Centro de Investigación Aplicada •6 de Junio de 2014 • No. 9
Los Salarios Eficientes del Sector Público y las Políticas Públicas Oliver Ramirez Lizarbe Universidad Nacional de Ingeniería ramirezuni8@gmail.com a última huelga de médicos vuelve a poner en el tapete la discusión de los sueldos que se perciben en el sector público. El salario de un trabajador público, como los médicos y profesores, oscila entre S/.1 300 y los S/.7 000 en promedio, mientras que un funcionario de ”élite” puede llegar a percibir hasta S/.30 000, como los ministros y presidentes de organismos estatales. ¿Por qué existe tanta diferencia entre los niveles salariales? ¿Se justifica el incremento salarial que pretenden muchos de los trabajadores públicos?
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Una de las respuestas se encuentra en que cada entidad estatal posee escalas remunerativas diferentes, además existen instituciones ”autónomas” que tienen la capacidad de establecer su propio nivel salarial, pero aun así ¿se justifica las diferencias salariales entre los trabajadores públicos?. Actualmente existen 3 regímenes laborales para la contrata de personal en el sector público: el Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728 y el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), no obstante dentro de cada entidad pública existen también regímenes ”especiales” que diversifica aún más las formas de contrato dentro del sector público, generando distorsiones dentro de los montos de los salarios, dado que dos trabajadores con funciones semejantes pero en diferentes entidades públicas pueden percibir salarios distintos, tal es el caso del MINSA y ESSALUD, esto genera incentivos perversos hacia la corrupción de los funcionarios en el cobro de ”coimas” para poder formar parte de la institución en la que se percibe salarios más altos, además se limita la carrera pública dado que si un analista de alguna entidad del Estado que desea cambiar de trabajo tendría que comenzar desde el nivel
más bajo si es que desea mantenerse en el sector público. Teóricamente el nivel eficiente del salario es aquel correspondiente a la productividad de cada trabajador, en el extremo ideal se debería plantear asignar un nivel de salario diferenciado por cada empleado público, como esto no es realista, se debería agrupar a todos los trabajadores con funciones semejantes en sectores y calcular la productividad de cada sector, fijando de esta manera el nivel de salario que refleje al óptimo social para cada sector, pero ¿Cómo medir la productividad de cada trabajador o de cada grupo de trabajadores públicos?, y ¿Por qué existe descontento entre los funcionarios públicos si actualmente existen escalas diferentes a cada grupo de trabajadores del Estado?. Es muy difícil medir la productividad de los trabajadores, sin embargo se podría elaborar indicadores de productividad diferenciados para cada grupo de trabajadores públicos, como por ejemplo, el número de enfermos atendidos por mes en los hospitales, o el número de publicaciones mensuales o anuales por parte de los profesores universitarios publicados en revistas prestigiosas; no obstante esto llevaría a tener una gran cantidad de indicadores de productividad, muchos de ellos muy diferentes al resto o simplemente pueda que no se encuentre alguno para algún sector en particular, esto incrementaría aún más la diferencias salariales existentes entre los trabajadores públicos, generando una cantidad muy grande de escalas salariales que llevaría a la imposibilidad de implementarlo en la realidad y que incluso podría generar más conflictos sociales. Pero a pesar de aquello, se estaría asignando más eficientemente los salarios.
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Otro criterio que se debe de tomar en cuenta en la determinación de los salarios es el esfuerzo de los trabajadores públicos que desempeñan sus labores en condiciones extremas o en zonas de peligro, tal es el caso de los profesores que enseñan en el VRAEM o en zonas fronterizas. A estos funcionarios se les debe asignar incentivos económicos para motivar la movilidad de los trabajadores hacia dichos sectores ”marginales”. Una de las propuestas dadas por el Estado con la finalidad de mejorar las escalas salariales es la ley Servir cuyo criterio de asignación de los salarios es el de agrupar todos los regímenes laborales existentes en el sector público y homogenizar los salarios entre los trabajadores de diferentes entidades públicas que realizan funciones semejantes, buscando asignar ”eficientemente” los salarios en base a la meritocracia y la promoción de la carrera pública. Es muy difícil saber si su implementación tendrá éxito y si mejorará la gestión pública, es un pequeño pero ambicioso paso que busca dar el gobierno, que de tener éxito lograría mejorar la distribución de los recursos estatales. En mi opinión, no pienso que el sólo incremento salarial de los trabajadores mejore la gestión de los servicios públicos, es necesario la implementación de una reforma integral del Estado en la cual se enganchen los salarios a los resultados obtenidos por cada servidor público, promoviendo y atrayendo a los talentos dentro de la carrera pública. Por último dentro de una buena política pública confluyen dos factores, el primero es la viabilidad técnica, que se logra si se tiene la suficiente cantidad y calidad del personal, y cantidad de recursos que permitan la implementación de la política pública; mientras que el segundo factor responde a la viabilidad
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política, que se basa en el juicio de lo ”correctamente político”, si estas dos características existen, las políticas públicas tienen toda la posibilidad de triunfar, pero muchas veces el incumplimiento del segundo factor imposibilita la implementación de muchas políticas públicas a pesar de ser técnicamente correctas.