Centro de Investigación Aplicada •23 de Mayo de 2014 • No. 3
Descentralización en el Perú: ¿Debemos volver al pasado? Henry Colonia Barrenechea Universidad Nacional de Ingeniería hcoloniaba@uni.pe ecientemente se han agudizado los cuestionamientos a los gobiernos regionales a raíz de una serie de denuncias relacionadas con malos manejos de los fondos públicos, así como la comisión de otros ilícitos penales. Se resaltan, por la gravedad de los hechos suscitados en ellos, los casos de Cajamarca, Ancash, Cusco y Tumbes. Algunas autoridades del gobierno central, congresistas y periodistas han aprovechado el contexto para proponer un re-centralización de las funciones y los recursos. La pregunta que surge al respecto es si esa sería medida apropiada o, por el contrario, solo implicaría una mayor concentración del poder en el gobierno central que derivaría en mayor corrupción.
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I.
Los antecedentes
El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República, pero también decidió eliminar las asambleas regionales que fueron establecidas al amparo de la Constitución de 1979, aprovechando el descrédito de las mismas1 . Las funciones de estos órganos de gobierno fueron reabsorbidas por el gobierno central. Esa política de centralización fue reforzada en 1996, tras la derrota del partido de Fujimori en las elecciones municipales. Fue entonces cuando se decidió transferir 3,554 millones de soles al Ministerio de la Presidencia provenientes de los gobiernos subnacionales,
estas transferencias se fueron incrementando con el pasar de los años, reduciendo la disponibilidad de recursos para muchos municipios en los que gobernaban partidos opositores al gobierno2 . El resultado de esta política se tradujo en una gran concentración del poder en el gobierno central, en paralelo con la utilización de fondos públicos con el objetivo de perpetuar en el poder a Alberto Fujimori. También derivó en una relación de fuerte dependencia y corrupción, pues los alcaldes tenían que viajar a Lima para conseguir recursos para sus obras y ello dependía de la ”generosidad” del gobierno; para ello debían apoyar políticamente a Fujimori o , simplemente, sobornar al funcionario de quien dependía la decisión. En respuesta a dicho contexto, surgió una fuerte corriente que promovía la descentralización. Estas corrientes fueron recogidas por el gobierno de Alejandro Toledo y se convocaron a elecciones regionales en el 2002, tras la aprobación de la Ley de Bases (Ley No 27783).
II.
Los gobiernos regionales en la actualidad
Tras casi doce años de la instalación de los gobiernos regionales, un breve balance nos muestra resultados mixtos. Por un lado, la
1 ” [...] Frondosas burocracias, hambrientas de poder y de recursos fiscales, se han instalado en la mayoría de los gobiernos regionales y están reproduciendo todos los vicios y taras del viejo centralismo limeño. [...] en vez de privilegiar el gasto en obras necesarias, dan prioridad al dispendio y al gasto improductivo [...] ”. Alberto Fujimori (Mensaje a la Nación del 5 de Abril de 1992). 2 Archivo de la Revista Caretas- Número 1389
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experiencia ha mostrado gestiones con buenos resultados, entre ellos destaca César Villanueva (San Martín) quien ha liderado exitosas políticas de sustitución de cultivos y ha sido capaz de alcanzar altos niveles de ejecución presupuestal, expandiendo la infraestructura en su región. Este hecho contrasta con otras administraciones que han sido salpicadas por denuncias de peculado, malversación de fondos y abuso de poder. Sin embargo, uno de los mayores cuestionamientos están en relación a la «eficiencia»de los gobiernos regionales; la prensa nacional ha acusado constantemente de no cumplir con las obligaciones, ejecutando un monto menor al presupuestado debido a la incapacidad para formular proyectos de inversión. ¿Pero acaso el gobierno central tiene un mejor desempeño? Nivel de Ejecución Presupuestal (Presupuesto de inversiones) 2012 2013 2014 Gobiernos 77.0% 78.6% 33.0% Regionales Gobierno 75.6% 79.9% 15.9% Central Información al 21 de Mayo del 2014 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: CIA-FIEECS
Este cuadro nos muestra que el gobierno central ha mostrado los mismos (o menores) niveles de ejecución presupuestal en los últimos tres años que los alcanzados por los gobiernos regionales. Lo cual es una evidencia que una re-centralización de fondos no implicaría una mejora significativa en los avances de inversiones públicas.
III.
A manera de conclusión
Como ya se ha visto en la década de los 90s, la concentración de poderes en el gobierno
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central es un estímulo aún más fuerte para la corrupción que el que existe actualmente. Por otra parte, es de justicia que la misma población de las regiones elija a sus propios gobernantes y así puedan influir de manera más directa en las decisiones de política pública. En mi opinión personal, el actual proceso de descentralización requiere de una revisión, de la reformulación de algunos de sus alcances y de la aplicación de medidas correctivas. No obstante, una re-centralización de recursos y funciones sería nociva para la democracia del país y no traería mejores resultados que los que ya tenemos. Al contrario, el gobierno central podría acrecentar su ineficiencia con mayores recursos y se agudizarían los conflictos sociales ante la creciente insatisfacción de la población que vive fuera de Lima. En cambio, el camino que debe seguir el Estado es acompañar firmemente el proceso de transferencia de recursos con la desconcentración de algunas de las oficinas de entidades claves como la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, además debe propiciar la transferencia de capacidades mediante el desplazamiento fuera de Lima de determinado personal con altas calificaciones para que lleven a cabo efectivas labores de supervisión, control y asesoramiento a los gobiernos regionales. De este modo se podría enfrentar oportunamente la corrupción local y traería consigo un manejo más adecuado del dinero de todos los peruanos. Además el gobierno central debe asumir un rol de liderazgo para articular las políticas de desarrollo regional en torno a un objetivo nacional; para tal fin, se debe reforzar el papel que juega la Secretaría de Descentralización de la PCM en conjunto con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).