Edición No. 17

AÑO 5 / EDICIÓN Nº 17 / AGOSTO 2015

ISSN: 1659-1089

Acuerdo del

FONAFIFO ENCIENDE POLÉMICA y genera presión sobre recursos para pago por servicios ambientales

EL SERVICIO Fitosanitario del Estado y la “guerra del aguacate” Pág. 6

ALIANZA DEL PACÍFICO: peligrosa oportunidad para el agro costarricense Pág. 10

SECTOR FORESTAL SE PRONUNCIA sobre proyecto de ley que pretende reformar el inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 28 bis a la Ley Forestal Nº 7575 Pág. 18

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Año

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2015

Editorial

Créditos

OPINIÓN

Comité Editorial Ing. For. Xinia Robles Alarcón Ing. Agr. Edgar Rojas Cabezas Ing. Agr. Raúl Solórzano Soto Ana L. Chacón Villegas, Periodista

La situación coyuntural del sector agropecuario: demasiados frentes abiertos Un rayo de esperanza para el productor de aguacate en Costa Rica

entrevista

El Servicio Fitosanitario del Estado y la “guerra del aguacate”

Actualidad

Resultados del VI Censo Agropecuario desnudan décadas de negligencia ministerial Inclusión de las especies forestales cultivadas en el VI Censo Nacional Agropecuario La biotecnología como herramienta frente a la sequía Alianza del Pacífico: peligrosa oportunidad para el agro costarricense Acuerdo del FONAFIFO enciende polémica y genera presión sobre los recursos para Pago por Servicios Ambientales Hacia un nuevo concepto silvopastoril Construcción de casas con madera cultivada

Legislación

Inmuebles agropecuarios pagarán impuestos en función del uso del suelo Sector forestal se pronuncia sobre proyecto de ley que pretende reformar el inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 28 bis a la Ley Forestal Nº 7575 En la Reserva Forestal Golfo Dulce se requiere normativa para aprovechar madera de árboles caídos naturalmente

DESDE EL suelo

Suelos Sanos para una vida sana

Lo NUEVO EN EL MERCADO

INS promueve rescate del seguro de cosecha

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Las opiniones expresadas en esta revista no corresponden, necesariamente, con la posición del Colegio de Ingenieros Agrónomos.

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Editorial

La situación coyuntural del sector agropecuario: demasiados frentes abiertos Ing. Agr. Oscar Fonseca Rojas Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos

D

ecía en el Editorial anterior de esta querida publicación, que las condiciones de nuestro entorno profesional y laboral no son las mejores, y en ese momento no era mi interés entrar a analizar lo que estaba sucediendo a lo interno del sector agropecuario.

También decía que por muchos años ha prevalecido el deterioro institucional y el desinterés por el sector agropecuario, especialmente el que se dedica a la producción de alimentos para el consumo interno, además de que mantenía mejores expectativas sobre el comportamiento del sector agroexportador.

Hoy, la realidad nos obliga a visualizar la situación del sector con mucha preocupación: desde el segundo semestre del año anterior la producción agrícola ha venido decreciendo, tendencia que se mantuvo durante el primer semestre del presente año, con implicaciones no sólo de su contribución a la producción nacional (PIB), sino también con efectos similares en el aporte del sector a las exportaciones del país.

Si bien es cierto, mucho de este comportamiento se explica por las adversidades climáticas que han golpeado nuestra producción, algunas regiones con excesos y otras con déficits de lluvias, incluso con características de récord, también es cierto que debemos poner atención a otros factores, internos y externos, de carácter no tan aleatorios y que están jugando un papel no menos importante.

En primer lugar el comportamiento de los precios internacionales, como ha ocurrido con el azúcar, el café y el aceite de palma.

En segundo lugar, el sector agroexportador se queja del efecto directo que sufren con la valuación del colón respecto al dólar, fundamentalmente porque muchos países competidores nuestros mantienen una situación ventajosa al proteger sus ingresos con la política de devaluación que manejan.

En tercer lugar, hay un factor que pocas veces se enfrenta con la seriedad y honestidad que requiere y que constituye el foco de atención de este artículo: el modelo de apertura para cumplir con los postulados de la globalización no han sido bien negociados y mucho menos bien administrados, como es de esperar que ocurra, cuando las autoridades de comercio no han considerado importante la protección y el desarrollo de las actividades internas, cuyo valor agregado es sinónimo de generación de riqueza y empleo.

El tema es muy complejo y muchas veces, cuando se carece de criterios técnicos y empíricos que validan el análisis, se tergiversa con argumentos politiqueros o de tipo ideológico, contra quienes pretendan oponerse al “libre” comercio, tildándolos de “trasnochados”, de los “dinosaurios” del intervencionismo estatal.

Pues bien, para quienes hemos tenido la oportunidad de analizar más profundamente los aspectos que inciden en el desarrollo económico del sector, nadie a estas alturas va a convencernos de que el mercado es el “único” asignador de recursos, en un medio donde la “competencia perfecta” no es más que un argumento didáctico de los cursos de economía.

Y para evitar los malos pensamientos a quien pueda ser fanático de la “religión liberal pura”, debo confesar que creo en el comercio como un medio de desarrollo, fundamentalmente a través de las exportaciones, por lo que su implementación requiere de mecanismos que corrijan las inequidades y las asimetrías que se presentan entre países, entre condiciones de infraestructura, entre actividades productivas y fundamentalmente entre sistemas que otorgan beneficios a sus productores (en especial los subsidios), todo lo cual resulta al final en una confrontación de David contra Goliath en materia de competitividad, en otras palabras, en un completo engaño.

Pero además de esto, es necesario, cuando se firma Germinar 5

Editorial

una relación comercial a través de un tratado o acuerdo, definir, internamente los instrumentos que garanticen una correcta y justa administración de los mismos, como un medio de paliar los efectos de las asimetrías que siempre estarán presentes por las deficiencias en la negociación, o por las imposiciones recibidas, según sea el caso.

Y solamente para demostrar que hay una tendencia importante a consolidar la posición que pretendo transmitirles, en un artículo publicado en el semanario El Financiero (EF No.974 2-8 de junio 2014, p. 31), cuya orientación es ampliamente reconocida, se dice lo siguiente: “El capitalismo ha conducido a la economía mundial a una prosperidad sin precedentes. Sin embargo, también demostró ser sustancialmente disfuncional (el subrayado es mío). Muchas veces fomenta la visión cortoplacista, contribuye a disparidades enormes entre ricos y pobres y tolera el trato insensato que se le da al capital ambiental”. Y agrega “…es hora de considerar los nuevos modelos que están surgiendo en todo el mundo, específicamente el capitalismo conciente, el capitalismo moral y el capitalismo inclusivo”. Ambas afirmaciones fueron escritas por Paul Polman (CEO de Unilever) y Lynn Forester (CEO de E.L. Rothschild) Por otra parte, en el diario La Nación (14 de mayo 2015, p. 27A), se publica un artículo del Dr. Joseph E. Stiglitz (Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia), donde manifiesta lo siguiente: “Las reglas y regulaciones determinan en qué tipo de economía y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociación relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad (el subrayado es mío).

Debo pedir comprensión a los colegas, porque era necesario aclarar mi posición ideológica, para que no se tergiversara y para tener fundamentos suficientes para afirmar lo siguiente: 1.- Aún en la administración actual, el Ministerio de Comercio Exterior desea darle continuidad a la política equivocada de suscribir convenios y acuerdos de asociación al por mayor sin definir y aplicar una política razonable, balanceada, que permita por una parte desarrollar la capacidad exportadora de nuestro país y por otra una administración eficiente de dichos acuerdos y a su vez aplicar los mecanismos de protección que nos otorga la normativa internacional de comercio.

Me queda la duda de cuáles intereses son los que defiende esta cartera y del incumplimiento de las tareas sustantivas que debería efectuar para contribuir al desarrollo de nuestra economía. Decía el señor Alberto Trejos, exministro de comercio exterior en la administración 2002-2006 (El Financiero No. 1028 15-21 junio 2015),

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en parte reiterando mi posición y posiblemente como un mea culpa que “…los países que más crecen lo hacen por medio de sus exportaciones y Costa Rica dejó de hacer algo por ello…”. Además agrega que “…el debate de volver a los exportadores locales competitivos e innovadores, tanto dentro como fuera del país, no deja de estar en la lista de deficiencias pendientes de atención”.

2.- Creo que es muy positivo observar al sector agropecuario unido, a través de la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA), en torno a la idea de oponerse rotundamente al acuerdo denominado “Alianza del Pacífico” por las amenazas adicionales que esto supone al ya alicaído sector agropecuario. Lo anterior no sólo merece nuestro reconocimiento, sino también nuestro apoyo.

3.- Por todo lo anterior, la lección aprendida es no volver a creer en los plazos de desgravación, como “mecanismo” para que los sectores alcancen los niveles requeridos de competitividad, especialmente por dos razones fundamentales: en primer lugar porque es imposible lograr una equiparación en condiciones contra sectores altamente subsidiados, por más esfuerzos que se realicen, y en segundo lugar, porque la evidencia empírica lo que muestra es la incapacidad de las diferentes administraciones para desarrollar los instrumentos y brindar los servicios que se requieren, tanto por carecer de los recursos necesarios, como por la irresponsabilidad de desmantelar la estructura institucional que lo pueda garantizar.

4.- Si bien es cierto se han tomado medidas, como corresponde a cualquier gobierno responsable, de defensa de los intereses nacionales basados en lo que la legislación internacional comercial le permite, como son entre otras, el caso de la devolución de un embarque de arroz procedente de los Estados Unidos, contaminado con un producto que ni siquiera estaba autorizado en ese país; la aplicación de la salvaguarda para la importación de arroz de Argentina y Uruguay; la restricción temporal a la importación de aguacate de México y otros países, queda la incertidumbre de qué ocurrirá en tres años, cuando asuma una nueva administración. No podemos decir que se haya actuado con el mismo celo en el caso de las importaciones de carne de cerdo de Chile, pero suponemos que habrá alguna acción pendiente a realizarse en el corto plazo.

Lo doloroso de todo esto, es que se ha tenido que actuar no sólo contra los intereses económicos comprometidos en estas actividades, sino también contra la férrea oposición del Ministerio de Comercio Exterior.

Demasiados frentes abiertos. ¿Quién se atreve a pronosticar el futuro de nuestro sector siquiera en el corto plazo?

Opinión

Un rayo de esperanza para el productor de aguacate en Costa Rica

M

e correspondió acompañar a funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en varias visitas para la toma de muestras de árboles de aguacate en la zona de Los Santos y orientar para otras en zonas productoras de aguacate de Costa Rica.

Puedo contar también que algunos expertos, especialmente mexicanos que participaron en el Congreso Latinoamericano de Aguacate realizado en nuestro país, comentaron la presencia de “sunblotch” en México y en otros países productores de aguacate.

Con esta realidad puedo reafirmar que los procedimientos de muestreo, manipulación y procesamiento en un laboratorio de la Universidad de Costa Rica e incluso la repetición de toma de muestras y análisis de laboratorio, confirman la ausencia de dicho viroide en suelo nacional.

Dicha afirmación nunca buscó el cierre de fronteras, porque incluso, los expertos mexicanos que nos visitaron, con motivo del citado congreso, con patrocinio de una empresa importadora de aguacate, daban por un hecho que el viroide estaba presente en Costa Rica.

Para el SFE, productores, técnicos nacionales e internacionales e importadores, la no presencia del “sunblotch” fue una sorpresa que da un rayo de esperanza al productor de aguacate de nacional.

Vale la pena recordar que Costa Rica es uno de los países “centro de origen del aguacate”, con cultivo en diferentes comunidades, tanto en las zonas bajas como en medias y altas, esto ahora reconocido como la nueva raza “costarricense”.

Producción nacional Iniciamos en la zona de Los Santos el cultivo del aguacate, con más de 15 materiales que nos decían promisorios en otras latitudes.

Sembramos muchas de las plantaciones en la década de los ochenta en adelante. La realidad nos golpeó a todos cuando los esfuerzos no dieron resultados, en parte por falta de acompañamiento y en parte por no disponer de tecnología propia, adaptada a nuestras condiciones, especialmente reflejada en los materiales de patrones e injertos que se usaron en dicho momento.

En los últimos años, con sacrificio e inversiones muy altas, los productores comenzamos a conocer el “paquete tecnológico” del aguacate Hass, con ejemplos exitosos como el caso del recordado

Ing. Agr. Rodrigo Jiménez Robles Expresidente Asociación Nacional de Aguacate Gerente Ventas –Meseta de Bioquim rodrigo.jimenez@bioquimcr.com

Danilo Calvo Monge (+) en San Pedro de Tarrazú, de Francisco Fallas Serrano en la Pastora, de Fallas conocido como “Chuma” en Frailes de Desamparados o de varios de los miembros de la familia Gamboa tanto en San Isidro como en Santa Cruz de León Cortés.

Todos ellos con calidad y rendimientos frecuentes de 10 toneladas de fruta por hectárea por año. Pero también somos testigos del fracaso de muchos proyectos de aguacate. Hoy día, con la selección natural, Costa Rica tiene 3000 hectáreas de aguacate en diferentes localidades y 2000 hectáreas de la variedad Hass, con una buena parte de ella intercalada con café.

También es importante mencionar que en el diario aprender, han aparecido plagas que no teníamos. Entre ellas sobresale el Scirtothrips sp., reportada en otros países del norte y que con el “boom” de las importaciones y con el no tan adecuado control que existía a lo importado, estamos seguros que fue introducida al país y aumentó los costos de producción y el uso de productos muy específicos y además muy caros.

Pero producíamos aguacate y muchas veces los intermediarios no compraban nuestra fruta o pagaban un precio muy inferior, y en algunos casos, fruta nacional era colocada en empaques mexicanos para poder cobrar un mayor valor.

En un trabajo realizado por mi representada CONSULSANTOS para la Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica en el 2010, titulado “Caracterización Socioeconómica y Georeferenciación del cultivo de aguacate de altura en la zona de Los Santos”, se hacen recomendaciones que hoy más que nunca tienen validez para reactivar y fortalecer la producción de aguacate nacional y para aumentar la oferta en el mercado nacional y en un mediano plazo en mercados internacionales. De las recomendaciones más importantes retomo las siguientes: 1. Homogenizar las plantaciones de aguacate existentes en Costa Rica, tanto en zonas de bajura como de altura y sobre todo lograr que todos los árboles tengan capacidad productiva y no existan espacios sin árboles o con árboles enfermos en nuestras plantaciones; y 2. Aumentar el número de frutas por árbol y por supuesto de frutas de aguacate de excelente calidad. Por ello hay que trabajar en aspectos fitosanitarios, nutricionales y de poda.

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Entrevista

El Servicio Fitosanitario del Estado y la “guerra del aguacate” 2015 será recordado, sin lugar a exageraciones, como el año de “la guerra del aguacate”, acontecimiento en el que no se disparó una bala, pero sí mucha tinta, como consecuencia de la resolución del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) que ordenó, en mayo pasado, el cierre temporal a la importación de aguacate proveniente de México, Australia, España, Estados Unidos (Florida), Ghana, Guatemala, Israel, Sudáfrica y Venezuela.

La “guerra del aguacate” ha movilizado importantes fuerzas del sector agropecuario, entre ellas cámaras de importadores, representantes de consumidores, productores, el SFE e incluso comunicadores y medios de prensa; sus acciones han trascendido las fronteras nacionales y llegaron hasta Ginebra, Suiza, donde tiene su Sede la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Se ha utilizado todo tipo de armamento. El SFE se apoyó en los instrumentos autorizados por la normativa nacional e internacional, para la defensa del estatus fitosanitario del país; mientras, desde la línea opuesta disparan directo a la cabeza del alto jerarca del SFE, con el argumento de que emplea barreras no arancelarias para proteger la producción nacional y apoyan su estrategia de reclutamiento de adeptos en la falacia del desabastecimiento y eventuales represalias de la OMC. En el fragor de esta “batalla” adquirió notoriedad Francisco Dall’Anese, un Ingeniero Agrónomo de profesión, quien asumió las riendas del Servicio Fitosanitario del Estado en noviembre de 2014. Con la sobriedad que lo caracteriza está sorteando una avalancha de críticas y haciendo frente a quienes quieren su puesto. Su jefe, el Ministro de Agricultura Luis Felipe Aráuz y el mismo presidente de la República, Luis Guillermo Solís, lo han respaldado.

Costa Rica es productor de aguacate.

Sin embargo, su producción apenas abastece el 20 por ciento del consumo nacional.

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Entonces ¿por qué el desvelo de propios y extraños sobre si se importa y de dónde se importa? ¿Se le reclama al SFE capacidad de reacción y valentía al aplicar los instrumentos que brinda la Organización Mundial del Comercio para garantizar el estatus fitosanitario de los países miembros? Sobre estos temas conversamos con Francisco Dall’Anese. ¿Por qué tanto interés en la medida que restringe la importación de aguacate?

No puedo explicar la dimensión dada a este tema, al extremo de endosar a esta Administración haber limitado el ingreso de otros productos agropecuarios como chile, papa

Ana Lía Chacón Villegas Periodista Germinar achacon@ingagr.or.cr

la medida que se está salvaguardando su cultivo de una plaga. Para los importadores no tiene por qué haber pérdidas porque la restricción aplica para algunos países, por lo que pueden importar producto de California, Honduras, Nicaragua, Colombia, Chile y de Perú, donde el precio del aguacate de primera es más bajo ($32 la malla de 11.2 kilos) que el aguacate de primera mexicano ($34 la malla de 11.2 kilos). Ni siquiera el costo del transporte (¢22 por kilo) justifica un encarecimiento del producto.

Los consumidores tampoco tienen por qué ser perjudicados, porque no hay riesgos de desabastecimiento, cuando las últimas cifras muestran un ligero incremento de 800 mil kilos en la importación con respecto al año anterior.

Organizaciones de importadores argumentan medidas proteccionistas del mercado local. ¿Es cierto?

No. Lo que guía nuestra actuar es cumplir con lo que nos ordena la Ley de Protección Fitosanitaria, (Ley N° 7664) y los convenios que de ella se derivan.

y plátano, entre otros. No es cierto. El único mercado que hemos restringido, en forma temporal, es el de aguacate, con el único objetivo de proteger el estatus fitosanitario de nuestros cultivos, amparados en las medidas fitosanitarias establecidas en la legislación nacional e internacional vigente.

Todo lo contrario, la restricción a la papa de Estados Unidos se puso en el 2013, y dos semanas después de asumir la dirección del SFE se levantó. ¿La medida beneficiará a los productores? ¿Serán los importadores y consumidores los perdedores?

Para los productores sí hay un beneficio en

¿Cómo enfrentará el país una eventual denuncia ante la OMC? Estamos preparados, con criterios técnicos, para defender nuestra decisión en el marco de la OMC. También tenemos los espacios abiertos con nuestros socios comerciales para encontrar soluciones que no pongan en riesgo nuestros cultivos.

Habrá que esperar varias semanas para conocer la decisión de la Organización Mundial del Comercio sobre la denuncia de México contra la medida costarricense. Independientemente de lo que resuelva dicho Órgano, el mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado quedó claro: empleará todos los instrumentos considerados en la normativa nacional e internacional para proteger el estatus fitosanitario de los cultivos nacionales. La “guerra del aguacate” no ha terminado.

Actualidad

Resultados del VI Censo Agropecuario desnudan décadas de negligencia ministerial Ing. Agr. Álvaro Jiménez Castro Expresidente Colegio Ingenieros Agrónomos alvarojimenez@costarricense.cr

E

n mayo del 2015 se pu- so, además de llevarnos a lamentar el blicaron los resultados del que los anteriores planes y programas VI Censo Agropecuario de de gobierno del sector agropecuario Costa Rica, sea treinta años estuvieran algo ayunos de la informadespués de realizado el anterior, ello a ción básica que suplen los censos, depesar de que la FAO, desde hace va- ben haber dejado sin atender muchas rias décadas recomendó hacerlos cada necesidades de los agricultores y de los diez años, y de que la Ley del Sistema ganaderos.

Volviendo al presente, los resulde Estadísticas Nacionales (Ley SEM), promulgada en el siglo pasado, esta- tados del VI Censo están mostrando bleciera realizarlos con una periodici- áreas del sector agropecuario que redad de diez años como máximo. quieren de un golpe de timón para Los resultados del VI Censo, com- reorientar la barca, y ello nos lleva a parados con los del anterior, mues- esperar que el Dr. Luis Felipe Aráuz tran que varias actividades del sector Cavallini, Ministro de Agricultura y agropecuario se debilitaron en esos Ganadería, revise y actualice el Plan de Gobierno del Sectreinta años, lo cual podría hator Agropecuario Costa Rica: Extensiones en miles de en aquellos sectoberse evitado si hectáreas de las fincas por censo1/ los ministros de res que los resul1950 - 2014 agricultura de tados del Censo Extensión en miles de hectáreas los anteriores gositúan como senbiernos hubieran sibles.

3500 3122,5 3070,3 propiciado que Sin perjuicio 3000 2670,7 el Instituto Nade las recomenda2406,4 2500 cional de Estaciones que llegue a formular el equipo dística y Censos 2000 1814,6 1853,8 de técnicos creado (INEC), desde 1500 para establecer las antes, hubiese 1000 acciones a tomar acatado la reco500 con base en dimendación de la FAO o la orden chos resultados, el 0 1950 1955 1963 1973 1984 2014 dada por la Ley autor estima que A ñ o del SEM. como las activiLlama mucho dades que hoy se la atención que los anteriores minis- realizan en las tierras de labranza con tros de agricultura, como rectores del cultivos anuales son muy importantes sector agropecuario, no atendieran la para nuestros agricultores campesinos, recomendación, si se considera la in- debe buscarse las causas que llevaron formación básica que le brindaría el a que en los treinta años que transcucenso para formular los planes y pro- rrieron entre esos dos censos el área degramas del sector a realizar en sus go- dicada a dichas actividades se redujera a menos de la mitad. Y todavía más, biernos.

La falta de información que esa en ese período el área de las pequeñas omisión ocasionó, les limitó el esta- fincas (de menos de dos hectáreas) y de blecimiento de “políticas que tiendan todos los cultivos anuales se redujo en al mejoramiento de la eficiencia y la cerca de un cuarenta por ciento.

Debe estudiarse la situación del peeficacia en la conducción del sector de mayor contribución a la economía na- queño agricultor campesino, que bien cional y al bienestar de la población¨, podríamos llamarlo ¨nuestro labriego como muy bien se señala en la página sencillo¨, que aún en el caso de todos 13 de la publicación del INEC en que los cultivos anuales que se siembran en se presentan los resultados generales las fincas menores a una hectárea, ni del VI Censo Nacional Agropecuario. siquiera llegan al uno por ciento de toLos tardíos resultados del VI Cen- dos los terrenos de labranza.

Germinar 9

Actualidad

Inclusión de las especies forestales cultivadas en el VI Censo Nacional Agropecuario insumo fundamental para ampliar el conocimiento sobre el comportamiento del cultivo de madera en Costa Rica

Ing. For. Alfonso Barrantes Rodríguez, Director Ejecutivo, Oficina Nacional Forestal abarrantes@oficinaforestalcr.org Ing. For. Sebastián Ugalde Alfaro Gestor de Mercadeo y Comercialización, Oficina Nacional Forestal sugalde@oficinaforestalcr.org

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P

or primera vez en la historia de los censos, se censaron las especies forestales cultivadas para la producción de madera como uso principal, las cuales pueden presentarse como plantaciones compactas, plantas dispersas o sistemas agroforestales.

En este proceso la Oficina Nacional Forestal participó activamente, apoyó en diferentes etapas, desde el diseño de la boleta censal (en lo que respecta a cultivos forestales), hasta la codificación de especies forestales, entre otras revisiones.

Con el censo se investigó sobre los usos que se le dan a las 2.406.418 ha. de las fincas agropecuarias. En él, se muestra que el 30,6% de las fincas agropecuarias corresponde a bosques (de todo tipo) que suman un total de 736.505 ha. De ellas, el 66,4% son bosques naturales, el 14,3% son áreas de reforestación, el 6,5% de regeneración natural (INEC, 2014) Otro dato importante para nuestro sector, es que en el país existen 17.781 fincas con una superficie utilizada para la siembra de especies forestales de 96.968 ha. Además, se contabilizaron 2.991.798 plantas dispersas.

Para una mejor interpretación de los resultados generales del VI Censo Nacional Agropecuario cabe destacar que siembra de especies forestales se homologa con plantaciones compactas, es decir plantaciones forestales tal y como se define en el inciso f ) del artículo 2 de la Ley Forestal y por ende ostentan el dere-

cho a libre corta (entre otros) según el artículo 28 de esta misma ley.

El censo confirma que teca y melina abarcan el 67,4% del área plantada en el país, a saber 47.160 ha. y 18.235 ha. respectivamente.

Para el segundo semestre del presente año, el INEC realizará una segunda publicación de resultados, en esta oportunidad con un mayor grado de detalle, con los cuales se podrá profundizar el análisis de éstas y otras variables.

Costa Rica: total de fincas con las principales especies forestales por extensión sembrada y en edad de producción en hectáreas, y cantidad de plantas dispersas según cultivo 2014

CULTIVO

TOT A L D E FIN C A S

E XT E NSI Ó N SEMBRADA

EN EDAD DE P R OD U C C I Ó N

CANTIDAD DE PLANTAS DISPERSAS

TECA

3239

47167,0

29109,7

150268

MELINA

2108

18235,1

13610,2

126470

POCHOTE

988

4294,9

3277,1

39156

BARBASCHELE

746

3300,5

2201,3

55438

LAUREL

4002

2570,3

2309,8

313228

CIPRÉS

1417

2225,2

1739,8

92082

ACACIA

221

2095,4

1773,2

13530

PINO

737

1789,8

1032,3

70361

AMARILLÓN

1246

1660,7

1230,4

87033

CEDRO

5847

1647,9

1068,0

367114

EUCALIPTO

1707

1620,0

1256,6

130441

PILÓN

429

740,1

444,5

18207

ALMENDRO

462

684,1

451,0

59344

BOTARRAMA

107

460,9

411,0

8492

ROBLE

804

399,6

254,2

39291

Fuente: INEC. VI Censo Nacional Agropecuario, 2014

Actualidad

La biotecnología como herramienta frente a la sequía

Alejandro Hernández Especialista en biotecnología de CropLife Latin America

N

os enfrentamos a un reto enorme que requiere de creatividad e innovación. Fenómenos de sequía no solo resultan cada vez más comunes y cíclicos, sino que son devastadores para el sector agrícola altamente dependiente del agua. Para que el lector tenga una parámetro de lo que representa el consumo de agua en el agro, producir un kilo de arroz requiere entre 1 a 3 mil litros de agua, mientras que en términos de uso de agua, la agricultura global utiliza el 70% del agua dulce.

Las soluciones e innovación pueden originarse en mejorar cómo producimos o innovar en un cultivo que se adapte al cambio. Innovar en sistemas de producción requiere de altos costos en infraestructura para utilizar sistemas de riego por goteo o agricultura de precisión.

Que el cultivo se adapte al cambio climático podría sonar ideal pero sumamente complejo si usamos métodos convencionales de mejoramiento, dado que la tolerancia a sequía está distribuida en muchos genes.

Solo para tener una idea de la complejidad, el arroz tiene más de 19 mil genes, si comparamos dos variedades de arroz con algún grado de tolerancia a sequía como el IR 57311 y el LG93-4, notaremos que 245 genes se apagan y 413 se promueven.

Es aquí donde la biotecnología tiene mucho que aportar. Una nueva generación de productos biotecnológicos, tolerantes a sequía se está generando desde las universidades públicas y también del sector privado. Hasta ahora el lector posiblemente está familiarizado con la primera generación biotecnológica, generada en los 90s, que protege el cultivo del ataque de insec-

tos y evitan competencia de malezas al ser tolerantes a herbicida. Pero han pasado 25 años, y con ello, la ciencia y la tecnología han avanzado enormemente.

Las siguientes son iniciativas del sector público y privado de variedades biotecnológicas tolerantes a sequía: caña de azúcar, soya y maíz. La caña de azúcar tolerante a sequía está siendo evaluada por el centro de investigación público de Brasil conocido como EMBRAPA. Los investigadores de Brasil están utilizando el gen de la planta Arabidopsis thaliana llamado DREB2A y que funciona como un “factor de transcripción”, es decir como un activador de otros genes relacionados con la sequía.

En soya el Instituto de Agrobiotecnología de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) Argentina encontró un gen en girasol que funciona de manera similar el Hahb-4 y que en soya tiene muy buenos resultados. En maíz, los investigadores del

CINVESTAV, una entidad pública, están apagando el gen ZmTRE que degrada la trealosa. La trealosa se produce naturalmente en el maíz y al acumularse funciona como un protector de la deshidratación. En el sector privado, en Estados Unidos se cultivaron 275 000 hectáreas de maíz tolerante a estrés hídrico con el gen CspB que le confiere a la planta una ventana de tiempo para soportar el cambio climático.

El agricultor está consciente de que una nueva sequía vendrá tarde o temprano, y las herramientas biotecnológicas existen, tanto públicas como privadas para ser evaluadas y apoyarnos en la producción agrícola ya sea de subsistencia o de manera comercial. La pregunta es si tendremos que esperar otros 25 años para que lleguen a manos del productor agrícola, a pesar de la angustia que sufren nuestros ganaderos y agricultores y ante la impotencia de perder su cultivo por el cambio climático.

Germinar 11

Actualidad

Alianza del Pacífico

peligrosa oportunidad para el agro costarricense Marco A. Chaves Solera - Ingeniero Agrónomo Expresidente Colegio Ingenieros Agrónomos - chavessolera@gmail.com

E

l Congreso Nacional deberá próximamente resolver en definitiva la posible adhesión de Costa Rica al denominado grupo Alianza del Pacífico (AP), conformado por México, Colombia, Chile y Perú, instituido en abril del 2011 e instaurado formal y jurídicamente el 6 de junio del 2012, en Chile, con la suscripción de un Acuerdo Marco.

La iniciativa constituye un mecanismo político de articulación y vinculación regional que busca mediante la unión de esfuerzos y recursos, operar como bloque en temas relevantes de comercio e inversión y convertirse en una poderosa plataforma de integración económica y comercial, para la diversificación de las exportaciones y la generación de empleo; como también avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar plena libertad para la circulación de bienes, servicios, capitales y personas (ya no hay barreras arancelarias ni visa entre los cuatro países), que dinamicen un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de sus economías. Se trabaja en la conformación del denominado “Espacio de Libre Comercio”. Opera bajo un mecanismo flexible, pragmático y dinámico carente de estructuras permanentes, por lo que es más que un TLC. Posee 32 Estados observadores de todos los continentes, entre los cuales Costa Rica, Panamá y Guatemala son actualmente firmes candidatos a incorporarse como miembros permanentes. Para adherirse un país debe mantener vigente su estado de derecho, de la democracia, del orden constitucional y del libre mercado.

El bloque aspira a convertirse, fuera de toda consideración ideológica, en la octava economía con proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico, ya que juntos generaron en el 2014 un Producto Interno Bruto (PIB) de US$ 2.128.542 millones, con una tasa de crecimiento del 2,6% y un PIB por habitante de USD17.114,7; representaron el 38% del PIB y el 50% de las exportaciones de Latinoamérica; integran 217 millones de habitantes; tienen suscritos tratados de libre comercio con otras 85 naciones; y reciben el 40% de la inversión extranjera.

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Todo apunta a que la AP abre el camino para profundizar las relaciones y luego poder incorporarse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), un bloque multilateral de grandes economías ubicadas en ambos lados del Océano Pacífico, la zona comercial más pujante del mundo. El TPP es impulsado por los Estados Unidos con el fin de confrontar otros bloques comerciales y por sus proyecciones trasciende el tema comercial. Se trata de un TLC lleno de secretos que vincula países como: Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, y los latinoamericanos de la AP. Cabe mencionar que en el marco de la VIII Cumbre de la AP, celebrada el 10 de febrero del 2014 en Cartagena, Colombia, Laura Chinchilla, entonces presidenta de Costa Rica, firmó la Declaración de Intención del país para adherirse al Acuerdo Marco, en el cual se establece la hoja de ruta a seguir para la incorporación con pleno derecho. El ingreso definitivo requiere del trámite y aprobación en la Asamblea Legislativa.

Costa Rica mantiene actualmente vigentes 13 Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos comerciales bi y multilaterales y dos actualmente en fase de negociación (Colombia y Canadá), suscritos con: Centroamérica, Canadá, CARICOM, Chile, China, Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana (CAFTA); México; Panamá; República Dominicana; Perú; Singapur; Estados AELC y los Estados Centroamericanos y un Acuerdo de Asociación de Libre Comercio entre Centroamérica y la Unión Europea (AACU).

No hay duda que la propuesta para formar parte de la AP resulta en principio muy sugestiva, atrayente y hasta seductora para un país como Costa Rica, que pretende expandir sus fronteras comerciales y lograr con justo derecho mejores condiciones para sus productos, en este caso los agropecuarios. Debemos responsablemente preguntarnos sin embargo ¿Es conveniente la adhesión al grupo considerando que ya disponemos de acuerdos de Libre Comercio suscritos independientemente con esas

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cuatro naciones? ¿Qué valor nuevo y adicional agrega la adhesión? ¿Es acaso la venta de una ilusión comercial más de COMEX? ¿Forma la iniciativa parte del dogmatismo de algunos sectores comerciales? ¿Cuáles son los riesgos y peligros reales implícitos para el agro?

No todo lo que brilla es oro Los impulsores argumentan y defienden que la iniciativa constituye, por tratarse de un proceso abierto y flexible, una innovadora estrategia de integración, con metas claras, pragmáticas y coherentes con el modelo de desarrollo y la política comercial seguida por el país.

Se intuye que la AP favorecería la atracción y el incremento del flujo de inversiones, que permitiría a nuestros productores generar interesantes oportunidades de encadenamientos productivos y consentiría consolidar cadenas regionales de producción con ese gran mercado suramericano; como también, aprovechar mejor los acuerdos comerciales vigentes, incursionando en nuevos mercados que favorecerán la rentabilidad e incremento de su competitividad.

La realidad vivida y experiencia capitalizada por el sector agropecuario costarricense con los TLC y acuerdos comerciales vigentes no ha sido nada buena, y menos aún estimulante, virtud de las implicaciones y consecuencias negativas que han tenido para importantes sectores productivos.

Es cierto que la iniciativa como cualquier otra, trae grandes oportunidades pero también enormes riesgos que deben responsablemente ponderarse y valorarse sin espejismos ni dogmatismos en la realidad de nuestro entorno productivo, sumado a las distorsiones inherentes al comercio mundial, donde elementos determinantes como: economías de escala, cantidades producidas y transadas, proximidad a mercados, apoyos, compensaciones y subsidios estatales a la producción local, desarrollo tecnológico, asistencia técnica, costos de producción, intermediación, trazabilidad, productividad y competitividad, sensibilidad sectorial por actividades

y productos de interés común (oferta productiva similar), capacidad empresarial, capital invertido, disponibilidad de recursos financieros, normas y obstáculos técnicos al comercio, posibilidades de movilización y reinserción de mano de obra desplazada, servicios públicos para el comercio, capacidad para competir, experiencia en operación y administración de tratados, transparencia comercial, marcan diferencia y efecto distorsionante que incuestionablemente pueden impactar fuertemente no solo al agro, sino a toda nuestra economía.

Los TLC vigentes con el grupo AP han definido y acordado luego de un gran desgaste de negociaciones, los sectores y productos tanto interesados como excluidos, las reglas y condiciones de acceso comercial, los grados y tiempos de desgravación, por lo que, no hay como se aduce, escenarios adicionales de acceso a los ya negociados y logrados; sino por el contrario, los grandes riesgos que implica la apertura total, particularmente para los productos sensibles no consignados originalmente.

La AP no contempla ni respeta sensibilidades, distorsiones, proporcionalidades y los serios problemas de desigualdad que tiene nuestro país, lo que hace que la competencia sea muy desigual y el riesgo enorme, lo que presume posible desplazamiento, desaparición, desmantelamiento y fusión de empresas de capital nacional; siendo en este caso las transnacionales, los bancos, los gestores de inversión y los prestadores de servicios, los seguros y grandes ganadores, no el agricultor ni los consumidores.

La realidad nos ha demostrado que la apertura por la apertura, la integración abierta con la economía mundial y el alineamiento sin restricciones con las economías de mayor crecimiento, siguen sin ser argumentos de bienestar nacional del todo convincentes en el entorno actual lleno de asimetrías y distorsiones, al menos para el agro.

La relación comercial nacional con esos cuatro socios comerciales ronda según algunas fuentes cerca del 3,5% de nuestras exportaciones, lo que resulta revelador para

impedir a cambio, que nuestro sistema agro productivo sea impactado, como es previsible y razonablemente cierto.

Esta realidad sumada al hecho de que la AP tiene otras peligrosas implicaciones políticas, vinculadas a temas migratorios y de seguridad nacional, debe motivar a oponerse férreamente a su aprobación. Cualquier acuerdo debe partir obligadamente de lo ya negociado, sin sacrificar sensibilidades, exclusiones, aranceles ya acordados y plazos de desgravación.

Lo que está pendiente de firma es el Protocolo de Adhesión por lo que poco puede ya renegociarse, siendo el resultado de esta Alianza aún incierto. En sentido positivo se sugiere que el acercamiento de Costa Rica a la Alianza debe ser progresivo, prudente, muy transparente y sin secretos, inclusivo, participativo y muy cuidadoso, por lo que es recomendable mantenerse como observador por algún tiempo.

Dicen los fantasiosos, ignorando realidades y desconociendo resultados, que “todo proceso de integración genera dudas y resistencia de algunos sectores y grupos de interés”, lo que resulta falaz y engañoso; tampoco implica “abandonar la senda de la competitividad”, argumento por todos deseado y procurado. Se reconoce la importancia y necesidad de los TLC; sin embargo la realidad comercial del agro invoca ¡No más falacias, dogmas, fundamentalismos ni teorías comerciales que mucho perjuicio han y vienen provocando a nuestra agricultura y con ello al país! Los sectores organizados del agro deben pensando en el bien común, contrarrestar con fuerza el poder imperial del COMEX y los teorizantes doctrinarios del comercio, hasta tanto no se den las condiciones justas y equitativas de inserción y administración de Tratados. Esta adhesión, sumada al mecanismo de desgravación sistemática en cumplimiento de lo acordado en CAFTA, que inicia en enero del 2016, y del que poco se habla pese a su impacto, puede ser el principio de la desaparición definitiva de grupos productivos sensibles tanto no organizados como organizados.

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Acuerdo del FONAFIFO enciende polémica y genera presión sobre recursos para pago por servicios ambientales Ana Lía Chacón Villegas Periodista Germinar achacon@ingagr.or.cr

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n acuerdo de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), mediante el cual modifica la matriz de priorización del Pago por Servicios Ambientales (PSA), está generando polémica y presión sobre los recursos destinados al PSA. El acuerdo se tomó en la sesión del martes 13 de enero de 2015, y textualmente dice: “Acuerdo sexto. Los proyectos de PSA que se ejecuten a través de organizaciones que tengan convenio con Fonafifo, indistintamente de su tamaño, gozarán de un régimen especial de ingreso, se les asignará 10 puntos adicionales en la matriz de priorización de PSA correspondiente”.

Los primeros en reaccionar fueron los regentes forestales independientes, quienes acudieron a la Sala Constitucional, con un recurso de amparo en contra del acuerdo, argumentando, entre otros factores, violación de su derecho al trabajo al quedar en desventaja frente a las organizaciones forestales, para competir en el mercado de servicios forestales. También señalan que dicho acuerdo violenta la libertad de contratación de los propietarios de fincas, quienes, para tener oportunidad de acceder al beneficio del PSA, deberán acudir a las organizaciones que tengan convenio con el FONAFIFO. Acuerdo arbitrario “Los regentes forestales independientes no podemos competir con las organizaciones forestales que ofrecen los mismos servicios que nosotros, pero que llevan 10 puntos de ventaja”.

Con estas palabras Álvaro Solano, regente forestal independiente, habló enérgico contra el acuerdo del FONAFIFO. “El mensaje que nos envían es muy claro, nos quieren sacar del jue14 Germinar

go. Para nadie es un secreto que los recursos para PSA son limitados y muchos los interesados, de modo que si las organizaciones tienen 10 puntos adicionales, los propietarios que contraten con ellas, tendrán mayores oportunidades de participar del Programa”, expresó.

Agregó que con la medida se cierran opciones de trabajo para los regentes forestales independientes, y además, atenta contra el derecho de los propietarios a elegir con quien contratar. “Es arbitrario, sin sustento técnico e ilegal”, reafirmó.

Además, según indicó, ya que los recursos son escasos, debe existir una forma o criterios técnicos de priorización, para valorar y decidir con base en esa valoración técnica, cuál área de bosque se protege. No obstante, la matriz no es clara. “Hay manipulación de la Junta Directiva de FONAFIFO, en contubernio con la Cámara Costarricense Forestal y la Oficina Nacional Forestal, para favorecer sectores que ya gozan de privilegios como cuotas de áreas asignadas al PSA y tiempos preferenciales para presentación de documentos”.

Solano concluyó afirmando que existe una distorsión en la asignación del PSA en la medida que no se da continuidad al Programa. En Guanacaste, por ejemplo, fincas con más de 15 años en el sistema de conservación, quedaron excluidas del PSA, a pesar de estar en zonas prioritarias, porque los recursos fueron destinados a Limón y a la Zona Sur, donde las fincas no llegan a las 50 hectáreas.

El “acuerdo sexto” de la Junta Directiva del FONAFIFO también generó reacciones en otras instancias. Veamos lo que dicen: Equilibrio Felipe Vega, Presidente de la Junta Directiva

Actualidad de la Oficina Nacional Forestal (ONF) defiende con vehemencia el acuerdo generado por iniciativa de la ONF, en razón del equilibrio que se busca, dado el aporte de las organizaciones forestales al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales del país, así como a la promoción del desarrollo forestal en las regiones. “El impacto de las organizaciones es invaluable y desde esa perspectiva, es un músculo político importante, que produce valor agregado”, expresó.

Sin embargo, explica Vega, la participación de las organizaciones en proyectos forestales ha sido afectada como consecuencia del estancamiento del presupuesto asignado a los proyectos forestales, entre ellos el Pago por Servicios Ambientales. “Los recursos no alcanzan, vienen en decadencia, no se ajustan a la realidad, impactándonos a todos, incluidas las organizaciones”, afirma.

Otro aspecto destacado por Vega para justificar el acuerdo, es la diferencia de la cuota de hasta un 18% que cobran las organizaciones por proyectos, monto que deben bajar hasta un 14%, frente a un 6% que cobran por los mismos servicios los ingenieros forestales liberales. “Es un asunto de existencia. La posición de las organizaciones es muy débil frente a los regentes forestales independientes en la medida que gran parte de su trabajo se concentra en proyectos pequeños, con los mismos costos por trámites”.

Para Vega, no se justifica el malestar de los regentes independientes por el acuerdo, cuando hay amenazas serias, que sí ponen en peligro los proyectos forestales y el trabajo de todos. Citó, por ejemplo, los 85 puntos asignados en la misma matriz a proyectos en reservas indígenas, donde unos pocos están haciendo negocio y el borrador de contrato nuevo de PSA, que impone más restricciones al productor y al forestal, entre otros.

Política diferenciada Gilbert Canet, Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), también se manifestó a favor el acuerdo. Sostiene que los 10 puntos asignados a las organizaciones forestales no son un privilegio, sino una política diferenciada, en el marco de la economía social solidaria contemplada en

el Plan Nacional de Desarrollo de la actual Administración. “Con la medida se da un trato diferenciado a las organizaciones, a través de las cuales se busca fortalecer y apoyar la participación de pequeños y medianos productores no solo en temas forestales”.

Agregó que las organizaciones cumplen un rol estratégico para el Estado. “Son amplificadoras de las políticas del Estado, y en este caso, aseguran el acompañamiento de los productores forestales y de los propietarios más allá de los cinco años que establecen los contratos. Además, las organizaciones

dan sostenibilidad a los procesos de promoción y extensión forestal más allá de los recursos del PSA”.

Afirma que la medida no excluye, ni limita la participación de los regentes forestales independientes en el Programa del PSA. Coadyuvancia Dentro del citado recurso de amparo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos presentó una acción de coadyuvancia en respaldo a los regentes forestales. Se argumenta en dicha acción, que tanto el acuerdo cita-

do, como el eventual decreto que se firme, violentan los derechos fundamentales de los recurrentes, de los propietarios y de los regentes forestales; y que además contienen vicios de ilegalidad ya que violentan la Constitución Política (artículos 25, 28, 33 y 45 Constitucionales); la Ley Forestal (3, inciso k, artículo 46); y el Reglamento a la Ley Forestal (artículo 38).

Sin lugar La Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso de amparo presentado contra la Junta Directiva del FONAFIFO, por el acuerdo tomado sobre la asignación de 10 puntos adicionales en la matriz de priorización de PSA para los proyectos de protección de bosque que se ejecuten a través de organizaciones. Sobre el fondo, señala la Sala: “…y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que no se desprende ni se infiere que la existencia del acuerdo de la Junta Directiva del Fondo de Financiamiento Forestal, y el cual es impugnado por los recurrentes, se haya traducido en un acto u omisión específica que implique un agravio o amenaza de agravio personal, directo y cierto en perjuicio de los derechos fundamentales de los recurrentes o de otra persona”.

Ruta del acuerdo El acuerdo sexto sobre la asignación de 10 puntos adicionales en la matriz de priorización de PSA a proyectos forestales que se ejecuten por medio de organizaciones que tengan convenio con FONAFIFO, sigue su ruta. Al cierre de esta edición de Germinar, en la Gaceta N° 143 del 24 de julio de 2015, fue publicado el Decreto Ejecutivo N° 39083 Pagos de Servicios Ambientales para el año 2015.

La resolución de la Sala Constitucional tampoco cerró la posibilidad de una nueva impugnación del decreto en otras instancias judiciales.

Mientras tanto, el malestar, la polémica, la presión sobre los recursos del PSA y las dudas persisten. ¿Qué representarán los 10 puntos adicionales asignados a las organizaciones forestales?; ¿en qué consiste el beneficio; ¿qué tipo de cliente beneficiará? Será necesario esperar más información para evaluar el verdadero impacto del acuerdo sexto.

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Actualidad

Hacia un nuevo concepto silvopastoril Olman Murillo Gamboa1 Ingeniero Forestal.

Escuela de Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico de Costa Rica. olmuga@yahoo.es

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i hacemos una lectura del mayor desafío del agro costarricense encontraremos una palabra que podría resumirlo, competitividad. Como país con un mercado interno pequeño y sociedad cada vez más exigente, estamos obligados a salir a competir a los mercados internacionales. En un escenario de mercados abiertos competimos con precios de nuestra producción contra otras sociedades, cuya estructura de producción, de respeto al ambiente y de condiciones laborales suele ser muy diferente. ¿Qué podemos hacer entonces?. Las respuestas usuales hablan de un mayor encadenamiento productivo, reducción de costos, investigación e innovación, y sobre todo, inteligencia de mercados.

La actividad ganadera continúa con su crisis y afecta a una gran mayoría de los habitantes de zonas rurales del país.

Según el VI Censo Nacional Agropecuario (INEC, 2014), las pasturas ocupan poco más de 1 millón de hectáreas (43% de las tierras en fincas privadas). Por tanto, enfoques innovadores que incorporen nuevos elementos científicotecnológicos, que logren disminuir su huella de carbono y aumentar el ingreso económico a sus actores, tendrá sin duda un enorme impacto desde todo ángulo que se le determine.

Por su parte, el sector forestal no logra aumentar la tasa anual de reforestación, incapaz de satisfacer la demanda interna de madera, lo que ha traído como consecuencia la importación creciente de madera de pino desde Sur América y con esto, la concentración de la riqueza en unos dos o tres grandes importadores. Los sistemas silvopastoriles (SSP) han sido promovidos durante décadas y un abundante conocimiento ha sido generado al respecto. Sin embargo, no ocurrió un verdadero matrimonio como se esperaba entre el sector forestal y el sector ganadero tradicional.

El sistema silvopastoril propuesto Empecemos por revisar la definición de sistema silvopastoril. En nuestra concepción se define como un modelo de 16 Germinar

producción donde ambos negocios funcionan, es decir, hay producción ganadera (carne, leche, cría, etc.) y hay producción de madera.

No simplemente en fincas ganaderas arboladas, donde los árboles no contribuyen significativamente a la economía de las fincas, tal y como ha sido concebido tradicionalmente. Ante esta situación un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Escuela de Ing. Forestal) y del Instituto Agropecuario Costarricense (Escuela Técnica Agrícola Industrial, Santa Clara, San Carlos), iniciaron hace poco más de dos años con varios modelos de producción SSP alternativos.

Un año después se unieron investigadores de la Escuela de Agronomía del ITCR, de la Universidad Nacional (Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales) y, de la Universidad de Costa Rica (Escuela de Zootecnia), con el fin de mejorar e impulsar esta experiencia en la zona norte (San Carlos).

El diseño propuesto en funcionamiento consiste básicamente en la inclusión de franjas de madera de especies de alto valor, intercaladas dentro de la unidad de producción pecuaria. El propósito es desarrollar un sistema silvopastoril, social, económica y ambientalmente sostenible. Los árboles provienen de las mejores fuentes semilleras posibles (clones superiores en el caso de teca, melina, pilón y caoba), de modo que aseguren una alta productividad y calidad de fuste, si y solo si se practique un paquete tecnológico apropiado. Las franjas son de 6m de ancho, cercadas en ambos flancos y se establecen preferiblemente en dirección Este-Oeste cada 50 m, con el fin de disminuir el sombrío excesivo y evitar una reducción en la capacidad productiva ganadera (Figura 1). Si se asume una hectárea imaginaria de 100 metros de ancho, las dos franjas por ha ocuparán en suma 12m (6 y 6m), es decir, tendremos un 12% del área bajo producción de madera, que se presume no reducirán la capacidad de carga ganadera del sistema.

Dentro de cada franja se establecen 3 hileras de árboles en distribución pata de gallo o tresbolillo, de modo que se logre un máximo aprovechamiento del espacio (Figura 2). Entre las hileras de árboles hay 2,5m de distancia, por tanto, lo que deja 50 cm de cada lado entre el árbol de borde y la cerca. Aquí hay oportunidad de innovar con los distanciamientos entre árboles y entre hileras dentro de cada franja, según distintos objetivos de producción forestal (biomasa, tarima, madera gruesa). Si queremos producir madera y se planta a un distanciamiento de 2,5m x 4m, en una hectárea imaginaria en sistema silvopastoril, tendremos 75 árboles dentro de cada franja.

Figura 1: Diseño silvopastoril de producción de carne con franjas de madera de 6 m de ancho, cada 35-50 m, finca La Vega, Florencia, San Carlos, Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Actualidad Esto implica, que cada 5 ha bajo este diseño SSP, contiene 750 árboles produciendo madera, lo que equivale prácticamente a 1 ha reforestada en bloque. A la fecha este modelo se ha puesto a funcionar en sistemas de producción lechero (Colegio Agropecuario, Santa Clara) y en sistemas de ganado de engorde (ITCR finca La Vega, San Carlos), donde en ambos se evalúan distintos espaciamientos de siembra de los árboles.

La figura 3 muestra un SSP con franjas de madera jóvenes de teca, caoba, almendro y pilón en pleno funcionamiento. Los retos que han aparecido en su funcionamiento se relacionan con la necesidad de controlar la gramínea dentro de las franjas de madera. La opción de incluir franjas cada 50 m implica la necesidad de adaptar la finca en un sistema de rotación de pastos y de asegurar el abastecimiento de agua dentro de cada repasto. Puede también adaptarse a las cercas existentes en la finca y simplemente aprovechar y ampliar en ancho la periferia de los repastos, de modo que se pueda plantar árboles en orillas de 6m de ancho.

Se estima que los árboles crecerán a un ritmo diamétrico mayor a la plantación en bloque, dado que las dos hileras externas sufrirán el efecto de borde. La franja de madera deberá mantenerse bajo un oportuno programa de podas y raleos, con el fin de contener su copa e impedir el desarrollo excesivo de ramas hacia el área de pastos. Mayor conocimiento se irá generando en poco tiempo que permitirá ajustes y mejoras al diseño propuesto. Sin duda el potencial de producción es claramente muy alto, su impacto en la ganadería del país podría ser de enorme beneficio.

1. Coautores: Marvin Leitón, Instituto Agropecuario Costarricense, Escuela Técnica Agrícola Industrial, San Carlos.

Mónica Ospino, Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional, Costa Rica.

Yorleny Badilla, Escuela de Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Wilfrido Paniagua, Escuela de Ing. En Agronomía, Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Anthony Valverde, Escuela de Ing. En Agronomía, Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Eugenio Corea, Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales, Universidad Nacional, Costa Rica.

Figura 2: Distribución espacial de las hileras de árboles dentro de cada franja de madera en el sistema silvopastoril. Izquierda, distribución en 5 hileras en pata de gallo para la producción de biomasa. Derecha, espaciamientos en 3 hileras para producción de madera para tarima y aserrío.

Figura 3: Franja de madera de cenízaro (Samanea saman) en alta densidad para producción de biomasa (izq) en un sistema lechero, Instituto Agropecuario Costarricense (Santa Clara, San Carlos). Franja de madera de caoba a 2,5 x 2,5 m (derecha), Finca La Vega, Florencia, San Carlos, para la producción de carne (Instituto Tecnológico de Costa Rica).

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Actualidad

Construcción de casas con madera cultivada Ing. For. Diego Camacho Cornejo Escuela de Ingeniería Forestal Tecnológico de Costa Rica dicamacho@itcr.ac.cr

Casas construidas con maderas de especies forestales plantadas en Costa Rica

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l sector forestal costarricense debe buscar oportunidades de negocio en la construcción con madera y buscar las opciones rentables para fomentar el cultivo de árboles como mecanismo de solución social, además de mitigación al cambio climático. La construcción de vivienda en madera se remite a tiempos remotos, siendo una práctica común en muchos países. En algún momento de la historia del país fue el material principal de construcción; la encontramos en casas de campo, viviendas de construcción masiva en barrios residenciales y viviendas de uso exclusivo en cualquier rincón pues el potencial uso de la madera es importante para diseñar no como un sustituto de algunas de las partes de las viviendas sino como un eje central en el diseño.

Se deben consolidar las fortalezas que tiene la madera como material de construcción. Su durabilidad, flexibilidad, confort térmico, relación positiva y peso resistencia deben ser aprovechadas en la construcción de viviendas. Además se deben incluir tratamientos de preservación en la madera y retardantes de fuego, el uso de acabados externos para protección, las dimensiones de las piezas deben ser acordes a un modelo constructivo de fácil uso y mantenimiento, con especificaciones de uso, aplicación y cargas máximas según los códigos constructivos de nuestro país.

El uso de madera proveniente de plantaciones forestales tiene connotaciones ambientales positivas: disminuye la presión a los ecosistemas naturales, disminución en demanda de recursos energéticos para la elaboración de otros materiales (plástico, concreto, hierro), fijación de CO2, pues en la madera queda encriptado carbono y las áreas en donde se han cortado árboles quedan nuevamente habilitadas para su fijación, es un recurso renovable.

Los sistemas constructivos nacionales se han desarrollado al uso del concreto tanto en prefabricado o sistemas tradicionales en block según CFIA en 2013 el 99.65% de las construcciones fueron en concreto y un 0.45% en madera como material principal.

Si una casa de 42 m2 diseño típico de interés social se construyera en madera como materia principal se necesitarían para su construcción 10 m3 de madera aserrada en diferentes dimensiones significa que tiene 2000 Kilogramos de Carbono almacenado y si se lograra que al menos un 20% de las soluciones de vivienda de interés social se construyeran con madera anualmente serían 2000 casas a 2,000.000 Kg de carbono que ayudaría para lograr ser carbono neutral 2021.

Sin olvidar que se necesitaría tener al menos 20 m3 de madera en troza por casa, donde se debe establecer una estrategia sea de incentivos específicos para plantaciones forestales enfocadas en producto final casas o bien créditos bajos en intereses o bien mecanismos de compra de cosecha por adelantado donde se involucren los sectores de la construcción, de la banca e instituciones del Estado.

Legislación

Nuevas plataformas para valoración Inmuebles agropecuarios pagarán impuestos en función del uso del suelo Ana Lía Chacón Villegas Periodista Germinar achacon@ingagr.or.cr

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a Ley 9071 de setiembre de 2012, “Ley de Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de la Ley N.º 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus Reformas, para Terrenos de Uso Agropecuario”, modificó la forma de tributar por los terrenos de uso agropecuario.

La normativa da un trato diferenciado al sector agropecuario. Así por ejemplo, fincas de uso agropecuario, actualmente valoradas en 30 millones de colones, para efectos tributarios, podrán bajar a 10 millones de colones, independiente de si se ubican en zonas costeras, con vista a la playa o en el casco metropolitano, a la par de un hotel cinco estrellas.

Dicha modalidad entrará en vigencia en octubre de 2016, con la aplicación de las nuevas plataformas para valorar bienes inmuebles de uso agropecuario, según lo establece la misma Ley.

El elemento positivo y novedoso de las nuevas plataformas es que, para efectos fiscales, el valor de los terrenos de uso agropecuario será determinado por el valor del uso del suelo y no por el valor de mercado como ha sido tradicional.

Nuevas plataformas El equipo de profesionales y técnicos del Órgano de Normalización Técnica (ONT) del Ministerio de Hacienda, implementa cuidadosamente la estrategia de trabajo para asegurar que en octubre de 2016, tal como dispone la Ley 9071, las nuevas plataformas para valorar bienes inmuebles de uso agropecuario estén listas en su totalidad.

A poco más de un año para entrar en vigencia, la nueva herramienta de valoración presenta un avance del 95%, según confirmó el Ing. Agr. Miguel Hernández, funcionario del ONT.

Por ejemplo, las plataformas para los cantones de Liberia, Esparza, Puntarenas, Guatuso y Upala, entre otras tienen un 97% de avance. Las de los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés tienen un 71%, mientras que la de Coto Brus un 70%.

Actualmente, el ONT realiza un proceso de consulta de la herramienta con los diversos actores involucrados. El Colegio de Ingenieros Agrónomos respaldó la propuesta y se comprometió a abrir espacios en la Sedes Regionales para realizar talleres donde se conozca y se analice. También, el Colegio firmará un convenio con el ONT para capacitar a los miembros del Colegio que se desempeñan en el área de avalúos.

Para construir las nuevas plataformas, el ONT consideró normativas internacionales información proporcionada por las municipalidades, censos del INEC, matrices existentes e investigación de campo.

Germinar 19

Legislación

Sector forestal se pronuncia sobre proyecto de ley que pretende reformar el inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 28 bis a la Ley Forestal Nº 7575 Ing. Raúl Solórzano Soto, Director Ejecutivo Colegio Ingenieros Agrónomos rsolorzano@ingagr.or.cr Ing. Alfonso Barrantes Rodríguez Director Ejecutivo, Oficina Nacional Forestal

E

l proyecto de Ley para la protección de las especies forestales mediante la reforma del inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 28 bis a la Ley Forestal N° 7575, que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 17.856, pretende atender lo dispuesto en la Resolución # 2007003923 de la Sala Constitucional a efecto de subsanar la ausencia de medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente. Para esto propone la introducción de acciones preventivas en la legislación forestal que permitan combatir la supuesta tala indiscriminada de árboles que afecta ciertas zonas altas en algunos cantones de Heredia, a saber: San Isidro, San Rafael, Barva y Santa Bárbara, lo que en teoría se lograría reformando el inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 28 bis a la Ley Forestal.

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De acuerdo con la proponente del proyecto, el problema surge a partir de omisiones en dicha Ley, ya que existen varios artículos que abren portillos a la tala irrestricta del ciprés, al ser una especie que no califica como nativa o autóctona, quedando excluida del concepto de bosque previsto en el artículo 3.

Según lo establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, en el 2011 la Comisión Especial Permanente de Ambiente consultó el texto del proyecto a más de 30 instituciones públicas y organizaciones pro ambiente.

En el 2014, se nombró una Subcomisión para estudiar el expediente legislativo citado. Dicha Subcomisión, conformada por los diputados (as) Aracelly Segura del PLN, Marcela Guerrero del PAC y José Ramírez del Frente Amplio, propició cuatro sesiones de trabajo, entre el 17 de marzo y el 22 de abril de 2015, en procura de lograr una posición de consenso entre las instituciones públicas y las organizaciones mencionadas.

Durante las sesiones de trabajo, las orga-

nizaciones pro ambiente del norte de Heredia insistieron, en la necesidad de modificar la definición de bosque, como sigue: “Todas las asociaciones vegetales compuestas predominantemente de árboles y de otra vegetación leñosa”; y en la inclusión de un artículo 28 bis a la Ley Forestal, en procura de evitar la corta de los árboles de ciprés y con esto, supuestamente asegurar la protección de los mantos acuíferos de la zona. Tales modificaciones serían de aplicación generalizada en todo el país. Durante las deliberaciones insistieron en que el ciprés se puede cortar libremente por estar excluido de la definición de bosque, por ser una especie exótica. Asimismo pusieron en duda la eficacia de la labor de los regentes forestales y su fe pública.

Posición del sector Mientras tanto, el sector forestal como un solo bloque, representado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Oficina Nacional Forestal, Cámara Costarricense Forestal, Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central y Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con capacidades técnicas, científicas, académicas, fiscalizadoras y administrativas en materia forestal y de protección del ambiente, recordaron e insistieron en que la Sala Constitucional encomendó a la Asamblea Legislativa “…subsanar la ausencia de medidas precautorias, que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 en tutela del ambiente, según lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia…” (El resaltado no es del original).

Legislación

De manera unánime se enfatizó en que clasificar como bosque cualquier cafetal con aguacates, cítricos, guabas o poró, haría que su dueño no pueda cortar árboles sin un plan de manejo y no podría cambiar el uso de la tierra. Igual situación correrían los plantíos de naranja, mango, cacao, potreros arbolados, las mismas plantaciones forestales y todas aquellas siembras agrícolas y actividades pecuarias que requieran el establecimiento de especies forestales que les brinden sombra.

Representantes del sector se opusieron vehementemente a modificar la definición de bosque, pues de hacerlo, obligaría a reformar toda la Ley Forestal, ya que obligaría a los propietarios de plantaciones, sistemas agroforestales y hasta de pastizales con árboles a hacer planes de manejo, les sería aplicable la prohibición de cambio de uso de la tierra y las sanciones establecidas por ley exclusivamente a quienes talen los bosques naturales.

Por otro lado, incluir el artículo 28 bis propuesto por los grupos organizados del norte de Heredia, dejaría sin efecto el derecho a la libre cosecha, afectando la seguridad jurídica, requisito indispensable para desarrollar una actividad de largo plazo, como las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales.

Acuerdos Más allá de la procedencia de la especie, ya sea nativa o exótica, la acción humana de cultivar árboles es una actividad productiva cuyo fin principal, pero no único, es la producción de madera o cualquier otro producto y de allí el derecho que tienen los propietarios, establecido en el artículo 28 de la Ley Forestal, a cosecharlos libremente como lo hacen los propietarios de cualquier otro cultivo agrícola.

Por otro lado, el proyecto de ley impondría la obligación de reponer el recurso forestal (volver a plantar los árboles cosechados), lo que es un desincentivo para una actividad con un retorno de la inversión de largo plazo (hasta 30 años).

De manera clara, la Ley Forestal establece conceptos distintos y separados, donde reconoce que el bosque es un ecosistema y la plantación un cultivo.

Los representantes del sector forestal recalcaron que los problemas de abastecimiento y protección de las fuentes de agua del norte de Heredia, no se resuelven con solo evitar la cosecha de los árboles, sino que requieren del concurso de las municipalidades y demás entes que regulan el uso de la tierra y el desarrollo de infraestructura en la zona.

En la actualidad el propietario puede cortar libremente su plantación forestal, sistema agroforestal o los árboles plantados individualmente, sin necesidad de inspección previa por parte de un regente forestal o funcionario de la Administración Forestal del Estado (AFE). Los servicios del regente forestal se requieren únicamente para certificar la procedencia de la madera durante su transporte fuera de la finca.

En procura de asegurar la correcta aplicación del artículo 28 en tutela del ambiente y evitar cualquier error del propietario, el sector forestal aceptó que las plantaciones forestales y sistemas agroforestales establecidas con apoyo del Estado, y por tanto, cuentan con un plan de manejo o estudio técnico previamente aprobados por la Administración Forestal del Estado, por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación o por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, sean cosechadas de conformidad con lo

establecido en dichos instrumentos técnicos.

Las plantaciones forestales, sistemas agroforestales y árboles plantados individualmente, no incluidos en el supuesto anterior, previo a la corta de los árboles, requerirán autorización otorgada por el SINAC o un regente forestal privado, quienes deberán verificar que son árboles plantados o provenientes de especies autorizadas por la AFE. Finalmente, es imprescindible reducir los altos costos de transacción a los pequeños productores pues desalientan la siembra y cuido de los árboles, por lo que se autoriza a la AFE, para que determine los casos que no requieran verificación adicional.

Fe pública Respecto a la duda planteada por los grupos ambientalistas, es pertinente indicar que se presume que lo dicho por el regente forestal es cierto, que merece toda la confianza que le brinda el ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, no es de recibo argumentar que no le merece confianza la fe pública del regente, pues implica que no le merece confianza el ordenamiento jurídico costarricense, cuyo pilar fundamental son las presunciones de ley que no podemos desconocer de manera alguna.

Es evidente que la unión del sector forestal, una vez más contribuye de manera importante a coadyuvar en la protección del ambiente y a asegurar la competitividad y sostenibilidad de los recursos forestales del país.

En la redacción de este artículo se contó con la revisión de la Ing. Gabriela Soto de la Cámara Costarricense Forestal y del Lic. Néstor Baltodano, reforestador de la Península de Nicoya.

Germinar 21

Legislación

En la Reserva Forestal Golfo Dulce se requiere normativa para aprovechar madera de árboles caídos naturalmente Ing. For. Antonio Orozco Barrantes Funcionario de la Reserva Forestal Golfo Dulce, Área de Conservación Osa chaca77@gmail.com

L

a Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGD) fue creada en el año de 1978 bajo el Decreto Nº 8494-A. Tiene una extensión de 61 900 ha; cuenta con más de 36 000 ha de bosque, que se dividen en bosques secundarios, primarios intervenidos y primarios sin intervenir. De esas 36 000 ha, aproximadamente 33% (11 880 ha) se consideran aptas para el aprovechamiento “in situ”, debido a las dificultades para ingresar al bosque por falta de caminos.

Esta Área Silvestre Protegida (ASP) es un corredor biológico entre el Parque Nacional Corcovado y el Parque Nacional Piedras Blancas, que establece conectividad con el Parque Internacional La Amistad, lo cual permite la migración de fauna y flora desde la Península de Osa hasta el sur de Panamá.

Las reservas forestales están formadas por bosques cuya función principal es la producción de madera. A diferencia de un parque nacional, en una reserva forestal es permitido el establecimiento de comunidades y la posesión privada de los terrenos que conforman el área silvestre protegida.

Debido a la legislación agraria nacional, dentro de la RFGD la cantidad de predios sin inscribir y sin adjudicar es de 671. Estos inmuebles en conjunto suman 32 280 ha es decir, el 52.14% de su área total, lo que 22 Germinar

significa que cientos de personas que poseen bosques dentro de un ASP cuyo objetivo de creación es fomentar el aprovechamiento forestal, no tienen posibilidad legal para utilizar y lucrar con la madera de “sus fincas”, debido a que un requisito indispensable para solicitar cualquier permiso de aprovechamiento maderable es presentar certificación literal de la propiedad.

Esta situación, a la cual se suma la escasez de fuentes de empleos y la tala ilegal que afectaba al Parque Nacional Corcovado, dieron origen a la firma del Decreto Ejecutivo N° 32386, del 26 de abril del 2005, mediante el cual se autorizó el aprovechamiento maderable de “Madera Caída en Bosque dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, en predios que no poseen escritura”, con una limitación: el “permiso” solo se otorgaba una vez por inmueble.

La firma del decreto evidenció la necesidad dentro la RFGD, de contar con una herramienta que permitiera el aprovechamiento de madera caída en forma legal. En los primeros seis meses de vigencia del decreto se presentaron 63 solicitudes, como se evidencia en el gráfico 1.

Bajo esta modalidad, en el año 2005 fueron aprovechados 3 814, 19 metros cúbicos de madera dentro de la RFGD. La implementación del citado decreto,

Gráfico 1. Solicitudes de pmmc 2005-2011 70

60

50

40

30

20

10

0

2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Solicitudes

de pmmc

2005-2011

Legislación

abrió un nuevo panorama sobre el aprovechamiento forestal. Los dueños de fincas ya no realizaban su recorrido en el bosque mirando al cielo con la intención de ubicar aquellos gigantes que dominaban la parte más alta en busca de las maderas preciosas usadas por ellos y sus antepasados; ahora voltearon su mirada al suelo y, por primera vez en muchos años, vieron en la madera que se encontraba en sus bosques una fuente de ingresos económicos, con la gran diferencia de que esta vez, la forma de obtenerla no era sacrificando el bosque, sino aprovechándolo en forma racional y proporcional. Los fustes de los árboles caídos naturalmente fueron transformados en bloques, y se sacaron del bosque con la ayuda de bestias de carga.

Decreto obsoleto Durante más de diez años el decreto permitió a los campesinos que habitan en la Península de Osa, aprovechar la madera literalmente “en el suelo”, para mejorar en parte sus condiciones económicas. Es cierto que los árboles caídos en el bosque cumplen

una importante función ecológica; sin embargo también se debe analizar el contexto socioeconómico de esta región en donde, un solo árbol caído en la montaña, puede generar cientos de miles de colones a una familia de escasos recursos. En el siguiente cuadro se muestran los volúmenes de las cinco especies más aprovechadas en los últimos 10 años dentro de la RFGD.

Con diez años cumplidos y con la limitación de que el permiso para aprovechar la madera caída en el bosque se otorga solo una vez por inmueble, el decreto quedó obsoleto. Prueba de ello es que la cantidad de solicitudes cayó drásticamente hasta el punto que, en el 2014, solo se tramitaron cinco.

Lamentablemente, en la Península Osa persisten los mismos problemas de titulación de tierras, falta de empleo y la tala ilegal. La oficina de Control y Protección del Área de Conservación estima que en los últimos tres años, en la RFGD y PNC operan al menos dos grupos organizados que se dedican a la tala ilegal.

Esto ha motivado a los profesionales de la RFGD a trabajar en la propuesta de un nuevo decreto que permita retomar este tipo de aprovechamiento maderable; un nuevo decreto para enfrentar el problema no de forma represiva, sino más bien con un enfoque social, generando fuentes de empleos que se encuentran dentro del marco de la legislación costarricense. El borrador ya está en manos del departamento legal del Área de Conservación Osa, a la espera de ser presentado a la Gerencia de Desarrollo Forestal y al Departamento de Asesoría Legal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Como Ingenieros Forestales, tenemos la obligación de buscar alternativas para aprovechar el recurso forestal, adaptándonos al entorno, a las condiciones del lugar, y a las tendencias mundiales, siempre en función del uso, sostenibilidad y conservación del mismo, pero sin olvidar que no es ético, preservar este recurso o cualquier otro, por encima de las necesidades básicas de los dueños del bosque.

Especies más aprovechadas entre 2005 y el 2014 en la RFGD Nombre común

Nombre científico

Volumen aprobado

% Aprobado

Nazareno

Peltogyne purpurea

3480,20

15,54

Masicarán

Qualea paraensis

1654,20

7,39

Manguillo

Aspidosperma spruceanum

1278,90

5,71

Chirricano Triste

Humiristrum diguense

1087,77

4,86

Ajo

Caryocar costarricense

934,77

4,17

Total para 5 SP

8435.84

37.66

Total aprobado

22398,82

Fuente: Base

de datos de

E x p e d i e n t e PMC

de la

OUMRN . 2 0 1 5

Germinar 23

Desde el Suelo

Suelos Sanos para una vida sana

Foto Sebastián Cruz Céspedes, ganador del concurso de fotografía “Retratando los suelos de mi país”

Octavio Ramírez Mixter Oficial a Cargo, Representación de FAO en Costa Rica octavio.ramirez@fao.org

S

e habla mucho de la importancia de los sistemas alimentarios sostenibles para una vida sana. Pero debemos tener presente, que esto empieza con los suelos. Los suelos constituyen el fundamento de la vegetación y la agricultura.

Los bosques necesitan el suelo para crecer. Lo necesitamos para alimentación, forraje, fibra, combustible y mucho más. Los suelos, también albergan al menos una cuarta parte de la biodiversidad del mundo. Son clave en el ciclo del carbono. Nos ayudan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Ellos juegan un papel en la gestión del agua y en la mejora de la capacidad de recuperación, de las inundaciones y las sequías.

Lo anterior ilustra la importancia de los suelos, y por qué debemos cuidar mejor de ellos. En términos generales, no estamos haciendo un gran trabajo, dado que un tercio de nuestros suelos, están degradados. Si la tendencia actual continúa, el importe global de la tierra cultivable y productiva por persona en el año 2050, será la cuarta parte de lo que era en 1960. El mundo tendrá más de 9 mil millones de personas en 2050, 2 mil millones más que hoy. Por ello, la producción de alimentos tendrá que aumentar en un 60 por ciento, para alimentar a una población 24 Germinar

mayor en número, y más exigente en calidad.

Así, no hay duda de que la presión sobre los recursos naturales, no puede sino aumentar. Los suelos no son algo que simplemente podemos arreglarlo si se rompe, puede tomar hasta mil años para formar un centímetro de tierra vegetal. Esa misma tierra vegetal se puede lavar rápidamente por la erosión. Hay que recordar, que el suelo es un organismo vivo.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, debemos gestionar los suelos de forma sostenible. Hay muchas maneras de hacer esto.

La diversificación de cultivos que realizan la mayoría de los agricultores familiares del mundo, es uno de ellos.

El Año Internacional de Suelos dará continuidad a nuestro trabajo para apoyar a los agricultores familiares, porque este sector, es muy importante para el uso sostenible y la conservación de los suelos.

Las múltiples funciones de los suelos, a menudo pasan desapercibidas. Los suelos no tienen voz, y pocas personas hablan por ellos. Ellos son nuestros aliados silenciosos en la producción de alimentos. Estamos destacando a los suelos y asegurando que son reconocidos en mayor medida, por el establecimiento del Día Mundial del Suelo y el

Año Internacional del Suelo 2015.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es la encargada de implementar el Año Internacional del Suelo 2015, en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo y en colaboración con los gobiernos y la secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

En Costa Rica, existe un Comité Nacional del Año Internacional del Suelo, que tiene como objetivo, aumentar la concienciación y la comprensión de la importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas, conformada por, la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo, la Academia, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el INTA, especialistas en el tema y la Representación de FAO en Costa Rica.

Por este medio invito a todas y todas, a tomar un papel activo en la promoción de la causa de los suelos, durante el 2015 y más allá. Necesitamos suelos sanos para lograr nuestros objetivos de seguridad alimentaria y nutrición, para combatir el cambio climático y asegurar un desarrollo sostenible en general. Ustedes pueden contar con el compromiso de la FAO en este esfuerzo.

Lo nuevo en el mercado

INS promueve rescate del seguro de cosecha

L

a agricultura es elemento fundamental para la supervivencia humana y motor en la erradicación de la pobreza. Sin embargo, sigue siendo una de las actividades económicas con mayor grado de exposición al riesgo.

El de los agricultores es un negocio sensible que se desarrolla en medio de las inclemencias meteorológicas, enfermedades y plagas y de la volatilidad de los precios en el mercado.

Los riesgos son reales y ameritan la implementación de políticas públicas, a partir de una nueva visión estatal sobre el papel de la agricultura y la necesidad de protegerla.

Un seguro creciente Bajo el lema “Cultive su tranquilidad”, en abril de 2015 el Instituto Nacional de Seguros puso en marcha una nueva modalidad de seguro denominado “Seguro Integral de Cosecha”, para el ciclo 2015-2016 Este seguro surgió con el objetivo de ofrecer a los agricultores una garantía básica frente a los riesgos producto de adversidades climáticas y otros de tipo biológico como plagas y enfermedades que afectan sus cultivos.

Los agricultores, independientemente del cultivo y de su área de siembra, bajo la figura de cooperativa o asociación, pueden acceder a una póliza colectiva y obtener descuentos escalonados hasta del 35% en la prima o costo del seguro, por siembras, a partir de 500 hectáreas.

Ayote, banano (orgánico y tradicional), cacao, café, caña india, caña de azúcar, cebolla, chile picante para exportación, chile dulce, frijol, flores de bulbo, helecho hoja de cuero, hortalizas hidropónicas, maíz, melón, sandía para exportación, ñame y ñampí

ASEGURAMIENTO DE CULTIVOS 1970-2014 Clasificación de hectáreas aseguradas por arroz y otros cultivos, 1970-2014 90.000.00 80.000.00 70.000.00 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 20.000.00 10.000.00 0.00

19 70 19 72 19 74 19 76 19 78 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10 20 12 20 14

Ana Lía Chacón Villegas Periodista Germinar achacon@ingagr.or.cr

para exportación, palma aceitera, papa, papaya, pimienta, piña y plátano de exportación, tabaco burley Jaltepec, teca y melina, tiquizque, yuca, zanahoria y arroz, figuran en la lista de más de cuarenta cultivos, -lista que puede ampliarse previo estudio por parte del INS-, cubiertos por el seguro integral de cosecha.

Política pública Cifras del INS confirman el dramático descenso del seguro de cosechas en los últimos años. Mientras que en 1970 se aseguran aproximadamente 85.000 ha. de arroz y otros cultivos, en el 2014, el aseguramiento apenas alcanzó 25.000 ha., concentradas básicamente en arroz.

Desempolvar y promover el seguro de cosechas encaja en la nueva política del Instituto Nacional de Seguros para el sector. Así lo aseguró Gina Carvajal, Asesora de Presidencia del INS, quien explicó que el objetivo del ente asegurador es rescatar y fortalecer el Seguro de Cosechas venido a menos en los últimos años.

• Baja demanda: se asegura cerca del 2-4% del área cultivada del país.

• Cartera actual: 35 cultivos; sin embargo históricamente la demanda se ha concentrado en arroz (8095% del área asegurada anualmente).

• Se asegura 15-30% del área de siembra de arroz.

• Poca cultura de seguro.

• Solo se compra cuando el seguro está ligado al crédito (garantía colateral de los préstamos).

• Riesgo moral.

• Alta siniestralidad (cambio climático).

No obstante el compromiso, el esfuerzo podría quedarse en experimento, ante el elevado costo del seguro para el agricultor y porque el futuro del Programa dependerá de los resultados del ciclo abril 2015 –abril 2016.

De acuerdo con Carvajal, el reto es avanzar hacia un modelo que permita bajar las tarifas de los seguros, lo que solo será posible con apoyo técnico y financiero y sobre todo, con una política de Estado para el sector.

Los agricultores no pueden evitar los riesgos, pero sí proteger sus cultivos mediante un seguro de cosechas. ¿Qué nivel de aceptación tendrá el Programa que promueve el INS durante este primer año de implementación? Habrá que esperar algunos meses para evaluar su incidencia.

Hasta entonces, gestores y promotores de seguros de cosechas deberán abocarse a construir una cartera de agricultores; a sumar nuevos cultivos como café, caña, piña y a gestionar el apoyo técnico, financiero y político para avanzar hacia el modelo futuro de seguro de cosechas que necesita el agricultor nacional.

Germinar 25

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