ECÓNOMICO

FUENTES DE FINANCIACIÓN: ¿NUEVAS ALTERNATIVAS?

Es imperativo buscar recursos frescos, principalmente para terminar los proyectos 4G e iniciar el nuevo programa de concesiones 5G.

Por: Daniel Vergel, coordinador de Asuntos Económicos de la CCI.

En años recientes, el país ha avanzado de manera importante hacia el mejoramiento de su infraestructura, definida como aquella que aporta directamente a la dinamización de la economía mediante la provisión de servicios que a su vez repercuten sobre la productividad y competitividad local, regional y nacional. En dicha categoría se encuentran la infraestructura de transporte, la energética y la de servicios públicos.

Este mejoramiento ha sido evidente en los resultados obtenidos en el Índice Global de Competitividad de 2019. Según el reporte preparado por el Foro Económico Mundial, Colombia se convirtió en el cuarto país más competitivo de América LaSEGÚN EL REPORTE PREPARADO POR EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL, EN EL ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD DE 2019, COLOMBIA SE CONVIRTIÓ EN EL CUARTO PAÍS MÁS COMPETITIVO DE AMÉRICA LATINA DESPUÉS DE CHILE, MÉXICO Y URUGUAY.

tina después de Chile, México y Uruguay. En materia de infraestructura vial, el puntaje de Colombia dentro del componente de conectividad vial en 2019 creció un 36,5% respecto a 2018. Este es el reflejo de la consolidación de una serie de iniciativas que en los últimos años han buscado conectar al país y reducir la brecha de inversión que se había acumulado gradualmente desde décadas anteriores.

A pesar de los logros en la consecución de recursos financieros hacia los proyectos 4G, dentro del que se destacan 19 proyectos con cierre financiero definitivo y tres más con crédito puente, vale la pena reconocer que todavía hay un grupo de proyectos que no cuentan con financiación definitiva, con un saldo de $15,5 billones faltantes según ANIF 1 . Asimismo, el programa 4G debe complementarse para consolidar los denominados Corredores de Comercio Exterior (CCEs), garantizando la movilidad de mercancías desde los grandes centros económicos hacia los puertos.

En este particular, se han identificado al menos 30 proyectos clave entre los que se encuentran los tramos de Buga-Buenaventura, Villeta-Guaduas y Bogotá–Villavicencio.

AL MENOS

30 PROYECTOS

clave se han identificado como indispensable para su terminación. Entre ellos se encuentran los tramos de Buga-Buenaventura, Villeta-Guaduas y Bogotá–Villavicencio.

Importante señalar que en el momento en el que se realizó el estudio por parte de Anif, el programa 4G contaba con 17 proyectos con cierre financiero. En el 2020, la Concesión Vías del Nus, la Concesionaria Autovía Neiva - Girardot y la concesión Cúcuta - Pamplona, a cargo de Sacyr, lograron sus respectivos contratos de crédito por $595 mil millones, $693 mil millones y U$525 millones, respectivamente. Adicionalmente, en julio pasado, el proyecto Cambao - Manizales consiguió un crédito puente por $230 mil millones. Completar dichos corredores requeriría de inversiones cercanas a los $14,9 billones (1,5% del PIB) durante el próximo quinquenio. Así, el cuadro completo presenta la necesidad de contar con al menos $30 billones para financiar los proyectos 4G faltantes y completar los CCEs.

Un elemento importante para incluir en esta reflexión es el impacto económico de contar con la infraestructura mencionada. Las 4G (propiamente dichas) explicarían cerca de un 0,3% anual de la aceleración en el crecimiento económico, según Anif (2016) y los corredores de comercio exterior un 0,1% adicional. Además, se tiene estimado que durante la etapa de construcción de todo el programa se generarían cerca de 1,4 millones de empleos. Teniendo en cuenta el impacto de estas inversiones en la economía del país, urge buscar nuevas fuentes de recursos para hacerlas realidad. Una primera opción es involucrar aún más a la banca local en el financiamiento de los nuevos proyectos. En este escenario, la banca podría estar fondeando alrededor de $9 a $10 billones del programa de infraestructura 4G +

CCEs - de los $30 billones necesarios para fondear lo requerido. Esto la dejaría con una participación del 30%, muy similar a su participación actual en el programa 4G.

No obstante, según Anif esta opción tiene implicaciones relacionadas con la exposición de la cartera de la banca local al sector infraestructura en un rango del 10-14%, muy cerca del tope de 15% recomendado internacionalmente, afectando las métricas de solvencia del sector.

Nuevos jugadores

Lo anterior permite dilucidar un panorama donde la banca local no puede ser el único jugador sentado en la mesa, lo cual sugiere buscar nuevos mecanismos para involucrar agentes financiadores o el uso de otros instrumentos para financiación de proyectos. Dentro de las propuestas de Anif (2019), se destacan algunas herramientas financieras que permitirían el reciclaje de la cartera bancaria como los Collaterized Infraestructure Debt Obligations, los miniperms, los fondos de inversión (incluidos fondos de deuda y eventuales variantes de FICIS de infraestructura) y los fondos estatales de infraestructura no estrictamente privados.

La necesidad de complementar con una mayor inversión de parte del sector público como la que podría resultar de la enajenación de activos. En particular, se ha venido discutiendo la posibilidad de enajenar un 8,5% adicional de Ecopetrol (Ley 1118 de 2006), reduciendo su propiedad pública al 80%. También, se ha puesto en la discusión la posibilidad de salir de algunas participaciones estatales en empresas donde la participación pública es minoritaria (inferior a 49%) y de activos en el sector energético (electrificadoras regionales). Esta propuesta cobra mayor relevancia, tras la prioridad del Gobierno nacional de enajenar activos del Estado en 2021 por $12 billones. No obstante, la dificultad yace en que ninguna operación de manera individual lograría reunir los montos necesarios ya mencionados, lo cual implica que para que este camino sea viable, las operaciones de enajenación deben hacerse de manera conjunta.

Así las cosas, la clave parece estar en el uso conjunto de todos los instrumentos mencionados anteriormente, combinando el uso innovador de instrumentos financieros no tradicionales en conjunto con vehículos de inversión atractivos, para así poder atraer jugadores no tradicionales a la conversación de la infraestructura en Colombia, además de conseguir una mayor porción de recursos públicos.

PROYECTOS

Financiación del programa 5G Recientemente Fedesarrollo realizó de forma conjunta con la CCI, un estu5G dio para validar el impacto económico del programa 5G, el cual se traduce en un aporte de hasta 1,5 puntos porcentuales al PIB anual nacional, durante la etapa de construcción. Situación que cobra mayor relevancia en el contexto de la crisis económica generada en el país por causa del Covid-19.

En dicho documento se menciona la importancia de identificar fuentes alternativas e innovadoras que permitan cerrar la brecha en materia de financiación de proyectos, como lo señala la Comisión de Expertos de Infraestructura. Dentro de las principales recomendaciones se encuentran: 1) viabilizar algunas fuentes de pago alternativas, como enajenación de activos del Estado o el uso de los recursos del valor residual de los activos en infraestructura; 2) promover la colaboración entre el Gobierno nacional y los territorios, para implementar instrumentos de captura de valor del suelo, (plusvalías y la contribución nacional de valorización); 3) agregar fuentes de pago de diferentes niveles de gobierno y del sector privado a través de la creación de un mecanismo institucional; y 4) evaluar los beneficios de las diferentes fuentes y mecanismos a través de planes piloto.

De igual forma, dicho Comité también destaca la experiencia obtenida con los proyectos 4G, y propone hacer los siguientes ajustes en la ejecución de las concesiones de APP para mejorar acceso a recursos: actualizar los lineamientos de política de riesgos; activar los plazos de las fases de ejecución de los proyectos por unidades funcionales; ampliar la base de financiadores disponibles y mecanismos a través de inversionistas institucionales como fondos de pensiones y aseguradoras, así como implementar mecanismos de cobertura cambiaria; además de la profundización del mercado de capitales, como también lo propone Anif. Financiación a nivel regional

Las bondades de los ambiciosos programas nacionales se disiparán progresivamente, si dentro de los centros económicos no se ponen a andar proyectos que le apunten a mejorar las condiciones en materia de accesos urbanos, y si en los municipios medianos y pequeños no se implementan proyectos de conectividad a través de vías secundarias y terciarias que les permitan aprovechar los beneficios de la red de concesiones. En un escenario donde las necesidades de inversión, la responsabilidad fiscal y la priorización de proyectos urbanos parecen ir en direcciones opuestas, urge que los gobiernos locales utilicen intensivamente, instrumentos y estrategias que les permitan implementar proyectos de alto impacto al tiempo que su capacidad para fondear otros proyectos a futuro no se vea coartada. Para las ciudades, una de las herramientas de mayor proyección son los distintos mecanismos de captura de valor. Estos mecanismos se centran en la posibilidad que tienen los gobiernos municipales de obtener beneficios por la valorización de propiedades o por la modificación de normas de uso de suelo fruto de la implementación de un proyecto de infraestructura. Aquí se encuentran los cobros de valorización, la venta de derechos de construcción y arrendamiento de suelo para explotación privada. Dichos cobros, de ser diseñados de manera eficaz e inteligente, puedan llegar a consolidarse como fuentes permanentes de recursos, replicando experiencias exitosas de Hong Kong, París y New York.

LAS BONDADES DE LOS AMBICIOSOS PROGRAMAS NACIONALES SE DISIPARÁN PROGRESIVAMENTE, SI DENTRO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS NO SE PONEN A ANDAR PROYECTOS QUE LE APUNTEN A MEJORAR LAS CONDICIONES EN MATERIA DE ACCESOS URBANOS.

Otro de los beneficios del mecanismo es que permite a las administraciones locales moldear el crecimiento de la ciudad de manera ordenada al guiar los incentivos a la construcción tanto de obras civiles como de edificaciones. Vale la pena aclarar que en principio estos instrumentos se usan como mecanismo de pago por parte del gobierno por la infraestructura construida, no como instrumentos de financiación.

No es posible dejar por fuera de la discusión de fuentes de infraestructura regional, los recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Actualmente, la apropiación disponible para

$6,8 BILLONES DE PESOS

disponibles del Sistema General de Regalías, y que son parte del acuerdo entre Nación y entes territoriales para intervenir vías secundarias y terciarias. financiar proyectos durante la vigencia 2020 es de $6,8 billones según el reporte del Sistema General de Regalías del DNP, los cuales, según a la propuesta de la CCI, podrían ejecutarse para intervenir vías secundarias y terciaras a través de un acuerdo entre a Nación y entes territoriales. Ahora bien, el reto yace en ejecutar dichos recursos de la manera más eficiente posible con el antecedente de que en el periodo 2017-2018 más del 50% del presupuesto de inversión disponible no fue ejecutado. Así, urge al Gobierno nacional buscar mecanismos que potencien las capacidades técnicas de los equipos en las regiones con el objetivo de no repetir la historia reciente.

Para concluir, es importante señalar la creciente necesidad de invertir en infraestructura por su impacto económico para el país. Únicamente los proyectos 4G aportarían 0,3% a la economía en el periodo 2019-2024, y el programa 5G un promedio anual de 0,83% anual por los próximos 10 años. Cifras que por la coyuntura cobran gran relevancia.

Desde otra perspectiva, proyectos de esta índole aportan una gran cantidad de empleos directos e indirectos a la economía, algo no menor en una coyuntura como la actual, donde la tasa de desempleo fue de 19,8% para junio de 2020. A esto se le suma, todo el encadenamiento productivo de diversa índole (materias primas, mano de obra calificada vía estudios y diseños, maquinaria, importación de insumos, etc.) que conlleva una inversión de tal magnitud. Todo esto, para poner en evidencia el valor integral de la infraestructura y el potencial que tienen para generar efectos multiplicadores en la economía, como bienestar a la población en general.

0,83%

SERÍA EL PROMEDIO

de crecimiento adicional al PIB que aportaría el desarrollo de las 5G en la próxima década.