Entre otras declaraciones provocadoras ha llegado a decir que “el error de la dictadura fue torturar y no matar”, atacar a una ministra de Derechos Humanos con la frase “no mereces ni que te violen” y promover la discriminación racial al asegurar que sus hijos no tendrían matrimonios con personas negras porque “están bien educados”. Este dirigente fue el diputado más votado de Río de Janeiro en las elecciones de 2014.

Temer, sin apoyo social, tomó nota, y con la intervención militar de ese Estado busca los réditos del populismo derechista para recuperar su imagen. Algunos sostienen incluso que el fin último del presidente no electo es ser candidato en octubre. A ese punto llegó la situación de Brasil.

Ignacio Díaz

Lula mantiene el apoyo popular

Hasta el momento, cada apelación y demanda judicial que realizó la defensa del ex presidente Lula da Silva ha sido rechazada. Así, el líder petista quedó prácticamente inhabilitado para ser candidato en octubre y a un paso de tener que cumplir una condena a 12 años de prisión.

No importó que en febrero quedara expuesto que Odebrecht presentó a la justicia brasileña documentos falsificados con el propósito de incrimi-

narlo, como lo reveló un examen pericial sobre los extractos bancarios y la contabilidad paralela presentada por la empresa.

Sin embargo, Lula no frenó su actividad proselitista y lanzó su precandidatura presidencial el 21 de febrero en un acto en Belo Horizonte, importante Estado gobernado por el PT. A partir del 18 de marzo volverá a realizar una caravana nacional, ahora por los Estados del sur del país, que incluirá un encuentro con el ex presidente uruguayo José Mujica en Porto Alegre.

Tras la figura de Lula se unieron cinco partidos de la izquierda brasileña: el PT, el Partido Socialismo y Libertad (Psol), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB). En conjunto elaboraron el documento “Manifiesto de Unidad para Reconstruir Brasil”, presentado el 20 de febrero en Brasilia por los presidentes de los partidos, sus referentes parlamentarios y los de organizaciones y sindicatos afines. Las cinco fuerzas conformaron un frente “en defensa de la democracia y la soberanía”.

El día anterior, las centrales sindicales y organizaciones importantes como el Movimiento Sin Tierra (MST) realizaron protestas y paros parciales a nivel nacional para rechazar definitivamente la reforma jubilatoria de Temer.

Con esta base, buscan construir una alternativa política para las próximas elecciones, con o sin Lula como candidato.

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Nueva etapa en Ecuador tras la victoria del Sí en la consulta

Doble mensaje para Lenín Moreno

El presidente ecuatoriano legitimó su mandato en la consulta popular, pero aumentó su dependencia de las fuerzas de derecha. Correa y sus seguidores sientan las bases para un nuevo comienzo.

E

mpezó una nueva etapa para el gobierno y el país, luego de la consulta popular del 4 de febrero. Por un lado, el presidente Lenín Moreno logró el objetivo de concentrar el apoyo de las urnas en su enfrentamiento con Rafael Correa y pudo celebrar un claro triunfo. Por el otro, necesitó para ello de la campaña activa del conjunto de los partidos de derecha y sufrió la fractura de la base de apoyo que lo llevó a ganar las elecciones del año pasado.

El primer objetivo que consiguió el actual mandatario fue captar la atención de la población con las siete preguntas de la consulta popular, ya que el 82,1% de los electores –poco menos de 11 millones de personas– fueron a votar, pese a que no se elegía ningún representante ejecutivo o legislativo. Este dato positivo para Lenín

Moreno era fundamental, ya que en cuatro de las siete preguntas no tenía oposición: inhabilitación política y embargo de bienes para condenados por corrupción (pregunta 1); imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños (4); prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos (5); aumento de la zona intangible del Yasuní y reducción del área de explotación petrolera de 1.030 a 300 hectáreas (7). En éstas el Sí logró un apoyo de alrededor del 71% de los votos válidos y la consulta atrajo a la misma cantidad de electores que en las presidenciales de 2017.

En segundo lugar, para las tres preguntas en las que Correa hizo campaña por el No, el Sí obtuvo un promedio de 63,5% contra un 36,5% del No, apoyado en unos seis millones de votos frente

a cerca de 3,5 millones que respaldaron al ex mandatario. Aquí cabe agregar que hubo alrededor de un millón de votos nulos y blancos en cada pregunta, que no se contabilizan en el resultado final, pero expresan un 10% de rechazo a la consulta o al gobierno de Moreno.

Como consecuencia, ya quedó anulada la reelección indefinida aprobada durante el mandato pasado de la Asamblea Nacional (pregunta 2) y Rafael Correa no podrá volver a ser candidato presidencial.

Ahora nadie podrá ocupar el mismo cargo de elección popular por más de dos mandatos. También tuvieron efecto inmediato la inhabilitación política por corrupción, la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y la prohibición de la minería en las áreas establecidas.

La ley de plusvalía, aprobada durante el gobierno de Correa para combatir la especulación inmobiliaria, será rápidamente derogada (pregunta 6) por la Asamblea Nacional, mientras que la delimitación de la zona de explotación petrolera del Yasuní quedó a cargo de una comisión gubernamental, con un plazo de seis meses.

La cuestión más compleja y controvertida será la aplicación de los cambios en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs, pregunta 3), conocido como el Quinto Poder (ver recuadro).

Matices para el oficialismo Por las características de la consulta popular que habilitó la modificación de la Constitución en siete temas, más que una victoria del Gobierno se trató de un triunfo de la oposición a Rafael Correa.

El éxito circunstancial de Moreno estuvo en conseguir que el conjunto de organizaciones que se oponían al ex presidente al final de su mandato acompañara su iniciativa electoral. Esa amplia base, que incluyó hasta grupos ultraizquierdistas, explica la contundente cantidad de votos obtenidos.

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Cerca de 40 agrupaciones, entre ellas el derechista Creo –derrotado en el último balotaje, el Partido Socialcristiano, los ex presidentes Lucio Gutiérrez y Abdalá Bucaram, sectores indígenas de Pachakutik y algunos sindicatos hicieron campaña por el Sí, unidos únicamente por el rechazo a la figura de Correa.

Con este escenario, la derecha se adjudicó el triunfo e intenta retomar la iniciativa política ejerciendo mayor presión sobre el gobierno de Moreno. Ahora exigen “descorreizar” el Estado, cambiar el modelo económico y reorientar la política exterior. En resumen, piden aplicar el programa de gobierno que fue derrotado en las urnas un año atrás.

Cámaras empresariales de producción, Bancos e incluso algunos funcionarios de Moreno promueven el giro a derecha en lo sustancial. El ministro de Comercio Exterior y también empresario, Pablo Campana, declaró a favor de la integración con la Alianza del Pacífico, organismo de libre comercio impulsado por Estados Unidos y formado por Colombia, México, Chile y Perú.

Apenas fueron anunciados los resultados de la consulta, Lenín Moreno exigió su aplicación “sin demora” y llamó a “profundizar el diálogo”, tras afirmar que “la confrontación quedó atrás”. “Gracias

por darme su opinión, la necesito para poder gobernar bien, para que éste siga siendo el gobierno de todos”, celebró.

Sin embargo, otro enfoque de los resultados arroja preocupación para el Gobierno. En la primera vuelta de la elección presidencial, Alianza País (AP) había sumado 39,35% y en las preguntas donde sólo Correa hizo campaña, el No alcanzó el 36%. Análisis territoriales de los votos demostraron que precisamente donde AP había sumado más apoyos en las presidenciales fue donde mejores números obtuvo el No. Es decir que la gran mayoría de las bases originales de la Revolución Ciudadana se habría inclinado por respaldar al ex presidente, mientras que Moreno concentró los votos –quizás circunstanciales– de los electores independientes y de derecha.

Panorama difícil Rafael Correa no podrá volver a ser candidato presidencial y decenas de organizaciones promueven la judicialización de cualquier asomo de irregularidad que pudiera haber habido durante su Gobierno, para llevar a él o a sus dirigentes más cercanos ante los tribunales, como ocurrió con el ex vicepresidente Jorge Glas, condenado a prisión en el marco de las investigaciones de Odebrecht.

Lo positivo para el ex presidente es la base electoral de 36% alcanzada en una campaña corta y sumamente desigual, luego que la justicia otorgara Alianza País al sector del gobierno y obligara a Correa a iniciar los difíciles trámites de formación de una nueva organización política con habilitación electoral.

En su primera entrevista tras la consulta, el ex presidente reivindicó el resultado y advirtió: “Vamos a ver cuántos padres tiene la supuesta victoria. Lo único que les une es el odio hacia mí”. “Es un gran triunfo para nuestro movimiento, luchando contra todo y contra todos”, reafirmó.

Y argumentó: “Un ex presidente, sin estar en la papeleta, viviendo fuera del país, sin el movimiento político que nos robaron, en tan sólo 25 días de campaña, tomando las preguntas en un nivel del 13% en las encuestas, con un blindaje mediático increíble, que logremos 36% en las preguntas que promocionamos es muy claro para cualquier persona inteligente”.

Sobre su futuro político, declaró: “Vamos a impulsar el nuevo movimiento Revolución Ciudadana, tenemos un capital político extraordinario, 36%, pero ya deben venir nuevos cuadros jóvenes para tomar la posta”.

El próximo termómetro electoral serán las elecciones municipales de 2019.

Pregunta clave

Lenín Moreno llevó la disputa con Correa a todos los ámbitos con la consulta popular y se mostró decidido a avanzar frente a cualquier obstáculo. Primero, ordenó al Consejo Nacional Electoral convocar la votación sin que hubiera un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las preguntas, tal como lo exige la Constitución. Luego se enfrentó con los organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando manifestaron preocupación en

torno a la pregunta 3, referida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El Cpccs es conocido como el quinto poder público de Ecuador. La pregunta presentada a la población –completada en los anexos– dispone la destitución inmediata de sus miembros (que por ley corresponde a la Asamblea Nacional mediante juicio político) y la formación de un “Consejo Transitorio” con facultades extraordinarias (no previstas por ley), cuyos miembros son propuestos por el Presidente. Entre sus funciones podrán reemplazar a una gran cantidad de autoridades de control: Defensor Público, Contralor General, Fiscal General, miembros del Consejo de Judicatura, Tribunal Electoral, la Corte Constitucional, entre otros. En un año, los nuevos miembros serán elegidos por el voto popular.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta maniobra podría “generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos”.

Para Correa, “la pregunta 3 es un golpe de Estado”, porque el Consejo Transitorio podrá “destituir y sustituir 150 autoridades de control” y “le quita las funciones de fiscalización a la Asamblea Nacional”. “Ahora todos los poderes van a estar concentrados en la Presidencia”, alertó.

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Marzo de 2018

Rusia acogió el primer Congreso del Diálogo Nacional del país árabe

Putin construye una salida para Siria

El presidente de Irán, Hasan Rohani junto a sus pares Vladimir Putin de Rusia y Recep Tayyip Erdogan de Turquía.

Luego del éxito militar, el gobierno ruso coloca los cimientos del diá- con la participación de delegados del logo sirio tras los acuerdos con Irán y Turquía. Enfrente están Estados Gobierno y varios sectores –no todos– de la oposición siria. Durante los últiUnidos e Israel, que intentan prolongar la guerra.

N

o hay salida fácil para el complejo entramado montado en Siria, en el séptimo año de una guerra cruenta en la que varios países tienen importantes intereses en juego. El saldo interno: al menos 400 mil personas muertas según los datos de la ONU, cerca de dos millones de heridos, cinco millones de refugiados y más del 50% de la infraestructura del país destruida.

En el plano militar, la intervención rusa iniciada en septiembre de 2015 provocó el retroceso ininterrumpido de la organización terrorista Daesh (Estado Islámico), expuso los vínculos de la Otan con el yihadismo y permitió la recuperación de grandes territorios por parte de las fuerzas armadas sirias, que también cuentan con el apoyo de Irán.

El siguiente objetivo de Moscú fue establecer lazos diplomáticos con el gobierno turco, aliado de Washington y miembro de la Otan, que participa activamente de la guerra siria desde sus comienzos. Antes, lo primordial para el presidente Erdo-

gan era acabar con el gobierno de Bashar al Assad, mientras que ahora su prioridad es evitar la formación de un estado kurdo fronterizo con Turquía en territorio sirio (ver recuadro).

Tras los éxitos militares y el nuevo papel desplegado en la región bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin, Rusia se convirtió en eje de la única resolución política posible para el conflicto sirio, con el acompañamiento de Turquía e Irán. En conjunto, los tres países establecieron cuatro zonas de seguridad y distensión gracias al proceso de Astaná (capital de Kazajistán), puesto en marcha el año pasado, que permitió reducir drásticamente las acciones de guerra y concentrar las operaciones militares contra los grupos terroristas como Daesh.

Pasos concretos En base a ese trabajo trilateral, Rusia celebró el 29 y 30 de enero el Congreso del Diálogo Nacional de Siria en Sochi,

mos dos años, Moscú fue estableciendo contactos con varios grupos armados del país que están dispuestos a realizar una negociación política para poner fin al conflicto armado.

Más de 1.500 delegados participaron del foro, que incluyó a representantes religiosos, étnicos y de diversos grupos sociales –además de organizaciones políticas– y contó con la participación del enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura. Los invitados llegaron desde Siria, Egipto, Turquía, Moscú y Ginebra (sede de la ONU).

El encuentro concluyó con la aprobación de dos documentos y una lista de 150 candidatos para conformar una comisión constituyente que tendrá el encargo de reformar la Carta Magna del país. Pese a que la opositora Comisión Siria para las Negociaciones (CSN) –formada para los diálogos nacionales mediados por la ONU en Ginebra– no fue al foro en Sochi, se reunió después con el representante de

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la ONU con el objetivo de participar en la comisión constituyente.

Como países garantes y mediadores de las negociaciones para la paz, Rusia, Irán y Turquía propusieron 50 candidatos –todos sirios– cada uno. De ese total, de Mistura seleccionará entre 45 y 50 personas para la comisión, que “incluirá a los representantes del Gobierno junto con una participación amplia de la oposición”, además de “representantes de la sociedad civil y las tribus, grupos étnicos y religiosos”, según anunció el enviado de la ONU. Mediante los documentos, los participantes del Congreso del Dialogo Nacional Sirio en Sochi solicitaron a la ONU y a todos los organismos humanitarios internacionales que contribuyan “a la superación de las consecuencias de la guerra y a la restauración de Siria a través de la aprobación de medidas adicionales para garantizar de forma regular un acceso humanitario inmediato, seguro y sin obstáculos”. Además, dejaron por escrito en la declaración final su “deseo común de poner fin cuanto antes al conflicto incesante”. Restaurar la infraestructura económica y social básica y organizar operaciones de desminado a gran escala son algunas de las tareas más urgentes.

El “pleno respeto a la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Siria, de su territorio y pueblo” es otro de los acuerdos claves sentados por escrito para poder avanzar en la resolución política de los graves problemas nacionales. El documento final también subraya la importancia de mantener “una

inclinación intensa a la lucha contra el terrorismo, fanatismo, extremismo y la discordia confesional de todas formas”, exacerbada durante los últimos siete años.

Apoyo internacional y boicot estadounidense Al término del encuentro, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, dejó claro que en Siria “no se hará nada sin el consentimiento del Gobierno y sin el consentimiento de la oposición”, y calificó el Congreso como un “éxito general”.

“Creo que este primer paso muy importante se tradujo en un éxito en general (…) principalmente en lo que se refiere al comienzo del diálogo sobre lo esencial: en qué Siria quieren vivir los sirios”, destacó Lavrov sobre el Congreso.

Además de la activa participación de Irán y Turquía, viajaron a Sochi como observadores representantes de Jordania, Arabia Saudita, Irak, Líbano, Egipto y Kazajistán, junto a la delegación de la ONU. También asistió el director del centro de estudios de política exterior del Instituto de Shanghái, que en representación de China aseguró que su país desea contribuir a la solución pacífica del conflicto.

“Debo expresarle mi agradecimiento al ministro Lavrov y a toda Rusia, ya que los resultados del Congreso se corresponden con nuestro entendimiento mutuo”, celebró el Secretario General de la ONU, António Guterres. Ahora las negociaciones deberán continuar en Ginebra, con eje en la elaboración de una nueva Constitución, la definición del sistema de gobierno, la lucha con-

tra el terrorismo y las futuras elecciones.

En la vereda opuesta está Estados Unidos, que intentó abiertamente impedir la celebración del Congreso. En una declaración oficial, el Subsecretario de Estado para Asuntos de Oriente Medio, David Satterfield, reconoció que su país actúa a través de la ONU “en contrapeso a Sochi y las iniciativas rusas”. Washington logró parcialmente frenar la participación de algunos grupos en el diálogo de Rusia, pero muchos se sumaron luego a la comisión constituyente surgida del encuentro.

Días después del Congreso, los aviones de la Coalición Internacional dirigida por Estados Unidos en Siria volvieron a bombardear a fuerzas militares progubernamentales, con un saldo de más de 100 muertos. Por su parte, Israel continuó sus ataques esporádicos en la zona ocupada de los Altos del Golán, avanzando cada vez más sobre territorio sirio.

Estados Unidos mantiene bases militares ilegalmente en Siria, además de las que posee en Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Irak, Turquía, Bahréin, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos e Israel, donde inauguró su primer enclave militar en septiembre. Desde allí busca mantener el control militar en Medio Oriente.

En este contexto, la posibilidad de una resolución política de la guerra en Siria bajo el liderazgo de Rusia podría significar un quiebre histórico en las relaciones de fuerza en torno a esta región clave del planeta. No por casualidad 510 periodistas de medios de 27 países distintos cubrieron el Congreso de Sochi.

Nuevo frente de guerra La complejidad de la guerra siria sumó un nuevo capítulo cuando Turquía decidió lanzar una operación militar en el norte de país, sobre la ciudad de Afrin. Fue 10 días antes del inicio del encuentro en Sochi y llegó después que funcionarios estadounidenses declararan que pretenden formar y entrenar un ejército de 30 mil milicianos en la frontera sirio-turca.

Una parte del norte sirio es controlado por las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), compuestas mayoritariamente por milicianos kurdos apoyados por Washington. Sin embargo, el control del espacio aéreo de Afrin está en manos de Rusia, que dio el visto bueno para los ataques turcos.

Por el momento, Rusia prioriza su alianza con Turquía e Irán frente a sus relaciones con los grupos

kurdos, que en su mayoría se consideran traicionados por Moscú. Los planes del Kremlin para la resolución del conflicto sirio contemplan una mayor autonomía política para los territorios de población kurda, pero manteniendo la integridad de Siria.

Estados Unidos tampoco pretende un enfrentamiento directo con Turquía, por lo que no intervino en defensa de sus aliados kurdos. Quienes sí intervinieron fueron las fuerzas sirias progubernamentales, ante los bombardeos de Afrín y la descarada ocupación turca.

Para la operación militar, Ankara utiliza a las fuerzas islamistas del Ejército Libre Sirio (ELS), que incluyen a combatientes yihadistas antes ligados a Al Qaeda o Daesh (Estado Islámico), y las apoya con aviones y tanques.

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Marzo de 2018

Washington e Israel dinamitan la solución de los dos Estados

Alianza de hierro contra Palestina

Donald Trump, presidente estadounidense junto a su par israelí, Benjamín Netanyahu.

Trump y Netanyahu encabezan la mayor ofensiva de las últimas déca- taron una bandera israelí y otra estadounidas contra el pueblo palestino. Agencias de la ONU y de la UE emiten dense en las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén. informes graves que luego sus líderes ocultan.

C

on la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, puso en marcha una nueva fase de la ofensiva sobre los territorios palestinos. La alianza se manifiesta con la extensión de colonias, mayor ofensiva territorial, ahogo económico de refugiados, represión y apropiación de Jerusalén.

Trump le dio a la extrema derecha israelí el socio necesario no sólo en su política de expansión territorial sino también de recalentamiento de la tensión en Medio Oriente. Quedó demostrado en mayo de 2017 cuando realizó su primera visita al exterior. El 21 Trump viajó a Israel para verse con el primer ministro Netanyahu. Un par de días más tarde llegó el aval a la expansión de las colonias judías en territorios palestinos y, más recientemente, la designación por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital del Estado judío.

Sangre joven El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, en diciembre pasado, fue un hecho político contundente de Trump para con su aliado. Estados Unidos se convirtió en el único país del mundo que reconoce como capital de Israel a Jerusalén, ciudad que tiene una parte palestina anexada por Israel en 1980.

Los palestinos reclaman con apoyo de la ONU la parte oriental de la ciudad (Jerusalén Este) como capital de su futuro Estado independiente y se movilizaron con apoyo de pueblos árabes (no de sus gobiernos). También reaccionaron los palestinos de los campos de refugiados de Jordania y El Líbano. El llamado a una intifada y a marchar hacia la frontera controlada por Israel se saldó con decenas de muertos y heridos.

Una hora antes del anuncio de Trump, Israel ya celebraba. La Alcaldía de Jerusalén y su alcalde, Nir Barkatse, proyec-

Antes de esta decisión de Trump, Netanyahu agitó Jerusalén a mediados de 2017 con nuevas medidas de seguridad, restricciones y abuso sobre los derechos en la parte oriental de la ciudad. Israel instaló nuevas cámaras de seguridad en la entrada de la Explanada de las Mezquitas y colocó detectores de metales que generaron la protesta de palestinos. La Explanada de las Mezquitas alberga la Mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca y es considerada el tercer lugar más sagrado en el islam. Cinco palestinos murieron a manos de las fuerzas militares israelíes en julio durante la represión.

En aquel momento, julio de 2017, varias voces del mundo árabe, entre ellas el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, señalaron que “todos conocen la profundidad y los peligros de los planes israelíes desde hace años de judaizar la ciudad de Jerusalén”. Seis meses después se produjo el anuncio de Trump y

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las celebraciones de Netanyahu.

Miles de personas se manifestaron en los países árabes. En los territorios palestinos apenas unas horas después se registró el primer muerto de esta tercera intifada a manos de las fuerzas represivas israelíes de una serie que no terminaría. La mayoría de los muertos y heridos palestinos son jóvenes de menos de 20 años. Algunos son adolescentes y otros son niños.

Desde diciembre grupos jóvenes en Cisjordania y Gaza se dirigen a los puestos de control militares israelíes, donde queman cubiertas y lanzan piedras contra los soldados que responden con disparos de balas de plomo y de caucho.

Apenas comenzado este año durante una manifestación en Cisjordania el Ejército de Israel mató de un disparo en la cabeza a un joven de 17 años, identificado como Musab Firas al Tamimi. Musab era primo de la activista palestina Ahed Tamimi, de 16 años, mundialmente conocida por haber sido detenida por abofetear a un soldado y por estar presa junto a su madre acusada por una corte militar de una docena de delitos relacionados con la resistencia a la ocupación israelí.

La adolescente había enfrentado al militar luego que el Ejército de ocupación dispara en la cara a uno de sus primos, de sólo 14 años. Hace unos años el Ejército ocupante mató a su otro primo, Mustafa, y a su tío Rushdi, hirió a su madre y arrestó durante más de un año a su padre.

Para Israel –como se dijo en la audiencia de enero– “Ahed es peligrosa porque ha estado resistiéndose a la ocupación durante varios años y por eso deberían mantenerla detenida”. Ahed, que finalmente quedó detenida, presenció el juicio con esposas en los pies, rodeada de policías y sin poder comunicarse con su padre que estaba a unos metros de ella, en la misma sala de audiencias.

Otras voces El 1 de febrero se conoció el informe anual que los jefes de misión europeos en Jerusalén y Ramala envían al Comité de Política y Seguridad de la Unión Europea.

El diagnóstico es determinante: en 2017 “se aceleró de nuevo la erosión de la solución de dos estados”, con el que se intentaría poner fin al conflicto palestino-israelí.

Señala que “se profundizaron y aceleraron tendencias negativas” en Jerusalén relati-

vas al estatus de los palestinos en ella, su exclusión y situación socio-económica, y el crecimiento de los asentamientos.

Los representantes europeos denuncian una vez más que Israel implementa una “deportación silenciosa” de palestinos, revocando sus permisos de residencia.

Advierten que “en la raíz de las tendencias negativas están la ocupación desde 1967 y una política arraigada de marginalización política, económica y social de los palestinos en Jerusalén, en violación de las obligaciones de Israel bajo la Ley Humanitaria Internacional”.

Otro aspecto que denuncian es el uso por Israel del turismo y la arqueología en la ciudad “con el fin de establecer una narrativa basada en la continuidad histórica de la presencia judía en la zona, a expensas de otras religiones y culturas”. La recomendación para este año de la Comisión a los líderes europeos es que “Israel debe parar su política de asentamientos en Jerusalén Este y el resto de Cisjordania. Esta política, ilegal bajo la Ley Internacional, no sólo erosiona la solución de dos Estados, sino que también pone en duda el compromiso de Israel con un acuerdo negociado con los palestinos”.

Recientemente la oficina de Derechos Humanos de la ONU identificó a las empresas privadas que colaboran con el régimen israelí en su colonización de los territorios palestinos. Son 206 compañías, en su mayoría israelíes y estadounidenses, que trabajan para los ocupantes en los territorios ocupados de Cisjordania, una acción considerada ilegal por el derecho internacional. Quedó latente el compromiso de dar a conocer los nombres de estas compañías que se hará –prometió la ONU– una vez que se pongan en contacto con ellas para hacerles ver que podría “caberles cualquier consecuencia, sea esta de reputación, financiera o legal”.

Dentro de la ONU se produce un fuerte choque de intereses que se expresan en el Consejo de Seguridad, su órgano ejecutivo, donde Estados Unidos aún muchas veces aislado logra imponer su agenda.

Esto explica que denuncias gravísimas de las agencias de la ONU contra Israel se diluyan e incluso ni siquiera trasciendan a través de la prensa comercial.

“Las violaciones de los derechos humanos asociados con los asentamientos son perversas y devastadoras y alcanzan

todas las facetas de la vida de los palestinos”, explicita el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de fines de enero que pocos medios de prensa replicaron. “Los palestinos sufren restricciones a su libertad de religión, movimiento y educación; sus derechos a la tierra y al agua y muchos otros derechos fundamentales”, continuó. Esto hace –señala– que las empresas privadas tengan un rol esencial en que se incremente el establecimiento, mantenimiento y expansión de los asentamientos de colonización.

Avanzada Lejos de los informes de los inspectores de la UE y la ONU, que luego sus líderes se encargarán de minimizar, el 1 de enero el partido israelí de extrema derecha Likud, que preside Netanyahu, aprobó por unanimidad la anexión de las colonias ilegales construidas en el territorio palestino de Cisjordania.

“Promoveremos el reconocimiento de nuestra soberanía en los asentamientos judíos de Judea y Samaria”, anunció el ministro de Seguridad Pública, Guilad Erdan, en la reunión partidaria, en referencia a los barrios de colonos israelíes montados en terrenos robados a Palestina.

Erdan aseguró además que el objetivo de anexar formalmente esos territorios al Estado de Israel es acelerar la construcción de viviendas y la expansión de los asentamientos ilegales. En definitiva, se trata de ocupar cada vez más territorios palestinos.

Israel ya controla al menos el 40% del territorio de Cisjordania y mantiene bloqueada a la Franja de Gaza, que en conjunto conforman Palestina. Las ocupaciones en Cisjordania provocan además la fragmentación del territorio palestino en partes no contiguas, para dividir y aislar a su población.

Las agencias de la ONU denuncian que en los últimos dos años más de 1.600 personas se han quedado sin casa. El 38% de ellas eran refugiadas porque ya les habían despojado de su hogar antes. La mecánica de colonización se repite: luego de echarlos, las máquinas hacen polvo su hogar y destrozan los olivos y otras plantaciones que las familias utilizan para producir.

Hay varios documentales que certifican las denuncias de las organizaciones humanitarias. La ofensiva es ilegal para las

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normas internacionales incluida la IV Convención de Ginebra y la convención de la ONU sobre los derechos del niño.

Ahogo y extorsión “Que la agencia de ONU para los palestinos se despida del mundo”, dijo públicamente a comienzos de este año Netanyahu en referencia a la Agencia para los Refugiados Palestinos (Unrwa), la más potente voz dentro de Naciones Unidas sobre la opresión del pueblo palestino. Fue una acción conjunta con Trump para silenciar las denuncias internacionales.

“Estoy totalmente de acuerdo con la crítica del presidente Trump a la Unrwa”, dijo Netanyahu unos días antes de que el estadounidense recortara 65 millones de dólares de los 125 millones que su país enviaría este año a esta agencia de la ONU que asiste a los más de cinco millones de palestinos refugiados.

La Unrwa “es una organización que perpetúa la narrativa del llamado derecho al retorno que tiene como objetivo eliminar al Estado de Israel y, por lo tanto, Unrwa debe despedirse del mundo”, dijo Netanyahu. También llamó “refugiados ficticios” a los millones de palestinos desplazados de sus tierras por Israel en los últimos 70 años.

Pasó lo mismo en julio de 2017 cuando la Organización de las Naciones Unidas

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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) calificó a Israel de “potencia ocupante” de Jerusalén Este. El texto, que obtuvo 10 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones, recordaba que todas esas acciones de Israel sobre Jerusalén Este son “ilegales según la ley internacional”. Washington y Tel Aviv también cortaron su ayuda económica.

El ahogo financiero a la Unrwa, creada en 1949, convierte en una olla a presión a millones de refugiados palestinos y a sus hijos en Cisjordania y en la Franja de Gaza, pero también en países vecinos de Jordania, Siria y Líbano.

Unrwa tiene registrados 5.340.443 refugiados de los cuales 1,5 millones son niños y niñas, según un informe difundido en 2017. Se produjo un incremento con respecto a 2016 de 1.8%, con mayor aumento en Líbano (5,5%) y una reducción en la República Siria, desmembrada por la guerra, de 1,9%.

De los 5,3 millones de refugiados 2,1 millones viven en Jordania, 1,3 millones en Gaza, más de 800 mil en Cisjordania, 543 mil en Siria y 463 mil en Líbano.

Algo más de 1,6 millones viven en 58 campamentos. Todos ellos son asistidos con alimentos y medicamentos e integrados en 702 escuelas en todo Oriente Medio con 515 mil estudiantes y 22 mil docentes; ocho centros de formación pro-

fesional y dos facultades de ciencias de la educación; 143 centros de salud con 3.300 profesionales que asisten casi nueve millones de visitas anuales. En 2016 se otorgaron casi 40 mil créditos a palestinos por 40 millones de dólares y la Red de Seguridad Social atiende programas sociales a 255 mil personas, sin contar Siria (datos no disponibles). Sólo en la Franja de Gaza son alimentados diariamente cerca de 1 millón de personas. Más allá de las valoraciones que puedan hacerse sobre el rol de la ONU y la complicidad de sus estructuras superiores, este es el ámbito al que atacan Trump y Netanyahu.

El presidente palestino Mahmud Abás había dicho públicamente que buscaría otros mediadores para el conflicto con Israel porque tras la declaración de Trump sobre Jerusalén, Washington pasaba a ser parte del conflicto.

Desafiante, Trump llevó al Foro Económico de Davos el 25 de enero su guerra contra los palestinos. Se reunió con Netanyahu y luego amenazó con retirar más ayuda a los palestinos si el Gobierno de la Autoridad Palestina no se someten al imperio: “Estados Unidos les da cientos de millones de dólares en ayudas, pero no lo recibirán si no se sientan a negociar la paz”. A su lado, Netanyahu sonreía.

Adrián Fernández

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Honduras da otro paso en el más reciente experimento golpista

Poder impuesto con fraude y balas

Juan Orlando Hernández asumió el 27 de enero su segundo mandato en medio de denuncias de fraude y violencia en las calles.

Ocho años después del golpe contra Zelaya, se consolida por la fuer- asegura Erika García, activista de Somos za la alianza entre partidos tradicionales, militares, multinacionales y Muchas e integrante de la Coalición contra la Impunidad. Esta organización preWashington. El pueblo juega su vida en cada manifestación.

J

uan Orlando Hernández llegó al poder en 2014 y un año después puso en marcha una reforma constitucional para hacer posible su futura reelección. No lo logró pero sí consiguió una particular interpretación de la Justicia en abril de 2015: los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte, tres del partido de gobierno y dos liberales, consideraron inaplicable el artículo 239 de la Constitución que establece que “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser elegido presidente”. Para completar su plan, Hernández tenía que ganar las elecciones del 26 de noviembre pasado.

La secuencia de lo que sucedió en la noche de los comicios es una evidencia: el primer corte del escrutinio, con el 57,19% de las mesas de votación verificadas, dieron ganador por cinco puntos al candidato de la Alianza de la Oposición, Salvador Nasralla. Recién dos días des-

pués de la elección el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio un segundo informe: con el 64,52% del escrutinio Nasralla tenía el 44,04% de los votos, seguido de Hernández con el 40,69%. Fue entonces que se registraron “problemas técnicos” en la transmisión de datos y el recuento se paralizó cuando faltaban retransmitir cinco mil actas.

Cuando se “solucionaron” los “problemas técnicos” los resultados cambiaron completamente la tendencia inicial oficial. En ese entonces Hernández superaba por 1.6 puntos a Nasralla, candidato de la alianza entre su Partido Innovación y Unidad (Pinu) y el Partido Libertad y Refundación (Libre, de Manuel Zelaya).

Lo que llegó después fue un descontento generalizado y movilizaciones en decenas de localidades del país además de Tegucigalpa. “Cuando las personas hacen plantones (bloqueo de ciertas vías), primero les gasean y luego les disparan”,

sentó un informe en el que denuncian las violaciones de derechos humanos en las protestas y detallan nombres, apellidos y circunstancias en las que murieron 33 manifestantes. “Disparan a bala viva cuando no hay trabajadores de las ONG cerca observando. Esperan a que no haya tanta gente, a que sea de noche”, señala.

Las redes sociales jugaron un papel esencial durante las movilizaciones. Ahora el partido gobernante ha presentado un proyecto de ley para limitar la información en estas plataformas. “Esto es muy grave porque la mayoría de los medios corporativos no informan sobre lo que en realidad pasa. Las redes son las principales fuentes de información y convocatoria”, lamenta la Coalición contra la Impunidad.

Cronología sangrienta “Todos los que estamos relacionados con el activismo en mayor o menor medida sabíamos que esto iba a pasar, pero

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no imaginábamos que iba a ser tan represivo”, añade García. Según el informe publicado por la Coalición, estos fueron los días en los que se produjeron el mayor número de muertes: El 30 de noviembre, cuatro días después de las elecciones, la población se lanza a las calles para protestar contra el resultado oficial y reclamar por el triunfo de la Alianza de la Oposición. Ese día hubo 56 movilizaciones en 15 de los 18 departamentos del país.

El 1 de diciembre murió el primer manifestante en el departamento de Atlántida.

En la zona norte se registraron saqueos de centros comerciales y esto provocó una escalada de la represión policial y militar. Aquí empezó a usarse fuego real y se activó un estado de excepción que duró 10 días. En esta jornada se registraron 92 movilizaciones ciudadanas también en 15 de los 18 departamentos de Honduras.

Otro día clave fue el 15 de diciembre, fecha en la que se convocó un paro nacional y en que hubo más de 100 manifestaciones en todos los departamentos del país. El 18 de diciembre, Juan Orlando Hernández tomó posesión del cargo y se produjeron otras 100 movilizaciones.

Algunos testimonios Las 58 organizaciones de la sociedad civil hondureña Coalición contra la Im-

punidad han recopilado decenas de testimonios de familiares de personas muertas, de manifestantes heridos de gravedad y de personas que han tenido que ser escondidas porque el Estado las persigue.

La clave de la lucha se centra ahora en seguir pidiendo justicia para cada una de las 33 personas fallecidas y para las decenas de perseguidos.

El 18 de diciembre, el Tribunal Electoral de Honduras declaró a Juan Orlando Hernández como presidente. A pesar de las múltiples denuncias de fraude presentadas por la oposición y del informe de la comisión electoral de OEA (elaborado en Honduras pero desoída en la sede de Washington) que junto a organizaciones internacionales instaba a repetir los comicios, asumió el 27 de enero su segundo mandato.

La ceremonia de asunción se realizó en el Estadio Nacional, donde se había montado un fuerte operativo de seguridad con varios anillos policiales y militares, no sólo alrededor del lugar sino a más de 500 metros de la ceremonia. Miles de personas fueron reprimidas con gases lacrimógenos mientras marchaban hacia el estadio. Y ya son 40 los hondureños asesinados por las fuerzas de seguridad.

El fraude se consolidó el 18 de diciembre cuando el TSE dio a conocer los resultados finales informando que Juan Orlando Hernández había ganado

con el 42.95% de los votos, frente al 41.5% de Nasralla.

El jefe de la Misión Electoral de la OEA, el ex presidente de derecha boliviano Jorge “Tuto” Quiroga y ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer Suárez, señaló en un comunicado: “intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.

Golpe determinante A mediados de 2009 el entonces presidente Manuel Zelaya impulsaba la realización de una consulta popular (la llamada Cuarta Urna), que sondearía la voluntad ciudadana sobre una posible convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna. En la madrugada del 28 de junio el Presidente fue sacado de su casa en pijamas por militares encapuchados, trasladado a una base militar de Esta-

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dos Unidos en Honduras y luego deportado a Costa Rica. El golpe fue gestado por el sector empresarial, los medios hegemónicos de comunicación y la cúpula de la iglesia católica, con el apoyo logístico y económico de Estados Unidos y el ejército hondureño.

Honduras fue el campo de entrenamiento de la CIA en la década de 1980 para alistar a la contrarrevolución nicaragüense. Cuenta con convenios internacionales desde la década de 1950 que permite al ejército de Estados Unidos realizar maniobras e instalar bases militares.

Honduras representa un gran interés estratégico geopolítico para los Estados Unidos, limita con 4 países de Centro América y posee salida al Pacífico y al Atlántico. La alianza regional de Zelaya con Venezuela y la inclusión de Honduras en Petrocaribe y más tarde en el Alba fueron las verdaderas razones del golpe de Estado disimulado con una feroz campaña de prensa.

El derrocamiento de Zelaya marcó una nueva etapa regional en materia de golpes luego del ensayo fallido en 2002 en Venezuela y antes de los golpes parlamentarios en Paraguay y Brasil. En Honduras el golpe tuvo apoyo del Congreso y el cambio de presidente se hizo efectivo mediante una firma de renuncia falsificada de Zelaya entregando la presidencia a Roberto Michelletti, presidente del Congreso Nacional.

Las manifestaciones populares duraron más de seis meses y dieron origen al Frente Resistencia al golpe de Estado. Como respuesta, el gobierno golpista emitió dos decretos que ordenaron la restricción de los derechos a las libertades personales, así como de asociación, reunión y libre tránsito. Al mismo tiempo facultaba las detenciones arbitrarias y la incomunicación por más de 24 horas, desconociendo los derechos civiles y políticos contenidos en los artículos 69, 71, 78 y 81 de la Constitución de la República.

Mediante este instrumento se estableció el toque de queda y se restringió la libre circulación. Además, quedó prohibida toda reunión pública, emitir publicaciones por cualquier medio “escrito, hablado o televisado” que ofendieran a los “funcionarios públicos”. Igualmente, autorizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a intervenir y cancelar las frecuencias de medios de comunica-

ción. A través de este decreto se autorizó a las fuerzas del orden a detener a toda persona considerada sospechosa, sin necesidad de una orden judicial, y a desalojar toda instalación o espacio público por la fuerza militar.

Con Zelaya extraditado y en un contexto de restricciones de derechos y libertades se realizaron las elecciones que dieron como ganador a Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional, quien negoció durante los dos primeros años de su gestión el retorno de Zelaya a Honduras. El derrocado presidente formó un nuevo espacio Político, Libre, (Libertad y Refundación).

En las elecciones de noviembre de 2013 ganó Juan Orlando Hernández, candidato de la misma fuerza política.

Herederos Tras el golpe se incrementaron la violencia y las violaciones a los derechos humanos y se puso en marcha, con argumento de atraer inversiones extranjeras, una serie de leyes que condujeron a la entrega de territorios y soberanía frente a las transnacionales. Los inversionistas extranjeros no vacilaron en declarar a la democracia como una forma obsoleta de gobierno y uno de los requisitos, otorgados por el gobierno hondureño fue que los litigios fueran resueltos por cortes internacionales, ignorando las legislaciones nacionales del país centroamericano.

Ambos gobiernos dieron lugar al programa de “Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques”, conocido por sus siglas en inglés como Redd, promovido por Naciones Unidas y el Banco Mundial. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc-Vía Campesina) y otras organizaciones rurales califican a este programa como el caballo de Troya para el extractivismo, el etnocidio y ecocidio.

Organismos internacionales y ONGs coinciden que Honduras vive uno de los niveles más altos de violencia contra los activistas ambientales: entre 2010 y 2017 se registraron 120 muertes. Denuncian la corrupción gubernamental que rodea proyectos de desarrollo como represas, minas y plantaciones de aceite de palma. Algunas instituciones financieras internacionales tienen su propia responsabilidad en los conflictos rela-

cionados con proyectos hidroeléctricos, al igual que las ayudas estadounidenses al ejército hondureño y los cuerpos de policía, que se han visto implicados en numerosas violaciones de los derechos humanos en el país.

El caso más notorio fue el de Berta Cáceres, reconocida entre los pueblos de América Latina por su lucha por los derechos de los indígenas, asesinada a quemarropa en su casa en marzo de 2016.

Había recibido amenazas relacionadas con su trabajo con las comunidades que se oponen a la construcción de la represa de energía hidroeléctrica Agua Zarca en la zona occidental de Honduras. Entre los arrestados se encuentran personas con vínculos con el ejército hondureño y con Desa, la empresa que está detrás del proyecto de la represa. Según estadísticas de organizaciones campesinas, el 70% de las tierras cultivables está en manos de un 3% de propietarios y siete de cada 10 campesinos carecen de propiedad.

Honduras tiene una población de aproximadamente nueve millones y se encuentra entre los países de menores ingresos de América Latina y el Caribe: para junio de 2017, el 68.8% de los hogares hondureños se encontraba en condiciones de pobreza con ingresos por debajo del costo de una canasta básica de consumo. El 40.7% se encuentra en condición de pobreza crónica.

Los gobiernos post golpe también pusieron en marcha una “ley para optimizar la administración pública” que contempla que el Congreso renuncia a funciones propias delegándolas al Poder Ejecutivo en especial la potestad de “creación, modificación o suspensión de las Secretarías de Estado o de los Organismos o Entidades Desconcentradas”.

Un hecho definitivo es que en las administraciones de Lobo y Hernández los militares se han colocado como actores centrales en la gestión pública, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, así como de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Este reposicionamiento de los militares en la gestión pública ha significado un incremento del presupuesto militar de más del 128% desde 2009, mientras que el de educación creció un 18.21% y el de salud 41.37%.

Inés Hayes y Nicolás Honigesz

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Opiniones en torno al Petro venezolano

Criptomonedas en debate Qué es una criptomoneda y cómo es la tecnología que utiliza, cuál es la relación con los Estados y por qué ya se prohibieron en varios países del mundo. Éstas y otras preguntas forman parte de un debate general que llegó a Venezuela tras el anuncio del lanzamiento del Petro.

A continuación, se presentan tres textos distintos sobre el tema, todos de Venezuela. El primero explica algunas cuestiones generales sobre las criptomonedas y las primeras consideraciones sobre el Petro. El segundo es un documento oficial (extractado), denominado Libro Blanco, que da cuenta de los fundamentos presentados para lanzar el Petro, cuya preventa habrá comenzado el 1 de marzo. Finalmente, el último escrito es un resumen de supuestos puntos débiles del petro, que incluye una propuesta. Es un debate imprescindible para la actual coyuntura del país.

El Petro: chicha y limonada Por Jessica Dos Santos

L

as criptomonedas están basadas en códigos criptográficos, encriptados (del griego, “criptos” (oculto), y “grafé” (escritura): escritura oculta. La de Venezuela aún no ha nacido, pero ya tiene nombre: “El Petro” ¿Qué oculta?

Es chicha y limonada El pasado 3 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de “El Petro”, una criptomoneda similar al bitcoin, pero respaldada por petróleo, gas, oro y diamantes.

El bitcoin es una moneda virtual, es decir, sólo existe en la web y se utiliza a través de un sistema de pagos electrónicos encriptados sin necesidad de intermediarios.

Las criptomonedas emplean una tecnología llamada “Blockchain” (cadena de bloques) generada por algoritmos criptográficos, es decir, todas las tran-

sacciones son verificadas por una extensa red de computadoras sin necesidad de instituciones bancarias que compensen o liquiden los pagos entre las partes.

Las monedas virtuales surgieron en el año 2009, existen más de 600, y crearlas tarda sólo 20 minutos. Las más reconocidas son el Bitcoin (existen 16,4 millones de unidades circulando y su valor total en el mercado es de US$42.888.341.486), el Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin, Omisego y Monero.

En el caso del bitcoin, cada bitcoin se asocia a una dirección única, perteneciente a una persona (una billetera virtual). La dirección de bitcoin indica quién posee la moneda digital. Es como una dirección de correo electrónico, a donde se puede enviar “X” cantidad de bitcoins.

Según la agencia “Digital Finance” en los últimos meses cerca del 30% de las transacciones con criptomonedas se realizaron desde América Latina, siendo lideradas por Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. Precisamente el Petro se

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edifica como la primera criptomoneda venezolana, pero al parecer será tanto chicha como limonada.

Chicha: tiene respaldo La revista The Economist afirma que las monedas virtuales que se encuentran en circulación tienen una equivalencia en el mundo real que supera los 90 mil millones de dólares. Sin embargo, el bitcoin y el resto de las criptomonedas son dinero fiduciario, es decir, que carece de respaldo.

El valor del dinero fiduciario depende únicamente de la confianza que otros depositen en él, es decir, la posibilidad de que lo acepten como medio de pago o se pueda convertir en dólares, euros u otras monedas.

Sin embargo, el superintendente de la Criptomoneda, Carlos Vargas, precisó que el Petro arrancará con “un certificado equivalente a 100 mil millones de dólares de las reservas petroleras venezolanas”, es decir, un gran respaldo.

“El Petro será, sin duda alguna, la moneda virtual con mayor respaldo del mundo. Las reservas probadas de petróleo de Venezuela son de 297.500 millones de barriles de petróleo, las de oro son de 367,6 toneladas extraídas en bóvedas, las de diamantes rondan los 11.800 millones de quilates y las reservas probadas de gas son de 4,1 billones de pies cúbicos. Son más de 58 billones de dólares americanos a precios actuales. Este monto representa tres veces el PIB de Estados Unidos o China. Esto garantizará que cuente con gran aceptación y valoración a nivel internacional”, explica el economista Oscar Forero.

Algo en lo que coincide el abogado y especialista en derecho tributario y financiero, Juan Carlos Valdez, al afirmar que “El ‘Petro’ es la única criptomoneda del mundo que tiene un respaldo en bienes reales. Por ello, no se necesita que exista confianza en la economía del país que la emite, pues la confianza radica en todo lo que la respalda. Además, el Petro no podrá ser despreciado, porque para ello deberán depreciar el valor del oro, el diamante, el petróleo, el gas, el coltán, algo que sería materialmente imposible. Esto hace que el Petro sea atractivo para el resto del mundo”.

Ante esto, el profesor Luis Salas Rodríguez lanza una advertencia: “Quien

adquiera una criptomoneda venezolana respaldada por sus riquezas minerales, estará pensando en el derecho que le da a acceder a tales riquezas. Está de más decir que esto la convertiría en un éxito de mercado, pero estamos hablando de un éxito que podría resultar lesivo a los intereses nacionales. Esto en condiciones normales expone al país ante los fondos buitres especulativos que adquirirán el Petro buscando el oro, el petróleo y la plata que lo respalda. Pero en las condiciones financieras en que nos encontramos los riesgos son mayores.”

De hecho, ya medios como la BBC asomaron que “Venezuela debe designar un custodio independiente que garantice que, en caso de impago, estas materias primas lleguen a manos de los acreedores”.

Limonada: El Estado dice presente A la par, se supone que las criptomonedas no están controladas por ningún Estado ni Banco Central. No tienen país de origen ni son emitidas por gobiernos, tampoco cuentan con un respaldo jurídico único. Las transacciones son anónimas. Incluso, para algunos, uno de los principales atractivos de las criptomonedas es precisamente ése: se pueden realizar transacciones sin revelar quiénes participan en ellas. Por ende, son muy usadas por quienes cometen actos ilícitos.

A la fecha, por lo menos 11 naciones del mundo poseen su propia moneda virtual, las cuales pertenecen a fundaciones o personas particulares, pues son muy pocos los gobiernos que han asomado la posibilidad de lanzar su propia moneda.

Sin embargo, el superintendente de la Criptomoneda, Carlos Vargas, afirmó que el Estado venezolano “creará una fórmula que determinará el valor del Petro”, abrió una web para “un registro único de los mineros digitales en el país”, y hasta considera que estas tecnologías podrían “tributarle al país”.

Los mineros digitales son aquellos ciudadanos que practican la “minería” de estas monedas virtuales en computadoras especializadas, es decir, revisan las operaciones que se realizan en el mundo y perciben comisiones por mantener sus equipos operando.

Vargas también dijo que el Petro podrá ser adquirido en bolívares y en cualquier otra divisa, y que la Asamblea Nacional Constituyente aprobará una ley que autorice la creación de casas de cambio de monedas digitales, dado que otras criptomonedas, como el Bitcoin y el Onix, también serán legalizadas.

Bueno y malo a la vez “Una de las ventajas de las criptomonedas es que son una especie de ‘Bypass’ al

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“(...) el Petro, de una u otra forma, podría servir para burlar el bloqueo económico de Estados Unidos, pues entre las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump se incluye la prohibición de realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y la estatal petrolera, Pdvsa.”

sistema financiero, es decir, si usted quiere transferirle un dinero a alguien, usted se mete en su computadora y hace la trasferencia, pero esa transferencia primero va al banco, el banco la autoriza y luego se la hace llegar a la otra persona. En el caso de las criptomonedas esto no es así, porque las criptomonedas no pasan por el banco, es una transacción de persona a persona. Por eso el Petro será clave en el combate de la guerra económica contra Venezuela”, dice el especialista Juan Carlos Valdez.

En efecto, el Petro, de una u otra forma, podría servir para burlar el bloqueo económico de Estados Unidos, pues entre las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump se incluye la prohibición de realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y la estatal petrolera, Pdvsa.

Pdvsa es la principal fuente de ingresos del país, por lo que superar estas restricciones es una prioridad para el Estado.

Pero para eso se necesita, en primer lugar, que los socios de Venezuela accedan a utilizarla. China, por ejemplo, gran aliado económico de nuestra nación, prohíbe e incluso pena la comercialización con moneda virtual a sus ciudadanos.

“Son cada vez más quienes a nivel mundial alertan sobre sus implicaciones, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin.

Este mismo año el gobierno chino prohibió su emisión, al tiempo que obligó a individuos y organizaciones que hayan recaudado fondos a través de ellas a devolverlos”, dice Salas Rodríguez.

Por su parte, Oscar Forero explica que esto pasa porque “no todo es positivo en el caso de las monedas virtuales. Su funcionamiento descentralizado puede originar grandes alteraciones del mercado, tal como ha ocurrido en reiteradas ocasiones con el Bitcoin. A ello debemos sumarle que el mercado virtual en efecto se presta para que se laven de manera simple grandes cantidades de dinero proveniente de actividades ilícitas. Otro factor a tomar en cuenta proviene de las distorsiones que podría generar en nuestra economía el ingreso de divisas provenientes del Petro, puesto que su naturaleza es esencialmente especulativa”.

“Nada de lo anterior significa que se deba obviar el tema y actuar como si no existe. Las criptomonedas son una realidad y hay que lidiar con ellas. Desde esta

perspectiva, es saludable la conformación de un organismo que se encargue de estudiarlas y hacerles seguimiento, pero teniendo claros todos sus riesgos”, acota Salas Rodríguez.

De una u otra forma, Venezuela, nuevamente, intenta encontrar una salida.

Todo indica que hay alternativas disponibles, pero debemos conocer las más adecuadas y cómo implementarlas asertivamente. Sea como sea, el Petro ya es parte de toda una cadena de interesantes acontecimientos que vamos a estar atestiguando en los días por venir, así que ¡a empaparse en la materia!

Texto publicado en la revista Épale, del diario Ciudad Caracas (CCS)

Libro Blanco del Petro Documento oficial

El Petro (PTR) tiene su origen en la idea del presidente Hugo Chávez de crear una moneda fuerte respaldada por materias primas. Sus antecedentes se remontan a propuestas de coordinación financiera y monetaria global previas a la hegemonía del dólar estadounidense, que resurgieron luego de la crisis financiera de finales de la década pasada.

Las cadenas de bloques permiten transferir valor e información, prescindiendo de terceros. Asimismo brindan las herramientas para enfrentar exitosamente el reto de crear plataformas e instrumentos financieros transparentes, eficientes e inclusivos.

El Petro, será un criptoactivo soberano respaldado por activos petroleros y emitido por el Estado venezolano como punta de lanza para el desarrollo de una economía digital independiente, transparente y abierta a la participación directa de los ciudadanos. También servirá como plataforma para el crecimiento de un sistema financiero más justo y que contribuya al desarrollo, la autonomía y el intercambio entre economías emergentes.

Activos petroleros venezolanos servirán para impulsar la adopción de criptoactivos y de tecnologías basadas en las cadenas de bloques en el país. El Estado promoverá e incentivará el uso del Petro con miras a consolidarlo como opción de inversión, mecanismo de ahorro y medio de intercambio con los servicios del Es-

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tado, la industria, el comercio, y la ciudadanía en general.

La población venezolana tendrá a su alcance una tecnología que le permitirá disfrutar las ventajas de contar con una reserva de valor y medio de pago robusto para estimular el ahorro y contribuir al desarrollo del país.

El Petro será un instrumento para dar estabilidad económica e independencia financiera de Venezuela, aunado a una visión ambiciosa y global para la creación de un sistema financiero internacional más libre, equilibrado y justo.

Introducción La adopción de la tecnología de cadena de bloques (blockchain) en el mercado global no es simplemente una tendencia o moda temporal, sino un cambio firme y continuo hacia un futuro en el cual el manejo de las finanzas personales, institucionales y potencialmente estatales se volverá más fácil, directo, rápido y transparente.

Dos de las aplicaciones de esta tecnología, las criptomonedas y tokens, destacan en popularidad. Dichos instrumentos

resultan convenientes para una sociedad global debido a que permiten mayor eficiencia, rapidez y libertad en todo tipo de transacciones, especialmente en el comercio internacional.

Su uso ha generado un universo de oportunidades que tienen el potencial de alterar las prácticas de negocio convencionales, sobre todo en industrias asadas en la intermediación para el intercambio o la verificación, como las finanzas, el comercio, la manufactura e incluso en áreas del conocimiento humano que acostumbran adoptar las innovaciones tecnológicas en plazos más largos, como lo son el derecho y la política.

Aún falta masa crítica de adopción de las criptomonedas entre inversionistas, emprendedores, consumidores, instituciones e inclusive gobiernos, como alternativa de transferencia de valor e información: a principios de 2017 la cantidad de usuarios activos de criptomonedas en el todo el mundo se estimaba en alrededor de tres millones. Sin embargo, el crecimiento explosivo de la oferta, del capital de mercado y las ofertas iniciales (ICOs), son claros indicadores de un crecimiento

importante en la base de usuarios durante el año pasado.

El desarrollo del ecosistema de criptoactivos está basado en la idea revolucionaria de la sustitución tecnológica de la confianza. El modelo de trabajo sobre el que se fundamentan surgió como un ingenioso mecanismo que combina redes, poder computacional e incentivos al trabajo colaborativo para garantizar la integridad de la información, trazabilidad y transparencia en los intercambios. Adicionalmente, ya que coloca directamente en las manos de las personas el manejo de sus recursos financieros, plantea un enfoque diferente de la seguridad en finanzas electrónicas.

Sin embargo, a pesar de las ventajas inherentes de las cadenas de bloques, hasta ahora solo existen proyectos, ideas y aspiraciones para crear criptomonedas con el respaldo de un Estado soberano. Con el Petro, Venezuela aspira convertirse en el líder global de una iniciativa económica que permita aprovechar el valor de sus recursos minerales en forma innovadora, al desarrollar y promover la adopción de una criptomoneda en el país.

El Petro irrumpe con una perspectiva prometedora aprovechando: la temprana madurez de la tecnología de cadena de bloques; un mercado de más de treinta millones de personas ávidas de instrumentos para el ahorro, la inversión y el intercambio internacional; una industria petrolera mundialmente reconocida; la participación de gobiernos aliados y entusiastas promotores de las criptomonedas para el desarrollo de una nueva economía en todo el mundo.

El Petro tendrá la capacidad de sortear bloqueos, retrasos y limitaciones del sistema financiero tradicional, favoreciendo el crecimiento de un nuevo ecosistema económico basado en la confianza, integridad, transparencia, eficiencia y rapidez que garantiza la tecnología de cadenas de bloques.

Antecedentes A raíz de la imposición del dólar estadounidense como moneda internacional de respaldo y la posterior sustitución del patrón oro por el modelo fiduciario, la economía mundial ha sufrido de incertidumbre e inestabilidad producto del basamento en una moneda sin respaldo, que

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ha resultado especialmente pernicioso para las economías emergentes.

Desde entonces se reconoce la necesidad de fortalecer los mercados internos y evitar la dependencia de decisiones unilaterales tomadas en los grandes centros de poder para estabilizar las economías.

De allí han surgido distintas propuestas para respaldar las monedas nacionales con los recursos naturales más valiosos de los países –muchas veces localizados en economías emergentes. (…)

La combinación entre estos antecedentes históricos y el reconocimiento internacional del enorme potencial de las nuevas tecnologías, sustenta la idea del Petro como moneda internacional desarrollada y promovida por una nación emergente para el desarrollo de una economía global descentralizada, más igualitaria, inclusiva y transparente.

“La República Bolivariana de Venezuela garantiza que aceptará el Petro como forma de pago de impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales, tomando como referencia el precio del barril de la cesta venezolana del día anterior con un descuento porcentual.”

Oportunidad para Venezuela El motor económico y base fundamental de la riqueza económica venezolana es la abundancia de sus recursos naturales. El petróleo es el más destacado de ellos. La explotación y comercialización de hidrocarburos, y algunos productos asociados y derivados, genera el 95% de la entrada de divisas al país por exportaciones.

Por su calidad de principal fuente de energía eléctrica, y parte vital de otras industrias, como la farmacéutica, el petróleo sigue siendo una mercancía muy cotizada en el mundo. Su mercado es de aproximadamente 1,7 trillones de dólares anuales.

Para colocarlo en perspectiva, el mercado del petróleo es más grande que la suma de todos los mercados de metales.

Esta situación coloca a Venezuela en una posición privilegiada, al ser poseedora de las mayores reservas probadas de crudo (300.900.000.000 barriles) y de grandes ventajas competitivas en la producción de energía eléctrica.

Los abundantes recursos naturales del país permiten diseñar un criptoactivo poco convencional que aprovecha la tecnología de cadena de bloques para garantizar transparencia, auditabilidad e integridad de la información para ofrecer la estabilidad que aún requiere el volátil mercado de las criptomonedas. De esta manera, promovería al país como referencia global de soberanía frente a los

grandes centros financieros globales.

El precio del Petro estará asociado al de la cesta de crudo venezolano, entre otros motivos, porque el Estado aceptará el pago de impuestos, obligaciones, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales en Petro, lo que ofrece ventajas para los inversores en varios frentes: a) Instrumento para la reducción de la volatilidad en el mercado de criptoactivos. El Petro dará a los inversionistas la oportunidad de entrar al mercado de los criptoactivos de la mano de un instrumento con valor intrínseco, más seguro y estable, susceptible de un análisis fundamental por estar vinculado a una industria ampliamente conocida y, por lo tanto, apto para ser utilizado en grandes transacciones, operaciones de crédito e incluso, como reserva de valor. b) Uso de la tecnología para mejorar la confianza e impulsar el crecimiento. El Petro funcionará con la tecnología de las cadenas de bloques, siguiendo los más altos estándares para garantizar integridad, transparencia, auditabilidad y gobernanza.

Además, cuenta con el respaldo que brindan las privilegiadas reservas de recursos naturales de Venezuela. Este criptoactivo generará confianza entre los inversores internacionales por tener sus bases firmemente establecidas en un contexto de reglas claras y una conexión sólida con la economía real.

Descripción y funcionamiento El Petro tendrá tres facetas: - Medio de intercambio. Podrá ser usado para adquirir bienes o servicios y será canjeable por dinero fiduciario y otros criptoactivos o criptomonedas a través de casas de intercambio digitales.

- Plataforma digital. Podría ejercer las funciones de una representación digital de mercancías y/o materias primas (ecommodity) y servirá como andamio para crear otros instrumentos digitales orientados al comercio y las finanzas nacionales e internacionales.

- Instrumento de ahorro e inversión. Su valor estable alentará su uso como reserva de valor e inversión financiera.

El total de Petros emitidos y puestos a la venta será de 100 millones. No habrá emisiones extraordinarias.

La República Bolivariana de Venezuela garantiza que aceptará el Petro como forma de pago de impuestos, tasas, contribu-

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ciones y servicios públicos nacionales, tomando como referencia el precio del barril de la cesta venezolana del día anterior con un descuento porcentual.

Adicionalmente, el gobierno de Venezuela se compromete a promover el uso del Petro en el mercado interno y realizar esfuerzos para estimular su aceptación en el todo el mundo.

Petro y criptomonedas: mitos y realidades Por José Gregorio Piña

Nos sentimos obligados a exponer las siguientes consideraciones sobre este tema de extrema actualidad y suma importancia para la economía de Venezuela, ya que observamos grandes falencias, inexactitudes, contradicciones, argumentos improcedentes y muchos intereses particulares alrededor de todo lo que se dice en relación con la materia.

1. En primer lugar, las llamadas criptomonedas emitidas por particulares, en estricto sentido no son monedas, sino un objeto digital al cual sus usuarios le atribuyen un valor, y que es usado para acumular y transferir dicho valor, en forma similar a, por ejemplo, un lingote de oro o un diamante,

con la evidente ventaja de su mucha mayor movilidad, al tratarse de algo que se transmite mediante medios digitales.

2. Es un argumento insostenible contraponer la falta de respaldo del dólar, carencia que es cierta, con las criptomonedas, ya que estas tampoco tienen respaldo alguno.

3. Aunque se sostenga lo contrario, las llamadas criptomonedas sí afectan la soberanía monetaria de todos los países, lo que hace sospechar algún interés de mayor nivel detrás de toda esa tecnología.

4. Resulta sintomático que China y Rusia hayan prohibido el uso de criptomonedas distintas de las propias; y lo mismo estén planteando Corea del Sur y Estados Unidos. Éstos últimos también plantean prohibir la conversión de criptomonedas en dólares.

5. Las criptomonedas sí están sujetas a especulación y manejos financieros, y lo estarán más en la medida en que los sistemas financieros tradicionales ya intervienen en ese mercado, incluso con criptomonedas propias o, como ya es el caso, con la creación de criptomonedas por parte de bancos tradicionales y de mercados de “futuro”.

6. No es cierto que las criptomonedas no tengan “intermediarios”. Éstos no son bancos centrales o bancos comerciales

formales, pero sí hay emisores, depositarios, centralizadores de operaciones; y sí hay costos financieros asociados.

7. El auge de las criptomonedas no está relacionado con las fallas de los bancos, derivadas del mal manejo del crédito y de la especulación financiera, a lo cual no estarán exentas las criptomonedas.

8. El falso discurso “libertario” detrás de las criptomonedas es el mismo esgrimido por las élites financieras en contra de los Estados soberanos.

9. La alegada confidencialidad y ausencia de control de autoridades formales, que no de los privados, no son una ventaja, sino una amenaza desde el punto de vista de los gobiernos, incluido el de Venezuela.

10. Las criptomonedas no son lo “democráticas” que se alega, ya que sólo una minoría tiene los recursos financieros, tecnológicos, energéticos y de conocimiento para generar (“minar”) las mismas y para centralizar su intercambio.

11. El Petro anunciado por el Ejecutivo Nacional de Venezuela sí encaja en la definición formal de una moneda soberana, en tanto que es emitida directamente por el Estado y que se ha dicho que tendrá respaldo en petróleo, oro y otros bienes ya contemplados como respaldo del bolívar en la ley del Banco Central.

12. En efecto, dado que el respaldo ofrecido para el Petro estará representado por petróleo, oro y otras riquezas en el subsuelo, es decir, no extraídas y disponibles, se hará necesario emitir instrumentos financieros negociables representativos de dichas existencias mineras; es decir, lo que en la jerga financiera se denomina “titularización” de dichas reservas.

13. Entonces, nos topamos con un detalle que siempre hemos sostenido que inviabiliza la adopción masiva de dicho respaldo en títulos representativos de petróleo, oro o cualquier otro bien, para la moneda que sea, en Venezuela o cualquier otro país: el respaldo monetario, por definición, es exigible por parte del tenedor de la respectiva moneda respaldada, en este caso el título, y dicho título, instrumento negociable, es representativo de la propiedad de cierta cantidad de petróleo, oro o diamantes. Por lo tanto, en la medida en que haya una cierta cantidad de dichos títulos en poder de los mercados, en esa misma medida sus poseedores no comprarán el petróleo, oro o diamantes de Venezuela,

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“La pregunta es por qué Chávez no lo implementó en los años de mejores ingresos en divisas y altos precios del petróleo. Por el contrario, hemos hablado con varios testigos presenciales de que Chávez desistió de la idea por el tema del respaldo en activos no disponibles.”

sino que presentarán sus títulos para exigir que les sea entregada la cantidad equivalente de dichos bienes.

14. En términos concretos, la emisión anunciada del Petro con respaldo de petróleo, oro o diamantes equivaldría a una venta a futuro de dichos bienes, hoy en el subsuelo. Nótese que las emisiones anunciadas por China y Rusia de instrumentos digitales similares sí estarán respaldadas por oro monetario ya disponible en bóvedas, es decir, que se comportan igual que las monedas tradicionales con respaldo, y han anunciado que sólo las usarán para el comercio común.

15. Visto todo lo anterior, es aconsejable plantear el Petro como una emisión limitada de un vehículo financiero exclusivamente para transacciones del propio Estado en negociaciones internacionales con socios estratégicos escogidos, como medio de vender su petróleo, oro y otras riquezas, evadiendo las restricciones de orden político de terceros países.

16. En la hipótesis de que el Petro tuviere una apreciación en su valor, la misma no beneficiaría a Venezuela como emisor del mismo, sino a sus tenedores; ya que para Venezuela el Petro será un pasivo, una deuda; y en todo caso, Venezuela sólo reconocería la cantidad de respaldo que corresponda, lo que hace improbable la supuesta apreciación del Petro.

17. A pesar de los mecanismos de seguridad y monitoreo inmersos en la cadena de bloques (Blockchain), la bolsa de criptodivisas de Tokio se declaró en quiebra en febrero de 2014, alegando que cerca de 500 millones de dólares en bitcoins habrían sido robados. Una situación similar se presentó en Hong Kong, con el robo de 65 millones de dólares en la moneda digital de la bolsa Bitfinex en 2016. En noviembre 2017 se reportó el caso de la empresa Parity, donde un acceso ilícito congeló cientos de millones de dólares en la criptomoneda Ethereum. La empresa NiceHash, especializada en el “minado” de criptodivisas, anunció el 7 de diciembre de 2017 que le habían robado todo el contenido de su cartera virtual: 4.736 bitcoins, con un valor de 63 millones de dólares.

18. Se ordena, por ahora, la emisión de 100 millones de Petros, y se dice que valdrán, conforme a su respaldo, lo mismo que el valor promedio (suponemos) de un barril de la canasta de petróleo de expor-

tación venezolana; es decir que la emisión inicial será equivalente a aproximadamente 5.500 millones de dólares. Lo anterior significa, en términos gruesos, la venta indirecta del equivalente aproximado de seis meses de exportaciones netas de petróleo venezolano, excluyendo lo comprometido en Petrocaribe y los Fondos Chinos.

19. ¿Se ha pensado en la factible posibilidad de que algunos fondos inversores adquieran en el mercado secundario los Petros, aun con prima, con la intención de reclamar el respaldo en petróleo?

20. Si, como ha sido establecido, se permite dentro del país de manera legal la generación (minado), intercambio y, sobre todo, circulación con poder liberatorio, de cualesquiera criptomonedas, el valor de capitalización de las mismas, a la fecha, superaría el tamaño del PIB venezolano; y si se asume el valor equivalente según el mercado ¿ilegal? de divisas, podrían los tenedores de esas criptodivisas, al menos en teoría, adquirir, por ejemplo, toda la riqueza inmobiliaria privada de Venezuela.

21. ¿Por cuál razón válida cualquier Estado-Nación ha de permitir fomentar, promocionar y apoyar que particulares emitan sus propias monedas prácticamente de la nada y sin contraprestación, competidoras de la moneda que emita ese Estado; en el caso venezolano aprovechando adicionalmente el subsidio de la electricidad?

22. Si un Estado legaliza, avala, promociona y apoya la minería, intercambio y circulación libre de criptomonedas particulares, ¿asumirá institucionalmente el riesgo moral y financiero asociado a eventuales fraudes, pérdidas, robos y bloqueos de dichas criptomonedas? Para responder a esta interrogante, contémplese, por analogía, la actividad bancaria.

23. El video donde el Comandante Chávez aparece hablando sobre el Petro, no constituye plena prueba, como se dice en Derecho. La pregunta es por qué Chávez no lo implementó en los años de mejores ingresos en divisas y altos precios del petróleo. Por el contrario, hemos hablado con varios testigos presenciales de que Chávez desistió de la idea por el tema del respaldo en activos no disponibles. Por algo China y Rusia, y en su momento Libia, lo enfocan con respaldo tradicional de bienes disponibles, que están en Reserva y de los cuales pueden desprenderse.

24. Si la República transfiriera sin contra-

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prestación la propiedad del petróleo contenido en el Campo 1 del Bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, aun así dicho petróleo ha de ser extraído, procesado y comercializado.

25. Ha sido establecido que personas naturales privadas, particulares, minarán Petros, aunque el Petro sea una moneda instituida y respaldada por el Estado venezolano. En ese caso, es de suponer que un Petro minado por un particular no debe estar respaldado ni avalado por el Estado, por lo que forzosamente se ha de concluir que esos mineros y esas mineras de Petros sólo lo harán como una especie de “encomienda de gestión” (“por encargo”) a favor del Estado, no para adquirir la “propiedad” del Petro que hayan minado. Así, los Petros minados por particulares serían propiedad del Estado, única forma en que legalmente podría respaldarlos con petróleo de propiedad pública, lo que hace suponer que los mineros y las mineras recibirán un pago compensatorio por sus gastos más la comisión estipulada.

26. Ha sido dicho que un porcentaje importante de la emisión de Petro será adjudicada de manera privada, para ponerlo “en las mejores manos” (sic). ¿por qué esta opción restringida en lo que de por sí es un proceso restringido por las barreras

de acceso? ¿Quién determina dicha cualidad? ¿bajo cuáles criterios?

Propuesta y consideraciones El Petro sí tiene aspectos positivos que pueden y deben ser aprovechados, pero se debe corregir lo ya aprobado.

En este sentido: - Que no sea moneda, sino únicamente activo financiero (como las acciones y bonos) - Que no se transe en bolívares, sino únicamente en divisas libremente convertibles y en otras criptomonedas soberanas (emitidas por Estados) que tengan respaldo - Que el Estado ejerza el monopolio de la minería de Petros y prohíba la libre circulación de las criptodivisas - Que el respaldo del Petro sea mediante certificados negociables registrados en la bolsa de valores de Shanghái; aunque seguirá siendo una venta a futuro de petróleo, o de oro y diamantes - Que las intermediarias transaccionales estén en la esfera de influencia de China y Rusia, para que las divisas puedan ser transferidas factiblemente a las cuentas del gobierno nacional, y no bloqueadas por las sanciones vigentes o futuras en el bloque occidental contra nuestro país - Recomendamos que el Estado no venda los Petros, sino que los use directamente

para sus pagos internacionales y sólo reciba Petros para compra de petróleo venezolano - Alternativamente, cabe considerar que sea Pdvsa el ente emisor de los Petros, habida cuenta de que administra el petróleo y cuenta con la tecnología; y que PDVSA use los Petros emitidos para pagar deuda al Banco Central y, a su vez, el BCV ejerza sus competencias constitucionales y venda los Petros en lugar de otras divisas que posea No consideramos que la emisión y colocación inicial del Petro por parte del Estado venezolano sea “una privatización de la Faja Petrolífera del Orinoco”, como peyorativa e insidiosamente sostienen algunos y algunas. Ya hemos dicho que se trata, en todo caso, de una venta de petróleo mediante una modalidad nueva.

Por otro lado, hemos escuchado y leído comentarios del tenor de que el respaldo “no es el petróleo, sino las reservas de la Faja Petrolífera del Orinoco” (frase que escapa a nuestro entendimiento) o “que el respaldo no debe entenderse como una garantía”, frase criptica que deja entrever, sin atreverse a afirmarlo, que el respaldo no sería exigible.

Aclaramos que una hipotética negativa o restricción a la exigencia de entrega del respaldo del Petro le quitaría tal cualidad, anulando la ventaja evidente que tendría el Petro.

Otro escenario alternativo al que podría conducir todo este tema es a implantar el Petro como la moneda venezolana para todos los efectos, previa modificación constitucional, emitida por el Banco Central. Esta es la única manera en que verdaderamente se democratizaría, más allá de la mera propaganda, el acceso y tenencia del Petro, de una manera equitativa para todos. En este escenario, consideramos imperativo conservar una fracción de emisión física de dinero, por la vía de la impresión de billetes tradicionales (que serían bolívares, como fracción del Petro). Ningún país del mundo ha eliminado la emisión física de dinero.

Por otra parte, ya hay decisiones fácticas que indican que los Estados soberanos irán emitiendo sus propias monedas bajo el formato digital de la “cadena de bloques” y limitando, como debe ser, al resto, dándole formalidad al uso de esa tecnología para propósitos monetarios. Tales emisiones soberanas y la consiguiente regulación en la materia no deben ser satanizadas.

Resumen de un conjunto de artículos del autor publicados en www.15yultimo.com

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Otra exitosa edición de la Feria del Libro de Cuba

“Nuestro país cree en el papel edificante de la lectura”

Con participantes de 41 países y una amplia del Comité Organizador. El acto fue presidido por los miembros agenda de actividades, el evento convocó a miles del Buró Político del Partido Comunista de Cuba Esteban Lazo Hernández, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y Mercedes López de lectores cubanos e invitados extranjeros.

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a 27ª Feria Internacional del Libro en Cuba (FIL Cuba 2018) se llevó a cabo del 1 al 11 de febrero y tuvo lugar en varias localizaciones. La Fortaleza de San Carlos de La Cabaña (La Habana) fue su sede principal. Para los cubanos la feria es una verdadera fiesta de las letras para vivir en familia y compartir con prestigiosos intelectuales, así como para adquirir obras de renombre universal a precios populares.

Según sus organizadores, la Feria Internacional del Libro en Cuba está concebida como un espacio de diálogo entre las literaturas provenientes de los más de 40 países que habitualmente participan en el evento. Ofrece a los autores, editores, distribuidores, agentes literarios y libreros su principal riqueza: un público lector masivo, preparado en los más diversos campos y con capacidad y disposición para participar en el diálogo cultural que se le propone. Hay encuentros, coloquios, homenajes, paneles, conferencias, lecturas, premiaciones y presentaciones de libros.

La primera Feria del Libro de La Habana, que estuvo dedicada a tres autores, se celebró en 1982 en el Museo Nacional de Bellas Artes y contó con una pequeña representación de editoriales latinoamericanas. Desde entonces se ha consolidado como el acontecimiento más trascendental del movimiento editorial cubano, cuya participación se incrementa cada año.

El discurso de apertura de la 27ª edición estuvo a cargo de Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro y

Acea; el ministro de Cultura, Abel Prieto Jiménez; el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y miembro del Consejo de Estado, Miguel Barnet Lanza, y el Director de la Oficina del Historiador de La Habana, Doctor Eusebio Leal Spengler, autor a quien se dedicó la edición de esta feria.

El país invitado de honor estuvo representado por Zhou Huilin, viceministro de la Administración Estatal de Prensa, Publicación, Radio, Cine y Televisión y viceministro de Administración Nacional de Derechos de Autor de China. Asistieron también a la ceremonia los invitados extranjeros Vilma Alanoca Mamani, ministra de Cultura y Turismo de Bolivia y Ernesto Villegas, ministro de Cultura de Venezuela, así como integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba y otros dirigentes, escritores, editores, gestores culturales y trabajadores del libro, cubanos y extranjeros.

Reivindicación del lector “Mientras en muchos lugares del mundo se ha perdido la esperanza de que los pueblos lean, en nuestro país se cree en el papel edificante de la lectura. Esta Feria es elocuente prueba de la importancia que el Estado confiere al libro, la lectura y a eventos como éste, en un contexto mundial donde cada vez se entroniza, del peor modo, esa seudo cultura global, que niega raíces nacionales y valores patrios”, dijo en la

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apertura Juan Rodríguez Cabrera.

Cabrera señaló además que una de las primeras prioridades de la Revolución fue la educación y el fomento de la cultura literaria y científica, materializada en una campaña de alfabetización que en 1961 proclamó a Cuba territorio libre de analfabetismo y luego tuvo expresión viva en múltiples programas educativos y por la lectura. “Aquellas batallas por el futuro de Cuba desempeñaron un decisivo papel en el desarrollo lector de nuestro pueblo, el que hoy exhibe un alto nivel cultural, capaz de asumir el reto de desarrollar un país que otrora fue una dependencia colonial, como todos nuestros hermanos de América”, señaló el funcionario.

En relación al país homenajeado dijo: “En China se originó el papel, la tinta y el primer sistema de impresión a base de piezas de porcelana. Hoy es uno de los mayores productores en esta industria a nivel mundial; ostenta asimismo un enorme desarrollo editorial, que promueve a grandes autores, nacionales o extranjeros, clásicos o contemporáneos”.

“Otro gran lector, nacido desde su constante deseo de superación en una cuna humilde, donde poseer un libro siempre fue un lujo, es el doctor Eusebio Leal Spengler, autor al que se dedica este año la Feria Internacional del Libro. Leal a la mejor expresión de la cultura cubana y sus tradiciones, nuestro querido Eusebio,

figura amada por el pueblo gracias a su poder comunicativo, entrega a las mejores causas de su Patria, y esa sapiencia sin límites que a todos alumbra, es un gran defensor del patrimonio nacional, incluso de ese patrimonio intangible, que guarda las ideas y los mejores sentimientos y sueños de los seres humanos. Ejemplo de intelectual revolucionario, él es una de las figuras cimeras de la cultura cubana y gran defensor del buen libro y su papel formador de un ser humano mejor”, saludó Cabrera a Spengler.

Durante la feria hubo presentaciones de obras en 22 subsedes y participaron 467 invitados (autores, artistas, editores, distribuidores y directivos de gremios y asociaciones) de 41 países. La nutrida asistencia de invitados nacionales y extranjeros confirmó que la Feria es uno de los eventos literario-culturales más importantes, no sólo por la masividad y el entusiasmo de su público, sino gracias a la calidad de sus programas y a la diversidad de propuestas que a ella concurren.

Lectura y tecnología Este año, la Feria también estuvo pensada para esos lectores del futuro que encuentran sus contenidos en tabletas, celulares y otros dispositivos electrónicos.

El proyecto Cubadigital pretende ser un espacio expositivo y comercial para estas producciones. Su mayor interés será

promover en el público el empleo de productos digitales y fomentar el hábito de lectura. “Gracias al enorme esfuerzo realizado por el Ministerio de Cultura, miles de libros podrán ser descargados de forma gratuita por los lectores, no solo en la capital, sino también a lo largo del país.

Será posible el acceso a las aplicaciones y demás soportes electrónicos, potenciando estudios de consumo digital a través de encuestas de demanda insatisfecha y valoración del producto, realizadas por el Observatorio Cubano del Libro”, dijo Juan Rodríguez Cabrera.

Para celebrar esta cita anual, esperada por el pueblo, unen esfuerzos el sistema editorial, la industria poligráfica nacional, instituciones culturales y académicas y organismos de la Administración Central de Estado. Entre todos, posibilitan que se presenten más de 600 títulos y dos millones de ejemplares en novedades, los que sumados a los inventarios existentes, garantizan una importante oferta de libros, que sobrepasan los cuatro mil títulos y los cuatro millones de ejemplares.

En la feria de 2017, cuando se celebraron los 50 años de la creación del Instituto Cubano del Libro, se evocó el papel fundador de Fidel Castro en el desarrollo del libro, en un conjunto de políticas integradas y de la lectura como motor impulsor del conocimiento, el saber, la recreación y la elevación del ser humano.

“Fidel fue un gran lector, un lector voraz, exigente, ávido del saber interdisciplinario, capaz de compartir con muchos sus conocimientos. Un lector que siempre se acompañaba del mejor amigo, ese que en sus páginas nos lleva a otros mundos, a conocer la Historia, el devenir humano de siglos y nos motiva a soñar. Un lector que antes que cualquier otra mochila, prefería llevar a su espalda la de sus libros del momento. Ese lector visionario soñó esta feria, la hizo todo lo grande que ahora es.

Por eso, Fidel está hoy y estará siempre con nosotros, en cada una de las acciones y momentos especiales de ésta y de todas las ferias que vendrán. Su obra revive en cada nueva edición, en su idea martiana de que se es más libre cuanto más se lee y de que al pueblo no se le dice ‘cree’, sino ‘lee’. Para ese pueblo que lee se hace esta feria del libro”, concluyó Cabrera.

Con informes de La Jiribilla

Marzo de 2018

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Ambiciosa propuesta del Combinado Argentino de Danza

Baile sin límites

Realizan intervenciones en teatros nacionales Talento multidisciplinario El Combinado Argentino de Danza está formado por bailarie internacionales, escuelas, cárceles, villas y tienen un amplio repertorio de video danza. nes, músicos, escenógrafos, video-artistas, un iluminador, un DJ

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l Combinado Argentino de Danza (CAD) nació en 2011 y es una compañía de danza independiente cuya característica principal es la mixtura de lenguajes técnicos y expresivos de danza. Artistas de hip hop, danza contemporánea y folklore, procedentes de diferentes formaciones y experiencias de vida, llevan adelante un proceso constante de formación, difusión y creación de acciones de danza dirigidas por la bailarina y coreógrafa Andrea Servera.

Video danza, creaciones de pequeño o gran formato, teatros, la calle, barrios humildes o sitios no convencionales, todos son espacios posibles para la intervención del CAD. Desde su nacimiento, han recorrido Argentina bailando y compartiendo su experiencia con cientos de jóvenes bailarines. Se han presentado en el Festival internacional de Buenos Aires, TED x Buenos Aires, Moca (Mercado de Industrias Culturales Argentinas), Micsur (Mercado de Industrias Culturales del Sur), estrenaron la obra Tu Casa en el Teatro General San Martín y Gurisito Cósmico en Tecnópolis. También han llevado su trabajo a España, Brasil y realizaron una residencia artística y presentaciones en las calles de Johannesburgo y Soweto, en Suráfrica.

Los videos hechos por el CAD han sido seleccionados en distintos festivales como el Festival Internacional de videodanza de Buenos Aires, Dança em foco (Brasil), Festival TransAmériques (Canadá), Festival “Futurs en Seine” (Francia), Festival Conexoes Latinas (Brasil), Festival Internacional de Videodanza de Uruguay, Idill (Bélgica), entre otros.

y un manager y productor. Bajo la dirección general de Andrea Servera, entre todos construyen un universo particular y energético, que transforma y se transforma constantemente. Además dictan talleres llamados “Una danza Posible”, a varias voces y sin límite de alumnos participantes, impulsando el deseo de bailar y la búsqueda de lo propio, siempre en relación con el otro.

Fruto de su trabajo en zonas marginales de Buenos Aires, en cárceles y en institutos de menores, Andrea Servera creó el CAD entendiendo a la danza como transformadora social. Desde hace meses que está trabajando en la provincia argentina de San Juan, convocada para sumarse a la Fiesta del Sol, que este año rinde homenaje a la Difunta Correa (leyenda popular sanjuanina).

Su pasión por lo comunitario nació cuando la convocaron de la Fundación “Crear vale la pena” para armar un grupo de hip hop en la villa La Cava de San Isidro (conurbano de Buenos Aires). Allí se dio cuenta que necesitaba vincularse con un espacio social que movilizara o cambiara algo en la gente. Por eso cree en los proyectos que se generan en las cárceles, en las escuelas, en las calles y en los barrios.

Una de las características principales del CAD es la diversidad de disciplinas y de estilos. En la obra Tu casa, ritual de deseo primitivo, que hicieron en el Teatro San Martín, en el ciclo “Rituales de Pasaje”, que se lleva a cabo cada año en el hall del teatro, uno de los bailarines llegó de viaje poco tiempo antes y pudo participar igual gracias al entrenamiento de la improvisación.

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En todo lugar Otro de los ejes es la diversidad en el público y los lugares de presentación: pueden mostrar lo que hacen en el clásico teatro San Martín, pero también en la villa 21-24 del barrio porteño de Barracas o los Piletones, así como en cárceles, centros culturales, geriátricos o escuelas. De esta manera también crecen como artistas: no buscar siempre las mejores condiciones escénicas les da herramientas nuevas y genera interacción con el público, ya que en algunos lugares la gente se pone a bailar compartiendo el mismo espacio, el placer de moverse, de bailar y entender que el ser humano es creativo por naturaleza.

En 2014 participaron en el homenaje en la sala Astor Piazzolla del Teatro Argentino para la Asociación Madres de Plaza de Mayo y también estrenaron la obra Gurisito Cósmico en Tecnópolis, siempre con entrada libre y gratuita. Diez miembros del equipo trabajaron con la Forgotten Angle Theatre Collaborative, un colectivo surafricano que funciona bajo la dirección del coreógrafo Peter John Sabbagha y que ofrece programas de residencias a jóvenes artistas.

“Cuando decidí que me dedicaría a ser bailarina contemporánea, tomé clases con Ana Kamien y luego entré al Taller del Teatro General San Martín. Recibí becas y subsidios de la Fundación Antorchas, Prodanza y el Instituto Nacional de Tea-

tro”, contó Andrea Servera. En el marco de la fundación “Crear vale la pena”, con jóvenes artistas en situación de pobreza, dirigió “Interior americano”, obra estrenada en el Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) y presentada en festivales internacionales de Alemania y Austria. También fue docente de danza del programa de la Universidad de Buenos Aires en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Allí filmó un videodanza documental,

titulado Ezeiza y programado en festivales nacionales e internacionales (Inglaterra, Uruguay, Chile, y Nueva York y Filadelfia en Estados Unido). Fue codirectora del quinto, sexto y séptimo Festival de Danza de Buenos Aires y realiza la programación de danza del Festival “Ciudad Emergente”, que pone el foco en bailarines callejeros y sus performances.

En 2015, el Combinado Argentino de Danza fue seleccionado por el programa Southern Exposure de la Mic Atlantic Fundation y Servera realizó una gira por Estados Unidos, dictando clases en universidades y escuelas de arte y realizando funciones en teatros de Miami, Nueva York y Seatle. Además, representó a Argentina en el Micsur en la ciudad de Bogotá y participó en proyectos y experiencias que vinculan al arte con la política y la información en Buenos Aires.

Durante 2016, Servera dirigió un proyecto junto al CAD de formación y difusión de sus conceptos de danza y creación en villas de la ciudad de Buenos Aires y en pueblos pequeños del interior del país.

Además, llevó adelante el proyecto Recreo, para la realización de intervenciones de danza en los patios de las escuelas públicas. En sus palabras: “Nuestra propuesta docente es ver al otro, crear desde lo propio, pero también desde lo ajeno; desarmar la idea de lenguajes de alta o baja cultura”.

50 · Análisis de la noticia

Marzo de 2018

Abril con definiciones Por Luis Bilbao n uno u otro sentido, abril traerá definiciones trascendentales para el futuro de América Latina.

Tal vez al vetar la presencia de Venezuela los gobiernos de Argentina, Colombia y México completen la saludable tarea de demolición definitiva de ese esperpento anacrónico denominado “Cumbre de las Américas”. Quizá antes en Paraguay se haya firmado el acuerdo Mercosur-UE. Y poco después el Partido Colorado sea otra vez derrotado en las presidenciales el 22. Ese mismo día con certeza Nicolás Maduro ganará las elecciones en Venezuela, aunque quedará pendiente la devastadora crisis económica que, guerra imperial mediante, asuela a aquel país. Para entonces se sabrá también si Mauricio Macri quiebra la resistencia de un sector de la cúpula sindical, tan burocrático y corrupto como los demás, pero por pragmatismo puro hoy enfrentado con el gobierno. Estará a la vista también si la inmanejable crisis estructural de la economía argentina da aliento a la resistencia social y socava la gobernabilidad del heterogéneo elenco macrista, aunque lo previsible es que, sin pausa en el agravamiento del deterioro económico y la penuria social, se afirme el frente único burgués que sostiene al gobierno de Cambiemos. Ese inorgánico pero muy efectivo frente único del capital y sus sirvientes incluye a las cúpulas sindicales no alcanzadas por la errática mano del poder judicial, lo cual garantizaría a corto plazo la estabilidad del régimen presidido por Macri (ver pág. 20).

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“De cumbre en cumbre, de abismo en abismo” Fue la expresión de Hugo Chávez para describir el derrotero invertido de gobernantes y pueblos. Para ahogar de manera supuestamente definitiva a la Revolución Bolivariana Washington ordenó la creación del Grupo de Lima. En su ignominiosa conducta para calumniar la búsqueda de la transición al socialismo encaminada por Chávez, los presidentes de los países integrantes de ese grupo de la vergüenza llegaron al extremo de condenar la elección presidencial en Venezuela antes de que tenga lugar e impedir, violando toda ley y cualquier principio, la presencia de Maduro en la pseudocumbre del 13 y 14 de abril en Lima.

Maduro aseguró que asistiría de cualquier modo y fue más allá: “hablemos de Venezuela, América del Sur y América Latina. Le digo al presidente Macri: no me tenga miedo, convoque como presidente de Unasur a una cumbre y nos vemos las caras”.

Ciudadanos argentinos con sentido de la decencia y el honor sufriremos una intolerable afrenta más si quien ostenta el cargo de presidente no levanta el guante. Afrenta que, como de manera palmaria muestra la historia, será cobrada en su máximo precio cuando llegue la hora. Otros gobiernos latinoamericanos que incurran en la complicidad o el oportunismo sufrirán parejas consecuencias. Es hora de definiciones definitivas, aunque no todo ocurra en abril.

Revolución y contrarrevolución Quienes fingen que el sistema capitalista mundial sobre el que reposa Estados Unidos está sanando sus heridas de 2008, pueden creer y hacer creer a millones que esta política de rodear y ahogar a Venezuela tiene futuro compatible con la democracia, el desarrollo y bienestar en el resto del continente.

No es el caso de quienes tienen conciencia de la continuidad de la crisis, en marcha inexorable hacia la depresión. Ellos saben que las actitudes antidemocráticas, apoyadas exclusivamente en la violencia, del Grupo de Lima, no se limitarán al choque con la Revolución Bolivariana. De manera obligada se traducirán en idénticas conductas frente a los trabajadores y los pueblos de cada país. El fascismo amenaza a América Latina si no sabe enfrentar con inteligencia y coraje la coyuntura que tiene ante los ojos.

Como sea, el panorama a mediano plazo muestra a Macri como hijo putativo de la Casa Blanca enfrentando en el hemisferio a Maduro, él mismo asumido como hijo legítimo del comandante fallecido, junto a una mayoría probada de venezolanos que repite ante las amenazas: “Yo soy Chávez”.

Si estos dos polos se afirman, uno apoyado en el patético Grupo de Lima (no hay allí un solo presidente con aval popular, con relativa excepción de Macri) y el otro en el Alba, la gran batalla estratégica se librará con Caracas y Buenos Aires como polos, con el detalle de que, puesta en marcha una línea de acción hemisférica capaz de ganar la conciencia y el corazón de cientos de millones de seres humanos acosados por la demoledora crisis capitalista, en la Casa Rosada no habría sino un mínimo de apoyo, basado en la oligarquía tradicional, los advenedizos que buscan una porción del pastel y una porción de las clases medias altas dispuestas a todo para mantener la medianía de sus privilegios.

La condición está, como siempre, en la capacidad de dar una respuesta eficiente ante el colapso del sistema global, que una vez más trata de salvarse expoliando sin medida a las economías subordinadas y llevando la guerra a todas partes.

Incluida América Latina. Porque si la agresión contra Venezuela culmina finalmente en una intervención militar mercenaria pagada por Estados Unidos y asistida por el Grupo de Lima, iniciaría una guerra de 100 años que no sólo arrasaría al hemisferio al Sur del Río Bravo, También impactaría en el Norte: el equilibrio social y político de Estados Unidos tambalea y el poder establecido está dividido entre quienes sostienen al funambulesco Donald Trump y quienes abogan por un pronto golpe de mano para que la demencia imperial recupere su apariencia de cordura.

19 de febrero de 2018 @BilbaoL

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