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SOSTENIBILIDAD
Por: José Luis Acero, viceministro
de Agua y Saneamiento Básico.
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INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
para territorios sostenibles
En una columna anteriormente publicada en esta revista (titulada: “El agua: motor de reactivación post-pandemia”) me referí a las inversiones que realizará el gobierno nacional por el orden de $1,7 billones del capítulo de agua y saneamiento básico del ‘Compromiso por Colombia’, y cómo estas obras de infraestructura serán un motor de reactivación económica y social que, a su vez, nos permitiría dar pasos en el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible de universalizar el acceso al agua y saneamiento en 2030. En esta ocasión, profundizaré en otro de los ODS que debe unirnos como sector infraestructura y como país: consolidar comunidades y ciudades sostenibles.
Según estimaciones de la ONU, en la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. La proyección es que, en 2050, la cifra aumente a 6.500 millones de personas, es decir dos tercios de la humanidad. Si no asumimos el desarrollo sostenible como una obligación, las consecuencias serán catastróficas.
El fenómeno de la transición demográfica de zonas rurales a urbanas también ha sido
AL 2050 SE ESTIMA QUE 6.500
MILLONES DE PERSONAS VIVIRÁN EN ZONAS URBANAS, ES DECIR, DOS TERCIOS DE LA HUMANIDAD.
una constante en Colomba. Para ponerlo en perspectiva, en 1950 tan solo seis ciudades del país contaban con más de 100.000 habitantes y en 2017 la cifra aumentó a 65 ciudades. Adicionalmente, cuatro de cada cinco colombianos viven actualmente en una ciudad.
Este crecimiento de poblaciones urbanas ha generado una fuerte tendencia hacia el aumento en las tasas de expansión de ciudades intermedias que suelen caracterizarse por tener costos de vida más económicos tanto en oferta de suelo como en costos de obra.
La densificación de zonas urbanas conlleva tres grandes consecuencias: crecimiento poblacional, crecimiento económico y expansión física. La existencia de estas tres consecuencias nos obliga a pensar en una política menos reactiva y, por el contrario, hacer un juicioso ejercicio
EN
1950
de planeación del crecimiento urbano ordenado de la ciudad presente y la planificación eficiente de la ciudad futura.
Hay que decirlo con claridad: la expansión urbana tiene que responder a un proceso ordenado de desarrollo. No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. Esto significa que debe haber una efectiva articulación de los distintos niveles de gobierno, los actores vinculados al gremio de la infraestructura y, por supuesto, las comunidades, bajo los pilares de la gerencia y la planeación urbana.
Para bien, debo decir que cada vez hay un mayor esfuerzo por integrar los conceptos de gestión y desarrollo urbano desde la administración pública e, incluso, desde la academia. Esto, en gran medida, se debe a que el acelerado ritmo de urbanización genera presiones para suplir necesidades ciudadanas como lo son el suelo y la vivienda accesible, los espacios públicos de calidad, la adecuada infraestructura de transporte y, especialmente, la provisión de servicios públicos.
Precisamente, en cuanto a la provisión de servicios públicos se refiere, el agua y el saneamiento básico tienen un papel protagónico. De hecho, es uno de los ODS más relevantes porque su cumplimiento incide de manera directa en otros objetivos como la superación de la pobreza, la salud y el bienestar, la acción por el clima y, para nuestro caso de discusión, las ciudades y comunidades sostenibles.
Como ya se puede ver en el capítulo de agua del Compromiso por Colombia, hay una visión clara sobre la necesidad de la infraestructura en materia de agua y saneamiento básico en el mediano y largo plazo. Esto implica desarrollar una visión estratégica en cuanto a la habilitación de equipamientos sociales y para ello serán fundamentales los Planes Departamentales de Agua: una instancia que logrará la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. Todo esto, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos.
Indudablemente, el crecimiento demográfico conlleva el desarrollo de infraestructura que debe ser planeada y ejecutada con criterios técnicos y de sostenibilidad ambiental, social y financiera. Es decir que para lograr la meta de consolidar territorios sostenibles en 2030 se necesita una infraestructura sostenible que, además, cree las condiciones para que la expansión urbana responda a lineamientos de desarrollo que garanticen el balance entre seguridad hídrica y el aprovechamiento del suelo.
Este debe ser un llamado a la acción directa a los alcaldes municipales para que utilicen todos los instrumentos de planificación territorial y trabajen de la mano con instituciones como las Corporaciones Autónomas Regionales, el Departamento Nacional de Planeación, la academia, la comunidad y el sector privado; y, de esta manera, estructurar planes de ordenamiento territorial técnicos, rigurosos, que respondan no solo a los problemas coyunturales, sino que tengan una visión de mediano y largo plazo. No se trata solamente de un simple formalismo constitucional: la ordenación del territorio atendiendo sus particularidades y su proyección es un imperativo para que en el futuro cercano no tengamos territorios colapsados, caóticos y sin las necesidades de sus ciudadanos satisfechas.
