EDITORIAL

MODELO EXITOSO

Por: Juan Martín Caicedo Ferrer*

Concesiones: una política de Estado

Las cifras son elocuentes: a poco menos de un año de terminar el periodo del presidente Iván Duque, las concesiones viales de cuarta generación muestran hoy en su totalidad un avance de ejecución superior al 60%. Al finalizar esta administración ese indicador llegará al 80%. Lograr tales índices de cumplimento no fue producto del azar: fue el resultado de los esfuerzos desplegados también por el actual gobierno en procura de superar ciertos obstáculos que venían dificultando el desarrollo de algunos proyectos contenidos dentro de las 4G, particularmente en las concesiones Cesar-Guajira y Buga Buenaventura.

Para tal propósito, el de franquear los escollos, en las primeras de cambio de este gobierno, la ANI también creó un espacio que funcionó como una suerte de cuarto de crisis. Los proyectos siguieron avanzando, por lo demás, gracias a la dinámica propia de los contratos y la financiación obtenida por los concesionarios.

La estrategia permitió que, a la fecha, 27 de los 29 proyectos que conforman las 4G estén ejecutándose a carta cabal. A estas alturas, el programa además ha demandado inversiones cercanas a los $29 billones y gracias a él, en la actualidad se mantienen 70.000 empleos directos en el país. De hecho, tres iniciativas ya culminaron sus actividades constructivas, iniciaron la fase de operación y mantenimiento; y se espera llevar -a agosto de 2022- otras 18 vías a ese mismo estado.

En síntesis, en este conjunto de obras que avanza a buen vapor -y dentro de las cuales el país abriga la ilusión de ver pronto el vigoroso despegue de las 5G- se ve reflejada una política de Estado que trasciende periodos y ciclos políticos.

Difícil pasar por alto, de otra parte, el paso histórico que dio el actual gobierno, al ponerse de acuerdo con los concesionarios viales y aeroportuarios, para resolver a través de acuerdos directos entre ellos y la entidad concedente, vale decir la ANI, el impacto de la pandemia en el avance de las concesiones. En pocas palabras, con los acuerdos las obras pudieron avanzar correctamente y le evitaron al país un semillero de pleitos y tribunales.

En este ejercicio participaron la Procuraduría, la Contraloría y la Agencia de Defensa Jurídica, entidades que fortalecieron los argumentos legales de los mencionados acuerdos.

La mediación demostró, frente a una circunstancia de proporciones inimaginables como la pandemia, que la respuesta no está en la expedición de nuevas leyes, ni tampoco en la imperiosa necesidad de acudir a tribunales para encontrar una solución. Por el contrario, es a través de la autonomía de la voluntad, en donde se puede hallar la salida más eficiente, práctica, beneficiosa y menos costosa.

El horizonte luce alentador. Es cierto: por delante hay retos que aún persisten, sin embargo, las acciones desplegadas demuestran la importancia de estas obras para los ciudadanos y la necesidad de garantizar su ejecución en beneficio de los intereses del Estado.

*Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

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