EDITORIAL

INFRAESTRUCTURA: Es la inseguridad jurídica, estúpido

Por: Juan Martín Caicedo Ferrer*

No son pocas las preocupaciones que, amenazantes, se asoman por estos días sobre el sector. Se trata de un cúmulo de decisiones y posturas políticas que, en términos pragmáticos, están sembrando un enrarecido ambiente de inseguridad jurídica. Pero ¿cuáles son exactamente esas preocupaciones y qué tan funestas podrían ser sus consecuencias?

La respuesta bien podría resumirse en tres enunciados: las sistemáticas críticas al modelo de concesiones y al instrumento de los peajes, la construcción hermética, casi en secreto, de documentos de política pública y, por último, la proliferación de medio centenar de normas que afectan el principio de selección objetiva en la contratación pública.

Vamos por partes. El primer asunto, el de los ataques virulentos a las concesiones del país, se ha convertido en caballo de batalla de ciertas tendencias políticas que, en un año de coqueteos electorales como este, pretenden alimentar una animadversión, populista y desinformada, en contra del modelo concesionado. Olvidan los críticos, sin embargo, que de no ser por la inversión privada en la construcción de infraestructura, el país habría tenido que tramitar varias reformas tributarias para asumir los costos que se han desprendido de la ejecución de nuevas carreteas. ¿Será justo y conveniente, en esta precisa coyuntura, aumentar impuestos para mantener y operar las carreteas?

Pues bien, a estas críticas al modelo de concesiones, carentes de sustento técnico, se suma otra preocupación de grueso calibre. Tiene que ver con la confección de documentos de política pública que, por estos días, se discuten a puerta cerrada, con total hermetismo, sin permitir al sector privado -principal ejecutor de los proyectos de De cara a tan inquietante panorama, la invitación es a abrir las puertas del debate e incluir a todos los actores que hacen parte de este sector.

Finalmente, aparece un asunto que desvela a quienes se mueven en el renglón de la infraestructura. La preocupación está relacionada con medio centenar de proyectos de ley que hacen tránsito en el Congreso de la República y que también impactan de frente al sector. Son iniciativas legislativas que pretenden, buena parte de ellas, utilizar la contratación estatal para favorecer a contratistas que demuestren tener vinculados en sus nóminas a diferentes grupos poblacionales (afros, raizales, indígenas, ancianos, etc). Lo anterior en desmedro de las necesarias condiciones de experiencia, idoneidad y capacidad que deben tener los oferentes del Estado.

Dichas iniciativas, en principio loables, causan a la postre un enorme impacto negativo en la sostenibilidad de las pymes, por cuanto estas se ven obligadas a aumentar sus costos fijos de nómina para poder acceder a la contratación estatal, a pesar de no requerir, para el desarrollo de su objeto social, a las personas señaladas en los proyectos de ley.

Más preocupante aún, es el hecho de que muy seguramente los empleadores tendrán que terminar los contratos de trabajo de profesionales, técnicos y operarios con varios años de vinculación, para poder contratar individuos de los grupos poblacionales exigidos en las iniciativas legislativas, causándose mayor desempleo en el país.

Así las cosas, el gobierno podría revisar la posibilidad, por una parte, de generar incentivos tributarios a aquellas firmas que vinculen a la población arriba mencionada, dentro de sus plantas laborales; y, por otra parte, podría facilitar el acceso a créditos con entidades financieras públicas a las pymes que demuestren haber incorporado, de manera voluntaria, a estas personas.